La democracia trajo una nueva agenda política para México. Entre los temas que han llegado para quedarse se encuentra la relación siempre conflictiva entre dinero y política, es decir, la manera en que se financian los actores políticos y la forma en que son fiscalizados. El asunto es de la mayor importancia: la probidad en las conductas financieras de los partidos políticos gravita directamente sobre el apoyo de la ciudadanía al sistema democrático. Que el dinero que fluye a la política surja de fuentes legítimas, transparentes, y que se utilice para los fines establecidos por la ley, es una condición para la salud de las democracias.

En México, en la etapa final de la transición a la democracia se definió un marco para regular las condiciones de la competencia electoral que contribuyó a que las elecciones llegaran a ser un auténtico juego abierto donde la última palabra la tienen los ciudadanos. La vida electoral, cada vez más competida, ha hecho aún más sensible el tema de la regulación del acceso de los partidos políticos a los recursos económicos y de su fiscalización. En particular, la existencia de dos tramas de financiamiento irregular en las campañas a la presidencia de la República del año 2000 (Pemexgate, que involucró al PRI, y Amigos de Fox, de la alianza del PAN y el Partido Verde), llevaron a que el control sobre los dineros de los partidos esté en primer lugar de la atención pública y política.

El Pemexgate y Amigos de Fox pusieron a prueba tanto el diseño legal para llevar a cabo una exhaustiva fiscalización como al Instituto Federal Electoral (IFE) quien, tras procesos de investigación no exentos de controversias, finalmente llegó al fondo de los hechos e impuso dos sanciones que pueden considerarse como históricas: mil millones de pesos al PRI (la más alta de las que se tenga noticia en los sistemas democráticos), y 545 millones a los partidos de la coalición Alianza por el Cambio que había llevado a la presidencia al titular del ejecutivo en funciones.

En el transcurso de sus investigaciones, fue necesario que el IFE contara con la colaboración de distintos órganos del ejecutivo encargados de la procuración de justicia, así como del sistema financiero mexicano y también del poder judicial. En algunos casos la disposición de colaboración fue evidente, en otros, las reticencias afloraron. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República contribuyó con el IFE en la investigación sobre el financiamiento irregular en que estuvo inmiscuido el PRI, pero en cambio no entregó conclusiones cuando se trató de indagar las conductas ilícitas cometidas por el PAN; las autoridades financieras, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por su parte, evidenciaron una sistemática ausencia de voluntad para contribuir en las indagaciones de la autoridad electoral aparándose en la ley que regula su actuación. Lo anterior hace expresa la necesidad de nuevas reformas a la ley para que la fiscalización pueda ejercerse sin obstáculos ni contratiempos.

Las líneas que siguen están destinadas a exponer en qué consistieron las tramas conocidas como Pemexgate y Amigos de Fox que sancionó el IFE.1 Se trata de una historia que estuvo presente en los medios de comunicación mientras las investigaciones seguían su curso y se esperaban efectos políticos inmediatos pero que, más allá de ello, no ha merecido la suficiente atención como un asunto que pesa sobre la pérdida de confianza ciudadana hacia los partidos políticos y, por extensión, a la democracia en general.

Pemexgate

En enero de 2002, a poco más de un año de que arrancara el sexenio del presidente Fox, el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio, anunció que la lucha emprendida por el gobierno en contra de la corrupción arrojaría resultados significativos. Barrio afirmó, textualmente, que “en breve se van a freír pescaditos de buen tamaño”, entre ellos tres “ex funcionarios federales de primer nivel a los que se les integran expedientes, en un caso que traerá serias implicaciones políticas”.2 Se refería a una denuncia que la Secodam presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), por un presunto desvío irregular de recursos públicos de Petróleos Mexicanos al PRI a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) durante la campaña electoral del año 2000.

La prensa nacional de los días siguientes destacó una serie de notas sobre el asunto, en donde se detallaba que la cifra del presunto desvío de recursos de Pemex podía haber alcanzado los mil 400 millones de pesos, gran parte de los cuales habría sido destinada a financiar la campaña de su candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa. El escándalo corrió como reguero de pólvora: saltaron a la luz pública los nombres de tres ex colaboradores del PRI que habían sido arraigados por la PGR y que, luego de sus declaraciones, podrían convertirse en testigos protegidos de la misma Procuraduría.3 La respuesta de altos militantes del PRI no se hizo esperar, señalando el sentido revanchista y persecutorio de la denuncia y de las indagatorias.

Los adversarios del PRI comprendieron la dimensión del asunto y el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del IFE, Pablo Gómez, presentó el 23 de enero de 2002 una queja ante la autoridad electoral en contra del PRI por una violación a las normas que rigen el financiamiento de los partidos políticos. A partir de esa queja presentada por el PRD, la Comisión de Fiscalización del IFE decidió integrar el expediente “Q-CFRPAP-01/02 PRD vs. PRI” e iniciar las investigaciones.

Las indagatorias del IFE y la PGR. Para desahogar la queja interpuesta por el PRD, entre los meses de enero y noviembre de 2002, la Comisión de Fiscalización recabó los testimonios de las partes involucradas y solicitó información a las autoridades hacendarias y financieras del país (la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda), así como a la Secretaría de Gobernación, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Contraloría, a la Procuraduría General de la República, a los institutos electorales de las 32 entidades, a la empresa Petróleos Mexicanos, al sindicato de Pemex, a la sección instructora de la Cámara de Diputados, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los Tribunales Electorales estatales.
Además, cuando una queja sobre fiscalización puede implicar la presunción de faltas o ilícitos que deben ser investigados por otras autoridades en el ámbito de su competencia, el IFE da vista a las instancias correspondientes. Ese fue el caso de la denuncia que interpuso el PRD contra el PRI, en la cual había indicios de la comisión de un delito tipificado en el Código Penal: el desvío de recursos públicos a favor de un partido político. Por ello el IFE le turnó a la Procuraduría General de la República una copia íntegra de la denuncia recibida, en el marco de un convenio vigente entre ambas instituciones.

Por otra parte, en el contexto de la investigación del Pemexgate el IFE enfrentó la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para entregarle la información que resultaba necesaria para poder constatar las transferencias financieras a las que hacía referencia la denuncia. El argumento utilizado por la CNBV para negar esa información fue la existencia de los secretos bancario y fiduciario que le impedía atender las solicitudes que le formulaba el IFE.

Ante la negativa de la CNBV de contribuir con el IFE, la investigación que condujo la PGR a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales adquirió una relevancia fundamental para las pesquisas del Instituto Federal Electoral quien, al amparo del mismo convenio de colaboración con base en el cual había presentado la denuncia ante la PGR, solicitó copia certificada del expediente cuando se cerró la averiguación previa. En dicho expediente se localizaron buena parte de las pruebas documentales con que el IFE pudo cerrar la instrucción del Pemexgate y emplazar al PRI.

Las pruebas. El expediente entregado por la PGR al IFE contenía pruebas documentales de los siguientes hechos:

El día 5 de junio del 2000, se firmó el Convenio Administrativo Sindical No. 9399 entre la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a través del cual la empresa concedió un préstamo al sindicato por 640 millones de pesos.

El mismo 8 de junio, el secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Luis Ricardo Aldana Prieto, dirigió un escrito a la Caja General del Banco Mercantil del Norte, S.A., mediante el cual autorizó a dicha institución bancaria a entregar a los señores Elpidio López López, Melitón Antonio Cázarez Castro, Alonso Veraza López, Gerardo Trejo Mejía, Andrés Heredia Jiménez y Joel Hortiales Pacheco, diversas cantidades de dinero en efectivo a través de “traslado de valores”.

Por otro lado, en el expediente se localizaron 86 comprobantes de Servicio de Valores en Tránsito del Grupo Financiero Banorte con los cuales se entregaron en efectivo diversas cantidades de dinero que suman un total de 640 millones de pesos; de esa cantidad, 500 millones de pesos fueron retirados, precisamente, por las personas autorizadas por el secretario tesorero del sindicato de Pemex. El propio secretario tesorero del mencionado sindicato retiró personalmente la cantidad restante: 140 millones de pesos.

El lugar en el que se realizaron todos los retiros fue la Caja General La Viga ubicada en la calle Ixnahualtongo 127-B, colonia Lorenzo Bouturini.

En el expediente de la averiguación previa 055/FEPADE/2002 se identificaron pruebas documentales de que Elpidio López López, Joel Hortiales Pacheco, Gerardo Trejo Mejía, Melitón Antonio Cázarez Castro y Alonso Veraza López, laboraban, al momento del cobro del dinero, en el PRI. Alonso Veraza López, por su parte, fungió como coordinador general administrativo de la Secretaría de Elecciones. No existió documentación que probara que Andrés Heredia Jiménez hubiera laborado en el partido.

Las conclusiones del IFE. Del análisis de las constancias referidas y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, el IFE pudo inferir que el cobro del dinero se realizó bajo un esquema organizado, por lo que los retiros del dinero por varios funcionarios del PRI no eran acciones aisladas, sino coordinadas y encaminadas a un mismo fin.

La cantidad de 500 millones fue retirada sólo por las seis personas autorizadas por el tesorero del sindicato, integradas en las siguientes parejas:
• Andrés Heredia Jiménez – Joel Hortiales Pacheco.
• Elpidio López López – Joel Hortiales Pacheco.
• Melitón Antonio Cázarez Castro – Andrés Heredia Jiménez.
• Gerardo Trejo Mejía – Joel Hortiales Pacheco.
• Andrés Heredia Jiménez – Alonso Veraza López.

La distinta conformación de parejas permitió suponer que las personas que retiraron el dinero se conocían y formaban un grupo organizado; es decir, que las seis personas no actuaron aisladamente sino de manera coordinada.

Además, los 500 millones se retiraron de Banorte bajo las siguientes pautas:
• En retiros por cantidades homogéneas, con un promedio de siete millones de pesos en efectivo.
• Fueron retirados por parejas distintas, pero cada pareja estaba conformada, al menos, por un funcionario priista de la Secretaría de Finanzas o de la Secretaría de Elecciones.
• Los retiros se hicieron en un corto periodo: entre el 9 y el 20 de junio de 2000.
• Desde el punto de vista temporal, los acontecimientos se desarrollaron en un lapso muy breve -11 días naturales y ocho días hábiles-, de manera consecutiva, de tal suerte que se puede hablar de un proceso orquestado.

El IFE no perdió de vista que los 140 millones de pesos fueron retirados por Ricardo Aldana Prieto en su calidad de secretario tesorero del sindicato de Pemex, pero al no constituir ningún hecho relacionado con la materia electoral, el IFE se aboco a la consideración de los otros 500 millones de pesos.

Acerca de esos 500 millones, llamó la atención del IFE que funcionarios de un órgano de finanzas de un partido político recibieran sumas millonarias de dinero en efectivo por parte de un sindicato, en un breve lapso de tiempo y de manera evidentemente coordinada.

Todo el proceso evidenció un mismo tiempo, mismo lugar, mismo tipo de acciones y personas vinculadas entre sí y su vínculo era el PRI.

En el expediente que entregó la PGR había otras pruebas que no fueron tomadas en cuenta por el IFE -ya que éste sólo puede considerar pruebas documentales plenas y no dichos- pero que corroboraban las conclusiones de la autoridad electoral. Se trataba de pruebas testimoniales que coincidían en afirmar que los recursos retirados de la cuenta del sindicato petrolero habían sido llevados en una camioneta modelo “Grand Cherokee”, negra y blindada, a la sede nacional de ese partido, que esos recursos habían sido distribuidos entre una serie de funcionarios partidistas y que se habían destinado a sufragar gastos de la campaña presidencial.

De las pruebas documentales, el IFE llegó a la convicción de que el dinero retirado por ese grupo de personas ingresó al patrimonio del ente jurídico al que pertenecían y con el que se coordinan, es decir, al Partido Revolucionario Institucional. Esto es, que el dinero en efectivo proveniente del sindicato de Pemex ingresó al patrimonio del PRI en el momento mismo en que funcionarios de alto nivel, pertenecientes en su mayoría a la Secretaría de Administración y Finanzas, organizados y coordinados, realizaron los retiros correspondientes.

La sanción al PRI. Se constató la recepción de 500 millones de pesos por parte del PRI sin haberlos notificado a la autoridad electoral, cuando los partidos están obligados a informar de todos los recursos que reciben.

El IFE no encontró en su investigación elementos para probar fehacientemente cómo se habían gastado esos recursos, pero sí llegó a la convicción plena de que ese dinero ingresó de manera anómala, ilegal, al partido.

La sanción que se fijó siguió criterios de multa preestablecidos por el IFE y confirmados por el Tribunal Electoral. El no informar del ingreso de recursos se multó con una pena del doble del monto implicado: una sanción de mil millones de pesos al partido que dejó de reportar 500 millones de ingresos.

Cuatro días después de la resolución del IFE, el 18 de marzo de 2003, el PRI interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral. El 13 de mayo de ese año, el Tribunal emitió la sentencia SUP-RAP-018/2003,4 en la que decidió confirmar la resolución del IFE en todos sus términos.

Con ello se consiguió aplicar justicia, en materia electoral, sobre uno de los casos más significativos de violación a las reglas para la contienda política en la historia reciente de México.

Amigos de Fox

Hacia el final de las campañas presidenciales del 2000, corrió la voz de que la campaña del candidato de la coalición Alianza por el Cambio, Vicente Fox Quesada, recibía financiamiento de fuentes ilícitas.

El 21 de junio del año 2000, el entonces diputado del PRI, Enrique Jackson, denunció en la tribuna de la Comisión Permanente la existencia de una presunta red de financiamiento ilícito, proveniente del extranjero y de diversas empresas de carácter mercantil, a la campaña de Fox.

El 23 de junio de 2000 la denuncia llegó al IFE. En ella se presumía la transferencia de fondos que provenían de cuatro fuentes diversas y que terminaron en la cuenta bancaria de una persona, Carlota Robinson, desde la que se hicieron transferencias a Amigos de Fox, A.C. y se liquidaban gastos de la campaña del candidato presidencial.

El IFE arrancó sus indagatorias y entre julio de 2000 y julio de 2001 hizo numerosas solicitudes de información a las más variadas autoridades federales y estatales (entre ellas, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y a varios Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del estado de Guanajuato), así como a particulares (entre ellos, a representantes de empresas, de bancos en el extranjero y a medios que habían dado a conocer la noticia).

Pero en ese periodo el IFE se topó con un serio obstáculo para solventar sus indagatorias: enfrentó las negativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda para proporcionar la información que se les solicitaba, aduciendo los secretos bancario, fiduciario y fiscal. No tener acceso a información sobre las cuentas bancarias a través de las cuales se realizan movimientos constituye un obvio impedimento para rastrear ilícitos electorales ocurridos a través de tramas financieras.

Dada la confrontación de lecturas legales entre el IFE y las autoridades financieras, la autoridad electoral consideró que la vía para lograr trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal era un pronunciamiento del Tribunal Electoral sobre el caso específico, por ser un órgano dotado de atribuciones para interpretar la Constitución. Para que el Tribunal conociera el caso, resultaba necesario cerrar las investigaciones y esperar que algún partido impugnara esa resolución. Así se hizo: el 9 de agosto de 2001 el Consejo General del IFE desechó las quejas y el PRI y el PRD interpusieron recursos de apelación ante el Tribunal.

Nueve meses después de que recibió el asunto, el 7 de mayo de 2002, el Tribunal Electoral decidió revocar la determinación del IFE de desechar la queja presentada por el PRI, ordenando la inmediata reanudación de la investigación. Lo hizo, además, reconociendo que al IFE no le era aplicable el secreto bancario en sus funciones fiscalizadoras, y así posibilitaba que Hacienda y la CNBV entregaran la información que les fuera solicitada sobre Amigos de Fox, A.C.

De inmediato, el IFE reinició las investigaciones y avanzó a conocer a detalle los movimientos de los actores involucrados en la denuncia. Se trató de información indispensable, pues la única manera de conocer la ruta que había seguido el dinero presuntamente ilícito pasaba por la reconstrucción de la red de transferencias de cuenta a cuenta y de banco a banco.

Sin embargo, las investigaciones enfrentaron nuevos obstáculos, y entre julio de 2002 y abril de 2003 el flujo de la información se interrumpió. Varias personas físicas y morales cuyas cuentas eran investigadas, interpusieron amparos en contra de que el IFE conociera sus operaciones financieras.

El IFE concurrió a todos los juicios de amparo como tercero interesado para defender sus atribuciones, pues los amparos no proceden en materia electoral. En ese contexto, en septiembre de 2002, el IFE pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronunciara, atrayendo los asuntos en el momento procesal oportuno, y determinara si el IFE podía considerarse una autoridad hacendaria y sortear así de manera definitiva la limitación del secreto bancario, o bien si carecía de esa potestad y no podía avanzar en sus indagaciones sobre el caso Amigos de Fox.

Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, todos los jueces de distrito ante quienes se habían solicitado los amparos le concedieron la razón al IFE. Pero los quejosos derrotados apelaron las sentencias; el IFE concurrió una vez más en las segundas instancias. Hacia el mes de marzo de 2003, diez meses después de que el Tribunal Electoral autorizara al IFE para conocer las cuentas bancarias de los Amigos de Fox, la autoridad electoral seguía litigando, en instancias distintas del propio poder judicial, para conseguir acceder a la información que permitiera determinar la existencia de algún ilícito en el financiamiento de la campaña de Vicente Fox.

Para ese entonces, el IFE hizo otro llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver, en definitiva, sobre las capacidades fiscalizadoras de la autoridad electoral e invitó a la Procuraduría General de la República para que pudiera concluir sus propias averiguaciones sobre el caso Amigos de Fox y estuviera, así, en posibilidades de aportar elementos a la investigación que desarrollaba el IFE.

La PGR jamás aportaría elemento alguno al respecto, pero en cambio uno de los casos en revisión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, en menos de un mes, resolvió el asunto. Una de las personas morales que interpusieron un amparo contra las indagatorias del IFE fue BBVA-Bancomer en su carácter de institución fiduciaria del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México constituido por Carlos Rojas Magnón. Al perder en primera instancia el amparo, que fue declarado sobreseído, esa institución bancaria recurrió a la segunda instancia y solicitó que el caso fuera atraído por la Suprema Corte. Así ocurrió, y durante el mes de marzo el máximo tribunal del país revisó el caso. Cuando la Corte iba a conocer la ponencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, donde se confirmaba que el secreto bancario no podía ser una traba a las investigaciones del IFE, el fideicomiso de Carlos Rojas Magnón decidió dar marcha atrás en su solicitud de amparo, desistiéndose y dejando, en consecuencia, sin materia el caso ante la Suprema Corte. Igual suerte corrieron el resto de los amparos, que se desistieron también el 7 de abril, tal como lo anunciaba ese día, nada más y nada menos, que el secretario de Gobernación, Santiago Creel.5

Entre la fecha en que se presentó el primer amparo y el día en que la SCJN emitió su sentencia pasaron 279 días, periodo en el cual se interrumpió la entrega de la información bancaria que el IFE había requerido. No fue sino hasta el 9 de abril de 2003 cuando finalmente comenzó a fluir sin interrupciones la información que el IFE venía solicitando.

Ya sin los obstáculos legales que enfrentó en el pasado, el Instituto Federal Electoral pudo avanzar en las pesquisas allegándose todos los elementos documentales que necesitaba para resolver en definitiva el asunto.

La trama identificada por el IFE. A partir de las pruebas documentales que reunió la Comisión de Fiscalización del IFE, se acreditó la existencia de un esquema de financiamiento paralelo y, por tanto, ilegal de la campaña presidencial de la coalición Alianza por el Cambio que postuló a Vicente Fox a la presidencia.

El dictamen del IFE reconstruye el origen de las entidades que, más adelante, serían parte de la trama de financiamiento irregular. El 28 de enero de 1998 fue fundada la asociación civil Amigos de Vicente Fox; los únicos miembros de su junta directiva eran Lino Korrodi Cruz y Vicente Fox Quesada. La asociación se liquidó de inmediato, el 20 de febrero de 1998, pero vuelve a crearse el 18 de marzo, quedando Vicente Fox Quesada como presidente honorario. Cinco meses después, el 4 de agosto de 1998, se crea el Fideicomiso para el Desarrollo de la Democracia en México, teniendo como institución fiduciaria a Bancomer. Su comité técnico estaría integrado por Lino Korrodi y Carlos Rojas Magnón. Este fideicomiso obtendría sus recursos, así lo dice el contrato correspondiente, de personas físicas y morales “simpatizantes de Vicente Fox Quesada”.

Desde su constitución esas entidades recaudaron y gastaron dinero promoviendo la imagen de Vicente Fox, sin embargo, siguieron operando en ese sentido aún después de que el mismo Fox se convirtió en el candidato presidencial del PAN (el 12 de septiembre de 1999) y más tarde del PVEM y de la Alianza por el Cambio, sin que éstos reportaran como propios los recursos que estaban siendo utilizados para financiar la campaña.

A partir del rastreo minucioso de la información del sistema financiero mexicano, la investigación de la Comisión de Fiscalización del IFE puso en evidencia que la asociación civil Amigos de Vicente Fox (de la que se revisaron 25 cuentas en 12 entidades federativas) y el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México fueron las principales instancias que concentraron el financiamiento paralelo con el que contó la campaña presidencial de la Alianza por el Cambio. En ambas confluyó el 90% del total de 91 millones de pesos (91,227,572) que detectó el IFE. En el caso de Amigos de Vicente Fox se trató de un monto de 46 millones de pesos (46,252,868) y de 36 millones (36,000,577) en el del fideicomiso. El 9.9% restante (un total de 8,974,126 pesos) comprende erogaciones realizadas por diversas personas físicas y morales (como la asociación civil Éxito con Fox, A.C. o el Instituto Internacional de Finanzas de León, S.C.) que pagaron directamente a proveedores de servicios prestados a la campaña de Vicente Fox Quesada.

En esencia, la red de financiamiento puesta al descubierto por la indagatoria conducida por el IFE se componía de la siguiente manera:

1. Tres empresas, en las que Lino Korrodi era accionista mayoritario, transfirieron importantes sumas de dinero a las cuentas de Carlota y de Laura Robinson Kauachi. Se trató de las sociedades mercantiles ST & K de México, S.A. de C.V., que aportó 765,657.90 pesos; K-Beta, S.A. de C.V., que transfirió 9,625,606.02 pesos, y Grupo Alta Tecnología en Impresos, S.A. de C.V., que depositó 3,502,321.06 pesos.

2. Las cuentas de Carlota Robinson también sirvieron para concentrar los depósitos de algunas de las 291 personas físicas y morales de carácter no mercantil detectadas que alimentaron la red de financiamiento (el resto de los depósitos realizados por estas personas se hicieron directamente en las cuentas de la asociación civil Amigos de Vicente Fox). También aquí confluyeron depósitos en efectivo y otros que no pudieron ser identificados por el sistema financiero nacional -principalmente ingresos en efectivo a las cuentas bancarias-, así como de parte de los recursos que Laura Robinson Kauachi -hermana de Carlota- había recibido en sus propias cuentas.

3. Los fondos que pasaron por las cuentas de Carlota Robinson fueron transferidos a las cuentas de Amigos de Vicente Fox, A.C., al Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México, así como a Éxito con Fox, A.C. y otros actores que realizaron directamente gastos vinculados con la campaña presidencial. El papel preponderante que jugó Carlota Robinson -como su hermana Laura- fue de intermediaria para transferir una cantidad importante de recursos hacia el destino final: la campaña de Vicente Fox.

4. Por su parte, Laura Robinson captó en sus cuentas, además de los referidos recursos de las empresas de Korrodi (con excepción de ST & K de México, S.A. de C.V. que entregó fondos sólo a Carlota Robinson), dinero que le fue depositado por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República así como por otras fuentes no identificadas (entre otros dinero en efectivo). Estos recursos fueron canalizados, en su mayoría al fideicomiso y, en parte, como se dijo, a las cuentas de su hermana Carlota.

5. Amigos de Vicente Fox, A.C. fue la entidad que más dinero concentró y la que más gastó. Las diversas fuentes de esos recursos fueron, además de Carlota Robinson, algunas de las 54 empresas de carácter mercantil (distintas a las de Korrodi) que intervinieron en la red, diversas personas físicas y morales no mercantiles, la aportación de 11 mil dólares que provinieron del extranjero, y una parte adicional cuyo origen no logró ser identificado por el sistema bancario.

6. El Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México recibió, además del financiamiento de las hermanas Robinson Kauachi, recursos de las demás 54 empresas mercantiles involucradas, de personas físicas y morales no mercantiles, así como de fuentes anónimas.

7. El resto del dinero gastado a favor de la campaña presidencial fue concentrado por Éxito con Fox, S.A. y otros actores menores cuyos recursos provinieron de Carlota Robinson, de otras personas físicas y morales y de otras fuentes no identificadas.

8. En total, los recursos involucrados en esta red de financiamiento y erogados en diversos rubros de la campaña de Vicente Fox ascendieron, como ya se mencionó, a 91 millones de pesos.
Los ilícitos. La investigación reveló un complicado esquema de transferencias y de intermediación que involucró a numerosos actores, pero permitió identificar gran parte de los recursos involucrados. En el dictamen se distinguieron las “fuentes lícitas” de las “fuentes ilícitas”, las primeras fueron aquellas integradas por personas que legalmente estaban autorizadaspara apoyar con recursos a los partidos políticos, mientras que las segundas eran aquellas que tenían una prohibición legal para hacer aportaciones a los partidos.

Las aportaciones comprendidas en ambos rubros significan un financiamiento irregular porque, independientemente de que se tratara de fuentes prohibidas o no, se trató de recursos que no fueron reportados al IFE. Fue un financiamiento oculto y, por ese hecho, contrario a la ley.

Dentro del rubro de “fuentes lícitas” se identificaron los recursos de 291 personas físicas y morales de carácter no mercantil que aportaron en conjunto 46 millones de pesos (46,463,670.83). La mayoría de estas aportaciones estaba dentro de los límites que marca la ley (el 0.05% del total de financiamiento público ordinario que reciben todos los partidos políticos, que en el año 2000 significó 750 mil pesos), pero 13 personas (de las 291 involucradas) excedieron ese límite, lo que constituyó una trasgresión adicional a la ley electoral.

El rubro “aportaciones ilícitas” del dictamen del IFE se dividió en cuatro apartados: a) aportaciones de empresas de carácter mercantil; b) aportaciones provenientes del extranjero; c) aportaciones del poder legislativo, y d) aportaciones de origen no identificado. En el primer caso, se detectaron aportaciones de 57 empresas por casi 18 millones de pesos (17,947,246); del extranjero se descubrió una aportación de 11 mil dólares de una persona que realizó una transferencia desde Pasadena, California; como aportaciones del poder legislativo se ubicaron dos transferencias de la cuenta del grupo parlamentario del PAN en el Senado y, finalmente, las aportaciones de origen no identificado sumaron 26 millones de pesos, que por lo general fueron depósitos en efectivo a las cuentas involucradas en la trama -lo que impide, per se, conocer el aportante.

Pero la coalición que postuló a Fox incurrió en una falta más: rebasar el tope de gastos de campaña para la elección presidencial del año 2000. Los 91 millones sumados a lo que la coalición sí había reportado como gasto, superaron el límite de ley en más de 18 millones de pesos.

El 10 de octubre de 2003, el Consejo General del IFE aprobó el dictamen de la Comisión de Fiscalización e impuso las respectivas sanciones al PAN y al Partido Verde Ecologista de México. Ambos partidos, presentaron quejas luego ante el Tribunal Electoral, quien más adelante confirmó en todos sus términos la investigación del IFE y fijó una multa definitiva de 498 millones de pesos (399 al PAN y 99 al PVEM).

Con el caso Amigos de Fox se demostró que en México, en materia electoral, ni siquiera el presidente de la República y su partido pueden estar más allá de ley. No es un dato menor en un país con una larga tradición de abusos desde el poder. n