EL CIUDADANO INEXISTENTE

POR FERNANDO ESCALANTE GONZALBO

Se dice que no hay ciudadanos. Es verdad. Lo que hay, en general, es lo que ha habido siempre. Tenemos una sociedad acostumbrada a participar, a exigir, a imponerse incluso, pero no de manera civilizada ni democrática.

Con frecuencia se dice que en México no hay ciudadanos, que no hay una cultura cívica. Con eso se quiere decir que en general falta una serie de virtudes: respeto de la ley, autocontrol, solidaridad, conciencia del interés público. Es verdad y no hace falta mucho para demostrarlo. Pero tampoco habría razones para esperar otra cosa. No ha habido esas virtudes en el pasado y no hay nada en el presente que sea en particular favorable para producirlas. De hecho, la queja por la falta de civismo habla no de otra cosa sino de las ilusiones políticas que abrigamos.

Cuando se piensa en una sociedad ideal, incluso cuando se piensa tan sólo en una sociedad mejor, hace falta imaginar también otra clase de hombres, mejores. Hombres de ciertas inclinaciones y actitudes. El socialismo necesitaba un hombre nuevo, lo mismo que las teorías recientes de economía o administración pública necesitan al individuo racional; lo mismo que buena parte de nuestra clase política, buena parte de nuestros intelectuales, también, necesitan ciudadanos. Es decir: no se requiere la “virtud”, sin más, sino una clase particular de virtudes, que no son las del buen padre de familia ni las del buen carpintero, ni siquiera las del hombre bueno.

El ciudadano es una construcción imaginaria de la tradición republicana que iniciaron los pensadores latinos de la época imperial: Tácito, Salustio, Cicerón. Tito Livio. Tiene por eso todas las virtudes que habían existido, según su idea, en la antigua República; el ciudadano es a la vez soldado, contribuyente, elector y magistrado, y por eso necesita valentía, abnegación, capacidad de juicio, disciplina, voluntad de sacrificio, sobriedad, honradez, moderación, amor a la libertad. Ahora bien: casi todas esas virtudes, que seguimos asociando con la ciudadanía, resultan prácticamente innecesarias para el orden institucional moderno, que pide mucho menos de sus ciudadanos. En realidad, lo único indispensable es una moderada disposición para cumplir con las leyes. Nuestros republicanos esperan más, mucho más.

No sucede sólo en México. Hubo un resurgimiento del republicanismo, más o menos general, a partir del derrumbe final de los países socialistas. La idea republicana ofrecía una especie de contrapeso del individualismo radical que era entonces la norma: contra el mercado estaba la República, contra el egoísmo racional, el interés público, contra la matemática de los intereses estaba la virtud, la participación, la solidaridad. Era un modo de recuperar el lenguaje colectivista, los ideales igualitarios, el activismo; no cuesta mucho trabajo ver el trasvase conceptual que permite que la Ciudadanía o la Sociedad Civil ocupen el lugar que antes tenía el Pueblo, el Proletariado o el Sujeto Revolucionario, lo mismo que la República radical ocupa el lugar de la sociedad sin clases. Incluso era posible, en 1989, renovar el idealismo revolucionario a partir de los lemas y los motivos de la Revolución francesa, como episodio culminante del republicanismo moderno.

En México, además, coincidió todo ello con la lenta agonía del régimen posrevolucionario. El lenguaje republicano era particularmente útil para señalar uno de los defectos básicos del arreglo priista: la inexistencia del interés público. El partido, el gobierno y el Estado formaban una maraña indiscernible, y eso contribuyó, junto con el antiautoritarismo tradicional de la retórica política mexicana, para componer el tópico más frecuente del tardopriismo, es decir, que la Sociedad vivía oprimida y en oposición al Estado (o al Sistema o al régimen, que daba lo mismo).

El lenguaje populista, explotado hasta el hartazgo durante el siglo XX, resultaba bastante arcaico; no obstante, los mismos argumentos morales, la misma lógica puso el armazón para el descubrimiento de la Sociedad Civil. El adjetivo tuvo un éxito sorprendente. Como antes el Pueblo, la Sociedad Civil del fin de siglo era sufrida, valiente y virtuosa, heredera de luchas multiseculares, partidaria de la Democracia y enemiga del PRI. Fue necesario atribuirle además toda otra serie de virtudes, porque se le asignó un papel fundamental como motor del cambio, garantía de transparencia, honestidad y vocación democrática. Esa ilusión está en el origen de nuestro republicanismo reciente, que tuvo su parte de fantasía pero también mucho de oportunismo. Esa ilusión explica también el desencanto de hoy.

Lo que hay, en general, es lo que ha habido siempre. Tenemos una sociedad acostumbrada a participar, a exigir, a imponerse incluso, pero no de manera civilizada ni democrática. Lo que hay son motines urbanos, bloqueo de carreteras, hay campesinos que exigen tierras a mano armada, hay empresarios que amagan con higa de capitales y hacen su negocio con el favor del Estado, hay piquetes de estudiantes que se imponen en nombre del Pueblo, hay pacíficos arreglos ilegales, sobornos, influencias, clientelas obedientes y eficaces; hay la costumbre de ocupar los edificios públicos, de secuestrar funcionarios, linchar policías. Hay todo lo que antes quedaba disimulado bajo el manto del priismo. Y no habría razones para esperar otra cosa.

Se dice que no hay ciudadanos. Es verdad. Pero es una tontería escandalizarse. No tenemos las virtudes del imaginario ciudadano que necesita la tradición republicana. No tenemos una Sociedad que pueda llamarse Civil. De hecho, no tenemos ni siquiera ese mínimo que hace falta para que funcione con normalidad un orden institucional moderno, ese mínimo que es un moderado respeto de la ley. Pero tampoco habría por qué esperarlo: ni lo ha habido antes ni hay razón para que lo haya ahora.

Decir esto hace veinte años era casi imposible; significaba traicionar las esperanzas democráticas y hacerse cómplice del autoritarismo. Hoy sucede exactamente lo contrario. La sociedad se ha vuelto mala: incivil, antidemocrática, refractaria al cambio, porque eso sirve para contrarrestar el desencanto y para justificar, donde haga falta, la ineptitud de los políticos. La dificultad está en la inercia, en los lastres del pasado, en los hábitos que nos dejaron los setenta años (de modo que puede todavía sacarse algún provecho del único resorte creíble de nuestro lenguaje público, que es el antipriismo).

Hablemos en serio. Si nos falta ese mínimo irrisorio de civilidad que consiste en cumplir habitualmente con la ley no es por el peso del pasado. Por supuesto, la historia cuenta: configura pautas de comportamiento, formas de organización, mecanismos de acción política. Sin embargo, la gente no ofrece sobornos, no evade impuestos, no apedrea policías ni quema urnas electorales porque se acuerde de los tlatoanis ni porque así se hacía en tiempos de Díaz Ordaz. No es el fantasma del Antiguo Régimen lo que cuenta, sino la triste realidad del Estado actual; para ser más exactos, la práctica inexistencia del Estado en la actualidad.

En términos prácticos, la obligación de cumplir con la ley no es incondicional. Se obedecen las leyes, cuando se obedecen, porque hay una confianza fundada en la autoridad, porque hay la expectativa razonable de que los demás harán lo mismo y puede pensarse que la ley manifiesta de algún modo el interés público. Es decir: la obligación de cumplir con la ley depende de que en efecto exista el Estado.

Por eso importa tomarse en serio los “defectos” de nuestra ciudadanía y valdría la pena dejar de usarlos como pretexto o consolarse con la idea de que sea un lastre del pasado: son el signo más claro, transparente, de la precariedad de nuestro orden político. Pongámoslo en otros términos: el problema no es que no haya ciudadanos, sino que no hay Estado. n