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VIDA PÚBLICA

HECHOS

POR CIRO MURAYAMA

EL MIEDO COTIDIANO

La preocupación por la inseguridad personal y familiar se colocó en la cima de las inquietudes de la ciudadanía. Tal como venían advirtiendo diferentes encuestas, y como demostró la mayor movilización pública en la historia de la ciudad capital, la delincuencia es ya el problema que más agobia a los mexicanos, lo que da cuenta de que el Estado es incapaz de realizar de forma adecuada su función básica: ofrecer seguridad a los individuos.

Mientras dedicamos años a la discusión acerca del tipo de Estado que deberíamos tener en materia política («democrático», «representativo») o económica («eficiente», «conductor y no productor», «ágil en vez de obeso»), lo cierto es que en materia de seguridad ciudadana carecemos de un Estado, a secas, que sea capaz de cumplir con su misión.

Es pertinente asumir que la construcción del Estado mexicano del post-autoritarismo debe comenzar por fijar los trazos legales e institucionales que hagan de la seguridad ciudadana la precondición para que el resto de los temas de la vida pública puedan abordarse de forma adecuada. Sin seguridad personal para los individuos se vuelve pretensión ilusoria dar validez plena a sus derechos políticos, económicos y sociales.

LA IZQUIERDA Y LA INSEGURIDAD

La reacción adversa del jefe de gobierno capitalino y su entorno ante la marcha contra la delincuencia y la inseguridad, sugiere que esa izquierda debería al menos revisar las siguientes nociones sobre el asunto:

1. Que «el tema de la seguridad pública es de forma natural una bandera de la derecha». Bien vistas las cosas, en la teoría y la acción política de izquierda el Estado se ha comprendido como el principal instrumento que tienen «los débiles», los ciudadanos de a pie, para protegerse de «los fuertes», de los grupos privados de poder, entre los que hay que incluir a la delincuencia organizada. Por ello, la seguridad pública debería ser —como de hecho es en otros contextos— una de las preocupaciones de la izquierda, empeñada en ofrecer a los ciudadanos condiciones para vivir en dignidad y libertad.

2. Que «el crecimiento de la delincuencia se puede atribuir, simplemente, a la mala situación económica». Con esa explicación se termina responsabilizando de los crímenes a la población marginada e incluso otorga cierta «legitimidad» a las conductas delictivas. Además, esa visión hipoteca la solución de los inquietantes problemas de inseguridad a un cambio drástico y de fondo en la estructura socioeconómica del país —una fuga hacia adelante en vez de encarar un problema tan inmediato como grave.

3. Que «la inseguridad pública afecta de manera principal a los estratos sociales de mayores ingresos» —que es un tema «de los ricos»—, cuando las estadísticas revelan que la delincuencia lesiona de forma cotidiana sobre todo a los sectores de bajos recursos.

4. Que «sólo son legítimas las movilizaciones ciudadanas que convoca la propia izquierda». La convivencia democrática implica la coexistencia de diferentes corrientes y el reconocimiento de los derechos de «los otros», incluido, claro está, el de manifestarse.

5. Que «detrás de la marcha hubo una conspiración».

La izquierda debería ser alérgica a dichas tesis, pues ninguna corriente como ella ha padecido en carne propia ese tipo de acusaciones: el 68 es un ejemplo elocuente.

SIN REFORMAS ESTRUCTURALES Y… SIN EMBARGO CRECEMOS

2004 está resultando el año más dinámico para la economía en lo que va del sexenio. A contracorriente de lo que advertían las profecías del gobierno federal, en el sentido de que sin la aprobación de las reformas estructurales no se podría reactivar el crecimiento, en los dos últimos trimestres la economía avanza a una velocidad cercana al 4% anual. La causa: la expansión de la demanda (Keynes, una vez más, sonríe), localizada en buena medida en el repunte de las compras externas, pues las exportaciones aumentan a una tasa anual próxima al 11%. Crecemos, en efecto, pero más por la recuperación en Estados Unidos que por causas internas o aciertos en la conducción económica y, además, el dinamismo de las exportaciones tiene un reflejo cada vez menor en la evolución de nuestro producto nacional.

DESGOBIERNO EN EL GOBIERNO

Alfonso Durazo, secretario particular del presidente Fox, renunció a su cargo haciendo pública la carta de su dimisión con críticas a las decisiones del mandatario. Esa actitud evidencia que en unos cuantos años hemos pasado de la sumisión sin condiciones hacia la figura presidencial, a la deslealtad y al cuestionamiento público al ejecutivo por sus más cercanos colaboradores en cuanto se alejan de él, como si el cargo en el gabinete se debiera no a un proyecto y a una relación de fidelidad, sino a la mera conveniencia política personal, que se modifica según las coyunturas y las apuestas políticas individuales (ver «¿Hacia la descomposición democrática?», p 13).

Mientras tanto, el ex secretario de Energía, ex líder de la fracción parlamentaria y ex presidente de Acción Nacional. Felipe Calderón, inició formalmente la carrera para conseguir la candidatura presidencial de su partido. No deja de ser sintomático del estado actual de la política mexicana que sean el propio PAN, y uno de sus más respetados dirigentes, quienes coloquen en segundo plano la responsabilidad de conducir al país en lo que resta del sexenio y fijen como prioridad, con dos años de antelación, la sucesión presidencial.

INTENTO DE DESAFUERO

En la Cámara de Diputados avanza el proceso que podría desembocar en la remoción del jefe de gobierno del Distrito Federal. Así, un órgano político habrá de definir si hay lugar para que jurídicamente se proceda contra el virtual candidato a la presidencia por el PRD.

El espacio electoral consiguió ser legítimo porque en él confluyen las distintas opciones políticas reales. La exclusión artificial de algún participante puede ser un auténtico explosivo para la legitimidad del sistema de partidos y, por supuesto, para la elección presidencial de 2006.

GUERRA SUCIA: RECUPERAR LA MEMORIA

El secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García, pronunció un inusual discurso al finalizar junio, en el que llamó a «saber perdonar» para que «la nación no se nos vaya de las manos» y apostilló: «el ejército tiene las armas». Con su alocución el secretario de la Defensa sólo sembró confusión: no dijo de forma explícita quién debería perdonar a quién y de qué. El mensaje fue entendido como un exhorto —y también como una advertencia fuera de lugar— para que no se llegue a acusar legalmente a los miembros de las fuerzas armadas que hubieran participado en actos vejatorios de los derechos humanos durante la «guerra sucia», que ahora es investigada por la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, creada por instrucciones del titular del ejecutivo en noviembre de 2001.

Sin duda, no puede descalificarse la posibilidad de discutir si sería pertinente, en algún momento, otorgar perdón a quienes resulten responsables de los atropellos a la legalidad ocurridos en el pasado, tal como se ha hecho en otros países. Pero la eventualidad de brindar el perdón depende de que se determinen, antes, las culpas. Las amnistías benefician a individuos concretos, a personas que han sido juzgadas y que han merecido penas, mas no se aplican a ciegas y de antemano. En nuestro país los episodios de la guerra sucia apenas se están indagando oficialmente y se abre un espacio para recuperar la memoria, para curar heridas aún abiertas. Hablar hoy de perdón, antes de conocer la verdad y procurar la justicia, es más bien hacer un llamado al olvido y a una impunidad incompatible con los avances democráticos que hemos logrado. n