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{{De la epopeya posrevolucionaria al centralismo}}

La promoción, organización y difusión de la cultura ha tenido cuatro
protagonistas en México: el Estado, los medios de comunicación
y la internet, las instituciones académicas y grupos aislados de la
sociedad civil. El único que desarrolló lo que podría llamarse una política
cultural persuasiva y continua fue el Estado.

En 1921 Álvaro Obregón nombra a José Vasconcelos titular de la Secretaría
de Educación Pública. Comenzó entonces una época que marcó el futuro de
la educación y la cultura. Obregón elevó el presupuesto de la Secretaría a una
altura nunca vista y Vasconcelos concibió un proyecto que abarcaba todos
los niveles de la educación. Le impuso la tarea de liberar a la población de
la ignorancia y forjar una nación unida, asentada en sus propias tradiciones
históricas y valores culturales.

Obregón y Vasconcelos llevaron a la SEP a un grupo brillante de educadores,
pedagogos, científicos, escritores, poetas, músicos, escultores, pintores, antropólogos, licenciados, arquitectos y administradores y los
puso al mando de las funciones que desde entonces la caracterizaron:
educación, protección del patrimonio arqueológico,
histórico y artístico, promoción y enseñanza de las artes,
construcción de bibliotecas y fomento del libro y la lectura.
Tres años le bastaron para cambiar el semblante de la cultura
mexicana, con base en el nacionalismo que entonces se propagó
en el país.

Con todo y sus inmensas virtudes, el proyecto vasconcelista
nació con deformidades que se han vuelto tumores. Quizá la
más negativa fue el centralismo que hoy marca la política cultural.
De 1940 a 1980 la infraestructura cultural creció a ritmo
acelerado pero se concentró en la ciudad de México.

El segundo rasgo negativo fue su dependencia del gobierno
y de los vaivenes de la voluntad presidencial. El lazo político
con el gobierno en turno y la carencia de autonomía presupuestal
hicieron de las instituciones culturales dependencias
del ejecutivo.

El tercer desafío es el distanciamiento de muchas instituciones
culturales de la sociedad que las sustenta con sus impuestos.
Desde los años setenta están más atentas a las señales de la
burocracia política que a las necesidades de la población.

El cuarto factor que impide la renovación y actualización
del aparato cultural es la obsolescencia de las leyes que las
regulan. En medio siglo el país ha experimentado transformaciones
radicales, pero salvo excepciones, las instituciones culturales
federales y locales carecen de un marco legal actualizado
que les fije una orientación y función social específica.

{{La ingeniería institucional mexicana}}

La estructura institucional para la cultura en México, como
en otros países latinoamericanos, nació en los años sesenta,
con la creación de una Subsecretaría de Cultura. A partir del
modelo francés, se aglutinó la cultura en tres grandes campos:
conservación del patrimonio, fomento a las artes y difusión
cultural incluida en éstas la promoción de la lectura.

En el marco de la llamada reforma del Estado y la “modernización”
de Carlos Salinas de Gortari, se da la creación del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el
7 de diciembre de 1988, con el fin de ejercer las “atribuciones
de promoción y difusión de la cultura y las artes”.1 Por decreto
presidencial adquiere rango de órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Educación Pública.

Conaculta se creó para “dar congruencia a las instituciones”
que dependían de la Subsecretaría de Cultura y responder a las
“nuevas demandas culturales”, se dijo en el Programa Nacional
de Cultura 1990-1994. A diferencia de otras experiencias como
la de Holanda o Chile, donde los Consejos son constituidos por
artistas e intelectuales que intervienen en la política pública, en
México concentró una diversidad de instituciones culturales.

Conaculta se comprometió a una “revisión a fondo del funcionamiento
de las instituciones públicas para la promoción y
la difusión de la cultura y las artes, además de la modernización
de los ordenamientos jurídicos que las rigen, conforme a
las necesidades del mundo de hoy”.2 A casi veinte años de su
nacimiento esta tarea ha quedado pendiente, pese a las diversas
iniciativas y debates que se han realizado.3

De cara al Centenario de la Revolución Mexicana, la organización
de la institucionalidad en la cultura tiene que ser
evaluada y repensada, no en relación con la gestión de uno u
otro funcionario, sino frente a las actuales necesidades de la
sociedad y la cultura mexicanas en pleno siglo XXI.

{{La cultura en los márgenes del desarrollo}}

En el ámbito internacional la cultura se ha convertido en un
sector emergente de inversión pública y privada. Un estudio
realizado por American For The Arts y el National Endowment
For the Arts (NEA), concluye que en 2005 las actividades
artísticas de las organizaciones no lucrativas y sus públicos en
Estados Unidos movilizaron 166.2 miles de millones de dólares
y crearon 5.7 millones de empleos de tiempo completo.4
Gracias a dicho estudio y a un intenso trabajo de lobby, el NEA
tendrá un incremento de 35 millones de dólares para 2008.5

Conaculta se propuso “lograr que en los planes de desarrollo
nacional, estatales y regionales, la política cultural ocupe
un lugar crucial”.6 A pesar de que en 1982 el Mundiacult contribuyó
a la Declaración de México sobre Políticas Culturales
donde se reconoció la urgencia de vincular la cultura con el
desarrollo, ésta vive en condiciones de marginalidad.

Los objetivos fijados de origen a Conaculta: “la protección
y difusión del patrimonio cultural, el estímulo a la creatividad
artística y la difusión del arte y la cultura”, se relacionaron más
con la tradición del siglo XIX que con los retos del XXI.

En los documentos oficiales la cultura suele ser indefinible.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 vuelve al discurso etéreo. La cultura es “la suma de lo mejor del pasado y del presente”,
o el “colorido de expresiones que distinguen al país en
el mundo”, a pesar de estar ubicada en el rubro de Desarrollo
Humano Sustentable.7 ¿Cómo hacemos política pública para
un rico colorido?

La cultura vive la falta de reconocimiento
en las políticas
públicas de la economía, la comunicación
masiva, el desarrollo
tecnológico, el medio ambiente
y el turismo. No está presente
en las estrategias económicas y
políticas de la vida nacional, ni
tiene estatuto propio dentro de
la estructura presupuestal del
gobierno federal.

Es urgente construir un discurso
más estructurado, transversal,
prospectivo y comunicable
fuera del propio ámbito
cultural que evidencie la importancia
de la cultura y las artes en
la generación de empleo, el bienestar
social, la democracia y la gobernabilidad.

El modelo institucional actual ha conducido en los últimos
años a la aceleración de múltiples desencuentros entre el Estado
y sectores de artistas e intelectuales, al aislamiento de
la oferta cultural respecto a la ciudadanía, a la centralización
excesiva en la toma de decisiones, al surgimiento de una economía
de sobrevivencia entre instituciones y sectores artísticos,
al deterioro de la educación artística, es decir, hacia la
descapitalización del sector cultural.

Sin negar los avances alcanzados en estas dos décadas, ni
las enormes tareas que cumplen las instituciones culturales,
necesitamos reconocer que las bases conceptuales y las visiones
en las que descansa la estructura institucional ya no responden
al potencial artístico ni a las necesidades actuales.

{{Los ciudadanos y la cultura}}

El actual Plan de Desarrollo retoma un anhelo frustrado desde
la posrevolución: “que todos los mexicanos tengan acceso a
la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y
culturales”. Dice que se buscará la participación de los ciudadanos
no sólo en calidad de espectadores, “sino de practicantes”.
Propone el fortalecimiento de la educación artística y la
promoción de cursos y talleres de apreciación artística.8

La educación artística debiera ser un derecho de todos los
ciudadanos y no sólo para quienes desean ser artistas. No es
gratuita su revaloración internacional como inversión para
impulsar la creatividad y la innovación. La UNESCO promovió
un estudio mundial para analizar el impacto de las artes en
la educación, en el cual México
no participó.9

El Conaculta y el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA)
forman parte de la SEP, pero eso
no ha propiciado la generalización
de la educación artística
en las escuelas públicas, ni la
ampliación de la cobertura de la
educación artística no formal. En
México sólo el 4.4% de la población
toma clases de alguna disciplina
artística.10

El INBA ha tenido entre sus
responsabilidades legales impartir
educación artística, “profesional
en todas la ramas de las
bellas artes; de la educación artística
y literaria comprendida en
la educación general que se imparte en los establecimientos
de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y
normal”,11 según reza su Ley de 1946.

A la fecha imparte estudios de iniciación artística, media
superior y superior en 29 planteles con capacidad de atender
entre ocho y nueve mil estudiantes por ciclo escolar. Difícilmente
podrá cumplir su mandato con la estructura institucional,
presupuestaria, laboral y académica actual.

Las relaciones entre el INBA y Conaculta en la educación y
promoción artísticas no son claras. El Centro Nacional de las
Artes (Cenart) carece de reconocimiento legal, dada la indefinición
jurídica del propio Consejo. La solución no radica en
una decisión administrativa de subordinación de uno a otro,
se requiere una reforma integral.

Las universidades públicas imparten carreras artísticas en
desventaja frente a otras disciplinas, dada la falta de reconocimiento
de la especificidad de la educación artística en la
educación superior. Los gobiernos estatales y el Distrito Federal
cuentan con espacios de formación que reclaman nuevos
esquemas académicos y de gestión.12

Existe todavía una falta de conexión entre los diferentes
niveles de estudios, instituciones estatales públicas y privadas
de los estados, falta de apoyo a la investigación y la documentación.
Estos son los desafíos de un posible sistema nacional
de educación artística.

El incumplimiento histórico del acceso y participación ciudadana
en la cultura no obedece sólo a problemas de voluntad
política. Hace falta poner énfasis en la difusión, vincularse con
los medios de comunicación y las redes tecnológicas, poner
en marcha estrategias de desarrollo de públicos, trabajar en
cooperación más que en competencia entre las instituciones,
para acercar la oferta cultural a los ciudadanos. Igualmente,
atender las carencias de infraestructura territorial, poner en
marcha programas de formación artística locales, instancias
de participación, para estimular la creación cultural y no sólo
el consumo.

{{La centralización de las políticas culturales}}

Conaculta estableció una nueva forma de relación con los estados.
Durante 1994-1999 se firman convenios marco entre
la federación y cada estado, se crean fondos estatales para la
cultura y las artes, cinco circuitos regionales, el Programa de
Apoyo a la Infraestructura Cultural, el Sistema de Información
para la Planeación y Evaluación de Políticas Culturales, luego
bautizado como Sistema de Información Cultural, se iniciaron
programas regionales como el de las Huastecas.

A partir del 2000 se amplió la formación de promotores
culturales y la creación de festivales, se construyeron Centros
de las Artes en Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Baja California,
se instituyó el Sistema de Educación a Distancia del Cenart, a
través de Edusat e internet.

Más que acciones puntuales, los estados reclaman nuevas
reglas de relación que expresen el pacto federal, la construcción
nacional de la política cultural y participar en las decisiones
en torno al destino de los recursos y la gestión del
patrimonio cultural.

Si bien la legislación establece el carácter federal de la normatividad
en materia de patrimonio cultural, expresada en
la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos,
Históricos y Artísticos de 1972, existe un fuerte debate entre
los estados y el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) en torno a las competencias y los términos en que
los estados y los municipios pueden o deben concurrir con la
federación para garantizar la investigación, conservación, uso
y aprovechamiento del patrimonio cultural.

Se requiere un esfuerzo adicional para proteger y salvaguardar
el patrimonio cultural con esquemas de gestión y de aprovechamiento
que beneficien a los estados y a las comunidades, sin
que se subordine el patrimonio a poderes caciquiles locales.

Como en la física cuántica, las transformaciones ocurren
en la periferia. Nuevo León está asignando una nueva prioridad
a la cultura. La empresa privada avanza en ciertos renglones:
los museos Franz Mayer, el Marco, el Museo Amparo,
el Papalote Museo del Niño o el Museo de Antropología de
Xalapa son ejemplos exitosos. La Universidad de Guadalajara
está construyendo un desarrollo urbano basado en la cultura.
La Feria del Libro de Guadalajara es la mejor de habla hispana.
En Oaxaca, las iniciativas civiles tienen gran fuerza cultural,
Campeche recupera el espacio público.

Coahuila inició las transformaciones legales en cultura. Michoacán
ha creado una legislación novedosa con la creación
de un observatorio de políticas culturales, un sistema estatal
de educación artística y el reconocimiento de los derechos
culturales de los michoacanos dentro y fuera del estado.13 La
celebración del Bicentenario y el Centenario de la Independencia
y la Revolución permitirá actualizar parte importante
de la infraestructura cultural.

{{Los riesgos del patrimonio cultural}}

La ley otorga facultades al INAH y al INBA para proteger,
investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural. No
obstante la enorme labor que realizan, esas instituciones necesitan
fortalecerse porque carecen de los recursos u otras
competencias para cumplir con esas funciones.

Su reestructuración es necesaria dado su escaso margen
de operación, ya que el 85% de sus recursos son gastos fijos,
tienen una estructura laboral rígida que no permite la renovación
ni el reconocimiento de los saberes acumulados entre
sus especialistas.

La conclusión de los catálogos de los distintos patrimonios
es urgente porque es condición básica para la formulación
de políticas integrales. El registro del patrimonio intangible
requiere de un esfuerzo adicional. El conocimiento tradicional
relacionado con la biodiversidad y el aprovechamiento
del medio ambiente reclama reconocimiento como fuente de
bienestar y mecanismos de apoyo a proyectos comunitarios
sustentables, más aún de frente al cambio climático.

El patrimonio artístico del siglo XX tiene casi como única
forma de defensa las declaratorias de monumento artístico,
pero escasos recursos para hacer efectiva su protección. Casi
todas las zonas arqueológicas viven las presiones del crecimiento
urbano. El debate jurídico respecto al patrimonio y
la definición de nuevos esquemas de gestión institucional y
social resultan ineludibles.

{{La anemia de las iniciativas civiles}}

Al nacer, Conaculta prometió un cambio en la relación entre el Estado y la sociedad civil. Efectivamente, se transitó hacia
un esquema de mayor transparencia en la asignación de recursos
a los creadores. También se dio paso a la cada vez más
frecuente mezcla de recursos públicos y privados.

La creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
institucionalizó mecanismos de estímulo a la creación, ya no
basados en decisiones personales de funcionarios poderosos.
Asimismo, abrió la posibilidad de apoyar las iniciativas civiles
al crear subfondos para obtener donativos deducibles
de impuestos.

No basta con atender las escasas instituciones públicas
que operan en este campo, hace falta favorecer las iniciativas
autónomas de empresas creativas o culturales. Es vital para
transformar el escenario centralizado de la gestión gubernamental
de la cultura. Recientemente la Secretaría de Cultura
del Distrito Federal inauguró el programa {Imaginación en
Movimiento}, para impulsar la creación y acompañamiento de
empresas culturales en la ciudad de México.14

Las posibilidades de ampliación del mercado interno, la
generación de empleos creativos, la apertura de alternativas
formativas, artísticas y expresivas entre la población depende
del estímulo a la organización productiva de las iniciativas
civiles. La política pública federal no se ha pronunciado
al respecto.

{{La debilidad jurídica y la economía
de las instituciones}}

En la cultura se viven tiempos de sequía. No es que no haya
recursos. Sí los hay, pero son insuficientes para atender necesidades
pospuestas, a una creciente población, a estados
con mayor capacidad de propuesta y de acción. El presupuesto
del Conaculta se ha mantenido por debajo del 1%
del gasto público.

El presupuesto parece tener sus límites en la captación de
recursos fiscales, pero más bien se requiere un esfuerzo deliberado
de interacción intersecretarial con los sectores económicos,
la Hacienda pública, la comunicación y el turismo,
frente a los cuales las instituciones culturales tienen una débil
interlocución. No se trata de subordinar la cultura en términos
de contenidos, sino de darle visibilidad y coherencia en un
proyecto sustentable de desarrollo nacional que ponga en el
centro al ciudadano.

La reforma del Estado no ha llegado al sector cultural porque
no tiene autonomía. Este sector no puede seguir dependiendo
de negociaciones de buena voluntad con el ejecutivo o
el legislativo. La suerte de los diferentes campos artísticos, del
patrimonio cultural y de la economía de la cultura no puede
seguir atada a los vaivenes sexenales y menos a una postura
partidista de cualquier color.

Mientras no exista una legislación que defina nuevas prioridades,
responsabilidades y esquemas de gestión, las instituciones
culturales pueden ir en una u otra dirección, dependiendo
de quién está al frente de ellas. Si a ello se suma la
falta de cuadros formados, el panorama se vuelve difícil. La
profesionalización del sector cultural requiere la definición de
perfiles profesionales, más allá del Servicio Civil de Carrera.

El trazo de la política pública ha carecido de una visión
estratégica más allá del sexenio. Se ha basado en la agregación
de instituciones inconexas o con relaciones intermitentes que
impiden actuar de manera integral. Conaculta se creó por un
decreto jurídico presidencial que entró en conflicto con la
existencia del INAH y el INBA.

La solución no es desaparecer uno u otro, sino formular un
nuevo consenso social respecto al lugar del Estado en la cultura
y de ahí derivar un proceso graduado de reestructuración,
pero con sentido de futuro.

El programa de cultura no podrá ir más allá sin una reforma
estructural que le permita reorganizarse, desburocratizarse
y aprovechar el capital humano y la infraestructura con una
nueva visión.

Necesitamos reconectar el espacio público con la energía
social, construir políticas culturales desde los ámbitos comunitarios,
escolares, territoriales, con los artistas, los jóvenes, las
iniciativas de la sociedad civil, los estados y los municipios. La
nueva actitud del poder legislativo en materia de cultura abre
posibilidades para asumir nuevos retos.

{{Centenario, legitimidad y cambio}}

La legitimidad institucional del sector cultural en México se
basa en lo que Max Weber llamaba el “eterno ayer”, el “culto
al origen”, en el respeto consuetudinario a lo que ha existido
hasta ahora, en la “obediencia a las obligaciones legalmente
establecidas”,15 con independencia de que se cumplan o no,
funcionen o no, en una realidad compleja. Es una legitimidad
tradicional a la que habría que anteponer las necesidades contemporáneas
de la sociedad y de la cultura.

A punto de cumplir 100 años de la revolución más profunda
de América Latina es necesario reconocer que el esquema
de la institucionalidad mexicana exige cambios profundos que
recuperen la tradición, aprovechen lo logrado y rompan al
mismo tiempo con lo que nos detiene.

Recuperar el valor y la fortaleza de las instituciones culturales
mexicanas es una tarea fundamental, sin que ello signifique
inhibir a la sociedad en su quehacer propio. {{n}}

1 “Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes”, {Diario Oficial de la Federación}, 7 de diciembre de 1988.

2 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, {Programa Nacional de
Cultura 1994-2000}, p. 29.

3Se conocen 11 iniciativas de ley para dar ordenamiento al sector. Hay más
de 600 disposiciones jurídicas de diverso orden, jerarquía y ámbitos de competencia.
Entre los debates más recientes se encuentran los realizados por la
Cámara de Diputados y el Parlamento Alterno de Cultura, entre otros.

4 American For The {Arts, Arts & Economic Porsperity: The Economic Impact
of Nonprofit Arts Organizations and Their Audiences}, Washington,
2005. http://www.artsusa.org/pdf/information_resources/research_information/
services

5www.artusa.org/informacion_resources_information/services/economic_
information

6Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. {Ibíd}., p. 29.

7{Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012}.

8Plan Nacional de Desarrollo.http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/
intex.php?page=cultura-arte-deporte-y-recreacion

9 Bamford, Anne, {The Wow factor; global research compendium on the
impact of the arts in education}, Waxmann Münster, New York, 2006.

10 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. {Ibíd}., p. 167.

11 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, {Ley que crea el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura}, 31 de diciembre de 1946.

12 Recientemente se dará paso a la creación del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior de las Arte, nacido de una iniciativa de la
Universidad Veracruzana, el cual será encabezado por Elka Fediuk.

13 Jiménez, Lucina, “Escrito en Voz Alta Legislar en cultura: Michoacán”,
{El Universa}l, 23 de septiembre de 2007, p. 22.

14 “Microcréditos a creadores en la ciudad de México”, {El Universal} (Cultura), 21 de septiembre de 2007, p. 22.

15 Weber, Max, {El político y el científico}, Alianza Editorial, Madrid,
1989, p. 85.