EL LLANO DE SIEMPRE, LAS LLAMAS DE AHORA

Hay una profunda crisis en el campo mexicano. Desde hace más de tres décadas la producción agropecuaria ha crecido más lentamente que la población. Como resultado, la cuarta parte de los mexicanos que vive en el campo produce menos del 6% de la riqueza nacional. El 90% de los productores rurales, 4 millones de productores pobres, generan menos de la mitad de ese 6%.

Desde el comienzo del actual gobierno. la producción agropecuaria ha caído, según datos oficiales, un 5.5% el primer trimestre, y un 4.3% en el segundo, comparado con el mismo periodo del año 2000. El campo está descapitalizado. El precio de sus insumos (semillas, fertilizantes, maquinaria, combustible, energía) ha crecido 500% en la última década. Los precios de los productos agrícolas (trigo, arroz, frijol, maíz) tienen rezagos de hasta 50%.

Un problema de ese tamaño no pasa desapercibido ni con los ojos bien cerrados. Protestas, escándalos y hartazgos han puesto en circulación una vez más la vieja historia de la crisis del campo. Esa historia no empieza con Emiliano Zapata en 1910, sino con Luis Echeverría en los años setentas.

Entre 1970 y 1990, el problema del campo mexicano trató de resolverse con subsidios selectivos: precios elevados para ciertos productos, crédito barato y agua cara que no había que pagar, fertilizantes y semillas de precio accesible pero de baja calidad, y hasta compra y fábricas de tractores. Los subsidios crecieron exponencialmente, junto con las burocracias que los dispensaban.

En la feria de los subsidios, los pobres del campo recibían acaso una salpicadura y los problemas estructurales del sector permanecían estacionarios o se agravaban hasta la crisis recurrente. Entre 1992 y 1994 se tomaron algunas medidas para cambiar las reglas de la producción rural. La reforma al artículo 27 constitucional dio seguridad a la propiedad agraria para que las inversiones arraigaran a la gente en la tierra y frenaran su nomadismo en busca de los subsidios selectivos. La apertura comercial del tratado de libre comercio con Norteamérica depositó en el mercado los alicientes que el Estado había tratado infructuosamente de asumir.

Procampo otorgó subsidios compensatorios a los productores rurales. Por primera vez los pobres del campo fueron sujetos directos del apoyo público. Los productores comerciales más grandes quedaron protegidos por un esquema provisional de compensación para llevarlos a invertir y hacerse competitivos.

La crisis del 95 se llevó casi todo lo hecho. Los recursos públicos se encogieron. Los programas compensatorios, como el Procampo, se achicaron. A las reformas interrumpidas se agrega hoy el conflicto político. El cambio de estilo irrita y la falta de claridad confunde. La incomunicación radicaliza. Muchos actores malheridos reparten manotazos. El encanto mediático no puede suplir a las definiciones ni a las políticas públicas. La política rural brilla por su ausencia.

Un caso dramático es el maíz. Su precio se ha mantenido en 1,200 pesos por tonelada, cuando el precio que permitiría recuperar los costos de producción es de 1,600 pesos.

El precio internacional del café se desplomó y actualmente fluctúa entre los 90 y 100 dólares por cada 100 libras, cuando la media aceptable es de 120 dólares. Por falta de entrega de recursos para un programa emergente, alrededor de un millón y medio de quintales se dejaron de cortar. En consecuencia, las exportaciones del sector cayeron en 200 millones de dólares. Las zonas donde operan las guerrillas rurales del país —Chiapas, Oaxaca y Guerrero— son productoras de café. Si el café deja de ser “rentable” para los campesinos más pobres, su incentivo para adherirse a estos grupos puede crecer.

El arroz enfrenta uno de los precios más bajos de su historia. Se especula ya que en menos de dos años México pasará a ser un importador neto de este cereal. El frijol está amenazado por serios problemas de contrabando.

El sector agrícola no sólo está en crisis por sus pérdidas y su baja productividad. Resiente problemas estructurales igualmente graves.

Primero, la convivencia desigual de una agroindustria exportadora pujante y moderna, y un amplio sector de productores sin técnica ni crédito con los niveles de vida más bajos de toda la población nacional.

Segundo, los campesinos no han recogido ni una migaja de la modernización experimentada por el país en los últimos veinte años. Es el sector que mejor demuestra el lado oscuro de este proceso, para muchos el emblema de que la economía de mercado no funciona. La economía de mercado, tal cual se ha aplicado en México, no ha funcionado para el campesino.

Tercero, en ninguna economía desarrollada se ignora la necesidad de una política de subsidios agrícolas. Estados Unidos y la Unión Europea subordinan sus acuerdos comerciales a ese punto.

En México se dice que los subsidios van contra las “leyes del mercado y la libre competencia” y los pocos subsidios que se otorgan son insuficientes, mal administrados, vinculados muchas veces a prácticas corruptas.

¿Soluciones? No parece haber ninguna inmediata, ni siquiera sexenal. Hay gente de más en el campo. La productividad rural es muy baja. Los programas sociales son limitados y de mala calidad, particularmente en lo básico: educación y salud. Las transferencias de dinero público al campo son insuficientes. La inversión y modernización empresarial necesarias no atienden el rezago. Las inercias políticas y burocráticas persisten.

La democracia transparenta estos problemas. La transparencia los hace inocultables y urgentes. Mejora la visibilidad de los conflictos, dificulta su negociación. Pero el problema es más serio: no hay soluciones reales al campo mexicano que no tarden años en dar frutos. Hace falta un marco general de crecimiento acelerado, claridad estratégica para el campo como política de Estado, cuidado para los recursos naturales ya deteriorados, programas congruentes de largo plazo, manejo político incluyente.

Todas esas cosas escasean en el nuevo gobierno. Empieza a escasear, por lo mismo, la paciencia en el campo de México. Pero la culpa del actual desastre agrario no puede ponerse en las espaldas del nuevo gobierno. Pagan un pato que no mataron. ¿Quién lo mató? El escritor Luis González de Alba ha ensayado una respuesta: “Noventa años de reparto hasta la micro- pulverización. la falta de garantías a la propiedad rural, el desprecio a la inversión. la perpetuación de los usos y costumbres milenarios, la conversión del campesino en carne de mitin y voto regalado. O sea. la Revolución y su ideología”. n