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LA NUEVA OPORTUNIDAD HACENDARIA

POR MANUEL ANGEL NÚÑEZ SOTO

Este artículo le confiere un rango de Constituyente a la Convención Nacional Hacendaria, cuyos trabajos comienzan este mes de febrero. Los trabajos de esta Convención serán fundamentales para México no sólo durante este 2004, sino en los años por venir.

En términos políticos, el primer semestre de 2004 estará marcado por los trabajos de la Convención Nacional Hacendada (CNH). Esta Convención será el ejercicio político más relevante del nuevo año, si bien es cierto que los términos esenciales utilizados para describir dicho ejercicio —»convención» y «hacendaria»— pueden sonar ajenos a los intereses y preocupaciones inmediatos de los ciudadanos. La CNH es la oportunidad para probar que los temas y retos hacendarios pueden ser tratados y resueltos sin caer en galimatías técnicos y, aún más importante, que el acuerdo político y multipartidista es posible en los temas fiscales.

Es necesario contestar tres preguntas fundamentales sobre la CNH: ¿Cuál es su objetivo de fondo? ¿Por qué la discusión sobre temas hacendarios es relevante para la ciudadanía? ¿Puede o no la CNH producir acuerdos aplicables en el corto plazo?

El objetivo de fondo de la CNH es que el acuerdo de un Estado federal y promotor de la justicia social, que la Constitución y el marco legal mexicano establecen, se cumpla en la práctica. De ese tamaño es el reto. Se trata de que la distribución y ejercicio de los recursos públicos se empaten en la práctica con las obligaciones sociales y de servicio público que tiene cada nivel de gobierno. No se trata de definir quién obtiene más recursos o quién gasta más, se trata de encontrar una fórmula para que los recursos de los mexicanos se inviertan y ejerzan por la autoridad con mejor posición y aptitud para atender las demandas ciudadanas.

Hoy, la totalidad del sector público —municipios, cuerpos legislativos, gobiernos estatales e instituciones federales incluidas— ejerce recursos equivalentes al 23.7% del PIB, sin embargo el 18.4% del PIB (77.6% del total de los recursos públicos disponibles) es ejercido exclusivamente por el gobierno federal.1

En ese escenario donde 32 gobiernos locales, el DF incluido, y 2,429 gobiernos municipales apenas ejercen el 22% de los recursos públicos, ningún acuerdo federal que la ley establezca es sostenible o posible. Hoy, el modelo hacendario vigente limita al papel la existencia de un verdadero régimen federal y hace imposible que los niveles de gobierno más afines a las necesidades de cada región tengan posibilidades reales de promover un desarrollo sostenible o responder a las demandas sociales más urgentes.

Del mismo modo, si una sola instancia de gobierno, en manos de un solo partido —el del ejecutivo federal— decide sobre el uso que se dará a tres de cada cuatro pesos disponibles en las arcas públicas, la posibilidad de que la nueva pluralidad política sea un elemento para asignar de mejor forma los recursos e inversiones que el país necesita para desarrollarse —algo que fue definido como una prioridad de la transición democrática mexicana— simplemente desaparece.

Si los recursos de gobierno no se comparten en la pluralidad de las distintas unidades de gobierno, la política social del país, y cualquier otra política pública sustantiva, quedará al final en manos de unos cuantos y estará sujeta a los vaivenes de la integración del poder público en México. Perpetuaríamos la «economía presidencial», para usar el término que Gabriel Zaid tan acertadamente acuñó.

Ahora bien, ¿por qué un nuevo modelo hacendario habría de ser relevante para los mexicanos en general? La respuesta es simple, aunque no por ello fácil de instrumentar. Un nuevo modelo hacendario es relevante para los mexicanos porque la política fiscal, en todas las naciones modernas y democráticas, es el instrumento fundamental de la redistribución de la riqueza.

La administración pública moderna es una estructura de redistribución y creación de bienes públicos y, obviamente, lo que hace eso posible es la existencia de un modelo hacendario coherente. Un Estado con un modelo hacendario inadecuado, poco o nada puede hacer para eliminar la desigualdad y la pobreza.

En las democracias desarrolladas hasta un 80% del gasto público se destina a servicios sociales y públicos de distinto tipo.2 El gobierno mexicano también redistribuye en servicios públicos la mayoría de sus recursos, pero un esquema hacendado obsoleto disminuye el impacto que esa redistribución pueda tener en el bienestar general.

En México necesitamos, con urgencia, un modelo hacendado redistributivo. Hoy, el 10% más rico de los mexicanos concentra el 41.6% de la riqueza del país; en contraste, el 10% más pobre apenas tiene acceso al 1.2% de los recursos nacionales.3 Por esa razón fundamental, necesitamos un modelo hacendado que permita generar más riqueza a la sociedad en su conjunto y la distribuya de manera más justa. Ese es precisamente el fundamento democrático y de justicia social que legitima los trabajos de la CNH.

Pero, ¿puede la CNH cambiar las cosas? Mi respuesta como político y como gobernador es que no sólo puede, de hecho, debe. La CNH se convoca con enorme seriedad y poderes para proponer una serie de reformas que se deberán integrar a la Constitución para generar así un nuevo modelo hacendado mexicano. Por el tipo de convocatoria, por la organización de sus trabajos y por el tipo de participantes, la CNH se equipara con un Constituyente Hacendado, y en realidad ese es su cometido esencial.

El 31 de julio la CNH deberá emitir una Declaratoria a la Nación, y esa declaratoria deberá modificar de manera radical la forma como se recaudan y ejercen los recursos públicos en México. Obviamente, los cambios institucionales deberán ser graduales —la propia convocatoria así lo establece— para evitar efectos negativos a nuestra economía y gobierno.

La CNH es una oportunidad única para confirmar —después de los desencuentros de diciembre pasado— que la política mexicana sí toma con seriedad los acuerdos colectivos, sobre todo cuando en ella participan los Poderes de la Unión, las entidades federativas, y la sociedad civil y empresarial organizada.

Si hasta hoy no se han alcanzado acuerdos urgentes en distintas instancias de gobierno, la CNH —en su papel asimilable a un Constituyente Hacendario— es una oportunidad estratégica para demostrar que la joven democracia mexicana tiene capacidad de acción colectiva. Si la CNH produce resultados concretos y perceptibles para la mayoría de la población, empezaremos a disipar las dudas que pudiesen existir sobre la pertinencia de nuestro diseño institucional para gobernar plural y efectivamente. Esa es la oportunidad, la nueva oportunidad. n

 1 oecd, Economic Surveys: México, noviembre 2003, pp. 6 y 174- 178. www.oecd.org

2Gosta Esping-Andersen, Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford: 2003.

3UNDP, Human Development Report 2003, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pp. 282-285. www.undp.org