Una historia menos atemorizadora
que ésta pero igual de dotada
para provocar incertidumbre y
luego sentimiento de indefensión
condujo al escritor Dashiell
Hammett a rebautizar un lugar
que originalmente llevaba por
nombre Personville (villa de
personas) por el de Poisonville
(villa envenenada); un pueblo
que pretendía representar a la
gangsteril sociedad de los años
veinte en Estados Unidos. En
efecto, Poisonville, como los
penales mexicanos, era una suerte de maqueta puesta ahí como
escenario para exhibir muchas
de las manifestaciones de la vida
bajo la jurisdicción y la ley de las
bandas de mafiosos.
El síntoma más notable del
poder de penetración que tiene la
hidra del narcotráfico en nuestro
país se vivió en la primera
quincena de febrero cuando se
descubrió que Nahum Acosta,
quien ocupaba un alto cargo en
la coordinación de giras de la
presidencia de la República, era un infiltrado de la mafia para informar sobre las actividades cotidianas del jefe del Estado mexicano. Aunque
en realidad este caso se parece
a muchos otros más. En nuestra
intoxicada mirada de las cosas ha
dejado de sorprendernos que una
buena parte de los integrantes de
los grupos mafiosos sean antiguos
agentes de la policía. Tampoco
nos escandaliza ya cuando se nos
dice que la mayoría de los cuerpos
encontrados estos días son de
tipos que ostentaban, o algún día
ostentaron, una placa de
representantes del Estado mexicano.
De acuerdo con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
al menos 13 de los penales
que existen en nuestro país se
encuentran en las manos de estas
redes criminales. Por ejemplo, el
Penal de la Palma se convirtió
en zona libre para que Osiel
Cárdenas Guillén y Benjamín
Arellano Félix, cabezas del Cártel
del Golfo, construyeran una
compleja estructura a partir del
reclutamiento de más de 30
internos y un número casi igual
de custodios. Lo mismo ocurrió en
otro penal de alta seguridad; el de
Puente Grande, Jalisco, terminó
por convertirse en la cómoda
residencia del clan encabezado
por los hermanos Caro Quintero.