EL PESIMISMO TIENE PERMISO

POR SYDNEY WEINTRAUB

Los mexicanos que llegaron a la mayoría de edad en los últimos veinticinco años —los que tienen hoy entre cuarenta y cincuenta años— no han visto sino devaluaciones y estancamiento. Tendrían que ser tontos para no ser pesimistas sobre el futuro, dada la conducción económica del país en estos años.

Conviene subrayar algunos hechos fundamentales del último cuarto de siglo en México. Desde 1980 no hay aumento real en el ingreso per cápita. Hasta el cambio de gobierno de Ernesto Zedillo a Vicente Fox, hubo crisis financieras al principio, al fin o en el curso de cada sexenio. Quizás estas catástrofes recurrentes sean cosa del pasado, pero ningún mexicano apostaría que sí. Las crisis financieras vinieron acompañadas de caídas económicas, sobre todo en 1982 y 1994. Los mexicanos que llegaron a la mayoría de edad en los últimos veinticinco años —los que tienen hoy entre cuarenta y cincuenta años— no han visto sino devaluaciones y estancamiento. Tendrían que ser tontos para no ser pesimistas sobre el futuro, dada la conducción económica del país en estos años.

Hay más. A las privatizaciones bancarias de principios de los 1990’s siguieron costosas quiebras, debidas en parte a la sobre compra de ilusiones sobre el futuro crecimiento económico, y en parte a transacciones oscuras y a tratos corruptos. El resultado último fue una fuerte deuda gubernamental por rescates mal manejados. A esto se suma que hace tiempo los bancos privados no son en realidad instituciones de crédito —y no se ve que eso vaya a cambiar—. La privatización de Telmex fue mejor manejada que la de los bancos, y el servicio mejoró, pero las tarifas altas de rasgos monopólicos ofenden a los usuarios. El desplome en las inversiones para exploración y explotación petrolera ha minado la confianza de los expertos en el futuro de Pemex y del sector de la economía vinculado al petróleo y el gas natural. Parte del problema de Pemex son los altos pagos que hace para compensar la tasa increíblemente baja de recaudación de impuestos —un 12% del PIB—. Con este nivel de recaudación es casi imposible sostener la inversión en programas sociales, educación y salud. Los índices de pobreza extrema no pueden mitigarse con el presupuesto; los impuestos no alcanzan. Y el crecimiento económico que podría reducirlos ha estado ausente.

La lista de males no es completa sin mencionar la corrupción y la impunidad. El escándalo por el  financiamiento indirecto de Pemex a la campaña presidencial del PRI en el 2000 no ha ido más allá de la multa impuesta a ese partido por el Instituto Federal Electoral. Lo mismo puede decirse de la corrupción asociada a los Amigos de Fox. Se diría que el PAN protege al PRI y el PRI protege al PAN. Todos los gobiernos empiezan con la promesa de combatir la corrupción, pero casi todo sigue igual. Nadie lo sabe tan bien como los mexicanos. Hace veinte años, un respetado académico mexicano me preguntó: “crees que México se volverá alguna vez un país desarrollado?”. El pesimismo era grande entonces, y puede haber aumentado luego de tanto tiempo sin logros. La realidad invita al pesimismo a millones de mexicanos. Odio escribir esto porque yo deseo que México entre en un periodo de crecimiento sostenido. Sería una gran ayuda para mexicanos y estadunidenses, He abrigado este deseo desde que, hace medio siglo, viví en México y empecé a estudiarlo.

Para mostrar mis cartas, debo decir que soy partidario del libre comercio entre México y Estados Unidos. No tengo dudas de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue una decisión acertada para México. En términos de comercio y de inversión, el TLCAN ha sido un éxito. Las exportaciones de mercancías mexicanas desde 1993 (el año previo a que el TLC entrara en vigor) hasta el 2002 crecieron a una tasa anual promedio de más del 15%, un logro notable si se compara con el crecimiento de las exportaciones mundiales que fueron menos de la mitad de esta tasa. El crecimiento de las exportaciones mexicanas está ahora a la baja, pero esto no contradice lo que se ha logrado. México es hoy la onceava nación comercial del mundo. La inversión extranjera directa en México desde 1993 ha sido en promedio de 13,000 millones de dólares al año; era la tercera parte de esta cifra antes del TLCAN. La inversión extranjera es crucial para un país que ahorra poco y recauda pocos impuestos, como México. Si los flujos de inversión bajan, como empieza a suceder, bajará el crecimiento de México.1

El TLCAN ha traído otros cambios positivos. La atención a la ecología y la protección del ambiente han crecido en México, lo mismo que el intercambio de las autoridades y la sociedad civil en la materia. Creo que la democracia mexicana se ha fortalecido por la mayor cantidad de actores que intervienen en las decisiones económicas. No obstante, el TLCAN se sobrevendió en México. Se creyó que conforme el comercio y la inversión crecieran, también crecería el PIB. No ha sido el caso. México no puede crecer tan sólo por el comercio, aunque las exportaciones de bienes y servicios representan ahora el 40% del PIB del país. Desde luego que el desempeño de la economía habría sido peor sin el gran crecimiento en las exportaciones, pero esto no cambia la realidad del crecimiento bajo.

No puede culparse al TLCAN de las políticas  macroeconómicas equivocadas, ni de los apoyos insuficientes a la educación y el desarrollo tecnológico, pero estas carencias y el TLCAN van de la mano en la opinión pública, porque ocurrieron simultáneamente. Los problemas de crecimiento de México no empezaron  con el TLCAN. El colapso de 1982 fue anterior al TLCAN, lo mismo que los altos índices de pobreza y las grandes inequidades en la sociedad mexicana. Sin embargo, los mexicanos vieron el TLCAN como una panacea, cosa que no ha sido ni podrá ser; y le reprochan no haberlo sido.

La crisis de 1995

La crisis de 1995 fue posterior al TLCAN, pero los críticos del TLCAN la incluyen como una de las consecuencias adversas del neoliberalismo. Desde mi punto de vista, ese colapso debe tomarse como una gran falla del gobierno mexicano.2 El PIB de México había caído en el tercero y en el cuarto trimestres de 1993 (dos trimestres sucesivos de caída es una de las definiciones de recesión), y el PIB per cápita en su conjunto cayó durante ese año en un 1.5%. 1994 fue año de elecciones presidenciales y la presión por tener un horizonte de crecimiento, aunque fuera pequeño, fue irresistible. El gobierno de Salinas había prometido un presupuesto balanceado para 1994. En su libro México: Un paso difícil a la modernidad, Salinas afirma que no había un déficit fiscal aunque él había aumentado el gasto social ese año. No había un déficit en el presupuesto, efectivamente, pero había un déficit oculto, fuera del presupuesto, de un 3% del PIB, en las operaciones de la banca de desarrollo mexicana. ¿Ese déficit fue una casualidad o un recurso deliberado para inflar un poco la economía? Los mexicanos enterados del tema están convencidos de que fue deliberado y de que la razón principal de ese déficit fue política.

México tenía 25,000 millones de dólares en reservas internacionales al inicio de 1994. La devaluación del 20 de diciembre de 1994 fue necesaria porque esas reservas se agotaron. La política financiera fue permitir que los tesobonos, garantizados en dólares, sirvieran de puente sobre el río de 1994 aun cuando las reservas internacionales bajaran. El argumento de Salinas fue que la crisis se debió al modo en que se manejó la devaluación: ‘”el error de diciembre”. Según el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, la devaluación se hizo sin la preparación necesaria, sin medidas complementarias en lo fiscal, lo monetario y lo salarial. La pregunta es por qué no se adoptaron esas medidas mucho antes, cuando las condiciones económicas  eran menos críticas, digamos, entre la victoria electoral de Zedillo el 21 de agosto y su toma de posesión, el 1 de diciembre. La única explicación creíble, dada la convicción general de que el peso estaba sobrevaluado, es que Salinas no quería una devaluación que manchara su sexenio. Al decir esto no quiero denigrar los logros considerables de estos hombres, sino más bien cuestionar su manejo de las finanzas mexicanas y la tasa de cambio en 1994.

Se sabe que las reuniones del gabinete económico, frecuentes antes de 1994, fueron esporádicas ese año y restringidas a unos cuantos enterados —el presidente Salinas, el secretario de Hacienda Aspe, y de vez en cuando el presidente del banco central, Miguel Mancera—. Los funcionarios que no estaban de acuerdo con la política de la tasa de cambio fueron excluidos de estas reuniones. El secreto se impuso y esto resultó ser un modo costoso de operación.3 También, es verdad, hubo un manejo descuidado de la devaluación. Cuando quedó claro que era necesario devaluar, se convocó a una reunión del pacto instalado durante el gobierno de De la Madrid para abatir la inflación, en el que participaban autoridades, empresarios y obreros.

Camino a la reunión del pacto en diciembre de 1994, autoridades financieras clave del gobierno, el secretario de Hacienda y el gobernador del banco central creían que había que dejar flotar el peso libremente hasta que diera con su nivel de mercado. En vez de eso, ante el llamado del presidente de la Asociación de Banqueros de México, la decisión final fue aumentar el techo de la banda de flotación del peso en un 15%. Esto, claro, no se sostuvo. La pregunta es por qué se permitió influir en la devaluación inminente a personas con intereses particulares, distintos e incluso opuestos a los de la nación en aquel momento.

El año de 1994 fue traumático. Los zapatistas de Chiapas se levantaron el 1 de enero. Colosio fue asesinado el 23 de marzo. José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado el 28 de septiembre. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó seis veces durante el año las tasas de interés y esto puso una presión severa sobre las tasas mexicanas. Las débiles condiciones de los bancos comerciales de México limitaron la flexibilidad del Banco de México para conducir la política monetaria. Ocurrieron muchos secuestros espectaculares. Todos estos horrores debieron obligar a las autoridades financieras mexicanas a ser ultra-precavidas, sobre todo respecto a la debilidad del peso. No fue así. El modo en que se manejaron los problemas, sólo para que vinieran después las consecuencias catastróficas sobre la economía, es otra razón de la desconfianza de los mexicanos en quienes los gobiernan. Los efectos sobre la economía mexicana, en mi opinión, habrían sido peores si los productores mexicanos no hubieran tenido un acceso completo al mercado de Estados Unidos bajo el TLCAN, o si el rescate del FMI y Estados Unidos no hubiera ocurrido en 1995.

El hecho es que la economía mexicana no ha sido bien manejada por sus gobernantes en el último cuarto de siglo. Las promesas políticas han terminado en lo contrario. El desarrollo compartido que prometió Echeverría repartió poco y provocó una inflación desastrosa. El enorme gasto público de López Portillo, montado sobre el pronóstico de un aumento incesante de los precios del petróleo, terminó en inflaciones aún más altas y en un pacto para reducirla gradualmente. La insistencia de Salinas en mantener el valor del peso llevó a una devaluación masiva de la moneda menos de tres semanas después de que dejó el cargo. A pesar de su promesa de campaña de un 7% anual de crecimiento del PIB, Fox sólo ha traído caídas del ingreso per cápita.

El cuadro anterior es necesario para tratar de responder por qué se han diluido las reformas estructurales necesarias. Hay dos tipos de reformas en juego. El primer tipo se refiere a problemas específicos que necesitan solución. La privatización de las pensiones durante el gobierno de Zedillo fue una reforma de este tipo. De ese tipo son, también, las reforma fiscal y la reforma energética que impulsa el gobierno de Fox. Su fracaso se debe en gran parte al conflicto político, pero no sólo a él. La primera propuesta de reforma fiscal era quitar la exención del IVA a alimentos y medicinas. Tuvo poco apoyo en parte por su carácter regresivo. La reforma para permitir mayor inversión privada en la explotación del gas natural para generar electricidad ha sido difícil por razones ideológicas y políticas.

El segundo tipo de reformas es más genérico y quizá más difícil porque afecta la estructura misma de la gobernabilidad. Cuando fue elegido presidente, Zedillo había pensado reformar el sistema judicial, pero fue absorbido por el desastre financiero. Para mexicanos con poco poder o recursos financieros, el “sistema judicial” es un oxímoron: no es predecible ni es justo.

Cambios específicos que afectan sustancialmente cosas tan centrales como los impuestos, la generación eléctrica y la justicia o el castigo a la corrupción, pueden alterar las condiciones de gobernabilidad. Si el gobierno tiene más ingresos y si el gasto se ejerce honestamente, pueden mejorar las condiciones sociales. Una buena mezcla de reformas y políticas macroeconómicas puede llevar a un crecimiento sostenido y aliviar la pobreza. Son posibilidades que pocos mexicanos creen posibles.

Podría argumentarse que el pesimismo sobre el futuro de México estimulará a los dirigentes políticos a hacer reformas para ganar popularidad y mejorar el ánimo público. No ha sido el caso. El presidente Fox y la legislatura dominada por el PRI se han pasado la primera mitad del sexenio en curso en riñas persistentes, mostrándose incapaces de llegar a un acuerdo sobre reformas estructurales que permitan mejorar la explotación del gas natural, la generación de energía eléctrica o la recaudación de impuestos. El gobierno dividido, con un partido controlando el ejecutivo y otro (u otros) con dominio de la legislatura, es nuevo en México. Hasta ahora ha llevado a un punto muerto.

Las reformas relativas a impuestos, la propiedad estatal del petróleo y el gas, y la procuración de justicia son muy complejas y exigen un valor político que ha faltado hasta ahora. Por el contrario, se ha dado prioridad al interés estrecho de ganar las siguientes elecciones. Esto puede ser una ventaja durante los próximos tres años si la dirigencia del PRI en la Cámara decide que pactar las reformas es la mejor vía para recobrar la presidencia. Esta vía de la cooperación puede mezclar dos elementos: demostrar que su nueva posición es cooperar con el interés nacional y promover al mismo tiempo el interés particular del partido.

La mancuerna del pesimismo público y el pobre desempeño oficial será difícil de vencer. Puede lograrse si hay reformas importantes, pero éstas sólo serán posibles si el proceso político de México cambia del obstruccionismo en que está a la negociación razonable. Quizás el problema sea la falta de experiencia en cambios legislativos con gobiernos divididos. Alguna experiencia se ha ganado en estos años y quizá los siguientes tres del gobierno de Fox puedan ver mejoras en las relaciones del ejecutivo con el congreso. No es imposible, pero si yo fuera mexicano no me haría ilusiones, n

La mancuerna del pesimismo público y el pobre desempeño oficial será difícil de vencer. Puede lograrse si hay reformas importantes, pero éstas sólo serán posibles si el proceso político de México cambia del obstruccionismo en que está a la negociación razonable.

1La tasa efectiva de recaudaciones del impuesto sobre el valor agregado en México fue sólo el 32% del potencial total de las recaudaciones en 1997, la tasa más baja para cualquier país de la OCDE. Véase Steven B. Webb: “Challenges and Prospects for Tax Reform”. en Marcelo M. Giugale, Olivier Lafourcade y Vinh H. Ngu- yen (editors): México: .4 Comprehensive Development Agenda for the Aeic Era World Bank. Washington, D. C., p. 188.

2 He escrito extensamente sobre esto. Véase Sydney Weintraub: Financial Decision-Making in Mexico: To Bet a Nation. Macmillan Press and Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, Houndsmills. Basingstoke,Hampshire, 2000.

3 No puedo sino apuntar que el secreto en la torna de decisiones sobre la guerra en Irak prevaleció bajo el presidente de Estados Unidos George W. Bush, y que esto llevó a serios cálculos erróneos