La política económica asumida desde 1982 no ha dado los frutos prometidos. Es la hora de buscar otros caminos, dicen Carlos Tello y Rolando Cordera: México debe nacionalizar la globalización

Hoy, igual que ayer, es importante ventilar y circular ideas y propuestas de política en torno al desarrollo y la marcha de la nación en los años por venir. En este contexto está el ensayo de Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín Un futuro para México.

Hace unas cuantas semanas un grupo de universitarios publicamos el documento México frente a la crisis: Hacia un nuevo curso de desarrollo (www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx); en él abordamos dos líneas: diagnóstico de la situación que prevalece en el país y propuestas de políticas.

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A nuestra manera de ver, no conviene separar las dos cosas, son parte indispensable de un documento de esta naturaleza. Más que proponer reformas adicionales, que puedan ser de segunda, de tercera, o “n” generaciones, lo que hay que hacer —a la luz de los resultados de las primeras reformas— es reformar las reformas. Y ello en función de un sólo propósito de política: construir el Estado de bienestar.

Lo que sigue va en la dirección apuntada a partir de una relectura de la historia reciente del país. Pensamos que la historia es un instrumento fundamental del análisis, de la construcción del futuro.

A partir de 1982 ha habido cambios en la economía mexicana. Y no han sido inocuos. En busca de un nuevo curso es preciso hacerse cargo de lo que han traído consigo, de sus efectos inmediatos y estructurales, antes de acometer nuevas reformas.

La primera reforma se dio en el ámbito de la economía. Dos han sido sus principales ejes para la acción: a) redimensionar al Estado y revisar, a fondo, el papel que debe desempeñar en la economía, y b) redefinir las relaciones económicas del país con el exterior.

De ella emanaron las privatizaciones de las empresas públicas, la reducción del gasto público, la desregulación de todo tipo de actividad, la reprivatización bancaria, la autonomía del Banco de México y, en parte, la reforma del artículo 27 de la Constitución para liberar la tierra ejidal y comunal.

La venta de las empresas públicas se dio de diversas formas. Se vendieron empresas que operaban de manera eficiente y ofrecían atractivos rendimientos. También se vendieron empresas que, después de ser saneadas por el gobierno, operaban con razonable eficiencia y productividad. Otras más se transfirieron a las entidades federativas y a algunas organizaciones sociales. También hubo empresas que se cerraron, muchas de ellas que atendían a población con diverso grado de marginación.

El gasto público se redujo (sobre todo el de inversión). Ello se tradujo en un enorme retraso en la infraestructura de las comunicaciones y los transportes, en el uso y aprovechamiento del agua y en la producción de energéticos.

La desregulación de muchas y muy variadas actividades tuvo resultados diversos: en algunos casos fue benéfica (i.e., el transporte de mercancías) y en otros no tanto (i.e., la actividad bancaria).

También se dio la apertura externa con drásticas revisiones de la política comercial, la firma de varios tratados de libre comercio y nuevas reglas de apertura a la inversión extranjera directa, lo que se tradujo, entre otras cosas, en la extranjerización de la banca comercial y, con ella, del sistema nacional de pagos.

Con estas reformas se justificó el retraimiento de la inversión pública que ahora se lamenta. Ha quedado claro para todos (incluso para quienes soñaban con una economía donde todo quedara a cargo del mercado y de la inversión privada que, por definición y credo, siempre será más eficiente y racional que la pública) que la elasticidad y capacidad de sustitución del esfuerzo público por la iniciativa privada han sido lo que se quiera, menos perfectas y oportunas. Por ello, la economía no ha sido capaz de aprovechar eficientemente, y a fondo, las ventajas reales y supuestas de la apertura a la globalización.

La política económica puesta en práctica a partir de 1982 no ha dado los resultados que de ella se esperaban: ni en términos de crecimiento económico, ni de empleo formal, ni de bienestar de la población. Sí se ha ido reduciendo el ritmo de crecimiento de los precios al consumidor, pero después de varios lustros de fuerte presión inflacionaria. Se han equilibrado las finanzas públicas, pero este equilibrio depende en gran medida de la contención del gasto público y no de un aumento sostenido de los ingresos. El crecimiento de las exportaciones ha sido particularmente acelerado, pero inferior al de las importaciones que el país hace, las cuales, además, son una variable agudamente dependiente de las exportaciones industriales, lo que merma los impactos internos de la ganancia externa.

La segunda reforma apuntó a los tejidos políticos del Estado posrevolucionario y pretendió llevar a éste a una nueva etapa: a una democracia representativa que pudiese recoger la pluralidad social e ideológica y diese un cauce productivo y renovador a los conflictos, pugnas distributivas y por el poder que son propias de las sociedades complejas.

Con la alternancia consumada en el año 2000, con la victoria del presidente Fox y la derrota del PRI, la conjunción virtuosa entre ambas reformas se puso a prueba. Vista desde esta perspectiva, apenas logró notas mínimas gracias a la estabilización de los precios internos y del tipo de cambio. Basado en la ilusión de reinventar la historia, decretando sin más que el país “había perdido 70 años”, el presidente Fox convirtió sus dichos de campaña en credo central de su gobierno, y el entendimiento público y político del curso reformista, y de los nuevos problemas que había hecho emerger, sufrió un enorme daño.

Al final, lo que se impuso fue el estancamiento político y conceptual en el Estado, que se ahondó cuando el presidente resolvió que la pluralidad desplegada en el Congreso de la Unión era la responsable de la nociva trabazón en que se encontraba la República. Como sabemos ahora, esa trabazón fue en parte superada mediante una creciente transmisión de los fondos federales a los estados y a algunos municipios, bajo la forma de un cada vez mayor gasto corriente y con cargo a los excedentes petroleros que en estos años tuvieron un auge formidable. Se logró una nueva pax panista, pero con métodos similares y más dispendiosos que los usados por el presidencialismo autoritario priista.

Lo que no se logró fue recuperar, ni con las reformas estructurales pro mercado ni con la democratización política, la senda perdida del crecimiento rápido y más o menos sostenido y tanto el PIB como la inversión, en los primeros nueve años del nuevo milenio, reportan desempeños mediocres. Y esto en el mejor de los casos.
La resultante inevitable de esta pauta de crecimiento ha sido la corrosión del mercado de trabajo, la afirmación del empleo informal como una forma de vida casi mayoritaria, el desempleo o el subempleo juvenil en masa y el incremento, al parecer imparable, de la emigración, que llegó en estos años a una cifra de alrededor de medio millón de mexicanos que cada año dejan el país para irse a Estados Unidos. Muchos estudios señalan que, en proporción creciente, los emigrantes son jóvenes urbanos con una escolaridad promedio superior a la media nacional. La compensación que suponen unas remesas que llegaron a los 20 mil millones de dólares en algunos años, no alcanza para esta auténtica fuga de capital humano del sur al norte. El resultado es que el país pobre subsidia, a través de su gasto educativo, en salud y otras erogaciones públicas, al país más rico.

Es esta coyuntura la que exige una revisión del curso de la globalización de México y que se asuman riesgos explícitos en el diseño de nuevas políticas para la economía y el desarrollo social. Los arreglos políticos que dan sustento a la democracia reclaman también revisiones urgentes, a la luz de lo acaecido en la contienda electoral de 2006. Pero el cambio político, vital como es, tendrá que seguir la suerte de los cambios en la economía política y las formas de distribuir el excedente social.

No se trata de regatear algunos de los logros del curso reformista: en pocos años México se volvió un gran exportador de manufacturas pesadas y semipesadas y, en conjunto, sus ventas al exterior se multiplicaron por cinco. También, superó su condición de economía casi monoexportadora, dependiente en alto grado de las ventas del petróleo. Al calor de estas transformaciones en su estructura comercial, México atrajo montos considerables de inversión extranjera directa. En muy poco tiempo, el país se volvió uno de los tres principales socios comerciales de Estados Unidos y apareció en la escena comercial mundial como un nuevo y atractivo país.

También puede presumirse que, a pesar de su lentitud, la reforma política rindió al final frutos considerables. Sin alejar la violencia política de su horizonte, como lo mostró 1994, la democratización avanzó con rapidez a partir de ese año, propició la derrota del PRI en la Cámara de Diputados en 1997 y el primer gobierno electo de la capital quedó en manos de Cuauhtémoc Cárdenas, indiscutible pionero del cambio democrático mexicano. Se levantaron los diques a un federalismo siempre contenido y desnaturalizado por el poder central y se entró en la fase, que no ha terminado, de una regionalización y una descentralización que ha sido ya capaz de volverse una fuente de poder político decisiva dentro del actual Estado nacional.

Al final del siglo XX, la reforma política electoral fue el cauce propicio de una alternancia pacífica en la presidencia de la República, que se combinó con una notable estabilidad financiera, un tipo de cambio bajo control, una inflación a la baja y un crecimiento económico que por primera vez, en casi 20 años, llegó a una tasa superior a 6% anual. Pero el crecimiento se esfumó a partir de entonces y la economía se ha arrastrado a partir de 2001. La estructura social aparece desgarrada y los síntomas de pérdida de la cohesión social básica se le presentan a la sociedad todos los días.

Con la crisis que irrumpió en 2008 estas circunstancias se afirman en el tiempo y amenazan con “hacer época”. Sus implicaciones inmediatas sobre la política democrática y la cohesión social no necesitan ser exageradas: definen la democracia política nacional y resumen con intensidad el enorme desafío que encara el país en el presente.

La reforma económica no ha podido fortalecer al Estado en sus finanzas. Más bien lo ha afectado por su permisividad fiscal y su secular ineficiencia para recaudar los impuestos que marcan las leyes. Hoy, a medida que se agudiza la percepción de las enormes desigualdades y de las cuotas mayúsculas de pobreza que afectan a las ciudades, el cada vez menor éxito exportador difícilmente puede servir para apoyar la legitimidad del sistema político democrático.

Junto con la superación de la pobreza de masas, la generación de empleos es un reto que cuestiona la legitimidad del actual sistema político y económico. La precariedad e insuficiencia de nuevos puestos de trabajo han vuelto al empleo una de las variables reales que reflejan la verdadera condición social del país, más allá de la estabilidad macroeconómica.

La democracia le dio forma y sentido al pluralismo social y político. Abrió la puerta a un despertar ciudadano forjado al calor de años de la modernización acelerada de las décadas de los años cincuenta y sesenta, y se expresó en movilizaciones sociales y de trabajadores, en respuestas colectivas a la adversidad más cruel (el sismo de 85) y en una abierta oposición política (el 88 cardenista).

A juzgar por las conductas cotidianas de sus actores políticos por excelencia, los partidos y sus directivas, la reforma parece haber servido, hasta la fecha, más para afirmar la autonomía de los grupos políticos dirigentes respecto de la base social nacional, que para obligarlos a la deliberación que es propia de la política plural moderna. Mientras tanto, los poderes de hecho, legales y no, se instalan festivamente en el centro de la política del poder y presumen sin recato de su hegemonía y capacidad de articulación del resto de las fuerzas políticas.

El resultado es un panorama político y social de escisión profunda que, en 2005, alcanzó planos dramáticos con el intento de desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, orquestado por conspicuos representantes de las cúpulas empresariales y del propio gobierno federal.

Luego, en 2006, al calor de la sucesión presidencial, las debilidades del sistema político, construido sin plan ni diseño de largo plazo durante el reformismo político impelido por las crisis de 1994-1995, dieron lugar a una grave crisis política que no ha sido superada. La sospecha y la desconfianza en las instituciones y en el Estado mismo reaparecieron, mientras que las contradicciones de fondo de la sociedad moderna mexicana, radicadas en una desigualdad inicua, afloraron en un reclamo popular y en un atrincheramiento ofensivo de las cúpulas del poder y el dinero, que llevaron la iniciativa en una absurda convocatoria para reiniciar la lucha de clases en el país, y no sólo en el plano de la disputa política.

Así, más que una práctica “normal” de pluralidad partidaria (cabildeo y participación, deliberación política corporativa de los grupos de poder económico, para buscar la construcción de consensos operacionales o de largo plazo), hoy se vive una abierta “colonización” de la política democrática y del propio Estado por parte de las elites de la riqueza. A ellas se suma lo que queda vivo de las cohortes corporativas que dieron sustento al Estado posrevolucionario.

Las reformas cambiaron usos y costumbres, así como formatos y rutinas del cálculo económico. Pero las dislocaciones que propiciaron no fueron interiorizadas oportunamente por el cuerpo social y productivo que emergía. Es por eso que redundaron en un debilitamiento mayor del Estado, cuyas fallas, aparentes o inventadas en los primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado, sirvieron para justificar una reforma económica a rajatabla y, luego, una reforma política dejada al amparo de los votos.

De esta manera, la disputa política por la dirección del Estado parece quedar suspendida en un corrosivo juego oligárquico, mientras la cuestión social se extiende y profundiza para darle a la disputa por la nación, al empezar el nuevo milenio, una perspectiva ominosa de confrontación “sin política”, o de plano antipolítica. Las condiciones primarias de un renacimiento autoritario a través de la democracia emergen a medida que pasan los días y el panorama económico social se oscurece y agrava.

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Sin un Estado decidido a modular el cambio, por él mismo desatado, con el propósito de globalizar a la nación y modernizarla, lo que se tiene es un Estado más débil que antes, sin capacidad fiscal y sin credibilidad política suficiente.

La necesidad vital de una tercera reforma, la “reforma social del Estado”, debería ser evidente para todos, sobre todo si se la concibe como un componente indispensable de la reforma democrática emprendida y como un acicate para reformar la reforma económica hecha a rajatabla en clave neoliberal.

No ocurre así. Es por ello que la idea de una reforma moral e intelectual es algo más que una hipótesis de trabajo. Iniciarla implica muchos riesgos. Pero es vital intentarlo, antes de que las corrientes de descontento social, hoy todavía contenidas por las precarias represas del Estado y por la propia expectativa democrática, sean desbordadas.

La negación de la política democrática (con el pretexto de su corrosión o falta de representatividad) y el recurrir a la reivindicación social sin mediaciones en el Estado, de continuar y apoderarse de los sentimientos de capas importantes de la sociedad, sólo pueden desembocar en una crisis precoz del sistema político que apenas surge de los cambios y acontecimientos pasados, así como en una dislocación mayor en las relaciones sociales básicas.

Es preciso asumir y convertir en compromiso político y cultural que la política democrática y la economía abierta deben estar incrustadas en responder a una dimensión social atenazada por la desigualdad, la pobreza y las tendencias a la desintegración comunitaria y el desplome de la cohesión social. Ésta es la clave de un resultado productivo de la disputa actual que sin demasiada retórica podemos definir como una disputa por el porvenir de México como nación.

La reforma económica y política del Estado sólo encaró estas circunstancias con políticas subordinadas, dependientes de los cálculos elementales derivados de la estrategia de estabilización a toda costa, extrañamente aceptada, y hasta aprobada en los hechos, por todos los partidos y sus legisladores. Lo que ha brillado por su ausencia es una visión de largo plazo para recuperar el crecimiento económico y hacerlo sostenido. Que además pueda comprometerse con realizaciones inmediatas, que combinen el fomento a la renovación productiva con la creación efectiva y durable de oportunidades de empleo, en especial para los jóvenes que se asoman a la edad de trabajar y sólo encuentran panoramas desoladores.

Esta visión de largo plazo para la economía tiene que asumir, sin dilación, la centralidad de la equidad como requisito para proponerse un desarrollo robusto y para la superación progresiva, pero sistemática, de la pobreza que afecta a casi la mitad de la población del país. La equidad y la remoción sostenida de la pobreza no deben ser “para después” sino conformar los criterios más rigurosos de evaluación de la estrategia de desarrollo y de las políticas económicas y sociales que concretan dicha estrategia. De esta evaluación y no de otra tendrían que emanar, en todo caso, las alternativas que pudieran gestarse.

Las decisiones que estuvieron detrás del cambio estructural para la globalización, incluida la reforma política, no son el fruto de ninguna ley natural. Mucho menos son el resultado de un mandato unívoco e inapelable de la economía o la historia. Las elites dirigentes y los grupos dominantes de la economía y las finanzas no consideraron que la desigualdad y la falta fehaciente de equidad eran temas cruciales. Pensaron que su atención podía posponerse hasta lograr las metas de globalización y dinamismo económico planteadas. No se reconoció que fuera urgente ocuparse de ellos y actuaron en consecuencia.

El caso es que ahora esta combinatoria de carencia e insatisfacción social elemental se ha vuelto tormenta política y movilización social multiforme, que pone a prueba la capacidad intelectual y ética de estas elites para encauzarlas y aliviar creíblemente a sus damnificados. Volver a lo social, convertirlo en el objeto de la tercera reforma del Estado es fundamental, porque sólo así podrán salvaguardarse y en el tiempo ampliarse las señas de identidad de la historia moderna de México, la dimensión intelectual, cultural, ética de un Estado nacional forjado en la adversidad y que no puede renunciar por voluntad a sus obligaciones fundamentales.

Al intentar hacerlo, para supuestamente transformarse en un Estado “ágil y esbelto”, en realidad ha minado su capacidad de conducción y de mediación de un conflicto social que es inevitable en todo cambio, pero que puede modularse si hay acuerdos básicos y sensibilidad mínima.

Es mucho lo que resta por hacer para darle solidez al entendimiento del cambio e inducir a una decisión de tomar riesgos para gobernarlo y darle un sentido redistributivo hacia la igualdad y la equidad con democracia y libertad.

Lo que se puede postular aquí y ahora, es que después de 25 años de globalizar a la nación es preciso y factible proponerse nacionalizar la globalización: crear capacidades productivas, institucionales e intelectuales, de imaginación histórica y sociológica, innovadoras, para adaptar la tecnología global y hacer que la apertura al exterior funcione en nuestro favor y en beneficio de México.

Se reconoce que las reformas estructurales, de primera generación, no dieron los resultados que de ellas se esperaban. Se argumenta que ello obedece a que no funcionan, porque hace falta introducir nuevas reformas para que, en conjunto, ahora sí arrojen resultados satisfactorios en términos de crecimiento económico, empleo y bienestar de la población. Incluso se llegó a argumentar que la reforma energética que el gobierno de Felipe Calderón proponía, permitiría ¡acabar con la pobreza!

A las reformas destinadas al redimensionamiento del Estado y la redefinición de las relaciones económicas del país con el exterior, se busca añadir, al menos, tres nuevas reformas:

1. La hacendaria, que busca darle neutralidad al sistema tributario por la vía de una tasa única en el IVA y en el ISR y en el que no existan tratamientos especiales.
No se busca la equidad, la justicia y la progresividad en los tributos. Tampoco gravar más a los que más tienen.
2. La laboral, que busca una mayor (como si se pudiese) flexibilidad en las relaciones obrero-patronales por la vía de la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Se olvida que el empleo informal y el que busca encontrarlo en Estados Unidos significa, en la práctica, una oferta ilimitada de mano de obra. En México no hay rigidez en las relaciones de trabajo. Lo que hay es falta de trabajo.
3. La energética, que busca pasar al capital privado una serie de actividades atractivas, por lucrativas, que fácilmente podría llevar a cabo Pemex y que, si no lo ha hecho, es porque el gobierno federal no se lo ha permitido.
Más que continuar por está senda de las reformas interminables, de una, dos, “n” generaciones, lo que hay que acometer es la reforma de las reformas. Importar sin adoptar, sino para adaptarla a nuestras tradiciones y necesidades, la lección básica de los países que han sido exitosos en la globalización: ser heterodoxos frente al fundamentalismo del mercado único y la receta universal. Ser ortodoxos en la afirmación de los intereses nacionales, que en el caso de México se originan en la cuestión social dominada por la desigualdad, la concentración del privilegio y la pobreza de las masas.

De estas concepciones y convicciones sobre el desarrollo y los cambios en su estructura tiene que emerger la racionalidad de esta tercera reforma. De no avanzar pronto en esta dirección, lo que se pone en riesgo es la convivencia social y con ella la democracia. Lo que urge es darle al reformismo un sentido innovador que haga del riesgo una opción históricamente racional.

El resto de la (re)construcción política del México que ha sobrevivido a la disputa por la nación del fin del milenio, tendrá que convertirse en ruta política y legal, de instituciones y conducción económica, a través de una pluralidad política que desde su diversidad esté a la vez dispuesta a experimentar, para volverse una democracia social que pueda sostener un Estado democrático de derecho, constitucional, capaz de darle sentido nacional a la globalización en México.

Rolando Cordera Campos. Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus libros: Crónicas de la adversidad y Políticas Sociales al fin del milenio. Descentralización, diseño y gestión.

Carlos Tello Macías. Economista. Académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Autor de Cartas desde Moscú.