Quiero poner a la consideración tres tesis que recojo de la lectura del libro de
Jorge Carpizo y Diego Valadés, {Derechos humanos, aborto y eutanasia}, desde
mi campo de especialidad, la filosofía del derecho:

1. No es posible comenzar a debatir, deliberar o dialogar sobre temas tan controvertidos
como son los del aborto y la eutanasia si no se aceptan normativamente
los valores de cientificidad, laicidad y pluralismo democrático, en el marco de un
Estado constitucional de derecho.

2. Tomando en consideración el “estado del arte” de la ciencia y algunas razones
filosóficas se puede justificar la despenalización del aborto en las 12 primeras
semanas de embarazo, acorde con las reformas al Código Penal y las adiciones a la
Ley de Salud del DF, tal como fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. De la
misma manera, la propia Asamblea podría haber justificado no sólo la eutanasia
pasiva u ortotanasia —como lo hizo al aprobar por unanimidad la Ley de Voluntad
Anticipada— sino la propia eutanasia activa. En una decisión se vio progresista y
en otra conservadora.

3. No existe conflicto de derechos entre los de la mujer y los del embrión-feto.
Simplemente, estos últimos no son titulares de derechos fundamentales. Por lo mismo,
el Estado debe utilizar todos los recursos a su alcance para salvaguardar los derechos
de la mujer. De la misma manera, cuando el paciente decide autónomamente
que se le prive de la vida, o bien, ha dejado de ser un agente moral, es justificable la
eutanasia activa y, de nueva cuenta, no existe un conflicto de derechos.

I

Con respecto a la primera tesis, y en concreto sobre el valor de la {cientificidad,} para
Carpizo y Valadés las conclusiones aportadas por la ciencia constituyen el punto de
partida para cualquier justificación ética y jurídica. En el tema del aborto las aportaciones
de la ciencia por lo que hace a la comprensión de lo que debamos entender
por “vida humana” y el desarrollo embrionario y fetal son, sin duda, razones de una
enorme relevancia argumentativa. Dígase lo mismo con respecto a la eutanasia, para
la determinación de una enfermedad crónica o terminal, el estado vegetativo persistente,
la sedación paliativa o, simplemente, la muerte del paciente. El libro no escatima
en citas referidas al estado del arte de la ciencia y ésta es una de sus virtudes.

Por lo que hace a la {laicidad}, estoy convencido que constituye el terreno común
desde el cual podemos deliberar sobre temas como el aborto y la eutanasia. Y no creo
exagerar si digo que el valor de la laicidad es uno de los hilos conductores del libro.
Los enunciados de fe, las verdades reveladas, las premisas que no puedan someterse
a un análisis empírico-racional, no parecen ser los candidatos idóneos, no sólo para
una discusión seria sobre el aborto y la eutanasia, sino para cualquier razonabilidad
posible en las actividades de los tres poderes del Estado, a saber, en la justificación
de su actividad administrativa, en la exposición de motivos y considerandos de sus
leyes y en las motivaciones judiciales.

Para Carpizo y Valadés la laicidad no está reñida con las convicciones religiosas
en la medida en que éstas queden reservadas al ámbito privado. Laicidad, entonces,
no es sinónimo de ateísmo o laicismo militante. Lo que no sería aceptable es que el Estado usara recursos públicos para
promover esas convicciones religiosas,
o se abstuviera de actuar en razón de
una religión de Estado que se impusiera
dogmáticamente en perjuicio de aquellos
ciudadanos que no la comparten o
que simplemente se consideran agnósticos.
Esta es la razón por la que el Estado
debe hallarse en disposición de ofrecer
los servicios de aborto y eutanasia sin
cuestionamientos de orden religioso o
metafísico, pero por supuesto también,
sin obligar a aquellas personas que por
sus mismas convicciones no deseen
abortar o practicar la eutanasia. En términos
de Diego Valadés: “Lo importante
en un Estado constitucional no consiste
en imponer ni en proscribir credos, sino
en prescribir la más amplias libertades a
favor de todos los integrantes de la comunidad
estatal”.

En cuanto al {pluralismo democrático}
pienso que las reformas aprobadas por
la Asamblea Legislativa del DF en materia
de aborto se ajustan plenamente al
mismo. Tales reformas cumplen, como
sostiene Jorge Carpizo, con las condiciones
de posibilidad para el ejercicio
democrático por lo que hace al respeto
a la autonomía de las personas, la tolerancia
a las mujeres que deciden no
abortar, el fortalecimiento del principio
de libertad y pluralidad de pensamiento,
etcétera, y, también, por una última
razón que tiende a descuidarse o restarle
importancia: porque las reformas
han sido expedidas por los órganos
legislativos, cuyos integrantes fueron
elegidos democráticamente. Es por esta
razón que tales reformas gozan de
una {presunción de constitucionalidad} en
el marco de un Estado democrático y
constitucional de derecho. Esto quiere
decir que si la norma examinada por
el juez constitucional admite una interpretación
conforme a la Constitución
—yo diría incluso que el juez constitucional
debe poner toda su voluntad
para interpretar la norma de acuerdo
con la Constitución— entonces el juez
constitucional está obligado a apegarse
a ella para respetar la voluntad del órgano
legislativo que fue electo democráticamente
y que representa la voluntad
del electorado, salvo, claro está
—como enfatiza Carpizo—, que tales
normas fueran notoriamente inconstitucionales,
pero recalco {notoriamente.}
Como sabemos, la Ley de Voluntad
Anticipada del Distrito Federal no fue
objeto de alguna acción de inconstitucionalidad
y ello refleja, como afirma
con razón Valadés: “el ánimo de superar
las reservas posibles y de alcanzar
una votación unánime”. Fue un esfuerzo
democrático, sin duda valioso, pero
como veré en seguida, sobre una base
común muy conservadora.

{{II}}

Por lo que hace a la segunda tesis, y siguiendo
a un filósofo inglés, Peter Strawson,
propongo una definición de persona
bastante general y convencional, y útil
para el tema del aborto y de la eutanasia.
Persona es un ser “al que podemos
atribuir {tanto} propiedades corpóreas
{como} estados de conciencia”.1 A partir
de esta definición y de acuerdo con el
“estado del arte” de la ciencia, no tiene
ningún sentido penalizar el aborto en las
primeras 12 semanas. En palabras de los
científicos Ricardo Tapia, Rubén Lisker
y Ruy Pérez Tamayo: “El embrión de 12
semanas no es un individuo biológico
ni mucho menos una persona, porque:
a) carece de vida independiente, ya que
es totalmente inviable fuera del útero,
al estar privado del aporte nutricional y
hormonal de la mujer; b) aunque posee
el genoma humano completo, considerar
que por esto el embrión de 12 semanas
es persona obligaría a aceptar también
como persona a cualquier célula u órgano
del organismo adulto, que también
tienen el genoma completo […]; c) a las
12 semanas el desarrollo del cerebro está
apenas en sus etapas iniciales, ya que
sólo se han formado los primordios de
los grupos neuronales que constituirán el
diencéfalo (una parte más primitiva del
interior del cerebro) y no se ha desarrollado
la corteza cerebral ni se han establecido
las conexiones hacia esta región, que
constituye el área más evolucionada en
los primates humanos. Estas conexiones,
indispensables para que pueda existir la
sensación de dolor, se establecen hasta
las semanas 22-24 después de la fertilización;
d) por lo anterior, el embrión de 12
semanas no es capaz de tener sensaciones
cutáneas ni de experimentar dolor, y
mucho menos de sufrir o de gozar”.2

Se ha argumentado desde el punto de
vista metafísico que el cigoto es potencialmente
una persona y dado este carácter
potencial debe ser protegido como
cualquier otra persona. (No me detengo
a analizar la creencia de que en el momento
de la fecundación Dios infunde
el alma en el cigoto. Esta es una creencia
respetable, pero sin ningún sustento
empírico-racional.) Vale la pena recordar
lo que entiende el padre de la noción de
“potencia”, Aristóteles, cuando la define
en los siguientes términos: “Toda potencia
es a la vez una potencia para lo opuesto;
pues todo lo que tiene la potencia de
ser puede no ser actualizado.
Aquello, entonces, que es capaz
de ser puede ser o no ser.
[…] Y aquello que es capaz de
no ser es posible que no sea”.3

Un óvulo fecundado puede
tanto convertirse en una
persona real como no convertirse
en nada ulterior,
como es claro en la cantidad
de óvulos fecundados que no
terminan en el proceso de
anidación o son desechados
en abortos naturales.

Pienso que los argumentos
aducidos por la Asamblea Legislativa
para justificar la despenalización
del aborto en las 12 primeras
semanas en respuesta a las acciones
de inconstitucionalidad presentadas por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y por la Procuraduría General de
la República son impecables, y a la luz
del capítulo presentado por Jorge Carpizo,
desde mi punto de vista, irrebatibles.
Lo que no deja de sorprenderme es por
qué la Asamblea no arriesgó más en el
caso de la eutanasia y no aprovechó ese
momento único para que, con el mismo
temple liberal y laico que mostró con el
aborto, justificara no sólo la eutanasia
pasiva o como la denominó “ortotanasia”,
sino también la eutanasia activa. El
solo hecho de no querer usar el término
“eutanasia” y de denominar a esta ley de
“voluntad anticipada” hace pensar si en
verdad en algún momento los legisladores
se propusieron entrar al tema controversial
o sólo fue una pared de humo
para eludir el problema. En todo caso
el consenso democrático alcanzado, si
bien loable en el acuerdo de hacer valer
la autonomía del paciente, tuvo tintes
muy conservadores porque concibió
tal autonomía de una forma restrictiva.
Pienso que tales restricciones respondieron,
finalmente, además de a razones de
carácter prudencial de tipo político, a
convicciones religiosas. Por ello, estoy de
acuerdo con Diego Valadés cuando afirma
que: “Por ahora puede considerarse
que la adopción de la eutanasia pasiva en
el Distrito Federal, es un avance plausible,
pero queda pendiente su extensión
al resto del país y la admisión legislativa
de la eutanasia activa. Es deseable que
sean reformadas las normas vigentes,
para superar los numerosos vestigios de
principios religiosos que, siendo respetables,
no se avienen con la naturaleza
secular del Estado”.

Y como bien agrega: “Aun sin esas
reformas, muchos avances serían posibles
mediante la aplicación del artículo
primero constitucional por parte de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación”
pues “todas las restricciones legales basadas
en criterios religiosos son contrarios
al artículo primero constitucional,
en tanto que resultan discriminatorios
para quienes no profesan esas convicciones”.
Más claro imposible para el
paciente que quiera hacer valer por vía
judicial su autonomía personal.

{{III}}

Si aceptamos las dos tesis anteriores, y
pasamos a la tercera tesis, no tiene sentido
plantearse, desde el punto de vista de
la filosofía jurídica, la posibilidad de un
conflicto de derechos. Nuestra Constitución,
como lo muestra claramente Jorge
Carpizo, no se refiere explícitamente al
derecho a la vida humana. Lo
hace implícitamente en tanto
defiende, garantiza, los derechos
fundamentales de la
persona; pero cuando la Constitución
se refiere a la persona
como titular de derechos y libertades,
lo hace en relación al
ser que ya nació. En la ley secundaria,
en los códigos civiles
del DF y federal, el embrión y el
feto se consideran personas para
los efectos que explícitamente
señalan esos códigos, como
son los derechos sucesorios,
siempre y cuando acontezca el
nacimiento y ese ser se presente
vivo ante el juez del Registro Civil.

Ahora bien, entender que el embrión
y el feto no son personas desde el punto
de vista filosófico-jurídico: ¿significa
que quedan desprotegidos de la tutela
constitucional? No. Para ello es importante
tener presente la distinción muy
afortunada, que nos recuerda Jorge Carpizo,
entre “bienes tutelados” y “titulares
de derechos fundamentales”. El embrión
y el feto son bienes tutelados, pero no
son titulares de derechos fundamentales.
De muchos recursos naturales o del
mismo patrimonio cultural de la nación
decimos que son bienes tutelados por
la Constitución, pero de ninguno de
estos bienes decimos que son titulares
de derechos fundamentales. Lo mismo
sucede con el embrión y el feto. Así lo entendió, por ejemplo, la Corte Constitucional
colombiana en un fallo del 10
de mayo de 2006. En este fallo se destacó
la no equivalencia entre el nasciturus
y la vida humana de la mujer con todos
los derechos de esta última: a su cuerpo,
a su sexualidad y reproducción, a su intimidad,
etcétera.

Por lo tanto, penalizar la interrupción
del embarazo en las 12 primeras semanas,
si partimos de la asimetría existente
entre la vida humana de la mujer, por
un lado, y el embrión y el feto, por el
otro, sería una verdadera violencia a los
derechos fundamentales consagrados en
nuestra Constitución y en la normatividad
internacional. Parafraseando a Luis
Villoro, atentaría:

a) contra el derecho de todo individuo
a decidir sobre su propio cuerpo, es
decir, violenta el derecho a la privacidad
de la mujer;

b) contra el derecho de todo individuo a
decidir su propio plan de vida y realizarlo,
es decir, violenta el derecho a
la autonomía de la mujer;

c) contra el derecho de todo individuo
a la preservación de la salud, a su
integridad física y mental, es decir,
violenta el derecho a la dignidad de
la mujer;

d) contra la equidad, porque la penalización
del aborto es un factor más
de discriminación, ya que la mayoría
de las mujeres no puede pagar los
abortos ilegales caros y bien practicados,
es decir, violenta el derecho a la
igualdad de la mujer.4

Finalmente, por lo que hace a la eutanasia,
Valadés dedica un último apartado
de su texto —con un fino análisis
filosófico— a dilucidar el concepto de
dignidad. Coincido con él en la complejidad
del mismo y en la idea de que de
alguna forma el concepto está ligado a
la noción de derechos humanos. Así lo
vio también Joel Feinberg cuando afirma
que: “Lo que se llama ‘dignidad humana’
puede ser simplemente la capacidad
reconocible de alegar (exigir) derechos
({claims}). Respetar a una persona o pensar
que posee dignidad humana significa
simplemente concebirlo como un ser
potencialmente capaz de alegar derechos
({a potencial maker of claims})”.5

O bien, en los términos de Ernesto
Garzón Valdés, comentando la idea de
dignidad en Kant: “Dado que tratar
a una persona como fin en sí mismo
implica respetar los fines que se autoimpone,
sus objetivos, proyectos, el
principio de dignidad humana exige
el respeto de las elecciones humanas.
No es posible prescindir de la libertad
personal de los gobernados”.6

De lo que no estoy tan seguro es
si el concepto de dignidad deba de
comprenderse a partir de la noción de
“autonomía cultural” como propone
Diego Valadés y no sé si me convence
su analogía por contraposición con el
concepto de “soberanía estatal”. A diferencia
del autor pienso que el concepto
de dignidad entendido como atributo
de las personas sigue teniendo “ecos
jusnaturalistas” o, simplemente, metafísicos,
y es con esta connotación como
es usado en el artículo primero de la
Ley de Voluntades Anticipadas. Desde
mi punto de vista, y en clara conformidad
con el pensamiento kantiano,
una persona es digna en la medida en
que sea capaz de proponerse fines racionalmente,
es decir, en la medida en
que sea autónomo. En todo caso, y creo
que Diego Valadés estaría de acuerdo,
si algún concepto de soberanía se puede
hacer valer para entender la noción
de dignidad es aquel que tiene que ver
con la concepción del individuo soberano
de J.S. Mill. Si es así, su posición
me parecería inobjetable.

Si un individuo, para ejemplificar con
un caso extremo, es incapaz de consentir
una acción y de acuerdo con el estado
del arte de la ciencia no es posible determinar
que exista conciencia de dolor o
de sufrimiento, en lo que se ha dado en
llamar un estado vegetativo persistente,
entonces tal individuo no es una agente
moral y, por lo mismo, no es digno, no
es persona. Como dije, una persona es
digna porque es autónoma, no al revés.
Los que anteponen la dignidad a la autonomía,
como una especie de atributo,
construyen una ficción metafísica que
nos remite de nueva cuenta a la creencia
en algo inmaterial y absoluto presente
en el individuo aun cuando éste sea
incapaz de cualquier agencia racional
o estado de conciencia. Sólo bajo este
supuesto, que no se sujeta a ningún
criterio empírico-racional, es posible
defender la prohibición de la eutanasia
activa. Por el contrario, en el caso extremo
que mencioné, y en el entendido de
que la dignidad se funda en la noción
de autonomía personal, se justificaría
razonablemente privar de la vida al sujeto
pasivo a partir de un “utilitarismo
restringido” (Atienza) o de un “balance
utilitarista moderado” (Farrell), bien sea
para aliviar el dolor de terceros, minimizar
los costos económicos, o bien, para
hacer uso de los órganos o disponer de
los recursos hospitalarios para otros pacientes.
Y en estas situaciones, de igual
manera, no tiene ningún sentido hablar
de un conflicto de derechos entre los del
sujeto pasivo —a la vida, a la integridad
física o a la dignidad, porque simplemente
no se les puede atribuir— y los
posibles derechos de terceros que hicieran
valer su decisión para los propósitos
que he señalado. {{n}}

1 Meter Strawson, {Individuals. An Essay in
Descriptive Metaphysics}, Methuen and Co.,
Londres,1959, cap. 3.

2 Recojo estas razones de Ricardo Tapia, Rubén
Lisker y Ruy Pérez Tamayo, entre otros científicos,
miembros del Colegio de Bioética A.C.
Véase {{nexos}}, núm. 343, julio de 2006.

3 {Metafísica}, 9.8.1050b.

4 Véase Luis Villoro, “¿Debe penalizarse el
aborto?”, en Margarita Valdés (comp.), {Controversias
sobre el aborto}, UNAM-FCE, México,
2001, pp. 247-248.

5 Véase Joel Feinberg, {Rights, Justice, and the
Bounds of Liberty,} Princeton University Press,
1980, p. 155.

6Ernesto Garzón Valdés, “¿Cuál es la relevancia
moral del concepto de dignidad humana?”,
en {Cátedra Ernesto Garzón Valdés} 2005, Fontamara,
México, 2006, p. 55.

Texto leído el 12 de marzo de 2008
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, en la presentación del libro
de Jorge Carpizo y Diego Valadés,
{Derechos humanos, aborto y eutanasia,}
IIJ-UNAM, México, 2008.