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{{Del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C.}}

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 09 de enero de 2008

Sr. Héctor Aguilar Camín

Revista {{nexos}}

Con atención seguimos su crónica en tres partes de “Regreso a Acteal” (números
358, 359 y 360 de la revista {{nexos}}). Con el interés de entender el propósito y la
dirección que le pretendía dar a su escrito, hemos sido pacientes observadores del
debate suscitado en diversos medios de comunicación, ámbitos sociales, civiles y
gubernamentales.

A la luz de estos debates entendemos que su escrito tiene un sesgo interpretativo
que responde a un concierto de intereses que pretenden desvirtuar los hechos y la
naturaleza misma del conflicto armado en Chiapas. Ese sesgo parte de imprecisiones
y omisiones que se vuelven serias a la hora de querer dimensionar lo que ocurrió y lo
que provocó la masacre de Acteal. Lo expondremos de la siguiente manera:

{{a) Sobre la existencia de grupos de autodefensa o grupos paramilitares}}
Su texto sigue la línea desarrollada por la Procuraduría General de la República
(PGR) en el “Libro Blanco de Acteal”. En resumidas cuentas usted afirma que dada la
violencia zapatista y las presuntas manos atadas de las fuerzas de seguridad, ejército y
policía, de manera espontánea y como defensa, diversos grupos se armaron aunque
después la defensa se volvió ataque (capítulo 1, “Regreso a Acteal II: El camino de
los muertos”, {{nexos}} 359, p. 65). En esta visión se presupone un terrible enfoque discriminatorio
hacia los indígenas que al igual que la PGR, pretende mostrarlos como
bárbaros en la forma en que dirimen sus conflictos; la segunda implicación es que
induce a pensar que el Estado, impotente, se encontraba en el medio.

Múltiples testimonios de las víctimas han señalado la vinculación estrecha entre
esos grupos armados y la policía. Vinculación que sin embargo no era sólo de
complicidad sino de subordinación. Resulta interesante que no haya reparado en lo
que Carlos Marín señala al defenderlo de sus críticos, en el periódico {Milenio} el 29
de octubre pasado: que existía un plan elaborado por el ejército mexicano, denominado
Plan de Campaña Chiapas 94. “Plan del Ejército en Chiapas, desde 1994: crear
bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN,
publicada el 3 de enero de 1998”, en la revista {Proceso}, que “parecía corresponder a
una estrategia contrainsurgente precisa, diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría
de la Defensa Nacional”, en la que “los servicios de Inteligencia Militar debían organizar
secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos,
pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico,
quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones”, además de consignar,
“que a principios de 1997, en Santa Martha y Pechiquil; en Yaxjemel, Los Chorros
y Puebla —éstos en la región de Chenalhó— comenzaron a funcionar campos de
entrenamiento de organizaciones paramilitares (…)” (periódico {Milenio} del 29 de
octubre de 2007). El documento del ejército, en manos del Centro Fray Bartolomé
de Las Casas y consultable en nuestra página web (http://frayba.org.mx/articulos.
php?author_ID=29), es cotejable con los hechos suscitados entre 1995 y 1998 en la
zona de conflicto, así como la organización y ubicación del ejército mientras existió
la Fuerza de Tarea Arcoiris.

Levantando la mirada (cosa que no hizo la PGR en “El Libro Blanco de Acteal”)
a la territorialidad (Altos, Selva Norte y Selva Oriental) y temporalidad de la Fuerza
de Tarea Arcoiris (1995-1998) bajo el mando del general Mario Renán Castillo
(1995-1997), resulta impresionante la similitud de acción y constitución de los grupos
paramilitares de Chenalhó, comúnmente denominado Máscara Roja pero conocidos
en la región como “los del PRI”, y de la región Ch’ol, el conocido grupo paramilitar
Paz y Justicia, quien actuaba desde 1995.

Por testimonios de decenas de comunidades desplazadas, se sabe que ambos
grupos compartieron la relación con la policía,
ambos fueron entrenados por militares
en retiro o en vacaciones, ambos desplazaron
a sus opositores, incendiaron poblados enteros,
imponían tareas y cuotas a la población,
encarcelaban, desaparecían y asesinaban
ante los ojos complacientes de las fuerzas
armadas. Incluyendo atentados en contra de
miembros de la COCOPA de aquella época,
de los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz y de
uno de los abogados de este Centro, José Antonio
Montero.

A los paramilitares se les encomendó
“quitarle el agua al pez”, es decir, atacar a la
población civil para aislar a los insurgentes,
de acuerdo a la doctrina contrainsurgente
que bien describe el Plan de Campaña
Chiapas 94. En todos los casos, los ataques
se realizaban en contra de población civil,
indefensa, no importando su filiación sino
su autoadscripción negativa, no ser del PRI
(aún así, este Centro recibió denuncias de
priistas que rechazaron la política violenta
paramilitar y corrieron la misma suerte que
sus opositores).

No señor Aguilar Camín, la más terrible
historia no es la de cómo se “mataron entre
ellos” sino la de un régimen capaz de trazar
una política deliberada de ataques sistemáticos
contra la población civil, es decir crímenes
de lesa humanidad, un régimen que
hasta la fecha se mantiene cómplice de esos
crímenes. En el fondo la más terrible historia
es la de cómo los mexicanos permiten un
régimen político asesino.

{{b) De lo que sucedió en el campamento de
Los Naranjos o Acteal el día 22 de diciembre
de 1997}}

El campamento de Los Naranjos no era un
poblado, sino eso, un campamento de desplazados
de la Sociedad Civil Las Abejas. El clima
de amenazas y agresiones en el municipio hacían
que fuera infructuoso refugiarse en ningún
lado, por lo que decidieron no moverse y
permanecer en el lugar orando, pero además,
el terreno escabroso en el que se encuentra el
campamento Los Naranjos y el movimiento
envolvente de los atacantes no dejaba más salida
que la que llevaba al destacamento de la
policía a 200 metros del lugar. En los manuales
del ejército se le denomina la estrategia del
yunque y el martillo: los paramilitares hacen
la vez de martillo mientras la policía hacía la vez de yunque para lograr lo que finalmente
ocurrió, cortar el paso a un posible escape.

Queremos resaltar que, al contrario de lo
que narra en su tercera entrega ({{nexos}} 360),
no fue un grupo de nueve personas quienes
atacaron. De acuerdo a los testimonios de
las víctimas, que existen en los expedientes
respectivos, fueron al menos cuatro grupos
de atacantes, varios de los cuales llegaron
en compañía de la propia policía del estado
a bordo de camionetas oficiales. Para más
detalle podrá consultar, también en nuestra
página web, el informe que hemos publicado
recientemente “Acteal a 10 años” (http://frayba.
org.mx/informes.php).

Aquí quisiéramos recordar que desde
las 12 del mediodía del mismo 22, el padre
Gonzalo Ituarte, Vicario de Justicia y Paz de
la Diócesis, enterado de los disparos, habló
a las oficinas del Gobernador para avisar de
los hechos. Ese mismo día, el transmisor de
la Cruz Roja en la región extrañamente fue
robado. El ataque duró, de acuerdo a los testimonios
de sobrevivientes y testigos, alrededor
de siete horas y sin embargo el gobierno
no actuó para impedir o detener la masacre.

{{c) Sobre los detenidos y procesados}}
La defensa de los presos promovida por el
CIDE, dice que hay inconsistencias en el expediente.
Que los atacantes en realidad eran
nueve y no 80, que los casquillos no concuerdan
con las armas incautadas, que en 45
metros no caben 300 personas, que la ermita
no presenta disparos, que los detenidos no
presentaron positivo la prueba de rodizonato.
Que se violaron los derechos procesales de
los detenidos.

Los primeros balazos se concentraron
en la ermita y aún a la fecha se pueden ver
los orificios de las balas en sus paredes de
madera. En los expedientes obran dictámenes
periciales, tales como el Informe de
Observación Criminalística de fecha 26 de
diciembre de 1997 realizado en Acteal por
la PGR (Causa Penal 223/97 y su acumulada
201/97, tomo II, páginas 1121-1126) en el
que se hace constar la existencia de “Daños
producidos por proyectil de arma de fuego” a
la ermita católica del campamento de Acteal.
Asimismo, existe en los expedientes peritaje
del Dr. Enrique Sánchez Sánchez, perito
en criminalística de la CNDH (Causa Penal
223/97 y su acumulada 201/97, tomo IV, Peritaje
en Audiometría, páginas 2607-2635),
que sin embargo la defensa ignora.

Los que se encontraban dentro de la
ermita, en su mayoría mujeres y niños, algo
que no se puede olvidar, salieron corriendo
tratando de proteger su vida. Los cuerpos
quedaron dispersos en diversas partes del
campamento, y posteriormente fueron depositados
en una grieta de 45 metros, por los
paramilitares o por Uriel Jarquín y sus acompañantes,
Jorge Enrique Hernández Aguilar
y David Gómez Hernández.

Jorge Enrique Hernández Aguilar, entrevistado
por usted en el número 360 de {{nexos}},
fue señalado en su momento por Antonio
Del Carmen López Nuricumbo, comandante
de la zona Chenalhó de la Seguridad Pública,
quien declaró ante la PGR que “nos gritaba
el Lic. Jorge Enrique Hernández Aguilar que
nos apresuráramos de levantar los cadáveres
para que no fueran a llegar los periodistas”.
Jorge Zavaleta Urbina, coordinador del grupo
“A” de Seguridad Pública. Este funcionario
declaró que tanto Jorge Enrique Hernández
Aguilar (Secretario Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública) como el Lic.
David Gómez Hernández (Subprocurador
de Justicia Indígena), ordenaron que inmediatamente
se sacaran los cuerpos. “Quiero
manifestar que la forma en que lo hicieron
fue de una manera altanera, sobre todo cuando
se dirigían al comandante Roberto García
Rivas. En esos momentos el Lic. Hernández
Aguilar gritaba que los cuerpos debían ser sacados
antes del amanecer” (Expediente Penal
27/98, tomo II).

Cabe recordar que el Lic. Jorge Enrique
Hernández Aguilar estuvo en los ataques de
paramilitares en Chicomuselo el 10 de enero
de 1995 en su primera acción de gran escala
como Procurador General de Justicia del Estado
(CDHFBLC Alzamos la Voz por la Justicia,
p 44); en los asesinatos de Piedra Parada, Venustiano
Carranza y en San Pedro Nixtalucum,
El Bosque (CDHFBLC No olvidaremos).

Como se ha denunciado desde hace 10
años, en el ataque fueron utilizados machetes
y armas de fuego. Los testimonios de las
víctimas coinciden con la fe ministerial del
levantamiento de cadáveres, cuya relación
transcribe en la edición 360, que señala que
de los 45 cuerpos, 20 presentaron lesiones
producidas por armas blancas corto contundentes,
punzo cortantes, contuso cortantes,
cortantes y contusas; 15 de los 20 correspondían
al sexo femenino y cinco al masculino
(Causa 224/97, tomo 1). Doce de estas muertes
fueron a consecuencia de dichas lesiones,
incluyendo en algunos casos machacamiento
de cráneo, y uno de los cuatro cadáveres de
las mujeres embarazadas, el cuerpo dieciséis,
presentaba “herida de aproximadamente seis
centímetros de diámetro, con expulsión de
vísceras en región intercostal izquierda”, la
necropsia de ley señala que el cadáver 16
“falleció a consecuencia de perforación de
viseras (sic) intratoraxicas por proyectil de
arma de fuego penetrante a cavidad y exposición
de visera abdominal al medio ambiente,
atra vez (sic) de herida corto contundente,
penetrante a cavidad abdominal” (Expediente
27/98, tomo 1).

A pesar de lo anterior y de los testimonios
de testigos, la PGR en su “Libro Blanco
sobre Acteal”, aseguró que “ninguno de los
cuatro cadáveres femeninos que presentaron
embarazo, tenían lesiones cortantes de origen
traumático en la región del abdomen ni en
los genitales” ({op. cit}., p. 104).

En lo que respecta a las armas de fuego,
existen aseguradas al menos cinco de ellas:
una AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, dos rifles
calibre .22, una escopeta calibre 16 y un revólver
calibre .22, y más de 12 mil cartuchos
de 11 diversos calibres, incluyendo expansivos
(Causa Penal 223/97 y su acumulada
201/97, tomo III, páginas 1894 y 1898), que
en detalle podrá verificar en nuestro reciente
informe. Sin embargo, el reducido número de
armas de fuego, no significa que no se hayan
empleado otras más en la masacre; la simple
existencia de tal cantidad de cartuchos de diferentes
calibres, evidencia la necesaria existencia
de múltiples armas. Valga decir que
precisamente una de las denuncias que este
Centro de Derechos Humanos y la Sociedad
Civil Las Abejas hemos venido haciendo a
lo largo de estos 10 años, es que las armas
utilizadas se encuentran en las comunidades;
que la entonces Procuraduría de Justicia
del Estado de Chiapas (PGJE) y la PGR no
realizaron debidamente las investigaciones;
que el hecho de que no se haya preservado
debidamente el lugar de los hechos propició
la pérdida de pruebas, y que ello solamente
obedece a la propia negligencia de las autoridades.
Prueba de ello es que como usted
lo refiere, en diligencias de mayo de 2007, los presos confesos condujeron a las autoridades
al lugar donde escondieron dos armas
más, tipo AK-47 (“Regreso a Acteal III. El
día señalado”, capítulo 2, revista {{nexos}} 360,
diciembre de 2007).

Los primeros detenidos fueron identificados
el 25 de diciembre, tres días después de
los hechos. Evidentemente no presentaban ya
restos de pólvora en las manos. El día de los
hechos, los atacantes convenientemente se retiraron,
antes de la tardía llegada del Subsecretario
de Gobierno Uriel Jarquín, Hernández
Aguilar y Gómez Hernández, cuya primera
acción fue modificar la escena del crimen.

Sobre estos hechos y los responsables
materiales, Las Abejas, más precisamente los
sobrevivientes, han declarado lo que vieron,
y han señalado directamente como responsables
de estos hechos, entre otros, a los ahora
encarcelados. Junto a la evidencia encontrada,
su testimonio es totalmente verosímil.

Sobre el señalamiento de que las investigaciones
son imprecisas e inconclusas y que
el sistema de justicia no haya respetado las
garantías procesales, no hay nada nuevo. La
investigación ha sido manipulada una y otra
vez. La PGR se encargó de cortar la línea de
mando que apuntaba a la policía y al ejército,
y más aún a Ernesto Zedillo, al concluir
que la masacre fue producto de problemas
intercomunitarios. Si las evidencias en contra
de algunos de los procesados son débiles es
precisamente por la falta de una debida investigación,
para no escarbar más, no porque
no sean culpables.

{{d) Sobre las fuentes en “Regreso
a Acteal”}}
Da la impresión, Señor Aguilar Camín, que
de acuerdo a usted, la verdad se definiría como
la media entre dos versiones encontradas.
Cualquier documentalista tiene la obligación
de ponderar las fuentes. Usted pone en un extremo
a la Diócesis de San Cristóbal de Las
Casas, a la Comisión Nacional de Intermediación
(CONAI) y al mismo Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,
quienes han sido en todo momento entidades
transparentes en su finalidad y su intencionalidad.
Le recuerdo que este Centro fue fundado
por la Diócesis y que el obispo titular y su vicario
eran miembros de la hoy extinta CONAI.
Todo lo que estas entidades han constatado y
expresado es público y verificable y, sin embargo,
sin pruebas, usted afirma que las versiones
de la Diócesis cargaban “los dados hacia los
agravios que habían sufrido los zapatistas” (capítulo
3, “Regreso a Acteal II: El camino de los
muertos”, {{nexos}} 359, p. 70).

En el otro extremo, expone las versiones
no públicas ni accesibles de sujetos que dadas
sus oscuras trayectorias vinculadas a aparatos
de inteligencia, ponen en duda su intencionalidad.
La sola presencia de Manuel Anzaldo
y de Gustavo Hirales en Chenalhó, los hace
aún más sospechosos. El primero por ejemplo,
mintió sobre los hechos desde el inicio de
las averiguaciones, haciendo declaraciones a
la PGR, pretendiendo hacerse pasar por otra
persona. Las contradicciones de Anzaldo con
sus defendidos, quedaron en evidencia desde
entonces (ver Boletín 23/98 de la PGR “Informe
preliminar sobre la investigación de los
hechos delictuosos ocurridos en el municipio
de Chenalhó” disponible en http://www.pgr.
gob.mx/Prensa/plantilla.asp?tRcd=1&sMont
h=1&sYear=1998 [enero 9, 2008]).

Eric Hugo Flores, en quien basa usted su
tercera parte, ha estado vinculado desde hace
varios años a una expresión conservadora
de la iglesia presbiteriana, que ha tratado
de hacer creer que la acusación a los presos
tiene como motivación la intolerancia religiosa,
versión que en enero de 1998 difundió
el gobierno federal (en una reunión a la
que convocó a diversas iglesias en Chiapas,
con explícita exclusión de la católica), como
una forma de desviar la atención sobre los
hechos. Ahora, Eric Flores aparece como
investigador del CIDE, líder de una asociación
política de filiación evangélica “Alternativa
Ciudadana 21” y, de acuerdo a Luis
Hernández Navarro ({La Jornada}, “Dios los
hace y la Presidencia los junta”, 24/12/07) con
vínculos con el PAN durante la campaña de
Felipe Calderón, entre otras cosas, pactando
“revisar el estado procesal de los expedientes
de la matanza de Acteal”, revisión por cierto
que más que jurídica ha sido mediática y con
recursos públicos provenientes de la Secretaría
de Educación Pública.

Cabe señalar que no es la primera vez
que en la defensa de los presos se ve involucrado
el gobierno. Desde 1998 Roberto
Albores Guillén como gobernador sustituto
contrató a seis abogados sin ningún fruto
(“Acteal: entre el duelo y la lucha”:17, en
www.frayba.org.mx/informes). El 23 de diciembre
de 2003, promovido por el mismo
grupo evangélico, la Secretaría de Gobernación
anunció la integración de un grupo de
trabajo técnico interinstitucional para “analizar
la situación de la defensa jurídica de las
personas presas con motivo de la masacre de
Acteal” (Boletín 424/03 emitido por la Segob
con fecha 23 de diciembre de 2003).

Da la impresión que la defensa de los presos
pretende entregarnos a paramilitares confesos
a cambio de otra versión de los hechos y
a costa de señalar a las víctimas como mentirosas,
lo que constituye una afrenta. Más aún,
pretenden vendernos una falsa versión que
exime de responsabilidad de crímenes de lesa
humanidad a altos funcionarios, ahora que el
caso está siendo estudiado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

La verdad histórica de la masacre de Acteal
ha provocado el repudio de la sociedad
civil nacional e internacional. La verdad jurídica
está aún muy lejos de procurar justicia
y extiende peligrosamente la posibilidad de
que los hechos se vuelvan a repetir. No hay
justicia para los muertos y sobrevivientes de
Acteal y esto es una afrenta a la conciencia
de la humanidad.

El oficio de la pluma tiene implicaciones
éticas frente a la injusticia y la desigualdad.
La revista {{nexos}} se ha destacado por abrir un
espacio de crítica profunda sobre la democracia
en México. Nosotros creemos que el
camino a la democracia debe pasar por preguntarnos
como sociedad, si es tolerable que
se promuevan desde el poder, masacres como
la de Acteal; si es deseable la impunidad de
un ejército que ha sido diseñado para atacar
al pueblo mexicano; si es viable la democracia
en libertad e igualdad mientras la verdad
y la justicia siguen pendientes.

Si en algo se pretende aportar a la justicia
no es tergiversando la historia contada por las
víctimas, sino revisando la pésima actuación
del sistema de justicia, parcial y politizado, que
hacen que este país se mantenga en la sombra
de la arbitrariedad y el autoritarismo.

Blanca I. Martínez Bustos

Directora

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C.

{{Respuesta de Héctor Aguilar Camín}}

En las más de tres mil palabras que la directora del Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas dedica a criticar mis crónicas de {{nexos}} sobre la matanza
de Acteal, sólo se citan textualmente {{diez palabras mías}}. El resto son disparos a interpretaciones
que hace el Fray Bartolomé de mis textos o a las afirmaciones y conductas
de otros. Las diez palabras son estas:

“{Sin pruebas, usted afirma que las versiones de la diócesis cargaban ‘los dados
hacia los agravios que habían sufrido los zapatistas’ ” (“Regreso a Acteal II: El camino
de los muertos”, {{nexos}} 359, p. 70).}

Respondo: Eso creo y eso afirmo: el Frayba, como se nombra a sí mismo el Centro
las Casas en Internet y se le conoce familiarmente en Chiapas, carga los dados de
sus versiones a favor de los zapatistas. Pero no lo afirmo sin pruebas. Las versiones del
Frayba omiten hechos desfavorables a los zapatistas. Por ejemplo: es la hora en que
no asumen el hecho que desencadena la matanza de Acteal. Este hecho es el asesinato
de Agustín Vázquez Secum, principal de Quextic, el 17 de diciembre de 1997, por
un grupo de agresores a los que los acompañantes del muerto identificaron como
miembros o simpatizantes de Las Abejas.

Una versión de esa muerte, sostenida por Andrés Aubry y Angélica Inda, gente
de la diócesis y del Frayba pero que no habla a nombre del Frayba o de la diócesis,
es que fue un asesinato hecho por los mismos antizapatistas, enojados con Agustín
porque éste se oponía a sus tácticas violentas. No es eso lo que dicen los familiares
de Agustín Vázquez Secum ni, muchísimo menos, lo que dice la reacción de su
padre, Antonio Vázquez Secum, cuya ira por la muerte de su hijo lo hizo llamar al
grupo armado antizapatista de Los Chorros para que vengaran esa muerte atacando
Acteal Centro.

En vano buscará alguien en los informes del Frayba un relato minucioso de
la violencia zapatista en Chenalhó. Encontrará en cambio, con lujo de detalles,
que yo cité ampliamente en mis crónicas, la relación de atentados de los grupos
antizapatistas.

El Frayba ha ocultado también todos estos años lo que yo creo haber probado en
mis crónicas con razonable solvencia: antes de la matanza de Acteal hubo una batalla
entre los asaltantes y los comandos zapatistas que defendían el campamento. Esto no
justifica la matanza, pero sucedió y el Frayba lo ha callado hasta ahora

No sé qué puede reclamar en materia de omisiones e imprecisión quien tanto
omite en su propio relato. Pero me hago cargo de la réplica de la directora del Frayba
y la comento textualmente.

Dice la directora del Frayba: “{Su texto (el mío: HAC) sigue la línea desarrollada
por la Procuraduría General de la República (PGR) en el ‘Libro Blanco de Acteal’} ”.

Respondo: No sigo la “línea de interpretación” de la PGR, sigo la información,
contenida en el {Libro blanco sobre Acteal} de los asesinatos cometidos por zapatistas
en Chenalhó, asesinatos de los que el Frayba no habla. Entre el mes de junio de 1997
en que se constituyó el municipio autónomo zapatista de Polhó y el 22 de diciembre
de 1997, día de la matanza de Acteal, hubo veintidós asesinatos denunciados en las
veredas y parajes del municipio de Chenalhó. Dieciocho fueron atribuidos por los
deudos a los zapatistas y cuatro a los antizapatistas. Este es el hecho duro que nadie
encontrará en las versiones del Frayba o en los artículos periodísticos del zapatismo,
pero es la historia registrada en las averiguaciones previas, es decir, en las denuncias
de los agraviados.

{Dice la directora del Frayba: “En resumidas cuentas usted afirma que dada la
violencia zapatista y las presuntas manos atadas de las fuerzas de seguridad, ejército
y policía, de manera espontánea y como defensa, diversos grupos se armaron aunque
después la defensa se volvió ataque (capítulo 1, ‘Regreso a Acteal II: El camino de los
muertos’, {{nexos}} 359, p. 65) ”.}

Respondo: No hay resumidas cuentas en mi crónica. No hago “resúmenes”. Doy
nombres, fechas, hechos, fuentes. Mi texto es una crónica de la que nadie ha desmentido,
documentadamente, un solo hecho. Esto
no quiere decir que no me haya equivocado
en nada, quiere decir que a mis críticos no les
importan los hechos. Dicen que soy impreciso
y que omito, pero no prueban mis imprecisiones
ni documentan la omisión de hechos
claves. No puede decirse lo mismo del Frayba
respecto del asesinato de Agustín Vázquez Secum
que detona la matanza de Acteal.

{Sigue la directora del Frayba: “En esta visión
(la mía) se presupone un terrible enfoque
discriminatorio hacia los indígenas que al igual
que la PGR, pretende mostrarlos como bárbaros
en la forma en que dirimen sus conflictos”.
}

Respondo: No hay en mi texto una sola
alusión a la “barbarie” de esos pueblos como
explicación de lo sucedido. Mi relato cuenta
la fractura de la convivencia razonablemente
pacífica del municipio de Chenalhó por la
intromisión de una pugna política violenta,
iniciada por los zapatistas, que las autoridades
no contuvieron a tiempo. Eso es lo que
está escrito en mis crónicas para quien quiera
leer sin anteojeras.

{Sigue la directora del Frayba: “La segunda
implicación (de mi texto) es que induce a
pensar que el Estado, impotente, se encontraba
en el medio”.}

Respondo: No. Creo que queda claro en
mi crónica que el Estado no “se encontraba
en el medio” del conflicto en Chenalhó, sino
ausente de él. No metió las manos como
debía al principio. Las metió después, {como
no debía}: tolerando a los grupos armados
antizapatistas para que se defendieran de los
zapatistas. La tolerancia se volvió ayuda y la
ayuda, complicidad. Nadie ha documentado
con rigor la extensión de esta ayuda y de esta
complicidad. Es una de las zonas oscuras cuyo
esclarecimiento reclamo en mis crónicas.

Las fuerzas de seguridad fueron omisas
durante la matanza del 22 de diciembre, como
queda claro en mi crónica, pero no participaron
en ella, como afirma la teoría del
“yunque y el martillo” sacada por el Frayba
de un documento militar cuya existencia escrita
no prueba que se haya puesto en práctica
en Acteal. En todo caso, diez años después
de los hechos, ni el Frayba ni la prensa
zapatista han podido describir exactamente
cómo fue la matanza. Tienen a su disposición
a los testigos presenciales del hecho. Podrían
reparar su omisión. Pero se limitan a repetir
el documento militar sobre cómo se hace una guerra de contrainsurgencia. Es como citar
el manual militar de operaciones contra el
narcotráfico para probar que el ejército ha
contenido al narcotráfico.

Luego de la matanza de Acteal, las autoridades
siguieron metiendo las manos, para
mal. La PGR atrajo el caso pero no investigó
los hechos, buscó y fabricó culpables para
calmar el clamor de los agraviados y el escándalo
de la prensa internacional.

Todo eso puede leerlo quien quiera en mi
crónica de Acteal. Hay que leer muy mal esos
textos para decir que exoneran al Estado de
responsabilidades o que fueron escritos para
eso. Sucede, simplemente, que no doy el salto
mortal a acusar al Estado de crímenes de lesa
humanidad y estrategias de contrainsurgencia
de las que, hasta ahora, no se han aportado
pruebas, entre otras cosas porque instituciones
como el Frayba no las han buscado sistemáticamente.
Se han conformado con acusar
en forma genérica, sin probar lo que dicen.

{Dice la directora del Frayba: “Múltiples
testimonios de las víctimas han señalado la
vinculación estrecha entre esos grupos armados
(de los pueblos antizapatistas) y la policía.
Vinculación que sin embargo no era sólo de
complicidad sino de subordinación”.
Respondo: Quisiera que el Frayba nos
contara al menos un caso concreto que demuestre
la “complicidad y la subordinación”}

Respondo: Quisiera que el Frayba nos
contara al menos un caso concreto que demuestre
la “complicidad y la subordinación”que afirma que existió en Chenalhó entre la policía y los grupos armados antizapatistas.
Me convencería que documentaran bien un
solo caso de lo que acusan, sustentado en
hechos, fechas y fuentes, no en consignas y
generalidades. Si leyeran mejor lo que impugnan,
los críticos del Frayba habrían notado
que eso es precisamente lo que yo hice
en la tercera entrega de “Regreso a Acteal”:
documenté {un caso} de complicidad. Describí
con todo detalle, mediante el testimonio
de uno de los atacantes de Acteal, Roberto
Méndez Gutiérrez, la forma en que un oficial
de la seguridad pública local, Felipe Vázquez
Espinosa, acompañó, con todos sus hombres,
a un grupo de Los Chorros, a comprar armas
en San Cristóbal y las pasó luego por el retén
militar, en su transporte oficial, para entregar
las armas a los compradores en Los Chorros.
Eso está documentado en mi crónica. No sé,
no puedo probar, si ese oficial actuó así por
órdenes de sus superiores o por su cuenta.
Ahí me detengo, hasta ahí pude llegar. No
hay nada equivalente en los informes del
Frayba sobre Acteal y Chenalhó. Pero es el
Frayba quien da el salto y habla de “crimen
de Estado”, “genocidio” y “estrategias de contrainsurgencia”.
Quien hace grandes acusaciones
debe aportar grandes pruebas. ¿Dónde
están? No las han aportado ni el Frayba, ni
la prensa zapatista. Repiten teorías, pero no
prueban lo que dicen.

{Sostiene la directora del Frayba: “El clima
de amenazas y agresiones en el municipio
hacían que fuera infructuoso refugiarse en
ningún lado, por lo que (Las Abejas del campamento
Los Naranjos) decidieron no moverse
y permanecer en el lugar orando”.}

Respondo: Si algo demuestra la existencia
del campamento Los Naranjos es que
no era infructuoso refugiarse. La gente salía
corriendo de los pueblos cuando estaba amenazada
su vida. No era infructuoso hacerlo,
era indispensable. Por eso lo hacían miles
de pobladores amenazados. Un enigma no
aclarado de Acteal es por qué los refugiados
del campamento Los Naranjos decidieron
quedarse ahí cuando, en la madrugada del
día 22 de diciembre, un testigo de la reunión
donde se planeó atacar Acteal, José Méndez
Paciencia, vino al campamento y les dijo que
estaban en peligro. Nadie tiene tan completo
acceso a la versión de los que se quedaron esa
noche en el campamento Los Naranjos como
el Frayba, pero no ha explicado esa decisión
suicida sino con generalidades inaceptables:
“decidieron no moverse y permanecer
orando”. No es eso lo que habían hecho los
amenazados por la violencia en Chenalhó.
Habían salido corriendo.

Si los pobladores del campamento Los
Naranjos hubieran salido temprano por la
mañana del 22 de diciembre a Polhó, la cercana
cabecera del municipio zapatista, habrían
estado ahí en menos de una hora de camino
por la carretera. Eso habría evitado la matanza.
¿Por qué se quedaron? Nadie ha explicado
eso satisfactoriamente. Una razón, no dicha
hasta ahora, es que había zapatistas protegiendo
el campamento y se sentían seguros.
Fue lo que dijo a la revista {Gatopardo} uno
de los sobrevivientes de la matanza, Manuel
Vázquez, hijo el catequista Alfonso Vázquez
Gómez, muerto con su mujer aquel día.

“Manuel y otros de la comunidad”,
escribe Marcela Turatti en la revista {Gatopardo},
“notaron la ausencia de los zapatistas
durante la matanza que, dicen, iba dirigida
a los guerrilleros”.

Agrega Manuel Vázquez: “Zapatistas
estuvieron escondidos ahí pero tuvieron
miedo. Zapatistas y paramilitares se ven
muy enemigos, paramilitares iban a defender
contra ellos, pero zapatistas no pudieron,
entonces dejaron libre en toda la entrada y
entraron ellos (los paramilitares) muy contentos”
(“Acteal, la injusticia que no termina”,
Gatopardo no. 86, diciembre 2006-enero
2007). ¿Es verdad o es mentira lo que dice
Manuel? Si quisiera, el Frayba podría terminar
de contar esta historia. ¿Por qué no la
termina de contar?

{Afirma la directora del Frayba: “Queremos
resaltar que, al contrario de lo que narra en su
tercera entrega ({{nexos}} 360), no fue un grupo de
nueve personas quienes atacaron. De acuerdo
a los testimonios de las víctimas, que existen
en los expedientes respectivos, fueron al menos
cuatro grupos de atacantes, varios de los cuales
llegaron en compañía de la propia policía del
estado a bordo de camionetas oficiales”.}

Respondo: Desafío al Frayba a que presente
los testimonios de las víctimas que
hablan de “cuatro grupos de atacantes” que
“existen en los expedientes respectivos”. No
hay tal descripción en los expedientes judiciales
respectivos. El Frayba se refiere a un
testimonio que consta en sus archivos y que
no había usado hasta ahora en sus informes
sobre Acteal. Se trata del testimonio de un
Alberto Ruiz Pérez, uno de los inventores
de mujeres agredidas sexualmente con palos
durante la matanza y de una embarazada a la
que le habrían abierto la panza con un cuchillo,
asuntos desmentidos absolutamente por
las necropsias que son de dominio público.*
He presentado y hecho públicos, completos,
los testimonios circunstanciados de los atacantes
en que baso mi relato. Los testimonios
de los atacantes no son toda la verdad del hecho,
pero son parte fundamental de lo que
sucedió aquel día, una verdad que el Frayba
ha ocultado hasta ahora, junto con la prensa zapatista, y se niega a aceptar, pese a las evidencias.
¿Por qué?

{Sigue la directora del Frayba: “el terreno
escabroso en el que se encuentra el campamento
Los Naranjos y el movimiento envolvente
de los atacantes no dejaba más salida que la
que llevaba al destacamento de la policía a 200
metros del lugar. En los manuales del ejército
se le denomina la estrategia del yunque y
el martillo: los paramilitares hacen la vez de
martillo mientras la policía hacía la vez de
yunque para lograr lo que finalmente ocurrió,
cortar el paso a un posible escape”.}

Respondo: El Frayba sustituye la crónica
de lo que sucedió con una descripción de
lo que leyó en un manual contrainsurgente.
En abono de su dicho podría presentar los
testimonios de la gente que trató de salir de
la trampa descrita y fue detenida en su fuga
por la seguridad pública. ¿Dónde están los
testimonios de gente que quiso escapar y fue
detenida por la seguridad pública para que no
pudiera hacerlo? No están, desde luego, en sus
informes ni en sus críticas a mis crónicas. Han
leído muy bien lo que dice el documento de
contrainsurgencia del ejército, pero no han
oído ni nos han dejado oír la narración circunstanciada
de las víctimas sobre lo que pasó
ese día en el campamento Los Naranjos.

{Recuerda la directora del Frayba: “Desde
las 12 del mediodía del mismo 22, el padre
Gonzalo Ituarte, Vicario de Justicia y Paz de la
Diócesis, enterado de los disparos, habló a las
oficinas del Gobernador para avisar de los hechos.
Ese mismo día, el transmisor de la Cruz
Roja en la región extrañamente fue robado.
El ataque duró, de acuerdo a los testimonios
de sobrevivientes y testigos, alrededor de siete
horas y sin embargo el gobierno no actuó para
impedir o detener la masacre”.}

Respondo: Que el padre Gonzalo Ituarte
recibiera una llamada telefónica de la caseta
de Acteal Centro a las doce de la mañana
demuestra que las comunicaciones de la
zona no estaban interrumpidas para atacar
Acteal, como quiere sugerirse que lo estaban
al hablar del robo del transmisor de la Cruz
Roja. El robo del transmisor no les impidió a
los miembros de la Cruz Roja estar en Acteal
Centro por la mañana entregando ropa, ir y
venir por la carretera frente a Acteal Centro
al mediodía sin percibir nada fuera de lo
normal, y enterarse a las diez de la noche que
había muertos en Acteal. Me gustaría saber la
versión del Frayba de por qué el padre Gonzalo
Ituarte en lugar de sólo llamar por teléfono
al secretario de gobierno en Tuxtla, no
fue directamente a ver lo que sucedía en Acteal,
a pedir a los destacamentos de seguridad
pública que dieran efectiva protección a Las
Abejas amenazadas. Según la propia versión
del Frayba, el padre Gonzalo Ituarte no hizo
nada, salvo llamar otra vez por teléfono al
secretario de gobierno, Homero Tovilla, por
la tarde y esperar hasta las ocho de la noche
en que llamó a Tovilla el obispo Samuel
Ruiz diciendo que había muertos en Acteal.
El Frayba tenía desde antes del mediodía la
versión directa de un testigo, José Méndez
Paciencia, de que los conjurados de Quextic
iban a atacar Acteal. Desde las doce de la mañana,
Ituarte había tenido también la llamada
de la caseta de Acteal diciendo que había disparos
¿Por qué los pastores de la diócesis no
fueron a Acteal, a ponerse en medio, como
lo habían hecho otras veces? ¿No creyeron
en la seriedad de los disparos? ¿No creyeron
la advertencia de Méndez Paciencia?

{Dice la directora del Frayba: “Usted expone
las versiones no públicas ni accesibles
de sujetos que dadas sus oscuras trayectorias
vinculadas a aparatos de inteligencia, ponen
en duda su intencionalidad. La sola presencia
de Manuel Anzaldo y de Gustavo Hirales en
Chenalhó, los hace aún más sospechosos”.}

He hecho públicas y consultables todas
las fuentes que cito, a diferencia del Frayba
que no nos da completas las versiones de sus
informantes. Las confesiones de los atacantes,
las crónicas de Anzaldo y mi entrevista
con Hernández Aguilar pueden consultarse
completas en el sitio electrónico de la revista
{{nexos}}. El libro de Hirales es de dominio público.
Si los lectores del Frayba leyeran bien,
verían en mis crónicas que los testimonios
y escritos de los personajes que les parecen
sospechosos son los que más podrían citarse
a favor de su tesis sobre las responsabilidades
del Estado, la tolerancia o complicidad
del ejército y las conductas aberrantes de los
antizapatistas en el drama de Acteal.

{Afirma la directora del Frayba: “Como se
ha denunciado desde hace 10 años, en el ataque
fueron utilizados machetes y armas de fuego.
Los testimonios de las víctimas coinciden con la
fe ministerial del levantamiento de cadáveres”.}

Respondo: Los testimonios de las víctimas
en el expediente judicial no hablan de
las muertes por machete y por estallamiento
de cráneo. Todos se refieren a disparos
de armas de fuego. Desafío al Frayba a que
ofrezca un testimonio del expediente judicial
que hable de machetes en el ataque. No hay
ningún relato del ataque con machetes, salvo
los inventados después por cierta prensa en
testimonios desmentidos absolutamente por
las necropsias.

{Sigue la directora de Frayba: “la necropsia
de ley señala que el cadáver 16 ‘falleció a
consecuencia de perforación de viseras (sic)
intratoraxicas por proyectil de arma de fuego
penetrante a cavidad y exposición de visera
abdominal al medio ambiente, atra vez (sic)
de herida corto contundente, penetrante a
cavidad abdominal’ (Expediente 27/98, tomo
1). A pesar de lo anterior y de los testimonios
de testigos, la PGR en su Libro Blanco sobre
Acteal, aseguró que ‘ninguno de los cuatro cadáveres
femeninos que presentaron embarazo,
tenían lesiones cortantes de origen traumático
en la región del abdomen ni en los genitales’
(op. cit., p. 104)”.
}
Respondo: El Frayba intenta probar con
la descripción de las lesiones del cuerpo 16,
la existencia de lesiones por arma cortocontundente
en el vientre de una de las cuatro
mujeres embarazadas. Busca desmentir así el
veredicto tajante de la PGR de que las cuatro
mujeres embarazadas muertas en Acteal no
“tenían lesiones cortantes de origen traumático
en la región del abdomen ni en los
genitales”. El Frayba no se atreve a decir que
las mujeres embarazadas fueron agredidas a
machetazos para erradicar sus bebés. Hasta
ahí no llega, pero lo sugiere. Valdría la pena
que dijera con claridad lo que piensa y lo que
sabe al respecto, para poder discutirlo. La fe
ministerial y el texto de las necropsias que
yo he consultado y que pueden leerse en el
sitio electrónico de {{nexos}}, no hablan de las
lesiones por corte de machete en el cuerpo
16 que cita el Frayba. Tanto la fe ministerial
como la necropsia del cuerpo 16 atribuyen
su muerte a disparo de arma de fuego que
produjo, eso sí, un corte en el abdomen y la
exhibición de las vísceras de la víctima.** Los otros tres cuerpos de mujeres embarazadas no tienen
rastro alguno de las lesiones que distintas versiones inventaron
sobre el ataque con machetes y cuchillos a las
mujeres embarazadas para erradicar sus bebés.
{
Por último, aunque en realidad al principio de su texto,
dice la directora del Frayba: “A la luz de estos debates
(los suscitados por mis crónicas) entendemos que su escrito
tiene un sesgo interpretativo que responde a un concierto
de intereses que pretenden desvirtuar los hechos y la naturaleza
misma del conflicto armado en Chiapas”.}

Respondo: Lo que tiene sesgo es el “debate” del que
habla el Frayba, en realidad una colección de reiteraciones
publicadas en {La Jornada} antes de que se publicara
mi crónica completa, en un juicio de intenciones digno
de los reflejos condicionados de esa cofradía. Si el Frayba
y {La Jornada} estuvieran interesados realmente en el
castigo de los culpables de la matanza de Acteal, deberían
seguir algunas de las pistas concretas, con nombres y
responsabilidades que hay sobre eso en mi crónica. Es lo
que ha hecho la fiscalía del caso en Chiapas al detener,
en los últimos días de diciembre, al jefe de los grupos
armados de Los Chorros, Antonio Santiz López, a quien
yo presenté como responsable puntual de la matanza,
mientras el Frayba y {La Jornada} hablaban de crímenes de
lesa humanidad. En lo que pueda declarar Antonio Santiz
López y lo que podrían declarar los otros atacantes de
Acteal, libres a la fecha y señalados con sus nombres en
mis crónicas, podría haber mucha de la información precisa
que hace falta en las acusaciones genéricas del Frayba
y de los articulistas de {La Jornada}. Pero ellos quieren
acusar, no saber, porque creen que lo saben todo, aunque
no puedan probar en sus textos lo que saben.

15 de enero 2008

Atentamente,

Héctor Aguilar Camín

{{De Gustavo Hirales}}

México, D. F., a 11 de enero de 2008

Señor director:

Le solicito publicar en {{nexos}} la siguiente aclaración:

La señora Blanca I. Martínez Bustos, del Centro Fray Bartolomé de las
Casas, escribe una larga réplica a los artículos sobre Acteal publicados
en {{nexos}} por Héctor Aguilar Camín. En ella no encuentro sino la misma
narración maniquea de buenos-buenos contra malos-malos que serpentea
desde 1994 y que sufre y se contorsiona cada vez que la investigación
histórica y/o periodística intenta ir más allá de las proclamas y las
denuncias unilaterales, o de las consignaciones y sentencias judiciales
políticamente correctas.

Esta persona le reclama a Aguilar Camín, entre otras cosas, que no
pondere sus fuentes, pues mientras que pone “en un extremo” a la Diócesis
de San Cristóbal, a la CONAI y al Centro Fray Bartolomé “quienes han
sido en todo momento entidades transparentes en su finalidad y su intencionalidad”
(sobre todo su imparcialidad en el conflicto chiapaneco);
mientras que en el otro extremo expone, Aguilar Camín, “las versiones
no públicas ni accesibles de sujetos que dadas sus oscuras trayectorias
vinculadas a aparatos de inteligencia, ponen en duda su intencionalidad”.
Y enseguida me menciona junto a Manuel Anzaldo.

En lo que a mí respecta, digo que miente, por vicio o ignorancia.
Mi trayectoria es pública, al menos desde 1975, cuando renuncié sin
condiciones a la vía armada y me declaré a favor de la lucha pacífica y
legal por la democracia y el socialismo. De ello hay constancia en libros
como {La Liga 23 de Septiembre, orígenes y naufragio} (1977), así como
en mi novela testimonial {Memoria de la Guerra de los Justos} (1996) y en
múltiples artículos y ensayos.

Miente Martínez Bustos cuando me acusa de estar o haber estado
vinculado a “aparatos de inteligencia”; en esto lo único que hace es repetir,
sin siquiera citar sus fuentes (hablando de fuentes), las calumnias
proferidas recientemente, haciendo gala de impunidad, por un mentiroso
que casualmente es directivo de {La Jornada}.

Mi investigación sobre los hechos de Acteal es pública, apareció en
forma de libro en octubre de 1998, editado por Rayuela Editores. Mis
opiniones sobre el conflicto chiapaneco las publiqué en varios espacios,
en particular en mi libro {Chiapas, otra mirada} (ediciones El Nacional,
1998), con mis artículos sobre Chiapas aparecidos de enero de 1994 a
marzo de 1998.

Si la veracidad y el rigor intelectual de las afirmaciones de la señora
Martínez Bustos sobre mí son la piedra de toque para calibrar la
veracidad y el rigor de sus afirmaciones sobre la génesis de Acteal, y la
validez de sus “pruebas” de que ahí se cometió un crimen de Estado,
entonces los defensores de la violencia “buena” y de las armas bendecibles
tienen un serio problema de credibilidad, aunque su lealtad
ideológica pase la prueba.

Atentamente:

Gustavo Hirales