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  • Una mirada inédita al momento histórico de fundación del PRI

El  origen

Un combatienteEl 18 de enero pasado el PRI cumplió  63 años; el 4 marzo, su antecesor, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, habría festejado 80. Los priistas adoptaron el aniversario de este último como propio, y absorbieron al Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que se formó por decisión del presidente Lázaro Cárdenas el 30 de marzo de 1938, como si fuera una etapa en su evolución. La intención de esta operación retórica fue eslabonarse con la facción revolucionaria triunfadora para realzar la continuidad del proyecto de la Revolución y, en última instancia, de la nación, y derivar una legitimidad que no pasaba por las urnas. Desde los años cincuenta la permanencia del PRI en el poder fue vista como un valor y como un capital para los priistas, sobre todo cuando otros países latinoamericanos sufrían inestabilidad política y económica. Es una ironía que durante la campaña electoral de 1999 la continuidad haya sido uno de los principales argumentos contra el PRI.

Según el canon, la fundación de ese partido fue un aspecto del giro thermidoriano que se atribuye al gobierno de Ávila Camacho. Autores como Luis Javier Garrido llegan a afirmar que la reforma del PRM “era un requisito previo a la nominación del veracruzano” Miguel Alemán, primer candidato presidencial del PRI. No obstante, en el origen y en los primeros años del partido intervinieron factores reales mucho más significativos que la voluntad personal de los poderosos; por ejemplo, el contexto internacional tuvo un peso decisivo. Visto a la luz del reordenamiento que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial, el PRI aparece como una respuesta a los cambios internacionales y a la posición de México en la posguerra, así ocurrió porque el país no podía sustraerse al orden hemisférico ni a la formación de las esferas de influencia, y tampoco podía ignorar las restricciones que le imponía la vecindad con la superpotencia. Más todavía, la alianza que había establecido con Estados Unidos durante la guerra había revelado los beneficios potenciales de la cooperación y las ventajas de prolongarla en la paz. En el contexto de la época esta estrategia implicó que el antagonismo ideológico que protagonizaban Estados Unidos y la Unión Soviética se asentara en México como referente de identidad y de organización de las fuerzas políticas internas; en torno a este eje quedaron instalados el Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular de Lombardo Toledano a la izquierda, y el Partido Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista a la derecha, mientras que el PRI podía colocarse en un cómodo centro que representaba un glorioso punto de equilibrio.

Al término de la guerra el país desarrolló una novedosa presencia diplomática para atenuar los riesgos de una relación cercana con un vecino mucho más poderoso. Así, por ejemplo, en 1945 se celebró en la ciudad de México la Conferencia de Chapultepec en la que 20 países latinoamericanos y Estados Unidos discutieron el orden de la posguerra y la creación de las Naciones Unidas. En 1946 México fue elegido miembro del Consejo de Seguridad de esa organización. En 1948, Jaime Torres Bodet, poeta y antiguo secretario de Educación Pública, fue designado director general de UNESCO. Cualquiera de estas distinciones hubiera sido impensable para el país revolucionario y expropiador de sólo 10 años antes.

En el contexto de lo que se ha llamado “la primera Guerra Fría”, el PRI nació como un agente de modernización, capaz de estabilizar la política y de promover el cambio económico y social, controlando la participación y sin recurrir a la dictadura o al gobierno de los militares. Era un partido de masas, pero no de clase, sino interclasista; nacionalista, pero no antiimperialista —diferencia que para Washington era algo más que un matiz—; una organización incluyente que mediante la cooptación sistemática y la represión selectiva lograba neutralizar a las oposiciones y allegarse a las clases medias en ascenso. A menos de un año de su fundación, sus dirigentes declararon que su adversario principal era el comunismo, y de las palabras pasaron a los hechos: a partir de 1947 el gobierno inició purgas anticomunistas y antilombardistas en los sindicatos y en sus propias filas. Más no podía desear Estados Unidos en su estrategia de contención antisoviética; así, estableció con México una firme alianza ideológica que pasó de la defensa de la democracia contra el fascismo a la defensa de la democracia contra el comunismo.

El proyecto derrotado

La idea de que era necesario reformar el PRM estaba en el aire desde 1940. Había que sellar institucionalmente el fin del radicalismo revolucionario que había sido la imagen de marca del cardenismo.

En el verano de 1944 empezó a circular un documento que contenía el proyecto de formación del Partido Democrático Nacional, en el que los principios de la democracia sustituían a los revolucionarios que eran la identidad del PRM. El 16 de agosto la CTM rechazó la propuesta con el argumento de que la Revolución no debía estar necesariamente subordinada a la Constitución, y preguntaba: “¿No estamos cometiendo un error al fijarle a un partido político como límite de acción los principios consagrados por la Constitución General de la República?”. Reprochaba también a los autores del documento la intención de someter las líneas de acción del partido “a las circunstancias continentales y mundiales” antes que “a las necesidades del pueblo y de México”. Añadía que la democracia sería inalcanzable mientras el capitalismo y el imperialismo siguieran controlando los medios de producción, y los gobiernos fueran instrumentos de esas fuerzas y verdugos de los pueblos. Pero lo que repudiaba con más determinación eran los mecanismos propuestos de elección interna de los candidatos, que despojaban a los liderazgos de los sectores de las prerrogativas en este terreno.

La propuesta avilacamachista respondía a las exigencias del nuevo mundo. Estados Unidos, en su calidad de líder mundial, esperaba que sus aliados adoptaran el credo y las instituciones de la democracia liberal. En noviembre de 1944 el Departamento de Estado envió una circular secreta a todas sus embajadas advirtiendo que “el gobierno y el pueblo” estadunidenses sentían mayor afinidad y una “amistad más cercana” con los gobiernos que se apoyan “en el consentimiento de los gobernados expresado libre y periódicamente”. Se pretendía poner fin a la política del Buen Vecino y volver al ideal wilsoniano de la promoción de la democracia en América Latina. Entre 1944 y 1946 en muchos países de la región se vivió una “primavera democrática” que derrumbó dictaduras militares y dio paso a gobiernos constitucionales, elegidos en comicios limpios y competidos. La reforma del presidente Ávila Camacho era parte de este impulso que, sin embargo, se agotó muy pronto conforme se agudizaron las tensiones entre Washington y Moscú. No obstante, en México se desvaneció incluso antes que en otros países de la región, porque las centrales sindicales, en particular la CTM, derrotaron el proyecto.

Al mismo tiempo que se discutía la reforma del PRM, el gobierno trató de impulsar una reforma electoral. El 5 de septiembre de 1944 el diputado Herminio Ahumada fue expulsado del Bloque Revolucionario de la Cámara de Diputados porque en su respuesta al informe presidencial de Ávila Camacho, unos días antes, había denunciado la corrupción de los procesos electorales, el fraude y la manipulación del voto, vicios que atribuía a la CTM, y había exigido una nueva legislación, una “reforma radical”. Muchos sospecharon que la demanda de Ahumada provenía del  entonces secretario  de Gobernación, inminente candidato a la presidencia, Alemán, e incluso del propio presidente de la República, quien había abrazado afectuosamente al diputado sonorense cuando éste terminó su discurso.

No obstante la hostilidad del propio PRM a las propuestas de reforma política, en diciembre de 1945 el presidente envió a las Cámaras una iniciativa de ley electoral. Su propósito fundamental era federalizar los procesos de elección. En consecuencia, despojaba a las autoridades locales de esa responsabilidad, y creaba la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, integrada por representantes del poder legislativo, de los partidos y del gobierno federal, en la persona del secretario de Gobernación.

La intención de la ley era frenar la fragmentación de fuerzas políticas y de procedimientos electorales, estabilizar los comicios, frenar los cacicazgos locales y poner fin a la violencia que provocaban las elecciones en estados y municipios, pues cuando el ciudadano emitía su voto ponía en peligro su integridad física cuando no su vida. Las condiciones azarosas que rodeaban el acto electoral desalentaban la participación y facilitaban el fraude.

El PRM se opuso públicamente a esa reforma con el argumento de que la ley vigente bastaba para asegurar la limpieza de las elecciones del mes de julio de 1946. En este caso los gobernadores eran los más renuentes a un cambio que les arrebataba los instrumentos para manipular los comicios a su antojo.

En la segunda quincena de diciembre de 1945 la Unión Cívica Leonesa, una coalición de empresarios locales y de sinarquistas, apoyó la candidatura de Carlos Obregón a la presidencia municipal de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. El gobernador Ernesto Hidalgo se negó a reconocer el triunfo que los unionistas reclamaban; éstos declararon un paro y llamaron a una suspensión general del pago de impuestos. El 2 de enero de 1946 —cinco días antes de que fuera expedida la nueva ley electoral— una manifestación de apoyo al candidato opositor Obregón fue rodeada por policías municipales y fuerzas federales. Murieron 26 personas, cuatro más fueron heridas y 77 aprehendidas.

Seis días después, el 8 de enero, sorpresivamente el Congreso de la Unión declaró la desaparición de poderes en el estado. El gobernador fue destituido con el argumento de que se había violado “la libre emisión de la voluntad popular, violación imputable a los Poderes del Estado que rebasando el ámbito de sus deberes se constituyeron en partido”. También fueron consignados dos militares como responsables de los hechos. El 12 de febrero siguiente Carlos Obregón tomó posesión como presidente municipal de León. El gobierno federal temía la reanimación del sinarquismo en el Bajío y la extensión de la protesta a otros estados. Sin embargo, la destitución del gobernador que, ante un reto electoral había reaccionado como se acostumbraba, obedeció primeramente al deseo del presidente Ávila Camacho de mostrar al mundo la seriedad de su compromiso con la democracia.

Camino al PRI

A finales de 1945 circuló un nuevo proyecto de partido que sustituiría al PRM. La propuesta mantenía los tres sectores, obrero, agrario y popular, como divisiones organizativas básicas y autónomas, pero buscaba limitar su acción corporativa. Eliminaba las convenciones para la designación de candidatos a cargos de elección popular, que favorecían al sector obrero, geográficamente concentrado y muy disciplinado, y lo sustituía con elecciones primarias para todas las nominaciones salvo la del candidato presidencial. Este procedimiento centralizaba la autoridad en el partido y fortalecía a la dirigencia nacional. Además, al introducir el voto individual para la determinación de las candidaturas, beneficiaba al sector agrario, numéricamente superior al obrero, y a la CNOP.

Las reformas del presidente Ávila Camacho generaban resistencias e incertidumbre. Por ejemplo, la elección pondría a prueba la disciplina del ejército ante las recientes disposiciones presidenciales que prohibían su participación en luchas partidistas. Más todavía, al designar candidato a su secretario de Gobernación hizo a un lado a los militares, tal vez pensando que la presencia de uno de ellos al frente del poder ejecutivo no sería bien vista en un mundo que acababa de derrotar el militarismo fascista; pero no había ninguna certeza de que aceptaran esa decisión. La primera señal de que lo harían fue el anuncio del general Henríquez Guzmán de que no participaría en la contienda. El éxito de esta operación fue posible porque tuvo el apoyo del general Cárdenas; además, Ávila Camacho podía aducir que optaba por un civil para evitar divisiones en las fuerzas armadas que podían comprometer la estabilidad apenas alcanzada; también podía argumentar que la coyuntura exigía un civil en el poder, pero que esa decisión sería temporal.

El apoyo del sector obrero a la candidatura de Alemán era crucial para el gobierno en la coyuntura relativamente incierta que creaba la posguerra. A cambio de ese respaldo la entonces poderosa CTM impuso como condición que la elección del candidato se organizara en los términos de la convocatoria de 1939, la cual mantenía el sistema de convenciones controlado por las corporaciones. Este acuerdo significó posponer la fundación del nuevo partido. El 5 de junio de 1945 Vicente Lombardo Toledano presentó a Miguel Alemán ante los cetemistas como el “hijo de la Revolución”, y el “cachorro de Cárdenas y de Ávila Camacho”, representante de una nueva generación que aseguraba la continuidad revolucionaria.

Alemán inició su campaña presidencial con el acuerdo del ejército y de los obreros. Sin embargo, tenía que neutralizar la fuente potencial de conflicto que representaba la desconfianza que inspiraba su candidatura al entonces embajador de Estados Unidos en México, George Messersmith, quien, en cambio, promovía activamente la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla.

La fundación

Una medida de la importancia que había adquirido la relación con Estados Unidos en la política interna mexicana es el hecho de que en 1945 los dos aspirantes más fuertes a la presidencia de la República acudieron a la embajada estadunidense en México; uno, en busca de apoyo, el otro, por lo menos para ofrecer garantías respecto a su programa de gobierno. De hecho, Padilla y Alemán inauguraron una práctica que se volvería costumbre. Sin embargo, no fueron los únicos, sino que otros hombres de la política nacional, por ejemplo, Manuel Gómez Morín, también se reunieron con altos funcionarios de la embajada para discutir la situación política interna.

La parcialidad del embajador Messersmith hacia Padilla era conocida, y provocaba gran nerviosismo en Alemán, como lo revela la visita que hizo al primer secretario de la embajada de Estados Unidos en México, Guy Ray, en septiembre de 1945. En ese encuentro, que Alemán había solicitado repetidamente sin éxito, reiteró su compromiso con las políticas del presidente Ávila Camacho, al mismo tiempo que aseguró que ni Lombardo Toledano ni los comunistas tendrían influencia en su gobierno. El acercamiento con la embajada también era necesario, porque una mala relación entre el presidente de la República y Washington podía ser una fuente de inestabilidad interna. A partir de entonces quedó bien establecido que la autoridad presidencial mexicana también se apoyaba en el aval del poderoso vecino del norte.

Así, el 18 de enero de 1946 nació el PRI, y adoptó de inmediato al candidato del PRM, Alemán, quien triunfó en las elecciones y asumió la presidencia el 1 de diciembre de ese año. Sin embargo, para que el nuevo partido se materializara la CTM exigió que los estatutos incorporaran un “pacto” relativo a  los procedimientos de selección de candidatos, que anulaba el voto individual y las elecciones primarias de la propuesta avilacamachista. En virtud de ese  acuerdo privado la integración de los órganos del partido y la postulación a cargos de elección se regirían por el voto de las mayorías representadas en los sectores.

En 1950 se reformaron los estatutos del PRI y se eliminaron las elecciones internas. En 1951 el presidente Alemán presentó a las Cámaras una nueva ley electoral que revivió el viejo sistema de nominaciones. Para no dejar lugar a malas interpretaciones, el artículo 30 de la nueva ley prohibió explícitamente que las elecciones internas fueran “actos públicos que se (asemejaran) a las elecciones constitucionales”.

El clima internacional había cambiado desde finales de 1946. El compromiso de Estados Unidos con la democracia latinoamericana fue sacrificado a las exigencias de la contención del comunismo. El presidente Harry Truman hizo una visita oficial a México en marzo de 1947, dos días antes de enunciar la doctrina internacional que lleva su nombre y que asumía el compromiso de defender la democracia en el mundo frente a lo que consideraba la agresión comunista. No fue una coincidencia que esa misma semana el entonces presidente del PRI, general Rodolfo Sánchez Taboada, denunciara el comunismo como una influencia perniciosa, y a Vicente Lombardo Toledano como agente de Moscú.

Ayer y hoy

La reconstrucción de la coyuntura en que se fundó el PRI y de las intenciones originales de sus creadores cuenta una historia diferente de la que hemos repetido durante décadas. Lo primero que pone en cuestión es la supuesta omnipotencia del presidente de la República: el proyecto de partido democrático de Ávila Camacho fue derrotado por la oposición de la CTM. La fundación del PRI fue presentada ante la opinión pública como un éxito, cuando en realidad el tipo de partido que se formó traicionaba el impulso democrático original. Desde este punto de vista, el PRI nació de un proyecto de democratización derrotado.

La interpretación dominante de la fundación del PRI en 1946 no le concede ninguna originalidad. Lo mira simplemente como el continuador del “partido de Estado” que nació de la convocatoria que hizo Plutarco Elías Calles el 1 de septiembre de 1928 a los revolucionarios para que dejaran atrás sus diferencias y formaran una organización de la que quedaban excluidos “los reaccionarios”, a quienes invitó a formar su propio partido. Esta visión fue reforzada durante la transición de fines del siglo XX, cuando Vicente Fox y el PAN hicieron campaña por el cambio con el tema recurrente de poner fin a lo que denunciaban como “70 años de dominio del PRI”.

La fórmula corrió con éxito aun cuando fuera inexacta. Un examen así sea apresurado de los contextos, la inspiración y los documentos de los tres partidos que estuvieron en el gobierno entre 1929 y 2000 (el PNR, el PRM y el PRI), revela que entre cada una de estas tres formaciones hubo diferencias esenciales. Ciertamente, tienen en común haber sido instrumento del Estado de la posrevolución. Pero en cada caso sus funciones eran diferentes, al igual que sus objetivos, su programa y su composición. La versión de que el PRI fue la culminación de un proyecto premeditado, que se llevó a cabo a lo largo de siete décadas con eficiencia prusiana, conforme a calendario, sin tropiezos ni incertidumbres, es más que discutible; primero, porque fue durante décadas la versión oficial y celebratoria de la capacidad política de la elite en el poder y, segundo y más grave, porque enreda las intenciones de los actores políticos con los resultados de sus decisiones.

Para medir la distancia entre las intenciones originales de cada uno de estos partidos y sus resultados finales, basta comparar unas y otros. El PNR fue un instrumento personal de Calles hasta que el presidente Cárdenas lo expulsó del país en 1936. El PRM generó una relación paternalista entre el Estado y las organizaciones populares cuya autonomía limitaba. Por último, el PRI fue pensado originalmente como un partido moderno de la democracia liberal, que en poco tiempo derivó en un mecanismo de control de la participación, y para 1970 había dejado de ser visto como agente de modernización y se había convertido en el símbolo de tradiciones autoritarias que algunos excesivos rastrean hasta las pirámides.

Muchos anticipan el regreso del PRI a la presidencia de la República en 2012. Muchos más se inquietan, porque si el partido sexagenario aspira a restaurar las formas de gobierno de su “época dorada”, cuando gozó de amplio apoyo interno y del sustento de un contexto hemisférico favorable, habrá de toparse con la cruda realidad de un medio internacional adverso a sus medios y hábitos, para no hablar de las profundas transformaciones que ha acarreado el pluralismo político y del desprestigio de la continuidad como valor absoluto.

Soledad Loaeza. Profesora-investigadora de El Colegio de México. En 2008 publicó Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria y Entre lo posible y lo probable.

Este artículo es resultado de una investigación más amplia cuyo tema es la presidencia mexicana en la Guerra Fría (1945-1970).