La modificación constitucional para establecer un sistema de juicios orales en todo el país recibió, en su momento, avales legislativos —federal y locales— sin regateos. Aun así, el compromiso que necesita la reforma, desde diferentes órganos del Estado mexicano, para traducirse en una implementación exitosa, es significativo.
Este artículo busca ser un diagnóstico general de las condiciones políticas necesarias para que la reforma llegue a buen puerto.

En un contexto político nacional en el que predominan los temas que polarizan a los partidos, la reforma penal recibió el voto favorable de 462 diputados y 73 senadores.
El 98% de los diputados y 74% de los senadores presentes en las sesiones en las que se votó la reforma la avalaron.1>

El 28 de mayo pasado, tan pronto como 18 estados manifestaron su aprobación (ninguno había votado en contra), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió una declaratoria de votos y mandó el decreto con la reforma penal aprobada al presidente de la República, quien finalmente la publicó el 18 de junio.2

Estamos ante la primera reforma constitucional en materia penal después de la transición democrática de México. Misma que ha sido reconocida por diferentes juristas como la más importante en más de un siglo. En consistencia con estos alcances,
para traducir la modificación jurídica en una nueva realidad, tanto para el ámbito federal como para las 32 entidades federativas, se ha establecido un plazo de {hasta} ocho años.

La justicia mexicana vive, como en todo inicio de construcción de una gran obra, un momento esperanzador y desafiante. Al final, el éxito de la misma dependerá de que el ciudadano de la calle, al entrar en contacto con la justicia, pueda palpar una nueva realidad: policías que investigan antes de detener, agentes del Ministerio Público que respetan los derechos humanos y jueces que dictan sentencias tras haber visto y escuchado una confrontación entre las partes sobre un terreno nivelado y en audiencias orales y públicas. Un indicador ineludible de éxito será el surgimiento de confianza renovada en el nuevo sistema de justicia penal.

Si reconocemos que los mayores obstáculos de la reforma están todavía por llegar, entonces es importante ubicar a quienes pudieran estar detrás de éstos: sectores de la abogacía y la judicatura que se resisten al cambio, ya sea por los temores naturales a éste o bien por ser beneficiarios directos del actual sistema penal cerrado, lento, ineficiente y propenso a la corrupción. Nuestra justicia predemocrática, vigente en la mayor parte del territorio nacional, afecta a la mayoría y beneficia a unos cuantos.3

Las resistencias al cambio se vencen con resultados. El primero ya se dio: fuimos capaces de modificar la Constitución. El sentido y profundidad de la reforma era calificado como imposible hasta hace unos meses por juristas reconocidos. Lo que resta es que el nuevo texto constitucional empiece a dar, cuanto antes, los resultados
concretos —si bien parciales en términos territoriales— que anunciamos los promotores de la misma.

¿Cuáles son los principales retos políticos
de la implementación de los juicios orales? ¿Qué líneas de acción pudieran convertirse en seguros institucionales que eviten la contrarreforma?

{{Gobernadores: ¿Qué pista
de competencia?}}

Por ser de aplicación nacional, la reforma
penal representa una nueva pista en la que los estados empezarán a competir.
Es natural y saludable que así sea. Sin embargo, para que las comparaciones entre entidades federativas sean productivas
es fundamental incidir en los criterios
de la competencia. Definir, desde la opinión pública, los términos bajo los cuales un estado puede adjudicarse una posición de liderazgo en la transformación
de la justicia penal: ¿el estado más rápido en cambiar las leyes locales?, ¿aquel con las salas de audiencia oral más vistosas? O bien, ¿aquel estado dispuesto
a entrar a un proceso de cambio lento y tortuoso, pero notoriamente cimentado,
que a la larga conduciría a una justicia penal radicalmente diferente a la que tenemos en la actualidad?

Esta última es la competencia para la que necesitamos construir la pista. Requerimos
de una dinámica en la que los estados busquen superar a sus vecinos, pero en los derivados tangibles del cambio
jurídico; no en promesas, ni en fuegos
artificiales. El reto es convencer a los gobernadores de que sus estados están por entrar a competir en un maratón y no en los 100 metros planos.

Por fortuna, en este proceso existe una ventaja: ya tenemos el más nítido ejemplo de lo que no debe ser. El Estado
de México muestra cómo también en materia de justicia es válido el dicho “el hábito no hace al monje”.

En el estado más grande de todo el país se aprobó una reforma penal, nimia en fondo y vistosa en forma. Se modificó
poco más que la escenografía de la justicia en la entidad. La “reforma” le ha costado más de 98 millones de pesos a los mexiquenses, dinero destinado a construir salas de audiencias, con muebles
de madera, pantallas, equipo de video
y sonido. En fin, un escenario digno de cualquier película de Hollywood.4

Es cierto que las reformas de un sistema
de justicia inquisitivo-escrito a uno acusatorio-oral cuestan mucho dinero. Pero, usando una metáfora computacional,
estos recursos tendrían que destinarse
a cambiar el software a la par que el hardware. Tan importante como la escenografía,
es la capacitación, el diseño de nuevos modelos de gestión de la justicia, la creación de indicadores de desempeño,
la profesionalización de laboratorios forenses y policías de investigación. Estos
elementos no están del todo presentes
en la reforma mexiquense.

El federalismo mexicano también ofrece un ejemplo alentador a seguir: la transformación al sistema de justicia en el estado de Chihuahua. Ahí la reforma penal ha incluido a todo el sistema de delitos
pero su implementación ha sido gradual
por regiones. Primero en Chihuahua capital en enero de 2007, un año después en Ciudad Juárez y el resto del territorio estatal a partir del 1 de junio de 2008.

La implementación ha puesto especial atención en los mecanismos alternativos de solución de controversias, donde mediadores
profesionales establecen con víctimas y acusados acuerdos reparatorios,
aprobados por un juez, para recuperar
el daño provocado a la víctima. Esto permite que en el sistema de respuesta pronta se desahoguen los casos menores, y el sistema concentre esfuerzos para resolver
los asuntos más complicados.

Asimismo, la procuraduría estatal vive
un proceso de transformación integral donde se ha evaluado al personal, se han creado bases de datos, se ha intensificado
la capacitación para que el personal recabe pruebas y construya los casos de manera óptima para el nuevo sistema de juicios orales. Las prácticas del pasado simplemente no funcionan en el nuevo sistema. Así lo han entendido el gobernador
y los principales funcionarios del estado, y los resultados están a la vista.

{{Legislativo: A terminar
la tarea}}

La reforma penal tenía que empezar con una modificación a la Constitución que diera homogeneidad a todos los estados del país sobre las condiciones y requisitos
de un sistema acusatorio-oral. Lo que sigue es darle sustancia local a la reforma,
esto supone revisar a fondo los 33 códigos de procedimientos penales y las respectivas leyes orgánicas de las procuradurías de justicia, así como expedir nuevas leyes en materia de salidas alternativas
al proceso, de seguridad pública, de ejecución de sentencias, etcétera.

Esto pondrá a prueba a los legisladores
estatales y federales. El Congreso de la Unión está sujeto a una coyuntura ineludible:
las elecciones para cambiar a la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados se celebrarán en menos de un año. En la ausencia de reelección inmediata,
el poder legislativo federal está ante la amenaza de perder la posibilidad de dar continuidad al trabajo legislativo por quienes iniciaron la reforma al nivel constitucional. Si bien sólo quedan dos periodos ordinarios, la importancia del tema amerita que el legislativo federal esté abierto a hacer convocatorias extraordinarias
para concluir su obra en materia de justicia penal.

El primer paso será crear un nuevo Código de Procedimientos Penales que describa con puntualidad los mecanismos
prácticos del sistema de juicios orales. Este código puede ser un lineamiento
“tipo” para que los Congresos estatales tengan un marco de referencia para su propia legislación secundaria. Asimismo, el Congreso federal deberá iniciar las discusiones para adecuar la Ley de Amparo al nuevo sistema penal. Las resistencias en este rubro no serán menores, pero sería un sinsentido que la actual legislatura haya reformado los procesos penales federales y estatales de primera instancia y deje sin modificar el proceso de amparo que naturalmente sigue al primero.

Ambos pilares legislativos por reformarse,
el Código de Procedimientos y la Ley de Amparo, serán indispensables para que las procuradurías y los tribunales
del país empiecen a operar bajo el nuevo sistema penal de juicios orales.

{{El presidente: Primer responsable}}

La experiencia internacional reciente en América Latina es una clara invitación a no hacernos bolas. La implementación de la reforma será un éxito o un fracaso del presidente Felipe Calderón. Es cierto que el bajo perfil —intencional o no— que decidió adoptar el presidente durante
las deliberaciones legislativas favoreció la aprobación de las modificaciones a la Constitución. Pero esa coyuntura ya está superada. El cambio se podrá materializar
sólo si el ejecutivo se compromete a cabalidad invirtiendo recursos políticos, financieros y administrativos en la creación
un nuevo proceso penal.

A esta realidad hacia la que apunta la experiencia comparada sobre del carácter
ineludible del liderazgo del ejecutivo
federal, se le tienen que sumar tres particularidades del caso de México que acentúan la importancia del liderazgo del presidente Calderón. Para empezar, nuestro país triplica en población a la mayor parte de los países latinoamericanos
que han implementado con éxito una reforma similar, con el agravante de que a diferencia de Chile y Colombia —nuestros referentes más importantes—
somos una República federal y no unitaria. Esto último implica un esfuerzo
mucho mayor de coordinación y de construcción de acuerdos políticos a lo largo del territorio.5

La segunda particularidad tiene que ver con el momento en que se iniciará el proceso de implementación. El Estado mexicano enfrenta un embate del crimen
organizado sin paralelo en nuestra historia. Vale la pena recordar que en abril de 2007 —ya en una situación difícil
pero lejos de la crisis de seguridad actual— el presidente se inclinaba por separar las modificaciones a la Constitución:
abordar primero lo relacionado con las herramientas para el combate al crimen organizado y dejar para después —sin definir cuándo— la reforma a la justicia. Desde su visión, en aquel momento,
lo urgente era dar nuevas armas jurídicas a los cuerpos policiacos y al Ministerio Público y dejar todo lo relacionado
con la reforma de juicios orales para un momento posterior.

De manera venturosa, el Congreso aceptó el argumento contrario de diversos
sectores de la sociedad civil y de la academia de que la reforma tendría que ser integral y no por partes. Pero esto muestra que en las prioridades del ejecutivo
está primero capturar a los grandes capos del narcotráfico y mucho después viene su interés por lograr que la justicia a que se enfrenta el ciudadano común efectivamente funcione. Por ello, aun con la reforma aprobada, permanece el reto de poner a los actores del ejecutivo en la sintonía de una reforma penal que necesita abordarse con sentido integral, buscando modificar comportamientos desde los policías hasta los jueces.

Uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional establece un plazo
máximo de dos meses para crear una instancia de coordinación que apoye a las autoridades locales y federales a implementar
la reforma, {cuando éstas así lo soliciten}. Dicho órgano contará con una Secretaría Técnica y representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como del sector académico, la sociedad civil, las conferencias de seguridad
pública, los procuradores y los presidentes de tribunales locales.

Se requerirá de gran talento para coordinar
esfuerzos entre las secretarías del gobierno federal y los estados de la República para establecer un calendario de implementación nacional; para construir
y operar nuevas bases de datos criminales
confiables; para acordar procesos
de capacitación de personal federal y estatal, así como para promover mecanismos
de cooperación entre las policías
de investigación en ambos niveles de gobierno. El reto es monumental, aun encontrando al perfil idóneo para esta responsabilidad pública tan {sui géneris}. Improvisar un nombramiento sería fatal para la reforma.

Léxico entra al proceso de reforma del sistema de justicia con la ventaja de la experiencia comparada. Existe una amplia variedad de parámetros internacionales,
de países venidos de tradiciones jurídicas similares a la nuestra, sobre las características de aquellos procesos de implementación
con mayores posibilidades
de éxito y aquellos destinados
al fracaso. Además, se tiene la ventaja de que algunos estados en nuestro país se han adelantado en este proceso de transformación de la justicia y, naturalmente, tales
experiencias son fundamentales
para corregir el modelo de cambio en los estados que aún están por abordar la tarea.

El constituyente permanente no dejó lugar a dudas sobre la necesidad de una transformación radical en la justicia penal mexicana,
esta señal es consistente con el descontento generalizado de la sociedad con un sistema de justicia
que no satisface a nadie: ni a víctimas, ni a acusados. El desafío está en vencer nuestras inercias políticas más perversas, aquellas que constituyen nuestro mayor lastre como país: el cortoplacismo,
la inclinación por los cambios
de fachada, el dogmatismo y la indolencia.

La reforma constitucional lograda
en este 2008 es una invitación
para fortalecer la estructura institucional del país. Es ocasión para probar que el Estado mexicano
es capaz de trabajar por un sistema de justicia que guarde consistencia
con la forma democrática
de gobierno por la que hemos optado. Ocho años para reformar la justicia penal son suficientes, sobre todo si somos capaces de iniciar con el pie derecho. La oportunidad
está en la mesa. {{n}}

1 La sesión en la Cámara de Diputados se llevo a cabo el 26 de febrero de 2008. La sesión en el Senado de la República fue el 6 de marzo de 2008.

2 Para una interesante reseña del proceso de negociación, discusión y aprobación de la reforma penal, ver el artículo de Emilio Rabasa Gamboa, “La Mecánica de la Reforma”, {Voz y Voto}, No. 184, junio 2008, pp. 8-10.

3 Para una descripción de los principales problemas del sistema penal ver la interesante entrevista
a Guillermo Zepeda, Investigador del CIDAC, en {You Tube}, http://www.youtube.com/watch?v=lRlZshSt78E

4 Ver la nota del periódico {Reforma}, “Presupuestan
juzgados costosos”, 12 de junio de 2006.

5 Para leer sobre los retos y resultados de la implementación de la reforma de juicios orales en Chile ver el libro de Miguel Carbonell y Enrique
Ochoa Reza,{ ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?} (2ª edición, Porrúa / Renace / UNAM, 2008), capítulo tres.