Sin ton ni son

Los intensos

No sé por qué el clima anímico de la temporada me recordó mi vieja lectura de Maurice Duverger, Los partidos políticos (FCE, 1957, traducción de Julieta Campos y Enrique González Pedrero). Aquel estudioso francés no sólo diseccionaba los distintos grados de adhesión a los partidos y sus relaciones múltiples y complejas (militantes, simpatizantes, votantes), sino que intentaba y lograba reflexionar sobre la intensidad de la participación; el ímpetu con el que los militantes asumían su militancia, la frialdad o el ardor de la misma, el nivel del compromiso y de identificación con el partido.

Para ello realizaba una sugerente y elocuente analogía. Un “juego” intelectual cargado de sentido. Retomando a Tönnies, distinguía primero dos tipos de grupos sociales: “la comunidad” (Gemeinschaft) y “la sociedad” (Gesellschaft). La primera era algo dado, la persona nacía en ella. No resultaba optativa. Uno pertenecía a una familia, un lugar, un país. Uno nacía como parte de los Hernández, era de Tierra Caliente y mexicano. Esos grupos resultaban “preexistentes” al individuo. La segunda era una agrupación social voluntaria, fundada en la adhesión. Uno entraba en ella, pero bien podría no haber ingresado. Era una creación que perseguía intereses, los cuales podían ser materiales, intelectuales, de recreo, afectivos. Los sindicatos, las mutualidades, una cámara empresarial, un círculo literario, una sociedad filantrópica o un club deportivo ejemplificaban lo anterior.

Ilustración; Jonathan Rosas

Pero, escribía, existe una fórmula intermedia entre ambas, la Orden, que se fundaba en una participación voluntaria como la “sociedad”, pero la adhesión a la misma resultaba total, como si se tratara de una familia (“comunidad”). El grado del compromiso era mucho mayor que el que se adquiría en la simple “sociedad”. “La Orden descansa en una necesidad profunda de comunión, de superación de la personalidad, de fusión de las individualidades en el seno del grupo que las trasciende”. Por supuesto, en un libro que se publicó por primera vez en 1951, apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial, Duverger pensaba en la experiencia de los partidos fascistas y comunistas, que fueron capaces de subordinar a millones de individuos en nombre de una causa, de reclutarlos con ardor para convertirlos en súbditos del partido. La Orden se distinguía claramente de las otras dos fórmulas de grupos sociales por la intensidad y la profundidad de la adhesión. La Orden se diferenciaba “por el entusiasmo, la efervescencia: frente a una sociedad fría, podría hablarse del calor de la Orden. Una religión naciente, una orden monástica, un matrimonio por amor”. Creo que no había ironía en los ejemplos, sino una fórmula para subrayar que paulatinamente el entusiasmo en la Orden suele decaer, se “enfría, hasta convertirse un día en comunidad o sociedad: las religiones acaban en iglesias, los matrimonios por amor en comunidad de hábitos”.

En un solo partido podían establecerse lazos de los tres tipos. Algunos afiliados o militantes se encontraban en el partido como en familia, por tradición, habían nacido en él, formaban parte de la comunidad y su identidad era ésa, ninguna otra les parecía posible. Ni siquiera eran capaces de pensarse fuera de él. Otros, atraídos por reales o supuestas o potenciales ventajas materiales o por el impulso de hacer el bien o influir en alguna causa, ingresaban como se entra a una sociedad, en el sentido enunciado. No obstante, al parecer nunca faltaban los que “impulsados por la pasión, el entusiasmo, la voluntad de comunión”, sentían que habían ingresado a una Orden. A una mística que demandaba disciplina y sumisión. Duverger apuntaba: “es a menudo el caso de la juventud y los intelectuales”.

Había y hay, sigo como en toda la nota a Duverger, la necesidad de afirmarse, de establecer o subrayar una identidad, un cierto orgullo que fomenta la pertenencia, de ser y estar. Un sentido de causa superior que trasciende a los individuos. Se trata de una fusión/confusión del sujeto con el partido.

Tengo la impresión que la totalidad de nuestros partidos son más bien “sociedades”, pero en (casi) todos existen personas que los viven como si fueran “comunidades” e incluso como si fueran “órdenes”. Sólo los últimos (me) preocupan. Porque suele suceder que la pasión, como dice la copla, es ciega; obstruye las posibilidades de diálogo y acuerdo, construye enemigos a diestra y siniestra por el solo hecho de no vivir con la misma intensidad y vigor el compromiso político; porque suele desatar intolerancia hacia el otro e incomprensión ante el disenso, en una palabra, porque creen ser poseedores de la verdad, a la que tienen en un puño, y de ser, además, la encarnación de la virtud.

Repito, quizá para darse ánimo, Duverger se preguntaba si los partidos-Orden no estaban destinados a convertirse, con el paso del tiempo, en sociedades o comunidades, porque vislumbraba una tendencia a despojarse paulatinamente “de su entusiasmo, de su efervescencia”, “de su naturaleza totalitaria”.

 

José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Cartas a una joven desencantada con la democracia.

Agenda

Autorretrato de la confusión liberal

En un reciente ensayo —“El peligro populista como autorretrato liberal”— Carlos Bravo y Juan Espíndola hacen un enjundioso llamado a “identificar y promover las oportunidades tanto democráticas como liberales que puede haber en el correctivo populista del lopezobradorismo”.1 Hay muchas cosas atendibles en su catilinaria. El objetivo de los autores es impecable: es necesario trascender interpretaciones simplistas de la realidad política, etiquetas que son bandera de combate y que obstruyen nuestra comprensión. Encuentro, además, acertada su crítica a la timidez con la que a menudo se discuten las ideas. Tienen razón cuando afirman que “el recurso al desdoblamiento impersonal, donde pareciera que el liberalismo es una conciencia que se piensa a sí misma y no un campo donde piensan y escriben autores con nombre y apellido, debilita el ejercicio: exime a sus autores de hablar en primera persona o de discutir abierta y francamente con sus correligionarios”. Es necesario tomarles la palabra y atender sus argumentos.

Con lo encomiable que es su exigencia de rigor analítico, lo cierto es que su alegato está muy lejos de hacerle justicia al reclamo. El retrato que con buena pluma pintan del liberalismo reciente es una imagen distorsionada y confundida. Es una muestra, algo extrema, del liberalismo titubeante que he criticado en estas mismas páginas.2 La confusión es, en primer lugar, conceptual. A pesar de que afirman que hay muchos liberalismos (cosa indudable), los autores no se toman la molestia de definir el término (al contrario de lo que sucede con el populismo, sobre el cual ofrecen unas cuantas características definitorias). Si, como afirman, hay tantos liberalismos —de Tocqueville a Nozik— ¿qué elementos teóricos o principios tienen en común? Un alegato que no puede, o no quiere, definir su objeto de crítica, es estructuralmente débil. Esta omisión permite que los críticos hablen en el aire, discurran alegremente y se anoten ingeniosos puntos.

Ilustración: Víctor Solís

¿Qué es el liberalismo? La definición de Stephen Holmes me parece adecuada: “El liberalismo es una teoría política y un programa que florecieron desde la mitad del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX. Tuvo, por supuesto, importantes antecedentes y todavía es una tradición viva hoy. Entre los teóricos clásicos liberales deben contarse a Locke, Montesquieu, Adam Smith, Kant, Madison y John S. Mill. […] Las prácticas centrales de un orden político liberal son la tolerancia religiosa, la libertad de discusión, las restricciones al comportamiento de la policía, las elecciones libres, el gobierno constitucionalbasado en la división de poderes, el escrutinio de los presupuestos públicos para evitar la corrupción y una política económica comprometida con el crecimiento sostenido basado en la propiedad privada y la libertad de contratar. Las cuatro normas o valores centrales del liberalismo son la libertad personal (el monopolio de la violencia legítima por agentes del Estado que a su vez son vigilados por ley), imparcialidad (un mismo sistema legal aplicado a todos por igual), libertad individual (una amplia esfera de libertad de la supervisión colectiva o gubernamental, incluida la libertad de conciencia, el derecho a ser diferente, el derecho a perseguir ideales que nuestros vecinos consideren equivocados, la libertad para viajar y emigrar, etcétera), y democracia (el derecho a participar en la elaboración de las leyes por medio de elecciones y discusión pública a través de una prensa libre)”.3

Los yerros de los críticos no sólo son conceptuales, también son políticos y filosóficos. Bravo y Espíndola sostienen que el régimen democrático, producto de la transición, “asumió la democracia en su definición más mínima, menos ambiciosa, como una cuestión no tanto de compromisos sustantivos como de procedimientos institucionales”. No fue así. Como en muchos otros países, la transición mexicana a la democracia engendró en la sociedad muchas expectativas no institucionales. No fueron pocas, sino demasiadas, las expectativas que produjo la democracia en México. De hecho, bien pudiera ser que lo contrario a lo que sostienen sea lo cierto: el régimen alentó reclamos, como la “equidad”, que no sólo no podían ser satisfechos por las instituciones sino que no eran parte del legado normativo de la democracia liberal.4

En esta indignada saga el “liberalismo” de pronto deja de ser una teoría y se materializa en un actor político que actúa. Así, acusan, este liberalismo reificado “toleró y engendró” (sic): “niveles de pobreza, exclusión, violencia, desigualdad, discriminación, corrupción e impunidad” que “minaron cualquier posibilidad de un orden liberal mínimamente funcional”. De esta forma, un ente amorfo, indefinido, pero dotado de una indudable agencia, fue la causa —o el solapador— de todos estos males. Como muchos críticos ingenuos de las incipientes democracias alrededor del mundo que esperaban que los nuevos regímenes políticos terminaran con todos los males sociales y económicos de países atrasados y pobres, Bravo y Espíndola le reclaman a un conjunto de ideas que no terminara con las lacras seculares del país. No parece ser muy diferente esta crítica de otras que responsabilizan al malévolo “neoliberalismo” de todos los males del mundo: del ébola hasta el reguetón. No debemos olvidar que las ideas no “hacen”; son los individuos los que actúan. Y los actores políticos no son robots movidos automáticamente por un sistema operativo “liberal”. La instrumentalización de las ideas siempre requiere explicación. Ignorar esto es caer precisamente en el simplismo ramplón que correctamente critican los autores.

De forma similar, los críticos inventan un chocante personaje, llamado “liberalismo de la transición”, burriciego y miope, incapaz de ver más allá de sus narices. Como resultado de sus aviesas maquinaciones se instaló en la sociedad mexicana un “consenso liberal realmente existente”. Este era “un liberalismo condescendiente, encogido, rutinario, que se volvió más ideología del statu quo que conciencia crítica del mismo, y al que le bastaba apelar a recetas de manual o argumentos de autoridad para no habérselas en serio con todo lo que quedó a deber”. En la realidad no existe el “liberalismo de la transición”. Lo que ocurrió en los noventa del siglo pasado y en las dos décadas del presente es que diversas ideas liberales fueron tomadas por numerosos intelectuales, académicos y políticos que conformaron varias “familias” liberales muy distintas entre sí.5 Tenían algunas coincidencias y muchos desacuerdos. Varias de ellas, como la “modernizadora” y la “libertaria” propugnaban —y propugnan aún— por un cambio profundo del statu quo. La supuesta uniformidad del “liberalismo de la transición” es una quimera.

Para los críticos, los liberales son culpables de imaginarse “al peligro populista abalanzándose sobre los derechos, las instituciones y los principios del ordenamiento político”. Esos temores, nos dicen, en realidad revelan más sobre los liberales que sobre el peligro populista: “más que un retrato preciso del populismo, la representación liberal de este fenómeno ha producido un autorretrato involuntario que no favorece mucho al liberalismo, y que acaso hasta lo desfigura”. Vaya, cosas del inconsciente. ¿Qué es lo que traicionan los miedos liberales? Una visión antidemocrática, acusan los críticos. Los liberales, nos dicen, son culpables de “aborrecer la posible reconstitución ‘absolutista’ del poder ejecutivo”. También padecen una especie de “alergia contra las mayorías absolutas que eran vistas con recelo y casi como antidemocráticas”. La crítica del poder presidencial predemocrático de la era del PRI se convirtió, nos alertan, en un tic. Los liberales, clavados irremediablemente en el Antiguo régimen, son incapaces de reconocer el novedoso carácter democrático de la elección de julio de este año. No se dan cuenta de que el resultado de ella es cabalmente el “producto de la voluntad ciudadana”. Lejos de ser una amenaza a la democracia, el nuevo orden de cosas es su “soberana constatación”.

Tienen razón los críticos, los liberales tienen una desconfianza cerval del poder concentrado. Esto es así aunque este poder sea el resultado de un proceso que se ajuste “en fondo y forma a los rigores del método democrático”. Esta desconfianza es un rasgo común de la tradición liberal. No se trata de ninguna anteojera producto de la fijación con el pasado. No comprender esto es no conocer esa tradición. Tocqueville temía a la tiranía de la mayoría, aunque fuera democrática. Las mayorías no sólo se equivocan; pueden también actuar de manera tiránica. ¿Es un rasgo antidemocrático temer a un presidente que tendrá no sólo el control absoluto del Ejecutivo federal sino la mayoría calificada en ambas cámaras para reformar la constitución a su antojo? Difícilmente. ¿La separación de poderes institucional es garantía de que el poder será limitado? Sólo es necesario recordar que la separación de poderes formal estuvo en la constitución durante todo el periodo del autoritarismo posrevolucionario. Fue el control político de los tres poderes lo que creó el fenómeno de las monarquías sexenales, como llamó Daniel Cosío Villegas a los gobiernos del PRI. Es una ingenuidad no comprender las bases reales que constituyen al poder. La crítica del poder democrático no sólo es posible, es una necesidad para los liberales.

Los argumentos filosóficos de los críticos me parecen igualmente cuestionables. La confusión, en este caso, me parece producto de la colonización de la teoría política liberal por otras influencias normativas. Como después del fin de la Guerra Fría la agenda marxista quedó relegada, en lugar de atacar al liberalismo desde una trinchera diferente muchos antiguos críticos decidieron colonizar e infiltrar a esta teoría. Eso es exactamente lo que ocurrió con el multiculturalismo en los años noventa, en los trabajos de filósofos como Will Kymlicka. En lugar de combatir al liberalismo abiertamente los críticos decidieron transformar —subvertir— a esa teoría desde dentro. Lo hicieron creando derechos “liberales” colectivos distintos y a veces irreconciliables con los derechos individuales de las personas. Así, el “derecho” a la cultura podía ser aducido para restringir los derechos humanos de disidentes u opositores. Bravo y Espíndola sostienen que “existen otros liberalismos para los cuales el ejercicio efectivo de los derechos sociales (en términos de cobertura educativa, acceso a la salud o a la seguridad social, por ejemplo) es una precondición de los demás derechos. Y precisamente la ‘fortificación’ de los derechos sociales está en el centro de la agenda populista de López Obrador, que por otra parte nunca ha planteado debilitar los derechos políticos ni civiles”. Es cierto que una persona severamente desnutrida no podrá hacer pleno uso de sus derechos civiles y políticos, pero eso no implica que estos últimos dependan de alguna manera de la existencia de “precondiciones objetivas” para existir y ser garantizados. Por otro lado, cuando López Obrador fungió como jefe de gobierno del D.F. apuntó, sobre el linchamiento de policías en Tláhuac por una turba enardecida, que con “las costumbres del pueblo era mejor no meterse”. Presumo que existió alguna limitación de los derechos políticos y civiles de los linchados.

Lo mismo vale sobre el supuesto derecho a la “inclusión”. Utilizando este principio es posible subvertir ideas que están en la base de la idea de igualdad de oportunidades, como el mérito. Y vistas a través de este lente, ideas como eliminar los filtros de admisión a las universidades, por ejemplo, se vuelven perfectamente aceptables. El liberalismo cree en la igualdad ante la ley y en su vertiente igualitaria, en la igualdad de oportunidades. Inventar un supuesto principio de inclusión para que el igual trato sea real es un despropósito, al igual que los supuestos derechos culturales de Kymlicka. Como señala Sartori: “La igualdad que quita la libertad (hasta extinguirla) no es el tratamiento idéntico, sino el resultado idéntico. Las iguales oportunidades son, todavía, una igualdad liberante. Las iguales partidas implican, en cambio, un ‘costo en libertad’: un costo que puede ser variado —depende de cuáles y cuántas circunstancias nos proponemos igualar— y diversamente aceptado. Después de eso, llegamos a igualdades en resultado como los iguales haberes o no haberes —cuyo costo no es disminución sino pérdida de libertad”.6 Al final todos seremos iguales, pero unos serán más iguales que otros.

Una nota sobre el consenso liberal “realmente existente”, que no es el páramo ficticio que dibujan los críticos. Lo cierto es que, como afirma Héctor Aguilar Camín, en los últimos cinco lustros se forjó “un nuevo acuerdo mayoritario”. Ese acuerdo es “en muchos sentidos el reverso del nacionalismo revolucionario. Lo resumiría negativamente: nadie niega hoy en México que las elecciones son la única vía legítima de acceder al poder, nadie niega que la corrupción debe acabarse y hace falta transparencia y rendición de cuentas. Nadie niega que hay que respetar los derechos humanos, que debe mejorarse la justicia, garantizarse la seguridad pública y castigar la impunidad. Hay un acuerdo amplio en que la pobreza debe combatirse y una alta expectativa de mayor seguridad social. También se ha establecido la alergia a los déficits públicos, a los desequilibrios macroeconómicos y a la discrecionalidad del Estado en el gasto. Nadie habla a favor de los monopolios, los oligopolios y los poderes fácticos. Hay un acuerdo extendido sobre las ventajas de la globalización, el libre comercio, incluso la integración económica con América del Norte. Hay, finalmente, una alta expectativa de empleo, bienestar, prosperidad…”. En esto coincide la inmensa mayoría de los mexicanos “incluyendo a sus elites políticas e intelectuales”. ¿De dónde surgió este nuevo consenso? “De tres fuentes diría yo: de la demolición interna del nacionalismo revolucionario, de la expansión de la hegemonía liberal luego de la caída del Muro de Berlín y de la oleada de gobiernos neoliberales que ejercieron en los hechos aquella hegemonía”.7

No es claro en este momento que la victoria de López Obrador haya trastocado de manera fundamental ese consenso liberal real. Al contrario, en aspectos clave, como la lucha contra la corrupción, parecería más bien apelar directamente a él. En la agenda del nuevo gobierno no parece haber ninguna propuesta seria de deshacer las reformas de los años noventa. Por lo visto, la prescripción también aplica al neoliberalismo.

 

En los años noventa del siglo pasado Stephen Holmes, al hacer una crítica del antiliberalismo no marxista, aducía que los comunistas al menos tenían claro quién era el enemigo. En cambio, otros críticos se resistían a declararse  abiertamente hostiles a la tradición liberal. Hay mucho, sostiene Holmes, que podemos aprender de la tradición antiliberal. Su estudio, afirma, no puede ser simplemente un ejercicio de demolición. Al obligarnos a pensar “respuestas a las principales acusaciones formuladas contra la teoría liberal por sus más duros críticos podemos aprender mucho sobre el liberalismo mismo”.8 Podemos llegar a ver el liberalismo con nuevos ojos. Por ejemplo, gracias a Joseph de Maistre nos percatamos de la radicalidad metafísica del pensamiento liberal. En ocasiones se requiere mucho valor para adoptar una posición equidistante de bandos en conflicto. Sin embargo, a veces el ánimo de ocupar el consabido punto medio aristotélico es pura confusión.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.


1 Carlos Bravo y Juan Espíndola, “El peligro populista como autorretrato liberal”, Letras Libres, septiembre 2018. https://www.letraslibres.com/mexico/revista/
el-peligro-populista-como-autorretrato-liberal

2 “Liberalismo titubeante”, nexos, septiembre 2018. https://www.nexos.com.mx/?p=39136

3 Stephen Holmes, The Anatomy of Antiliberalism, Cambridge, Harvard University Press, 1993, pp. 3-4.

4 José Antonio Aguilar Rivera, “Grandes expectativas: la democracia mexicana y sus descontentos”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año LIX, núm. 222 (septiembre-diciembre 2014), pp. 19-50 y La fronda liberal, México, Taurus, 2014. http://www.revistas.unam.mx/index.php/
rmcpys/article/view/47720/42908

5 José Antonio Aguilar Rivera, “Después del consenso: el liberalismo en México 1990-2012”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año 58, núm. 218 (mayo-agosto 2013), pp. 19-52. http://www.revistas.unam.mx/index.php/
rmcpys/article/view/42658/38753

6 Giovanni Sartori, Qué es la democracia, México, Taurus, 2003, p. 270.

7 Héctor Aguilar Camín y José Antonio Aguilar Rivera, “Ideas invisibles, creencias en tránsito”, nexos, julio 2014.

8 Stephen Holmes, Anatomy, p. 261.

Agenda

Burocracia de baja confianza

La burocracia mexicana es notoria por su ineficacia y opacidad. Vivimos con una “burocracia de baja confianza”, en la que el acceso a los servicios públicos se da a partir de procesos poco confiables y con niveles de control excesivos. Quizás el mayor daño es que la disfuncionalidad burocrática puede exacerbar la desigualdad social y la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno. Aun así, los esfuerzos para mejorar los servicios públicos y reducir cargas administrativas son muy limitados. Independientemente de quién ocupe la presidencia en el próximo gobierno, este tema debería ser una preocupación principal si queremos construir un país más justo y tener un gobierno más eficiente.

Ilustración: Víctor Solís

 

Tiberio, una persona de origen humilde, refiere que siempre soñó con hacer “algo más que pastorear y ordeñar vacas”. Al enterarse de que el gobierno ofrecía apoyos para microempresas solicitó uno de 100 mil pesos para ampliar la cocina económica que tenía su madre y transformar el establecimiento en un restaurante más grande, que les permitiera obtener mejores ganancias. Unos meses después pudo abrir su restaurante “La mal querida”. Pero el gusto no le duró demasiado ya que, poco después de la inauguración, Tiberio recibió un oficio de “requerimiento de obligaciones omitidas”. El documento señalaba que las notas de compra del refrigerador y la vajilla que Tiberio había enviado no cumplían con un requisito fiscal: la inclusión de las garantías correspondientes para comprobar que estos utensilios eran nuevos. Tiberio no fue informado claramente sobre este requisito, y ya había tirado esos papeles a la basura.

Ante la falta de respuesta por parte de Tiberio un servidor público acudió a verificar si el restaurante funcionaba de manera correcta. Pudo constatar, en palabras de Tiberio, que “tenía cinco mesitas, dos meseros, una cocinera, había comprado la vajilla nueva y un refrigerador grande, pero el funcionario insistía en obtener las facturas con las garantías”. El verificador sólo estaba enfocado en obtener papeles ya no existentes. Casi un año después el instituto que le otorgó el apoyo a Tiberio inició una demanda para obtener la devolución íntegra de los 100 mil pesos. Tiberio, angustiado, pidió un abogado municipal. No comprendía por qué dos años después tenía que regresar dinero que ya había gastado: “No entendí cómo después de que ya me habían dado el dinero y vieron que mi restaurante estaba funcionando, todavía me demandaron con un juicio que me costó muchas horas de preocupación y angustia […]. Nunca volveré a pedir ayuda al gobierno”.

Formalmente hablando, Tiberio no cumplía con las condiciones estipuladas para los beneficiarios del programa. Sin embargo, las acciones emprendidas por el fondo fueron irracionales y contraproducentes. Por un detalle administrativo Tiberio se enfrentó a potenciales gastos mayores, su movilidad social y empresarial estuvieron en juego, y la situación le provocó miedo y frustración. Si lo vemos del lado del gobierno, notamos que una importante cantidad de recursos públicos se desperdiciaron (gastos en litigios, papel, capital humano, transporte) y los objetivos de política pública del programa social no se cumplen (la creación y consolidación de proyectos productivos).

El caso de Tiberio no es aislado. En los seis años de la administración en turno cerca de 13 mil microempresarios sufrieron el mismo problema.1 Cada caso es un negocio y un mexicano frustrado. Por su parte, el gobierno al litigar miles de asuntos probablemente obtuvo como resultado sólo una mayoría de fondos perdidos, ya que es imposible reclamar dinero que ya fue ejercido por personas con muy limitada solvencia.

 

La burocracia es un tema que casi nunca se aborda en el debate público, aunque casi todos nosotros tenemos una historia no muy diferente a la de Tiberio. Si hablamos de burocracia casi siempre es en términos caricaturescos: burócratas indiferentes, trámites opacos y tratamiento impersonal. Sin embargo, una burocracia que funciona bien es indispensable para construir un Estado de derecho en el que los ciudadanos pueden confiar en la igualdad de trato y en el acceso a sus derechos. La burocracia puede ayudar a “nivelar la cancha” en el plano social. Lamentablemente, las experiencias burocráticas de los mexicanos indican, en general, algo muy distinto. Aunque sus derechos son firmemente establecidos en las leyes del país, eso no significa que pueden disfrutarlos en sus diversos encuentros con el Estado.

Las cargas y barreras administrativas son mucho más que sólo una molestia. Las barreras innecesarias —como un exceso de papeleo, tiempos de espera y visitas múltiples a ventanillas para hacer un trámite— causan costos materiales para el ciudadano individual, pero también para la sociedad en general.2 Los largos tiempos de espera, el esfuerzo de aprender cómo acceder a un sistema y las pérdidas de beneficios u oportunidades se convierten en costos colectivos, como lo son las barreras para el emprendimiento, el impacto negativo en la productividad económica y la falta de eficiencia en el gasto público. Además, las fallas estructurales en la entrega de servicios públicos conducen a costos inmateriales. La justicia y la equidad social, la participación social y política, y la confianza en el gobierno están fuertemente ligadas a la capacidad del Estado de relacionarse con sus ciudadanos en una manera justa, igual y responsiva.

Más importante aún, la “exclusión administrativa”3 —elegibilidad formal que sin embargo no conduce al acceso de bienes y servicios públicos— afecta desproporcionadamente a los ciudadanos con bajos niveles de capital financiero, social y humano.4 Si pensamos en un país como México, con altos niveles de desigualdad económica —quizá de los más altos del mundo—,5 la importancia de contar con una burocracia que funcione como “ecualizador social” no debe ser subestimada. Algunos ejemplos que explican los diversos niveles de “exclusión administrativa” entre diferentes grupos sociales incluyen los costos financieros de un trámite gubernamental, los tiempos de viaje, la falta de familiaridad con un programa o proceso gubernamental, así como el no tener una cuenta bancaria o una identificación oficial, o bien, no tener la posibilidad de tomarse algunas horas de trabajo para realizar trámites.

 

En la historia de Tiberio y en miles más en todo el país6 se pueden observar varios elementos problemáticos en la experiencia burocrática ciudadana:

• Opacidad y falta de respuesta/responsabilidad: los procesos y las organizaciones son inaccesibles e incomprensibles.

• Irracionalidad y legalismo: las reglas internas y el control tienen prioridad sobre —y poca conexión con— las consecuencias sociales.

• Discrecionalidad y desatención: la burocracia responde a los privilegios sociales o a la movilización colectiva en la misma medida que a los procedimientos.

• Retrasos y jerarquías: las formalidades obstaculizan los resultados sociales y la eficiencia.

• Formalismo y fragmentación: la falta de coordinación y cooperación interinstitucionales deja a los ciudadanos atrapados entre procesos irreconciliables.

A menudo los trámites o procesos burocráticos son impredecibles y poco fidedignos para los usuarios de servicios públicos. Lo que puede parecer como un procedimiento diseñado cautelosamente, un sitio web gubernamental funcional, un trámite exitoso o una ley formulada claramente pueden verse frustrados por una gran variedad de razones. Entre otras, podemos mencionar el uso disfuncional de la tecnología, reglas estrictas y no justificadas, falta de coordinación entre agencias gubernamentales, procesos mal diseñados, irresponsabilidad e indiferencia de los servidores públicos, entre otras barreras administrativas. Éstas suelen ser deliberadas, ya que buscan evitar usos ilícitos de servicios o la sobrecarga de organizaciones gubernamentales con fondos insuficientes.

La burocracia mexicana —y, por extensión, otras burocracias en países similares— es una “burocracia de baja confianza”, caracterizada por el difícil y poco fidedigno acceso a bienes y servicios públicos, así como altos niveles de control sobre los usuarios y servidores públicos. Esta clase de burocracia puede encontrarse en cualquier lugar en que los ciudadanos y el Estado interactúan a través del cumplimiento de derechos y obligaciones —desde los servicios de salud, hasta los servicios municipales y escuelas públicas— donde estos derechos y obligaciones son sujetos de procesos poco confiables e impredecibles.

 

Las “burocracias de baja confianza” tienen dos caras. Primero, los ciudadanos no pueden confiar en las burocracias para que les garanticen derechos o les otorguen bienes y servicios de los que son acreedores. Segundo, la administración pública no confía en sus ciudadanos ni en sus funcionarios.

Las “burocracias de baja confianza” son una expresión de un contexto institucional particular. Primero, el comportamiento de los burócratas se fundamenta en una fuerte actitud legalista. Si bien muchas formas estrictas de control son deliberadas con la intención de evitar la corrupción o compensar por la falta de registros confiables, en esta cultura legalista los burócratas priorizan el cumplimiento de reglas internas por encima del servicio público. Sin embargo, es un legalismo superficial. Como es típico por la tradición poscolonial en América Latina, el formalismo y la jeraquía van de la mano con el clientelismo y la discresionalidad informal.7 Los “legados autoritarios”8 continúan afectando el funcionamiento del Estado, tanto a nivel político como en la operatividad administrativa. El servicio público administrativo mexicano no fue diseñado originalmente en términos de eficiencia o acceso universal a servicios y bienes públicos. Por el contrario, todavía está caracterizado por una colusión entre política y administración, por lealtades personales y patrocinios y por favores particulares.9

Un tercer mecanismo detrás de la “burocracia de baja confianza” es la debilidad de las capacidades organizativas. Un gran número de barreras administrativas son impuestas debido a la sobredemanda de servicios y bienes públicos —creando círculos viciosos de control y discrecionalidad—. Esto incluye pedir apoyos personales para financiar ciertos procesos administrativos (por ejemplo, comida para parientes en un hospital), introducir listas de espera o filas para manejar la demanda, y apegarse a instrucciones formales de trabajo para evadir la interacción de funcionarios públicos con ciudadanos. Además, la limitada inversión en la profesionalización del servicio público también contribuye a la supervivencia de procedimientos disfuncionales y anticuados.10

Una “burocracia de baja confianza” afecta a los ciudadanos, reforzando mecanismos y prácticas de este tipo. En general, es posible señalar tres diferentes respuestas ciudadanas:11

• Evasión: los ciudadanos eligen no interactuar con las burocracias públicas debido a la cantidad de cargas administrativas esperadas o a la falta de confianza en que van a obtener bienes y servicios del Estado. Otra forma de evasión ocurre en sectores poblacionales con ingresos económicos mayores: evitan los servicios públicos y optan por pagar servicios más confiables en el sector privado como la salud y la educación.

• Ingenio: los ciudadanos buscan métodos alternativos para obtener tratos preferenciales. Esta estrategia puede tomar diferentes formas, incluyendo el uso de “coyotes” para facilitar el acceso a servicios públicos, el ejercicio de presión colectiva (como sindicatos y elites sociales) o formas de corrupción más explicitas.

• Resignación: si no es posible evadir el contacto (por falta de recursos económicos o por mandatos imperativos) o manipular el sistema, no existe otra cosa que hacer más que aceptar las barreras administrativas como son. Paciencia y perseverancia son habilidades necesarias para lidiar con las “burocracias de baja confianza”.

 

Las “burocracias de baja confianza” son parte de un contexto cultural y administrativo amplio. México califica como una típica “sociedad de baja confianza”: sólo 12% de la población tiene confianza en “la otra persona”, de acuerdo con datos de la OCDE (2014)12 y sólo 24% tiene confianza en el gobierno.13 La confianza es baja especialmente al hacer referencias a políticos, policías, sindicatos14 y al Estado en general.15 Sin embargo, la confianza social depende de un buen funcionamiento del gobierno: los ciudadanos pueden sentirse más seguros en su interacción social cuando saben que sus derechos serán garantizados, como sus derechos de propiedad y la garantía de independencia judicial. El funcionamiento del gobierno también necesita a la confianza social. La participación política, el pago de impuestos y el cumplimiento de las leyes y normativas dependen de la confianza en las instituciones en relación con su búsqueda del interés público.

Sin embargo, las “burocracias de baja confianza” pueden verse atrapadas en un callejón sin salida: ¿cómo construir un sistema de confianza en un sistema en el que no se puede confiar? Un ejemplo de este callejón sin salida es el conocimiento general de los sobornos hacia policías de tránsito. Los agentes de tránsito participan en esta dinámica para obtener un ingreso extra a su precario salario. No obstante, en las circunstancias actuales, este tipo de prácticas son del interés de los sobornados y los que sobornan. La alternativa —que te confisquen tu auto y enfrentar un proceso burocrático oneroso— es más costosa que pagar el soborno y continuar tu día. Por lo tanto, acciones colectivas y sistemáticas son necesarias para contrarrestar ese tipo de incentivos. Eso implica una tarea para la política. Los gobiernos federal y estatales seguirán siendo incapaces de cumplir con sus promesas si no cuentan con un aparato burocrático confiable y profesional. Este obstáculo sólo se puede superar con una mayor inversión en las instituciones públicas del país.

 

Rik Peeters
Profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y director de la Brigada Kafka (A.C.).

Humberto Trujillo Jiménez
Maestro en administración y políticas públicas por el CIDE.

Elizabeth O’Connor
Estudiante del doctorado en política pública y economía en el CIDE.

Pascual Ogarrio Rojas
Estudiante del doctorado en políticas públicas del CIDE.

Michele González Galindo
Maestra en transferencias tecnológicas por la Universidad de Texas y actualmente es estudiante de doctorado en políticas públicas en el CIDE.

Daniela Morales Tenorio
Subdirectora en análisis regulatorio en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y es maestra en administración y políticas públicas por el CIDE.


1 Solicitud de Información Pública o de Acceso a Datos Personales (número de folio 0001000059114).

2 Moynihan, D. y P. Herd, “Red Tape and Democracy: How Rules Affect Citizenship Rights”, The American Review of Public Administration, 40(6), 2010, pp. 654-670.

3 Brodkin, E-Z. y M. Majmundar, “Administrative Exclusion: Organizations and the Hidden Costs of Welfare Claiming”, Journal of Public Administration Research and Theory, 20(4), 2010, pp. 827-848.

4 Moynihan, D., P. Herd y H. Harvey, “Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions”, Journal of Public Administration Research and Theory, 25(1), 2014, pp. 43-69.

5 http://www.oecd.org/social/inequality.htm

6 Algunas de estas historias han sido recopiladas en los Documentos de Trabajo núms. 304 y 305, CIDE, 2018.

7 Painter, M. y B.G. Peters (eds.), Tradition and Public Administration, London, Palgrave Macmillan, 2010.

8 Hite, K. y P. Cesarini (eds.), Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

9 Dasandi, N. y M. Esteve, “The Politics–Bureaucracy Interface in Developing Countries”, Public Administration and Development, 37(4), 2017, pp. 231-245.

10 Nieto Morales, F., L. Heyse, M.d.C. Pardo y R. Wittek, “Building Enforcement Capacity: Evidence from the Mexican Civil Service Reform”, Public Administration and Development, 34(5), 2014, pp. 389-405

11 Inspirado por la distinción que hizo Hirschman (1970) entre la salida, la voz y la lealtad como reacciones potenciales condicionadas por el funcionamiento de una organización.

12 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/
8116131e.pdf?expires=1497981966&id=id&accname=guest&
checksum=C2869EF0C34E815A85220B82233F0B2D

13 http://www.edelman.com/global-results/

14 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/11/27/hilan-siete-anos-bajas-credibilidad

15 67% de la población tiene poco o ninguna confianza en el Estado de acuerdo a Latinobarómetro 2015: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

Agenda

El déficit que no era

Al menos desde que era candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha repetido en varias ocasiones que el TLCAN es “el peor tratado comercial jamás hecho por país alguno en el mundo”.1 Hay numerosos tuits que dan testimonio histórico de su perspectiva abarrotera del comercio exterior. Por ejemplo, el 26 de enero de 2017 escribió: “Los Estados Unidos tienen un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. Ha sido un acuerdo de un solo lado desde el principio del TLCAN con números masivos…”.2 En otro tuit afirmaba que “México se ha aprovechado de los Estados Unidos por demasiado tiempo. Déficits comerciales masivos y poca ayuda sobre la muy débil frontera debe cambiar, ¡AHORA!”.3 La visión de que un déficit en el comercio exterior es análogo a pérdidas y un superávit es análogo a ganancias no sólo es equivocada, sino que también es anacrónica. El mercantilismo es una corriente de pensamiento económico vigente en algunas naciones europeas entre los siglos XVI al XVIII, coincidentemente en el tiempo con el absolutismo monárquico, que aceptaba como medida de éxito económico el superávit comercial. Quienes hoy día saben de economía no la entienden así. Sin embargo, de poco ha servido argumentar que los déficits comerciales no son necesariamente una cosa mala y que el hecho de que uno incurra en déficit con la tienda de la esquina cada que hace falta comprar un poco de leche y pan no implica que la tienda nos esté tratando mal. Un déficit comercial puede ser positivo para los consumidores del país deficitario, sobre todo si dicho país crece lo suficiente y mantiene la capacidad de financiarlo de manera sana y consistente en el tiempo. Pero tal vez no sea necesario esforzarse en esta evangelización económica. ¿Y si le mostramos al presidente Trump que el déficit que tanto le preocupa es poco más que una mera ilusión estadística?

Ilustración: Víctor Solís

Las economías del mundo globalizado actual y particularmente las de México y Estados Unidos no sólo comercian bienes terminados, sino que cooperan orgánicamente para producir, dado que comparten cadenas productivas en ocasiones con un profundo nivel de integración. Hoy día y desde hace ya décadas el proceso de generación de un producto final suele incorporar pasos de adición de valor que se reparten entre países, pudiendo ser que el valor añadido en una etapa del proceso por un cierto país entre y salga varias veces de ese país. Por ello, en la medida en que los bienes y servicios cruzan fronteras varias veces durante diferentes etapas de procesamiento las estadísticas convencionales del comercio no están mostrando la historia completa. Puede haber “duplicidades contables” que distorsionan la comprensión de la importancia económica del comercio para el crecimiento económico y el empleo. En este sentido, resulta más apropiado medir el intercambio con el exterior en términos de valor agregado.

En la actualidad los países utilizan extensamente partes y componentes adquiridos en los mercados internacionales para darle competitividad a sus exportaciones. Las partes y componentes importados incluyen el valor agregado incorporado de los países en los cuales se produjeron. Puede darse el caso en que se tengan significativas ventas de productos y un superávit comercial de acuerdo a registros aduaneros, pero con un elevado contenido de valor agregado extranjero en las exportaciones y por lo tanto un déficit en términos de valor agregado. El intercambio en términos de valor agregado es una métrica más directamente relacionada con los ingresos que reciben los factores de la producción, capital y trabajo, de cada uno de los países participantes en el intercambio comercial.

 

Para tener una aproximación razonable a la medición del comercio exterior en términos de valor agregado es útil recurrir a una base de datos con información internacional, es decir, seguir la traza de las cadenas globales de valor a través de las distintas economías que participan intensamente en el comercio de bienes y servicios. Existen esas bases de datos en la OMC, OCDE y EUROSTAT. Este trabajo abreva de una serie de matrices de 43 países armonizada a 56 sectores productivos de la World Input Output Database (WIOD).

La economía mexicana tiene superávit comercial con Estados Unidos y Canadá, tanto en el valor aduanal registrado de las exportaciones como en términos de valor agregado. Sin embargo, si se considera el saldo con Estados Unidos sin exportaciones mineras (cuyo principal componente es el petróleo crudo) México ha tenido un saldo deficitario en términos de valor agregado durante la mayor parte del periodo:

Tomando en cuenta el saldo con minería y petróleo se encuentra que el superávit comercial de México con Estados Unidos es no mayor a 40% (y en 2001 fue de sólo 3%) del saldo comercial valorado conforme a las mediciones tradicionales que ignoran la integración productiva entre países tan característica del mundo globalizado en el que vivimos. Si dejamos fuera el saldo con minería y petróleo (que ocurriría con o sin TLCAN) el déficit de Estados Unidos desaparece. Aquí lo que vemos es que el saldo comercial México-Estados Unidos en términos de valor agregado es bastante más pequeño de lo que la medición tradicional sugiere o incluso nulo. ¿Qué tal estas cifras para hablar de “fair trade”?

Más allá del comercio en el agregado es importante también tomar en consideración las diferencias de las balanzas comerciales para productos específicos, dado que ello nos da una idea de la complejidad y diversidad de realidades que participan en la relación comercial entre México y Estados Unidos. México concentra sus exportaciones en manufacturas de alta intensidad tecnológica en las cuales, con excepción de la industria automotriz y de autopartes, su comercio en valor agregado es deficitario. Una buena parte del superávit comercial de México con Estados Unidos se debe a la exportación de productos primarios que incluyen productos agrícolas, mineros y de petróleo, que en buena medida regresa convertido en gasolina y otros refinados.

 

En una economía mundial globalizada es frecuente que una fracción del valor de las exportaciones de cada país corresponda a insumos provenientes del resto del mundo. Poniéndole números a esta dinámica, y tomando en consideración solamente los flujos entre sectores económicos a partir de matrices de insumo producto, vemos que, en el caso de México, por cada dólar de exportaciones se requieren 34 centavos de dólar de insumos importados, mientras que, en el caso de Estados Unidos, por cada dólar que exporta sólo requiere 13 centavos de importaciones.4 Pero la historia es aún más compleja, dado que las transacciones entre países no se acaban con el intercambio de mercancías, ya que diversas empresas del país A en el país A reciben intereses desde el país B y la generalidad de las empresas del país A establecidas en el país B envían dividendos, rentas y otras transferencias a destinatarios ubicados en territorio del país A. Tomando estos flujos adicionales en consideración (es decir, usando como base información proveniente de matrices de contabilidad social) se estima que, en la actualidad, por cada dólar de exportación México genera un flujo hacia el exterior de 60 centavos para la adquisición de bienes, servicios, pagos de rentas a la propiedad y transferencias al exterior.

A nivel de actividad económica las cifras pueden ser especialmente reveladoras. Así, en el caso de las exportaciones mexicanas de “Equipo de audio y video y componentes electrónicos”, encontramos que 85 centavos de cada dólar que se exporta corresponden a la importación de bienes y servicios, pagos de rentas a la propiedad y transferencias al exterior. La cifra es de más de 75 centavos por cada dólar exportado de “Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos”, “Fabricación de maquinaria y equipo para industrias manufactureras e industria en general”, “Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones”. En contraste, el contenido de importaciones y pagos al exterior para realizar las exportaciones de petróleo y gas, así como en el de minería de minerales metálicos es de menos de 40 centavos por cada dólar exportado.

 

Estados Unidos es un país mucho más grande y complejo que México, de manera que una proporción relativamente mayor de lo que exporta corresponde a valor agregado generado en ese país. En cambio, las exportaciones de México suelen incorporar un porcentaje relativamente mayor de valor agregado generado en el exterior. Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, tenemos que un porcentaje importante del valor de las exportaciones que envía México a Estados Unidos consiste en valor agregado generado en Estados Unidos. Así, en términos de valor agregado, las exportaciones de Estados Unidos a México tienen más centavos de cada dólar exportado correspondientes a valor agregado en ese país que en las exportaciones de México a Estados Unidos. Esto significa que un porcentaje importante del valor de las exportaciones que México hace a Estados Unidos corresponde a valor agregado en Estados Unidos. Es decir, que la posición adoptada por la administración Trump respecto del déficit con México implica una queja por la (re)importación desde México de valor agregado ¡generado en Estados Unidos!

La economía norteamericana presenta un déficit comercial con México, tanto en términos brutos como en valor agregado, sin embargo, en su comercio bilateral con México los Estados Unidos incorporan más valor agregado doméstico a sus exportaciones, representando durante los últimos 15 años arriba del 83%, en promedio, del valor de sus exportaciones, tanto a nivel general como por productos. Por su parte, México incorpora en sus exportaciones un valor agregado doméstico de sólo 65% en promedio durante el mismo periodo. A nivel de sectores la situación es muy heterogénea. En las exportaciones mexicanas de los sectores mineros y de petróleo se incorpora casi un 95% de valor agregado doméstico en promedio, mientras que en computadoras y equipo óptico no va más allá de 32%.

 

En un mundo cada vez más integrado la medición del comercio internacional en términos de valor agregado resulta más útil y realista que la medición tradicional a partir del criterio de cruce de fronteras. El criterio de valor agregado evita el problema de la doble contabilidad de flujos de valores de mercancías que cruzan una misma frontera varias veces antes de quedar integradas en el producto destinado al consumidor final. Esto es especialmente relevante cuando se quiere conocer la realidad del balance comercial entre países con distinto nivel de integración doméstica en el valor de sus exportaciones, más aún cuando ellos se encuentran fuertemente vinculados en la integración de sus cadenas de valor. Las cifras para el caso México-Estados Unidos muestran claramente que las preocupaciones de la administración Trump no son sólo conceptualmente equivocadas, sino que además derivan de una interpretación errónea de la realidad. Preocuparse por obstaculizar las exportaciones mexicanas que frecuentemente tienen un alto contenido de valor agregado norteamericano es literalmente darse de balazos en los pies, y aun no hablamos de las pérdidas en la competitividad regional de limitar el libre flujo de inversiones productivas en la región de América del Norte. Esta es una actitud que daña a México, pero también a Estados Unidos. Si acaso tiene la ventaja de que acelerará el proceso de vinculación económica de México con otros países, obligando así a la aceleración de su auténtica y más diversificada integración a la economía global. Por otra parte, es importante reconocer que la construcción de las bases de datos que permiten este tipo de mediciones pueden carecer de la perfección metodológica que tienen las cifras oficiales y tradicionales de comercio exterior a partir del cruce de fronteras. Sin embargo, buscar las llaves donde está la luz más clara y no donde se perdieron, es difícilmente la estrategia óptima. Después de todo, el enfoque de comercio exterior en valor agregado es el que mejor refleja la realidad estructural de un mundo crecientemente globalizado y por lo tanto tiene la ventaja de la pertinencia.

 

Valentín Solís, Víctor Hernández y Gerardo Leyva
Economistas, integrantes del área de investigación del INEGI.

 Las ideas, opiniones y en general el contenido de este documento es responsabilidad exclusiva y personal de los autores.


1 https://www.youtube.com/watch?v=s5hIBNw0qj0

2 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/824615820391305216

3 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/824970003153842176

4 En el caso de Canadá, por cada dólar que exporta requiere 24 centavos de importaciones.

Agenda

Hamlet, la tragedia.
Respuesta a José Antonio Aguilar Rivera

En el muy interesante artículo “Schmitt, lector de Shakespeare” (nexos, núm. 484), José Antonio Aguilar Rivera recoge la tesis de Carl Schmitt según la cual el carácter dubitativo de Hamlet se debe —más que al trato con las ideas renacentistas en la universidad y en los libros, o a la neblina del alma que por entonces ensombrece las obras más potentes de Shakespeare— a una particularidad de las historias tanto de Inglaterra como de Escocia. “La obra evita adjudicar con absoluta certeza la inocencia o culpabilidad de la madre de Hamlet. Es, dice el jurista alemán, como si la reina fuera tabú para Shakespeare. […] El tema de las reinas sospechosas tenía una materialidad para el público londinense de principios del siglo XVII que se le escapa al lector contemporáneo […] Si la reina María Estuardo de Escocia estuvo implicada en el asesinato de su marido [por Bothwell, su nuevo esposo] —o si ella lo instigó— es cosa que aún debaten los historiadores. Los católicos creyeron las profesiones de inocencia de María Estuardo y los protestantes la condenaron como autora intelectual. […] Hamlet se representó por primera vez en los últimos años de vida de Isabel, cuando la espinosa cuestión de la sucesión no había sido decidida aún por la reina sin herederos”.

Según Aguilar Rivera, esto “derivó, de manera no planeada, cree Schmitt, en la creación de un mito moderno: Hamlet. Si las circunstancias políticas de la Inglaterra de la época hubieran sido distintas, podemos especular, el príncipe de Dinamarca habría sido un vengador convencional, a la manera de las tragedias clásicas o nórdicas. En cambio, el tabú de la reina condujo a Shakespeare a imaginar un personaje muy distinto: un melancólico inhibido por la reflexión y la duda existencial, inseguro de su misión vengadora”.

Ilustración: Víctor Solís

El ingenioso conceit del jurista Schmitt, aunque persuasivamente expuesto por Aguilar Rivera, no tiene en mi opinión asidero en la naturaleza del teatro isabelino, tal como lo conocemos por las obras de Marlowe, Jonson y el propio Shakespeare. Lo que les importaba a estos autores —y desde luego a su público vulgar y voraz— era el conflicto dramático. Una cosa es que el fantasma de su padre le exija a Hamlet venganza y muy otra es que Hamlet acepte sin más la guilt by association de su madre —que sostiene una fuerte relación carnal con Claudio— e incluso su complicidad en el asesinato. Si Gertrudis en efecto no es señalada como culpable en ningún momento de la muy larga obra, no es en aras de no perturbar el frágil equilibrio político y religioso de la sucesión inglesa, sino porque sin la ambigüedad de la madre la de Hamlet sería emocional, política, moral y dramáticamente injustificable. Hamlet no sería un protagonista complejo con destino trágico (como Macbeth, Lear y Otelo) y el universitario renacentista caviloso tendría que matar a Claudio, desde principios del segundo acto, según las leyes brutales de la venganza medieval y el concepto de honor de la caballería. Finis tragoedia… ¡y adiós a la popularidad de la compañía y los ingresos de los actores!

Más aún: Hamlet tal vez tendría que matar también a su propia madre, o desterrarla, si se comprobara que Gertrudis no sólo prefiere a Claudio en la cama y en el trono sino que instigó o colaboró en el envenenamiento del padre de su hijo, o por lo menos se abstuvo de impedirlo y sin duda de condenarlo. En suma: si el difunto rey Hamlet aparecido en las almenas del castillo de Elsinore hubiera denunciado a Gertrudis también, o si los rumores de la servidumbre o los cortesanos implicaran a la reina en el regicidio, otra sería la historia y otro sería Hamlet. Sin embargo, la única evidencia que tiene el estudiante de Wittenberg de que su padre fue muerto por Claudio, y tan sólo por Claudio, son las palabras —words, words, words— de un fantasma durante una noche tormentosa. ¿Y quién dice que los espectros no mientan? Si —pongamos por caso— en vida el rey Hamlet hubiera sido cruel y mentiroso, ¿no lo sería también su fantasma?

Por su parte Gertrudis aboga tanto por su esposo Claudio como por su hijo Hamlet, y en ningún momento (cosa rarísima en un personaje principal de Shakespeare) expresa ante sí misma, en un soliloquio, o ante otros, en un momento feble o de confidencia, la sombra de una duda sobre la bondad y rectitud del nuevo rey. Sí, en cambio, abriga dudas serias y llenas de angustia sobre la cordura del príncipe, que ha asesinado a Polonio, el padre de su amada Ofelia, quien pronto hallará, ahogada, la muerte.

El final de la obra es un alud trágico. Hamlet mata a Claudio, sí, pero sólo cuando su madre ya ha tomado el veneno destinado por el rey usurpador a su hijo y este mismo —sweet Prince— ha sido rasguñado por el arma y el alma emponzoñadas de Laertes, el hermano inconsolable de Ofelia que, en tanto hijo de Polonio, cree en la absoluta necesidad de la venganza y está dispuesto a asesinar al príncipe del reino con la ayuda de las malas artes del nuevo rey, finalmente desenmascarado (sin que ya le importe a nadie).

Hamlet no sería un mito de la edad moderna, el lector de Montaigne que todo lo criba y cavila, si la inocencia de Gertrudis no quedara sin mácula hasta el final, ese final que llega sólo después de cinco actos y de nueve muertes, incluyendo la de la reina, las de sus dos maridos y la de su único hijo, sin olvidar a Ofelia cuya inocencia la conmueve tanto.

Gertrudis —imaginémosla enigmática y sensual como Julie Christie en la película de Kenneth Branagh— es la otra protagonista, casi muda, de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Según Schmitt, la reina no es imputada por Shakespeare para no agitar las aguas políticas inglesas. A mí me parece que culparla de complicidad activa o pasiva con Claudio hubiera dado al traste con la obra desde el final del primer acto. En suma, la tesis de Schmitt es ingeniosa pero no se sostiene desde el punto de vista del teatro. Es decir, de la tragedia.

Finalmente, no olvidemos que Shakespeare se basó en un Hamlet anterior, de trama y autor desconocidos, que seguramente tampoco implicó a Gertrudis en el asesinato. ¿O sí? Se sabe que era una obra muy burda y de tono melodramático.

 

Héctor Manjarrez
Escritor. Acaba de publicar Historia. Cuentos reunidos.

Expediente

La reforma educativa al pie del patíbulo

El nuevo gobierno electo y sus legisladores han atacado con inusitada violencia verbal la reforma educativa de los años que corren.

La tienen, metafóricamente, al pie del patíbulo. Han hablado de abrogarla, de cancelarla, de desaparecerla, de no dejar de ella “ni una coma”.

Dedicamos este número de nexos a revisar con una mirada informada y crítica la reforma proscrita.

Nos parece imposible condenarla en bloque, nos parece una ceguera no reconocer sus aciertos, sus prometedores embriones, sus logros. Ciego también sería defenderla en bloque, no mirar con claridad sus errores, sus huecos, sus equivocaciones.

La reforma educativa debe ser reformada y mejorada, no cancelada o destruida. En todos y cada uno de los temas capitales abordados aquí —la evaluación a los docentes, el nuevo modelo educativo, el financiamiento de las escuelas, las escuelas completas, la situación de las normales, el manejo de la nómina docente, los libros de texto— lo que domina el panorama es un mundo en construcción que mezcla aciertos y errores pero sobre cuyos cimientos es posible construir, corregir y avanzar rápido, no empezar de nuevo.

Se impone a la razón la conveniencia de reformar esta reforma, tanto como la irracionalidad de destruirla.


Manéjese con cuidado: Aula es destino

Alexandra Zapata • Pablo Clark

¿Todo nuevo otra vez?

Aurora Loyo

El que mucho abarca…

Ángel Díaz-Barriga

¿Los docentes mejoraron? ¡Sí!

Rafael de Hoyos • Ricardo Estrada

La batalla por la nómina

Marco Antonio Fernández • Noemí Herrera

¿La “escuela al centro”? No, todavía

Úrsula Zurita Rivera

Escuelas de Tiempo Completo: Claroscuro

Francisco Cabrera

¿Equidad educativa? Pendiente

Arcelia Martínez Bordón

Libros de texto: Palmas tibias

Irma Fuenlabrada

Normales: Un largo camino

Maricruz Aguilera Moreno

Ilustración: Víctor Solís

Expediente

Manéjese con cuidado: Aula es destino

Hoy en México tu origen determina tu destino. La entidad en la que naces determina el tamaño de tus sueños. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones con un diagnóstico correcto: los niveles de desigualdad y pobreza en nuestro país son inaceptables e insostenibles. La política pública del nuevo gobierno debe enfrentar estos retos con urgencia y como absoluta prioridad del Estado mexicano.

En su libro 2018. La salida López Obrador traza sus prioridades: “Crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo […] No basta crecer macroeconómicamente: los beneficios del desarrollo tienen que llegar a las mayorías. La divisa es progresar con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso”.1 Es profundamente injusto que la escalera de movilidad social sea un mito para la mayoría de los mexicanos. Al terminar la primaria, alrededor de los 12 años, con cierta certeza podemos predecir, con base en sus niveles de aprendizaje, si una niña vivirá en la pobreza por el resto de su vida o si podrá soñar con ser científica y trabajar en un laboratorio de alta tecnología.

El potencial de salir de la pobreza empieza con la posibilidad de acceder a un sueldo digno. Los salarios premian el talento y las habilidades. Un joven que tuvo oportunidades de aprendizaje tendrá mayores ofertas salariales que un joven con problemas de lectura y comprensión. La correlación es universal: mejor capital humano es igual a mejores oportunidades laborales. No existe una beca, un subsidio o un incentivo a la inversión que pueda competir con un sistema educativo de calidad.

Ilustraciones: Estelí Meza

Las aulas son la primera oportunidad que tiene el Estado mexicano para ampliar o cerrar la brecha de desigualdad. De la política educativa que decida impulsar la nueva administración dependerá la calidad de vida de millones de niños y jóvenes. La tarea de gobernar pasa por enfrentar una serie de realidades que requieren atención inmediata y que no necesariamente entran en las visiones simplificadas de propuestas de campaña.

El desafío educativo que hereda el nuevo gobierno es enorme. Nuestro sistema está en un estado maltrecho. No hay condiciones materiales para propiciar el aprendizaje de manera incluyente a nivel nacional y para lograrlo se requiere de inversión consistente, transparente y eficiente. Hay datos que hieren: 19% de las primarias comunitarias tiene piso de tierra, 14% de las escuelas primarias no cuenta con un aula para cada grupo y 86% de los docentes de primaria reporta no tener suficientes o ningún material didáctico de apoyo disponible en su escuela.2

No debe sorprender entonces que los niveles de aprendizaje alcanzados por niños y jóvenes de nuestro país sean escalofriantes. Aunque cada vez hay menos niños excluidos de la educación obligatoria, no hemos garantizado que una mayor cobertura signifique un mejor aprendizaje.

Los resultados de la prueba PLANEA indican que el 50% de los alumnos de sexto de primaria está en el nivel más bajo de conocimientos en lenguaje y comunicación y el 61% en matemáticas.3 Estudiantes con este resultado presentan enormes carencias que limitarán su aprendizaje el resto de su trayectoria escolar. Cuando se acumulan rezagos educativos de esta magnitud en los niveles iniciales de escolaridad los efectos de esfuerzos en secundaria, bachillerato o universidad son limitados e ineficaces. Es imposible esperar que un maestro de secundaria pueda corregir un rezago educativo de seis años de primaria. Por eso, el mayor retorno sobre la inversión en términos de calidad y equidad se da en educación inicial y básica.

En el diagnóstico del presidente electo también están los jóvenes excluidos de la educación. Sin embargo, el reto de prevenir la deserción se tiene que atender desde su punto más dramático: la transición de la secundaria al bachillerato. Sólo dos de cada tres jóvenes transitan con éxito a la educación media superior.4 Una vez dentro, la tasa de abandono es de 13% por año.5 La deserción no se debe exclusivamente a una necesidad económica inmediata. Otras consideraciones incluyen frustraciones o una percepción de bajo retorno sobre su inversión en educación. Si más años de educación no incrementan el aprendizaje de manera sustancial y, por ende, no representan mejores oportunidades laborales, entonces los incentivos del sistema llevarán a los jóvenes hacia la deserción. Un joven de tercero de secundaria que trabaja en una tienda de abarrotes sabe que después de tres años de bachillerato sus opciones de empleo se reducen a esa misma miscelánea, por lo que su incentivo económico de permanecer en la escuela es cero.

La causa en gran medida se debe a que miles de maestros en México deben enfrentar los enormes retos educativos sin el apoyo que requieren y merecen para desempeñar su labor, actualizar sus conocimientos y mejorar sus estrategias de enseñanza. La falta de acompañamiento y capacitación a los docentes empieza desde su formación. Las escuelas normales sí tienen el potencial de ser semilleros del talento magisterial, pero durante años han sido olvidadas como parte de una estrategia prioritaria. Por ejemplo, la mitad de los planes de estudio de educación normal hoy vigentes no se han actualizado desde 2004.6 En consecuencia, la profesión docente atrae cada vez menos jóvenes universitarios talentosos. Entre 2004 y 2016 la matrícula en escuelas normales pasó de representar al 5.1% de los estudiantes de educación superior a tan sólo 2.4%.7

Hay también un descontento entre los docentes ligado a un incremento en expectativas y en evaluaciones que no han sido acompañadas del apoyo correspondiente. Por ejemplo, aunque la ley establece su obligatoriedad, 34% de los maestros de nuevo ingreso al ciclo 2014-2015 no contaba con un tutor asignado en el ciclo 2015-2016 y del 66% que sí, sólo 55% había tenido por lo menos una sesión de tutoría.8 Además, el presupuesto de desarrollo profesional docente ha tenido recortes importantes a lo largo de los últimos años: de 2016 a 2017 disminuyó de dos mil 733 millones de pesos a sólo mil 654 millones.

La capacidad de avanzar en soluciones ha enfrentado una dificultad seria: existen deficiencias severas en el manejo de los datos educativos. Las bases de datos de la SEP y de gobiernos locales tienen fallas e inconsistencias preocupantes. El hecho de que a un año de los sismos de septiembre de 2017 no tengamos listas confiables de escuelas dañadas y su proceso de reconstrucción es un ejemplo que revela la magnitud del desorden administrativo.

Es imposible mejorar un sistema si no existen datos para entender qué pasa en cada comunidad educativa. Lo mismo pasa con la transparencia presupuestal. A pesar de esfuerzos considerables para transparentar la nómina docente y generar certidumbre en el gasto educativo los ciudadanos aún no tenemos la certeza de que los recursos se aterrizan de manera correcta en beneficio directo de los alumnos, maestros y escuelas.

El rumbo de la política educativa tiene que partir del reconocimiento de la seriedad y urgencia de los desafíos mencionados. El derecho a la educación tiene que ser más que sólo una garantía de acceso a un pupitre, debe ser una garantía de adquirir habilidades que permitan a los jóvenes aspirar a un mejor futuro.

Tener certeza del aprendizaje de los alumnos y las características del sistema requiere de mediciones imparciales y confiables, para saber si estamos avanzando en la dirección correcta. Por primera vez México cuenta con un organismo autónomo protegido de presiones políticas: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La continuidad del INEE no puede estar en juego. Pretender que la SEP sea quien mida el aprendizaje es igual que esperar confianza en una medición de pobreza de la Sedesol o un resultado electoral de Gobernación.

Avanzar en la calidad de la educación significa apostar por los docentes con vocación que quieren crecer y aprender. Los cimientos de los grandes sistemas educativos son los grandes maestros. Los docentes tienen derecho y necesitan reglas claras y justas en su trayectoria profesional. Su carrera no puede depender de sus contactos gubernamentales o sindicales. Las leyes deben garantizar que los mecanismos de ingreso y promoción dentro del magisterio sean justos, transparentes y claros. Regresar a un esquema de venta, herencia y control político de plazas sería fallarle a toda la comunidad educativa.

Contar con mecanismos transparentes de ingreso hace más fácil evitar que las plazas se asignen por consideraciones políticas y esos recursos públicos se malgasten. Los niños de México merecen maestros con talento y vocación, no familiares de líderes políticos cobrando nóminas sin pisar el aula.

Las reglas y procesos se tienen que cumplir de manera cabal y conforme a la ley para proteger a la comunidad educativa y generar confianza en familias y docentes. Deben aplicarse las consecuencias al ausentismo docente o al cierre injustificado de escuelas, pero también a los gobiernos estatales que no respeten la transparencia y justicia en la asignación de plazas y promociones. Si un maestro se prepara, toma una evaluación y obtiene un buen resultado pero se enfrenta con un sistema que bajo el agua sigue plagado de corrupción, entonces el falso proceso se vuelve absolutamente contraproducente.

Las leyes tienen importancia en la medida que se cumplen. En el caso de escuelas con instalaciones precarias o de maestros que no cuentan con los recursos y materiales necesarios (cuya provisión es responsabilidad de las autoridades), las reglas están fallando. En las evaluaciones, en la asignación de plazas y en el desempeño cotidiano de sus labores las normas del sistema educativo deben proteger a los maestros en la misma medida en la que les exigen ser mejores. Un incremento en las demandas que tenemos con los maestros deben estar acompañadas de un aumento aún mayor en la exigencia hacia el cumplimiento de obligaciones de las autoridades.

Apoyar a los maestros debe significar ayudarles a desarrollar habilidades que les permitan mejorar continuamente sus estrategias de enseñanza. La formación continua es el motor para la mejora docente y para lograrla es necesario garantizar, con leyes, acciones y presupuesto, que sea pertinente y accesible para todos los maestros. El presupuesto de capacitación se debe incrementar y eficientar. La profesión docente se debe revalorizar pero sin atención e inversión en las escuelas normales y la formación continua será imposible lograrlo.

Las mediciones son clave para mejorar, pero se tiene que construir sobre una base de credibilidad y justicia. Vincular evaluaciones de desempeño con consecuencias en su trayectoria profesional, sin antes garantizar que los maestros tengan acceso a contenidos y apoyos para enfrentar el cambio, merma la confianza y genera rechazo. Evaluar el desempeño es un proceso que se da en la mayoría de los espacios profesionales del país, no es incompatible con la labor docente. Un maestro que no puede ayudar a sus alumnos a aprender no debe estar al frente de un salón de clases. Pero para ser un proceso justo y válido se debe establecer sobre una base de apoyo mutuo, acuerdo y colaboración entre propios maestros y autoridades. 

 Cambios y nuevas políticas requieren espacios de retroalimentación, en donde los maestros compartan sus preocupaciones o dudas. Los canales de comunicación entre autoridades y comunidades educativas no se pueden limitar a mesas de consulta al inicio de cada administración o a interlocución con líderes sindicales que tienen sus propios intereses. Se requiere un sistema que permita flujos de información de manera libre y eficaz entre autoridades y comunidades educativas sin riesgo de censura. Por ejemplo, los docentes o supervisores deben poder reportar irregularidades en los procesos estatales y federales de evaluación y asignación de plazas, o los padres de familia, aclarar mitos o preocupaciones como un posible mal uso de recursos en su escuela.

El enorme capital político que los resultados electorales otorgaron al nuevo gobierno ofrece una oportunidad única para coordinar esfuerzos entre el gobierno federal, Poder Legislativo y en los gobiernos locales. El legado de esta confianza ciudadana debe ser un sistema educativo que sea un motor real hacia la equidad. Más allá de las prioridades presupuestales y nuevos programas que se decidan impulsar como parte de las políticas de la administración entrante, la realidad educativa  requiere atención y presupuesto a corto plazo.

Los retos educativos en México son complejos y  no hay una ruta fácil. La transformación en el corto plazo sí es una meta alcanzable siempre y cuando se fortalezcan los procesos y las políticas valiosas y se aprenda de los errores. Las áreas de oportunidad no dan espacio a ocurrencias o improvisaciones. Las comunidades educativas no tienen el lujo del tiempo para empezar de cero.

Por justicia a las próximas generaciones no podemos permitir que un eje tan central en el combate a la pobreza sea una moneda de cambio en negociaciones políticas o electorales. Para millones de mexicanos, su proyecto de vida, sus sueños y su capacidad de salir de la pobreza se definirán en los siguientes seis años.

 

Alexandra Zapata
Directora de Educación e Innovación Cívica en el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

Pablo Clark
Investigador en el IMCO.


1 Andrés Manuel López Obrador, 2018. La salida, México, Editorial Planeta Mexicana, 2017, pp. 177 y 178.

2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias, ECEA 2014, México, INEE, 2016. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscador-Pub/P1/D/244/P1D244.pdf consultado el 01/09/2018, p. 57.

3 INEE, PLANEA Resultados Nacionales 2015. http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/
planea/final/fasciculos-finales/resultadosPlanea-3011.pdf
, consultado el 29 de agosto de 2018.

4 Patricio Solís, “La transición de la secundaria a la educación media superior en México: el difícil camino a la cobertura universal”, Perfiles Educativos, 2018, pp. 66-89.

5 Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del sistema educativo, 2016-2017, México, 2018.

6 Cálculos propios con datos de SEP-DGPPYEE, Formatos 911.9A.

7 Cálculos propios con datos de SEP-DGPPYEE, Formatos 911.9A.

8 INEE, La educación obligatoria en México-Informe 2018, México, 2018. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/243/P1I243.pdf, consultado el 29 de agosto de 2018.

Expediente

¿Todo nuevo otra vez?

Es desesperanzador observar que en un país con tantas necesidades y promesas incumplidas cada seis años se pretenda comenzar de cero, desechando de tajo lo anterior, sin que medien análisis, diagnósticos ni evaluaciones. Cuando lo que se afecta es la educación de millones de niños y adolescentes se incrementa el desconsuelo. La educación es el reino propicio para imponer el más descarnado voluntarismo que alimenta y se alimenta del protagonismo y de la ambición. “Quiero y puedo” pareciera haber sido el mantra de quienes han tenido en sus manos el poder de decisión. Y es que si “la educación es asunto de todos” qué mejor para un político que anunciar, promocionar y publicitar cambios espectaculares.

Hoy estamos ante una nueva consulta de la cual, según se ha dicho, emergerán las propuestas que se presentarán al Poder Legislativo con el objetivo de transformar el marco jurídico de la educación. Empero, no hay visos de que se esté gestando una reflexión colectiva pausada, ajena a filias y fobias.

Ilustraciones: Estelí Meza

Nada nos impide sin embargo emprender, en compañía de nuestros eventuales lectores, un ejercicio personal. Me he preguntado en los últimos días de qué manera las decisiones jurídicas, administrativas y políticas del gobierno peñista afectaron el entramado institucional de la educación básica. Igualmente me interesa identificar algunos de sus errores y aciertos y por fin verter algunas recomendaciones que incentiven el debate. Comienzo por señalar que, en efecto, hubo cambios importantes en tres ámbitos interconectados que son de importancia para la gobernabilidad del sistema: evaluación, control sobre la carrera docente y federalismo.

En la medida en que mi interés se centra en las instituciones y en los actores del sistema es útil retroceder en el tiempo hasta la llamada “modernización educativa” del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces la agenda educativa del gobierno mexicano se adhirió al discurso educativo internacional. Los tres asertos, casi dogmas, fueron: la educación que se ofrece es pésima; los sindicatos docentes son el principal obstáculo para mejorarla y la descentralización es buena y necesaria. En el caso de México, modernizar la educación significó modernizar al aparato educativo y modernizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).1

Un cuarto de siglo ha transcurrido desde entonces. La política educativa se caracterizó por su carácter gradualista, aun cuando cada nueva administración impuso estilos propios y unas cuantas innovaciones. Pero visto en su conjunto, las orientaciones de los años noventa mantuvieron su vigencia en el nuevo siglo y hubo una continuidad que no se observó en otros países de la región, sujetos a fuertes vaivenes políticos. De ahí que las reformas legislativas de 2012-2013, pese a que en su momento se presentaran como una vuelta de tuerca, fueron más bien la cristalización de ese lento proceso reformista.

El objetivo primordial de los cambios legislativos consistió en utilizar la evaluación docente como un instrumento de control para disminuir la interferencia sindical en la esfera educativa con una ancla constitucional que dificultara cualquier intento de revertir su implantación. Los resultados electorales del primero de julio pasado sacudieron los cimientos de estas certidumbres y hoy —mientras unos auguran ruptura— otros luchan por recuperar la senda de la continuidad.

Por el momento reina la ambigüedad por lo que vale hacerse esta pregunta: ¿qué elementos de la llamada “reforma educativa” son útiles hoy para la gobernabilidad del sistema educativo y qué elementos, por el contrario, la ponen en riesgo? A partir de la observación de la escena educativa y política considero que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador otorga prioridad a la búsqueda de un arreglo institucional y político que recupere la alianza histórica del magisterio con el Estado pero —y esto es fundamental— sin echar por la borda aquellas piezas clave del andamiaje jurídico y administrativo vigente, que aseguran el mantenimiento de la rectoría estatal del sistema.

La primera pieza que quedó establecida en los cambios legislativos fue un servicio profesional docente cuya reglamentación es imprescindible si se aspira a tener maestros y directivos escolares bien preparados y con pagos adecuados. Hay mucho que repensar y modificar respecto a la Ley General del Servicio Profesional Docente publicada en septiembre de 2013, pero no cabe duda de que marca un cambio sustantivo respecto a la situación anterior en la que el trabajo profesional de los maestros no tenía siquiera un estatuto que le fuera propio.

Las modificaciones que se hagan a esta ley no pueden dejar de lado las quejas y sugerencias que a lo largo de estos cinco años los maestros han venido señalando en documentos, en movilizaciones y a través de las redes sociales, amen de las que se expresen en el curso de las consultas que se están llevando a cabo. Otra fuente muy importante a ser tomada en cuenta estriba en la recuperación de las experiencias adquiridas por quienes han laborado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por último, nada impide analizar estudios y experiencias internacionales que se hacen cargo de las necesidades inherentes a los diversos tramos de la carrera docente, desde la formación inicial hasta la jubilación. Un servicio docente profesional con reglas claras y razonables dignifica al magisterio, le brinda certidumbre y permite un paulatino mejoramiento de la educación.2 Sobre todo, delimita —sin producir interferencias— dos esferas: la profesional y la laboral. Toda vez que mediante las reformas de 2012-2013 se consiguió marcar esa frontera, resultaría un sinsentido que el equipo entrante prescindiera de los beneficios que esta norma introdujo. De ahí que si bien son necesarios cambios de fondo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, ésta no debería  ser abrogada.

La segunda pieza que introdujo la reforma es la de un INEE como órgano constitucional autónomo del Estado (23 de febrero de 2013). De nuevo la ley reglamentaria que constituye el marco en el que el instituto opera, requiere de modificaciones. Pero esto no debe oscurecer el hecho de que el INEE es ya un referente internacional como centro generador de datos y de estudios confiables sobre el sistema educativo nacional. Una vez que el INEE se vea desembarazado de la camisa de fuerza con la que operó durante este sexenio, para lo cual el primer paso consiste en eliminar la sobrerreglamentación de todo lo referente a la evaluación de los docentes, estará en mejores condiciones de cumplir todas las funciones para las que fue creado. Quedan también pendientes otras dos cuestiones que deben repensarse: la necesaria interdependencia del INEE con la SEP y con los gobiernos estatales.

Con estas dos piezas clave, un servicio profesional docente pensado no en términos de control sino de un verdadero desarrollo profesional y un INEE desembarazado de la carga de un esquema para la evaluación docente agresivo y mal diseñado, el nuevo gobierno estará en condiciones de redefinir el arreglo político institucional entre el Estado y el magisterio organizado. No es posible, ni menos aún deseable, retroceder el reloj a los años noventa. Los maestros esperan algún tipo de reivindicación, pero la carrera magisterial como tal no puede ser reimplantada. Y si bien la gobernabilidad del sistema requiere de un nuevo acuerdo, éste no puede emular al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que fue un pacto político firmado con la dirigencia de un sindicato monolítico y corporativo. Por último, el federalismo educativo no puede seguir funcionando sobre las mismas bases. A sus limitaciones originales se añadió la recentralización de la nómina magisterial que fue una respuesta coyuntural e incompleta, aunque necesaria, para poner freno a la ineficacia administrativa y a los abusos de los gobiernos estatales.

Todo indica que la propuesta de cambios legislativos en materia educativa será una de las primeras acciones del nuevo gobierno. Mis recomendaciones son sencillas. La primera consiste en evitar en lo posible la sobrerreglamentación, pues ésta no sólo provoca incumplimiento y simulación sino que es especialmente dañina cuando no se tienen claras las rutas sobre las cuales se quiere avanzar. La segunda recomendación consiste en conservar y fortalecer la autonomía del INEE, permitiéndole definir formas y tiempos de evaluación, aligerando el peso que ha significado para el instituto la sobrecarga de las evaluaciones docentes tal y como fueron diseñadas y dándole espacio y libertad para dar cumplimiento a otras funciones igualmente importantes. La tercera tiene que ver con la eficacia e implica diseñar mecanismos de coordinación que tomen en cuenta los recursos financieros y humanos que tiene el sistema y establecer condiciones y reglas claras para el desarrollo profesional de los maestros.

Las reformas del 2012-2013 mostraron que tenían pies de barro. Hubo, como ya dije, logros que no deben tirarse por la borda y errores a rectificar, algunos que fueron errores de concepción, otros achacables a la precipitación con la que se procedió. En mi opinión la solución que se quiso dar al “factor sindical” fue provisoria e inestable. El golpe que representó el arresto de Elba Esther Gordillo para el SNTE devino, con la nueva dirigencia nacional, en una aparente normalidad, normalidad fincada en la exclusión de los núcleos de maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esa exclusión no impidió sino que incentivó la vehemencia de la protesta. Ya ni siquiera la eliminación de la “evaluación punitiva” cerrará las heridas. A ello se suma que la activación de los grupos afines a la maestra Gordillo produce nuevas y graves pugnas en el seno del campo “institucional”.

No hay recetas para destrabar estos conflictos, pero un planteamiento inicial consiste en que las nuevas autoridades políticas y educativas practiquen un real reconocimiento de las diferencias. Reconocer al otro, escucharlo, penetrar en su lógica, en el ritmo de sus tiempos. A mi juicio no es posible ya pensar en un acuerdo educativo cupular. Y más que un nuevo pacto se requiere de la autoridad, un trabajo cotidiano para generar consensos, un trabajo honesto, responsable, modesto y eficaz.

 

Aurora Loyo
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.


1 Para ampliar este punto se puede consultar “Modernización educativa o modernización del aparato educativo?” (de Loyo, A.) en Revista Mexicana de Sociología, vol. 55, núm. 2, 1992, pp. 339-349. https://www.jstor.org/stable/3541115?seq=1#page_scan_tab_contents

2 Por ejemplo, la obra de la investigadora uruguaya Denise Vaillant: Construcción de la profesión docente en América Latina. Tendencias, temas y debates, OEI, 2004.

Expediente

El que mucho abarca…

En el sexenio 2012-2018 que está por concluir se ha realizado una reforma educativa al revés. Primero bajo la bandera de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, se establecieron nuevas normas sobre la relación laboral entre profesores y Estado —modificando el artículo tercero constitucional— dando autonomía al INEE y creando la Ley General del Servicio Profesional Docente. Es hasta el año 2016 cuando se presenta la primera versión del “nuevo modelo educativo”, acompañado de una propuesta curricular. En medio de un discurso triunfalista, que señalaba que en más de 50 años no se habían realizado cambios profundos en la educación nacional. De esta manera se establecía que este modelo terminaba con la enseñanza memorística; aun cuando en las reformas curriculares de 1972 y 1993 aparece la idea de abandonar la enseñanza memorística y “superar la disyuntiva entre enseñanza informativa y formativa”. Se argumentó que la reforma de 2016 buscaba reducir la cantidad de contenidos que se trabajan en la escuela, articular todo el sistema de la educación obligatoria, colocar a la escuela en el centro, fomentar el trabajo colaborativo, el uso de tecnologías, la flexibilidad, la autonomía curricular, aprendizaje de habilidades socioemocionales, la capacidad para comunicarse en español e inglés al concluir en bachillerato, modificar el mobiliario escolar, entre otras ideas.

Después de una amplia consulta con diversos sectores de la sociedad, especialistas, foros locales y consulta en línea, el PIPE del CIDE presentó el Informe sobre la Consulta Nacional sobre el Modelo Educativo.1 Posteriormente se realizaron algunos ajustes para presentar en marzo la versión definitiva del nuevo modelo educativo con la intención de elaborar libros de texto e iniciar su aplicación parcial en el ciclo escolar 2018-19, junto con la implementación del primer año de la reforma curricular para la educación normal que buscó alinearse al modelo. Todo esto está pasando en los últimos cuatro meses de este sexenio. Lo laboral primero, lo pedagógico-curricular en la última etapa del gobierno saliente, sin posibilidad real de implementarse por completo.

Ilustraciones: Estelí Meza

Los documentos que finalmente se publicaron sobre el modelo son cuatro: Modelo educativo para la educación obligatoria; Aprendizajes clave para la educación integral; Planes de estudio de referencia del componente básico curricular común de la educación media superior y Ruta para la implementación del nuevo modelo educativo (todos publicados por la SEP en 2017).2 Paulatinamente se fue presentando diversa información sobre el modelo en distintos documentos en línea, ofreciendo a su vez cursos a los docentes sobre algunos aspectos del modelo donde resaltan: aprendizajes clave y autonomía curricular; asimismo se realizaron diversas mesas redondas para enfatizar algunos aspectos que se consideraron relevantes en estos temas.

Los principales asuntos del modelo se pueden resumir en: planteamiento curricular; la escuela al centro; formación y desarrollo profesional del docente; inclusión y equidad y gobernanza del sistema. Resulta difícil hacer un comentario si reconocemos que sólo estos textos tienen mil 938 páginas, así como la diversidad de temas que se abordan en ellos. Por ello, el objetivo de estas líneas es realizar una aproximación a la perspectiva curricular y didáctica que emana del mismo.

El modelo plantea una estructura curricular subdividida en tres secciones: a) campos de formación académica (en donde se integran las asignaturas de la formación académica: lenguaje y comunicación en español e inglés, incluyendo en 2017 la lengua originaria para la población indígena; pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social, que integra ciencias e historia); áreas de desarrollo personal y social (incluye artes, educación física y educación socioemocional), las dos primeras ya formaban parte del plan de estudios; y finalmente, ámbitos de autonomía curricular (con la intención ampliar formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y proyectos de impacto social).

Entre los argumentos que se ofrecieron para la formulación del modelo se encuentran: disminuir contenidos y asignar nuevos retos; simplificar la presentación curricular para facilitar que el docente tenga claridad de los aprendizajes esperados; reorientar el trabajo constructivista en el aula, superando el descontrol que se produce al establecer sólo competencias, para lo cual se establecieron aprendizajes clave ligados directamente a los aprendizajes esperados; una estructura más clara y simple del currículo centrado en dos elementos al tener organizadores curriculares de primer (ámbitos o ejes) y de segundo orden (temas o aspectos genéricos), seguidos por los aprendizajes esperados; lograr que los alumnos aprendan a leer y escribir desde el segundo año de primaria; lograr que los alumnos disfruten la lectura y disfruten las matemáticas; lograr que los alumnos puedan reconocer, expresar sus emociones y trabajar con ellas; lograr que las escuelas puedan construir un proyecto de trabajo específico, entre muchos más.3

Previo al inicio de actividades la SEP publicó un nuevo ordenamiento para calificar y evaluar a los alumnos (DOF, 2018)4 en el que se establecen tres periodos: noviembre, marzo y el mes en el que concluya el curso escolar, donde se establece que los campos de formación académica (las asignaturas clásicas) se califiquen con números del 5 al 10 y al mismo tiempo establece una correspondencia que denomina evaluación dando nivel IV al 10, nivel III al 8 y 9, nivel II al 6 y 7 y nivel I al 5. Mientras que los ámbitos de desarrollo personal y la autonomía curricular sólo se evaluarán por niveles. Esto resulta problemático ya que en las áreas académicas es necesario aprobar, en las áreas de desarrollo personal y de autonomía al menos se debe tener nivel II, en por lo menos dos áreas en el caso de desarrollo emocional y dos en los clubes de autonomía curricular para aprobar el curso.

En este contexto en agosto de 2018 se inició el trabajo con el currículo del modelo educativo en los tres grados de educación preescolar, primero y segundo de educación primaria y primero de secundaria. Mientras que en los otros niveles del sistema educativo se buscó incorporar el inglés, la educación socioemocional y la autonomía curricular. Una serie de acciones que podemos caracterizar signadas por aciertos y desconciertos.

Uno de los elementos que más se buscó destacar es que el currículo del modelo educativo integra toda la educación obligatoria. Reconociendo finalmente que en el acuerdo 592 ya se establecía la integración curricular por campos formativos en la educación básica (DOF, 2011),5 en realidad lo que el modelo hace es reorganizar el currículo en tres ámbitos formativos, incluyendo el desarrollo de habilidades socioemocionales y la autonomía curricular. Y por otra parte, prácticamente pegando el marco común curricular del sistema bachillerato (DOF, 2008), creando un mapa curricular en donde el desarrollo de habilidades socioemocionales en el bachillerato se convierte en sólo tres asignaturas: literatura o estética, filosofía o lógica, y ética, materias que se consideran optativas y cumplen la función de la autonomía curricular en este nivel.

Aunque los defensores del modelo educativo sostienen que lograron una reducción de contenidos, la planeación didáctica queda reducida a lo que el docente pueda realizar a partir de los aprendizajes esperados. Si bien el modelo retoma y a la vez busca ir más allá de un currículo por competencias, la llamada trenza (Bonilla, 2017)6 que presenta el documento aprendizajes clave, se refiere a la articulación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el desarrollo de una competencia. Esta trenza en realidad es retomada de la OCDE como el propio documento hace referencia en su nota a pie de página.7

Más complicado que discutir si el actual modelo abandona o retoma la educación por competencias, resulta relevante reconocer que el modelo curricular desarrollado centrado en finalidades, perfil de egreso de la educación obligatoria, del nivel educativo y del grado escolar, ejes o ámbitos, temas o descriptores disciplinarios y aprendizajes esperados, en realidad lleva a los docentes a realizar su planeación didáctica sólo a partir de estos últimos, pues son los elementos sustantivos a partir de los cuales se valorará su trabajo en los exámenes a gran escala que resuelvan sus estudiantes.

La autonomía curricular si bien responde la recomendación 12 que hizo la OCDE para mejorar la calidad de la educación,8 y en estricto sentido busca que en cada escuela a partir de un análisis de fortalezas y debilidades se establezcan dos ámbitos de autonomía curricular. Esta tarea no se puede realizar de una manera tan sencilla ya que en una escuela primaria de horario regular sólo habría una hora destinada a esta autonomía; mientras en la escuela secundaria las horas de autonomía en realidad corresponden en el primer año a las dos horas que se restaron a la materia de química que pasó de seis a cuatro horas. Por otra parte, en el sistema de educación privada los llamados “clubes” de autonomía en realidad se usan para establecer una cuota escolar distinta, al pago mensual acordado, para realizar un club de arte, deporte, actividad estética, etcétera.

Un tema que tiene rasgos especiales para poderse consolidar es el espacio curricular destinado a la formación socioemocional. En la escuela primaria de horario regular sólo hay opción de media hora para este aspecto, en la escuela secundaria en realidad se realizará sobre las horas de tutoría grupal que ya estaban establecidas y como expresamos previamente en el bachillerato son reemplazadas por asignaturas de corte filosófico o de literatura.

Finalmente, la mayor dificultad del modelo educativo es desconocer la diversidad cultural y social que caracteriza la sociedad mexicana. Escuelas localizadas en distintos entornos sociales tienen condiciones muy diferentes para impulsar aprendizajes. El modelo educativo presupone que basta con un buen docente para que todos los alumnos mexicanos logren los aprendizajes esperados según esta propuesta curricular. Tema que en el fondo se suma a la presión que durante todo el sexenio se ha realizado hacia los maestros, a quienes además les corresponde establecer un trabajo por proyectos, colaborativo, vinculando los contenidos con  problemas de la realidad.

En estricto sentido la mayor parte de la propuesta curricular no es novedosa, sino que significa un reordenamiento de lo que se venía estableciendo previamente. Si bien la cantidad de información que acompaña a los documentos es excesiva y sus pretensiones rebasan con mucho lo que se puede hacer en el aula. Los docentes que el modelo concibe de manera implícita tienen los rasgos de superhéroes, pero no responden a las condiciones en las que se realiza la docencia en el país.

En su ambición y despropósito el modelo no sólo llega tarde, sino que su implantación pende de un hilo, pues no queda claro qué elementos del mismo se modificarán, prevalecerán o se cancelarán al iniciar el siguiente sexenio. Más allá de sus contradicciones el modelo refleja la idea del refrán popular que expresa “el que mucho abarca, poco aprieta”.

 

Ángel Díaz-Barriga
Investigador emérito del Instituto de Investigaciónes sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM.


1 CIDE, Informe sobre la consulta nacional sobre el nuevo modelo educativo, 21 de diciembre de 2016. https://bit.ly/2OsqtI0

2 SEP, Aprendizajes clave para la educación obligatoria, 2017. https://bit.ly/2Ik5a5E

3 Elisa Bonilla, Sesión 4, El nuevo Modelo Educativo. La reforma Educativa, INEE, 11 de octubre de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=BIkm2wU9RTI

4 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica”, 7 de junio de 2018. https://bit.ly/2M8T6pA

5 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la educación básica”, 2011. https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/9721849d-666e-48b7-8433-0eec1247f1ab/a592.pdf

6 Bonilla, Elisa. op. cit.

7 SEP, op. cit, 2017, p. 111. https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/
APRENDIZAJES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf

8 OCDE, Acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas, 2010. http://www.oecd.org/education/school/46216786.pdf

Expediente

¿Los docentes mejoraron? ¡Sí!

Las escuelas son una ventana al futuro. Si nuestros niños y jóvenes aprenden hoy, el día de mañana podrán hacer un buen uso de las nuevas tecnologías e innovar, lo que incrementará la productividad y, con ello, el crecimiento económico del país. Si todos los niños y jóvenes pueden aprender sin importar su condición de origen, habrá menos pobreza, menos desigualdad y más movilidad social.

Los docentes son, por mucho, el actor más importante en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del sistema educativo. Son, sin exageración, los arquitectos del futuro del país. Esta gran responsabilidad significa que el mejoramiento de la calidad de la docencia debe ser la prioridad de cualquier sistema educativo. Los países que han mejorado la docencia y, por lo tanto, los aprendizajes de los alumnos lo han hecho a través de la profesionalización de la carrera docente. La profesionalización incluye la regulación de los institutos de formación docente (normales), selección y promoción de los maestros con base en el mérito, periodo de inducción para quienes son de nuevo ingreso, evaluación de docentes en servicio para reconocer a los que tienen un buen desempeño y proveer la formación necesaria a los que necesitan apoyo. Estos esfuerzos deben ser complementados con un salario competitivo que refleje la importancia del docente en la sociedad.

El reconocimiento de la docencia como una de las ocupaciones más importantes en la sociedad es congruente con la visión de que los aprendizajes son un derecho humano y con su importancia para el desarrollo económico y social del país. La profesionalización de la carrera docente tiende a mejorar no sólo el desempeño de quienes la ejercen, sino también el perfil de quienes se integran a ésta, lo cual incide favorablemente sobre el aprendizaje de los alumnos.

Ilustraciones: Estelí Meza

 

En México el diseño del Servicio Profesional Docente (SPD) incorpora muchas de las mejores prácticas internacionales: evaluación para el ingreso y la promoción de docentes, periodo de inducción, formación continua y reconocimiento al buen desempeño. Estos cambios contrastan con el sistema de selección y promoción de docentes que teníamos hace unos pocos años, caracterizado por un alto grado de discrecionalidad y opacidad.

En la práctica el SPD ha enfrentado retos de implementación desde sus inicios y se han observado algunas limitaciones en su diseño. No obstante, la transición de la discreción al mérito que significó la puesta en marcha del SPD pudo haber incidido sobre el perfil de aquellos que ingresan a la docencia. Desafortunadamente hay poca evidencia rigurosa al respecto. Con el propósito de paliar este importante vacío de información estamos llevando a cabo un estudio que busca responder a la siguiente pregunta: ¿hubo un cambio en el perfil de los nuevos docentes a raíz de la introducción del SPD? A continuación presentamos algunos resultados iniciales de este esfuerzo.

El primer paso para abordar nuestra pregunta es definir al buen docente. Un buen docente es aquel que logra mejorar los aprendizajes de todos sus alumnos. La literatura internacional ha identificado tres características que están fuertemente asociadas con los buenos docentes: a) el nivel de conocimientos, b) la capacidad para transmitir estos conocimientos, c) la motivación y compromiso con su labor.

Para medir los posibles efectos del SPD sobre el perfil de los nuevos profesores vamos a restringir nuestra definición de buen docente a una de las tres características antes mencionadas: el nivel de conocimientos. Esta es una medida imperfecta. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que los conocimientos de matemáticas y comprensión lectora entre los docentes están altamente correlacionados con los aprendizajes de los alumnos en estas mismas áreas.1

¿Cómo medimos los conocimientos de los nuevos docentes? Nuestra medida son los niveles de logro en matemáticas y comprensión lectora que obtuvieron al terminar la educación media superior. En colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), aparejamos la información de la prueba ENLACE educación media superior (EMS) de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de 2017, el cual tiene la información sobre el año de entrada a la carrera de los 1.2 millones de docentes que son parte del sistema educativo mexicano. El FONE identifica a todos y cada uno de los docentes a través de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), que también se encuentra registrada en las bases de datos de la prueba ENLACE, lo cual hizo posible el pegado de ambas bases de datos para crear la base de datos ENLACE-FONE.

La base de datos ENLACE-FONE incluye a 55 mil 189 docentes que ingresaron a la docencia entre 2012 y 2017. Para todos estos docentes tenemos información sobre su fecha y entidad de nacimiento, sexo y sus puntajes en matemáticas y comprensión lectora al terminar la educación media superior. Con esta base de datos podemos comparar los conocimientos de matemáticas y comprensión lectora (medidos por ENLACE EMS) de los docentes de nuevo ingreso antes y después de 2014, año en que comenzó el SPD.

 

Antes de describir los resultados principales, presentamos información sobre la parte de la distribución de conocimientos en donde están los futuros docentes. En concreto, comparamos los niveles de logro de todos los estudiantes que concluyen la EMS versus aquellos que, años después, ingresarán a la docencia. Sin importar el año de ingreso a la docencia los estudiantes que terminan la educación obligatoria y unos años más tarde ingresan a la docencia en México tienen niveles de logro académico por encima de la media en la prueba ENLACE, como lo muestra la gráfica 1. En términos porcentuales, el docente promedio obtuvo un puntaje al terminar la prepa que lo ubica en el percentil 62 de la distribución de ENLACE, esto es 12 percentiles por encima del promedio nacional (que es 50).2 Por supuesto, la población de estudiantes que concluye la EMS incluye aquellos que no ingresan a la educación superior (tres de cada 10 egresados de media superior) y aquellos que habiendo ingresado no concluyen los estudios superiores (casi cuatro de cada 10 egresados de la media). Así, quizá una comparación más relevante es el nivel de conocimiento promedio entre los docentes y el de otros egresados de educación superior. Cuando hacemos esta comparación, los docentes tienen resultados promedio 3 percentiles de ENLACE por debajo de la media que obtienen otros profesionistas (identificados con base en el Registro Nacional de Profesionistas).

Los resultados principales del análisis están ilustrados en la gráfica 2, la cual compara el promedio de puntajes ENLACE EMS de profesores que ingresaron a la docencia en 2012 y 2013 con los puntajes de los que ingresaron en 2015 y 2016, es decir, antes y después de la entrada en vigor del SPD. Excluimos el 2014 del análisis porque ese año hubo quienes que entraron bajo criterios anteriores y posteriores al SPD, dependiendo del mes de ingreso a docencia. Antes de la implementación del SPD los docentes de nuevo ingreso provenían, en promedio, al percentil 57 de la distribución general de ENLACE EMS; mientras que después de 2014 los docentes provienen, en promedio, del percentil 61. Como se ilustra en la gráfica 2, mejoró la posición relativa de nuestros docentes de nuevo ingreso en relación con la distribución general de conocimientos al finalizar la educación obligatoria. En otras palabras, después de 2014 nuestros docentes son más calificados en relación al resto de la población que concluyó la EMS. El cambio positivo en los conocimientos de los maestros pre y post 2014 se mantiene aun cuando controlamos por la edad de ingreso a la docencia, año en que presentó la prueba ENLACE EMS y entidad de nacimiento.

El aumento en el nivel de conocimientos de nuestros nuevos docentes que se observa después de 2014 es una muy buena noticia. Pero es posible que este cambio no se explique por la puesta en marcha del SPD. Otros cambios, no tomados en cuenta en el análisis estadístico, pudieron haber incidido en esta mejora. Sin embargo, la transformación más relevante que ha tenido el sistema educativo antes y después de 2014 es la implementación del SPD. Adicionalmente, este resultado es consistente con el efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes que tuvo la introducción del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes en el año 2008 (y que operó hasta 2013).3

 

El SPD pudo haber tenido un impacto en el perfil de habilidades de los nuevos docentes mediante dos mecanismos: 1) un incremento en la capacidad del sistema educativo de atraer mejores candidatos a la docencia y 2) la efectividad del examen utilizado en el concurso de oposición para identificar candidatos con un mejor nivel de habilidades. Estos dos mecanismos no son mutuamente excluyentes, es decir, pueden operar simultáneamente. Para estudiar el segundo mecanismo, aparejamos la base de Enlace Media Superior con la de los resultados de los concursos de oposición del SPD. La gráfica 3 muestra la correlación entre los resultados de ENLACE EMS y la probabilidad de ser clasificado como “idóneo” en el concurso de oposición. La forma de leer la gráfica 3 es que a mayor puntaje de ENLACE EMS, mayor probabilidad de ser clasificado como idóneo, años después, en el concurso de ingreso a la carrera docente. En otras palabras, los candidatos con un mayor nivel de habilidades al terminar la EMS tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados como nuevos docentes.4

 

Después de 2014 los docentes de nuevo ingreso tienen un mayor nivel de conocimientos. Y es que el examen utilizado en los concursos de oposición para la asignación de plazas es efectivo para identificar a los sustentantes que cuentan con un mayor nivel de conocimientos en matemáticas y comprensión lectora. Esto, en sí mismo, es una buena noticia porque seguramente tendrá un efecto positivo sobre los aprendizajes de los alumnos.

Los resultados alentadores aquí mostrados invitan a una reflexión sobre cómo potenciar al SPD. El puente más importante entre la evaluación de los docentes y el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos todavía no se ha construido. Este vínculo se forma a través del uso formativo de la evaluación, es decir, utilizar los resultados tanto del concurso de oposición como de las siguientes etapas de la carrera magisterial para diseñar una estrategia de formación docente, inicial y continua que sea más pertinente y efectiva.

Así como los resultados de las evaluaciones de los aprendizajes de los alumnos pueden ser un eje de las rutas de mejora escolar, los resultados de la evaluación de ingreso —o concurso de oposición— pueden ser usados para guiar las estrategias de mejora en las escuelas normales. Para que esto suceda el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la SEP, en estrecha colaboración con los directores y colectivo docente en las normales, pueden diseñar un reporte de resultados con la información y formatos necesarios para que cada escuela normal sepa en dónde están las áreas de mejora. Adicionalmente, los resultados de la evaluación del desempeño (que se realiza a docentes en servicio) pueden utilizarse como un insumo principal para la oferta de cursos de formación continua. La evaluación del desempeño puede ser útil también para proveer, a través de un reporte de resultados que haya sido diseñado con los propios docentes, información pertinente para que ellos puedan mejorar sus conocimientos y estrategias pedagógicas.

Pero quizá el reto más importante es asegurarnos que los docentes tengan una percepción positiva del SPD y eso sólo sucederá en la medida en que consideren que las evaluaciones son justas y la formación pertinente. La gran mayoría de los profesores en México están comprometidos con su carrera y con el aprendizaje de sus estudiantes. Son ellos, los docentes comprometidos, los que potenciarán el SPD para llevar a cabo la transformación que tanto necesita nuestro sistema educativo. Si el SPD es percibido como una simple herramienta punitiva, todos los esfuerzos por profesionalizar la carrera docente habrán sido en vano.

 

Rafael de Hoyos
Economista del Banco Mundial.

Ricardo Estrada
Economista de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Las opiniones aquí expresadas son estrictamente de los autores y no necesariamente representan la visión del Banco Mundial, CAF o los países que integran sus directorios.


1 Hanushek, Piopiunik y Wiederhold (2018), “The value of smarter teachers: international evidence on teacher cognitive skills and student performance”, NBER Working Paper Series 20727, Cambridge, MA.

2 El percentil de Enlace agrega el puntaje de ENLACE en matemáticas y comprensión lectora. Un percentil con valor 1 indica que este es el nivel de puntaje del 1% de la población con peor rendimiento en la prueba y un percentil con valor 100 que es el nivel de puntaje del 1% de la población con mejor rendimiento.

3 Este concurso no era obligatorio para llenar todas las vacantes docentes. Ver detalles sobre el impacto de este concurso en: Estrada, “Rules vs. Discretion in Public Service: Teacher Hiring in Mexico”, Journal of Labor Economics, en prensa.

4 Por el momento, no contamos con información suficiente para estudiar el primer mecanismo mencionado. Esto se debe en buena medida a la ausencia de datos sobre la selección de docentes antes de que los concursos de oposición fueran puestos en marcha.

5 INEE, “Evaluación del desempeño desde la experiencia de los docentes. Consulta con docentes que participaron en la primera Evaluación del desempeño 2015”, 2016.

Expediente

La batalla por la nómina

Cinco de cada 10 pesos que la federación destina a educación son transferidos año con año a los gobiernos estatales para cubrir las necesidades básicas de la población en materia educativa y contribuir a la disminución de las asimetrías en la participación de las entidades en el presupuesto educativo. Esto es así desde que en 1998 se incorporaron al Presupuesto de Egresos de la Federación los Fondos de Aportaciones Federales o Ramo 33. A partir de la reforma educativa (2013) y la reforma fiscal (2014), impulsadas por el gobierno federal, dos de los ocho fondos educativos que componen el ramo y que apoyan a los estados en la gestión de sus responsabilidades educativas tuvieron cambios significativos en su operación.

Ilustraciones: Estelí Meza

 

Para el financiamiento de las nuevas responsabilidades educativas de los estados trasferidas en 1992 mediante la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), la federación les transfirió recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Mediante dicho fondo, que operó de 1998 a 2014, se financió el pago de maestros, directores, supervisores y personal administrativo federalizado de las escuelas de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) y normal quienes pasaron a ser responsabilidad de los gobiernos estatales producto del ANMEB.

La operación del FAEB presentó graves problemas e irregularidades desde su creación, destacando: la discrecionalidad en los criterios de su asignación por una fórmula de distribución que reiteradamente no se cumplió; la existencia de una doble negociación salarial entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno federal y de los estados (que derivó en presiones sustantivas a las finanzas públicas en particular de las entidades federativas); y el pago indebido a personal que no estaba frente a las aulas, como fue el caso de los comisionados sindicales y administrativos y de “aviadores”. A esto se suma el uso del fondo para rubros ajenos al educativo por parte de las autoridades estatales y el incumplimiento de pagos obligatorios a terceros como las cuotas de seguridad social del magisterio que se le descontaron al personal pero que diversos gobiernos estatales no entregaron en su totalidad al ISSSTE.

Estos problemas, que habían sido ampliamente documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y diversos medios periodísticos, fueron confirmados por los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) realizado en 2013. Al analizar dicho censo se encontró que alrededor del 10% de la nómina educativa de los estados presentaba irregularidades, con un costo al erario que oscilaba entre 16 mil millones y 51 mil 486 millones de pesos al año.1 Para dimensionar dicho dispendio presupuestal es necesario recordar que ocho de cada 10 pesos que se destinan a educación corresponden al pago de la nómina, por lo que los pagos indebidos representaron al menos 7.6 veces lo que se destinó en un año a la capacitación docente o a seis veces el monto programado para mejorar la infraestructura educativa.

Con el fin de resolver la fuga masiva en los recursos de la nómina educativa federalizada en 2014 el Congreso aprobó la iniciativa presidencial para centralizar su pago a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Mediante dicho fondo se financian cerca de un millón 800 mil plazas del servicio público de educación básica y normal, a través de pagos directos al personal por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), institución que —junto con la SHCP— verifica el registro de la nómina educativa enviado por las autoridades estatales. Sólo el personal reconocido legalmente en los convenios de coordinación entre gobierno federal y los estados debe recibir un pago.2

El FONE buscó eliminar los espacios para el mal uso que las autoridades habían hecho del presupuesto para la nómina educativa, al tiempo que al terminar con la doble negociación salarial y sustituirla por una negociación nacional única, se prometió reducir las crecientes presiones en las finanzas públicas estatales. Se anunció que se crearía un tabulador que ordenaría la diversidad de prestaciones que las distintas secciones del magisterio habían obtenido a lo largo de los años desde la descentralización de 1992. Sin embargo, al finalizar el sexenio las diferencias sustantivas entre prestaciones que recibe el magisterio a lo largo del país continúan sin que se vislumbre una vía factible para su posible homologación.

Con el nuevo fondo se buscó brindar mayor certeza de su distribución a las entidades y eliminar distorsiones que ocurrieron en la evolución del FAEB. Sin embargo, en el FONE no se consideran los esfuerzos presupuestales propios que los estados hacen para financiar sus sistemas educativos, ni tampoco se incorpora algún elemento en su distribución que considere la distribución de fondos con criterios de calidad y equidad educativas.

Entre enero de 2015 y julio de 2018 la federación ha transferido un billón 268 mil 31 millones de pesos a las entidades mediante el FONE. Aunque las autoridades federales prometieron que la creación del nuevo fondo se traduciría en “economías para el erario”, en realidad costó 9% más que lo ejercido con el FAEB en 2014 (ver infografía 1). Este incremento, que benefició a 22 entidades se debe a los pagos autorizados a docentes estatales con la nómina federal y el reconocimiento de siete mil 539 conceptos de pago como prestaciones y pagos discrecionales que fueron aceptados en las mesas de negociación que sostuvieron en 2014 autoridades federales con sus contrapartes en los estados.

A lo anterior se suman los 32 mil 901 millones de pesos que se destinaron entre enero de 2015 a diciembre de 2017 a pagos indebidos a comisionados sindicales (900 millones de pesos) y los pagos no regulados a comisionados administrativos (31 mil 910 millones de pesos).3 Ello pese a que la SEP había anunciado el fin de los pagos a comisionados sindicales desde 2016. Tan sólo en la auditoría del fondo que realizó la misma SEP en 2017 se detectaron 44 mil 76 personas con plazas irregulares, con un costo anual estimado de cinco mil millones de pesos. De éstas, mil 361 plazas de maestros eran utilizadas de forma indebida pese a estar dadas de baja y 10 mil 553 personas no fueron localizadas cuando se hizo el pase de lista respectivo en sus centros de trabajo.4 Junto con las auditorías realizadas por la ASF, este ejercicio implicó un avance significativo en el ordenamiento de la nómina. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han aclarado qué sucedió con las plazas usadas indebidamente y del personal no localizado, ni tampoco han informado sobre las acciones legales que iniciaron en contra de las personas que permitieron y recibieron estos pagos indebidos. 

Muchas prácticas discrecionales que ocurrían con el FAEB han sido acotadas, pero aún no se ha extirpado por completo el problema de opacidad y mal uso de los recursos destinados a la nómina educativa. Por ejemplo, no se ha reportado por completo el destino de los recursos que integran el fondo, como es el caso de un fondo compensatorio y de gasto operativo que se distribuye a los estados. En el caso de Ciudad de México, cuya nómina educativa se financia mediante recursos del Ramo 25 bajo responsabilidad exclusiva de la SEP, la autoridad educativa se ha negado reiteradamente a transparentar la información del personal pagado con dichos recursos. Esto impide conocer si realmente se ha puesto fin al pago de comisionados en la capital del país. Además, el 20% aproximado de la nómina restante, que financian los gobiernos estatales con sus propios recursos, tampoco ha sido transparentada.

 

En 2015 el Ejecutivo anunció un ambicioso plan para aumentar la inversión para la expansión y mantenimiento de la infraestructura educativa, mediante la emisión de bonos educativos con un valor de 50 mil millones de pesos a través de un programa denominado Escuelas al Cien. Dichos bonos están respaldados por los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del cual 54% de sus recursos se destinan a la construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura física escolar para educación básica, media superior y superior. En su momento las autoridades tanto hacendarias como educativas federales subrayaron que estos instrumentos no serían deuda, sino un instrumento que potencializaría los recursos destinados a infraestructura para los graves rezagos que se observan en los planteles educativos.5

Pese a que el mecanismo de los bonos parecía innovador, para garantizar la maximización de su beneficio resultaba fundamental corregir los problemas que reiteradamente han caracterizado la política de infraestructura educativa en el país y que en su mayoría han sido señalados puntualmente por la ASF. La distribución de los fondos a los estados y el uso que los mismos hacen de los recursos no son focalizados, por lo que no se garantiza su destino para los planteles más necesitados de reparación y mantenimiento. Además, al igual que ocurrió con el FAEB, las autoridades estatales han desviado recursos etiquetados para infraestructura para el financiamiento de otros conceptos o, incluso, han juntado los recursos del FAM con otras transferencias federales, haciendo imposible el seguimiento puntual de su uso. A pesar de la tener la obligación legal de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal los estados no dan cuenta de los criterios de distribución del fondo a las escuelas ni tampoco informan sobre el padrón de los planteles beneficiados. Tampoco han informado el detalle de las obras que realizan y reiteradamente no han podido hacer una comprobación correcta de las erogaciones con cargo al fondo.

La potenciación de los recursos del FAM buscó corregir algunos de estos problemas al condicionar su distribución a que los estados realizaran las obras de reparación sujetas a la ley federal de obra. Además, se estableció un mecanismo para que los proveedores recibieran sólo 30% del monto de los contratos al inicio de la obra y el resto una vez comprobada la finalización completa de la misma.

El 4 de diciembre de 2015 se hizo la primera emisión de esos certificados por un monto de ocho mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Se prometió que al finalizar el sexenio se habrían apoyado a 34 mil 912 planteles, beneficiando a 6.8 millones de estudiantes. Además, se estableció que el programa priorizaría a las escuelas más vulnerables. Sin embargo, a inicios de septiembre, el programa aún está lejos de las metas prometidas. Se ha logrado la disponibilidad de 39 mil 838 millones de pesos (80% de los recursos prometidos), de los que se han utilizado 33 mil 159 millones para la intervención de 23 mil 315 planteles (con la conclusión de obras en sólo 11 mil 448 escuelas). Esto es, hasta ahora se han reparado por completo 32.8% de los planteles que se habían establecido como meta a atender. De completarse en su totalidad las intervenciones en curso se alcanzará poco más del 66.8% de la meta planteada para el programa (ver infografía 2).

Es cierto que en términos comparativos se ha destinado un monto histórico para infraestructura educativa en estos años. Se ha avanzado en completar los diagnósticos de infraestructura de educación básica por parte del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIFED). La autoridad federal ha reportado en internet los diagnósticos y avances de obra. En el contexto de impulsar medidas a favor de la autonomía de gestión en las escuelas, mediante el programa se ha incorporado a los padres de familia a través de comités de obra que determinan la prioridad a atender en el plantel, a su vez que se busca impulsar su papel como actores de supervisión social para garantizar un buen funcionamiento del programa.

Sin embargo, existen diversos problemas que han mermado la eficacia del programa. Los recursos no se han focalizado en las escuelas más necesitadas. Supuestamente, se había desarrollado un índice de atención prioritaria con base en la información arrojada por el CEMABE y completada con los diagnósticos de infraestructura del INIFED. Sin embargo, la autoridad educativa no ha podido comprobar la fórmula que documente los criterios de selección de los planteles beneficiados. Tanto la ASF como el INEE han solicitado dicha información, sin que hayan obtenido respuesta satisfactoria, por lo que no puede garantizarse que la distribución de los recursos responda a criterios de necesidades de la infraestructura física educativa.6 Asimismo, el INEE ha apuntado que dicha distribución no está enfocada en los estados con mayor rezago educativo como son Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Campeche. Cerca de 40% de las escuelas beneficiadas están en municipios de muy baja marginación. Al ser considerados fondos de los propios estados, éstos han mandado los listados de los planteles repitiendo los errores documentados en el uso deficiente del FAM. Además, las intervenciones se han concentrado mayoritariamente en educación básica con cerca de 91% de los planteles beneficiados. Sólo se han hecho intervenciones en mil 276 planteles de media superior y 723 de educación superior.7

Además, la política de Escuelas al Cien tiene traslapes con otros programas de la SEP que están orientados a mejorar la infraestructura educativa, esfuerzos que tampoco tienen un padrón confiable de beneficiarios. No sorprende que, como ha señalado la ASF, exista duplicidad de recursos en diferentes centros escolares. La carencia de información actualizada y confiable sobre los esfuerzos de infraestructura financiados por los estados junto con la ausencia de diagnósticos de infraestructura de educación media superior y superior, limitan sustantivamente la focalización de este programa y en general de los recursos para mejorar la infraestructura educativa. Además, y ahí está un talón de Aquiles fundamental de las Escuelas al Cien, no hay partidas presupuestales garantizadas para el mantenimiento de los planteles, una vez que éstos son reparados. Con 25% menos de recursos para infraestructura educativa los nuevos gobiernos estatales que entrarán en funciones tendrán márgenes más reducidos para mejorar, ampliar y mantener en buen estado los planteles públicos en sus entidades.

 

En los últimos años se han incrementado sustantivamente las auditorías y reportes que debieran servir como insumos informativos fundamentales tanto a las autoridades educativas como a los legisladores encargados de hacer las asignaciones presupuestales correspondientes para el financiamiento de la política educativa. La ASF, el INEE, el Coneval y diversos estudios académicos y de organizaciones de la sociedad civil han documentado problemas de ineficiencias, opacidad y mal uso de los presupuestos educativos.

Se han realizado esfuerzos para acotar la discrecionalidad y opacidad del uso de dichos presupuestos. Sin embargo, tanto el FONE como el programa de Escuelas al Cien han puesto al descubierto múltiples dolencias del sistema educativo que el próximo gobierno debe considerar de cara a su promesa de llevar a cabo una nueva reforma educativa. En primer lugar, las problemáticas de los programas revelan las dificultades de operar correctamente el federalismo educativo. No sólo persiste una alta dependencia de las entidades de los recursos federales que se les transfieren en la materia, sino que la forma en que éstos se distribuyen no crea incentivos para que las autoridades en los estados hagan esfuerzos mayores para asumir su responsabilidad educativa.

Si bien en ambos programas se buscó acotar los espacios de discrecionalidad en el uso de los presupuestos por parte de los gobiernos estatales, lo cierto que en el mal uso de los mismos la autoridad federal es corresponsable.

Sendos programas desnudan la incapacidad técnica y/o la falta de voluntad de las autoridades educativas en ambos niveles de gobierno para orientar la política educativa con base en la creciente evidencia generada por los estudios y auditorías a su disposición. Lamentablemente, el limitado uso de la información disponible se ha traducido en la falta de una focalización de los presupuestos educativos, de forma que realmente se atiendan a los planteles más necesitados y a aquellos localizados en las comunidades más marginadas. Esto a su vez exhibe la tensión entre los objetivos de equidad de la política educativa y las motivaciones de maximizar el número de beneficiarios posible (con sus rendimientos políticos respectivos). Los esfuerzos de infraestructura educativa se han centrado en comunidades urbanas, no necesariamente en planteles que son los más necesitados y no haciendo uso de los diagnósticos existentes —incompletos pero más robustos que antaño— de la infraestructura educativa nacional. Aquellas escuelas localizadas en comunidades de mayor marginación están generalmente en localidades rurales, dispersas, y son a las que acuden la mayor parte de los estudiantes más pobres, particularmente la población indígena en nuestro país. Una revisión sustantiva acorde a la promesa de atender a los menos favorecidos por parte del nuevo gobierno demanda que hagan un uso eficaz de los datos educativos disponibles, los actualicen y complementen para focalizar correctamente los esfuerzos de infraestructura educativa.

Tanto en la creación del FONE y del programa de Escuelas al Cien, era importante hacer uso de la información estadística de calidad, la cual se suponía se generaría a partir del CEMABE y con la operación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Sin embargo, en 2018 aún no se puede contar con un sistema completo y operación que brinde la información necesaria de cada uno de los planteles, sus plantillas y sus matrículas con seguimiento puntual de cada alumno en el país. Si bien las mismas autoridades han mencionado la complejidad de crear un sistema informático y robusto en materia educativa, la falta de presupuesto que le han asignado revela que más allá de las limitantes técnicas existe la falta de voluntad política para hacer una realidad este sistema de información confiable para orientar la política educativa. 

Las irregularidades detectadas en el manejo del FONE y FAM significan menos recursos para mejorar la educación de nuestro país. Menos oportunidades salariales a los maestros que sí están frente al aula. Menos escuelas con condiciones dignas para los estudiantes y dificultades mayores para cambiar las trayectorias de vida de los estudiantes que acuden a los planteles públicos de nuestro país. Mejorar la situación del sistema educativo requiere gastar más recursos pero, sobre todo, demanda que esa inversión se haga bien. A esto se suma la urgente necesidad de robustecer la transparencia, la rendición de cuentas y los controles efectivos del manejo de los recursos, a fin de que se corrijan los vicios de discrecionalidad y de corrupción en el ejercicio de los presupuestos educativos. Las futuras autoridades —educativas, hacendarias y legislativas— no pueden ignorar las lecciones que arrojan el FONE y las Escuelas al Cien.

No bastan las buenas intenciones y las promesas de mejorar las oportunidades educativas. Para alcanzar un Acuerdo Nacional para la Educación con Equidad y Calidad se requiere calibrar la política educativa con el uso informado de la evidencia acompañada de medidas que incentiven una verdadera corresponsabilidad de los niveles de gobierno en el marco de un federalismo educativo que impulse medidas para extirpar prácticas que han mermado la correcta focalización de los presupuestos en esta materia. En síntesis, sentar las bases institucionales para avanzar una agenda que brinde a la mayor parte de los mexicanos, pero particularmente a los más necesitados, una educación que sirva de palanca para la movilidad social e instrumento efectivo del combate a la pobreza y desigualdad.

 

Marco Antonio Fernández
Profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.

Noemí Herrera
Investigadora asociada de México Evalúa.


1 Marco A. Fernández, Censo educativo: Radiografía del dispendio presupuestal, Ciudad de México, México Evalúa, 2014.

2 “Ley de Coordinación Fiscal”, Diario Oficial de la Federación, México, 2016.

3 Las entidades donde se han destinado la mayor cantidad de recursos al pago a comisionados sindicales son Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Durango, Colima, Tlaxcala, Nuevo León y Oaxaca. Al momento de escribir este ensayo, estamos terminando un estudio detallado sobre el FONE, en el que se da cuenta de las irregularidades presentadas por entidad federativa. Dicho estudio se publicará antes de la discusión presupuestal a realizarse en diciembre de este año.

4 Secretaría de Educación Pública, Informe de Auditoría FONE, Ciudad de México, 2017.

5 Los resultados del CEMABE revelaron que en 2013 al menos 24% de los planteles de preescolar, primarias y secundarias públicas carecía de sanitarios, 31% no tenía agua corriente, 46% no contaba con drenaje y el 10% no tenía servicio de energía eléctrica. En el caso de educación media superior y superior se prometió que se haría un esfuerzo similar para levantar un censo que diera cuenta del estado que guardan los planteles de estos niveles educativos. No obstante, nunca se destinó un presupuesto para su realización.

6 ASF, Auditoría especial del programa de Escuelas al Cien Cuenta Pública 2016, Ciudad de México, 2018.

7 Datos solicitados por transparencia al INIFED. Ver también estadísticas reportadas en INEE. El estado de la educación obligatoria. Ciudad de México, INEE, 2018.

Expediente

¿La “escuela al centro”? No, todavía

Fuera de los reflectores y de los intensos debates alrededor de la reforma educativa emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, algunas acciones encaminadas a la puesta en marcha del modelo de la escuela al centro avanzaron a través del fortalecimiento de la participación social y la autonomía de la gestión escolar. Estas transformaciones fueron incorporadas en diversos instrumentos que regulan al sistema educativo nacional desde la Ley General de Educación, hasta los acuerdos secretariales. Respecto a estos tópicos, dos acuerdos secretariales destacaron por su enorme relevancia. Se trata del Acuerdo 716 que establece lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación y del Acuerdo 717 por el que se establecen los lineamientos para formular los programas de gestión escolar, ambos fueron emitidos en marzo de 2014 con algunos días de diferencia. Sin embargo, el Acuerdo 716 experimentó varias modificaciones durante el sexenio que implicaron derogaciones y versiones renovadas que culminaron con el Acuerdo secretarial número 08/08/2017. Por su parte, el modelo de la escuela al centro se fue construyendo conforme se organizaban consultas y foros desde el 2014 y hasta la presentación del modelo educativo para la educación obligatoria en 2017.

A pesar de que el modelo de la escuela al centro suponía una organización distinta basada en la autonomía de la gestión y la participación activa en las comunidades escolares y el sistema educativo, estos propósitos no se alcanzaron.

Ilustración: Estelí Meza

Una primera reflexión podría identificar como posibles razones a las situaciones imprevistas que se configuraron alrededor de la reforma desde sus inicios marcada por la oposición a que se concretara; el tiempo invertido en atender el conflicto magisterial; la comunicación inadecuada del carácter educativo de la reforma; la construcción tardía del modelo educativo deseado, entre otras. Pero, al pensar en la participación social y la autonomía de la gestión escolar, su fracaso estuvo anticipado desde su diseño. De nueva cuenta, quedó confirmado que los cambios no se dan sólo porque se plasmen en instrumentos normativos ni tampoco porque aparezcan profusamente en los discursos, los planes de gobierno ni en otros documentos de política educativa.

Desde el diseño se advertía la ausencia de una propuesta sólida respecto a la autonomía, la gestión y la participación social, bases del modelo de las escuelas al centro. En primer lugar, aunque el Acuerdo secretarial 716 parecía trastocar la concepción dominante de la participación social con el objetivo de simplificar y propiciar la actuación de los consejos de participación social —de construir un proyecto de participación social en la educación o fomentar la articulación entre los diferentes consejos a nivel horizontal y vertical— terminaron siendo lo que siempre ha ocurrido con este tipo de consejos: formalidades que expresan en el mejor de los casos buenas intenciones pero más allá de eso no hubo cambios en las escuelas y el sistema educativo que permitiese hacerlas realidad. No fue suficiente adjudicarles funciones a los consejos de participación social vinculadas con el impulso de la autonomía de la gestión escolar, el seguimiento a la normalidad mínima, el impulso de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, la promoción de mecanismos para el reconocimiento social, la difusión y el uso de los resultados de las evaluaciones docentes o el involucramiento de la comunidad en la mejora continua, porque no lograron engranar con otros cambios en el sistema educativo ya sea porque los programas educativos de la reforma tardaron en operar, el apoyo técnico-pedagógico no llegó o porque no disminuyó la carga administrativa en las escuelas. Es decir, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no creó las condiciones indispensables para que la participación social se fortaleciera en las escuelas de educación básica.

Por su parte, el Acuerdo secretarial 717 por el que se emiten los Lineamientos para formular los programas de gestión escolar estableció las concepciones de autonomía, gestión y participación social en el espacio escolar. Como se buscaba poner las escuelas al centro del sistema educativo, este acuerdo precisó los objetivos formativos que habrían de guiar el trabajo cotidiano de las escuelas de nivel básico y que sólo se podrán alcanzar si las escuelas asegurasen una normalidad mínima de operación; se organizasen mediante la Ruta de mejora; se utilizaran los resultados de las evaluaciones de los docentes; se fomentara la participación social de la comunidad; entre otras características de una organización distinta. Con ello se pretendía que la comunidad escolar tomara decisiones según su contexto y condiciones, impulsara el aprendizaje de los alumnos, disminuyera la deserción y abandono escolar y, en general, se mejorase la calidad educativa.

En este modelo de las escuelas el actor protagónico de la autonomía de la gestión escolar es quien ocupa el cargo de director, bajo cuyo liderazgo debían ocurrir acciones tales como la administración de los recursos para mejorar la infraestructura y comprar materiales educativos, la solución de problemas básicos de operación, el impulso de condiciones de participación social hasta el fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar. Si bien en esta concepción de autonomía de la gestión escolar se reconocía a las diferentes modalidades de participación social o de los integrantes de las comunidades, el/la director(a) aparecía como el principal responsable de guiar, orientar, dirigir, organizar a los diferentes actores para desempeñar las múltiples tareas que les permitirán a las escuelas alcanzar sus objetivos. Dentro de esta concepción el/la director(a) también debía coordinar la evaluación interna de los docentes, concebida como una evaluación formativa y permanente que podría tener consecuencias relevantes en la permanencia, superación y reconocimiento docente.

La propuesta de la escuela al centro incorporó dos innovaciones adicionales para contribuir al derecho a la educación con calidad y equidad. La primera es el servicio de asistencia técnica a la escuela en la educación básica que comprendía el acompañamiento y asesoría del plantel educativo según sus necesidades, el mejoramiento de la supervisión escolar para reforzar su capacidad de apoyo, retroalimentación y evaluación del trabajo pedagógico. La segunda es la autonomía curricular en las escuelas, aspecto nodal del modelo educativo enmarcado por la reforma, que constituye la facultad para adaptar, según las necesidades del alumnado y del entorno, los contenidos circunscritos a cinco ámbitos: formación académica; desarrollo personal y social; nuevos contenidos relevantes; conocimientos regionales y proyectos de impacto social.

La implementación de estas acciones fue accidentada, tanto que el modelo educativo para la educación obligatoria se está implemendo hasta el ciclo 2018-2019. Esto es, buena parte de lo señalado al final se ha convertido en tareas heredadas a la administración siguiente. Así, en cuanto a la participación social, el Acuerdo secretarial 716 expresó el reto del gobierno federal para impulsar la simplificación y actuación de los consejos de participación social; aspectos que habían sido, desde su nacimiento, el blanco de múltiples críticas. Pero tampoco se cambiaron cuestiones que han impedido que dichos consejos operen adecuadamente, tales como la imprecisión de su naturaleza y razón de ser frente a otras modalidades institucionales de participación social; el diseño inadecuado para la conformación de consejos municipales y estatales; los escasos recursos para funcionar; la limitada o inexistente apertura de los consejos escolares a la participación del alumnado; la falta de voluntad y compromiso de las autoridades educativas y gubernamentales en los distintos niveles para fomentar la instalación y funcionamiento de estos consejos; la persistencia de un abigarrado y complejo diseño de su integración y funcionamiento; entre otras.

Acerca de la autonomía de la gestión escolar, sobresale la centralidad que le fue depositada y que no se le había dado desde los noventa o por programas emblemáticos, como el programa escuelas de calidad. Pero al enaltecer el liderazgo del director en el uso de recursos, la planeación y la participación social predomina una lógica burocrática y vertical en la gestión escolar —a diferencia de otras experiencias contemporáneas que impulsan la mejora educativa— promueven la gestión pedagógica y participativa a la par de la democratización de la escuela y su vinculación con la familia y la comunidad, la creación de una cultura de aprendizaje dentro de la comunidad escolar asumiendo que la cultura de colaboración es un dispositivo para aprender y solucionar problemas, fomentar la cooperación y consolidarse como una vía para el desarrollo profesional de sus miembros.

Asimismo, el gobierno federal puso el liderazgo directivo por encima de los otros actores individuales y/o colectivos, enfatizando que esta figura dispone del conocimiento y experiencia necesarios para conducir la autonomía de la gestión escolar; con la excepción de tareas vinculadas estrechamente al aprendizaje que dependen en mayor medida de los docentes. Al comparar esta propuesta con otras internacionales se observan diferencias importantes, pues en otros países se piensa en un liderazgo distribuido entre distintos actores, ampliado en múltiples cuestiones y extendido a nivel horizontal y no necesariamente circunscrito al espacio escolar; mientras que la reforma educativa continúa pensando la gestión como una serie de procesos jerárquicos, verticales y centralizados donde uno, el director, es quien sabe y los otros ignoran; donde uno, el maestro, enseña y los otros aprenden en contextos escolares diversos que deben ser conducidos a un mismo propósito según la decisión del director.

En síntesis, a pesar de que la reforma educativa reconoció la necesidad de reestructurar el sistema educativo, basado en esquemas diferentes de participación social y de autonomía de la gestión escolar, las escuelas no contaron con los apoyos ni las condiciones necesarios para experimentar el modelo de la escuela al centro. De nueva cuenta, las oportunidades para emprender cambios reales para impulsar la participación social y la autonomía de la gestión escolar se perdieron y —de manera notoria— el modelo de la escuela al centro se quedó en el tintero.

 

Úrsula Zurita Rivera
Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México.

Expediente

Escuelas de Tiempo Completo: Claroscuro

Durante décadas la investigación internacional en ciencias sociales ha mostrado que las mejoras en los resultados de pruebas estandarizadas de matemáticas, español y ciencias se relacionan con un mayor crecimiento económico,1 ingresos laborales más altos en la etapa adulta2 y la reducción de la desigualdad entre grupos sociales.3 También existe evidencia de otros beneficios no pecuniarios provenientes de la mejora en resultados educativos, como una mejor salud, la reducción del crimen y hasta un aumento de la participación política.4 No obstante, de acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2012, 55% de los jóvenes mexicanos de 15 años en educación formal no alcanza el nivel de competencias básicas en matemáticas. Esto significa que entre México y el promedio de los países de la OCDE existen dos años de diferencia en escolaridad.

Otro hecho preocupante es la inequidad en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, los resultados de las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) sugieren que las escuelas indígenas, las comunitarias y las generales públicas tienen entre dos y tres veces más alumnos ubicados en la categoría de logro más bajo, respecto a las escuelas privadas. Y cabe aclarar que en los centros educativos privados la historia tampoco es de éxito, pues una cuarta parte de sus estudiantes evaluados carece de los conocimientos básicos en español y matemáticas y otra cuarta parte apenas alcanza los aprendizajes indispensables.

Ilustraciones: Estelí Meza

Debido a la importancia que la acumulación de habilidades tiene para la sociedad y la alarmante situación de los jóvenes que no tienen acceso a una educación de calidad, uno de los temas que más ha sumado esfuerzos de investigación multidisciplinaria es el de identificar acciones, políticas o programas que puedan ayudar a mejorar los aprendizajes en educación básica de una manera costo-eficiente y políticamente viable. En relación a esto, entre los programas que recientemente han sido adoptados con mayor frecuencia por diversos países se encuentran los destinados al incremento del tiempo de instrucción. Algunos ejemplos internacionales de este tipo de intervenciones son el No Child Left Behind en Estados Unidos, que busca incrementar el tiempo de instrucción en lengua y matemáticas en educación básica; el Future for Education and Care en Alemania, que provee de fondos a las escuelas de tiempo completo en ese país; el Extended School Times Project en Holanda y los distintos Programas de Escuelas de Tiempo Completo implementados en países en desarrollo como Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Etiopía y México.5

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) en México se ha convertido en uno de los bastiones educativos de la presente administración. A poco más de 10 años de su implementación en 500 escuelas de educación básica el PETC ha buscado mejorar las oportunidades de aprendizaje al aumentar la jornada escolar de cuatro y media a seis u ocho horas. La intención ha sido darles a los maestros más tiempo para consolidar las clases de español, escritura, expresión oral, pensamiento matemático científico y crítico con el uso de tecnologías, así como la enseñanza de una segunda lengua. El programa se ha concentrado en atender las escuelas más marginadas, con lo que también buscó aumentar sus recursos financieros para gastos operativos emanados de la ampliación de la jornada escolar. Es así como, en la actualidad, 25 mil escuelas primarias y secundarias participan en este programa y cada una recibe aproximadamente 90 mil pesos (unos cinco mil dólares del 2018) cada año. Cabe desacatar que uno de los componentes más sobresalientes del PETC es la provisión de alimentos a los estudiantes en escuelas de cuya jornada es de ocho horas, lo cual es parte fundamental de su desarrollo.

La idea de aumentar el tiempo al día que los niños pasan envueltos en actividades escolares —para mejorar sus aprendizajes y logros educativos— no es nueva en la discusión académica. Desde la década de los ochenta aquellos en favor de políticas que extienden el día escolar sugieren que esto permite cubrir el currículo de una manera más profunda, entender conceptos más complejos, tener mayores oportunidades para el aprendizaje experimental y para profundizar la relación entre maestros y alumnos, lo que permitiría individualizar la enseñanza.6 No obstante, la relación entre tiempo de instrucción y aprendizaje no es tan evidente o directa, pues depende de la calidad de ésta y por lo tanto de las habilidades del profesor, su efectividad, el currículo, el ambiente escolar y familiar y otros factores organizacionales. Por ejemplo, existe evidencia de que una cantidad significativa del tiempo escolar, sobre todo en países de bajo ingreso, se desperdicia en ausentismo del profesor y alumnos, retrasos, salidas injustificadas del salón de clases (tanto de maestros como alumnos) y un mal uso del tiempo en clases para actividades sustantivas y no queda claro cómo aumentar la jornada escolar solucionaría todo esto.7 Finalmente, si el tiempo extra de instrucción se utiliza para materias poco académicas como artes y deportes difícilmente se encontraría un impacto en pruebas estandarizadas de materias tradicionales como español y matemáticas.8

De esta manera, medir el impacto del tiempo de instrucción en el aprendizaje no es una tarea simple y ofrece distintos retos metodológicos. En un documento de trabajo, ahora en revisión para su publicación en el Journal of Development Studies,9 se busca lidiar con estas dificultades para proveer evidencia científica sobre el PETC y sus efectos en las pruebas ENLACE entre 2006 y 2013. En este trabajo también se trata de dar respuesta a algunas de las preguntas sobre los posibles efectos no deseados de la política, como puede ser un aumento en la deserción de los niños menos aventajados o el uso del tiempo extra en otras actividades distintas a la enseñanza de español, ciencia y matemáticas. Los resultados muestran una mejora promedio, como resultado del PETC, en español y matemáticas de 0.1 Desviaciones Estándar (DS), unos 10 puntos de la prueba ENLACE que tiene una media de 500. La evidencia muestra que los efectos son acumulativos en el tiempo y cuatro años después de iniciado el programa pueden ser de hasta 16 puntos de la prueba. Más aún, en el caso de las escuelas más pobres las ganancias pueden ser de hasta 22 puntos.

Los efectos del programa en México se encuentran en línea con lo encontrado en otras investigaciones,10 que además proveen evidencia de que el programa incluso mejora los resultados de los niños con más dificultades de aprendizaje. Estos efectos se suman al cuerpo de evidencia provisto por otras investigaciones para América Latina, principalmente en Chile y Uruguay,11 por lo que los programas de tiempo completo han demostrado su efectividad en distintos contextos sociales e institucionales.

Si bien en términos de puntos de ENLACE los resultados del PETC no parecen espectaculares, es necesario aclarar que —en investigación educativa— una intervención que genera ganancias arriba de 0.1 DS en pruebas estandarizadas es considerada exitosa. Si algo se sabe en el ámbito de la educación es que es una tarea extremadamente compleja elevar los resultados de los niños, más aún en contextos desfavorables y es ahí precisamente donde destaca el PETC. Por ejemplo, la gráfica 1 muestra que cinco años antes del programa y hasta su adopción, la brecha entre escuelas más pobres y las menos pobres se encontraba alrededor de 0.2 DS, pero luego de tres años en el programa, la ganancia registrada en las escuelas más pobres permite cerrar la brecha existente con las socioeconómicamente más aventajadas.

Pero ¿qué es lo que genera esta mejora en las escuelas más pobres? Existen distintas hipótesis alternativas, de entre las cuales algunas se han descartado en los estudios especializados. Por ejemplo, no existe evidencia de que la composición de los alumnos o maestros cambie y existen también algunos resultados sobre el uso del tiempo. De acuerdo con la información provista por las Estadísticas 911 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las escuelas PETC en zonas más aventajadas aumentan en 2.2 horas por semana las clases en inglés y en 5.2 horas las de educación física. Por su parte las escuelas más pobres, dadas sus limitantes de infraestructura y maestros, no muestran estos aumentos, por lo que se concentrarían en la provisión de un mayor tiempo de instrucción en materias clásicas como matemáticas y español. Sin embargo, aún existe dificultad para descartar otras explicaciones del efecto del PETC, principalmente por la falta de datos que permitan estudiar distintos canales causales. Por ejemplo, resulta muy difícil probar sin datos que la provisión de alimentación influye en la ganancia en pruebas estandarizadas, o que los alumnos menos aventajados pasan ahora más tiempo lejos de actividades que afectan su aprendizaje (por ejemplo, viendo el televisor o jugando en la calle).

En suma, la evaluación del PETC nos deja al menos tres lecciones: la primera es que se necesitan más y mejores datos para poder evaluar de manera rigurosa los distintos componentes de un programa. En el caso del PETC, la existencia de datos administrativos adecuados así como de resultados estandarizados permitió distintas evaluaciones rigurosas que ofrecen una guía para su continuidad y efectividad. La segunda lección es sobre el uso del tiempo extra: si es para mejorar aprendizajes básicos de español, ciencia y matemáticas, debería existir un plan de acompañamiento para el uso adecuado del tiempo extra en ese sentido, si además el objetivo es ampliar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, el uso del tiempo extra en actividades alternativas como deporte, idiomas y artes, no se debiera ver como un resultado negativo, pero debiera darse también en las escuelas más pobres. La tercera lección es sobre la continuidad de este programa: si el PETC hubiese sido suspendido luego del cambio de administración en 2012, este texto se referiría a un programa que en su tiempo tuvo resultados positivos, pero que ya no se encuentra activo. En su lugar hoy podemos hablar de una intervención de inició acertada y que aún puede mejorar. Así, el aprendizaje más claro es que los programas son perfectibles a través del análisis de sus efectos y por ello requieren de un tiempo para su maduración y su evaluación constante, porque no existe tal cosa como una política educativa terminada.

 

Francisco Cabrera
Consultor en temas de capital humano y evaluación de impacto para la Conferencia Internacional de Seguridad Social (CISS). Cuenta con maestría y  doctorado en economía por la Universidad de Sussex en el Reino Unido y con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chile.


1 Hanushek, E. A., y Wößmann, L. The role of school improvement in economic development, núm. w12832. National Bureau of Economic Research, 2007, y Hanushek, E. A., “Economic growth in developing countries: The role of human capital”, Economics of Education Review, núm. 37, 2013, pp. 204-212.

2 Murnane, R. J., Willett, J. B., Duhaldeborde, Y., y Tyler, J. H., “How important are the cognitive skills of teenagers in predicting subsequent earnings?”, Journal of Policy Analysis and Management, núm 19, vol. 4, 2000, pp. 547-568; Lazear, E. P., “Teacher incentives”, Swedish Economic Policy Review, núm. 10, vol. 2, 2003, pp.
179-214.

3 Hanushek, E. A., Some simple analytics of school quality, núm. w10229, National Bureau of Economic Research, 2004.

4 Lochner, L., Non-production benefits of education: Crime, health, and good citizenship, núm. w16722, National Bureau of Economic Research, 2011.

5 Cerdan-Infantes, P., y Vermeersch, C., More time is better: An evaluation of the full-time school program in Uruguay, núm. 4167, World Bank Policy Research Working Paper, 2007; Bellei, C., “Does lengthening the school day increase students’ academic achievement? Results from a natural experiment in Chile”, Economics of Education Review, núm. 28, vol. 5, 2009, pp. 629-640; Hincapie, D. (2016), Do Longer School Days Improve Student Achievement? Evidence from Colombia, núm. 93616, Inter-American Development Bank, 2016.

6 Patall, E. A., Cooper, H., y Allen, A. B. (2010), “Extending the school day or school year a systematic review of research (1985–2009)”, Review of Educational Research, núm. 80, vol. 3, 2010, pp. 401-436; Farbman, David, “The Case for Improving and Expanding Time in School: A Review of Key Research and Practice”, 2012. Consultado en su version electronica: https://bit.ly/2OcsZBZ

7 Abadzi, H., “Instructional Time Loss in Developing Countries: Concepts, Measurement, and Implications”, The World Bank Research Observer, núm. 24, vol. 2, 2009.

8 Alfaro, P., Evans, D. K., y Holland, P. Extending the School Day in Latin America and the Caribbean, núm. WPS7309, Policy Research Working Paper, 2015.

9 Cabrera-Hernandez, F., Does lengthening the school day increase students’ academic achievement? Evidence from a natural experiment, University of Sussex, BMEC Working Paper Series, núm. 7415, 2015.

10 Padilla-Romo, M. D. S., Three Essays on Applied Microeconomics (doctoral dissertation), 2017.

11 Cerdan-Infantes, P., y Vermeersch, C., More time is better: An evaluation of the full-time school program in Uruguay, núm. 4167, World Bank Policy Research Working Paper, 2007; Bellei, C., “Does lengthening the school day increase students’ academic achievement? Results from a natural experiment in Chile”, Economics of Education Review, núm. 28, vol. 5, 2009, pp. 629-640.

Expediente

¿Equidad educativa? Pendiente

La desigualdad y la inequidad son el principal problema que aqueja a nuestro sistema educativo. Aunque en los últimos años se han logrado avances importantes en materia de cobertura, llegando, al menos en el tramo de educación primaria, a casi el 100%, el Estado mexicano ha sido incapaz de asegurar una oferta educativa pertinente y de calidad para todos, particularmente para aquellos niños y niñas de familias rurales e indígenas, con menores recursos económicos y culturales, “cuyas oportunidades y resultados educativos tienden a ser menores en comparación con los de sus pares de familias urbanas no indígenas”.1

Ilustraciones: Estelí Meza

La desigualdad no sólo se evidencia en el acceso a la educación, sino también en la permanencia y en la conclusión de trayectorias educativas “exitosas”. Así pues, no es extraño que haya una menor matriculación y una mayor deserción entre los niños, niñas y adolescentes con mayores carencias económicas y condición indígena o migrante, sino también un mayor rezago educativo en los aprendizajes, el cual, aunque se acumula con los años, también se refleja, desde el preescolar y primaria y hasta la educación media superior, en los bajos niveles de logro obtenidos en las pruebas estandarizadas de aprendizaje (ver cuadro).

Uno los objetivos de la reforma educativa de 2013 fue justamente reducir la desigualdad en el acceso a la educación, mediante el reforzamiento de los programas estratégicos que brindaran asistencia a las escuelas que se encuentran en zonas con altos niveles de marginación, así como a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

 

En el “diagnóstico” del denominado Eje de inclusión y equidad educativa, de apenas unas cuantas líneas, se señalaba que “la tarea educativa debe beneficiar a todos los grupos de población” por lo que “habrá que extender la cobertura para facilitar el acceso a la educación en todos los niveles”. En este también se leía que “si bien en nuestro país ha habido una atención permanente hacia los grupos en desventaja educativa, el énfasis no siempre ha resultado suficientemente vigoroso”, por lo que “la educación inclusiva implica que la población en condiciones de vulnerabilidad deje de encontrarse desatendida o sólo reciba un trato marginal en capítulos separados a los cuales se presta una pobre atención”. A partir de ello se esperaría que se hubieran emprendido acciones importantes que dejaran de lado el carácter marginal que ha caracterizado la atención educativa de los grupos con más carencias. Con todo, la propuesta para combatir la desigualdad educativa y “asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad”, se redujo, al menos en la propuesta de la reforma, a la idea de ampliar la cobertura de los grupos con más carencias, a partir, sobre todo, de programas, que más que estratégicos son compensatorios.

Como se puede leer en el documento ampliado de la reforma,2 las propuestas se concentraron básicamente en dos subejes: uno tenía que ver con (avanzar) en la gratuidad de la educación pública y el otro con la implementación y reforzamiento de los que se denominaron programas estratégicos: programa de rehabilitación de planteles escolares “escuelas dignas”; programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo; programa escuelas de tiempo completo; programa de inclusión y alfabetización digital y programa para la inclusión y la equidad educativa. El objetivo expreso, de estos últimos, era extender la cobertura para facilitar el acceso a la educación en todos los niveles y comprometer recursos ahí “en donde más se requerían”.

 

Puede ser injusto hacer un balance de los avances que se dieron en el denominado eje de inclusión y equidad a partir de la propuesta contenida en el documento normativo de la reforma, porque éste es —de entrada— un documento escueto, que carece de un diagnóstico profundo y —sobre todo— porque el planteamiento de acciones tiene una lógica que pudiera definirse como compensatoria. Con todo, el ejercicio de análisis se dificulta mucho si no se toma la propuesta como punto de partida. Y ello obedece, en gran medida, a que existen distintos documentos fuente que no se armonizaron y que, por tanto, posicionan estrategias y/o líneas de acción que no necesariamente coinciden.

Al respecto, debemos referir el programa sectorial de educación 2013-2018 que, aunque en consonancia con la reforma, también plantea como su Objetivo 3: “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”; define sus metas en función de una ampliación de cobertura, sin referir, de manera más específica, si dicha ampliación implicaba a los grupos con más carencias, como los indígenas y migrantes. De hecho, en el diagnóstico del programa se enfatiza que aunque México estaba a punto de lograr la meta de la cobertura universal en la educación básica aún enfrenta un reto importante en materia de cobertura en la educación secundaria y media superior, además de un fuerte problema de deserción en el nivel medio superior.

 

Cuando miramos los alcances en materia de inclusión a partir de los programas estratégicos que se apuntan en la propuesta de reforma el balance no es muy positivo. Aunque en las evaluaciones externas del Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social (Coneval) se consignan resultados y avances diferenciados, también se destacan algunas cifras que nos muestran que, en general, la asignación presupuestal de al menos tres de estos programas, denominados estratégicos, no sólo no ha aumentado, para dar un énfasis al tema de cobertura, sino que incluso ha disminuido.

Así, por ejemplo, en la ficha de monitoreo 2016-2017 del programa de la reforma educativa, “que se fusionó en 2016 con el programa escuelas de calidad y el programa escuela digna”, a fin de disminuir —entre otras cosas— el rezago en las condiciones físicas, de equipamiento y de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se señala que este sufrió un recorte presupuestal justamente en 2016, de alrededor de 88%, afectando con ello la cobertura de atención y el cumplimiento de su propósito.

En cuanto al programa de inclusión y equidad educativa (PIEE), en la ficha de monitoreo 2016-2017 se señala que aunque en 2016 “se logró beneficiar a 15 mil 61 instituciones educativas que atienden población en contexto de vulnerabilidad”, la cobertura de atención disminuyó en alrededor de 13% respecto de 2015, al tiempo que lo hizo su asignación presupuestal (en 26.18%). En la ficha también se indica que el programa “sólo atiende al 31% de la población potencial”. En el caso específico del PIEE, vale la pena recuperar lo señalado en el documento “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, presentado por el INEE en agosto de 2016, en donde se indica que este relativamente nuevo programa presupuestal, surgido tras la reforma, lo que hace es aglutinar a varios programas que atendían a poblaciones específicas en condiciones de alta vulnerabilidad, como los hijos de jornaleros, pero con un presupuesto reducido en casi 50%.

Finalmente, respecto al programa escuelas de tiempo completo, la ficha de monitoreo 2016-2017 consigna que aunque recientemente los incrementos en su cobertura han sido modestos, para 2016 se había llegado a 25 mil 32 escuelas, lo cual representaba 62.58% respecto de la población objetivo (la meta original es de 40 mil escuelas). Cabe recordar que el programa comenzó a operar en 2008 en 953 escuelas. Con todo, en la ficha también se señala que en 2015 “el recorte presupuestal al programa afectó tanto la atención de la cobertura como el monto de los recursos asignados y que en 2016-2017 se repitió la reducción presupuestal de 500 millones de pesos”.

 

Así pues, al hacer el balance a partir de la propuesta de la reforma, es decir, de los llamados programas estratégicos, se puede concluir que éstos no han recibido el impulso “vigoroso” del que se hablaba, lo cual se evidencia, a simple vista, por los generalizados recortes presupuestales. Por otro lado, si hacemos una valoración de lo alcanzado a partir del cumplimiento de metas del PSE, la respuesta, sobre posibles avances, tampoco es muy alentadora, pues, como lo refiere Carlos Rodríguez Solera, en un capítulo del libro que coordinan Arcelia Martínez y Alejandro Navarro (en prensa) sobre los alcances de la reforma educativa, la ampliación de cobertura en el nivel medio superior se logró a costa de la calidad.

En dicho capítulo Rodríguez señala que las metas se alcanzaron en buena medida gracias a que la oferta de telebachilleratos comunitarios creció exponencialmente, a partir del ciclo escolar 2013-2014, que es cuando comenzaron a operar “en medio de cuestionamientos sobre la calidad en la educación que imparten, pues es la opción de educación media superior con más fallas en infraestructura y servicios”.

Vistas así las cosas se puede concluir que, en el eje de inclusión y equidad educativa, la propuesta de transformación no se fundamentó en un diagnóstico que diera cuenta de las diferentes causas que explican el problema de la desigualdad, y tampoco incluyó un planteamiento mucho más profundo y ambicioso para resolverlo. No bastaba, pues, con tener programas compensatorios, pero tampoco con incrementar la cobertura del sistema, a costa de lo que fuera. Así pues, preguntarnos sobre los alcances de las acciones en materia de inclusión y equidad que se emprendieron obliga a revisar al planteamiento mismo de ambos subejes y preguntarse, entre otras cosas, ¿qué causa la gran inequidad y desigualdad de nuestro sistema educativo? ¿Por dónde han ido, en el pasado, las respuestas y soluciones a este problema? Y ¿hasta dónde han atendido o buscaban atender las raíces del problema las propuestas de solución que planteó la última reforma (y también el programa sectorial)?

La próxima administración deberá revisar, mucho más puntualmente, los planteamientos y alcances de las diferentes acciones que se emprendieron en este y en los otros ejes de la reforma. De hecho, no sólo se debe hacer un balance sobre lo que se logró a partir de la implementación de ciertas intervenciones en específico, sino mirar también la concepción o teoría de cambio que se implicó en el diseño de las principales propuestas. A la luz de lo anterior es importante señalar que enunciar un problema y sus diferentes causas es el primer paso cuando se plantean soluciones o propuestas de política. El segundo es establecer metas coherentes y acciones articuladas, que juntas abonen a la solución del problema. A partir de ello se puede trazar la hoja de ruta para el (re)diseño de las diferentes propuestas de intervención.

Un buen punto de partida, por tanto, y para el tema que nos ocupa, es revisar lo que se consigna en las evaluaciones externas, encargadas por el Coneval, de los cinco programas estratégicos, así como toda la información producida por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Este último no sólo se ha enfocado en realizar mediciones y evaluaciones de los distintos componentes, procesos y resultados del sistema educativo, sino que ha planteado recomendaciones de mejora —llamadas directrices— a partir de la evaluación de diversas políticas, en donde se incluyen muchas de las intervenciones y programas que se han implementado para la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La necesidad de un balance bien informado no es menor pues aún estamos muy lejos de resolver el problema de la desigualdad e inequidad educativas. Como se indica en el Informe de la Educación Obligatoria en México 2018, del INEE, “quedan aún muy largos tramos que recorrer en materia de inclusión, equidad y atención a la diversidad”.3

 

Arcelia Martínez Bordón
Académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.


1 INEE, La educación obligatoria en México, México, 2016.

2 Gobierno de la República, Reforma educativa. Resumen ejecutivo, 2013.

3 INEE, La educación obligatoria en México, México, INEE, 2018.

Expediente

Libros de texto: Palmas tibias

Resulta de particular interés revisar los nuevos materiales que la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito (Conaliteg) pone a disposición del sistema educativo mexicano, que por decreto de creación deben estar en concordancia con los lineamientos metodológicos para la enseñanza y los aprendizajes suscritos en la propuesta curricular vigente, que para el ciclo escolar 2018-2019 son los aprendizajes clave del modelo educativo 2018; y si responden o no a los enfoques para la enseñanza asumidos en el modelo educativo —especialmente— para el trabajo con los campos de formación académica de la propuesta curricular.

En la ceremonia de presentación de dichos materiales realizada el pasado mes de junio, Otto Granados Roldán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó 384 títulos que coadyuvan a la realización en aula de la propuesta curricular del nuevo Modelo Educativo 2018. En dicha ceremonia se mostraron los libros de texto gratuito (LTG) y también otros materiales, que en nuestra opinión dan cuenta de la preocupación por favorecer las condiciones para mejorar los aprendizajes en los estudiantes, como es el caso de  los libros proporcionados por la SEP para las bibliotecas de aula, algunos de los títulos son literarios (cuentos, poesía, leyendas, etcétera) y otros informativos sobre temas de matemáticas, ciencias experimentales o sociales. También, entre esos 384 materiales se encuentran textos didácticos para uso colectivo como son los rompecabezas, memoramas, láminas didácticas, por mencionar algunos.

Ilustraciones: Estelí Meza

En el “catálogo de libro de texto gratuito”1 de la página web de la Conaliteg se enlistan materiales de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de diversa índole, tanto para los alumnos como para los maestros de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato y educación indígena, algunos son nuevos y otros son rediciones del plan y programas de estudio 2011. La razón de ello es que para todos los grados escolares en el ciclo escolar que empieza, entran en vigencia de la propuesta curricular del modelo educativo 2018 solamente los componentes de desarrollo personal y social y autonomía curricular. Mientras que los campos de formación académica son vigentes únicamente para los tres grados de preescolar; primero y segundo de primaria; primero de secundaria y los tres grados de la educación media superior.2 Será hasta el ciclo escolar 2019-2020 que los campos académicos se implementarán de tercero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria; por tanto, en su momento la Conaliteg se hará cargo de los materiales correspondientes al modelo educativo 2018 para esos grados escolares.

De esta manera los 384 materiales presentados por el secretario de Educación Pública son, en su mayoría, materiales para coadyuvar a la enseñanza y el aprendizaje de los campos de formación académica: 1) lenguaje y comunicación; 2) pensamiento matemático; 3) exploración y comprensión del mundo natural y social. Específicamente sobre los materiales de los dos primeros campos citados centraremos por limitantes de espacio nuestros comentarios y observaciones.3

Cabe hacer algunas precisiones sobre la propuesta para la enseñanza que se suscribe en el plan y programas de estudio, a fin de comprender los distintos componentes de los LTG y su función didáctica. En el plan y programas de estudio subyace una postura socioconstructivista del aprendizaje; esto es, entre otras cosas, se asume que para favorecer y propiciar el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes se requiere que tengan múltiples experiencias que reten de manera sistemática y prioritaria su intelecto, para que sean ellos quienes decidan qué van a hacer frente a lo que una situación les demanda, para que no permanezcan pasivos escuchando explicaciones de su maestra o maestro o simplemente ejecutando instrucciones no mediadas por el razonamiento.

No obstante este posicionamiento sobre el aprendizaje, las particularidades de las distintas áreas de conocimiento disciplinares encuentra expresiones diferentes para organizar y gestionar la enseñanza. Por ejemplo, para el campo de formación lenguaje y comunicación lo importante es que los estudiantes trabajen sobre los distintos ámbitos donde se dan las prácticas sociales de la lectura y la escritura.

Por su parte, para el campo de pensamiento matemático lo central es que los estudiantes interactúen con los distintos tipos de problemas en los que el conocimiento se manifiesta como una herramienta útil y eficaz para resolverlos. En esta diversidad de problemas es donde el conocimiento encuentra sus significados. El tipo de materiales, así como su distribución, está en función del nivel educativo de destino. De esta manera todos los estudiantes y docentes de los niveles de preescolar y primaria reciben los mismos materiales según el grado escolar, mientras que en la secundaria los maestros eligen de entre varios títulos, el que les convenza para trabajarlo con sus alumnos. Esos libros están autorizados por la SEP y provienen de diversas casas editoriales comerciales, sobre estos últimos no pronunciamos ningún comentario en la medida en que revisarlos y analizarlos rebasa las pretensiones de este texto.

 

En este nivel educativo la propuesta curricular no está disgregada por grados escolares, sin embargo, por razones de logística la Conaliteg decidió hacer materiales para cada grado escolar. Aun así —y a fin de preservar la estructura de preescolar y capitalizar el uso de los materiales— se observa lo siguiente: a) en el libro de la educadora (incluido en los materiales) se recomienda que las educadoras junto con la directora organicen el conjunto de materiales, su uso y conservación como un acervo disponible para todas las docentes, de manera que independientemente del grado escolar que estén atendiendo puedan utilizarlos en el momento en que lo necesiten; b) las láminas didácticas (para primero, segundo y tercero) son materiales de apoyo a la enseñanza para propiciar procesos de interacción con los niños y entre ellos; con base en que los destinatarios todavía no tienen competencia lectora se trata de imágenes diseñadas para plantear situaciones de aprendizaje4 con distintas temáticas y diferentes grados de dificultad que pueden utilizarse en varias sesiones no necesariamente consecutivas. En las imágenes los niños buscan información para responder preguntas planteadas por la educadora. Los contextos que muestran las imágenes dan lugar a que los niños comenten e intercambien experiencias y con ello desarrollen su lengua oral; c) Mi álbum, tercer grado, a diferencia de las láminas didácticas es para uso personal de cada niño pero comparte con aquellas los mismos principios didácticos sobre el diseño de la imagen.

 

Los libros de la SEP para trabajar, en primero y segundo grados de la escuela primaria, el español como lengua materna de los estudiantes no están organizados por lecciones sino a través de actividades con pretensiones específicas diferentes, a fin de que los niños tengan la oportunidad de interactuar con los distintos aspectos y funciones sociales de la escritura y lectura. De esta manera los niños realizan actividades en las que interviene el lenguaje para organizar eventos escolares como el pase de lista, el horario de clase, la revisión de los materiales de la biblioteca de aula, etcétera. También desarrollan proyectos, organizados en etapas con actividades diferentes hasta la elaboración de un producto (cartel, noticia, etcétera). Entre éstos se encuentra, por ejemplo, “cuidemos el planeta”, en éste los niños buscan información sobre un tema y elaboran un cartel para compartir su investigación.

Sistemáticamente aparecen intercalados tres tipos de actividad: “ideas para escribir mejor”, que son espacios de reflexión sobre la lengua escrita; “tiempo de leer”, son textos literarios (cuentos, rimas, trabalenguas, entre otros) para leer, escuchar, jugar y compartir y “tareas” que son actividades para la casa. También recurrentemente se sugiere que el apoyo de su maestro o un niño que ya sepa leer utilicen su libro de lecturas para realizar un proyecto; o bien, que pidan algún libro de la biblioteca para llevarlo a su casa.

 

Los libros de texto gratuito editados por la Conaliteg para trabajar las matemáticas en primero y segundo de primaria están organizados por trayectos y éstos a su vez por lecciones. Cada trayecto refiere a uno o dos organizadores curriculares. Así por ejemplo, para los organizadores de número y adición y sustracción se plantean muchas situaciones problemáticas interesantes y bien articuladas en los trayectos para desarrollar la habilidad de cálculo mental a través de diversos recursos como la caja de sorpresas, tarjetas número-colección, las máquinas de juntar, tablero del 10, entre otros, a fin de desarrollar el sentido numérico de los niños, particularmente para propiciar el conocimiento del sistema de numeración decimal, para que posteriormente los niños estén en la posibilidad de elaborar técnicas de cálculo que involucren la manipulación gráfica de los números.

 

Tanto la propuesta curricular 2018 como los materiales de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje debieran conservarse y —con base en datos de uso en aula de los mismos— hacer periódicamente los ajustes necesarios. La razón de ello es que los lineamientos metodológicos se ven adecuada y pertinentemente reflejados en los materiales que la SEP ha distribuido en las escuelas del país. Aunado a que los conocimientos y habilidades plasmados en el plan curricular 2018 están, en general, en correspondencia con lo que se sabe actualmente acerca de qué, cómo y en qué momento los estudiantes pueden acceder a éstos, lo que sin duda significa un avance significativo a la propuesta de 2011.5

 

Irma Fuenlabrada
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav).


1 Los libros revisados para estos comentarios son los nuevos materiales que aparecen en este catálogo: https://libros.conaliteg.gob.mx/content/common/consulta-libros-gb/

2 En este texto nos hacemos cargo sólo de los materiales para la educación básica.

3 Preescolar: Laminas didácticas. Educación preescolar. Primer grado. Ciclo escolar 2018-2019; Laminas didácticas. Educación preescolar. Segundo grado. Ciclo escolar 2018-2019; Laminas didácticas. Educación preescolar. Tercer grado. Ciclo escolar 2018-2019; Mi Álbum. Tercer grado. Educación preescolar
Primaria: Matemáticas. Primer grado; Lengua materna. Español. Primer grado; Lengua materna. Español, Lecturas. Primer grado; Matemáticas. Segundo grado; Lengua materna. Español. Segundo grado; Lengua materna. Español, Lecturas. Segundo grado.

4 Todas las imágenes están diseñadas con propósitos didácticos específicos relacionados con los campos formativos y las áreas de desarrollo personal y social señalados en el plan y programa de estudios.

5 Aunque prevalece en cierta medida el problema de “desarticulación” de las ciencias naturales en la secundaria.

Expediente

Normales: Un largo camino

En 20 años se han vivido un par de momentos turbulentos generados por la liquidación de dos programas de estudio en las escuelas normales. En particular me refiero al de la licenciatura en educación media, el plan de estudios 1983 y al de la licenciatura en educación secundaria (1999)1 en la Escuela Normal Superior de México. La primera vez, cuando la implantación del programa educativo de 1999, el mismo fue muy criticado por los docentes y calificado de incompleto pues desde su mirada presentaba grandes carencias; sin embargo, con el tiempo se llegó a una mejor comprensión del enfoque de formación de profesionales reflexivos2 y al reconocimiento por esta comunidad de su pertinencia, dadas las condiciones cada vez más inestables de los contextos educativos.

En esta segunda ocasión la historia volvió a repetirse. En agosto de 2018 las normales arrancaron con 16 nuevos programas educativos (DGESPE, 2018)3 o mallas curriculares —como se les denomina— pero a diferencia del plan 99 se invitaron a docentes de las normales para su construcción en conjunto con la DGESPE y la Academia Mexicana de las Ciencias. Sin embargo, esta participación se ha venido desestimando por las evaluaciones que el gobierno actual llevó a cabo en el marco de la llamada Reforma Educativa. A partir de entonces todo aquello que proviene de las autoridades vigentes genera sospecha y rechazo.

Ilustración: Estelí Meza

A la luz de estos dos eventos expongo tres argumentos por los cuales la actual propuesta de plan de estudios puede resultar oportuna y necesaria cuando pensamos en la formación de futuros docentes. Con ello, reitero, se abre la posibilidad de una armonización entre los contenidos, recursos tecnológicos, procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la de nuevos roles de los profesores y alumnos que faciliten el logro del perfil de un docente para el siglo XXI,4 garantizándose de este modo la calidad educativa en las normales.

Un primer argumento es que con la implantación del nuevo programa termina un modelo educativo caducado. Las escuelas normales no estaban formando profesores para trabajar con una pedagogía por competencias, aunque sí egresaban equipados con herramientas que les permitía indagar en el aula y llevar a cabo la reflexión de su práctica para mejorarla. En el plan 99 aún no se había discernido la forma de elevar los contenidos de las asignaturas a competencias. Esto es porque los formadores tampoco lo desarrollaban en sus clases y seguían promoviéndose la enseñanza y aprendizaje de contenidos a través del desarrollo de actividades que fragmentaban el conocimiento en lugar de desarrollarlo mediante tareas o proyectos integradores, que a su vez requieren de formas de evaluación distintas.

Al no tenerse claro que la escuela y la promoción de aprendizajes deberían ser diferentes se ha venido promoviendo el desconcierto y la descalificación por parte de los profesores hacia las propuestas de los aprendizajes clave para la educación integral.5 Es cierto que las escuelas requieren de equipamiento, conectividad, mejor infraestructura y más recursos, pero también de profesores dispuestos a renovarse, a cambiar su forma de pensamiento y prácticas educativas, que intenten comprender el papel de la escuela en la formación y educación de alumnos más críticos, ingeniosos, creativos y éticos, que a su vez cuestionen y transformen sus realidades.

Un segundo argumento es la pertinencia de la flexibilidad del currículo. Para este modelo se diseñaron trayectos optativos6 que se ajustan a las necesidades y condiciones de cada entidad o contexto. Las escuelas normales tienen la opción de decidir cuál elegir y con ello no sólo elevar el perfil de egreso sino también mejorar las condiciones de empleabilidad respondiendo de manera más puntual a las solicitudes y demandas de empleadores.

El riesgo de dicha flexibilidad es que las normales no puedan apreciar esta pretensión de generar perfiles docentes más híbridos y complejizados. Por ejemplo, que un egresado de la licenciatura en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria termine también conociendo de matemáticas financieras, o los profesores de inglés desarrollen destrezas para la traducción.7 En este punto se debe incluir en el debate la presencia de un trayecto más: aquel que promueve el aprendizaje del idioma inglés hasta alcanzar un nivel de dominio B1 como mínimo de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Al respecto, la posibilidad de aprender una lengua extranjera había sido limitada en las normales pues existían muy pocos centros de lengua y su capacidad de ofertar clases de inglés era casi nula. De este modo si el estudiante de licenciatura, posgrado, o bien docente de la normal necesitaba aprender inglés, tenía que pagar un curso por fuera. Con la inserción de profesores de inglés contratados ex profeso para cubrir estos espacios, las escuelas normales han mejorado indudablemente estas condiciones. Por si hiciera falta mencionarlo, existen razones de peso para justificar que un alumno normalista deba egresar sabiendo inglés, entre ellas, cubrir el requisito del idioma si quiere acceder a un programa de posgrado, lograr movilidad académica o estudiantil; o bien garantizar la participación en convocatorias para la asignación de becas o estancias en el extranjero; por último, contribuir a la formación integral, ayudándole a desarrollar herramientas para la comunicación en el actual mundo globalizado.

Un tercer argumento a favor es la presencia transversal de herramientas metodológicas para la investigación en el aula. En el plan de estudios 2018 se insertan espacios curriculares para el estudio de métodos de investigación, diseño de instrumentos y formas de análisis de datos, además de manera transversal los proyectos a desarrollar en las diversas asignaturas demandan de la constante investigación monográfica o empírica. En breve, se busca que el futuro profesor normalista cuente con habilidades investigativas para proponer intervenciones educativas donde las estrategias de aprendizaje estén basadas en la resolución de problemas, trabajo por proyecto, análisis de casos y uso de la tecnología. Las comunidades normalistas aseguran que esto último se había integrado ya al programa educativo en liquidación, pero estas acciones eran discontinuas. Ahora son espacios que deben cubrirse obligatoriamente en el nuevo diseño curricular.

Muy a pesar de quienes consideramos que plan de estudios 2018 es una puerta hacia la mejora de la calidad en la formación de docentes de la educación normal, se encuentra también el otro lado de la moneda y la posibilidad de que el programa educativo sea en realidad un “caballo de Troya” y que en su interior albergue los terrores anunciados y evidenciados por la reforma educativa: trabajo intensificado, evaluaciones punitivas, pérdida de derechos laborales, frivolidad en la selección de contenidos y simulación en la enseñanza. Lo anterior encuentra su expresión en varios de los problemas de las normales, por ejemplo: síndrome de agotamiento (burnout) y de malestar docente; maquillaje de calificaciones para disimular el rezago educativo; toma de decisiones apresuradas; generación de líneas de acción más reactivas que preventivas y propuestas de cambio de corta duración.

Considero que los foros de discusión creados recientemente para votar por la permanencia o no de los nuevos programas educativos es una muestra de la incapacidad de cambio de las normales. Pienso que como en el 99 del siglo pasado a los docentes les tomó tiempo reconocer las bondades de ese plan y hoy sucede los mismo, rechazan el actual programa sin esperar los primeros resultados.

Propongo que los temas a debatir en dichos espacios públicos deberían centrarse en examinar la cultura de las escuelas normales.8 Con ello me refiero a repensar y analizar las formas de interacción y prácticas, tales como el doble discurso, la connivencia y el individualismo docente. La labor debe centrarse en la restauración de la confianza y el ejercicio de un trabajo colaborativo y productivo, lográndose con ello un impacto positivo de las normales en los alumnos en formación y la sociedad en general.

Esgrimir una ideología a favor del desarrollo del profesorado y de la educación en nuestro país no significa necesariamente estar a favor de la reforma educativa o de la política educativa del actual gobierno, desde mi óptica la verdadera amenaza se encuentra en la conservación de las creencias y prácticas del pasado, en la aceptación y apego a un sistema que observamos no funciona más en las aulas ni en las escuelas, en las calles o en nuestras casas. El desacierto de las normales es desgastarse por mantener una lucha en lugar de buscar transformaciones en las aulas y las escuelas. Los horizontes están en los alumnos —en sus prácticas emergentes— en la flexibilidad de la enseñanza y la innovación desprendida de los aprendizajes tanto de alumnos en formación como de los propios profesores normalistas.

Considero que la sabiduría de los normalistas debe conservarse pero también debería permitirse la entrada a lo nuevo, a todo aquello que rompa con las inercias. De igual forma, mantener a raya aquello que amenace la integridad de los docentes, afecte la formación de los alumnos y lesione la imagen y el trabajo de estas instituciones. Ante este panorama, el nuevo programa educativo se vuelve un reto que pondrá a prueba la resiliencia del sistema, la adaptación de los formadores al cambio, la implementación de nuevas prácticas educativas y el abandono de algunos usos y costumbres. Si las normales logramos pasar esta prueba, seguramente podremos decir con orgullo que hemos resurgido de las cenizas.

 

Maricruz Aguilera Moreno
Profesora-investigadora de la Escuela Normal Superior de México.


1 Araiza Álvarez, M.Y., “Análisis de los planes de estudio 1983, 1999, de la licenciatura en psicología educativa como base de la formación del adolescente”. Tesis para obtener el grado de maestría en educación con campo en planeación educativa, Universidad Pedagógica Nacional, 2007. http://200.23.113.51/pdf/23981.pdf

2 Lozano Andrade, J.I., Normalistas vs. universitarios o técnicos vs. rudos: las prácticas y formación del docente de escuelas secundarias desde su representaciones sociales, México, Plaza y Valdés, 2006

3 DGESPE (2018), Planes de Estudio 2018. https://bit.ly/2ORgVTO

4 Braslavsky, C., “La demanda aumenta, pero las condiciones siguen siendo insuficientes”, Perspectivas, vol. XXXII, núm 3, 2002. https://bit.ly/2J28kcZ

5 SEP, Aprendizajes clave, 2017. https://bit.ly/2Ik5a5E

6 DGESPE, op. cit.

7 Ídem.

8 Hargreaves, H., Profesorado, cultura y posmodernidad. (Cambian los tiempos, cambia el profesorado), Madrid, Morata, 1996.

Ensayo

Realidades chicanas

Hoy más que nunca se han difundido los abusos y las injusticias que los migrantes provenientes de América Latina tienen que soportar en el territorio gobernado por Donald Trump. Hoy más que nunca es necesario hablar de quienes llegan o de quienes ya se establecieron hace tiempo en Estados Unidos. En el siguiente compendio de artículos el lector encontrará las claves para comprender la realidad que viven los chicanos y los latinos migrantes en aquel país. Cinco estudiosos comparten los hallazgos de sus profusas investigaciones acerca de estas minorías —históricamente maltratadas— sobre aspectos como la cultura, la relación política con el gobierno estadunidense, la lucha social por la conquista de derechos y las tendencias demográficas. Así damos paso a una conversación entre México y el México de afuera.


El México de afuera

David R. Maciel

¿Quiénes son los hispanos mexicanos?

Ana González-Barrera • Mark Hugo López

El despertar del gigante dormido

Isidro Ortiz

Las chicanas

Irene Vásquez

El florecimiento cultural chicano

David R. Maciel

Los latinos

Juan Gómez-Quiñones

La integración de los mexicoamericanos

Edward Telles • Vilma Ortiz

Los estudios chicanos en el siglo XXI

Reynaldo F. Macías

Ilustración: Patricio Betteo

Ensayo

El México de afuera

Este dosier responde a varias inquietudes que han surgido en ambos lados de la frontera. Primero, es un reconocimiento en México a la creciente importancia y al potencial de la población de origen mexicano en Estados Unidos que en temas de inmigración y derechos humanos ha sido el mejor lobby que se ha tenido en el país vecino. Por lo segundo, dentro de la comunidad académica chicana hubo una respuesta positiva a la invitación de esta revista para colaborar, bajo la premisa de que es más que necesario sus trabajos sean conocidos y discutidos en México.

Como editor invitado quisiera resaltar mi preocupación personal por la gran falta de cobertura, análisis, discusión, investigación y publicaciones en México acerca de la población chicana. En esta coyuntura caracterizada por el antimexicanismo de la administración Trump es aún más importante la circulacion de informacion y análisis a través de la frontera. Con este ejercicio analítico se pretende contribuir de alguna manera a este propósito, al incluir textos selectos de la sobresaliente academia chicana que iluminan aspectos clave de sus problemáticas, avances y retos, todos ellos —por cierto— con repercusiones en este país.

Ilustraciones: Patricio Betteo

 

¿Quienes son los chicanos? Legal y formalmente, la comunidad chicana surgió como minoría dentro de Estados Unidos después de la guerra del 47 (1846-1848). Se trataba de aproximadamente 110 mil personas a quienes en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que permitió alcanzar la paz, se les prometió acceso a la ciudadanía y respeto a sus derechos civiles y de propiedad. Sin embargo, poco fue lo que en realidad se les confirió. El vocablo chicano data de finales del siglo XIX, se utilizó como un término de camaradería entre trabajadores de ascendencia mexicana que habitaban al norte de la frontera que mantuvieron sus raíces mexicanas. Para la década de los sesenta, durante el estallido del Movimiento Chicano por los derechos civiles, líderes y participantes retomaron el concepto y lo hicieron un símbolo de su orgullo étnico, de la conciencia de su propia historia y de todas sus luchas.

En la actualidad la comunidad mexicana en Estados Unidos, “el México de afuera”,1 se compone por los mexicano-americanos o chicanos (ciudadanos norteamericanos por nacimiento de origen mexicano) que en este momento alcanzan los 24 millones, y los migrantes nacidos en México (naturalizados como estadunidenses, residentes legales y trabajadores no autorizados), que constituyen al menos 12 millones, en total suman alrededor de 36 millones de personas, de acuerdo con la  Oficina del Censo de Estados Unidos. Esta comunidad se constituye como la primera minoría numérica y tiene un crecimiento demográfico muy acelerado (los estudiosos norteamericanos pronostican que posiblemente doblará su población cada 40 años). Además, está caracterizada por su dispersión a nivel nacional en Estados Unidos (el suroeste, el este, el lejano oeste y el sur) y con presencia en todos los ámbitos de la sociedad y la política de la Unión Americana.

El pueblo chicano se diferencia de cualquier otro grupo étnico en Estados Unidos y de varias formas. En primer lugar, cabe señalar que después de las poblaciones indígenas nativas es el que tiene la historia de más larga data —desde el periodo Precolombino pasando por la colonización del “Septentrión” durante la época colonial. En segundo término, es una minoría que tiene una notable cercanía geográfica con su país de origen, México, lo que obviamente redunda en un amplio número de intercambios transfronterizos. Relacionado a lo anterior, los chicanos son la única minoría en Estados Unidos que ha crecido y se ha nutrido por corrientes migratorias procedentes de Mexico desde finales del siglo XIX hasta la era actual. Este fenómeno ha tenido como consecuencia la existencia de una generación nacida en México que ha reforzado la conservación del idioma, y algunas características culturales de “lo mexicano”, incluyendo tradiciones, valores y patrones de vida en las comunidades chicanas distribuidas a lo largo de Estados Unidos. Finalmente, si bien los chicanos han sido víctimas de un agudo racismo, institucionalizado a lo largo de décadas en Estados Unidos, a la vez esta población tiene una trayectoria histórica de resistencia y es la única minoría latina que tuvo un movimiento social que fue determinante en su historia reciente: el Movimiento Chicano. Su amplio legado incluyó el surgimiento de generaciones posteriores de políticos, artistas, educadores, activistas y líderes comunitarios que han logrado impresionantes cambios en las condiciones de vida de los chicanos e impactado en la sociedad estadunidense en general.

 

Con el propósito de ilustrar al público mexicano sobre el “otro México” se elaboró cuidadosamente esta compilación, en la cual se reunieron los textos de destacados especialistas en historia, demografía, economía, ciencia política, sociología, educación, estudios culturales y crítica literaria que han publicado extensamente sobre sus respectivas especialidades. Se buscó la participación tanto de académicos consagrados como de las nuevas generaciones de la intelligentsia chicana. Cabe destacar que se incluye un texto sobre la población latina en Estados Unidos —de la cual los chicanos son alrededor de 60%— que permitirá reflexionar sobre su necesario estudio académico y sobre las características y consecuencias de la “latinoamericanización” que está teniendo lugar en Estados Unidos, y que se refleja en todo ámbito de la vida social, económica, política y cultural de ese país. Sin duda, el tema de los latinos es el fenómeno social más pronunciado y trascendental del nuevo milenio y el tema está en la vanguardia de los estudios académicos.

 

Quisiera, sinceramente, desear que este dosier fomente el interés de sectores mexicanos dentro y fuera de la academia, de estudiar a fondo los distintos aspectos de esta comunidad. La rica historia de la comunidad chicana es prácticamente desconocida en México, salvo la excepción del crucial tema de los migrantes recientes, especialmente los indocumentados. Hay una carencia de escritos sobre las reacciones al “gran despojo: del siglo XIX, y al agudo e institucional racismo y discriminación que han enfrentado los chicanos, así como sobre su espíritu de resistencia que incluye las luchas pasadas —incluyendo al movimiento social pro derechos civiles y los heroicos esfuerzos por mantener la mexicanidad— y las presentes. Ocasionalmente, se menciona que en la actualidad miembros de la comunidad de origen mexicano están representados en la economía, la política, la educación, la cultura, la academia, los medios audiovisuales y la industria del entretenimiento de Estados Unidos, pero no de manera sistemática y sin incluir temas como la existencia de una clase media sustancial y hasta un sector de elites.

En suma, falta una reflexión profunda —muy necesaria en esta coyuntura— sobre los grandes logros y potencial, así como los retos y desafíos de la comunidad chicana. El México actual mucho se beneficiaría de contar con un conocimiento más actualizado acerca de la comunidad chicana en Estados Unidos, y la academia chicana mucho podría aportar para lograrlo, ojalá que este ejercicio sea un parteaguas para un mejor y más sensible desarrollo de las relaciones entre los chicanos y México.

 

David R. Maciel
Historiador. Profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo Mexico.


1 Algunas instituciones como el Pew Research Center utilizan la categoría “comunidad de hispanos de origen mexicano”.

Ensayo

¿Quiénes son los hispanos mexicanos?

Con una frontera común y una larga historia compartida, el vínculo entre México y Estados Unidos ha sido sólido durante siglos. En torno al número de hispanos de origen mexicano nacidos en aquel país y en México, en la gráfica se observan varias características históricas y contemporáneas.

Desde la década de los sesenta la llegada de más de 16 millones de inmigrantes de México a Estados Unidos (Centro de Investigación PEW, 2015)1 ha reconfigurado esta relación. Al tiempo que la población de origen mexicano creció alcanzando cifras récord, de manera similar lo hacía la población hispana en general en Estados Unidos.

Este artículo explora algunas de las características generales de la población de origen mexicano en Estados Unidos —tanto aquellos que nacieron en México como los nacidos en Estados Unidos que reportan (a la Oficina del Censo) ser de origen mexicano—. En conjunto tiene tendencias demográficas específicas y cierta dispersión geográfica. La respuesta a la pregunta ¿quiénes son los hispanos de origen mexicano?, incluye el hecho de que se trata de una población joven pero con un ingreso menor que la de otros hispanos y la población general, y con menos posibilidades de alcanzar sus metas educativas que algunos otros grupos hispanos. En su gran mayoría se declara católica. En participación política tiene menos probabilidades de votar en elecciones de Estados Unidos. Finalmente, en torno a las oportunidades del “sueño americano” una gran mayoría de esta población de origen mexicano reconoce la existencia de oportunidades económicas y espera para sus hijos un futuro mejor.

 

Un número récord de 36 millones de hispanos de origen mexicano residía en Estados Unidos en 2015, según las estimaciones del Pew Research Center, basado en los datos de la Oficina de Censo de los Estados Unidos. Este cálculo incluye a 12 millones de inmigrantes nacidos en México y 24 millones nacidos en Estados Unidos que se autoidentificaron como de origen mexicano.

Ilustración: Patricio Betteo

Los mexicanos son de lejos la población de origen hispano más grande de Estados Unidos; representan 63% del total de la población hispana en 2015. Los hispanos de origen mexicano también son una parte importante de la población de Estados Unidos, sumando en su conjunto 11%.

El tamaño de la población de origen mexicano en Estados Unidos ha aumentado dramáticamente en las últimas cuatro décadas como resultado de una de las migraciones masivas más grandes de la historia moderna. En 1970 eran menos de un millón de inmigrantes mexicanos; para el año 2000 ese número había crecido a 9.4 millones, y en 2007 alcanzó un máximo de 12.8 millones. Desde entonces la población nacida en México ha disminuido a medida que la llegada de nuevos inmigrantes mexicanos se ha desacelerado significativamente y el flujo de retorno aumentó en los años posteriores a la llamada Gran Recesión en Estados Unidos (González-Barrera, 2015).2

Antes de la década de 1980 la mayor parte del crecimiento de la población de origen mexicano provenía de hispanos de origen mexicano nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, desde la década de 1980 y hasta el año 2000 la mayoría del crecimiento en esta población en Estados Unidos puede atribuirse a la llegada de inmigrantes mexicanos. En la década del 2000 al 2010 ese patrón se revirtió: los nacimientos superaron a la inmigración como el principal impulsor del dinámico crecimiento en la población de origen mexicano de Estados Unidos (Pew Research Center, 2011).3 Hoy en día 33% de los hispanos de origen mexicano nació en México, mientras los dos tercios restantes (67%) nacieron en Estados Unidos y la mitad (51%) de ellos tienen al menos un padre inmigrante.

En la actualidad los 12 millones de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos constituyen el grupo más grande por país de origen entre los 44.7 millones de inmigrantes que hay en Estados Unidos. El siguiente núcleo de población nacida en el extranjero proviene de China con 2.6 millones de personas, pero es aproximadamente sólo una quinta parte del tamaño de la población nacida en México que reside en Estados Unidos.

Por lo demás, la migración mexicana ha dado forma a la población inmigrante no autorizada del país. Aproximadamente la mitad (51%) de los 11 millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente son de México.

A nivel internacional Estados Unidos es, de lejos, el principal destino para los inmigrantes de México. El 96% de los mexicanos que migran a Estados Unidos (Connor et al., 2012)4 constituye 9% del total de las personas nacidas en México. Así es que la Unión Americana tiene más inmigrantes de México que ningún otro país del mundo.

 

Más de la mitad de los hispanos de origen mexicano en Estados Unidos vive en California (35%) y Texas (26%), según un análisis del Pew Research Center proveniente de los datos de la Encuesta de la Comunidad Estadunidense de 2013. Las mayores concentraciones están en las áreas metropolitanas de California y Texas. Solamente el área metropolitana de Los Ángeles tiene 4.7 millones de hispanos de origen mexicano (Pew Research Center, 2016).5

Aun así, la historia de la geografía mexicana en Estados Unidos ha sido de dispersión ya que existen comunidades mexicanas en muchos otros estados. Por ejemplo, Georgia es el décimo estado más grande del país en cuanto a población hispana, la mayoría son de origen mexicano, y muchos son inmigrantes recientes. En un estado como Florida, donde los cubanos y puertorriqueños son los grupos más grandes, los mexicanos han crecido hasta convertirse en el tercer grupo hispano más importante. También hay comunidades mexicanas que están creciendo notablemente en lugares como Alaska, la parte norte del medio oeste y otros lugares.

 

Los mexicanos han tenido una larga presencia en Estados Unidos y sus características son diversas. Un tercio de los mexicanos son inmigrantes, pero dos tercios son nacidos en Estados Unidos, esto es similar al porcentaje de nacidos en el extranjero y nacidos en Estados Unidos entre todos los hispanos.

Los niveles de ingreso de los mexicanos coinciden con los de la población hispana de Estados Unidos, pero no con la población general de este país. En 2013 la mediana de ingresos para los mexicanos en Estados Unidos mayores de 16 años fue de 20 mil 800. Mientras tanto, para todos los adultos estadunidenses mayores de 16 años la mediana de ingresos fue de 30 mil.

Los mexicanos tienen niveles educativos más bajos que la población hispana en general o la población de Estados Unidos en general. Sólo 10% de los mexicanos de 25 años o más tienen un título universitario. En comparación, 14% de todos los hispanos de Estados Unidos y 30% de los adultos de Estados Unidos de más de 25 años.

En cuanto a la afiliación religiosa es más probable que los mexicanos se identifiquen como católicos que otros hispanos. En 2013 alrededor de 61% de los adultos mexicanos en Estados Unidos dijeron que eran católicos, por el contrario sólo 55% de todos los hispanos se identificaron como católicos en la misma encuesta.

Entre los hispanos nacidos en Estados Unidos de origen mexicano las tasas de participación electoral en las elecciones presidenciales de ese país han sido las más bajas de todos los principales grupos de origen hispano. En 2008 el 45% de los mexicanos elegibles para votar (es decir, que eran ciudadanos estadunidenses adultos) lo hicieron en las elecciones presidenciales en Estados Unidos de ese año. En 2012 esa participación se redujo a 42.2%. Mientras tanto, las tasas de participación fueron más altas para otros hispanos y para los estadunidenses en general (López y González-Barrera, 2013).6 Para 2016 sólo 44% de los votantes mexicanos que cumplían los requisitos votó en las elecciones presidenciales, en comparación con el 58% de los cubanos, 55% de los dominicanos, 46% de los puertorriqueños y 48% de los salvadoreños.

Las encuestas del Pew Research Center sobre los hispanos muestran que los mexicanos expresan una fuerte creencia en ciertos aspectos del “sueño americano”. Por ejemplo, 71% de los adultos de origen mexicano en la Encuesta Nacional de Latinos de 2015 dijeron que esperan que sus hijos estén mejor económicamente que ellos mismos en ese momento. Mientras que la Encuesta Nacional de Latinos de 2011 mostró que para 65% de los inmigrantes mexicanos la razón principal para venir a Estados Unidos era buscar oportunidades económicas, una proporción más alta que otros inmigrantes.

 

Ana González-Barrera
Especialista en política pública. Investigadora del Pew Research Center.

Mark Hugo López
Economista. Director de Global Migration and Demography, Pew Research Center (Washington, D.C).


1 Pew Research Center, Modern Immigration Wave Brings 59 Million to U.S., Driving Population Growth and Change Through 2065: Views of Immigration’s Impact on U.S. Society Mixed, Washington, D.C., septiembre, 2015.

2 Gonzalez-Barrera, Ana, More Mexicans Leaving than Coming to the U.S., Washington, D.C., Pew Research Center, noviembre, 2015.

3 Pew Research Center, The Mexican-American Boom: Births Overtake Immigration, Washington, D.C., julio, 2011.

4 Connor, Phillip et al., Faith on the Move-The Religious Affiliation of Internacional Migrants, Washington, D.C., Pew Research Center, marzo, 2012.

5 Pew Research Center, Hispanic Population and Origin in Select U.S. Metropolitan Areas, 2014, Washington, D.C., septiembre, 2016.

6 Lopez, Mark Hugo y Ana Gonzalez-Barrera, Inside the 2012 Latino Electorate, Washington, D.C., Pew Research Center, junio, 2013.

Ensayo

El despertar del gigante dormido

En las discusiones sobre la relación entre los chicanos y el sistema político estadunidense existen dos narrativas que han encontrado audiencias receptivas. La primera y más antigua es la narración del “gigante dormido”. Según este discurso, los chicanos han sido una vasta población que carece de una tradición de activismo. La más reciente es la narrativa de la “amenaza latina” que sostiene que los mexicanos radicados en Estados Unidos están involucrados en un activismo contrario a los intereses nacionales. Se cuestiona su “lealtad” a ese país. Más específicamente, los mexicanos —de acuerdo con quienes han articulado esta última narrativa— forman parte de un movimiento, “la Reconquista”, el cual buscaría, como su nombre lo indica, reconquistar el suroeste y devolver los territorios perdidos frente a Estados Unidos durante la guerra contra México en 1847.

Ambas narrativas han sido extremadamente atractivas para políticos y observadores de la política. La primera surgió a principios de los años sesenta y ha persistido durante más de medio siglo. La segunda ha encontrado expresión en publicaciones nacionales y por parte de reconocidos politólogos, en particular Samuel Huntington. Y ahora retomada por la administración Trump. Sin embargo, ninguna de ellas capta a plenitud las realidades históricas o contemporáneas. Más bien, ambas narrativas reflejan la noción de que los chicanos y otros latinos han optado por “excluirse” en términos de Albert Hirschman —opción que está presente para los grupos sociales en un contexto de declive institucional. Este ensayo, sin embargo, subraya la tradición de activismo y explora las otras dos opciones posibles: la lealtad y la búsqueda de la expresión de la voz propia.

 

La tradición del activismo comenzó inmediatamente después de la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo entre aquellos individuos designados como los “chicanos originales”. Como lo documentaron académicos como Albert Camarillo, Leonard Pitt y David Hayes-Bautista en su libro On Cinco de Mayo, esta generación empleó la política electoral para buscar su representación y de hecho ejerció algo de influencia hasta que se realizaron esfuerzos sistemáticos y efectivos para excluirlos del proceso político.

Ya para las primeras tres décadas del siglo XX el activismo fue continuado por la generación de los “inmigrantes mexicanos”. Como documentan Edward Escobar y Roberto Álvarez Jr., entre otros, dicha generación, compuesta por individuos nacidos en México que ingresaron a Estados Unidos entre 1890 y 1930, llevó a cabo diversas protestas contra la brutalidad policial y la segregación en las escuelas, mientras que realizaba un enérgico activismo en el ámbito laboral. Muchos, como Pedro J. González, fueron constantemente atacados durante las campañas de repatriación de la década de 1930 y regresaron a México, pero no sin antes lograr algunos avances como la desegregación —producto del caso del Distrito Escolar Álvarez vs. Lemon Grove. Es decir, miembros notables de esa generación dieron ejemplo de cómo defender exitosamente a la comunidad y de la necesidad de desafiar las injusticias e iluminar las posibilidades y los límites de la voz de los mexicanos.

Ilustración: Patricio Betteo

A partir de finales de los años treinta, pero en particular después de la Segunda Guerra Mundial, la llamada “generación mexicoamericana” renovó y extendió la tradición de lucha al denunciar que los chicanos eran ciudadanos de segunda clase que merecían la igualdad. Usando tácticas de grupos de interés, de política electoral y llevando casos a las cortes gestaron un movimiento por los derechos civiles. Eliminaron la segregación en las escuelas públicas, así como en otros espacios públicos como piscinas y en espacios privados como los teatros a través de la resolución judicial Méndez vs. Westminster; lograron la derogación de las leyes de California contra el “mestizaje” en el caso Pérez vs. Sharp; aseguraron el derecho a un abogado por medio de Miranda vs. Arizona. También fundaron las primeras organizaciones explícitamente políticas como la Community Service Organization, el American G. I. Forum (de veteranos de guerra) o la Political Association of Spanish-Speaking, y las utilizaron para asegurar la representación mexicoamericana. Finalmente, tuvieron participación en la carrera presidencial de 1960 a través de los Clubes “Viva Kennedy”, lo que le permitió a John F. Kennedy obtener la victoria en el estado de California. Todo esto en una época en la que los mexicoamericanos a menudo eran descritos como “una minoría invisible”.

Muchos de los miembros de la “generación mexicoamericana” se convirtieron en los padres de los activistas políticos del Movimiento Chicano de los años sesenta y setenta, que a su vez conceptualizaron una nueva identidad como “chicanos”, rechazaron la prescripción de asimilación, abrazaron el nacionalismo y el internacionalismo y recurrieron a la protesta como forma de hacer política. También fundaron nuevas organizaciones que van desde los Brown Berets hasta la Organización Juvenil Mexicano-Americana, e incluso el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, y posteriormente lograron la institucionalización de los programas y departamentos de Estudios Chicanos. Por si fuera poco, desafiaron al sistema tradicional bipartidista al fundar el primer partido político chicano, el Partido La Raza Unida, que demostró el poder del voto en el sur de Texas y en otros lugares.

 

Antes de 1975 las bajas tasas de votación entre los chicanos y otros latinos condujeron a generalizaciones como “los mexicanos no votan” y a su descripción como un “gigante dormido”. Pero con la promulgación de las leyes de derechos electorales de 1975 y 1982 comenzó a escribirse un nuevo capítulo en el registro y votación de los latinos, el registro y la participación aumentaban en la medida en que se eliminaban obstáculos para el voto. La ley de 1975 autorizó el uso de boletas bilingües en las elecciones federales, lo que finalmente permitió a muchos chicanos comenzar a comprender los fundamentos y matices de las elecciones estadunidenses. La legislación de 1982 se enfocó en erradicar los sistemas electorales discriminatorios. En este contexto, el Southwest Voter Registration Education Project, dirigido por el legendario organizador social Willie Velásquez, institucionalizó el eslogan “Su Voto Es Su Voz”, para promover la participación política. El resultado fue el incremento de los votantes y funcionarios electos latinos.

Como señala el Pew Research Center en su informe An Awakened Giant: The Hispanic Electorate is Likely to Double by 2030, para 2016 aumentó el número de latinos que podían ser elegidos y ser electos: 27.3 millones. Aunque el crecimiento en el registro de electores no ha estado acompañado por una participación política constante, el hecho es que en la actualidad hay más de seis mil chicanos y otros latinos que tienen cargos de elección popular en todo Estados Unidos. Esto se percibe claramente en California, donde los dos principales puestos en la legislatura de California están ocupados por los latinos Kevin de León y Anthony Rendón quienes han organizado la “resistencia” a las políticas del presidente Donald Trump, como David Maciel ha documentado en su artículo “Chicano Power vs. Trump”.1 Otros legisladores de California también han apoyado una agenda prochicana, como es el caso de Marco Firebaugh, oriundo del área Tijuana y San Diego, quien fue clave para la promulgación de la trascendental Ley AB 540, que le permitió a los estudiantes indocumentados pagar la colegiatura de residentes de estados en universidades públicas (anteriormente se les consideraba como no residentes del estado y la colegiatura era sustancialmente más cara), eliminando así uno de los principales obstáculos para la educación superior de miles de jóvenes.

De acuerdo con las proyecciones del Pew Research Center para 2030, 40 millones de chicanos y otros latinos serán electores y elegibles para puestos políticos. Pero para ejercer una mayor influencia política los chicanos y otros latinos deben defenderse exitosamente contra los mecanismos de supresión del voto que se encuentran entre los principales objetivos de las leyes electorales restrictivas aprobadas en varios estados. Tan sólo en 2011 y 2012 aproximadamente 180 leyes de este tipo se introdujeron en 41 estados, incluyendo Texas, que cuenta con la segunda población latina más grande en Estados Unidos. En 2011, por ejemplo, la legislatura de Texas promulgó una ley de identificación de votantes que requería que presentaran una de las siete formas de identificación existentes en Estados Unidos, aunque al final, a instancias del grupo legislativo latino, un tribunal federal dictaminó que la ley implicaba la discriminación intencional en contra de los chicanos y otras minorías.

 

En el nuevo milenio la voz de los chicanos se manifiesta en la forma del resurgimiento de la protesta, que es la estrategia de los oprimidos. En 2006 la protesta se generalizó con las marchas masivas por los derechos de los inmigrantes, en ellas se incorporaron cientos de miles de indocumentados y también de ciudadanos, que en última instancia erosionaron el apoyo al extremadamente punitivo proyecto de ley Sensenbrenner. Del movimiento por los derechos de los inmigrantes nació el movimiento Dreamer, llamado así por la meta de lograr que la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM Act, por sus siglas en inglés) permitiera a los jóvenes indocumentados obtener el derecho legal de permanecer en Estados Unidos. Bajo el eslogan “Sin documentos y sin miedo”, jóvenes indocumentados, tal y como muestra Walter J. Nicholls en su estudio de 2010 “The DREAMERS: How the Undocumented Youth Movement Transformed the Immigrant Rights Debate”, los jóvenes indocumentados “salieron e hicieron una fuerte protesta para ser reconocidos como seres humanos que pertenecen a los Estados Unidos” y para expresar su “derecho a tener derechos”. Como documenta Nicholls, los dreamers han influido significativamente en el debate sobre los derechos de los inmigrantes.

El 5 de octubre de 2017 la administración Trump anunció que finalizaría el programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). En respuesta, los dreamers y sus partidarios, bajo los auspicios de organizaciones como United We Dream se opusieron, organizaron marchas e interrumpieron las actividades de diversas instituciones a través de ocupaciones y plantones en oficinas gubernamentales clave. Como ejemplo de estas acciones, el 9 de noviembre de 2017 miles de dreamers ocuparon el Edificio Hart del Senado de Estados Unidos y llevaron a cabo una serie de protestas en escuelas de todo el país, exigiendo al Congreso acciones en su favor.

De 2000 en adelante los estudiantes de universidades públicas en California, a través de organizaciones como el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA) y la Asociación de Activistas Chicanas (AChA) en la Universidad Estatal de San Diego, han protestado por los aumentos en las colegiaturas y por los recortes en el gasto para programas académicos. También han ejercido presión con éxito sobre los funcionarios estatales para que aumenten las inversiones estatales en educación superior y colocaron los problemas del hambre y la falta de vivienda en las agendas de los sistemas de educación superior. Fuera del campus los estudiantes continúan protestando contra la violencia perpetrada a los inmigrantes y la terminación del DACA, organizando huelgas en universidades en todo el país. La voz de los jóvenes continuará siendo crítica a largo plazo.

En Arizona se organizó en 2012 una lucha en defensa del Programa de Estudios México-Americanos en el Distrito Escolar Unificado de Tucson. Ese año el programa llegó a su fin después de que el estado promulgó una ley que prohibía los cursos “diseñados para alumnos de un grupo étnico en particular” que “promueven el resentimiento hacia una raza o clase de personas [y]… el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos”. Esta legislación estimuló una amplia resistencia juvenil en Tucson, como se refleja en la película Precious Knowledge, y además el caso se llevó a la corte. En el litigio Gonzales vs. Douglas los demandantes alegaron que sus derechos garantizados en la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución estadunidense fueron violados por la promulgación y puesta en práctica de esta legislación de Arizona. El 22 de agosto pasado un juez federal falló a favor de los demandantes al estipular que en efecto la ley violaba los derechos constitucionales.

 

Los latinos son el grupo racial o étnico más joven de Estados Unidos. Aproximadamente un tercio de la población es menor de 18 años. Alrededor de un cuarto de los 14.6 millones de latinos son millennials, es decir, individuos nacidos entre 1981 y 1996. Además, como reveló el Pew Research Center, los jóvenes están impulsando el aumento en el dominio del inglés entre los latinos, justo el tipo de competencia y aptitud que los partidarios de la narrativa de la “amenaza” asegura que los latinos rechazan. Además, como la socióloga Nilda Flores-González encontró en su estudio Citizens but Not Americans: Race, Belonging and Belonging among Latino Millennials, aunque son ciudadanos estadunidenses por nacimiento los millennials se sienten excluidos de la imaginada “comunidad estadunidense”. En respuesta a la exclusión percibida, se esfuerzan, no desde un ánimo de separatismo o deslealtad sino “con el objetivo de reescribir la narrativa nacional de pertenencia, una en la que Estados Unidos incluya la diversidad racial y étnica”. Si tienen éxito, la naturaleza del sentido de pertenencia en Estados Unidos puede transformarse de manera radical. Mientras tanto tienen una voz y la tradición del activismo se ha renovado y extendido por otra generación más.

 

Isidro Ortiz
Profesor titular del Departamento de Chicana and Chicano Studies, San Diego State University.


Ensayo

Las chicanas

Las mujeres mexicoamericanas han sido esenciales en el desarrollo de Estados Unidos. Como grupo social, sus experiencias históricas y contemporáneas se han moldeado por dinámicas de género, etnia/raza, clase, sexualidad e identidad nacional. En general, sus características históricas, económicas y sociales las definen como una población subordinada, pero también como un grupo que consistentemente ha aspirado a la dignidad, la justicia y la igualdad en este país.

Las mujeres de descendencia mexicana tienen raíces complejas que involucran a diversas sociedades y en particular a pueblos de ascendencia indígena, europea y africana de América del Norte. Explorar el cambiante estatus de las mujeres mexicanas y chicanas en Norteamérica de la Colonia al periodo contemporáneo nos ofrece nuevas perspectivas acerca de la historia de Estados Unidos y de la historia mexicoamericana. A pesar de que sus experiencias han sido en gran medida ignoradas, marginadas o banalizadas en la historia estadunidense o en los textos populares, este ensayo las presenta como sujetos diversos y cambiantes, que luchan por obtener de lleno libertad, equidad y dignidad.

A lo largo de diferentes épocas la mano de obra de las mujeres de descendencia mexicana ha sido la base para la acumulación de la riqueza y del desarrollo político de las sociedades de las eras premoderna y moderna de México y Estados Unidos. Algunas evidencias demuestran que los ancestros de las mujeres mexicanas de la actualidad vivían en comunidades que no estaban rígidamente definidas por el género y, por lo tanto, las mujeres tenían representación en diversas posiciones económicas y sociales, y como propietarias de tierras. Sin embargo, las estructuras ideológicas y materiales dominantes en tiempos coloniales las han posicionado de manera secundaria a los hombres. Su lucha por la igualdad y el empoderamiento tienen una arraigada y larga historia en México y Estados Unidos.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Sin duda, después de la anexión de 1848 la comunidad mexicana en lo que era la frontera norte, y que ahora es el suroeste de Estados Unidos, gradualmente se convirtió en una mayoría sin tierra, empobrecida, explotada y privada de sus derechos económicos y políticos. Esta transformación impactó la vida de las mujeres mexicanas de múltiples maneras. La extensión de la “frontera” estadunidense a áreas del extremo norte de México no se tradujo en una mejor democracia electoral o en mayor igualdad social a nivel de las comunidades mexicanas. La afluencia de anglosajones, las prácticas del nuevo gobierno y de las nuevas instituciones debilitaron la participación política y la posición económica de la comunidad mexicana, y afectaron negativamente la vida de las mujeres.

El desarrollo de los sistemas económicos previos hacia el capitalismo industrial tuvo efectos en la población femenina. Un número creciente de mujeres buscó empleo fuera del hogar, por ejemplo en fábricas de enlatados o de textiles, en lavanderías, en restaurantes y en algunos establecimientos minoristas y de manufactura ligera, así como de costureras tanto en el suroeste de Estados Unidos como en México. El trabajo asalariado abrió nuevas posibilidades a la fuerza de trabajo femenina pero no siempre se crearon las condiciones óptimas para su empoderamiento social y cívico. El acceso a la educación ofreció a algunas mujeres el ingreso a ocupaciones profesionales, pero sólo una escasa minoría ejerció profesiones como medicina, leyes o educación.

Los esfuerzos prodemocratización continuaron antes y después de los años veinte. Las mujeres mexicoamericanas iniciaron y se involucraron en actividades en torno a la defensa de los derechos civiles en un intento por reformar sus comunidades y pugnaron por su derecho al voto, el apoyo para sus gastos médicos y de salud, y el desarrollo de su comunidad. Las mujeres activistas en el suroeste, particularmente en Nuevo México, ejercieron (a partir de 1920) el derecho al sufragio en Estados Unidos, y participaron en iniciativas electorales y organizacionales. Las mujeres mexicoamericanas fueron algunas de las primeras en Estados Unidos en formar parte de la legislatura y ocupar puestos en las oficinas ejecutivas estatales a finales de los años veinte y principios de los treinta. Muchas de estas mujeres provenían de las elites. Sin embargo, estas mujeres eran también promotoras de legislaciones para lograr reformas sociales que beneficiaron a las personas de menores ingresos.

Muchas mujeres mexicanas se involucraron activamente en la organización de la fuerza laboral dentro de la comunidad mexicoamericana y más allá. Existen muchos ejemplos antes de la década de los veinte. Dramáticamente, los años treinta fueron testigos de la gran escalada de repatriaciones de los trabajadores mexicanos y de sus familias, incluyendo a mujeres y niñas.

Las necesidades derivadas de la Segunda Guerra Mundial impulsaron la participación femenina en la fuerza laboral y con ello se mejoraron los sueldos y las condiciones de trabajo. Las mujeres chicanas entraron a nuevos espacios en el sector laboral porque los hombres, incluyendo a los chicanos y los latinos, habían sido enviados a la guerra. Las mujeres participaron en labores industriales para producir bienes y materiales para la guerra. También ocuparon algunos trabajos de alta especialización en la industria aérea, en los ferrocarriles y en los sectores agrícolas. Las mujeres chicanas también apoyaron a los veteranos y a otros grupos en su lucha por los derechos civiles a través de las organizaciones mexicoamericanas. También se crearon organizaciones de mujeres donde desarrollaron sus propias agendas. En fin, las mujeres mexicanas lograron algunos progresos y participaron en sindicatos durante la Segunda Guerra Mundial, y en las décadas de los cuarenta y los cincuenta, aunque continuaron experimentando discriminación en la fuerza de trabajo en todo el país en función de su género, raza y clase.

El liderazgo de las mujeres mexicanas estuvo asociado a la lucha en las huelgas en la industria minera, las cuales sobresalieron en el contexto de la historia heroica de las organizaciones sindicales. Casi desde el inicio de la huelga en la Compañía Empire de Zinc en Nuevo México, y a lo largo de la misma, las mujeres fueron indispensables. Sus esfuerzos para luchar en favor de la equidad y la dignidad las llevaron a participar en otras huelgas importantes en favor de los trabajadores de la industria de la confección de ropa durante los años sesenta y setenta, que demostraron las tensiones derivadas de la explotación de los trabajadores mexicanos en la fuerza de trabajo. Por cierto que algunas mujeres anglosajonas se unieron a las mexicanas en las actividades de la huelga.

Durante la década de los sesenta y los setenta las mujeres chicanas encabezaron, colideraron y participaron en diferentes facetas del Movimiento de los Chicanos y las Chicanas por los derechos civiles, que estuvo constituido por una serie de luchas en favor de la igualdad, la equidad y la dignidad para los mexicoamericanos en Estados Unidos. Estas luchas abarcaron los derechos civiles, la representación política, la integridad económica, la educación, el feminismo, los derechos de los trabajadores, los derechos a la tierra, la justicia ambiental y el activismo artístico. Aunque no se le prestó total atención o reconocimiento en sus roles de liderazgo, las mujeres chicanas del Movimiento Chicano por los Derechos Civiles (en las décadas de los sesenta y los setenta) hicieron posible mucho de lo ganado, y también sufrieron muchas de las pérdidas.

La economía global evolucionó y afectó las complejas relaciones e instituciones sociales de Estados Unidos durante los años ochenta. Los latinos, como grupo social, constituyeron el sector laboral de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Los trabajadores mexicanos aumentaron en un 28% —gran parte de este crecimiento fue resultante de la creciente población de inmigrantes. Las mujeres chicanas continuaron organizándose alrededor de su agenda específica, muchas de ellas insistieron en que su empoderamiento conduce a comunidades más justas. Además, muchas chicanas vivían y trabajaban junto a latinas (y la información estadística empezó a agrupar a todas ellas como latinas).

El avance de las mujeres mexicanas se produjo en medio de una creciente feminización de la pobreza. Después de las décadas de los 1960 y 1970, como resultado de sus esfuerzos de defensa de las mujeres, las chicanas hicieron importantes avances en la obtención de educación media y universitaria, en la apertura de empresas y en la obtención de empleos profesionales. Por ejemplo, las latinas obtuvieron el 60% de los títulos de licenciatura otorgados a latinos. Es importante destacar que las mujeres chicanas junto con las latinas ganaron y también se convirtieron en líderes en varios campos. Las latinas en puestos gerenciales pasaron de 110 mil en 1980 a 291 mil en 1990, y a 300 mil en el 2000, una tasa de crecimiento dos veces mayor que la de los hombres latinos. Las latinas tenían un porcentaje más alto de puestos directivos que sus contrapartes masculinos 7%, en comparación con el 6% de sus respectivas fuerzas de trabajo. El número de profesionistas latinas con títulos o certificados en educación, consejería, salud, planificación urbana y biblioteconomía superó al de sus contrapartes masculinos.

En 10 años, de 1986 a 1996, las empresas propiedad de latinas se triplicaron a 382 mil 400 y emplearon en conjunto a 671 mil personas, y generaron 68 mil millones en ventas. En 1996 las empresas latinas crecieron cuatro veces más rápido que todas las empresas de Estados Unidos. Se estima que las empresas propiedad de latinas eran más de 470 mil para el año 2000; emplearon a 200 mil personas y generaron 25 mil millones en ventas. En 2000, 10% de todas las mujeres latinas de 25 años o más eran graduadas universitarias, su participación en la universidad aumentó a una tasa más alta que la de los hombres. Los cambios de estatus en la década de 1990 entre las mujeres latinas fueron históricos. Varias organizaciones de mujeres hicieron hincapié en las necesidades, actividades y objetivos comunes entre los latinos. Estos grupos generalmente destacaron, en su discurso, el reconocimiento profesional de las mujeres y sus contribuciones económicas en relación con el desarrollo de la comunidad. Si bien las mujeres profesionistas eran financiera y socialmente más privilegiadas que la mayoría de las latinas, no tenían los mismos privilegios que sus contrapartes anglosajonas. Las mujeres latinas ganan 549 dólares por semana, mientras que las mujeres estadunidenses ganan 718 dólares por semana, en promedio, por el mismo tiempo de trabajo.

Las mujeres mexicanas en Estados Unidos han contribuido constantemente a la producción material y la riqueza económica del país. Su trabajo asalariado y su trabajo no remunerado sostiene a las familias y a las comunidades. Como parte de la fuerza de trabajo latina más grande, las mujeres mexicanas trabajan tiempo completo durante todo el año en varios sectores. Las disparidades económicas y sociales marcan su vida laboral. En 1996 la participación de la fuerza laboral asalariada latina fue de 54% y su ingreso medio fue de 17 mil 200 dólares.

Las tasas de participación de la fuerza de trabajo latina en varios sectores ha crecido consistentemente en las últimas cuatro décadas. De 1970 a 2007 las latinas experimentaron un aumento de 14% en la participación de la fuerza de trabajo. En algunos sectores, como el de servicios, están sobrerrepresentadas, constituyen 32.2% de la población trabajadora en comparación con el 20% de las mujeres blancas. El problema es que, frecuentemente, los trabajadores del sector servicios carecen de prestaciones como licencia por enfermedad o jubilación.

Dado que se espera que la proporción de latinas de las poblaciones femeninas aumente en 57% para el año 2050, de 16.4% a 25.7%, existe una necesidad creciente de responder a la participación laboral de esta población.

Las latinas han avanzado en el área educativa. A partir de la década de 1960 las tasas de educación universitaria han crecido más rápido para las latinas que para otros grupos de mujeres. Sin embargo, todavía se quedan atrás proporcionalmente al tamaño de su población. En 2012 las latinas recibieron 7.4% de los títulos obtenidos por las mujeres, que constituyen 16% de la población femenina. Además, en 2008, la tasa de graduación universitaria para las latinas fue de 31.3% en comparación con las tasas de graduación de las mujeres estadunidenses en 45.8%, una diferencia de 15 puntos. Las mujeres latinas han ganado una mayor parte de los títulos de licenciatura otorgados a los latinos —un 60%. En 2000 el 10% de todas las mujeres latinas mayores de 25 años eran graduadas universitarias, y su participación aumentó a una tasa mayor que la de los hombres (6-7).

Las empresas propiedad de latinas se concentran en varios sectores que incluyen servicios de salud (20%), servicios administrativos (18%), venta-minorista (10%) servicios profesionales (9%) y sector inmobiliario (6%). En comparación con las mujeres empresarias, que no pertenecen a minorías, las mujeres latinas enfrentan desafíos adicionales, como el hecho de ser jefas de familia, carecer de mentores y de redes formales, y experimentar niveles más bajos de  educación formal.

Los datos desde 2007 muestran que a pesar de tener limitaciones el número de latinas dueñas de sus propios negocios aumentó en casi 50%, mientras que las empresas propiedad de mujeres crecieron en 20% en el mismo período.

A pesar de su productividad en aumento, las mujeres latinas en su conjunto no han logrado ganancias sustanciales en la obtención de salarios dignos para ellas y sus familias. A medida que aumentan su porcentaje de jefas de familia es cada vez más importante que aseguren empleos estables que les permitan comprar una casa, enviar a sus hijos a la universidad, responder a tiempos económicos difíciles o enfrentar crisis de vida.

Trabajar y ganar dinero no necesariamente mantiene a las mujeres latinas viviendo en la línea de pobreza o por debajo de ella. De hecho, la tasa de pobreza de las mujeres latinas es casi el triple que la de las mujeres no hispanas. En 2012 la tasa de pobreza para las mujeres latinas en general fue de 27.9%, en comparación con la tasa para las mujeres no hispanas del 10.8%. Según un censo de 2007, las mujeres latinas tienen 69% más probabilidades de ser encarceladas que las mujeres blancas. En 2011 la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) afirmó que el encarcelamiento afecta particularmente a las mujeres latinas y negras, y por ende a sus familias de manera desproporcionada

Las tasas de liderazgo entre latinas revelan patrones mixtos de empoderamiento. En general, la cantidad de funcionarias latinas desde 1996 hasta 2010 creció en 105%. Si bien la tasa de participación en la política electoral para las mujeres latinas está creciendo, se quedan atrás de sus contrapartes latinos y de las mujeres blancas no pertenecientes a una minoría. Nueve mujeres latinas son miembros de la Cámara de Representantes, cinco de ellas fueron elegidas para el cargo en California. Las latinas ocupan 62 de los mil 789 cargos legislativos estatales en 22 estados. De un total de 73 mujeres que son electas a nivel del Poder Ejecutivo estatal, sólo seis son latinas, y cinco de ellas representan al estado de Nuevo México. A nivel local, sólo una latina ha sido elegida alcaldesa en las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos. Así es que en las siguientes décadas las latinas (alrededor de 60% mexicanas) seguirán conquistando espacios, aunque aún les quedan muchos retos por vencer.

 

Irene Vásquez
Historiadora. Profesora asociada de American Studies y Chicana/Chicano Studies. Directora de la Chicana and Chicano Studies Department en la Universidad de Nuevo Mexico.

Ensayo

El florecimiento cultural chicano

Para Luis Valdez, icono de la cultura chicana.

En la turbulenta década de los 1960 estalló una contienda social que sería trascendental para la población de origen mexicano en Estados Unidos. Esta lucha se denominó Movimiento Chicano y transformó a fondo la manera en la que los chicanos pensaban y actuaban en muchos terrenos incluyendo la cultura. Esta intensa lucha por los derechos civiles dio como resultado importantes logros y avances en lo relacionado a la política, lo social, lo económico y lo ideológico para esta comunidad. El movimiento fue guiado por un ethos político y militante, el cual involucró la participación de múltiples grupos e individuos. Se trataba ante todo de elevar la condición de la población chicana que se encontraba en una situación de subordinación ante la sociedad dominante. Los lemas de los activistas, tales como “Sí se puede!” y “Viva la raza!”, resumieron el profundo sentido nacionalista y acentuado orgullo étnico que engendró esta contienda.

Desde sus inicios y durante su desarrollo el Movimiento Chicano generó una creciente conciencia de la importancia de la cultura y el deseo de que se exaltara su riqueza a través de la creación de nuevos enfoques artísticos e intelectuales chicanos. Como resultado hubo éxitos muy notables en una amplia gama de representaciones culturales, como por ejemplo, las letras, el teatro, las artes plásticas, la cinematografía, la música, la educación alternativa y la academia; en conjunto se realizó una impresionante e innovadora obra. A diferencia de otras ciertas facetas y expresiones del Movimiento Chicano que tuvieron su apogeo y luego un declive o una profunda evolución, el florecimiento cultural chicano continúa con gran fuerza hasta nuestros días.

Los creadores y estudiosos chicanos se diferencian de intelectuales y artistas tradicionales de Estados Unidos —que exclusivamente se dedican “al arte por el arte,” y que a la vez se jactan de su objetividad en su quehacer académico— en que los primeros asumieron desde sus orígenes un doble objetivo: aportar obras de altísimo valor artístico que demostraran gran creatividad a través de corrientes artísticas innovadoras, y a su vez transmitir un claro mensaje político de dignidad, orgullo étnico, confrontación con las instituciones opresoras y esquemas de liberación. Los artistas y académicos chicanos veían a sus obras culturales como un aspecto esencial de “La Causa”, y se definían a sí mismos como “trabajadores culturales” que abogaban por la justicia, el bienestar y la autodefinición del pueblo mexicano en Estados Unidos.

Es el propósito de este ensayo esbozar algunas manifestaciones y prácticas artísticas de este florecimiento cultural (dado el límite en el número de páginas) subrayando solamente ciertas obras y realizadores ejemplares en las áreas de letras, artes plásticas, teatro, cinematografía y educación alternativa.

Ilustraciones: Patricio Betteo

 

La poesía fue el género literario más representativo en la primera etapa del florecimiento cultural. Los poetas: Alurista, Sergio Elizondo, José Montoya, Ricardo Sánchez, Tino Villanueva y Berenice Zamora introducen una versificación de gran fuerza y creatividad, que denuncia la opresión en contra del chicano y anhela un futuro digno. Inspirada en símbolos del México precolombino y de la historia chicana, esta poesía se caracteriza por su contenido político y la experimentación del lenguaje. Por ejemplo, algunos poetas mezclan el inglés y el español en sus poemas. Por su parte, Corky Gonzales en su poema “Yo soy Joaquín” ofrece, gracias a una muy impactante versificación, una épica que narra la formación del pueblo chicano.

La novela es el género literario que ha alcanzado mayor desarrollo y ha captado gran interés de la crítica. La primera generación de novelistas está integrada por escritores como Rodolfo Anaya (Bless Me Última), Tomas Rivera (Y no se lo tragó la tierra), Rolando Hinojosa (Klay City y sus alrededores), Miguel Mendez (Los peregrinos de Aztlán), Alejandro Morales (Caras viejas y vino nuevo), Ron Arias (The Road to Tam) y Arturo Islas (The Rain God), quienes narraron historias, personajes y experiencias de la población chicana, y en menos de una década consolidaron a la novela chicana. Para los ochenta el panorama novelístico se había hecho mucho más amplio en términos de creatividad, discurso narrativo, técnicas, autores y público. Mientras algunos continuaban incluyendo una temática altamente nacionalista, nuevos escritores y escritoras combinan preocupaciones sobre la historia, la frontera y la problemática de coyuntura con un discurso alternativo y tiene una estética posmoderna, introspectiva y altamente compleja. La tendencia más sobresaliente en los años recientes es el auge de las escritoras que han publicado obras impactantes como Sandra Cisneros (The House on Mango Street), Denise Chavez (The Last of the Menu Girls), Helena Maria Viramontes (The Moths and Other Stories), Cherrie Moraga (Giving Up the Ghost), Pat Mora (Borders), Gloria Anzaldúa (Borderlands/La frontera) y Ana Castillo (The Mixquiahuala Letters), entre otras. En conjunto, su obra está a la vanguardia de la literatura chicana y la estadunidense. Así es que la literatura chicana está en un periodo de auge, su esplendor radica tanto en la riqueza y amplitud de sus géneros como en la creatividad de su discurso narrativo.

En el nuevo milenio continúan floreciendo la novela, el cuento, la poesía, la autobiografía y la crítica literaria. Escritores de finales del siglo XX coexisten con los emergentes. Muchos han publicado (y sus libros llevan varias reediciones) en editoriales de gran prestigio e incluso han sido traducidos a otros idiomas. Asimismo, los escritores y las escritoras se han hecho acreedores a reconocimientos en Estados Unidos e internacionalmente, este es el caso de Gloria Anzaldúa, Nash Candelaria, Norma Cantú, Ana Castillo, Rigoberto Celez, Sandra Cisneros, Alicia Gaspar de Alba, Rolando Hinojosa, Cherrie Moraga, Stella Pope Duarte, Richard Rodriguez, Jimmy Santiago Baca, Luis Alberto Urrea y Helena Maria Viramontes.

La temática de género y sexualidad se ha convertido en un tema muy importante y se ha desarrollado como reacción en contra del orden patriarcal existente y de la homofobia. Es interesante que esta corriente literaria enmarca esta discusión con la de temas históricos y de coyuntura, incluyendo los relacionados con la frontera México-Estados Unidos, lo cual la hace diferente al resto de la literatura lesbian-gay que existe en el mainstream cultural estadunidense. John Rechy publicó en 1963 City on Night, obra pionera de una corriente que escribe abiertamente sobre temas de sexualidad, enmarcada en la discusión acerca de cuestiones sociales y de la frontera. En 1981 Gloria Anzaldúa y Cherrie Moraga escriben The Bridge Called my Back, Writings by Radical Women of Color. Anzaldúa público, en 1987, su libro clásico en estudios de género: Borderlands/La frontera: the New Mestiza que se convirtió en un clásico que combina narrativas personales con la poesía y el ensayo. Abordando también temas de género y sexualidad, Richard Rodriguez —quien escribió Hunger of Memory, un texto causó gran controversia en la academia y la critica— publicó en 1992 Days of Obligation. An Argument with Mexican Father. En la actualidad, en esa tendencia destaca la obra de Alicia Gaspar de Alba, quien ha sido una prolífica novelista, poeta, ensayista y académica que combina los estudios de género con la problemática fronteriza.

Paralelamente a toda esta destacada obra literaria surgió la crítica literaria chicana, realizada por un amplio número de académicos universitarios y estudiosos independientes. Dicha crítica ha sido variada, prolífica y sumamente sofisticada, e incluye el estudio de todos los géneros literarios: novela, poesía, autobiografía, cuento y ensayo.

 

El teatro chicano surge desde el inicio del renacimiento cultural, reivindicando la larga tradición del teatro popular realizado por y para la población mexicana en Estados Unidos, que data desde fines del siglo XIX. Su máximo exponente es Luis Valdez, quien siendo alumno universitario e íntimo colaborador del movimiento laboral de César Chávez funda el Teatro Campesino con el fin de llevar la lucha de los trabajadores agrícolas a públicos amplios. Su consagración fue la obra Zoot Suit, la cual recoge un hecho histórico de discriminación de la década de los cuarenta y fue un gran éxito de público y de la crítica (después se convertiría en película dirigida por el propio Luis Valdez). Dicha obra se ha convertido en un icono de la cultura chicana. Es más, con cierta frecuencia Luis Valdez viene a la Ciudad de México y pone Zoot Suit en la escena teatral siempre con un éxito formidable. Desde entonces Valdez ha promovido múltiples actividades culturales; a la fecha es productor/director teatral y profesor-fundador de la Universidad Estatal de California, Monterey Bay. Inspirados por el Teatro Campesino otros grupos teatrales se fundaron en el suroeste de Estados Unidos, por ejemplo el Teatro de la Esperanza de Jorge Huerta en Santa Bárbara, California, y el Teatro Guadalupe dirigido por Jorge Piña en San Antonio, Texas, entre  otros muchos.

Hoy el teatro chicano ofrece gran variedad de temáticas y discursos narrativos (frecuentemente bilingües) siempre con un trasfondo político y de protesta social, que incluye el tratamiento de cuestiones referentes a raíces históricas y a temas de coyuntura, así como de género y sexualidad. La migración y la frontera han sido cuestiones particularmente destacadas, a través de la obra de varias generaciones de dramaturgos y de productores teatrales siempre en busca de construir nuevas audiencias. En este contexto destaca por su prolífica pluma la dramaturga Cherrie Moraga, autora de obras para teatro como Going up the Ghosts, Circle of Dirt: El Pueblo de East Palo Alto, y Watsonville.

 

Paralelamente a la lucha chicana surgió un movimiento de artistas que desarrolló con belleza y creatividad el arte mural y el cartel. La producción pictórica se manifestó, sobre todo, como actividad de grupo inspirada en los grandes muralistas mexicanos: Orozco, Rivera y Siqueiros. El mural respondió a la necesidad de crear un arte público que fuera visto por la sociedad en general. Los artistas optaron por “tomar los muros” de sus vecindarios y transmitir a través de su arte la lucha chicana. De esta manera transformaron paredes vacías en muros con colores vibrantes, que plasmaban escenas y personajes clave de la historia y la experiencia chicanas. Tres de los muralistas más importantes son Judy Baca, Robert Garcia y Malaquías Montoya (este último con una labor muy destacada en el cartel). California es el estado más representativo en torno a murales aunque en la actualidad se han realizado por todo el país. 

La obra artística chicana ha recibido múltiples reconocimientos. Varios artistas han expuesto sus obras en algunos de los museos y galerías más prestigiosas del país. Entre 1990 y 1993 la exposición itinerante Chicano Art: Resistance and Affirmation 1965-1985 (CARA) recorrió con gran éxito importantes museos de todo Estados Unidos. En 2008 el prestigioso museo LACMA presentó el show Phantom Sightings: Art after the Chicano Movement, en la que participaron más de 30 artistas. Por su parte, en 2013, el Smithsonian patrocinó la conferencia Latino Art Now! Este mismo año Santa Barraza y Carmen Lomas Garza estuvieron incluidas en la exhibición: Women Shaping Texas in the 20th Century en el Bullock State History Museum in Austin, Texas (Texas A&M University), lo cual es importante ya que las artistas chicanas en el pasado han tenido aún más dificultades para exhibir su obra.

En el nuevo milenio la estética del arte chicano ha evolucionado considerablemente. Los artistas chicanos de esta era emplean todo tipo de conceptos, enfoques y técnicas contemporáneas. Algunos artistas expresamente aluden a las raíces indígenas y a cuestiones de migración, cuyos temas son fundamentales en la actualidad. Mientras que otros artistas tienen preocupaciones más universales, como las guerras, el hambre y la justicia social, etcétera.

 

Como consecuencia del movimiento chicano se generó la necesidad de dejar testimonio fílmico de esta intensa lucha social. Para finales de los sesenta surgió una primera generación de cineastas chicanos que salieron a la calle con sus cámaras para convertirse en cronistas del Movimiento Chicano. Desde ese entonces los documentales han sido el género predominante en la cinematografía chicana, por su costo que es más reducido y la posibilidad de retratar cuestiones socioeconómicas y políticas; además, el documental tiene mayores posibilidades de distribución y exhibición que los largometrajes. Es de destacarse que la televisión pública (PBS) ha desarrollado una política ejemplar de promover y exhibir los documentales chicanos

La lista de documentales filmados entre 1965 y 2017 es muy extensa, y abarca, entre otros temas, la lucha política y social (Yo soy Joaquín, 1967; The Lemon Grove Incident, 1980); el resurgimiento cultural chicano (Chicano Park, 1988); la mujer (Agueda Martínez, 1977; Breaking Pan con Sol, 1996; Chicana, 1979), y la migración mexicana a Estados Unidos (Learn and Fear at Hoover Elementary, 1997). En la actualidad el documental chicano está en auge, varias generaciones de realizadores están produciendo constantemente extraordinarios documentales ricos en temáticas, formas y significado. Entre los muchos ejemplos contemporáneos se encuentran: The Storm that Swept Mexico (2011) de Ray Telles, Las Marthas (2014) de Cristina Ibarra y Children of Giant (2015) de Hector Galan.

Desde fines de los setenta se llevaron a cabo esfuerzos pioneros en la filmación de largometrajes. A la obra pionera del cineasta independiente Efraín Gutiérrez se añadieron realizaciones como Raíces de sangre (1976), de Jesús Salvador Treviño, que retrata la lucha laboral conjunta de mexicanos y chicanos, sujetos de la misma explotación por parte de los propietarios de maquiladoras en la frontera. El norte (1984) de Gregory Nava, ocupa un lugar singular en el desarrollo del cine chicano. Esta cinta retrata el drama de la  inmigración guatemalteca hacia Estados Unidos pasando por México, motivada por la violencia (tema que por cierto sigue vigente). El interés de Nava en filmar este tema deriva de sus inquietudes sobre esta cuestión transfronteriza; su esfuerzo fue sumamente pionero pues en ese entonces no se estaba examinando este ángulo de la migración. El tema de la migración ocupa un lugar importante en otras cintas chicanas como Born in East L. A. (Un pícaro en Los Ángeles, 1987) del talentoso Cheech Marin (quien dirigió, produjo, escribió y actuó en esta cinta); el filme hace una sátira genial de las instituciones norteamericanas encargadas del “control de las fronteras” y de sus actitudes hacia chicanos y latinos. En Break of Dawn (Rompe el alba, 1988), con Óscar Chávez y María Rojo como protagonistas, se narra la historia verdadera de Pedro J. González, primer locutor de habla hispana de la radio comercial estadunidense, quien en la década de la Gran Depresión (1930-1940) fue un importante defensor de los derechos de los mexicanos. Por su activismo fue hostilizado y acusado y condenado sin pruebas por las autoridades.

La segunda etapa de los largometrajes comienza en los noventa. Dos generaciones de cineastas llevan a la pantalla temas novedosos y tradicionales a la vez. Edward James Olmos dirige American Me (1992), que trata las pavorosas condiciones que sufren los chicanos en las cárceles, mientras que Gregory Nava con My Family/Mi familia (1995) retoma el tema de la migración a través de la historia de tres generaciones de chicanos en Los Ángeles; y en la cinta Selena (1997) narra la historia de la famosa cantante que se convierte en un icono de la música y cultura chicanas.

El maestro Luis Valdez aportó dos extraordinarios filmes de ficción Zoot Suit (1981) y La Bamba (1987), el primero se ha vuelto en un “filme de culto”, es una cinta aclamada universalmente; el segundo plasma la vida del cantante Ritchie Valens, quien a una temprana edad se posicionaría como incipiente estrella de rock and roll para públicos chicanos y estadunidenses a fines de los 1950.

 

La educación estadunidense, tradicionalmente, ha sido un vehículo para el logro personal y la movilidad social. Sin embargo, para los chicanos las escuelas estadunidenses rara vez proporcionaron la oportunidad de obtener un ascenso social, más bien perpetuaron el statu quo que mantenía al alumnado chicano en su papel tradicional de clase obrera. Las escuelas, además, rechazaron su idioma natal y valores culturales con el fin de la total “aculturación” de los jovenes chicanos.

En este contexto el Movimiento Chicano buscó instaurar cambios profundos en los sistemas y planes de estudio para los chicanos. Una de estas reformas fue el diseño y la implementación de educación bilingüe en todas las ciudades de población extensa de origen mexicano, otro importante tema fue la inclusión de temática chicana en el currículum escolar. El objetivo de la educación bilingüe era dar la oportunidad a los niños y jóvenes inmigrantes de estudiar en español sus materias, en tanto lograban el nivel de competencia en inglés necesario para completar su currículum escolar en ese idioma.

Un segundo afluente de la lucha en el campo educativo ha sido la fundación e integración de los estudios chicanos en la enseñanza en preparatorias y especialmente a nivel universitario. El Plan de Santa Bárbara —documento conceptual y político que se gestó en la Universidad de California en Santa Bárbara— dio las pautas conceptuales para el diseño de estos estudios. Fue en California, en universidades como California State University, Northridge; California State University, Los Ángeles, y San Diego State University, entre otras, en las que se fundaron las primeras facultades de estudios chicanos. Posteriormente, se establecieron estudios chicanos en otras universidades en los estados de Texas, Arizona y Nuevo México.

Un resultado esencial de los frutos de los estudios chicanos se relaciona con las novedosas e importantes obras académicas, que incluyen a las humanidades y a las ciencias sociales. Sus modelos conceptuales abarcan desde enfoques de clase y metodología marxista hasta las más recientes corrientes de posmodernismo y de estudios culturales. A la vez, la producción académica no se ha limitado a libros monográficos sino también incluye una cantidad notable de artículos, ensayos, antologías, reseñas y notas bibliográficas.

Ante la indiferencia y hasta hostilidad por parte de editoriales estadunidenses hacia la publicación de estas obras, académicos y creadores chicanos decidieron tomar una posición activa y fundaron sus propias editoriales y revistas tanto académicas como de difusión general. Entre las editoriales chicanas de mayor importancia están: Arte Público Press, Bilingual Press, Aztlán Publicaciones, y Flor y Canto Publications. Mas paulatinamente las casas editoriales ya establecidas empezaron a publicar obras con temática chicana. Hoy día no existe una editorial académica importante en Estados Unidos que no haya publicado por lo menos un libro acerca de la experiencia chicana —desde Harvard hasta Stanford.

 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la población de ascendencia mexicana en la Unión Americana es el renacimiento cultural en los ámbitos artístico e intelectual, inicialmente inspirado por el Movimiento Chicano. Parte integral de la contienda chicana era recuperar su legado y la expresión que refleja su problemática. Hasta entonces, la cultura dominante despreciaba las expresiones étnicas; a pesar de concebirse como un país de emigrantes, Estados Unidos había fijado patrones culturales y educativos con el fin de imponer un proceso de angloamericanización.

Este florecimiento cultural, parte íntegra de la lucha chicana, ha sido el aspecto del Movimiento Chicano que ha continuado exitosamente hasta la fecha, y nunca ha perdido su mensaje y compromiso político. Este renacimiento ha elevado la cultura chicana a un lugar e importancia primordial dentro de la comunidad, dentro del mainstream norteamericano y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Muchos han sido los obstáculos enfrentados; sin embargo, el balance de su lucha por una expresión escrita y visual de la problemática de la comunidad es sumamente positivo. Es evidente que el florecimiento cultural del pueblo chicano es uno de los acontecimientos artísticos sobresalientes de la era contemporánea en Estados Unidos. Sus extraordinarios logros abarcaron todas las gamas artísticas e intelectuales. En toda la obra se revela un carácter contestatario y un anhelo por el cambio para un mayor bienestar del pueblo chicano. Desde el advenimiento y desarrollo del Movimiento Chicano han surgido varias generaciones de creadores y estudiosos chicanos que en menos de medio siglo han aportado obras y prácticas artísticas que han merecido gran reconocimiento y elogios nacionales e internacionales. Incluso algunas de sus obras, como Zoot Suit, se han convertido en arte culto y lo mejor del todo es que dicho florecimiento continúa con chicanos y chicanas que son creadores emergentes.

Este florecimiento en sí ha contribuido y contribuirá a transformar de forma definitiva el perfil de Estado Unidos hacia un país multiétnico y multicultural, y se encuentran en una lucha feroz que dictamina el alma, la identidad y el ser de Estados Unidos en el futuro inmediato. Aunque, por otro lado, este proceso está plagado de dificultades y ha generado una reacción de parte de los sectores sociales norteamericanos a quienes les gustaría la continuación del predominio de una sociedad blanca, monolingüe y protestante. Sin embargo, existen muchos factores y razones por los que la victoria y los avances de la población chicana y su cultura continúen. En palabras de César Chávez: “Sí se puede y Viva la Raza!”.

 

David R. Maciel
Profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo Mexico.

Este texto se basa en gran medida en cuatro obras panorámicas de la cultura chicana: David R. Maciel, Isidro D. Ortiz María Herrera-Sobek (comps.), Chicano Renaissance. Contemporary Cultural Trends; Francisco Lomelí (ed.), Handbook of Hispanic Cultures in the United States: Literature and Art; Charles Tatum, Chicano Popular Culture; e  Ida Rodríguez Prampolini (comp.), A través de la frontera

Ensayo

Los latinos

A medida que avanza el siglo XXI las personas de ascendencia latinoamericana están aumentando de múltiples maneras, ya sea como parte integral de la fuerza de trabajo y en los mercados de consumo de Estados Unidos; asimismo, están sujetos a cambios más amplios en la sociedad de este país. El término “latino” abarca una amplia gama de personas cuyo dinamismo e importancia son claros, ahora en el presente y hacia el futuro. Por lo demás, el estudio de los latinos comprende elementos sociales, culturales y artísticos cuya comprensión requiere de una atención multifacética. Este breve ensayo contribuye a responder las preguntas sobre ¿quiénes son latinos y cuál es su evolución?, ¿cuáles son sus relaciones con el desarrollo de Estados Unidos?, y ¿cuáles son sus posibilidades futuras? La tesis presentada aquí es que durante las dos primeras décadas del siglo XXI, las unidades socioeconómicas latinas han sido realidades dinámicas que implican el desarrollo de interacciones procesales que evolucionan a partir de las condiciones postindustriales de las Américas.

Provenientes de más de una docena de nacionalidades, los latinos estadunidenses del siglo XXI llegaron a ser socialmente construidos como consecuencia de varias convergencias históricas. Entre ellas se encuentran las civilizaciones ancestrales, los encuentros transoceánicos premodernos, el desarrollo de las economías coloniales, particularmente la competencia entre las economías de exportación de las plantaciones del Caribe, y las interacciones de éstos con una gran modernidad global en evolución. De ahí surgieron los latinoamericanos, que eventualmente engendraron delegaciones “latinas” domiciliadas en Estados Unidos. A través de estas circunstancias históricas y en evolución se encuentran algunos aspectos culturales comunes de América Latina que, sin embargo, no niegan las diferencias entre los grupos latinos y al interior de los mismos.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Actualmente, el término “latino” es de hecho una forma de etiquetar un grupo, en lugar de describir alguna característica particular, es una abstracción sintetizada de algunas abstracciones nacionales. Podría decirse que en Estados Unidos el término “latino” puede ser una etiqueta que sustituye o reemplaza a las designaciones de nacionalidad, una práctica de los periodistas, pero que es de escaso valor para el análisis social. Con frecuencia “latino” puede ser tan sólo una forma empírica de clasificar dos o más grupos latinoamericanos en un modelo estadístico. Aunque la información estadística “latina” es desigual y a menudo data de años, no obstante que se refiere a poblaciones que son reconocidas como cambiantes y móviles. Más razonable y más apropiado desde el punto de vista analítico es que el término “latino” puede referirse a algunos aspectos muy generales de dos o más nacionalidades, o referirse a una síntesis dinámica que específicamente involucra a individuos de varios grupos. Esta síntesis podría decirse que es o puede ser una suma social y económica en evolución, sin embargo, hay que reconocer que la fluorescencia aún está por venir.

En el proceso de convertirse social y culturalmente en “latinos” hay dos hechos importantes de la realidad social. Muchos latinos son discriminados desde el punto de vista económico y social. Además, dentro de Estados Unidos el gobierno ha sido frecuentemente un instrumento importante en las desigualdades y los menosprecios sufridos por muchos latinos hasta el presente; mientras que, en contraste, ciertos grupos latinos han recibido un trato más favorable y se han beneficiado de algunas acciones gubernamentales. El gobierno de Estados Unidos y las actividades económicas cimentadas en este país han generado impactos directos (y drásticos) en la formulación de las circunstancias nacionales de América Latina desde Puerto Rico hasta Chile, favoreciendo a unos y castigando a otros.

Los individuos latinos en Estados Unidos son el resultado de las diásporas surgidas de eventos pasados en América y, a su vez, se han reunido y dispersado de forma única dentro del territorio estadunidense en la época contemporánea. Sin embargo, si bien la conceptualización de “diáspora” en todo el mundo puede ajustarse a las circunstancias históricas de algunos pueblos, incluidas algunas minorías de Estados Unidos, no se ajusta a otras, una de ellas los latinos, por varias razones. Muchos latinos son descendientes de los pueblos indígenas americanos cuyas tierras son sus hogares ancestrales. La tierra natal de varios pueblos mesoamericanos y del Caribe colindan con el territorio estadunidense, y forman parte en sí mismas de las geografías históricas de los indígenas. Algunos latinos entraron en el radio de influencia en expansión de Estados Unidos a través de ocupaciones o conflictos que afectaron a las personas, los recursos y las jurisdicciones.

Hablar de una identidad cultural “latina” es algo prematuro. Lo que sucede en la coyuntura actual es la existencia de identidades “latinas” que son producto de sociedades multifacéticas e internamente complejas. Estas identidades son referencias de una gran variedad de procesos formativos de grupos sociales históricos en lugares y situaciones específicas. En Estados Unidos y en otros lugares los individuos dentro de los grupos sociales tienen a menudo al menos dos “pertenencias”, “etnias” o “minorías”, que son una identidad general y una más específicamente definida. Por ejemplo, estadunidenses versus puertorriqueños, cristianos contra católicos, o los mexicanos, que en su mayoría comparten una cultura generalizada, pero a la vez son notoriamente regionalistas.

Por lo demás, la etiqueta de “minoría” establece una relación numérica, pero a veces es una conceptualización inapropiada, cuando se aplica a los afroamericanos en el sur, a los mexicanos en las zonas fronterizas, a los “latinos” en Nueva York y Los Ángeles, o de muchas geografías específicas.

El hecho es que las cuatro quintas partes de los latinos en Estados Unidos están compuestas por tres grupos: mexicanos, puertorriqueños y cubanos, los cuales son bastante diferentes, pueden tener acciones geopolíticas distintivas y están cambiando. Sin embargo, los grupos de mayor crecimiento son los más recientes provenientes de Centroamérica y el Caribe. Aunque todos los grupos latinos son distintos, en sus configuraciones regionales también pueden variar, por ejemplo, la población latina del sur de California es diferente demográficamente de la del sur de Nueva Jersey, y a su vez de las comunidades latinas del norte de Nuevo México.

 

Los latinos son individuos con ancestros de América Latina, que descienden de un patrimonio histórico transregional específico de las Américas que incluye a poblaciones indígenas y africanas, y que incorpora los idiomas y atributos culturales de habla indígena, española, portuguesa y francesa. Muchos tienen ancestros indígenas y algunos pueden estar formados en idiomas indígenas. Otros tienen una genealogía familiar proveniente de África y Europa. Hoy en día una cuarta parte de la población latina es inmigrante, mientras que la mayoría es nativa de Estados Unidos. Actualmente, en el acelerado siglo XXI, el número de personas de ascendencia latina es de aproximadamente 40 millones, una cifra que se traduce en alrededor del 10% de la población total de Estados Unidos y es al menos igual a la de los afroamericanos. Dicha cifra puede llegar a 50 millones para 2020.

El proceso general y continuo de “ser latino” tiene varios aspectos indicadores. A partir de más de una docena de nacionalidades, tal vez no percibidas como radicalmente diferentes para los que no pertenecen a dichos grupos, los latinos son en sí un grupo diverso, tanto a nivel social como en sus antecedentes históricos, y ciertamente en sus perfiles de clase. No son fácilmente definidos ni por una sola característica ni como consecuencia de un solo evento histórico.

Los latinos están en proceso de convertirse y de definirse a sí mismos en Estados Unidos como un sector social emergente con algunas analogías con otros grupos pan-étnicos del país. En la actualidad, y en los años venideros, los “latinoamericanos” son (y serán) en efecto un fenómeno social multifacético en Estados Unidos, resultado tanto de ocupaciones y diásporas como de procesos históricos y contemporáneos. El surgimiento de “lo latino” es particularmente intenso en los centros urbanos. Son varios los principales componentes sociales en esta creciente población: mexicoamericanos, puertorriqueños, caribeños y centroamericanos, así como latinos de otras latitudes, principalmente de Sudamérica. En conjunto, existe una “América Latina” imaginada que se basa en los fenómenos sociales emergentes, que deben estudiarse de manera analítica a través de especificaciones basadas en modelos empíricos, y con generalizaciones cautelosas, que sean pertinentes para todas las nacionalidades y que incluso no lleguen a excluir a ninguna.

 

La matriz de las vidas sociales, los perfiles demográficos y las actividades económicas latinas emergen en los espacios urbanos. Algunos latinos están empleados como fuerza de trabajo agrícola y muchos viven en pequeñas casas de remolque, pero éstos se ven fuertemente afectados por las fuerzas sociopolíticas de las principales concentraciones urbanas. Siete distritos metropolitanos concentran a la mayoría de la población latina y hay que destacar que las interacciones más importantes se producen en ciudades y complejos urbanos. Lo que es latino hoy en día es un fenómeno abrumador asociado con los empleos, las tecnologías, las poblaciones y los estilos de vida urbanos. Las comunidades latinas privilegian los conglomerados urbanos y a veces revierten las deterioradas realidades de algunas ciudades de los Estados Unidos —aquellas que están casi moribundas desde 1970— a través de la configuración del comercio minorista, la banca, la manufactura y la educación. Las opciones de vida del latino del siglo XXI son opciones de ciudad donde se está gestando un futuro transnacional basado en las nuevas tecnologías y las tolerancias sociales y políticas.

Parte de las complejidades de los latinos se nutren de sus interrelaciones entre sí y de las acciones históricas de los gobiernos tanto de Estados Unidos como de los países latinoamericanos. En otras palabras, el Estado está involucrado en esta transformación de los latinos. Asimismo, en nuestro días, y como parte de múltiples dinámicas, los latinos son participantes internos de la cambiante sociedad de Estados Unidos y, a su vez, los distritos electorales con base en Estados Unidos tienen un impacto en las sociedades nacionales latinas. En esta situación, los gobiernos federal y locales en varias formas han impactado y continuarán afectando a los latinos.

Por lo demás, Estados Unidos ha sido una fuerza que ha incidido en la política interna de los países de América Latina durante más de un siglo. En el siglo XXI, más que nunca, Estados Unidos es una matriz económica y política, cuya dinámica explica de forma singular la cantidad y calidad de los cambios en América. De hecho, las interacciones nacionales e internacionales de los latinos con Estados Unidos son históricas y, presumiblemente, de creciente importancia en el futuro. Claramente, las acciones de liderazgo de Estados Unidos, tanto a nivel mundial como a nivel internacional, contribuyen a dar forma a las economías y atraer poblaciones específicamente móviles, incluidos los inmigrantes. Los latinos de grupos étnicos cada vez más variados domiciliados en Estados Unidos en un momento determinado son parte de la transición de los modos económicos industriales a los postindustriales. En innumerables formas se fomenta y mantienen sus distinciones, pero también se produce la integración a medida que los trabajadores y consumidores latinos actúan dentro de la sociedad estadunidense.

Las influencias contemporáneas basadas en Estados Unidos están llevando a los latinos a una interacción más cercana entre sí como grupos e individuos, y éstos, a su vez, se comunican y tienen impacto en las sociedades locales a través de las Américas. Todos estos intercambios, por cierto, no garantizan por sí mismos la igualdad económica o la democracia participativa. El carácter distintivo del grupo permanece y se adapta, mientras que al mismo tiempo se amplía el radio de las circunstancias compartidas y del pensamiento, pero aun así las diferencias adquieren una importancia creciente en la vida de las personas en Estados Unidos.

 

Las realidades de los latinos desafían tres teorías fáciles y generalizaciones rápidas: 1) Los “nihilistas”, quienes reciclan estadísticas gubernamentales, algunas seleccionadas para estar seguros que pueden argumentar que los latinos están confinados en situaciones negativas. Aunque podría ser encomiable su premisa, en su mayor parte estos “teóricos” no simpatizan con los desfavorecidos, sino que sólo promocionan reformas liberales simplistas, es decir, el otorgar servicios mínimos o donaciones en lugar de poner en práctica nuevas políticas públicas. 2) Según algunos observadores de estudios étnicos liberales, los latinos a menudo son representados como víctimas y sujetos en general al sufrimiento, particularmente las mujeres; la solución recomendada es dejar de ser latino. Aquí, las mujeres latinas a menudo son consideradas como objetos pasivos sujetos al abuso aunque, o de hecho, los cambios sociales entre las latinas han sido claves para el progreso que se ha producido. En realidad, las mujeres latinas difieren notablemente de los estereotipos asignados a ellas por intelectuales liberales. 3) Con demasiada frecuencia los escritores conservadores ven a los latinos, ya sean hombres o mujeres, como generalmente homogéneos, invariables y posiblemente subversivos socialmente como grupo para Estados Unidos. Estas afirmaciones erróneas no son más que una cortina de humo para una imaginaria “solución final” de carácter conservador.

Sin embargo, las realidades son completamente opuestas a estas tres opiniones aquí comentadas. Hoy en día comprendemos mejor que todos los latinoamericanos en múltiples sitios forman parte de sociedades multifacéticas que interactúan con sociedades en dos subcontinentes, generando tendencias centrífugas y centrípetas que serán determinantes en el futuro. Estas sociedades que tienen sinergias tanto indígenas como cosmopolitas, así como impulsos socioeconómicos, pueden orientarse hacia el futuro.

En y alrededor del fin del siglo XX, y en el siglo XXI, las presencias latinas y su diversidad en Estados Unidos son el resultado de un complejo conjunto de consecuencias internacionales y domésticas tanto económicas como políticas, que se han dado poco a poco a lo largo de cien años y de varias generaciones. Sin duda  están  presentes retos como las brechas entre las grandes riquezas y el resto de la población  —la cual se han ampliado en los últimos años— así como los movimientos políticos y sociales conservadores que han aumentado dramáticamente. Pero, en contraste, los latinos se encuentran dentro de los centros de las principales transformaciones nacionales de Estados Unidos —no en los márgenes— y para ellos la ética del trabajo, las necesidades de supervivencia y las realidades de la reactivación en Estados Unidos los impulsan. Así es que los cambios positivos significativos para los latinos pueden continuar con algo de impulso, aun cuando las estadísticas continúan enumerando grandes retos en las escuelas, las adquisiciones de vivienda y los salarios. En fin, de no menor importancia es la de descartar los puntos de vista parciales o anticuados centrados en que los latinos son negativos para la sociedad de Estados Unidos en su conjunto. El conocer a los latinos en Estados Unidos tal como son es más que una gran prioridad social y económica para las Américas.

 

Juan Gómez-Quiñones
Historiador. Profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

Ensayo

La integración de los mexicoamericanos

Los sociólogos, los creadores de las políticas públicas y el público en general buscan entender cómo los inmigrantes y sus descendientes formarán parte de la sociedad estadunidense, y para ello comparan sus experiencias con las de los inmigrantes europeos en términos de su proceso de integración ocurrido hace un siglo o más. Los mexicanos —quienes representan el grupo poblacional más grande y amplio de inmigrantes en Estados Unidos— no son la excepción, se espera que sus descendientes se integren o se “asimilen” como aquellos inmigrantes europeos de siglos atrás. La experiencia europea-americana de incorporación es usualmente descrita utilizando un marco referencial de “asimilación,” donde los inmigrantes o sus descendientes eventualmente se convierten en una parte indistinguible de la sociedad dominante (Alba y Nee, 2003; Kasinitz et al., 2008). Las experiencias de los europeos —en su mayoría poco calificados en el siglo XIX y principios del XX— se ajustan precisamente al modelo de asimilación aceptado. Sin embargo, un número cada vez mayor de sociólogos argumentan que esto no puede ser siempre beneficioso para los inmigrantes en la segunda mitad del siglo XX, que no son homogéneos y encuentran circunstancias y condiciones distintas cuando llegan a Estados Unidos (Portes y Rumbaut, 2001). Los inmigrantes de hoy son en su mayoría de América Latina y Asia, tienen habilidades variadas y antecedentes educativos distintos, y muchos trabajan en mercados laborales que ofrecen menos oportunidades que antes. La experiencia de los inmigrantes actuales en la sociedad estadunidense, en otras palabras, es más variada e incierta de la que los modelos antiguos se podían permitir.

Para complicar aún más esta problemática, los expertos como el politólogo Samuel Huntington han argumentado que algunos inmigrantes nuevos no pueden asimilarse a la cultura norteamericana, y que son una amenaza para la unidad nacional estadunidense. Donald Trump presentó argumentos similares sobre el deficiente carácter moral de los inmigrantes mexicanos. Afirmaciones parecidas acerca del proceso de asimilación a menudo implican preocupaciones culturales, económicas y políticas sobre los nuevos inmigrantes, que incidentalmente fueron semejantes a las planteadas durante los ciclos anteriores de inmigración. En cualquier caso, un examen cuidadoso de la evidencia es importante para diseñar políticas adecuadas de inmigración y de incorporación de los inmigrantes.

Para examinar el rango y la complejidad del proceso de incorporación contemporáneo los mexicoamericanos, con su historia, su tamaño (dimensión poblacional) y su diversidad, constituyen un grupo único e importante. Sus múltiples generaciones, la variación en sus antecedentes de clase, los tipos de ciudades y los vecindarios donde crecieron, así como su apariencia racial revelan mucho acerca de los diversos patrones de incorporación de los inmigrantes en la sociedad estadunidense actual. A diferencia del estudio de la mayoría de los otros grupos no europeos, el estudio de los mexicoamericanos permite a los analistas examinar los resultados sociológicos en los adultos de tercera y cuarta generaciones desde la inmigración.

Ilustraciones: Patricio Betteo

 

Conforme a los datos de la Oficina del Censo del gobierno de Estados Unidos, más de 30 millones de personas de origen mexicano viven actualmente en este país, y 13 millones de ellos son inmigrantes. Los mexicanos conforman el grupo mayoritario de inmigrantes en Estados Unidos (28%) así que lo que ocurra con ellos y con sus descendientes refleja en gran medida lo que sucede en nuestros días con el resto de los inmigrantes.

Por otro lado, los mexicanos han estado “llegando a América” por más de 150 años (mucho antes de que lo hicieran los norteamericanos), y por lo tanto hay varias generaciones de mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos que pueden ser estudiadas. Irónicamente, los analistas han ignorado el hecho de que la inmigración mexicana es parte del antiguo o clásico periodo de la inmigración —vista primordialmente como inmigración europea— así como de la nueva inmigración. Cada una de estas generaciones, cada vez más alejada de la experiencia inmigrante de primera generación, nos permite entender la incorporación.

Primero debemos empezar con los aproximadamente 100 mil mexicanos que se convirtieron en norteamericanos de forma instantánea después de la anexión de casi la mitad del territorio que alguna vez perteneció a México. A lo largo del siglo XIX los mexicanos estuvieron distribuidos en todas las clases sociales, incluyendo las elites de terratenientes, pero hacia fines del siglo los mexicanos fueron homogeneizados y “racializados”, confinados casi al fondo de la estructura laboral y segregados en barrios urbanos. Los mexicanos, independientemente de su nivel social anterior, eran percibidos como un impedimento al progreso y al desarrollo de las nuevas comunidades. En el siglo XX la inmigración proveniente de México ha sido continua con un primer pico que se dio desde 1910 hasta 1930, y con un segundo al inicio de los 1980 y que continuó hasta los primeros años del siglo XXI.

El tema de la raza también ha sido importante para la experiencia mexicoamericana a lo largo de la historia. Estados Unidos basó su conquista del territorio anteriormente mexicano (el actual suroeste de Estados Unidos) en las ideas del destino manifiesto y de la inferioridad racial de los habitantes mestizos de la zona. A lo largo del siglo XIX y principios del XX el razonamiento basado en la raza se usó a menudo para segregar y limitar la movilidad de los mexicoamericanos. Por ejemplo, el sistema Jim Crow de segregación racial de principios del siglo XX se extendió al este y al centro de Texas, incluido San Antonio, que se encontraba al margen del sur de Estados Unidos. Los mexicanos no necesariamente fueron tratados como afroamericanos, sino que experimentaron una “racialización” usualmente intermedia  y desigual, que a menudo dependía del periodo y el lugar en particular.

Antes del Movimiento Chicano por los derechos civiles los líderes mexicoamericanos enfatizaron estratégicamente sus raíces españolas y buscaron un estatus blanco para el grupo para disminuir su estigma racial. Estos líderes asociaron la blancura con el objetivo de lograr la asimilación de la clase media, ya que vieron que esto había sido posible para grupos como los europeos del centro y del sur, que no eran totalmente blancos. Sin embargo, los mexicoamericanos no se posicionaron con éxito en la “vía blanca”. La segregación al estilo Jim Crow persistió hasta la década de los sesenta, cuando surgió el Movimiento Chicano entre los jóvenes mexicoamericanos en respuesta a la discriminación en la educación y otros espacios. El movimiento se opuso a la discriminación racial y a la exclusión y recurrió a símbolos de la colonización histórica para alentar el orgullo étnico y racial.

Sólo unos pocos mexicoamericanos pueden rastrear su ascendencia en el suroeste de Estados Unidos antes del año 1848, cuando esta zona era parte de México, pero esta experiencia le dio sustento a la población en su conjunto. La historia de colonización y la posterior inmigración, la persistencia de la estigmatización racial por parte de la sociedad estadunidense, y las características demográficas de la migración y del asentamiento mexicano en territorio norteamericano hacen que el caso mexicoamericano sea único.

 

En 1993 nos encontramos con varias cajas polvorientas que contenían los cuestionarios para una encuesta representativa de mexicoamericanos en Los Ángeles y San Antonio en 1965, conocida como el Mexican American Study Project (MASP). Creíamos que una encuesta de seguimiento de quienes la respondieron y de sus hijos proporcionaría una comprensión poco frecuente, pero muy necesaria, de las experiencias de incorporación intergeneracional de la población mexicoamericana. Por lo tanto, iniciamos una encuesta de seguimiento de 35 años a la encuesta original del proyecto MASP, que se convirtió en MASP Wave I. Entrevistamos con éxito a 684 de los encuestados supervivientes y a 758 de sus hijos en las cercanías del año 2000. Nuestro estudio completo fue publicado en 2008 (Telles y Ortiz, 2008) bajo el título Generations of Exclusion: Mexican Americans, Assimilation and Race.

Los encuestados originales se dividieron equitativamente en tres generaciones: inmigrantes (primera generación), hijos de inmigrantes (segunda) y nietos de inmigrantes (tercera). Usando las respuestas del año 2000 examinamos el cambio en estas cuatro generaciones con respecto a la educación, el estatus socioeconómico, el idioma, el matrimonio mixto, la segregación residencial, la identidad y la participación política.

Encontramos que los mexicoamericanos experimentaron un patrón diverso de incorporación a fines del siglo XX. Esto incluyó la asimilación rápida en algunas dimensiones, una asimilación más lenta e incluso la persistencia étnica en otras; así como una desventaja socioeconómica persistente a través de las generaciones.

En términos de hablar inglés y desarrollar identidades estadunidenses fuertes, estos mexicoamericanos generalmente exhiben una asimilación rápida y completa en la segunda generación. Por lo demás, muestran tasas más lentas de asimilación en la religión, los matrimonios mixtos y la integración residencial, aunque hay patrones que pueden indicar una persistencia étnica sustancial. Por ejemplo, 36% de la cuarta generación continúa hablando español con fluidez (aunque sólo 11% puede leer español), y 55% siente que su origen étnico es muy importante (aunque a menudo también sienten que “ser estadunidense” es muy importante para ellos). La fluidez en español claramente se erosiona en cada generación, aunque lentamente.

Los resultados en educación y el estatus socioeconómico muestran una asimilación menor. La escolaridad mejora rápidamente en la segunda generación comparada con la primera, pero hay una brecha educacional significativa comparada con los blancos no-hispanos que permanece hasta la tercera generación y se extiende hasta la cuarta y la quinta generaciones entre los mexicoamericanos. (Este resultado contrasta con lo sucedido con los inmigrantes europeos del siglo previo, quienes experimentaron una asimilación educativa completa en la tercera generación.) Aunque hemos visto que las condiciones de los mexicoamericanos han mejorado para el año 2000 si lo comparamos con lo vivido por sus padres hacia el año 1965, la brecha educacional y el estatus socioeconómico con respecto a los blancos no hispanos persiste independientemente de la cantidad de generaciones que hayan vivido en Estados Unidos. El Censo de Estados Unidos del 2000 mostró que entre los mexicoamericanos de 35 a 54 años de edad sólo 74% había completado la preparatoria comparado con el 90% de los blancos no hispanos, 84% de los negros y 95% de los asiáticos.

La gráfica ilustra las trayectorias contrastantes de la incorporación de los mexicoamericanos en términos de la retención del idioma español y de la educación. Si bien vemos un gran aumento en la educación entre los inmigrantes y sus hijos de segunda generación, hay un ligero descenso en la educación en la tercera y cuarta generaciones. Esta gráfica también revela una tendencia lineal lenta hacia el monolingüismo (en inglés). En otras palabras, la asimilación educativa sigue siendo elusiva, pero la asimilación lingüística completa —o la pérdida del bilingüismo en español— se alcanza hasta la quinta generación (ver gráfica).

Nuestra evidencia es consistente con la de otros estudios que utilizan varias fuentes y bases de datos, incluido nuestro propio análisis de una encuesta nacional de adultos jóvenes (National Educational Longitudinal Surveys, 1988) que publicamos en 2017 (Ortiz y Telles, 2017). En la tabla presentamos una medida que combina educación, asistencia a la escuela y trabajo. Nuestro hallazgo más notable es que la segunda y tercera generaciones de mexicoamericanos y de afroamericanos están estudiando en mayor medida que los blancos. Mostramos que pocos de los encuestados se encuentran en la categoría de inactivo, que significa que no han terminado la universidad, no asisten a la escuela y no trabajan a tiempo completo. El grupo más exitoso son los blancos, ya que más de un tercio son graduados universitarios en comparación con 15% de la tercera generación y 14% de la segunda generación de los mexicoamericanos (los afroamericanos se ubican a la mitad de la tabla, entre los blancos y los mexicoamericanos con 22%). Entre todos los grupos el porcentaje más alto está en la categoría trabajando (esto es, que laboran de tiempo completo pero que no han obtenido un título universitario y no están en la escuela), aproximadamente la mitad de los mexicoamericanos están en esta categoría. En general, esta detallada información muestra que los blancos son el grupo más aventajado, ya que es probable que tengan un título universitario. Los mexicoamericanos y los afroamericanos están en desventaja porque no tienen un título universitario; sin embargo, observamos un esfuerzo considerable de su parte para permanecer en la escuela (ver tabla).

La conclusión de este estudio es que prácticamente no hay progreso generacional entre la segunda y la tercera generaciones en una amplia gama de indicadores socioeconómicos, confirmando aún más la brecha educativa entre los mexicoamericanos y los europeos  americanos en términos de asimilación. Parece que la tercera generación de mexicoamericanos ha llegado al tope de su movilidad socioeconómica con respecto al resto de los grupos en Estados Unidos.

 

Un alto porcentaje de los mexicoamericanos en el MASP reclaman una identidad racial no blanca. Incluso en la tercera o cuarta generación, la mayoría se ven a sí mismos como no blancos y creen que son estereotipados debido a su ascendencia. Casi la mitad reporta incidentes personales de discriminación racial. La raza sigue siendo importante para ellos, y ser mexicano sigue siendo una categoría similar a la raza en la imaginación popular en gran parte del suroeste. Además, el estatus de indocumentado existente en la inmigración mexicana junto con grandes dosis de antimexicanismo pueden estigmatizar a todos los miembros del grupo, ya sean inmigrantes o nacidos en Estados Unidos.

Quizás debido a la centralidad de la inmigración para la economía y las políticas sociales relacionadas con la incorporación de inmigrantes, los acalorados debates de inmigración de hoy en día se centran en si los descendientes de inmigrantes se asimilarán o no en términos de escolaridad y del mercado de trabajo. Al enmarcar los debates sobre la incorporación de inmigrantes simplemente en estos términos hemos descuidado otras dimensiones de ese proceso. El caso mexicoamericano demuestra claramente la naturaleza multifacética de la experiencia de incorporación. Además, tiene claras implicaciones sobre cómo los estadunidenses —académicos, tomadores de decisiones, así como también público en general— piensan acerca de la incorporación de nuevas generaciones de inmigrantes a la sociedad. Por ejemplo, existe una tendencia a exagerar la consistencia de la asimilación en todas sus dimensiones. Pero al examinar la heterogénea población mexicoamericana hemos demostrado que la incorporación en una dimensión particular puede afectar directamente otras, y con ello la velocidad y la dirección de estas dimensiones pueden variar de maneras inesperadas.

Finalmente, muchos estudios previos de incorporación han enfatizado un núcleo principal al cual los inmigrantes y sus descendientes se asimilan. El caso de los mexicoamericanos nos recuerda la importancia de un núcleo étnico de larga data que ha sido un contrapeso a la fuerza de la asimilación en muchas áreas urbanas del suroeste. Dicho núcleo crea un espacio étnico para los mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos que es una alternativa a la asimilación total y a los modelos para cómo los mexicoamericanos se incorporarían a la sociedad estadunidense, incluyendo ocupaciones aceptables o posiciones de clase, así como estilos culturales y modelos de acción política.

A los estadunidenses les gusta repetir la narrativa de la asimilación y el éxito de los inmigrantes, pero esa historia no describe la experiencia de muchos de los inmigrantes de hoy. Peor aún, insistir en la narrativa de la asimilación como la historia de todos los inmigrantes ignora la necesidad de políticas que aborden sus necesidades y situaciones específicas. El no hacerlo —producto de un cierto optimismo histórico— limita la puesta en práctica de políticas educativas acordes con las necesidades de la economía de Estados Unidos que requiere crecientemente de una fuerza de trabajo y de una población educada, con empleo e integrada para mantener sus ventajas a nivel internacional. Tal vez la lección básica e importante de la experiencia de incorporación de los mexicoamericanos es el peligro de tratar de entender a todos los inmigrantes con un único modelo hecho para todos.

Referencias

Alba, Richard y Victor Nee, Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration, Harvard University Press, 2003.

Kasinitz, Philip, John Mollenkopf, Mary C. Waters y Jennifer Holdaway, Inheriting the City: Children of Immigrants Come of Age, Russell Sage Foundation Press, 2008.

Ortiz, Vilma y Edward Telles, “Third Generation Disadvantage among Mexican Americans”, Sociology of Race and Ethnicity 3(3), octubre, 2017.

Portes, Alejandro y Ruben Rumbaut, Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation, University of California Press, 2001.

Telles, Edward E. y Vilma Ortiz, Generations of Exclusion: Mexican Americans, Assimilation, and Race, Russell Sage Foundation Press, New York, 2008. (Versión en español: Generaciones excluidas: mexicanos-estadounidenses, asimilación y raza, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), número 4 en la Contemporary Classics Collection, Madrid.

 

Edward Telles
Sociólogo. Profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de California, Santa Bárbara.

Vilma Ortiz
Profesora de sociología en la Universidad de California, Los Angeles.

Ensayo

Los estudios chicanos en el siglo XXI

Actualmente no contamos con una historia completa de la disciplina de los estudios chicanos.1 Para comprender esta historia es necesario comenzar con el Movimiento Chicano de las décadas de 1960 y 1970, cuando activistas chicanos se enfocaron en reformas a la enseñanza y en la justicia social (Rosen, 1974; Gómez-Quiñones y Vásquez, 2014).

En 1968 un sentido de urgencia estalló en la opinión pública cuando los estudiantes mexicoamericanos tomaron el asunto de la educación en sus propias manos. Mostrando su impaciencia con las formas convencionales de reformas educativas, llevaron a cabo boicots y manifestaciones. Tan sólo en Texas, durante un periodo de dos años, las manifestaciones se extendieron a las ciudades de Uvalde, Crystal City, Edcouch-Elsa, Kingsville, Alpine, San Antonio, Sierra Blanca, Lubbock, Abilene, y San Marcos. En Denver, Chicago y Albuquerque los estudiantes también organizaron manifestaciones y demostraciones públicas. Pero las protestas iniciales y de mayor envergadura ocurrieron en Los Ángeles. En marzo de 1968 aproximadamente 12 mil estudiantes de cinco escuelas de educación media de mayoría mexicoamericana convocaron a un boicot. Sus demandas sumaban 36 puntos que cubrían una gran variedad gran de temas (Weinberg, 1998, p. 171).

Entre estas demandas se incluían la instrucción bilingüe y la enseñanza de la historia y cultura chicanas. En términos generales, y como reflejo de los esfuerzos de los miembros de la comunidad chicana interesados en estas reformas educativas, debemos contextualizar a los estudios chicanos en las escuelas de educación media, media superior y en las universidades como una de varias estrategias promovidas por distintas comunidades chicanas y como un esfuerzo del movimiento por mejorar la educación de las chicanas y los chicanos. De tal suerte que para comprender los estudios chicanos es necesario vincular los esfuerzos por reformar la educación en estos tres niveles (Santa Ana y González de Bustamante, 2012; Sandoval, et al., 2016).

Por mucho tiempo las historias sobre este campo de estudio no estaban compiladas en libros. Sin embargo, ya en este milenio se han publicado dos libros importantes sobre estudios chicanos, ambos se centraron en los orígenes y desarrollo de este campo de conocimiento en sus primeros 45 años de existencia. El libro de Michael Soldatenko, Chicano Studies: The Genesis of a Discipline (University of Arizona Press), publicado en 2009, fue promocionado en su portada como “la primera historia de la disciplina”, y se presentó primordialmente como una historia intelectual o epistemológica, aunque existen algunas preocupaciones sobre qué tan completa es la obra y sobre su marco epistemológico. El segundo libro, la obra de Rudy Acuña, The Making of Chicana/o Studies: In the Trenches of Academe (Rutgers University Press, 2011) tiene especial énfasis en los contextos sociopolíticos e institucionales de la disciplina de los estudios chicanos, así como en los programas específicos de las universidades de todo Estados Unidos. La obra se centra en el programa más grande de estudios chicanos: el de la Universidad Estatal de California en Northridge (CSU-Northridge), campus de origen de Acuña, como un ejemplo del desarrollo institucional de este tipo de investigaciones. La larga trayectoria de Acuña en el campo, su estatus como profesor emérito, lo prolífico de su pluma, su formación como historiador y su continua participación en el programa de estudios chicanos de  CSU-Northridge son testimonios valiosos de la historia de la disciplina, más allá de la investigación complementaria efectuada para la realización del libro. Su libro es una mirada de primera mano de las historias narradas.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Para comprender de manera más completa la “vida turbulenta” de los estudios chicanos es necesario observar los cambios en sus primeros 50 años, los cuales son visibles en el incremento en el alumnado,2 en los planes de estudio (véase el Chicano Coordinating Council on Higher Education, 1969), en el establecimiento de cursos y programas de grado académico, y en la diversificación de las facultades de estudios chicanos en los centros de educación superior.3 Además, necesitamos mantener en conjunto las epistemologías4 e infraestructuras institucionales de los estudios chicanos; sus continuidades, sus transformaciones, su responsabilidad con sus propósitos originales de autoconocimiento, así como sus  relaciones orgánicas con la comunidad y su compromiso con la transformación de la justicia social (por ejemplo, el Chicano Coordinating Council on Higher Education, 1969).  Recientemente, hemos visto el surgimiento de una investigación “de evaluación” que respalda los beneficios y la eficacia de los estudios chicanos y de otros programas similares, incluyendo conceptualizaciones positivas de los propios alumnos chicanos,5 un incremento en la matrícula de los estudiantes pertenecientes a la raza, la mejora en los logros académicos de este campo de estudio, y en la admisión de los institutos de educación superior, así como la retención, culminación de estudios y graduación de sus alumnos (Rochin, 1973; Sleeter, 2011; Cabrera et al., 2014; Dee y Penner, 2016; California State University Task Force on the Advancement of Ethnic Studies, 2016).

También necesitamos contar con un panorama general de las distintas experiencias y de las complejidades de las intenciones, estrategias, objetivos y de los logros y fracasos de distintas instituciones, y en menor medida, de las tensiones y contradicciones institucionales. La pregunta a responder en el presente ensayo es: ¿cuál es la presencia institucional de los estudios chicanos en las universidades en el siglo XXI? (concentrándose principalmente en la educación superior).

 

La producción de conocimiento sobre los chicanos en los últimos años ha sido dramática, pero dista de ser consistente y comprensiva. Los estudios chicanos se enfrentan al hecho de ser caracterizados o epistemológicamente clasificados por la academia estadunidense de diferentes maneras. Es común que se les clasifique como parte de los estudios étnicos, aunque este punto de vista significa que se da prioridad a la raza sobre otras ideas más amplias o constructos de clase, cultura o género (véase Hu-DeHart, 1995). O también son considerados como estudios “interdisciplinarios”, reforzando la visión epistemológica eurocentrista de las ciencias sociales, humanidades y de los estudios profesionales. Incluso, la academia norteamericana sugiere que los estudios chicanos pertenecen a los estudios de Estados Unidos (llamados “American Studies”), clasificación que privilegia a la “civilización occidental” y la define alrededor de un solo Estado-nación, Estados Unidos, normalizando los paradigmas anglosajones, caucásicos y protestantes al referirse a otros campos de estudio como “estudios de minorías” o “estudios sobre identidad”.

Una clasificación más apropiada en la organización epistemológica (tanto curricular como disciplinaria) de las universidades es el reconocer a los estudios chicanos como parte de un conjunto de disciplinas que podríamos nombrar como “estudios de la gente”, reconociendo el valor del autoconocimiento.6 Sin embargo, los estudios chicanos pueden ser considerados como lo suficientemente diferentes como para ser una suerte de “irritante” epistemológico e institucional en la academia tradicional, atrayendo resistencia, hostilidades y confusiones entre quienes dirigen escuelas y universidades.

Durante estos primeros 50 años de estudios chicanos se ha desarrollado una epistemología emergente que puede ser descrita como un campo de estudio que generalmente trata tres grandes preguntas a resolverse a nivel de descripción, interpretación y explicación, a través del tiempo (historia), espacio (y lugares), y poder: ¿quiénes somos como chicanos y como comunidades?, ¿cuál es las situación y condición de nuestras comunidades?, ¿qué hacemos al respecto?, ¿cómo lo hacemos? Estas preguntas se pueden distinguir entre sí, pero a la vez están íntimamente relacionadas.

En el campo de las “grandes ideas” los estudios chicanos comenzaron por abordar las preocupaciones sobre “raza”, “clase” y “cultura”, utilizando teorías que atendían el significado de estas grandes ideas (por ejemplo, el colonialismo interno). Estas grandes ideas fueron las corrientes dominantes hasta la década de los 1990. Fue entonces que las grandes ideas cambiaron a “raza”, “clase” y “género/sexualidades” y se han mantenido hasta la fecha. Estas dimensiones de la disciplina y su producción académica resultaron en: 1) la crítica a la visión de la academia blanca y anglosajona sobre los chicanos, que era estereotípica e ideológicamente sesgada (algunos argumentan que aún lo es) (Vaca, 1970); 2) el análisis de nuestras condiciones y situaciones materiales subordinadas (particularmente el racismo, el clasismo y el patriarcado); 3) las luchas de poder de los chicanos dentro de la academia para estar presentes, ocupar espacios y poder hablar desde una perspectiva propia (Ornelas, Ramírez y Padilla, 1975). La integración de estos cuatro constructos principales (raza, clase, cultura y género/sexualidades) en el marco analítico o en la epistemología de los estudios chicanos transitó con el paso del tiempo de tener un uso individual —como una ventana aislada en la producción académica— a emplearlo en una forma secuencial y de manera más crítica, comprensiva, y única, usando las cuatro grandes ideas como elementos necesarios para la investigación y la enseñanza.

Además, los estudios chicanos buscan ser análisis holísticos en lugar de aislados o fragmentarios. Dichos estudios deben ser contextualizados, historiarse y politizarse (incluyendo el análisis del poder); también tienen que ser dinámicos en lugar de estáticos e incluir continuidades, creaciones y cambios. Este campo de estudios es inclusivo, comparativo y fundamentado, y, por último, busca que el conocimiento aplicado a la justicia social y al cambio y debe mantenerse actualizado, a medida que se modifiquen las condiciones materiales de las comunidades chicanas y del mundo.

 

La lucha por la legitimidad también implicó una lucha por el reconocimiento y la aceptación de este discurso académico chicano en las escuelas, las universidades y en la sociedad dominante controlada por los blancos. Este objetivo tuvo cierto éxito en el establecimiento de cursos sobre estudios chicanos, programas académicos y centros y departamentos de estudios7 (Chicano Coordinating Council on Higher Education, 1969; Rochin, 1973). Desde el punto de vista de su infraestructura, la mayoría de las instituciones que establecieron programas académicos en el campo de los estudios chicanos lo hicieron entre 1965 y 1975, principalmente a nivel de posgrado, comenzando con cursos, después con programas académicos de maestría y doctorado, y también con unidades administrativas en donde se albergaban estos programas. Una encuesta realizada en 1972 por el College Board para evaluar esta presencia apunta que “de acuerdo con los 153 encuestados por el College Board, pertenecientes a 189 universidades del suroeste [de Estados Unidos], en el 85% de las universidades ubicadas en condados con grandes concentraciones de chicanos, se ofrecían cursos en programas de Estudios Chicanos” (Rochin, 1973, p.885).

El nacimiento de estos programas y unidades académicas no estuvo exento de resistencia. La política que envuelve a la epistemología fue evidente en el tipo de nombramiento que se les dio. Por ejemplo, las primeras propuestas para los programas de estudios chicanos en el sistema de la Universidad Estatal de California negó el nombramiento a los departamentos en los que se veían nombres “politizados” por el uso del término “chicano”, y en su lugar se aceptó la denominación más políticamente correcta, si no moderada, de “Estudios Mexicoamericanos”.8 Al respecto, Rochin reportó, en su propia encuesta realizada a 29 instituciones con programas de estudios chicanos en 1972, que “de los 18 directores [de 29 encuestados] que respondieron a la encuesta, exactamente la mitad llamaron a su programa ‘estudios chicanos’. Los otros encuestados señalaron diferentes nombres para sus programas” (Rochin, 1973, p. 886).

Hubo un segundo impulso al crecimiento en la década de 1990 de nuevos programas y la expansión de los ya existentes, que respondían al activismo de los grupos estudiantiles y de la comunidad, también hubo cambios en los programas de posgrado. Tanto el activismo dentro de las universidades como fuera de ellas, así como la expansión de los programas académicos, continuó en el siglo XXI con un énfasis en aumentar los recursos, el establecimiento de departamentos y el desarrollo de programas universitarios de estudios chicanos. El crecimiento más significativo es el establecimiento de cerca de una docena de programas de doctorado en estudios chicanos, a partir de 2004. En fin, desde el comienzo del nuevo milenio hay más centros y unidades administrativas dedicadas a los estudios chicanos de las que había en 1972. En su Directory of Chican@, Latina/o, and Latin American Studies Program, Research, and Policy Centers (2005), la National Association for Chicana and Chicano Studies estimó que existían 400 programas en Estados Unidos y en el extranjero (Blackmer Reyes, 2005).9 Acuña (2011) incluyó una lista de 132 programas de estudios chicanos en 127 instituciones a lo largo de 28 estados (13 más que en 2002) en todo Estados Unidos. Esta lista señala 43 programas catalogados como “Estudios Chicanos”, 12 como “Estudios Chicanos/Latinos”, 41 como “Latino Studies” (en donde también se les llama “Estudios Latinoamericanos”), 30 programas de “Estudios Étnicos”, y otros seis llamados de distintas maneras.

 

La importante decisión de la corte federal estadunidense en el caso Arizona Studies, dictada el 22 de agosto de 2017, dictaminó que la legislación estatal de Arizona que iba en contra de los estudios étnicos y era aplicada de manera selectiva en perjuicio de los “estudios de la raza” en el Distrito Escolar Unificado de Tucson, fue motivada por ánimos antimexicanos (Gonzales vs. Douglas). Por cierto que las escuelas públicas de California y Texas respondieron a la prohibición del gobierno estatal de Arizona de los estudios y de los libros sobre estudios chicanos expandiendo sus programas en sus escuelas públicas (Díaz, 2017). Varios de sus distritos escolares han adoptado una modalidad de estudios étnicos como requisito para la graduación de estudiantes, otros distritos escolares han creado una materia electiva de estudios étnicos en sus planes de estudio. Mientras que la sede en Texas de la Asociación Nacional de Estudiantes Chican@s inició una campaña en 2015 para establecer estudios mexicoamericanos en 100 distritos escolares en el estado, y se han enfrentado con la Junta de Educación del Estado de Texas en torno al contenido y a la  adopción de un libro de texto de historia chicana (Zamora, 2017). Además, en 2015, la legislatura de Texas aprobó una resolución “declarando el 1 de mayo de 2015 el Día de los Estudios Mexicoamericanos” (Planas, 2015).

 

¿Cómo les irá a los estudios chicanos en el futuro inmediato? ¿Cómo direccionaremos los estudios chicanos para navegar con éxito y sobrevivir en estos tiempos? Me parece que no podemos responder estas preguntas sin reconocer la importancia de nuestros esfuerzos (chicanidad), declarar nuestro “espacio”, “presencia” y “visibilidad” (Aztlán), y expresar nuestras “voces” (El Grito), en solidaridad y lucha, desde las torres de marfil y el descampado social, para responder quiénes somos, y para poder cambiar las condiciones materiales negativas y las relaciones de grupos de nuestras comunidades con el mundo, al menos en parte, a través de los estudios chicanos.

Bibliografía

Acuña, Rodolfo, The Making of Chicana/o Studies: In the Trenches of Academe, Piscataway, NJ, Rutgers University Press, 2011.

Blackmer Reyes, Kathy (ed.), Directory of Chicana/o, Latina/o, and Latin American Studies Program, Research and Policy Centers. San José, CA, 2005. NACCS. URL: https://bit.ly/2zEC3ay. Consultado el 13 de noviembre de 2017.

Cabrera, Nolan, Jeffrey Milem, Ozan Jaquette y Ronald Marx, “Missing the (Student Achievement) Forest for All the (Political) Trees: Empiricism and the Mexican American Studies Controversy in Tucson”, American Educational Research Journal, 51:6, 1084-1118, 2014. DOI: 10.3102/0002831214553705

California State University Task Force on the Advancement of Ethnic Studies. Report of the California State University Task Force on the Advancement of Ethnic Studies, CSU Chancellor’s Office, 2016. URL: https://bit.ly/2OXw0TQ

Chicano Coordinating Council on Higher Education. 1969, El Plan de Santa Bárbara, Chicano Master Plan for Higher Education, Santa Bárbara, CA, La Causa Publications.

Dee, Thomas y Emily Penner, The Causal Effects of Cultural Relevance: Evidence from an Ethnic Studies Currículo, Palo Alto, CA, Stanford Center for Educational Policy Análisis, 2016.

Díaz, Tony, The Race to MAS: Mexican American Studies for 100 TX School Districts, 2017. Blog 02/18/2015; actualizado el 18 de abril  de 2015. URL: https://bit.ly/2DElnUx

Gómez-Quiñones, Juan e Irene Vásquez, Making Aztlán: Ideology and Culture of the Chicana and Chicano Movement, 1966-1977 (Contextos Series), Albuquerque, University of New Mexico Press, 2014.

Hu-DeHart, Evelyn, “Ethnic Studies in U.S. Higher Education: History, Development, and Goals. In Banks”, James y Cherry Banks (eds.), Handbook of Research on Multicultural Education, NY: MacMillan Publishing, 1995, pp. 696-706.

Ornelas, Ramírez y Padilla, Decolonizing the Interpretation of the Chicano Political Experience, Los Ángeles, CA, UCLA Chicano Studies Center Publications, 1975.

Planas, Roque, “Texas Declares May 1 ‘Mexican-American Studies Day’”, Latino Voices 05/01/2015; actualizado el 7 de mayo de 2015. URL: https://bit.ly/2xZThNx

Rochin, Refugio, “The Short and Turbulent Life of Chicano Studies: A Preliminary Study of Emerging Programs and Problems”, Social Science Quarterly 53:4 (marzo), 1973, pp. 884-894.

Rosen, Gerald, “The Development of the Chicano Movement in Los Angeles From 1967 to 1969”, Aztlán Journal 4:1, 1974, pp. 155-183.

Sandoval, Denise, Anthony Ratcliff, Tracy Buenavista y James Marín, “White” Washing American Education: The New Culture Wars in Ethnic Studies (vol. 1: K-12 Education; vol. 2: Higher Education), Santa Bárbara, CA, Praeger, 2016.

Santa Ana, Otto y Celeste González de Bustamante (eds.), Arizona Firestorm: Global Immigration Realities, National Media, & Provincial Politics, Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers, 2012.

Sleeter, Christine, “The Academic and Social Value of Ethnic Studies”, Research Review, Washington, DC, National Education Association, 2011.

Vaca, N., The Mexican-American in the Social Sciences, El Grito 4:1, parte II: 1936-1970, 1970, pp. 17-51.

Weinberg, Meyer, A Chance to Learn: The History of Race and Education in the United States, Long Beach, CA, California State University, Long Beach Press, 1998 [1977].

 

Reynaldo F. Macías
Lingüista. Profesor titular del Departmento de Chicana/o Studies de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

Horizontes literarios

Viaje al México narrativo

En esta nueva entrega sobre los horizontes de la literatura moderna universal, Roberto Pliego va en busca de los escritores mexicanos que han publicado ficción recientemente y observa con vuelo de águila cómo escalaron el risco antes de llegar a la cumbre.

Leamos un pasaje de Balada de los ángeles caídos de Israel T. Holtzeimer: “Entonces una nueva corriente, con promesas extravagantes, un candidato vistoso y de bigote revolucionario, fue la respuesta en la que muchos mexicanos quisieron creer. Fue así como una campaña independiente con agudos e inteligentes discursos se posicionó como esa alternativa para regresar el orden con métodos radicales y agresivos. Fue un grito desesperado, un último recurso. Pero en esas desordenadas elecciones del Instituto Electoral, donde miles de casillas no fueron abiertas y otras boicoteadas, su triunfo fue escaso. Su rival más cercano no aceptó la derrota. Por lo que muchos aseguraron que la inestabilidad continuaría durante el sexenio venidero”.

Leamos ahora un pasaje de 49 cruces blancas de Imanol Caneyada: “En este país en el que nadie ve ni escucha nada, ningún vecino me proporcionará un indicio de lo que busco: un vehículo de lujo, probablemente una camioneta, conducida por el chofer de un funcionario que entró y salió de la bodega en los días previos al incendio. Es absurdo. Maldigo al ex empleado. Siempre me queda el recurso de apretarle las tuercas al viejo. Cuando se lo insinué a Alcázar, este fue tajante: Arturo Pacheco también es una víctima, no vamos a revictimizarlo escudados en que el fin justifica los medios”.

En líneas generales, la actualidad de la narrativa mexicana es tan rutinaria y predecible como el informe sobre el clima. Un lector irremediablemente fiel a las novedades editoriales te contará el argumento de alguna novela cocinada en el microondas que transcurre en el mismo México y con los mismos personajes que desfilan por las páginas periodísticas sin más interés que si estuviera repasando la lista del súper.

La visión del diletante resulta optimista, adulatoria, en 3D, formada por el impulso decorativo del cómic y las series de televisión y un caos de reivindicaciones sociales y militancia política. Al diletante, la narrativa mexicana de estos días puede parecerle tan democrática y de fácil digestión como la nota roja, o el noticiario nocturno o el sermón dominical, pero una estimación apenas rigurosa arroja un terrible estado de cosas. Es terrible, sí: afloran de la insoportable realidad formas que imitan a esa realidad sin el propósito de trascenderla, de zarandearla, para terminar siendo igualmente insoportables.

Balada de los ángeles caídos y 49 cruces blancas son dos guías adecuadas para ingresar a esa zona en donde el arte de narrar se ha convertido en el oficio indigno de vapulear el idioma español y donde la reflexión sobre lo que significa nuestra humanidad en un mundo contrahecho ha dado paso a la diatriba bienintencionada. La primera es una versión deshilachada de un país gobernado por un tirano analfabeto y cursilón que emprende una cruzada contra el culto católico y se topa con la resistencia de un grupo de fanáticos religiosos en Iztapalapa. La vida es demasiado corta como para desperdiciarla en esta novela pero un editor complaciente opinó en sentido contrario. La segunda es una cuenta más en el rosario de novelas que han tomado el lugar de la indignación social. Adopta las maneras de una pesquisa detectivesca en torno al incendio ocurrido en la guardería ABC, en Hermosillo, el 5 de junio de 2009, que cobró la vida de 49 niños. No se trata de una investigación periodística, es cierto, y responde a las necesidades de la ficción pero, a medida que las voces de los testigos y las madres de las víctimas van sumándose hasta integrar un coro extático, no podemos evitar la sensación de hallarnos frente a uno de esos mítines en los que sólo se escucha el estruendo del dolor y la rabia. El universo de 49 cruces blancas es pobremente cromático y, por tanto, moralmente limitado: sólo reconoce el blanco y el negro.

Ilustraciones: Kathia Recio

Al compás de esta inercia, Tryno Maldonado ha puesto el ojo en los 43 estudiantes ejecutados en Guerrero (Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos), Emiliano Monge en los migrantes centroamericanos que se juegan la vida al internarse en el camposanto mexicano (Las tierras arrasadas), Daniel Salinas Basave en el del periodista tijuanense Héctor El Gato Félix (Vientos de Santa Ana), Fabrizio Mejía Madrid en Fernando Gutiérrez Barrios y su estela de represión (Un hombre de confianza). La realidad no sirve en estos casos —y en muchos otros, demasiados para siquiera nombrarlos— a la ficción. Nada hay de la intuición con la cual Dostoievski convirtió una noticia sepultada en la nota roja en Crimen y castigo. Hay, tan sólo, la tarea de entretener a unos lectores que esperan la confirmación de lo que ya saben, aunque sea terriblemente oportunista.

 

Tan abundante como la narrativa producida para obtener el aplauso de los públicos buena onda y biempensantes, la llamada novela del narco se reproduce con la misma inmoderación que los gremlins bajo la lluvia. Como si la crónica y el reportaje no fueran suficientes, como si no bastara con la ambición comercial del cine y las series de televisión, la novela del narco prospera bajo la consigna de que tiene asegurado el éxito de ventas. (Un paréntesis: a los espacios dedicados a la Historia, la Filosofía, la Biografía, la Cocina, los libros de consulta, en fin…, las librerías mejor surtidas podrían agregar uno más dedicado al Narco. Mejoraría la atención al cliente.)

Su prosperidad se debe sin duda a Élmer Mendoza, quien ha establecido una fórmula cuyo potencial se mide en virtud de las legiones de imitadores: policía antiheroico de ambigua moralidad, batos locos que exhiben mucha simpatía y nula compasión, mujeres con arrebatos de teibolera, politiquillos ahogándose en dinero y corrupción, balaceras, abundantes balaceras.

El antihéroe nació en Balas de plata (2008) y responde al nombre de Édgar El Zurdo Mendieta, que a un tiempo reúne la sagacidad para resolver crímenes, un cruel refinamiento cuando enfrenta a sus enemigos y un cinismo que le vale para torcer la ley a favor de sus propósitos, no siempre nobles. A una buena dosis de enfrentamientos por el poder local —Culiacán y su lugar privilegiado como productor de opio y puerto de paso en el camino de la cocaína hacia Estados Unidos—, Élmer Mendoza añade una galería de personajes emocionalmente desvalidos que se precipitan sin remedio a su ruina.

Las obsesiones, o las reiteraciones, de Élmer Mendoza han creado un perverso efecto de imitación. Las razones, sospecho, son todo menos literarias. Hay razones de mercado —la estrategia publicitaria que consiste en hacerle creer al lector que se encuentra ante la verdadera andadura de un capo o un pistolero—, razones de pobreza imaginativa —para qué levantar molinos de viento cuando la realidad provee en abundancia—, razones de prestigio mediático —los novelistas del narco suelen llevar el aura del que se ha comprometido a denunciar las bodas entre la alta política y el narcotráfico—, y, claro, siempre existe la posibilidad de que tu novela, o tu libro de cuentos, pueda caer en manos de un productor de cine.

La abundancia obliga a la contención, de modo que ofrezco una lista exigua pero que incluye a los bendecidos por el hit parade: Trabajos del reino de Yuri Herrera; Fiesta en la madriguera de Juan Pablo Villalobos; Todos santos de California de Luis Felipe Lomelí; Entre perros de Alejandro Almazán; El Sinaloa, de Guillermo Rubio; Chinola Kid de Hilario Peña; La primavera del mal de F. G. Haghenbeck; Perra brava de Orfa Alarcón; Un plan perfecto de Iván Farías; Lady Metralla de Juan José Rodríguez…

¿Tiene algo que decirnos la novela del narco? Dice mucho del México de los últimos 30 años pero casi nada de su literatura pues su brío mecánico procede de uno de los mayores agravios de las autoridades políticas y judiciales y no de la exploración verbal y moral de nuestra condición. Leemos a tres o a cuatro de sus encarnaciones y acabamos por entender su propósito: montar un espectáculo a la manera de las grandes producciones hollywoodenses, con persecuciones en automóvil o en helicóptero en las horas vitales del día, intercambios de ráfagas a las puertas de un banco, arreglos en el rincón de una cantina, y una galería de personajes grandilocuentes en los que no es difícil reconocer al Gran Hijo de Puta, el Matarife Abyecto, el Policía Gordo, a la Tipa Que Se Cae de Buena.

Dicen que, con Pedro Páramo, Juan Rulfo sepultó a la novela de la Revolución mexicana. Seguimos esperando a un guapo con esos tamaños para que ponga en su sitio a la novela del narco.

 

El norte es un accidente geográfico. Aunque siempre atractivo como fenómeno cultural, señala más un lugar de nacimiento o destino que un temperamento al menos en la literatura mexicana. Sin embargo, no pasa una temporada sin que oigamos la alabanza de la “novela del norte”. Pregunta: ¿qué tienen en común Eduardo Antonio Parra, David Toscana, Carlos Velázquez y Alejandro Páez Varela? Respuesta: sólo que nacieron en algún estado del norte de México. Sus novelas, sus relatos, son una expresión afanosamente individual y no la proyección de un alma regional que presume la denominación de origen.

De entre esa ruidosa catalogación, traigo a la página a dos narradores en cuyas obras presentimos eso que llamaríamos “la condición norteña”: Carlos Velázquez y Alejandro Páez Varela.

El registro que va de La Biblia vaquera a La efeba salvaje pone a Carlos Velázquez en la situación del escritor que comienza abriéndose paso mediante unos dones de provocador y termina comprendiendo que el ritmo narrativo —y el efecto que produce— no depende únicamente del talento para encender los ánimos. Su parodia de las relaciones amorosas inevitablemente destructivas, o de los convencionalismos que impone el trato con los demás, encuentran una justa correspondencia en un lenguaje que es a su vez parodia —y no gesto mimético— del habla local. Velázquez ha sabido hermanar un estilo dinamitero y unas atmósferas carnavalescas a través de la práctica ritualizada del exceso y la crueldad.

Aunque transcurre en la frontera entre México y Estados Unidos, Oriundo Laredo de Alejandro Páez no tiene intención alguna de proyectar una tipología social sino de capturar a las muchas individualidades que desmienten la noticia de que los habitantes de esa zona ordenan sus vidas según sus rencores o el mero instinto de supervivencia. Sus personajes tienen la complejidad de la gente simple, y sus palabras sirven más para ocultar que para revelar: jornaleros, espaldas mojadas, rancheros, gringos locos y también sabios, buscadores de fortuna sin suerte.

La vida del protagonista se fragua mientras comparte una cerveza o se lanza de nuevo a ganarse unos dólares en algún plantío de Texas o Nuevo México entre 1958 y 1997. Es posible deducir que su vida está hecha de momentos ordinarios que en suma componen un fresco extraordinario. En esta elección de tono y de contenido debemos reconocer el mayor mérito de Oriundo Laredo. No quiere el estruendo ni la ráfaga. Si alguna lección deja esta novela que mantiene una heroica distancia ante la moda literaria es que no hay norte, no hay sur. Hay, como sugiere brillantemente Alejandro Páez Varela, zonas donde la humanidad se expande ante el encuentro con otras humanidades, donde sabemos de nosotros por los otros.

 

Tres primeras novelas publicadas en 2017 dan para pronosticar la buena estrella de sus autores: Apreciable señor Wittgenstein, de Adriana Abdó, una laboriosa maquinaria especulativa que postula al poeta austriaco Georg Trakl, débil e inservible para la guerra, sosteniendo un diálogo epistolar y apócrifo con el filósofo alemán Ludwig Wittgenstein mientras deja transcurrir las últimas semanas de su vida en el pabellón de alienados del Hospital de la Guarnición en Cracovia; El tiempo del cocodrilo, de Uriel Mejía Vidal, que se instala en el tiempo mítico, pero también amenazadoramente cercano, en el que una bestia enorme impone su fuerza y exige su tributo en sangre antes de ocultarse por largas temporadas en una cueva húmeda; y Las mutaciones, de Jorge Comensal, una radical reflexión sobre el cuerpo —el cuerpo doliente, mutilado o imaginariamente enfermo—, y, por añadidura, una novela sobre la urgencia de ser compasivos.

No guardan parecido entre sí pero comparten una vocación innegociable: la escritura nunca figura como la criada del argumento; es ardua y plena de gracia.

Al otro lado del espectro, el de los narradores a quienes Javier Cercas pondría en un punto ciego por la naturaleza “irónica, equívoca, ambigua y contradictoria” de sus novelas, arriesgo tan sólo una opinión enumerativa: Alberto Ruy Sánchez, Álvaro Uribe, Fabio Morábito, Mauricio Molina, Enrique Serna, Ana Clavel, David Toscana, Guillermo Fadanelli, Pablo Soler Frost, Javier García Galiano, Álvaro Enrigue, Iván Ríos Gascón, Guadalupe Nettel, Bernardo Esquinca, Antonio Ortuño, Brenda Lozano, Carlos Velázquez, Fernanda Melchor.

 

No es posible trazar el derrotero de la actual narrativa mexicana. Hay demasiadas predilecciones, demasiados itinerarios. He hablado de la novela del narco, muy al botepronto, y también de la literatura del norte, muy de paso, tan vastas que haría falta abandonar cualquier otro propósito para dar cuenta aproximada de ellas. Pero no he hablado de los representantes de la novela histórica, que son legión, ni de los visitantes del terror o la ciencia ficción. Tampoco he referido la existencia de quienes presienten realidades distópicas o exploran el suelo resbaladizo de los sentimientos. He pasado por alto la fabulación del erotismo, la memoria personal y familiar, la política.

Sabemos que las estadísticas son mudables, pero no debemos perder de vista que, según una encuesta reciente del INEGI, de entre la población que al menos lee tres libros al año, la “literatura” (vaya uno a saber lo que esa categoría signifique para la mayoría de esos entrevistados) se lleva el 40% de las preferencias. De modo que en México buscamos el cuento, las novelas, el aliento de la ficción.

Pongamos a uno de esos lectores entrando a la librería en busca de una obra “literaria”. Qué verá. El magma intimidante de “los demasiados libros”. Tengo la sospecha de que la oferta desmesurada se entiende más por la voracidad mercantil de los grandes grupos editoriales que por el apetito de los lectores. Si a esta hiperactividad le sumamos la pujanza —o la necedad— de las pequeñas editoriales y el dinamismo de los estados obtendremos una visión de atiborramiento.

Demasiado también significa poco. Si alguna certeza me deja el presente es que un taller de escritura —que ya superan en número a las cantinas— o la simple voluntad es suficiente para contar una historia y, aún peor, verla publicada. El resultado causa vértigo. De los miles de relatos y novelas que aparecen cada año, una orgullosa minoría, como ha celebrado Juan Gabriel Vásquez, puede en verdad enriquecer “nuestra noción de individuo”.

 

Roberto Pliego
Escritor y editor. Autor de 101 preguntas para ser culto.

Ciudad de libros

Estuve en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968

Los disparos caían sobre nosotros desde un helicóptero al cruzar Reforma, recientemente ampliada. Atravesábamos la avenida de la Unidad Tlatelolco hacia el antiguo barrio de Peralvillo.

Salimos huyendo por entre los edificios de Tlatelolco después de que el Ejército comenzara a disparar sobre la multitud en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias a que conocíamos —mis hermanos, un primo y yo— la unidad, salimos del lado adecuado, rumbo al oriente. Muchos de los manifestantes se equivocaron y corrieron en dirección opuesta, hacia el poniente, justo donde estaba el Ejército. En el mejor de los casos intentaron escapar hacia el norte, hacia la avenida Manuel González. Otros, muy pocos, se refugiaron en el Templo de Santiago y algunos más se escondieron en torno a las ruinas prehispánicas.

Tuve la impresión de que los disparos realizados desde un helicóptero del Ejército eran tupidos. Cuando intentamos salir del área tuvimos varias opciones: una era quedarnos dentro de la unidad, que consideré peligroso porque supuse, como ocurrió, que peinarían cada uno de los edificios y cada departamento para detener a los estudiantes. La otra posibilidad era cruzar Reforma con el riesgo de que una de las balas nos hiriera. También pudimos esperar al último camión de pasajeros que transitaba por Reforma del norte hacia el sur-poniente, pero era una decisión arriesgada dado que detrás del camión los tanques cercaban la plaza. Además nada garantizaba que el chofer se detuviese y nos dejara abordar.

Al final opté por lo más arrojado. Decidimos cruzar Reforma y correr el riesgo de ser heridos o morir. Al cruzar el ancho de 30 o 40 metros de Reforma —que yo percibí como centenares—, vi caer a varios compañeros, aunque no tuve oportunidad de saber si estaban heridos o muertos. No era el momento para realizar ninguna “inspección” sobre los cuerpos caídos.

Mis dos hermanos, César Ortega Juárez, estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico, Carlos Ortega, estudiante de la UNAM en arquitectura, y yo, llegamos a Tlatelolco alrededor de las 4:30 p.m. Por primera ocasión llegamos juntos a un mitin o una manifestación del 68 porque comí en casa de mis padres en la calle de Mar Adriático 116 de la colonia Popotla, a dos cuadras del Árbol de la Noche Triste.

Tenía bastantes días de no parar en casa. Desde mi regreso a México el 14 de agosto de 1968 procedente de París tras asistir al IX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes realizado en Sofía, Bulgaria, prácticamente viví día y noche en Ciudad Universitaria, hasta la toma de la UNAM. Durante el día participé en las asambleas, brigadas y manifestaciones. Por las noches hice guardias en Economía y luego en Radio UNAM junto con El Búho. En una ocasión los compañeros quisieron “juzgarnos” por “pequeñoburgueses” porque Radio UNAM tenía alfombras, baño con agua caliente y cafetería atendida por compañeras muy guapas. Éramos “reos” del delito de “desviaciones pequeñoburguesas”.

El 18 de septiembre, al entrar el Ejército en Ciudad Universitaria, por pura casualidad salí unos minutos antes de Rectoría, donde estuvimos con Pedro Noguerón, secretario del rector Barros Sierra.

El 2 de octubre nos dirigimos rumbo a Tlatelolco. Lo hicimos por la calle Manuel M. González y por eso observamos una gran cantidad de carros del Ejército estacionados. Cuando llegamos a la plaza inmediatamente les comentamos a los compañeros que el Ejército estaba sobre Manuel González. Comprendimos que seguramente actuarían y rodearían el mitin. Les planteé lo absurdo de salir rumbo al Casco de Santo Tomás, la ruta prevista para la manifestación de ese día. Con mucha ingenuidad, la marcha al Casco pedía la salida de las tropas del Politécnico, dado que ya habían abandonado Ciudad Universitaria el 30 de septiembre.

Cuando compartí lo que sabía, los compañeros confirmaron que ya estaban informados de la presencia del Ejército. Comentarían al resto de los asistentes que no saldríamos en marcha. Les pedirían que al finalizar el mitin se dispersaran pacíficamente rumbo a sus casas o escuelas, sin hacer caso a ninguna provocación.

Al llegar al pie de los elevadores del edificio Chihuahua noté que había muchos hombres vestidos de civil con un corte de pelo tipo militar. Consideré, junto con los compañeros que estaban ahí, que eran policías de la Federal de Seguridad.

En esa entrada del elevador del edificio Chihuahua se encontraban Alfonso Vadillo Bello, Enrique del Val Blanco, José Bonfilio Cervantes Tavera, Ignacio Hernández, Nachito, Miguel Ángel Salvoch y al inicio también Pablo Gómez, quien subió al tercer piso ante una invitación del Búho, quien nos gritó “vénganse para acá, Pablo, Joel, suban”. Yo le contesté: “No tengo nada que hacer allá, Búho, no soy del CNH ni voy a hablar”. “¡Vengan!” El que sí tomó la invitación fue Pablo Gómez. Ello provocó que más tarde fuese detenido en uno de los departamentos donde estaban prácticamente todos los dirigentes del CNH. Este episodio ha sido narrado en múltiples ocasiones por El Búho, el propio Pablo Gómez, Gilberto Guevara, Raúl Álvarez y Luis González de Alba, entre otros.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Cuando Pablo subió nosotros nos quedamos en la puerta de los elevadores. A punto de terminar el mitin, levanté la mirada hacia el puente de Tlatelolco, situado en el Eje Lázaro Cárdenas, antes Santa María la Ribera, y noté que varios contingentes de soldados con las armas en ristre, cruzadas, marchaban rumbo a la plaza. Miguel Ángel Salvoch me tomó del brazo y dijo: “Cadenas, cadenas, esto es una provocación”. Yo le respondí: “No, Salvoch. Suéltame, estos cabrones no vienen a repartir flores, van a reprimir”. Dicho esto, me solté de los corpulentos brazos de Miguel Ángel Salvoch y examiné hacia dónde correría.

Al final opté por el oriente de la Unidad Tlatelolco, rumbo a Reforma. De manera milagrosa encontré a mis hermanos Carlos y César, y un poco más adelante a Alfredo Juárez, un primo que también asistió. Al que no encontramos fue a Rubén Juárez Johnson, otro primo que estuvo en el mitin.

Al cruzar Reforma llegamos a unas vecindades donde la gente nos gritaba: “Vengan, vengan, nosotros los protegemos”. Nos condujeron al interior de sus viviendas, antiguas vecindades cortadas como rebanadas de pastel para abrir Reforma en 1964, último año del gobierno de Adolfo López Mateos e inicio del de Gustavo Díaz Ordaz. Ese mismo año de 1964 se inauguró ese tramo de Reforma, la Unidad Tlatelolco, el Museo de Arte Moderno de Chapultepec y muchas otras obras gestionadas durante el gobierno de López Mateos.

Tlatelolco es una unidad de varios miles de departamentos. Desde entonces y hasta la fecha quizá la unidad de interés social más grande construida, habitada por gente de la colonia Guerrero, como Jorge Meléndez, que tras la demolición de su vivienda fue a vivir a los departamentos pequeños en la unidad. Había también gente, como se estilaba entonces, a la que el gobierno había dotado de vivienda, entre ellos mi amigo José Natividad Rosales, reportero de la revista Siempre!; también tenía un departamento ahí La China Mendoza. El resto era compuesto por personas de distintos rumbos de la ciudad. En las torres como la del edificio Nuevo León —que tiró el sismo de 1985—, vivía una clase media un poco más desahogada, debido a que sus departamentos eran más grandes y caros.

Conocía Tlatelolco. Muchas veces visité a Natividad Rosales, que vivía en el edificio 2 de Abril. También visité a Jorge Meléndez en uno de los edificios pequeños, muy cerca también de la Plaza de Tlatelolco. Alguna ocasión visité a la familia Condés, que vivía al otro lado de la Unidad Tlatelolco entre Insurgentes Norte, Manuel González, Flores Magón y la avenida Guerrero. En el cuadrante donde estaba una nevería Dairy Queen vivía esta familia, cuyo hijo Enrique estaba en la cárcel desde 1967 por intentar colocar una bomba en la embajada de Bolivia, en protesta por la muerte del Che Guevara.

Por todo esto y porque soy un vago de ciudad, conocía Tlatelolco bastante bien. Eso, además de la buena suerte, me sirvió para salvar la vida o, cuando menos, la libertad.

Después de salir de Tlatelolco permanecimos alrededor de media hora en una de las viviendas donde nos dieron pan y chocolate “para el miedo, para los nervios”. Cuando los vecinos dijeron: “Ya se fue la tropa, pueden salir”, salimos de las casuchas de estas personas impresionantemente solidarias, valientes, hospitalarias. Lo primero que se me ocurrió fue buscar un taxi por el rumbo de la prolongación de la calle Bolívar para dirigirnos a casa de mis tías en la colonia Álamos. Al llegar le pedí al taxista que nos dejara en el parque. Por seguridad no quería que nos dejara frente al portón de la calle Andalucía 168, donde vivían mis tías. Eso lo había aprendido como parte de la cultura clandestina del Partido Comunista Mexicano.

Al llegar a la casa de mis tías estaba angustiado terriblemente porque no encontramos a mi primo Rubén. Simulamos que veníamos de cualquier otra parte y no comentamos nada. Nuestras tías preguntaron sobre Rubén. “Ah, llega al rato, no se preocupen”, contestamos.

En la casa de mis tías vimos el noticiero que conducía Ignacio Martínez Carpinteiro, el noticiero Excélsior, que dio cuenta de lo sucedido con las siguientes palabras: esta tarde en Tlatelolco hubo un enfrentamiento de estudiantes contra el Ejército, al cual dispararon. Hay un número alto de heridos y algunos muertos, producto de una agresión de estudiantes francotiradores contra los soldados. Al escuchar eso se me puso la piel de gallina pero mantuve la calma, y casi de manera milagrosa apareció en ese momento mi primo Rubén.

Inventé que iba a ver a unos compañeros de la escuela para hacer una tarea y me dirigí a la colonia Del Valle, a un departamento al que llamábamos La República.

Los integrantes de la Juventud Comunista de la Escuela de Economía teníamos un sitio que utilizamos como mecanismo de seguridad. Después de cada manifestación, mitin, brigada o cada pinta, acudíamos para reportarnos y comentar sobre nuestro estado y saber si alguien estaba detenido, herido, etcétera.

Del Val nos recibió al llegar a La República. El espacio era un departamento que rentaba Alfonso Vadillo y un conjunto de rock, Los Monjes, de quienes era el gerente. Del Val abrió y nos dijo: “Faltan Pablo y El Búho”. A renglón seguido tanto Del Val como Bonfilio contaron la terrible odisea que vivieron en Tlatelolco.

Al comienzo de los disparos se guarecieron en uno de los negocios que había en los bajos del edificio Chihuahua. Al parecer era una peluquería o taquería. Los soldados los retuvieron por unos minutos y les dijeron: “Cabrones, los vamos a usar de trinchera para que vean lo que se siente”. Estuvieron delante de unos soldados en posición de disparar por bastante tiempo ahí. En una de esas, Miguel Ángel Salvoch, quien murió hace poco tiempo, recibió una bala en sedal en la frente. Por las características de lugar donde recibió el disparo, su cabeza se manchó inmediatamente de sangre y nadie sabía, ni Bonfilio ni Del Val, si era una herida o sólo un rozón, como finalmente se supo. Como pudo, Del Val le aplicó un torniquete a Salvoch y, en cuanto pudieron, lo llevaron a la primera ambulancia que se toparon, una ambulancia del Ejército. En esa ambulancia se llevaron a Salvoch al campo militar y un soldado u oficial dijo: “Este no tiene que estar aquí, regrésenlo”. Lo regresaron a Tlatelolco en medio de la balacera, y más tarde fue trasladado a una ambulancia de la Cruz Roja en calidad de detenido y herido.

Gracias a que su hermano era alto funcionario de ICA logró escapar y no lo detuvieron. Afortunadamente, su herida era una simple bala que rozó el cráneo. De otra manera Salvoch hubiera sido una de las 58 víctimas civiles comprobadas que murieron en la Plaza de Tlatelolco, más dos soldados muertos. Esa cifra la conseguimos Miguel Eduardo Valle y yo en una investigación que hicimos basada en las indagaciones de la fiscalía que dirigió Ignacio Carrillo Prieto.

Con nombre y apellido se tienen comprobados 58 civiles y dos militares muertos. Es decir, 60 en Tlatelolco y otras 10 personas murieron desde los enfrentamientos del 26 de julio. Después asesinaron a otros 17. Sumados a los 68, 85 personas murieron a lo largo del movimiento, desde el 26 de julio hasta los primeros días de enero de 1969.

En el mitin de Tlatelolco había unas 10 mil personas. Entre dos mil y tres mil fueron detenidas y llevadas al campo militar de manera ilegal. No había razón para detener a civiles o mandarlos a penales como Santa Martha o Lecumberri. Al quitar a los muertos no localizados, el número podría subir una decena más. Los detenidos fueron unos tres mil. 200 heridos de distinto tipo. Si restamos tres mil detenidos en Santa Martha, Lecumberri y el Campo Militar Número 1, nos quedan siete mil. Menos un centenar de heridos, nos quedan seis mil 900; menos unas 80 personas muertas, nos quedan unos seis mil 800. Es decir, no fui el único. Más de seis mil, casi siete mil personas estuvimos en Tlatelolco y logramos salir sin ser detenidos ni heridos, mucho menos muertos.

Una versión amarillista e irresponsable, repetida por lo dicho por Oriana Fallaci, herida en Tlatelolco —por cierto en una nalga—, dijo que “ni en Vietnam había visto tal violencia como la que desató el Ejército contra los estudiantes”. A la frase de “ni en Vietnam me ocurrió eso”, añadió: “Hubo 500 muertos en Tlatelolco”. La cifra la repitió The Guardian, el periódico inglés. Después, una buena parte de los dirigentes del CNH la hizo propia, entre ellos Raúl Álvarez, Gilberto Guevara y otros. 500 muertos fue una versión amarillista, estridente, que lejos de servirle al movimiento le sirvió al Estado.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz siempre admitió que hubo 27 personas muertas en Tlatelolco, número que coincidió con la investigación que hizo el Comité del 68 presidido por Raúl Álvarez. Los nombres de las víctimas se inmortalizaron en la estela de Tlatelolco con motivo del 30 aniversario del 68, en 1998.

Hay centenares de historias sobre la Plaza de Tlatelolco. Una versión que recomiendo es la narración, hora por hora, desde las siete de la mañana del 2 de octubre hasta la madrugada del día 3, que hace Miguel Eduardo Valle en su obra El año de la rebelión por la democracia, editada en 2008.1 En dicho libro hace un relato pormenorizado de cómo, desde las nueve de la mañana, los batallones se prepararon para ir a Tlatelolco, cómo se produjo la señal de bengala, cómo actuó el Batallón Olimpia, cómo dispararon contra la gente.

Puedo afirmar que la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco estuvo planeada a la perfección por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y varios batallones del Ejército, entre ellos el Olimpia, regular del Ejército. Éste no era un aparato paramilitar como los Halcones, el Batallón Olimpia fue creado con el fin de dar seguridad a los Juegos Olímpicos, de ahí su nombre. Llegaron a Tlatelolco vestidos de civil con un guante blanco y, ante la confusión, gritaron durante varios momentos: “Aquí Batallón Olimpia, no disparen”. Esto lo registra Miguel Eduardo Valle antes que Luis González de Alba en un artículo publicado en la revista ¿Por qué?, dirigida por Mario Menéndez. En ese artículo se publicaron las fotos más dramáticas de los cadáveres, en las planchas del Servicio Médico Forense.

La “teoría” de un supuesto cerco, una emboscada al Ejército, creada por el Estado Mayor Presidencial y Echeverría, es una falacia. Esto lo insinúa el general Marcelino García Barragán en sus supuestas memorias, divulgadas por su hijo. Esas memorias las tomaron Carlos Monsiváis y Julio Scherer para uno de sus libros, Parte de guerra. Pero no se preocuparon por demostrarlo con datos duros. Es una falacia que el Ejército fue víctima de una celada, de una emboscada y que fue blanco de francotiradores desde los edificios. La primera versión del gobierno fue que fueron los propios estudiantes quienes lo hicieron. Esta versión la divulgaron la televisión, radio, prensa; las cámaras de Senadores y Diputados; las distintas organizaciones del sindicalismo charro; todas las organizaciones de los patrones, agrupadas en cámaras. Y por supuesto, la replicaron todos los partidos de esa época, con una excepción quizá un poco matizada del PAN. Es totalmente falso que hubiera una emboscada, mucho menos un intento de golpe de Estado, como quiso decir Marcelino Perelló. Pero el Ejército nunca fue víctima de esa matanza.

La matanza de Tlatelolco fue una acción deliberada planeada por el Estado. Existen miles de evidencias: varios departamentos contiguos a la Plaza de las Tres Culturas fueron previamente ocupados por oficiales del Ejército. Luis Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, ordenó a un cineasta de triste memoria que se instalara en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco para filmar toda la masacre. El cineasta Demetrio Bilbatúa registró en varios miles de pies filmados en nueve o 35 milímetros lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre. Sería muy importante conocer esas filmaciones para detallar lo ocurrido esa noche. Bilbatúa dijo que las cintas fueron decomisadas por el propio Echeverría. Es momento de que se den a conocer los miles de pies filmados por Bilbatúa.

Debemos exigir también que se den a conocer los videotapes filmados por Televisa y los que tienen la Defensa Nacional y el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Estos archivos aún no se han abierto.

Repito, existen múltiples versiones sobre lo que sucedió ahí, estaban cerca de 10 mil personas, pero muchas son producto de la fantasía. Hay incluso una de alguien que cuenta, ante las cámaras de cadenas de televisión internacional, que su novia murió en sus brazos. Inventar historias dramáticas se convirtió en un ritual siniestro. De broma he dicho que si todos los que dicen haber estado en la plaza el 2 de octubre de 1968 estuvieron ahí, seríamos casi un millón de personas, porque a todo mundo le dio por ponerse la medalla de héroe por haber estado en Tlatelolco.

Lo digo con todas sus palabras: no soy un niño héroe del 2 de octubre del 68. Haber estado o no en Tlatelolco no crea ningún mérito. Pero sí es uno de los episodios más ominosos de nuestra historia y del comportamiento que tuvo el gobierno, el Ejército, los distintos órganos del Estado mexicano, y por supuesto de todas las fuerzas denominadas poderes fácticos: sindicatos, prensa, medios, patrones. Todos fueron cómplices de este genocidio perpetrado a lo largo de un decenio por el Estado mexicano.

¿De qué sirvió el 68?

¿Para qué sirvió el 68? ¿Se redujo a una matanza salvaje del Estado mexicano contra los estudiantes? ¿Realmente es el antecedente de la llamada transición democrática? ¿Fue sólo una algarada juvenil sin consecuencias? ¿Fue una conjura castro-comunista como dijo Echeverría? ¿Cómo se puede valorar el movimiento 50 años después?

Estas y otras preguntas habrá que responder tras la perspectiva o retrospectiva que otorga el tiempo. Ningún movimiento social se puede “medir” por logros o cambios precisos. Solamente las revoluciones pueden establecer con claridad dónde se encuentra la ruptura o el cambio que generan. No se puede determinar con exactitud qué tanto se transformó o cuál fue el movimiento específico. Incluso es difícil encontrar el cambio tras dibujar paralelos con Francia en el Mayo Francés de ese mismo año o los movimientos en más de 60 países.

Lo que sí se puede afirmar es que el movimiento estudiantil mexicano del 68 estuvo inscrito en el panorama mundial de una rebelión estudiantil contra el poder, no es suficiente colocarlo en los parámetros de una geografía nacional o en los de una lucha estudiantil en las calles de la Ciudad de México.

Como parte de esa ola estudiantil de la década de los sesenta el movimiento respondía a una inercia libertaria contra el Estado capitalista, contra la alienación, producto de una formación social en Francia, Estados Unidos, Italia y Alemania. Pero también fue un movimiento contra la perversión que sufrió el socialismo existente en la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, incluso en Cuba.

Una de sus grandes aportaciones fue el rescate de la lucha contra el poder, contra el poder familiar, contra el poder escolar, contra el poder estatal, contra el poder militar, contra todos los poderes que lesionaron, lastimaron y oprimieron al conjunto social. Fue un movimiento que se propuso, sin hacerlo explícito, representar el conjunto del interés general contra ese Estado opresivo, alienante, explotador, que tenía el planeta durante la década de los sesenta.

En el caso de México el movimiento encarnó las apetencias de lucha contra un Estado autoritario, producto de la dominación de varias décadas del PRI y de su herramienta ideológica: la Revolución mexicana. Por eso, juzgar al 68 por el pliego petitorio no contribuye a comprender qué movía ese proceso.

Tampoco es suficiente colocarlo y verlo con el prisma de los intereses que dos décadas después tuvo la lucha electoral de 1988, y por ello convertirlo en un simple antecedente de la denominada lucha democrática o de la transición democrática.

El movimiento del 68 generó, sin proponérselo, que un sector del mismo, harto de la violencia, estuviera convencido de que no había otra vía para terminar con la dictablanda que el levantamiento armado. Por esa razón produjo un verdadero movimiento armado que ocupó a cientos y quizá miles de jóvenes durante los años sesenta en prácticamente todo el país, pero sobre todo en las ciudades de México, Monterrey, Chihuahua, Culiacán, Acapulco, Guadalajara, entre otras.

Esos movimientos estudiantiles, convertidos en movimientos armados, no recibieron apoyo internacional. Tenían un armamento magro y se enfrentaban con un aparato militar más poderoso que su propia capacidad de respuesta.

A cinco décadas, el 68 mexicano puede parecer un referente tan lejano y cerrado casi intrascendente. Para muchos jóvenes el movimiento fue incapaz de conmover las estructuras autoritarias del Estado mexicano. La consecuencia es que vivimos una realidad opresiva, con una desigualdad creciente, con una pobreza y miserias impresionantes, y una violencia que ha llegado a extremos inimaginables, misma que ha producido más de 200 mil muertos. Las cifras inmensas también tienen desaparecidos con cerca de 30 mil y múltiples hechos de violencia cotidiana. En esa perspectiva, algunos consideran que el 68 no sirvió absolutamente para nada.

En otra vista, si se coloca al 68 como simple antesala de la transición democrática, también se le puede considerar como un movimiento derrotado, como un movimiento frustrado.

Trataré de verlo aquí de una forma más dinámica. No lo acotaré ni delimitaré por los seis puntos.2 Mucho menos pensaré en él como la vista posterior de un proceso político articulado por el sistema político mexicano, como es todo el sistema de la partidocracia mexicana.

Tampoco puede ser solamente contemplado como una épica o un movimiento de víctimas que sea sometido a un juicio de carácter legal y que aspira a ser compensado con las denominadas medidas de “reparación del daño” de las justicias transicionales. Esa política sería muy lamentable y ayudaría al Estado mexicano actual, que daría “dádivas” a víctimas imposibles de determinar. ¿Cuál sería el universo de las víctimas? ¿El de los participantes durante el movimiento, unas 300 mil personas? ¿El de los asistentes a las marchas? ¿El de los presentes en la matanza del 2 de octubre? ¿Los familiares de las casi 100 o más personas muertas a lo largo del 68? ¿El de los 68 procesados durante más de tres años en Lecumberri? Esta reparación sería completamente arbitraria y serviría para que el Estado pudiera superar su responsabilidad por el genocidio.

Mucho menos es suficiente ver el procesamiento de los genocidas como algo que haya fracasado. No hay que olvidar que Luis Echeverría fue procesado y reo por el delito de genocidio. Así se recuerda en el libro de Miguel Eduardo Valle, El año de la rebelión por la democracia:

A finales de mayo de 2007, Luis Echeverría Álvarez presidente de la República mexicana de 1970 a 1976 resentía los efectos de un auto de formal prisión resuelto en su contra por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos durante el desarrollo del Movimiento Estudiantil de 1968, acusado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), del delito de genocidio. El ex mandatario se encontraba sujeto a arresto domiciliario, beneficio otorgado por la ley debido a su avanzada edad y hasta ese momento no había sido fichado, ficha signalética, la cual incluye las principales características físicas de un indiciado y sus huellas digitales junto con diversas fotografías; ni se le había practicado un estudio criminológico debido a que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió que así se procediera en su caso. Con todo un prestigiado magistrado del Poder Judicial de la Federación Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, tenía la facultad para resolver en definitiva sobre el destino de ese auto de formal prisión relacionado con lo ocurrido en 1968.

Casi tres años antes, el 22 de julio de 2004, la Fiscalía Especial consignó a 12 personajes. Incluyeron a Echeverría y a Mario Moya Palencia, quien fuera secretario de Gobernación, por el delito de genocidio por los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971 ante el Juez Segundo de Procesos Penales Federales, licenciado José César Flores Rodríguez, quien dictaminó que el delito había prescrito y rechazó dictar las órdenes de aprehensión.3

En fin, durante un largo proceso se consiguió que Echeverría estuviera preso bajo arresto domiciliario por el delito de genocidio. De esa manera, no se puede decir que el 68 fue un acto más de impunidad. Se logró consignar y apresar en su domicilio al ex presidente Echeverría y también a Nazar Haro, y a otros más, por el delito de genocidio.

Pero la pregunta es necesaria: ¿de qué sirvió el movimiento del 68? Desde mi óptica, el 68 sirvió para construir un pensamiento distinto al hegemónico de la Revolución mexicana gracias a la lucha de masas que se dio durante ese año y que tuvo como protagonistas a los estudiantes.

Sin embargo, el 68 no pudo atraer a los trabajadores. Sí consiguió alguna simpatía expresada en donaciones en algunos actos con los petroleros, electricistas, ferrocarrileros. Hubo presencia en algunos de sus actos, mítines, marchas, pero ningún sector de trabajadores, por mínimo que fuera, realizó un paro, una huelga solidaria con el movimiento estudiantil. Ésa fue una de sus mayores debilidades, misma que le brindó al Estado la posibilidad de realizar tan cruenta represión sin que ello se tradujera en una reacción de la sociedad.

El movimiento logró conquistar las libertades de expresión en las calles de la ciudad, antes totalmente monopolizadas por el Estado y su partido. Sirvió también para generar una gran cultura en todos sus términos: teatro, cine, literatura, poesía.

En perspectiva, impulsó una generación de mirada libre, mucho más que las generaciones anteriores. Los estudiantes sembraron las semillas que se convirtieron en los años setenta en la insurgencia sindical, y sería absurdo negar que no tuvo una expresión en el plano político-electoral, tanto en la fractura del PRI en 1988 como en las diversas contiendas electorales posteriores.

En muchos sentidos el 68 fue más que los simples seis puntos, lo estrictamente político-electoral y lo que a simple vista puede medirse en términos cuantitativos: fue un movimiento hermano de la gran revuelta planetaria estudiantil que tuvo como eje central la lucha contra el poder.

En síntesis, fue un movimiento libertario enfrentado al poder en todas sus formas: familiar, escolar, político, económico, militar… Se presentó como una opción autónoma de lucha, ajena al interior de las estructuras del Estado mexicano. Su lucha fue contra el Estado capitalista determinado por una ideología que aprovechó y manipuló el ímpetu de la Revolución mexicana y la convirtió en la prisión cultural, mental y política de millones de nacionales, tristemente viva incluso en los partidos supuestamente opositores de la llamada izquierda mexicana.

En ese sentido, la herencia del movimiento tendrá que revivir esa lucha contra la ideología hegemónica que tanto nos ha dañado, en especial a los sectores sociales oprimidos. El 68 entonces no ha terminado: está vigente en su canto libertario, no en la letanía que repite: “2 de octubre no se olvida”.

 

Joel Ortega
Economista y periodista. Fue militante de la Juventud Comunista; participó en el movimiento estudiantil de 1968 como brigadista de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.

Este fragmento forma parte del libro Adiós al 68, de reciente aparición.


1 Miguel Eduardo Valle Espinosa, El año de la rebelión por la democracia, Oceáno, México, 2008, pp. 79-90.

2 Gilberto Guevara Niebla, La libertad nunca se olvida. Memoria del 68, Cal y arena, México, 2004, p. 110: 1. Libertad a los presos políticos, 2. Destitución de los jefes de policía, 3. Extinción del cuerpo de granaderos, 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de disolución social), 5. Indemnización a los familiares de las víctimas, 6. Deslinde de las responsabilidades de los actos de represión de las autoridades.

Ensayo

Breve historia de los campos de detención en Estados Unidos

Recientemente el Pentágono giró una orden para establecer un campo de detención en Fort Bliss con capacidad para 12 mil refugiados e inmigrantes indocumentados; el campo debía entrar en operaciones el 4 de julio, día en que se celebra la Independencia de Estados Unidos. No era la primera vez que esta base militar ubicada en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez ha servido como campo de internamiento para refugiados. La primera fue hace un siglo.

En 1914 alrededor de tres mil 500 hombres mexicanos, mil mujeres y cien niños fueron “metidos en un corral detrás de alambre de púas” en Fort Bliss. La mayoría de los hombres eran soldados federales que habían cruzado la frontera para escapar del ejército villista.

El campamento de Fort Bliss se convirtió entonces en el dramático escenario para el espectáculo del humanismo y la benevolencia norteamericanos. El general Hugh Scott, oficial a cargo de Fort Bliss, insistió en que la facilidad fuera “un asilo, no una prisión”. Los diarios norteamericanos publicaron caricaturas que mostraban a miles de mexicanos cruzando desesperadamente la frontera para entrar en Fort Bliss, que fue bautizado por uno de los cartonistas como “el restaurante para refugiados mexicanos del Tío Sam”, supuestamente porque la comida y el trato eran mucho mejores que los que recibían en su propio país.

Un artículo publicado en El Paso Herald titulado “El domingo es el día de los fenómenos en el campamento de prisioneros”, describía las multitudes provenientes de ambos lados de la frontera, creando una atmósfera cuasicircense, que se alineaban a los 10 metros reglamentarios de la reja de tres metros para mirar boquiabiertos a los prisioneros, que incluían al menos 50 niños nacidos en confinamiento.

¿Qué más podían desear los mexicanos?, preguntaba el artículo. “Son un grupo feliz esos prisioneros. Tienen suficiente comida, no necesitan trabajar y tienen un techo sobre su cabeza”. Otro periódico texano dijo que la prisión de 10 hectáreas era “la tierra prometida” para sus internos.

Ilustraciones: Estelí Meza

La historiadora fronteriza Ligia Arguilez ha descubierto otra historia de Fort Bliss, una que tiene poco que ver con la propaganda norteamericana de la época. A pesar de ser refugiados de una guerra en la que los Estados Unidos no estaban involucrados, y de que no habían cometido ningún crimen, los internos fueron privados de su libertad. Se les obligaba a trabajar sin sueldo en la construcción y reparación de instalaciones militares, así como en la fabricación de ladrillos de adobe que eran vendidos para obtener ganancias. Si los internos se negaban a trabajar, se mostraban insubordinados hacia los guardias o violaban ciertas reglas de otras prisiones, se les castigaba con tiempo en aislamiento. “Los mexicanos están de mal humor”, reportaba un periódico del este de Estados Unidos, “y se la pasan maldiciendo a los soldados americanos y lanzándoles piedras a los guardias cuando éstos se voltean”. Al menos 140 prisioneros lograron escapar de su maravilloso confinamiento. Las fugas se daban a pesar de los centinelas apostados en plataformas elevadas, en guardia permanente, armados con ametralladoras y con órdenes de tirar a matar. Al menos cuatro internos fueron asesinados cuando trataron de huir del campamento. Los periódicos reportaron que varios niños también murieron en cautiverio y que fueron enterrados dentro del perímetro.

El alambre de púas que rodeaba el campamento de Fort Bliss durante la Revolución mexicana tiene una historia propia. Inventadas y manufacturadas en los Estados Unidos en la década de 1870, las cercas de alambre de púas jugaron antes que nada un papel fundamental en la colonización del oeste americano para contener el movimiento tanto del ganado como de los nativos. El ejército de Estados Unidos utilizó 150 toneladas del “alambre del Diablo” para aplacar la insurgencia nativa en los campos de batalla filipinos durante 1898. Dos años después los ingleses utilizaron cercas de alambre de púas para lo que algunos historiadores consideran los primeros campos de concentración durante las guerras de Boer. El uso de este material en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y después en Auschwitz lo ha convertido en símbolo indeleble de los horrores del siglo XX.

El alambre de púas se convertiría en un instrumento ubicuo del confinamiento y el control social ejercido en la frontera entre México y Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Ciertamente, ser fronterizo significa vivir simultáneamente en ambos lados de esta valla dentada.

Dos años después del asunto de Fort Bliss, Tom Lea, alcalde de El Paso, propuso que todos los mexicanos que cruzaran a Estados Unidos a través del puerto fronterizo de Ciudad Juárez-El Paso fueran recluidos tras alambre de púas por un mínimo de dos semanas en un campo de cuarentena. “CIENTOS DE SUCIOS MEXICANOS DESAMPARADOS LLEGAN TODOS LOS DÍAS A EL PASO”, escribió Tom Lea en un telegrama urgente dirigido a las autoridades sanitarias de Washington D.C. El alcalde quería frenar la inmigración al sur de la frontera y prevenir que los migrantes mexicanos contaminaran a los estadunidenses con enfermedades contagiosas como el tifus.

El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos se negó a considerar este plan. Retomando la propaganda acerca de la naturaleza paradisiaca de los centros de detención fronterizos, los oficiales de salubridad rechazaron la propuesta del alcalde de El Paso, argumentando que estos campos de cuarentena serían muy costosos, ya que atraerían a gente de todo México que se internaría voluntariamente en ellos. En lugar de eso propusieron que todo inmigrante proveniente de México, así como todo ciudadano “de segunda clase” de Juárez debía ser desnudado por completo y debía también entregar su ropa y equipaje para que fueran desinfectados con vapor y fumigados con ácido cianhídrico, además de presentarse ante un inspector de aduanas para que éste les revisara sus “partes peludas” —cuero cabelludo, axilas, pecho, zona púbica y ano— en busca de piojos.

El humillante proceso de despioje continuaría en la frontera durante décadas y utilizaría una variedad de pesticidas químicos extremadamente nocivos que incluían ácido cianhídrico, keroseno y DDT. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud han demostrado que el DDT puede ser cancerígeno para los humanos. Este pesticida, que mata a los insectos atacando sus neuronas, fue rociado directamente en la cara y cuerpo de más de cuatro millones de braceros entre 1942 y 1964.

El primer grupo de braceros con destino a California fue transportado a través de El Paso en 1942, cuando la guerra en Europa y en el Pacífico había provocado una seria escasez de mano de obra. Los trabajadores mexicanos invitados eran fumigados en las facilidades sanitarias del Puente Internacional de Santa Fe, El Paso, y procesados en Fort Bliss. Más tarde, El Paso Coliseum, que había fungido como campo de prisioneros de guerra para los soldados de las potencias del Eje capturados durante la Segunda Guerra Mundial, funcionó como centro de procesamiento para los trabajadores mexicanos invitados antes de ser enviados a cosechar los campos estadunidenses.

Cuando el primer grupo de mil 500 braceros llegó a Stockton, California, el 29 de septiembre de 1942, los trabajadores fueron recibidos en la estación de trenes por una banda musical y un público entusiasta que ondeaba banderas americanas. El eslogan “De las democracias será la victoria” estaba escrito con tiza a un costado de los pullman en los que habían cruzado la frontera. Los locales dieron discursos y los políticos de Washington mandaron telegramas vitoreando a los mexicanos como “soldados de la producción” en la guerra global contra el fascismo. Los mexicanos habían llegado para salvar sus granjas y su sustento.

Marjory Collins, una fotógrafa de la Oficina de Información de Guerra, capturó cientos de imágenes de ese día en que los mexicanos sonreían ampliamente haciendo signos de victoria con las manos. Sus abrigos tenían listones con la frase “BIENVENIDOS TRABAJADORES MEXICANOS”. La fotógrafa los siguió hasta los campos donde los hombres seguían sonriendo mientras cosechaban remolachas que colocaban en grandes cubetas de plástico. Sus imágenes fueron usadas por el gobierno de Estados Unidos para promover la solidaridad del hemisferio por toda América Latina. Mostraban cómo los trabajadores mexicanos prevenían que los cultivos norteamericanos se pudrieran en los campos y lograban que los trenes siguieran funcionando. Mexicanos y estadunidenses estaban peleando juntos, hombro con hombro, contra Hitler.

Parecía que, por primera vez en la historia, Estados Unidos realmente apreciaba a los mexicanos.

Pero a pesar de las lustrosas fotografías, la música alegre y los discursos entusiastas que mostraban gratitud eterna hacia los hombres del otro lado del río, durante y después de la guerra los braceros serían tratados como extremidades desechables, un par de brazos que serían devueltos al otro lado una vez que cumplieran su cometido. Ser bracero significaba ser transportado en vagones ganaderos, procesado, manoseado, radiografiado, vacunado, dactilografiado, interrogado, desnudado y fumigado con DDT.

Además del DDT, el Zyklon B fue otro pesticida utilizado en la frontera que ofrece otra conexión directa entre lo fronterizo y la historia mundial. A comienzos de 1929 los oficiales de aduanas de Estados Unidos empezaron a usar el Zyklon B como su pesticida de cajón para fumigar la ropa de los mexicanos que cruzaban por el Puente Internacional de El Paso-Juárez en Santa Fe.

En 1937 el uso de Zyklon B como agente fumigante en la frontera inspiró al doctor Gerhard Peters a solicitar su uso en los Desinfektionskammern alemanes. Peters escribió un artículo para la Anzeiger für Schädlinskunde, una revista alemana especializada, que incluía dos fotografías de las cámaras despiojadoras de El Paso. El doctor Peters usó a El Paso como ejemplo de cuán efectivo resultaba el ácido cianhídrico, o Zyklon B, como agente para exterminar plagas indeseables. Peters se convirtió en director general de Degesch, una de las dos firmas alemanas que se hicieron de los derechos para fabricar el Zyklon B en masa en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes emplearon dosis concentradas de Zyklon B en las cámaras de gas donde exterminaron a nueve millones de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas y otras “pestes” humanas. En 1946 Gerhard Peters sería enjuiciado y condenado en Nuremberg por su participación en todo esto.

Por supuesto que el Zyklon B no fue utilizado en la frontera con propósitos de exterminio, como en la Alemania nazi. Esa es una diferencia importante. Pero el holocausto europeo no tuvo lugar en un vacío histórico.

Los higienistas raciales alemanes tomaban nota de las políticas eugenésicas de Estados Unidos que promovían la creación de una raza superior. Las medidas de esterilización eugenésica establecidas en el estado de California para frenar la tasa de natalidad de individuos y razas “no aptos” sirvió como modelo para la ley para prevenir la mala progenie que entró en vigor en Alemania el 1 de enero de 1934. Entre 1920 y 1964 la esterilización coercitiva fue aplicada extensivamente en California en contra de aproximadamente 20 mil mujeres de ascendencia mexicana y otras minorías étnicas. Charles Goethe, un banquero millonario que fundó la Comisión de Estudios de la Migración en los años veinte, y que presionó para imponer cuotas estrictas sobre los inmigrantes latinoamericanos, jugó un papel fundamental en el diseño del programa de esterilización. Tras varios viajes a Alemania para estudiar los avances del Tercer Reich en materia de investigación racial, Goethe le escribió entusiasmado a su colega el eugenista Eugene Gosney para felicitarlo por lo mucho que había contribuido personalmente a las medidas de esterilización coercitivas alemanas: “Estará usted interesado en saber que su trabajo ha jugado un papel fundamental en moldear las opiniones del grupo de intelectuales que están con Hitler en este programa que marcará una época”.

Otra ley para frenar la inmigración de aquellos considerados genéticamente inferiores y que influyó al nacionalsocialismo alemán fue la Ley Migratoria de Estados Unidos de 1924, la legislación que estableció por primera vez la Patrulla Fronteriza.

Hitler alabó con entusiasmo la ley migratoria estadunidense, declarando que “comparados con la vieja Europa, que ha perdido buena parte de su mejor sangre a causa de las guerras y la migración, los estadunidenses parecen una raza joven y bien seleccionada. La propia Unión Americana, motivada por las teorías de sus propios investigadores raciales, ha establecido criterios muy específicos para los inmigrantes… haciendo que la oportunidad de poner pie en América dependa de requerimientos raciales específicos, así como de un nivel mínimo de buena salud de los individuos”.

Hoy está teniendo lugar un amplio debate en Estados Unidos sobre si es legítimo o no establecer paralelismos históricos entre los sucesos de la América de Trump y la Alemania de los años treinta. Recientemente, el Wall Street Journal publicó un rabioso ensayo del historiador Jay Winik en el que argumenta que estas conexiones históricas no son nada más que un “sacrilegio” y una “obscena mentira”. ¿Cómo es posible comparar el sufrimiento de los reclusos mexicanos y centroamericanos en los campos de detención, donde los niños son arrancados de los brazos de sus madres, con el de las víctimas europeas del régimen nazi? El Holocausto es un fenómeno único que no puede ser comparado con nada, menos con lo que sucede en un país democrático como Estados Unidos, dice Winik.

Lo cierto es que todo ejercicio de historia comparativa es un campo minado. Cuando se comparan dos épocas y lugares distintos siempre hay rupturas y continuidades, variaciones y similitudes.

Trump no es Hitler. Al menos no todavía. Pero cuando Trump usa el término “plaga” para describir a los inmigrantes es imposible no escuchar ecos del pasado, de la propaganda hitleriana que veía a los “judíos errantes” y a los gitanos sin raíces como “pestes nocivas”. Cuando la administración de Trump difunde comunicados de prensa con fotografías que muestran campamentos con aire acondicionado donde los hijos de los migrantes están siendo atendidos, y cuando los oficiales estadunidenses declaran que esa gente nunca había estado mejor, es difícil no pensar en el cine de propaganda del campo de concentración de Theresienstadt, que mostraba niños judíos jugando felices con muñecas y pelotas en lo que los nazis etiquetaron cínicamente como un “campamento spa”. Todo esto también hace que algunos de nosotros recordemos las fotografías de niños encarcelados tras alambre de púas en El Paso hace un siglo.

Estas largas historias de la frontera y sus conexiones transnacionales han estado sucediendo por más de cien años.

Pero aquellos que señalan que el gobierno estadunidense actual está repitiendo e imitando los modales del auge del fascismo europeo de los treinta y cuarenta están olvidando una parte muy importante del contexto.

Un estudio microhistórico global de los campos de desinfección y detención para migrantes no deseados en la frontera entre México y Estados Unidos nos recuerda que las cosas fueron al revés. Fue de hecho el régimen nazi quien primero observó detenidamente para aprender e imitar a Estados Unidos hasta en los más mínimos detalles. Esa es una historia que no podemos permitirnos olvidar.

 

David Dorado Romo
Ensayista, historiador y traductor. Autor de Historias desconocidas de la revolución mexicana en El Paso y Ciudad Juárez.

Traducción de César Blanco.

Cultura y vida cotidiana

Futbol en el atrio

En el sentido más flojo del término yo no soy religioso, quiero decir que no profeso culto alguno a una divinidad precisa, ni pertenezco a una secta o grupo que se esmere en ello. No guardo ningún rencor, envidia o animadversión respecto a quienes son religiosos o adeptos a cualquier iglesia que posea más de un prosélito. Cada quien sabrá cómo administrar el miedo, y si no lo sabe entonces alguien le venderá un folleto, un instructivo, una tradición o una biblia para que se sienta incluido y protegido. Me causa sorpresa que declaraciones como la anterior no causen ya ninguna sorpresa. En mis años de infancia y adolescencia expresar que eras ateo o no creías en ningún dios poseía aún cierto grado de escándalo y uno prefería, si no quería ser desdeñado, mantener su escepticismo en secreto y no andarlo gritando a los cuatro vientos, pues ello te llevaba al desprestigio y cualquier religioso de pocas pulgas podía golpearte, o convencerte de su devoción con la punta del pie. En la iglesia de San Simón, en la colonia Portales, asistía yo al catecismo los sábados en la mañana por insistencia de mi abuela y lo más emocionante y seductor de aquellas mañanas era que después de la charla del sacerdote se nos permitía, a los oyentes, jugar futbol en el atrio de la iglesia. Entonces sí que se despertaba el ánimo, la alegría y el juego que nos unía más que el sermón religioso. Oscar Wilde escribió en La duquesa de Padua, que “un sermón es una salsa que da lástima cuando no tienes con qué acompañarla”. Y más si este sermón es religioso o quiere convertirte en soldado de una causa trascendente. En el libro publicado por Ediciones Atalanta, El arte de conversar, y que contiene sentencias, pasajes y relatos de Oscar Wilde, elegidos por su traductor Roberto Frías, leo lo siguiente: “Las plegarias nunca deben obtener respuesta; si la reciben dejan de ser oraciones y se convierten en correspondencia”. No hay duda de lo razonable de esta afirmación; qué vanidad la de creer que uno puede establecer un diálogo con un ser divino; no solamente vanidad, sino necedad. No en vano David Hume hizo a un lado la religión para construir y dar así fortaleza a sus disquisiciones filosóficas y a su escepticismo.

Ilustración: Alberto Caudillo

El filósofo español Rafael Argullol sugiere que existen tres tipos de conocimiento —cuyos límites no son estrictos ni están totalmente determinados—, el conocimiento científico, el artístico y el religioso. Esta división nos llevaría, como es de suponerse, a infinidad de especulaciones, pero sobre todo al estudio filosófico del concepto de objetividad (al que tantos científicos toman al pie de la letra). Argullol escribe: “El conocimiento artístico nos introduce a un tipo de conocimiento circular, en el cual no es aplicable una visión lineal del tiempo. Las obras de arte que hoy pueden gustarnos no invalidan las obras de arte de hace dos o tres mil años”. Y después añade: “Si yo tuviera que definir al hombre, cosa que en principio es mejor no hacer, nunca utilizaría la definición tradicional de que el hombre es un animal racional, sino que diría que el hombre es un animal nostálgico, una conciencia de carencia, de separación, de ser extranjero y exiliado de una patria que no es la patria del nacimiento”. Es consecuencia de esta definición que la religión, los dioses y la correspondencia con la divinidad intenten devolvernos a una tierra o patria de la que hemos sido expulsados. Y no obstante ello, ese hombre nostálgico, melancólico, romántico encuentra su motivo de ser, su “realidad” u “objetividad” justamente en el extrañamiento de sí mismo y en la carencia de certezas firmes sobre las que fundar su tranquilidad (una conciencia o confirmación de que la existencia es necesaria). Yo me pregunto, ¿para qué necesitamos una religión si existe el arte? Fuera de la tradición histórica y enfrentados a una mera especulación filosófica el arte y la religión poseen raíces similares y ambos conocimientos han creado sus propias iglesias. Sin embargo, yo prefiero por sobre toda noción religiosa de certeza, al arte y a su producción contradictoria, no dogmática, abierta y estimulante. Podría vivir sin religión, pero no sin literatura o música. De haber expresado algo así en mis tiempos infantes habría recibido más de una bofetada por parte de mis tías y de mi abuela. Me salvó el futbol practicado en el atrio de la iglesia. En sus Reflexiones contra la religión Mark Twain escribe: “No se obtiene más cielo por haber sufrido ochenta años que por morir de sarampión a los tres”. “Yo fui católico hasta los ocho años y asistí al catecismo, así que ya tengo guardado un terrenito en el cielo”, suelo decir a una tía mía que aún vive y detesta mis opiniones sobre el mundo real e imaginario. La comprendo.

 

Guillermo Fadanelli
Escritor. Entre sus libros: Mis mujeres muertas, Mariana Constrictor y Hotel DF.

Cultura y vida cotidiana

La edad de la ingenuocracia

Hoy día, quizá más que en otras épocas, en virtud de la experiencia, así como por efecto de la abundancia de información con sus múltiples, más certeros y veloces canales, es probable que se haya acentuado el dilema en que se encuentran los distintos actores que componen cualquier sociedad en términos políticos. Es la lucha entre vivir bajo las normas de lo disfuncional, reformar lo reformable en los límites de la realidad y el tiempo, o habitar en las trampas de la ingenuidad hasta convertir el ejercicio político en la más plena ingenuocracia: una forma de convivencia en la que acciones y dichos están sujetos a la voluntad, a los deseos, a la esperanza —aunque ésta sea absolutamente legítima—, y no a los límites de lo posible, lo prudente, lo sensato y lo real.

Gobiernos, analistas, estudiosos sociales y técnicos, la población, pues, ante lo que aparenta ser la falla del modelo económico, político y social en México y parte de las naciones del mundo, nos vemos obligados a buscar las vías para cambiar los negativos de nuestra condición, con la evidente esperanza de tener buenos resultados y, en simultáneo, aunque menos atractivo, asumir las probabilidades que contienen diversas acciones para salir mal y otorgar resultados, sino peores a los que se rechazan quizá semejantes. Es natural que el primer escenario se encuentra en lo obligadamente descartado y perseguidos por él, no es recomendable escatimar esfuerzos con la intención de alejarse.

Ilustración: Kathia Recio

Para centrarse en el caso mexicano, los niveles de violencia, la ausencia de conciencia sobre los otros, la corrupción, la inequidad e impunidad, son condiciones que deben reducirse con tal de evitar nuestra propia y no necesariamente metafórica mayor destrucción social. Si se quiere contemplar ejemplos más distantes, tanto Europa como Estados Unidos han querido encontrar su lugar en un mundo donde han ido perdiendo hegemonía y seguridades, tratando de reactivar sus nociones identitarias con tal de salvaguardar una visión idealizada de sí mismos: la elección de Trump, el ir y venir alrededor del BREXIT, algo del movimiento independentista catalán así como la reacción del gobierno central español, o el susceptible éxito de las ideologías de extremos en Europa, son cuenta de esto. Los puntos medios desde los que se puede procurar el equilibro dan la impresión de ser con más frecuencia sujetos a desprecio, ignorando que sólo en ellos es probable asirse a una realidad que rara vez se desarrolla sin matices.

Es también argumentable que dicho dilema se ha encontrado por siempre en la conformación de las sociedades, sin embargo, espero sea aceptable considerar que cada vez son más los elementos que interactúan en ellas, aumentando su complejidad. Dentro de este aumento se encuentran los elementos que creímos que funcionarían y no lo hicieron como se esperaba —incorporándolos a la lista de insolutos—, como también las herramientas tecnológicas, las preocupaciones ambientales, el incremento poblacional con sus repercusiones, la interlocución entre ellos local e internacionalmente, etcétera. Es decir, ante lo que podríamos llamar una crisis de modelo, es natural que sea necesaria una dosis de mayor esperanza para modificar lo que afecta. Si hay más afectaciones el aumento de esperanzas es proporcional.

No existe un solo cambio en lo político y social que no haya partido de las esperanzas pero, al mismo tiempo, son muchas las esperanzas que coquetean peligrosamente con la ingenuidad.

A la ingenuidad se le ha confundido con estupidez, y sería de una simplificación pueril convertir dicha acepción en una generalidad. En los niños pude ser fascinante y contener las cualidades con las que se irá conociendo el mundo, y sin cierta ingenuidad positiva será imposible acercarse a las páginas de una novela, para, si hay suerte, permitirle construir una analogía de la realidad. En ninguno de los dos casos, incluso con la complejidad que se pueda encontrar en una novela, la ingenuidad cargará con las responsabilidades de la vida pública, la política y sus consecuencias en la existencia de la gente. Una dosis de ingenuidad es imprescindible para intentar cambiar el estado tóxico de cualquier situación, un exceso de ella pavimenta el camino de la insensatez. En México nos hemos hecho y cada vez somos más participes de las maneras de la ingenuocracia.

El mismo triunfo de López Obrador y la trayectoria que lo llevó a ahí, recuerdan literatura escrita en Occidente en torno a la ingenuidad. El Cándido de Voltaire, convencido de su destino, el más noble de todos, cree que para conseguirlo es necesario el acomodo sincrónico de distintas piezas y sólo falta esperar y trabajar para que éstas se ubiquen en el tiempo y el espacio correcto. Mientras tanto, a cada paso que da, una serie de desgracias normalmente insuperables, de las que nunca es responsable, le impiden completar su designio. Uno tras otro de sus tropiezos lo hacen perder todo, salvo lo mínimo que le permite continuar su búsqueda y que, a la vez, es suficientemente firme como para dar los ánimos que con su ausencia harían claudicar a cualquiera. Cándido no es víctima sino ganador de lo que ha perdido, un raro optimismo le hace aferrarse a lo rescatado. Fueron muchos y diversos los elementos que se salvaron de su desgracia. No es imposible pensar que llegará el momento para que estos, gracias a su esfuerzo, se acomoden a su favor. Cuando por fin da la impresión de que ha conseguido lo que quería, se da cuenta de que ello es sólo la visión idealizada de lo que ya no existe y ahora deberá de sopesar.

“Imaginaos todas las contradicciones, todas incompatibilidades posibles, las veréis en el gobierno, en los tribunales, en las iglesias, en los espectáculos de esta extraña nación.”

La ingenuidad será hermana del optimismo, pero su vacuna no es el pesimismo como la realidad. Tampoco es irracionalidad, se encuentra un nivel arriba en la escala del pensamiento, enmarcada por la buena voluntad y en sus últimas consecuencias por la necedad. El insumo de toda política es la complejidad. Con ingenuidad no se entiende la diferencia entre lo políticamente posible de lo imposible, entre la diferencia de la razón pública con la razón privada. Como en el cuento de Voltaire, en México la desatención a las pequeñas cosas es augurio de los posibles desastres en lo grande. De tanto hablar de ello desgastamos lo que parece sin importancia y es materia de la organización de las sociedades: el lenguaje, los asuntos de poco impacto y revuelo práctico, los en apariencia intrascendentes, los métodos con los que se procura el cuidado de la política. La visión que el Estado tiene de sí.

Si en las pasiones la ingenuidad es básica, esta condición no participa de forma equivalente en los terrenos de la reflexión; y no se gobierna con pasiones. La ingenuidad del gobernante se emparenta peligrosamente con la del mago seducido por las promesas de la magia. Ninguna preocupación es tal cuando el mago admite que su oficio es un truco, la malicia está de su lado y el poder la necesita. Angustia que el prestidigitador se convenza del acto mágico por los aplausos de un público. Los ha provocado, pero la prudencia deja saber qué tantos son válidos.

El ejercicio del poder y su análisis tienen la obligación de partir y de pensar siempre en el peor escenario. Hacerlo del mejor no sólo encumbra y padece la ceguera del voluntarismo, a menudo optimista, con el que se acepta que un conejo salga del sombrero. Termina por convertirse en peccata de la mayor ingenuidad en el terreno donde ésta no es permisible, porque atenta con irresponsabilidad sobre la vida de los gobernados.

Con ingenuidad se explican todas las cosas, sin ella la reflexión sirve para decepcionarse de causalidades y entender que hay causas fuera del control inmediato. La ingenuocracia como la democracia son un camino, una ruta parecida a la del personaje de Voltaire. Ya una vez en la historia se habló del equilibrio fantástico entre elementos no sujetos a lo real y supeditados al deseo, pieza exacerbada en la edad de la ingenuocracia que se respira hoy en muchas de estas tierras.

 

Maruan Soto Antaki
Escritor. Ha publicado Casa Damasco, La carta del verdugo, Reserva del vacío, Clandestino, El jardín del honor, la trilogía compuesta por Pensar Medio Oriente, Pensar México y Pensar Occidente, y El mal menor.
Twitter: @_Maruan.

Bioéticas

Vejez

La vejez es uno de los grandes temas contemporáneos. Su tejido es amplio. Cuando se estudia la senectud, medicina, economía, literatura, filosofía, política, ética, ética médica y sociedad son espacios fundamentales. La vejez abarca todo. A todos, avanzado el siglo XXI, nos corresponde cavilar en el tema: el incremento en la esperanza de vida de la población, la sobrepoblación, la depauperación, frecuente en los ancianos, y la pésima distribución de la riqueza son la punta del iceberg, un iceberg inmenso con demasiadas aristas y cuestiones sin resolver.

Ilustración: Kathia Recio

Las modificaciones en la esperanza de vida y el número total de habitantes de la población mundial son parteaguas para comprender el fenómeno de la vejez. En 1900 la media mundial de vida era de 55 años; en 2015, 75 años —debe señalarse que en naciones pobres de África la media es de 40 mientras que en algunos países occidentales alcanza los 85 años—. En 1900 había mil 650 millones de habitantes en el mundo; en 2017, siete mil 350 millones. ¿Debemos preocuparnos por las cifras previas? Sí. Entre una miríada, tres razones:

1. La esperanza de vida ha aumentado, en un siglo, poco más de 20 años. En ese periodo la población casi se ha quintuplicado.

2. La población mayor produce menos.

3. Antropoceno: Nueva era geológica debida al cambio climático. De acuerdo a voces científicas, ya vivimos  en el Antropoceno.

Los números alarman. Contra ellos nada se puede hacer. Y no sólo nada se puede hacer. Destaco dos factores. La humanidad, por incontables razones, no ha logrado frenar el crecimiento poblacional. Motivos religiosos, falta de educación y pobreza, aliados satánicos, son las razones subyacentes del aumento poblacional. El segundo factor es bienvenido: la ciencia ha logrado mejorar la salud; de ahí el incremento en la esperanza de vida. Para otros, ese progreso tiene aristas ríspidas: pobreza, soledad, abandono y suicidios son algunas constantes de la vejez. ¿Celebrar y festejar o reflexionar y cuestionar? Thomas Hobbes —siglo XVII— invita. El filósofo inglés decía que hay algo peor que vivir una vida “solitaria, pobre, ruin, tosca y breve: vivir una vida solitaria, pobre, ruin, tosca y… larga”.

Me impresiona lo que sucede en Japón: “Jubilados japoneses roban en tiendas para ir a la cárcel”; “Crece el número de ancianos japoneses que cometen delitos para ser encarcelados y no estar solos”, rezan dos encabezados periodísticos. Japón encabeza la lista de países con mayor longevidad; la esperanza de vida es de 85 años; además, hay más de 67 mil centenarios. La soledad es, al igual que en muchas economías occidentales, una suerte de pandemónium, “[en Japón] …muchos ancianos están solos. Para algunos, la única manera de vivir en compañía de otras personas y contar con todas las necesidades cubiertas es la cárcel” —copio información periodística.

A la soledad hay que agregar las desigualdades económicas. En los textos de medicina ni la soledad ni la pobreza son consideradas enfermedades. Para mí, ambas lo son. Cuando se padecen al unísono, el brete es mayúsculo.

Desigualdad. Dentro de sus conclusiones el Informe mundial de protección social 2017-2019 de la Organización Mundial del Trabajo explica, “[en los ancianos] …el nivel de prestaciones suele ser bajo y no alcanza para que los adultos mayores salgan de la pobreza… en muchos países la consolidación fiscal y la presión a favor de la austeridad siguen poniendo en peligro la suficiencia de las pensiones a largo plazo; teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, es preciso mantener un adecuado balance entre sostenibilidad y equilibrio”.

Soledad. El ejemplo japonés es una muestra light del fenómeno. El “abandono crónico” de los viejos muestra otra cara. Recuérdese la “ola de fallecimientos” de viejos, por deshidratación, en 2003, sobre todo en Francia, debido al calor y al abandono —“nadie” le hablaba a sus viejos—. Tras la tragedia, “durante una semana, los bomberos han retirado de casas y pisos de París más de 200 cadáveres diarios” (El País, 18 de agosto, 2003), el  primer ministro reclamó “una movilización nacional contra la soledad de los ancianos”. La cara más funesta del binomio soledad/pobreza es el suicidio. Aunque no se cuenta con estadísticas a nivel mundial, los expertos consideran que el fenómeno ha aumentado. Depresión, soledad, pobreza, falta de empleo y enfermedades son algunas razones. Convertirse en carga es otra razón. Se ha acuñado el término abuelo “ping pong” para describir la situación: el viejo que es llevado de una casa a otra de los hijos u otro familiar en detrimento de su comodidad y privacidad  aumenta la conducta suicida.

Escribí al inicio: la vejez es uno de los grandes temas contemporáneos. El brete corresponde, inter alia, a la ética médica. Las líneas previas son un abreboca. Retomaré el tema el próximo mes.

 

Arnoldo Kraus
Médico. Profesor en la Facultad de Medicina, UNAM. Es autor de Dolor de uno, dolor de todos y de Recordar a los difuntos, entre otros libros.

Sobre ciencia, en teoría

En arias de Verdi: Medicina operística

Zacarías: Il cielo ha punito il vantator!
(¡El cielo ha castigado al osado!)
Nabucco (parte 2, escena 8)

Paciente de la tercera edad es remitido por el maestro Giuseppe Verdi e ingresa en la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad de Milán-Bicocca para diagnóstico por el médico especialista en neurología Luca Cambioli y colaboradores. El paciente señala que su nombre es Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, pero que prefiere que lo llamen simplemente Nabucco. La historia clínica, consignada en un archivo bíblico etiquetado como Libro de Daniel, consigna que el paciente perdió la razón y fue alimentado durante siete años con “hierba del campo”, “como a los bueyes”, sin añadir posible causa ni naturaleza de su aflicción mental.

Acompaña al maestro Verdi Abigaíl, hija del paciente, quien atestigua que la alteración de las habilidades mentales del enfermo ocurrió a raíz de que un rayo estalló a su lado: “Idos los ojos, la locura se delató en todos sus rasgos”. Durante este suceso el maestro Temistocle Solera, de oficio libretista, registra que el paciente sufrió alucinaciones visuales (“¿Quién me arranca el cetro real? […] ¿Quién me coge del pelo, ay de mí? ¿Quién me agarra?”) y táctiles (“¡Sólo fantasmas veo armados con espadas de fuego ardiente!”), su estado emocional era delicado (“¿Por qué, por qué en mis ojos ha despuntado una lágrima?”), llegando a la pérdida de la conciencia (“¿Quién me socorre? ¡Desfallezco!”).

Abigaíl agrega que luego de un tiempo (¿siete años?) el paciente reapareció “con barba crecida y vestiduras rasgadas”, confuso (“¿Adónde quieres llevarme? […] ¡Esta es la sala del Consejo! ¡Vamos! ¿No ves?”) y con dificultades para reconocerla (“¿Quién es esta?”). Asegura que el paciente exhibe de vez en cuando momentos de lucidez (“¡Perdona, ay, perdona a un padre que delira!”).

Diagnóstico: Nabucco sufre de un “desajuste de su función cerebral en respuesta a un agente estresante fisiopatológico”. En una palabra: delirio.

Ilustración: Oldemar González

Razones bíblicas y neuropsiquiátricas de la sinrazón que gobernó a un rey

Si en tiempos bíblicos al profeta Daniel le bastó decir que una voz del cielo fue la causa de que Nabucodonosor perdiera el juicio, en el siglo XIX fue necesario presenciar que un rayo cayera sobre la versión teatral del rey asirio en Nabucco, la ópera de Verdi de 1841. Y es que, tanto para los libretistas y compositores como para los asistentes al arte que combinaba todas las artes mucho antes de la aparición del cine, lo que veían (y oían) en escena forzosamente tenía que reflejar los avances en el conocimiento científico de la época y, en este caso en particular, en lo que la neuropsiquiatría había descubierto sobre el origen, síntomas y tratamiento de los trastornos mentales.

En enero de 2017 Cambioli y colaboradores, con libreto de Nabucco y quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (mejor conocido por DSM-5, por sus siglas en inglés) en mano, identificaron al delirio como la hipótesis más probable para explicar el comportamiento en el escenario del protagonista homónimo.1 Si se exige precisar más y dada la naturaleza fulminante y eléctrica del factor desencadenante (el rayo), Nabucco exhibe un síndrome de delirio excitado —no incluido en el DSM-5 pero reconocido por el Colegio Estadunidense de Médicos de Emergencia y por la Asociación Nacional (estadunidense) de Examinadores Médicos— cuya causa más frecuente es un choque eléctrico.

De pagliacci a primo uomini (pero sin prima donna)

La relación entre medicina y ópera desde el nacimiento de la segunda en el siglo XVI ha sido estrecha y fructífera a un grado tal que no sólo permite, como a Cambioli y colaboradores en este siglo, diagnosticar los padecimientos reales de la representación ficticia de un personaje histórico en los años en que fue escrito tanto el libreto de Nabucco como la obra dramática Nabucodonosor (1836), de Auguste Anice-Bourgeois y Francis Cornue, en la que se basa la ópera de Verdi; además de ello, la inclusión continua de médicos y pacientes como personajes de la trama hace que la historia de la ópera sea también la historia de cómo ha cambiado la percepción social del papel y la importancia del médico. Con esta intención el cardiólogo, violinista y director de orquesta Stefan Willich auscultó las arias de 40 óperas de los pasados siglos, iniciando con Doktor und Apotheker (Doctor y boticario, 1786) de Carl Ditters von Dittersdorf.2

Willich determinó que, a lo largo de tres siglos, el personaje del médico pasó de ser un personaje secundario y cómico, en el siglo XVIII, a desempeñar un papel principal y hasta épico en el siglo XX. De la invasión de competencias profesionales entre médicos y boticarios en la obra de Dittersdorf, pasando por los remedios supuestamente mágicos del Dr. Dulcamara en L’Elisir d’Amore (Elíxir de amor, 1832), pasamos a la metamorfosis del médico en un profesionista respetable y empático con los sufrimientos de sus pacientes, como el Dr. Grenvil en La Traviata (1853) por cortesía nuevamente de Verdi, quizás el compositor a quien más deben los médicos su buena fama teatral, pues aparecen en nueve de sus óperas.

La relación entre médico y paciente presente en obras como La Traviata ha sido aprovechada, entre otros investigadores, por Scott R. Levin y sus colegas para permitir que los estudiantes de medicina reflexionen sobre la medida en que las óperas reflejan este aspecto de la práctica clínica y los estereotipos y estigmas sociales relacionados con ciertas enfermedades —trátese, por ejemplo, de tuberculosis en La Traviata y La Bohème (1896) o de sida en la transfiguración en musical de Broadway de esta ópera de Giacomo Puccini por Jonathan Larson en Rent (1996)— como parte del currículo de la Escuela Médica Warren Alpert de la Universidad de Brown.3

En 1925 el público conoce por fin al médico como científico en Wozzeck, de Alban Berg, lo que sería más aplaudible de no ser por el contrapunto que representa el que el doctor sin nombre de esta obra, al experimentar sin ningún código ético ni remordimiento sobre su paciente, es, posiblemente, antecesor de los médicos sin escrúpulos de la incipiente Alemania nazi.  Y en el siglo XXI aún estamos en espera de una ópera cuya protagonista —o al menos uno de los personajes— sea una doctora en medicina.

En agosto de este año el epidemiólogo Joan B. Soriano publicó un estudio mucho más extenso (493 óperas compuestas en un periodo de 239 años, de 1777 a 2016) en el que identificó 53 obras (10.7% de las por él analizadas) que incluían un paciente o un doctor como personajes.4 Soriano confirma las conclusiones de Willich con relación a la evolución del papel de los médicos en escena. La obra más antigua con un médico en el elenco es Il mondo della luna (1777) de Joseph Haydn y la más reciente The Center Cannot Hold (2016), del psiquiatra Kenneth B. Wells. La disección por especialidades muestra que la más recurrida fue la psiquiatría (10 obras), seguida de la cirugía (seis) y, muy de lejos, por neumología (tres), nutrición y cardiología (cada una de ellas con dos) y, con una única aparición, oftalmología (llamada, muy apropiadamente, Der Augenartz, El oftalmólogo, una ópera de 1811 de Vojtěch Jírovec), enfermería (Tristan und Isolde, 1865, de Richard Wagner) y farmacología (la ya citada Doktor und Apotheker).

Sobre inspiraciones, expiraciones y aspiraciones suicidas

De vuelta con Nabucco, Cambioli y colaboradores señalan que la delirante etiología del rey fue influida por los descubrimientos en neuropsiquiatría —disciplina emergente a principios del siglo XIX—, en especial los debidos a los franceses Philippe Pinel y Jean-Étienne Dominique Esquirol, de los que muy probablemente estaban enterados sus compatriotas Anicet-Bourgeois y Cornue, autores del drama que a su vez inspiró el libreto de Solera y la ópera de Verdi.

Un segundo caso de diagnóstico digno de aparecer en una Historia operística de la patología forense se presenta en Les Contes d’Hoffmann (Los cuentos de Hoffmann, 1881) de Jacques Offenbach. En uno de estos relatos el diabólico Dr. Milagro induce a la joven Antonia a cantar hasta la muerte en una escena tan dramática como, en apariencia, inexplicable y, quizás, algo excesiva (aunque, en realidad, nada es excesivo ni en la ópera ni, hoy en día, en las películas de Marvel). En 1992 el oncólogo Leonard G. Dauber, con base en los síntomas exhibidos por el personaje en el escenario (entre ellas: fragilidad, ansiedad y agotamiento) hipotetizó que la posible muerte por canto de Antonia se debió a un prolapso de la válvula mitral (un mal funcionamiento de una de las válvulas de su corazón).5 Heredada de su madre —al igual que su habilidad para el canto—, esta condición médica posiblemente le produjo una arritmia cardiaca al cantar, lo que a su vez devino en muerte súbita cardiaca.

Pero si algo requieren Papageno y otros personajes de la ópera, dadas las tendencias suicidas de varios de ellos, son profesionales de la psicología médica y la psiquiatría. De 337 óperas compuestas de 1607 a 2006, en 112 (33%) de ellas algún personaje se suicida o intenta suicidarse o tiene pensamientos suicidas.6 Aunque el cielo es el límite cuando a formas de suicidarse en escena se refiere —envenenándose, ahogándose, colgándose, inmolándose, saltando al vacío, disparándose y hasta golpeándose—, la favorita es el autoapuñalamiento. Por suerte para Papageno, gracias a la oportuna intervención de sus amigos (y a Emanuel Schikaneder y a Mozart, libretista y compositor de La flauta mágica, 1791), cambia de parecer y decide que la vida es mejor cantando, en lo que desde entonces se conoce como Efecto Papageno.

Y con este alegre final que enlaza medicina y ópera, ciencias y humanidades, es hora de bajar el telón.

 

Luis Javier Plata Rosas
Doctor en oceanografía por la Universidad de Guadalajara. Sus más recientes libros son: La ciencia y los monstruos. Todo lo que la ciencia tiene para decir sobre zombis, vampiros, brujas y otros seres horripilantes y El océano tiene onda. Una obra de ciencia ficción.


1 Cambioli, L., M. Bava, G. Belelli, M. Clerici, G. Cesana y M.A. Riva, “Delirium in an Italian Romantic Opera”, European Neurology, núm. 77, 2017, pp.180-185.

2 Willich, S.N., “Physicians in opera-reflection of medical history and public perception”, British Medical Journal, núm. 333, 2006, pp. 23-30.

3 Levin, S.R., F. Cai, N. Noronha, H.S. Wald y M.M. Daniel, “Diseases, doctors, and divas: Cultivating reflective capacity in preclinical medical students through a critical examination of opera”, Journal for Learning through the Arts, 13(1), 2017, 16 pp.

4 Soriano, J.B., “On doctors and their operas: A critical (and lyrical) analysis of Medicine in Opera”, Chest, 154(2), 2018, pp. 409-415.

5 Dauber, L.G., “Death in opera: a case study, ‘Tales of Hoffmann’-Antonia”, American Journal of Cardiology, 70, 1992, pp. 838-840.

6 Pridmore, S.A., S. Auchincloss, N.L. Soh y G.J. Walter, “Four centuries of suicide in opera”, The Medical Journal of Australia, 199(11), 2013, pp. 783-786.

Sábado violento en Tláhuac

A las 11 de la mañana, en la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Tláhuac (Agencia Investigadora del MP TLH-1), el ambiente sabatino se percibe perezoso. Es el 29 de septiembre. Hay al menos diez personas: algunas vienen a denunciar un delito y otras acompañan a los afectados.

El primer contacto con la autoridad sucede con un mostrador de madera de por medio. Una asistente se encarga de hacer preguntas generales para saber qué ha sucedido. Escribe rápido las frases sin apoyar mucho los dedos en el teclado. Imprime la narración escueta y se dirige con una hoja tamaño media carta entre las manos hacia la zona de escritorios que está detrás de unas puertas de cristal. Falta iluminación en las oficinas.

En la sala de espera los adultos parecen niños a quienes la maestra les ha pedido que se reúnan en pequeños grupos para trabajar. Hablan en voz baja, ven videos de partidos de futbol, alimentan sus chats o revisan las novedades en Facebook. Están ahí porque les robaron el automóvil, porque en la madrugada alguien entró a su taller y se llevó distintas herramientas, porque tiene que reportar compras hechas a su nombre sin su autorización, porque en un intento de asalto a su casa un ladrón la lastimó cuando ella trató de defenderse, porque alguien le arrebató mil quinientos pesos de la “cuenta” mientras caminaba por la calle.

En sus gestos no hay nerviosismo, actúan con cansancio, exhalan con resignación. Están ahí, sentados en sillas metálicas, guardando las palabras para su declaración. Hay quienes ya han visto correr una hora más en el reloj.

Ilustración: Patricio Betteo

***

Otra vez Tláhuac. La ley de la delincuencia se impone de nuevo y sus habitantes la resienten más que en años pasados. El territorio que tomó por sorpresa a las autoridades al revelarse como el reino de José de Jesús Pérez, El Ojos, tiene su presente marcado por el narcomenudeo y la efervescencia de delitos que se creían desterrados. Los vecinos comparten con temor sus desgracias: saqueos a casas y comercios, robos de automóviles, asaltos en la calle o en el transporte público, sin librarse de una amenaza con pistola, cuchillo o navaja —algunos han terminado en el hospital por las heridas.

Hay un puñado de comercios y talleres ubicados en la colonia La Nopalera, por ejemplo, que han sido presa fácil de los ladrones, quienes se aprovecharon de la oscuridad nocturna para romper candados o doblar las cortinas de metal. No mostraron interés particular en alguna mercancía, tomaron todo lo que fue posible: productos de salones de belleza, herramientas, dinero. Los dueños prefieren no denunciar por miedo o falta de confianza en las autoridades.

Los peatones de esta alcaldía han aprendido a caminar con recelo. En cualquier momento alguien les pone el cañón de una pistola frente a los ojos o les acerca la punta de una navaja para quitarles el celular, la cartera, el bolso o la mochila. Para los usuarios del transporte público las advertencias están a la vista. Un chofer colocó en su microbús una calcomanía que dice: “No presumas tus valores, evita que te roben, no pagues con billetes de 100 y 200 pesos, no uses tu celular”. Los ciclistas también tienen su propia tragedia: no es seguro dejar las bicicletas estacionadas en los lugares asignados afuera de ciertas estaciones de la Línea 12.

Si vives en Tláhuac es posible que pierdas el sueño un domingo por la noche. El pasado 23 de septiembre en una de las calles, a las once de la noche, se escuchó cómo un automóvil se estacionó, alguien cerró la puerta y comenzó a golpear contra una superficie metálica. Un vecino observó que el automóvil estaba estacionado a media calle con las luces encendidas, alumbrando en dirección de la persona que estaba revisando un taxi modelo Tsuru que llevaba varios días abandonado. Los ruidos en la calle se multiplicaron. Un enjambre de motonetas comenzó a dar vueltas por esa cuadra. La persona que estaba desarmando el coche no se inmutó. Quienes estaban despiertos escucharon cómo rebotaron las llantas en el pavimento y los violentos jaloneos con los que poco a poco el ladrón fue arrancando todo lo servible del automóvil. La escena duró al menos dos horas. El vecino que da este relato sufrió insomnio aquella noche y evitó llamar a la policía porque teme la venganza de los delincuentes. 

***

Las historias que salen a la luz durante la mañana del sábado en el Ministerio Público sólo amplían este catálogo delictivo. A partir de las doce de la mañana comienza la ronda de interrogatorios.

Las horas de espera se llenaron con la lectura de un libro con pastas duras de color verde, con caminatas en el pasillo exterior, con llamadas telefónicas a familiares, amigos y conocidos (“Estoy en el MP…”. “¿Entonces sí es mejor denunciar?”. “Sigo esperando…”.) Quienes estaban quietos, ahuyentaban a los mosquitos con las manos. En el sonido ambiental sobresalía el ruido de podadoras de pasto y detonaciones que provenían del campo de entrenamiento del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros.

Del registro de un robo de automóvil, se pasó a la historia de una mujer que, acompañada por su esposo, su hija y dos familiares, fue a “levantar una demanda” porque un hombre entró a su casa a robar el viernes por la noche y ella tuvo que defenderse. La asistente del mostrador le preguntó si sólo ella había resultado herida y le pidió que anotara su nombre en un formato. A los pocos minutos la joven de cabello castaño entró para narrar lo que le sucedió. Una hora más tarde salió y se dirigió con su familia hacia una oficina contigua. El remate lo dio el esposo cuando tomó el teléfono rojo, disponible para quienes hayan quedado inconformes con la atención de los servidores públicos, y preguntó por qué le habían dicho a su esposa que su caso era “una falta administrativa”, si el hombre que entró a su casa “pudo haberla matado si ella no se hubiera defendido” y “hoy en la mañana estaba afuera de mi casa con un cuchillo en la mano”. La respuesta tampoco lo dejó satisfecho. Colgó el auricular con un golpe seco y regresó a la otra oficina.

En una de las sillas esperaba un carpintero que iba a reportar que habían entrado a su taller y le habían robado sus herramientas. Los delincuentes doblaron el extremo inferior derecho de la cortina de hierro sin que los vecinos hayan escuchado algún ruido.

De pie estaba una señora de entre 45 y 50 años que había sufrido robo de identidad. Usaron sus datos personales para realizar una compra en internet, con pagos asignados en el recibo del teléfono.

Alrededor de las dos de la tarde, el ritmo de trabajo en las oficinas del Ministerio Público se aceleró. La encargada y un vendedor del área de electrónica de una tienda Coppel se presentaron como testigos de un asalto que tenía poco tiempo de haber ocurrido. Dos policías detuvieron a uno de los delincuentes, que portaba un cuchillo de 20 centímetros. El botín: una pantalla de 20 pulgadas.

Momentos después, dos camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llegaron con varios detenidos. La reacción de la asistente que atiende detrás del mostrador fue reveladora: se puso de pie tan rápido como pudo y en su rostro apareció un gesto de incredulidad.

¿Qué está sucediendo en Tláhuac?

 

Kathya Millares
Editora.

Decepción.
El final de la historia se ha pospuesto

Presentamos un adelanto de 21 lecciones para el siglo XXI (Debate, 2018), nuevo libro del historiador israelí Yuval Noah Harari. Harari, cuya obra se enfoca en la evolución del hombre a lo largo de la historia, presenta aquí 21 lecciones fundamentales para entender los problemas del siglo actual. Entre los temas que toca 21 lecciones para el siglo XXI están tanto la crisis de la democracia liberal y el advenimiento de las noticias falsas, así como la desigualdad y el cambio climático.


El desafío tecnológico

La humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las últimas décadas, exactamente cuando la fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrenta a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido.


Decepción

El final de la historia se ha pospuesto

Los humanos pensamos más en relatos que en hechos, números o ecuaciones, y cuanto más sencillo es el relato, mejor. Cada persona, grupo y nación tiene sus propias fábulas y mitos. Pero durante el siglo XX las élites globales en Nueva York, Londres, Berlín y Moscú formularon tres grandes relatos que pretendían explicar todo el pasado y predecir el futuro del mundo: el relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. La Segunda Guerra Mundial dejó fuera de combate el relato fascista, y desde finales de la década de 1940 hasta finales de la de 1980 el mundo se convirtió en un campo de batalla entre solo dos relatos: el comunista y el liberal. Después, el relato comunista se vino abajo, y el liberal siguió siendo la guía dominante para el pasado humano y el manual indispensable para el futuro del planeta, o eso es lo que le parecía a la élite global.

El relato liberal celebra el valor y el poder de la libertad. Afirma que durante miles de años la humanidad vivió bajo regímenes opresores que otorgaban al pueblo pocos derechos políticos, pocas oportunidades económicas o pocas libertades personales, y que restringían sobremanera los movimientos de individuos, ideas y bienes. Pero el pueblo luchó por su libertad, y paso a paso esta fue ganando terreno. Regímenes democráticos reemplazaron a dictaduras brutales. La libre empresa superó las restricciones económicas. Las personas aprendieron a pensar por sí mismas y a seguir su corazón, en lugar de obedecer ciegamente a sacerdotes intolerantes a y a tradiciones rígidas. Carreteras abiertas, puentes resistentes y aeropuertos atestados sustituyeron muros, fosos y vallas de alambre de espino.

El relato liberal reconoce que no todo va bien en el mundo, y que todavía quedan muchos obstáculos por superar. Gran parte de nuestro planeta está dominado por tiranos, e incluso en los países más liberales muchos ciudadanos padecen pobreza, violencia y opresión. Pero al menos sabemos qué tenemos que hacer a fin de superar estos problemas: conceder más libertad a la gente. Necesitamos proteger los derechos humanos, conceder el voto a todo el mundo, establecer mercados libres y permitir que individuos, ideas y bienes se muevan por todo el planeta con la mayor facilidad posible. Según esta panacea liberal (que, con variaciones mínimas, aceptaron tanto George W. Bush como Barack Obama), si continuamos liberalizando y globalizando nuestros sistemas políticos y económicos, generaremos paz y prosperidad para todos.

Los países que se apunten a esta marcha imparable del progreso se verán recompensados muy pronto con la paz y la prosperidad. Los países que intenten resistirse a lo inevitable sufrirán las consecuencias, hasta que también ellos vean la luz, abran sus fronteras y liberalicen sus sociedades, su política y sus mercados. Puede que tome tiempo, pero al final incluso Corea del Norte, Irak y El Salvador se parecerán a Dinamarca o a Iowa.

En las décadas de 1990 y 2000 este relato se convirtió en un mantra global. Muchos gobiernos, desde Brasil hasta la India, adoptaron fórmulas liberales en un intento de incorporarse a la marcha inexorable de la historia. Los que no lo consiguieron parecían fósiles de una época obsoleta. En 1997, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reprendió confidencialmente al gobierno chino diciéndole que su negativa a liberalizar su política lo situaba «en el lado equivocado de la historia».

Sin embargo, desde la crisis financiera global de 2008, personas de todo el mundo se sienten cada vez más decepcionadas del relato liberal. Los muros y las barras de control de acceso vuelven a estar de moda. La resistencia a la inmigración y a los acuerdos comerciales aumenta. Gobiernos en apariencia democráticos socavan la independencia del sistema judicial, restringen la libertad de prensa y califican de traición cualquier tipo de oposición. Los caudillos de países como Turquía y Rusia experimentan con nuevos tipos de democracia intolerante y dictadura absoluta. Hoy en día son pocos los que declararían de forma confidencial que el Partido Comunista chino se halla en el lado equivocado de la historia.

El año 2016, marcado sin duda por la votación sobre el Brexit en Gran Bretaña y el acceso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, fue el momento en que esta marea de desencanto alcanzó los estados liberales básicos de Europa occidental y de Norteamérica. Mientras que hace unos pocos años norteamericanos y europeos seguían intentando aún liberalizar Irak y Libia a punta de pistola, muchas personas en Kentucky yYorkshire han terminado por considerar que la visión liberal es o bien indeseable o bien inalcanzable. Algunas han descubierto que les gusta el antiguo mundo jerárquico y, simplemente, no quieren renunciar a sus privilegios raciales, nacionales o de género. Otras han llegado a la conclusión (correcta o no) de que la liberalización y la globalización son un enorme chanchullo que empodera a una minúscula élite a costa de las masas.

En 1938 a los humanos se les ofrecían tres relatos globales entre los que elegir, en 1968 solo dos y en 1998 parecía que se imponía un único relato; en 2018 hemos bajado a cero. No es extraño que las élites liberales, que dominaron gran parte del mundo en décadas recientes, se hayan sumido en un estado de conmoción y desorientación. Tener un relato es la situación más tranquilizadora. Todo está perfectamente claro. Que de repente nos quedemos sin ninguno resulta terrorífico. Nada tiene sentido. Un poco a la manera de la élite soviética en la década de 1980, los liberales no comprenden cómo la historia se desvió de su ruta predestinada, y carecen de un prisma alternativo para interpretar la realidad. La desorientación los lleva a pensar en términos apocalípticos, como si el fracaso de la historia para llegar a su previsto final feliz solo pudiera significar que se precipita hacia el Armagedón. Incapaz de realizar una verificación de la realidad, la mente se aferra a situaciones hipotéticas catastróficas. Al igual que una persona que imagine que un fuerte dolor de cabeza implica un tumor cerebral terminal, muchos liberales temen que el Brexit y el ascenso de Donald Trump presagien el fin de la civilización humana.

De matar mosquitos a matar pensamientos

La sensación de desorientación y de fatalidad inminente se agrava por el ritmo acelerado de la disrupción tecnológica. Durante la era industrial, el sistema político liberal se moldeó para gestionar un mundo de motores de vapor, refinerías de petróleo y televisores. Le cuesta tratar con las revoluciones en curso en la tecnología de la información y la biotecnología.

Tanto los políticos como los votantes apenas pueden comprender las nuevas tecnologías, y no digamos ya regular su potencial explosivo. Desde la década de 1990, internet ha cambiado el mundo probablemente más que ningún otro factor, pero la revolución internáutica la han dirigido ingenieros más que partidos políticos. ¿Acaso el lector votó sobre internet? El sistema democrático todavía está esforzándose para comprender qué le ha golpeado, y apenas está capacitado para habérselas con los trastornos que se avecinan, como el auge de la IA y la revolución de la cadena de bloques.

Ya en la actualidad, los ordenadores han hecho que el sistema financiero sea tan complicado que pocos humanos pueden entenderlo. A medida que la IA mejore, puede que pronto alcancemos un punto en el que ningún humano logre comprender ya las finanzas.

¿Qué consecuencias tendrá para el proceso político? ¿Puede el lector imaginar un gobierno que espere sumiso a que un algoritmo apruebe sus presupuestos o su nueva reforma tributaria? Mientras tanto, redes de cadenas de bloques entre iguales y criptomonedas como el bitcóin pueden renovar por completo el sistema monetario, de modo que las reformas tributarias radicales sean inevitables. Por ejemplo, podría acabar siendo imposible o irrelevante gravar los dólares, porque la mayoría de las transacciones no implicarán un intercambio claro de moneda nacional, o de ninguna moneda en absoluto. Por tanto, quizá los gobiernos necesiten inventar impuestos totalmente nuevos, tal vez un impuesto sobre la información (que será, al mismo tiempo, el activo más importante en la economía y la única cosa que se intercambie en numerosas transacciones). ¿Conseguirá el sistema político lidiar con la crisis antes de quedarse sin dinero?

Más importante todavía es el hecho de que las revoluciones paralelas en la infotecnología y la biotecnología podrían reestructurar no solo las economías y las sociedades, sino también nuestros mismos cuerpo y mente. En el pasado, los humanos aprendimos a controlar el mundo exterior a nosotros, pero teníamos muy poco control sobre nuestro mundo interior. Sabíamos cómo construir una presa y detener la corriente de un río, pero no cómo conseguir que el cuerpo dejara de envejecer. Sabíamos diseñar un sistema de irrigación, pero no teníamos ni idea de cómo diseñar un cerebro. Si los mosquitos nos zumbaban en los oídos y perturbaban nuestro sueño, sabíamos cómo matarlos; pero si un pensamiento zumbaba en nuestra mente y nos mantenía despiertos de noche, la mayoría no sabíamos cómo acabar con él.

Las revoluciones en la biotecnología y la infotecnología nos proporcionarán el control de nuestro mundo interior y nos permitirán proyectar y producir vida. Aprenderemos a diseñar cerebros, a alargar la vida y a acabar con pensamientos a nuestra discreción. Nadie sabe cuáles serán las consecuencias. Los humanos siempre han sido mucho más duchos en inventar herramientas que en usarlas sabiamente. Es más fácil reconducir un río mediante la construcción de una presa que predecir las complejas consecuencias que ello tendrá para el sistema ecológico de la región. De modo parecido, será más fácil redirigir el flujo de nuestra mente que adivinar cómo repercutirá esto en nuestra psicología individual o en nuestros sistemas sociales.

En el pasado conseguimos el poder para manipular el mundo que nos rodeaba y remodelar el planeta entero, pero debido a que no comprendíamos la complejidad de la ecología global, los cambios que hicimos involuntariamente alteraron todo el sistema ecológico, y ahora nos enfrentamos a un colapso ecológico. En el siglo que viene, la biotecnología y la infotecnología nos proporcionarán el poder de manipular nuestro mundo interior y remodelarnos, pero debido a que no comprendemos la complejidad de nuestra propia mente, los cambios que hagamos podrían alterar nuestro sistema mental hasta tal extremo que también este podría descomponerse.

Las revoluciones en la biotecnología y la infotecnología las llevan a cabo los ingenieros, los emprendedores y los científicos, que apenas son conscientes de las implicaciones políticas de sus decisiones, y que ciertamente no representan a nadie. ¿Pueden los parlamentos y los partidos tomar las riendas? Por el momento, no lo parece. La disrupción tecnológica no constituye siquiera un punto importante en los programas políticos. Así, durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos, la principal referencia a la tecnología disruptiva fue la debacle de los correos electrónicos de Hillary Clinton,3 y a pesar de los discursos sobre la pérdida de empleos, ningún candidato abordó el impacto potencial de la automatización. Donald Trump advirtió a los votantes que mexicanos y chinos les quitarían el trabajo, y que por tanto tenían que erigir un muro en la frontera mexicana.4 Nunca advirtió a los votantes que los algoritmos les quitarán el trabajo, ni sugirió que se construyera un cortafuegos en la frontera con California.

Esta podría ser una de las razones (aunque no la única) por las que incluso los votantes de los feudos del Occidente liberal pierdan su fe en el relato liberal y en el proceso democrático. Las personas de a pie quizá no comprendan la inteligencia artificial ni la biotecnología, pero pueden percibir que el futuro no las tiene en cuenta. En 1938, las condiciones del ciudadano de a pie en la Unión Soviética, Alemania o Estados Unidos tal vez fueran muy difíciles, pero constantemente se le decía que era la cosa más importante del mundo, y que era el futuro (siempre que, desde luego, se tratara de una «persona normal» y no un judío o un africano). Miraba los carteles de la propaganda (que solían presentar a mineros del carbón, operarios de acerías y amas de casa en actitudes heroicas) y se veía a sí mismo en ellos: «¡Estoy en este cartel! ¡Soy el héroe del futuro!».

En 2018, el ciudadano de a pie se siente cada vez más irrelevante. En las charlas TED, en los comités de expertos del gobierno, en las conferencias sobre alta tecnología se difunden de forma entusiasta gran cantidad de conceptos misteriosos (globalización, cadenas de bloques, ingeniería genética, inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje automático), y la gente de a pie puede sospechar con razón que ninguno tiene que ver con ella. El relato liberal era el de la gente de a pie. ¿Cómo puede seguir siendo relevante en un mundo de cíborgs y de algoritmos conectados en red?

En el siglo XX, las masas se rebelaron contra la explotación y trataron de convertir su papel vital en la economía en poder político. Ahora las masas temen la irrelevancia, y quieren usar frenéticamente el poder político que les resta antes de que sea demasiado tarde. El Brexit y el ascenso de Trump muestran así una trayectoria opuesta a la de las revoluciones socialistas tradicionales. Las revoluciones rusa, china y cubana las llevaron a cabo personas que eran vitales para la economía, pero que carecían de poder político; en 2016, Trump y el Brexit recibieron el apoyo de muchas personas que todavía gozaban de poder político pero que temían estar perdiendo su valor económico. Quizá en el siglo xxi las revueltas populistas se organicen no contra una élite económica que explota a la gente, sino contra una élite económica que ya no la necesita. Esta bien pudiera ser una batalla perdida. Es mucho más difícil luchar contra la irrelevancia que contra la explotación.

 

Yuval Noah Harari

Traducción de Joandomènec Ros

Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana

En aras de abonar a la discusión sobre una de las primeras y principales decisiones del gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre, nexos ofrece el siguiente texto, que contiene un análisis detallado sobre los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana presentados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

 


DOCUMENTO TÉCNICO:
Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza.

 

Septiembre de 2018

 

“Pronto seremos Gobierno, y gobernar significa: escuchar a todos, atender a todos y respetar a todos.”
Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos


Índice

Introducción

I. Principios

II. Implicaciones del Lineamiento 21 sobre la reducción de un 70% del personal de confianza

II. 1. Legales

II. 2. Operacionales

II. 2. 1. Reforma de la Administración Pública Federal (Transversalidad y Coherencia)

II. 2. 2. Depuración y mejora regulatoria de la Administración Pública Federal

III. Implicaciones de los Lineamientos 8, 13 y 22 sobre salarios y plazas de servidores públicos de confianza.

III. 1. Situación salarial en la Administración Pública Federal 2000-2018.

III. 2. El límite salarial del Presidente de la República.

III. 3. El artículo 127 Constitucional y su Ley reglamentaria.

III. 4. Propuestas para el diseño de la Ley reglamentaria del Artículo 127 Constitucional

IV. Implicaciones de los Lineamientos 15 y 16 sobre seguros a servidores públicos de confianza.

IV. 1. Seguro de gastos médicos mayores

IV. 2. Seguro de separación individualizado

V. Implicaciones del Lineamiento 27 sobre jornada laboral.

V. 1. Implicaciones Jurídicas.

V. 2. Implicaciones en: igualdad de género, calidad y balance vida/trabajo, conciliación y productividad

VI. Consideraciones Jurídicas, Laborales y Administrativas de los Lineamientos.

VI. 1. Derechos adquiridos de los servidores públicos.

VI. 2. Retroactividad de la Ley en perjuicio de los servidores públicos.

VI. 3. Derecho a indemnización de salarios y prestaciones canceladas.

VII. Recomendaciones técnicas para la implementación de los Lineamientos y Conclusiones.

VII. 1. Sobre la reducción del 70% de plazas de personal de confianza.

VII. 2. Sobre reducción de las remuneraciones del Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Confianza que perciban más de 1 millón de pesos anuales; así como la cancelación de algunas prestaciones.

VII. 3. Sobre los seguros.

VII. 4. Sobre la jornada laboral.

VII. 5. Sobre la profesionalización del servicio público.

VII. 6. Conclusiones.

 

 

 

 


Introducción

 

El anuncio por parte del Presidente Electo, su equipo de trabajo y factibles integrantes de su gabinete, de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana (en adelante Lineamientos), despierta una gran expectativa sobre el nuevo impulso que habrá de tener el Gobierno Federal en el combate a la corrupción y en la adopción de medidas tendientes a lograr la necesaria austeridad en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, el contenido de algunos de los Lineamientos ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre las personas servidoras públicas de confianza que forman parte de las diversas instituciones gubernamentales, al interior de la Administración Pública Federal (APF) Centralizada y Paraestatal, en los Poderes Legislativo y Judicial Federales, y en Órganos Constitucionales Autónomos, respecto de su futuro laboral y financiero, así como sus percepciones y derechos, y los efectos de éstas en su vida personal, familiar y social en lo general.

Por tal motivo, un grupo de servidores y ex servidores públicos, así como profesionistas y académicos en Administración Pública, nos dimos a la tarea de elaborar el presente Documento Técnico para el Análisis, el cual pretende ser una aportación para el diálogo e intercambio de ideas y, sobre todo, de propuestas, que contribuyan, por un lado, a la implementación de los Lineamientos salvaguardando el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y los derechos de las personas servidoras públicas, y por el otro, la observancia de la competitividad externa y equidad interna en materia de remuneraciones y en general, en una sana administración, formación y desarrollo del personal que integra el servicio público.

El presente documento se organiza en seis partes: primero se señalan los principios básicos sobre los cuales se ha elaborado; segundo, se analizan las implicaciones legales, organizacionales y operativas de la propuesta de recorte del 70% de plazas de confianza en la Administración Pública Federal; tercero, se examina la disminución salarial del Presidente de la República y de la alta dirección de las instituciones gubernamentales; cuarto, se aborda la iniciativa de aumento de la jornada laboral; quinto algunas consideraciones jurídico-laborales derivadas de la aplicación de los Lineamientos; y finalmente, como sexta parte y con base en lo expuesto se formulan un conjunto de propuestas sobre las medidas analizadas, para ofrecer algunas conclusiones y recomendaciones.

 

 

I. Principios.

 

La realización del presente Documento Técnico se basa en los cinco principios siguientes:

1. Colaboración: Después de que el Presidente Electo recibiera el mandato legal, legítimo, amplio y transparente de parte de la ciudadanía para llevar a cabo las propuestas contenidas en su plataforma electoral, entre las cuales se incluye la necesaria austeridad en el ejercicio del gasto público, el presente documento ofrece la colaboración de quienes nos desempeñamos como profesionales en Administración Pública, para implementar dicho mandato y contribuir a su cumplimiento en el marco de la ley.

2. Objetividad: Apoyar a la nueva administración para que, en su proceso decisorio, así como en la elaboración y puesta en marcha de las acciones derivadas de los Lineamientos, se tomen en cuenta y se considere evidencia científica y estadística, como criterios técnicos, objetivos e imparciales; que permitan el cumplimiento de las metas que se han planteado, reduciendo en la medida de lo posible el impacto en el capital humano, así como posibles afectaciones al correcto funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

3. Eficacia: Los Lineamientos presentados por la administración entrante constituyen una oportunidad única para avanzar en una reforma ordenada e integral de la Administración Pública Federal, que eleve sus niveles de eficacia/eficiencia, así como mejorar su congruencia y la efectividad de su actuación. En este sentido, el presente documento se ha elaborado tomando en consideración esa oportunidad.

4. Dignidad: Estamos convencidos de que los Lineamientos propuestos deben aplicarse salvaguardando en todo momento la dignidad y los derechos de las personas servidoras públicas, contribuyendo a mejorar su valoración y nivel de relación con la ciudadanía, por lo que es imprescindible evitar generalizaciones y desinformación dañina. Existe hoy en la Administración Pública gente muy valiosa por su honradez, conocimientos, experiencia, valores y vocación de servicio y que sólo cuenta con su salario para sostener a sus familias.

5. Profesionalización: El amplio mandato conferido a la administración entrante y su deseo de reformar la gestión pública bajo estándares de austeridad, constituye una oportunidad excepcional para llevar a cabo una profunda transformación institucional que debe ir más allá del ajuste de la burocracia y el recorte salarial, sino que puede orientarse a la profesionalización de la gestión del gobierno, mediante la consolidación de los servicios civiles existentes como una política de Estado que permita elevar la eficacia, eficiencia y calidad de la gestión pública. Es una oportunidad para avanzar a la consolidación de un auténtico servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, así como en el fortalecimiento de los servicios profesionales existentes en otros Poderes y en Órganos Constitucionales Autónomos; e incluso en los ámbitos estatal y municipal.

 

 

II. Implicaciones del Lineamiento 21 sobre la reducción de un 70% del personal de confianza

II. 1. Legales.

De concretarse la propuesta en los términos en que se ha anunciado, traerá aparejada diversas dificultades al ejercicio del servicio público en el ámbito federal, ante la enorme complejidad que implicará pretender ejercer óptimamente las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias, estatutarias y normativas que integran nuestro Estado de Derecho; además de que generará diversos problemas en el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales de los que México es parte, en los distintos entes de la Administración Pública Federal y Empresas Productivas del Estado.

Lo anterior es así, puesto que no debe perderse de vista que las personas servidoras públicas de confianza, por la naturaleza de sus funciones, llevan sobre sus hombros no sólo la toma de decisiones en todos los ámbitos del quehacer público de cara a la ciudadanía, sino que adicionalmente participan directamente en todos y cada uno de los actos jurídicos que dan forma a las acciones, comunicaciones, programas y medidas para la buena marcha administrativa del propio gobierno. Más importante aún, su participación resulta toral en el cumplimiento del marco normativo aplicable a cada ente gubernamental, por su naturaleza amplia, bajo el basto cúmulo de responsabilidades administrativas, laborales, civiles, penales y patrimoniales derivadas de su encargo.

Tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal Centralizada y la Paraestatal, respectivamente; regulándose además en esas leyes, lo concerniente a las estructuras, nombramientos de personal y operación de las dependencias y entidades gubernamentales; mientras que las Empresas Productivas del Estado y los Órganos Constitucionales Autónomos, éstos se rigen con base en sus propias leyes de creación y funcionamiento.

Al respecto, es menester señalar que por regla general en todos los entes públicos, las funciones y obligaciones específicas de los servidores públicos adscritos a los mismos, están contenidas obligatoriamente en el Reglamento Interior de la dependencia de que se trate, en el Estatuto Orgánico correspondiente para el caso de las entidades paraestatales, o bien, en las leyes de creación de las Empresas Productivas del Estado y Organismos Autónomos; además, en todos los casos dichos ordenamientos deben estar publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para poder surtir efectos jurídicos plenos, es decir, para poder considerárseles como obligatorios frente a la ciudadanía en general.

Por tanto, en caso de sufrir un recorte abrupto o considerable de las plazas de confianza, en las que recaen el ejercicio de las funciones sustantivas encomendadas al Estado Mexicano, a través de los distintos entes públicos que integran el Poder Ejecutivo, ello redundará, si no en una parálisis administrativa del Gobierno Federal —en sí misma inaceptable para la nueva administración—, sí en continuas y repetidas fallas e incumplimientos a la compleja y basta normativa federal; fallas e incumplimientos que por su propia naturaleza indefectiblemente traen aparejados el fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones, las cuales alcanzarían, sin lugar a dudas, a los más altos puestos y niveles jerárquicos. No debe perderse de vista que formal y doctrinalmente nuestro régimen jurídico nacional descansa en el principio de Legalidad, traducido en “facultades expresas”, consistente en que los actos de molestia que las autoridades pueden notificar a los gobernados, deben estar previstos expresamente en alguna norma jurídica como facultad expresa y previamente otorgada a los diferentes entes gubernamentales, lo cual delimita el campo de acción de los gobernantes y la esfera de los derechos de los gobernados.

Asimismo, las funciones de los trabajadores de confianza son, por su naturaleza, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tienen carácter general, y por ello los puestos que ocupa dicho personal exigen grados de estudios, conocimientos, experiencia y diversas habilidades para su correcta y oportuna ejecución y dirección. Bajo el supuesto de un recorte drástico como el que nos ocupa, es altamente previsible que se generen serios y complejos problemas de operación al carecer del personal de confianza suficiente para en su caso, ejercer los actos de autoridad y desplegar exitosamente la función pública; pudiendo incluso comprometerse con su carencia, el total cumplimiento de metas y objetivos trazados para las instituciones públicas.

Por lo que toca al ejercicio de los actos de autoridad, cobra especial relevancia en el análisis a llevar a cabo, previo a efectuar el recorte de plazas de personal de confianza, pues es precisamente dicho segmento de servidores públicos, quienes, facultados por la normatividad correspondiente, instruyen y/o realizan los citados actos de autoridad; en contraste con el personal de base o sindicalizado, que no se encuentra facultado para ello. Varios sindicatos burocráticos prohíben expresamente a sus representados a ejercer funciones de trabajadores de confianza (dirección, inspección, vigilancia y fiscalización).

Un recorte de la magnitud que se plantea, mediante el cual se pretende que las dependencias y entidades operen únicamente con el 30% del personal de confianza, impactará inexorablemente de manera negativa en la capacidad del Poder Ejecutivo para, como se ha señalado, llevar a cabo dichos actos en lo particular y desplegar la función pública en lo general de forma eficiente y eficaz, tal y como lo demanda la ciudadanía que aspira tener una administración gubernamental moderna y sustentada en mejores prácticas.

De concretarse la medida planteada como ha sido propuesta, sin duda el sector público en su conjunto atravesaría por una compleja situación de crisis, pues indudablemente se verían afectadas todas las actividades sustantivas y administrativas que desempeñan quienes laboran en la Administración Pública Federal centralizada, paraestatal y empresas productivas del Estado, entre otras, con las consecuencias siguientes:

1. Con independencia de cómo se distribuyan las bajas que se generen, existirá la imposibilidad física y material para cumplir con los diversos mandatos, ya sea constitucionales o legales que tienen encomendados los distintos sujetos de derecho público, ante la carencia del personal mínimo indispensable para ejercitar las facultades conferidas a éstos; puesto que se atravesaría por un impasse —al menos temporalmente— en el que no estarían publicados en el DOF los nuevos Reglamentos Interiores de las dependencias, ni los Estatutos de las entidades, ni muchos menos los Manuales Generales de Organización y Funcionamiento de cada uno de ellos, razón por la cual, bajo la lógica del esquema de facultades expresas que rige en nuestro sistema jurídico, no sería posible desplegar actos de autoridad expeditos y eficientes por los pocos servidores públicos de confianza restantes, que además tengan facultades suficientes de mando en alguna norma habilitante, para ejercitarlas; toda vez que, como ya se señaló, generalmente el personal de base (que no se verá afectado por el recorte), desempeña tareas operativas, ajenas a la toma de decisiones y suscripción de los actos de autoridad de los entes públicos.

2. El impacto de lo anterior, no solo se presentaría al interior de la Administración Pública Federal, sino que, aún más importante, repercutiría en los servicios otorgados a la ciudadanía, a la que se privaría, de facto, del acceso y ejercicio de algunos derechos, que corresponde al Estado asegurar de forma óptima y en igualdad de condiciones, pues ello no es posible lograrlo sino es a través de la labor eficiente de las instituciones públicas competentes en cada caso, cuyo expertise lo tiene en su mayoría, el personal de confianza precisamente.

3. No debe perderse de vista que es altamente probable la generación de un importante volumen de demandas de amparo indirecto por parte de los servidores públicos de confianza de la Administración Pública Federal, por violación a los Derechos Humanos y sus Garantías, lo cual repercutirá primeramente en la suspensión de la medida y posteriormente en la declaración de inconstitucionalidad de la misma, al ser violatoria del Derecho Humano consagrado en el artículo 14 Constitucional que ordena explícitamente, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; así como demandas en el ámbito laboral, como ya ocurrió en el año 2016.1

4. Lo anterior, es congruente con la protección otorgada por nuestra Carta Magna a los derechos humanos de seguridad jurídica, de debido proceso y legalidad, y de protección del salario y la seguridad social, cuyo alcance incluye desde luego a los trabajadores de confianza.

5. Todo acto jurídico de autoridad competente debe estar debidamente fundado y motivado. Y debe partir de un análisis previo y específico como parte de esta fundamentación y motivación.

II. 2. Operacionales.

Otro aspecto de enorme relevancia a considerar, antes de implementar el recorte de plazas de confianza, es el que se refiere a la capacidad operativa, la eficacia y eficiencia, así como la calidad del servicio público que prestan las instituciones.

De acuerdo con el Censo de Gobierno 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2016, en la Administración Pública Federal laboraban un millón 567 mil personas en 319 entes públicos. De ese total, el 20.3% ocupa puestos de confianza, es decir, casi 318 mil personas y de ellas, con motivo de la medida propuesta, serían motivo de despido un total de 222 mil 600 personas, con la consecuente desaparición de los respectivos puestos y plazas que ocupan. A continuación, se presenta la información desglosada:

Estructura organizacional y Recursos de la Administración Pública Federal

 

Total

%

Hombre

%

Mujer

Total

1,567,381

51.1

800,163

48.9

767,218

Confianza

317,879

59.8

189,977

40.2

127,902

Base o sindicalizado

1,116,672

47.7

532,244

52.3

584,428

Eventual

117,323

59.4

69,713

40.6

47,610

Honorarios

15,507

53.1

8,229

46.9

7,278

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno Federal 2017.

Además, la aplicación de un recorte generalizado del 70% de plazas de confianza en toda la administración pública no estaría sustentado en un análisis de las condiciones específicas para cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo Federal. A continuación y a manera de ejemplo, se muestra información de la composición de plazas de base y confianza en cada una de las Secretarías de Estado, de conformidad con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia:2

Ramo

Dependencia

Plazas de base

Plazas de confianza

Total de plazas

Proporción de plazas de confianza

Plazas a reducir
según la medida # 21

Reducción sobre el
total de plazas

4

Gobernación

610

5,211

5,821

90%

3,648

63%

5

Relaciones Exteriores

977

1,540

2,517

61%

1,078

43%

6

Hacienda y Crédito Público

1,282

3,897

5,179

75%

2,728

53%

7

Defensa Nacional

188

188

100%

132

70%

8

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

 

6,886

 

3,246

 

10,132

 

32%

 

2,272

 

22%

9

Comunicaciones y Transportes

9,966

5,301

15,267

35%

3,711

24%

10

Economía

1,465

1,355

2,820

48%

949

34%

11

Educación Pública

11,064

4,437

15,501

29%

3,106

20%

12

Salud

5,009

1,563

6,572

24%

1,094

17%

13

Marina

686

965

1,651

58%

676

41%

14

Trabajo y Previsión Social

884

2,700

3,584

75%

1,890

53%

15

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

1,250

657

1,907

34%

460

24%

16

Medio Ambiente y Recursos Naturales

2,097

2,068

4,165

50%

1,448

35%

17

Procuraduría General de la República

2,863

2,863

100%

2,004

70%

18

Energía

294

730

1,024

71%

511

50%

20

Desarrollo Social

2,091

1,483

3,574

41%

1,038

29%

21

Turismo

1,196

372

1,568

24%

260

17%

27

Función Pública

1,547

1,547

100%

1,083

70%

48

Cultura

1,486

1,083

2,569

42%

758

30%

Total

 

47,243

41,206

88,449

47%

28,844

33%

Obsérvese que el impacto, en términos de la reducción en el número total de plazas sería muy heterogéneo y no atendería la situación particular de cada dependencia. Las dependencias que se verían menos afectadas en términos absolutos, tendrían como único antecedente meritorio el contar con un menor número de plazas de confianza, respecto al total, incluidas las de base.

No se omite señalar, que la reducción del personal de confianza no se limitaría solamente a los que ocupan puestos de alta dirección, sino que a su vez conllevaría la reducción de otros puestos de confianza operativos (secretarias, choferes, auxiliares, etc.,). Pensar en reconvertir a dicho personal asignándole otras funciones, no es conveniente pues su grado de escolaridad y perfil en general, no implica necesariamente especialización. Por el contrario, conservarlos, supone abonar en favor de afectar negativamente el clima laboral de las instituciones a las que pertenezcan.

Hay además una lógica administrativa y de prevención de actos de corrupción, inclusive, que prescribe que sean siempre al menos tres niveles que lleven a cabo cada uno de ellos la función de elaborar, revisar y autorizar cualquier acción gubernamental. En ese sentido, los mandos asumirán el riesgo de incurrir en responsabilidades al no disponer de la cadena de puestos de mando, al tiempo que fungirán como únicos responsables, generándose con ello en los procesos una excesiva concentración de atribuciones y responsabilidad, al desaparecer los tramos de control existentes.

Ante la dimensión del ajuste que se pretende implementar, el cual implica una reconfiguración completa del sector público federal, se propone llevar a cabo, de manera previa a la reducción de plazas, puestos y personas, las acciones siguientes:

II. 1. 1. Reforma de la Administración Pública Federal (Transversalidad y Coherencia)

Incorporar el ajuste de plazas en el marco más amplio de una reforma integral de la Administración Pública Federal, a fin de dotar a la gestión gubernamental de mayor coherencia y efectividad, mediante: la fusión, desaparición, reducción y en su caso, creación de áreas.

A este respecto y para señalar, solo a manera de ejemplo, la urgente necesidad de dotar de coherencia y efectividad a la gestión de la Administración Pública Federal —cuidando la transversalidad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y programas gubernamentales—, asimismo resultaría pertinente revisar el caso de la agenda de inclusión de los diferentes sectores poblacionales en situación de desigualdad.

Como podrá observarse en el cuadro que se presenta a continuación, a lo largo de los últimos años se han venido creando una serie de organismos encargados de atender a las poblaciones en situación de discriminación, cada uno de ellos responde a un momento y agenda políticas válidos y legítimos, e incluso de actualidad, pues las problemáticas que deben resolver y para lo que fueron creados, siguen vigentes.

Institución

Instrumento de creación

Año de creación

Figura jurídica

Presupuesto 2018

Personal

DIF

Decreto presidencial

1977

Organismo Público Descentralizado,
sectorizado a la SSA

2,329,131,250

4,205

INEA

Decreto presidencial

1981

Organismo descentralizado, sectorizado a la SEP

2,538,555,393

536

IMJUVE

Decreto de la Ley del IMJUVE

1999

Organismo descentralizado, sectorizado a la
SEDESOL

311,966,360

s/i

INMUJERES

Decreto de la Ley del INMUJERES

2001

Descentralizado

790,230,707

255

INAPAM

Decreto de la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores

2002

Descentralizado, sectorizado a la SEDESOL

395,612,696

875

CONAPRED

Decreto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

2003

Descentralizado, sectorizado a la SEGOB

153,644,914

105

CDI

Decreto de la Ley de la CDI

2003

Descentralizado

6,088,935,816

2,164

INALI

Decreto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

2003

Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Cultura

85,103,491

108

CONAVIM

Decreto presidencial

2004

Desconcentrado de la SEGOB

256,257,347

44

CONADIS

Decreto de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

2011

Descentralizado, sectorizado a SEDESOL

59,264,746

42

SIPINNA

Decreto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

2014

Sistema coordinado vía órgano desconcentrado
de la SEGOB

53,697,727**

s/i

Total

11

 

 

13,062,400,447

8,334*

s/i: Sin información
*Sin contar con el personal de IMJUVE y SIPINNA
**Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el cuadro se presentan los once organismos que han sido creados a lo largo del tiempo para atender a poblaciones vulnerables o en situación de desigualdad: mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, etcétera. De lo anterior, se observa que, sin desconocer la importancia de generar las políticas públicas de inclusión y no discriminación, necesarias para atender a dichas poblaciones, lo que resulta evidente es la visión tan fragmentada que se tiene de cada una de ellas, por grupo poblacional, toda vez que no se ha podido eliminar la discriminación que sufren dichos grupos, y en los mejores casos, la atención al problema avanza muy lentamente.

En tal virtud, puede concluirse que existe una dispersión de esfuerzos, recursos humanos y presupuestales; cuando resultaría de mayor impacto el incorporar la atención de todos estos grupos en un solo ente gubernamental, bajo la categorización que se estime conveniente (vrg. Secretaría de Estado, Subsecretaría, Órgano autónomo, Organismo descentralizado, Órgano desconcentrado, etc.,) que resultaría mucho más ágil y con una estructura ad-hoc; como ya lo demuestra, en este caso la experiencia internacional.3

Lo anterior, dotaría de mayor impacto a su gestión, así como de una mayor productividad y eficiencia, pues sería posible avanzar en el tema de la austeridad del gasto público al eliminar áreas duplicadas en cada organismo: áreas administrativas, de comunicación social, jurídicas y de control interno, por señalar algunas.

Se recomienda, por lo tanto, realizar este análisis por sector, a fin de determinar:

1. Grado de fragmentación en el diseño y ejecución de políticas públicas y programas gubernamentales.

2. Grado de dispersión de entes públicos por sector.

3. La existencia de duplicidades de áreas o de atribuciones y funciones.

4. Áreas de oportunidad para: fusionar entes, eliminar duplicidades, reducir puestos, plazas y gastos de operación; aumentar la efectividad gubernamental y el impacto de las políticas públicas.

II.1.2. Depuración y mejora regulatoria de la Administración Pública Federal.

A pesar de que se han realizado esfuerzos encaminados a la depuración de la normativa de la APF para simplificarla y evitar la pérdida de horas/hombre en actividades que no generen valor agregado a la función sustantiva de las dependencias y entidades; así como para mejorar la calidad del servicio público, reducir tiempos de respuestas y requisitos hacia la ciudadanía y acercarle soluciones rápidas, sencillas y efectivas, que contribuyan elevar la productividad y eficiencia de las personas, las familias y las empresas; es posible afirmar que, salvo algunas excepciones, dicho objetivo no se ha logrado a cabalidad.

Entre los años 2010 y 2012 se realizó el último esfuerzo en ese sentido, denominado “Tala Regulatoria”, mediante el cual se llevó a cabo la revisión de 35,500 normas tanto internas como de impacto a la ciudadanía y se eliminaron un total de 16,000 de ellas, de acuerdo con la información pública sobre este tema,4 a la par de generar la política de “veda regulatoria”, consistente en la prohibición de generar nueva normativa, a menos que fuere demostrada la necesidad de su creación. Esta política además vino de la mano con la creación de reglas de aplicación general para todos los entes gubernamentales en el ámbito administrativo, con parámetros claros y diagramación de procesos comunes para configurar una simplificación de las tareas administrativas.

Uno de los problemas tradicionales de cualquier burocracia radica en la necesidad de mantener debidamente depurada su normativa tanto interna como la que va dirigida al ciudadano, a fin de facilitar, simplificar y reducir los tiempos de sus interacciones con el gobierno.

En ese sentido, se plantea que previamente a la reforma integral a la gestión pública que se propone llevar a cabo, y en el marco de las medidas de austeridad, se realice una mejora y profunda depuración de la regulación existente.

 

 

III. Implicaciones de los Lineamientos 8, 13 y 22 sobre salarios y plazas de servidores públicos de confianza.

Los Lineamientos enumerados establecen que: No.8 :“El Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el Presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.”; No.13: “…Como lo establece el artículo 127 de la Constitución ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República”, y No. 22: “Se bajan los sueldos de los altos funcionarios a la mitad, de quienes gana más de un millón de pesos anuales, de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar el 50% del gasto actual, es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos.”

Es necesario realizar el análisis de las implicaciones que conlleva la propuesta y plantear los esquemas que eventualmente permitan su aplicación, con el menor impacto posible en la gestión gubernamental y en los derechos adquiridos de las personas servidoras públicas.

Para ello, se revisa en primer lugar la situación salarial en la Administración Pública Federal.

III. 1. Situación salarial en la Administración Pública Federal 2000-2018.

El actual Tabulador de Sueldos y Remuneraciones de la Administración Pública Federal y que ha sido tomado como base para el diseño de los tabuladores de los nuevos Órganos Constitucionales Autónomos y otros organismos de reciente creación, es una derivación del Tabulador de Sueldos que en su momento se adoptó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la gestión del Presidente Ernesto Zedillo.

Dicha herramienta de administración de sueldos y definición de política salarial fue diseñada bajo una metodología de valuación de puestos,5 y el valor del puesto se calculó con base en tres elementos: i) Las habilidades para desempeñar el puesto; ii) El tipo de problemas que resuelve y, iii) El impacto del puesto en los objetivos de la dependencia o, en el caso de puestos menos importantes, en los de su área más inmediata. De lo anterior, es posible deducir que el tabulador se diseñó con el objeto de sentar las bases para la puesta en marcha, desde el aspecto salarial, de un servicio civil profesional, a la vez de concebir las remuneraciones bajo el principio básico de competitividad externa y equidad interna.

Con el paso del tiempo, dicho tabulador ha sufrido diversas modificaciones y se encuentra desactualizado. Por diversas razones, ha perdido vigencia en términos de su objetivo principal, que era el de asignar un valor a los puestos independientemente del ocupante, es decir, impersonal.

Aunado a lo anterior, desde el año 1998, las remuneraciones de los servidores públicos de mando y enlace han venido sufriendo congelamientos y recortes, los cuales se han reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, lo que ha provocado una pérdida muy importante de su poder adquisitivo en términos reales.

Si bien, en 2003 se otorgó un incremento salarial al personal de mando medio y superior (1.8%), en diciembre de 2006, y con efectos a partir de enero de 2007, el entonces Presidente Felipe Calderón emitió el Decreto que Establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; en cuyo artículo octavo se estableció que “(e)n el ejercicio fiscal de 2007, los sueldos y salarios netos del Presidente de la República, así como de los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, titulares de unidad, y los puestos equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales, deberán reducirse en un 10 por ciento respecto a los sueldos y salarios netos cubiertos en el mes de diciembre de 2006. Esta medida no será aplicable a las Secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República”.6

Adicionalmente en el artículo noveno del mismo Decreto, se incorporó esta disposición: “Durante el ejercicio fiscal de 2007 no se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de mando ni a los niveles homólogos”.7

A partir de esa fecha, se formalizó el congelamiento salarial de los puestos de mando en la Administración Pública Federal, tanto de los de libre designación como de los del Servicio Profesional de Carrera (SPC), cuyo efecto se mantuvo hasta el mes de junio de 2018, esto es más de diez años, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó un nuevo “Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente de la República y de los Servidores Públicos de las Dependencias y de sus Equivalentes en las Entidades”, mediante el cual otorgó un incremento a las percepciones brutas del 3.38% para todos los grupos jerárquicos, con vigencia retroactiva al 1° de enero de 2018.

En ese sentido, el Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América Latina: México,8 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2014 señala a la letra:

Si se compara con el escenario de 2004, se puede observar que la competitividad salarial y, en particular, la equidad interna vertical (distinción equilibrada entre niveles jerárquicos) se han deteriorado. El primer punto tiene entre sus causas centrales el congelamiento salarial aplicado desde 2003 a los puestos del SPC. Esta decisión ha perjudicado mucho la competitividad salarial de esta porción, en especial en los niveles más altos (director general y director general adjunto), quienes están en condiciones de encontrar posibilidades laborales más atractivas en el sector privado o en las entidades paraestatales. Se calcula que desde 2003 hasta el presente, el salario promedio del SPC perdió aproximadamente el 60% de su poder adquisitivo.

A su vez, las políticas de congelamiento salarial en ciertos tramos del servicio civil han perjudicado seriamente la equidad interna vertical (es decir, la lógica gradación de niveles salariales en función de los niveles jerárquicos). Actualmente, es posible encontrar que la parte superior del escalafón de los trabajadores de base está muy cerca de superar remunerativamente a los puestos de enlace, en teoría superiores en rango. A esto se agrega que los trabajadores de base tienen menor carga horaria y nivel de responsabilidad. Todo ello, no solamente tiene impacto nocivo en el clima laboral de las organizaciones sujetas al SPC, sino que también crea muchas dificultades para atraer, motivar y retener personas”.

Algunas de estas problemáticas se han resuelto parcialmente, otras permanecen y otras se han agravado.9

Sobre este particular y a manera de ejemplo, puede citarse la problemática que ante el nulo incremento de los salarios en los niveles de mando durante un periodo de más de 10 años y toda vez que ello no ha sido el caso para el personal técnico, de base o sindicalizado, éstos han alcanzado o rebasado en múltiples casos la remuneración de los niveles de mando de menor nivel, situación que hasta esta fecha la autoridad ha resuelto parcialmente.

Es claro que ante la propuesta de generar un nuevo tabulador en el que la remuneración resulte menor a la actual, así como con la aplicación del incremento anual previsto para dichos puestos (técnicos, base o sindicalizado), esta situación se agravaría.

Asimismo, y en congruencia con la iniciativa a la sensible disminución de estructura que se plantea, los puestos de mando que sobrevivan dicha reducción deberían tener una valuación mayor, es decir, las personas que los ocupen deberán atender mayor número de procesos y estarán más expuestos al fincamiento de responsabilidades, así como a presiones y jornadas de trabajo más extensas y extenuantes.

Para abundar sobre este mismo análisis, se presentan a continuación los datos del “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2017” elaborado por propio BID y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), concretamente en el apartado denominado “Remuneraciones”, para el cual establece: “La adecuada gestión de la compensación es un aspecto clave para lograr una organización de alto rendimiento, debido a su impacto directo en tres de los principales objetivos de la GRH en el sector público: atraer y retener capital humano idóneo, contar con una fuerza laboral motivada y orientada a mejorar el desempeño institucional y lograr una masa salarial fiscalmente sostenible.”10

En el análisis que efectúa el estudio, en el período 2012-2015 México aparece con una calificación de 35 puntos en una escala de 0 a 100, donde 100 es la mejor calificación posible, lo que representó una disminución de 10 puntos en relación con la medición hecha en 2004. Esta evaluación comprende diversos factores que se califican cada uno en una escala de 0 a 5, donde 5 es la mejor calificación posible (0-1 = Bajo; 2-3 = Medio; 4-5 = Alto).

Los resultados de México en tres de los factores evaluados más importantes para la gestión de las personas servidoras públicas (estructuras de la retribución, mecanismos de retribución y política salarial), fueron los siguientes:

Estructura de la retribución: La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y retener las personas dotadas con las competencias necesarias en los diferentes tipos de puestos que la organización precisa adecuada para atraer, motivar y retener personas con las competencias adecuadas. Calificación= 1 Bajo.

Mecanismos de retribución: estimulan el rendimiento de las personas. Calificación = 0 Bajo.

Política salarial: se define por criterios previamente establecidos. Calificación = 1 Bajo.

Por otra parte, el reporte señala que: “Además de las inequidades, otro de los principales problemas es la limitada capacidad de atraer y retener profesionales altamente calificados en los puestos directivos y profesionales debido a la débil competitividad salarial externa.”11

El tema salarial también fue abordado por la OCDE en “Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México” 2011. Cuando ese organismo internacional alertó que era necesario revisar desde esa fecha las compensaciones para poder retener al talento. Concluye en su estudio que México debería tomar en cuenta experiencias internacionales donde hay varias lecciones que aprender.

A continuación, se incluye un análisis detallado12 de los sueldos del personal de confianza en la Administración Pública Federal en cuatro etapas:

1. En el periodo 2001-2017 el Límite de Percepción Ordinaria Neta Mensual (LPONM) promedio de la APF tuvo un incremento nominal del 44.37%, mientras que la variación real fue negativa (-30.24%), derivado de que la inflación acumulada en el periodo fue del 102.31%, lo que absorbió el incremento nominal y resultó en el decremento real de la percepción de los servidores públicos. La siguiente tabla muestra dichos valores por grupo jerárquico:

Grupo Jerárquico

Cargo

Tasa de Variación Nominal
2001-2018

Tasa de
Variación Real 2001-2018

Diferencial
Nominal vs Real

 

Presidente de la
República

41.93%

-31.42%

73.35%

G

Secretaría de Estado

42.40%

-31.19%

73.60%

H

Subsecretaría de
Estado

39.15%

-32.76%

71.92%

I

Oficialía Mayor

33.05%

-35.71%

68.76%

J

Jefatura de Unidad

41.59%

-31.59%

73.18%

K

Dirección General y
Coordinación General

42.83%

-30.99%

73.82%

L

Dirección General
Adjunta

43.50%

-30.66%

74.16%

M

Dirección de Área

53.46%

-25.85%

79.31%

N

Subdirección de Área

33.09%

-35.69%

68.78%

O

Jefatura de
Departamento

46.48%

-29.22%

75.70%

P

Personal de enlace

70.63%

-17.56%

88.18%

2. El comportamiento del LPONM durante el periodo ha sido irregular, pero con una clara tendencia a la baja como se muestra en la siguiente gráfica.13 En términos reales, los valores de los sueldos al cierre de 2017 se asemejan a los sueldos de hace 8 años en los grupos jerárquicos M al G. Mientras que los grupos P a N se han mantenido constantes en el periodo.

Los salarios nominales tuvieron dos incrementos importantes en el periodo: en 2016 un promedio de 8.9% y en 2010 de 28.11%; no obstante, ante la inflación acumulada la gráfica muestra la tendencia negativa que significa la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos.

3. Si se compara la tasa de crecimiento acumulada del LPONM contra la inflación acumulada del periodo se puede observar que aún en contextos de inflación controlada (2010 a la fecha), la recuperación del LPONM ha estado por debajo de la inflación lo que explica la pérdida de poder adquisitivo.

3. En comparación hecha para un periodo similar entre el promedio de percepciones de los grupos jerárquicos respecto al comportamiento del Salario Mínimo General del país se encontraron los siguientes valores de variación:

Concepto

Variación
2001-2017

SMG Nominal

118.98%

SMG Real

10.47%

SAPF Promedio Nominal

41.68%

SAPF Promedio Real

-28.53%

Mientras el Salario Mínimo General recuperó un 10.47% de su valor real, el promedio de la APF perdió un 28.53% de su valor en 17 años.

Lo hasta aquí expuesto, permite demostrar la problemática salarial del sector público, que data de hace varios años y que se ha venido agravando con el paso del tiempo. En ese sentido, la propuesta de recortar salarios al personal de confianza acentuará aún esta problemática y profundizará los desequilibrios relativos a la equidad interna vertical de las remuneraciones y su competitividad respecto del mercado, e impedirá atraer y retener personal calificado al sector público.

Para concluir este apartado, es conveniente hacer un resumen de la problemática que presentan las remuneraciones de los servidores públicos de confianza:

a) El tabulador actual y vigente fue diseñado bajo una metodología de valuación de puestos, hoy en día desactualizada que, aun cuando ha perdido validez como herramienta para garantizar la equidad interna y la competitividad externa de los puestos, permite aún contar con niveles salariales que, sin ser completamente competitivos, sí guardan cierta proporción con el mercado laboral.

b) Los tabuladores existentes en muchos de los órganos constitucionales autónomos y otros organismos de reciente creación, se han diseñado intentando alinearse al tabulador de la APF y tomando como referencia: i) las habilidades para desempeñar el puesto, ii) el tipo de problemas que resuelve y, iii) el impacto del puesto en los objetivos de la dependencia;

c) El congelamiento de los salarios, así como las reducciones reales de las que han sido objeto con motivo de la inflación acumulada del 121.18%14 en el periodo 2000-2018, ha provocado la pérdida significativa de su poder adquisitivo, en términos reales.

d) En general, el tema de las remuneraciones de los servidores públicos se ha politizado. El Legislativo ha sido omiso a normar con claridad la relación laboral de los servidores públicos de confianza. Estos trabajadores se encuentran en una especie de “limbo” jurídico. Se propone una norma racional y objetiva que determine lo que corresponde a este tema.

 

III. 2. El límite salarial del Presidente de la República.

El artículo 127 Constitucional fue reformado en el mes de noviembre de 2009 a fin de establecer un salario máximo a las remuneraciones del Presidente de la República y demás servidores públicos. Con base en lo anterior, el Presidente Electo ha manifestado que ganará menos de la mitad de lo que recibe el Presidente Constitucional y que su sueldo ascenderá a $108,000.00, sin ningún tipo de compensaciones.

Tomando como base la primera parte de lo que establece el artículo 127 Constitucional, ningún servidor público puede ganar más de dicho monto. Sin embargo, ubicar las percepciones del Presidente en ese nivel conlleva múltiples implicaciones que es necesario analizar, revisar y dimensionar, previamente a que se haga el ajuste correspondiente; y de igual manera es necesario revisar a detalle lo que establece el propio 127 Constitucional y la iniciativa de dio origen a su reforma.

Sobre la iniciativa aprobada en su momento en el Senado de la República,15 en el análisis correspondiente, se consideraron aspectos de la mayor relevancia, los cuales deben retomarse al momento de elaborar la iniciativa de Ley reglamentaria del propio 127 Constitucional:

a) La percepción que respecto de los sueldos tiene la sociedad, es que son -en no pocas ocasiones- fijados arbitraria y excesivamente.

b) Que el Estado se cerciore de que en el desempeño de los servidores públicos se cuente con ciudadanos preparados, capaces y honestos, que puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al mismo tiempo que puedan también obtener un salario digno, el cual es un derecho humano esencial.

c) Al analizar la propuesta se consideró conveniente fijar como referente la remuneración del Titular del Poder Ejecutivo Federal, sin que esto signifique una preeminencia de dicho poder sobre los otros o se pretenda, en forma alguna, vulnerar la igualdad de los poderes, pues simplemente es un referente.

d) La remuneración de los servidores públicos debe responder a criterios del grado de responsabilidad y nivel jerárquico.

e) Una de las propuestas planteadas en el debate era que órganos colegiados, integrados por servidores públicos y expertos independientes, fueran quienes fijaran los tabuladores de las remuneraciones de los servidores públicos.16

Además de dichos aspectos, conviene señalar que una de las iniciativas analizadas en su momento presentó la propuesta siguiente:

Se propone que el sueldo máximo anual ascienda a treinta y tres mil veces el salario mínimo general diario determinado para el Distrito Federal, es decir, unos 120 mil pesos mensuales más 160,000 de aguinaldo, para un total de 1,600,000 pesos al año, que equivale a unos 145,000 dólares estadounidenses.”17

Como puede observarse, en su momento esta propuesta para el salario del Presidente de la República, era más alta que la que se propone a partir de los Lineamientos y contempla algunas prestaciones como el aguinaldo; situación que se recomienda tomar en cuenta y mantener pues, de lo contrario, se afectará de manera importante los salarios de diversos puestos técnicos, especializados y que son seleccionados mediante diversos procedimientos de competencia por mérito, evaluación técnica, experiencia y nivel profesional.

En este sentido, la iniciativa que se comenta indexaba el salario del Presidente de la República a un indicador como el entonces existente Salario Mínimo General vigente en la CDMX (SMV-CDMX), lo que permitía que se actualizara anualmente. Así, después de hacer el ejercicio comparativo entre los 33,000 SMV-CDMX y la Remuneración Anual Total (RTA) aprobada para el jefe del Ejecutivo Federal, se puede notar que si bien el escenario asociado a los salarios mínimos resulta menor respecto de la RTA; esta brecha ha ido disminuyendo, al pasar en 2014 de 834,404 pesos a 199,651 pesos en 2018.

Lo anterior se explica por el crecimiento que ha tenido el Salario Mínimo al pasar de 73.04 a 80.04 pesos en 2017, y a 88.36 pesos en 2018; por ejemplo, esto representa que el salario del Presidente de la República, calculado con los 33,000 SMV-CDMX, fuera de 2.9 millones de pesos anuales en 2018, es decir el 93.59% de lo aprobado en el PEF para este ejercicio fiscal, que ascendió a 3.1 millones de pesos.

De esto se desprende que la propuesta hecha por el Gobierno Electo, en el sentido de reducir el salario del Presidente de la República a 108,000 pesos, va en contra de los supuestos que dieron origen a la reforma del artículo 127 y decrece de 33,000 a 14,667 SMV-CDMX en 2018, es decir una reducción del 56%.

De lo hasta aquí expuesto se advierte que el espíritu del legislador, además de enmarcar la propuesta en el ámbito de la necesaria austeridad y disciplina del gasto público, retomó también aspectos centrales para la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos como: la dignificación de la función pública; la valoración del desempeño de los funcionarios; los niveles de responsabilidad; el respeto a la autonomía de los Poderes y Órganos Autónomos Constitucionales, y el principio de proporcionalidad, entre otros.

Por lo anterior, el análisis sobre las implicaciones de las propuestas relacionadas con la reducción de las remuneraciones, así como las propuestas para su aplicación, se presentan tomando como base los elementos antes descritos.

 

III. 3. El artículo 127 Constitucional y su Ley reglamentaria.

Desde nuestra óptica, el artículo 127 Constitucional tiene un problema de diseño al definir el sueldo de un puesto político de elección popular (Presidente de la República) como límite al resto de los sueldos de servidores públicos, podría decirse, de carrera. El problema radica en que un puesto de elección popular no tiene por qué tener una remuneración igual o mayor que la de un puesto técnico de alta especialidad de los muchos que conforman los servicios civiles.

En México, a nivel federal existen 19 servicios civiles profesionales, 13 de ellos identificados en la Administración Pública Federal, 6 más en los Poderes Judicial y Legislativo, así como algunos otros en Órganos Constitucionales Autónomos, como se muestra a continuación:

Servicios profesionales en el ámbito federal y en los Organismos Constitucionales Autónomos

Ámbito / naturaleza
jurídica

Nombre del Sistema

Institución

Dependencia / Sector central

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Secretaría de la Función Pública (SFP) (coordina el Servicio Profesional de Carrera en todas las dependencias)

Dependencia /
Sector central

Servicio Exterior Mexicano

Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE)

Dependencia /
Sector central

Servicio Fiscal de Carrera

Servicio de Administración Tributaria
(SAT)

Dependencia /
Sector central

Servicio de Carrera de Procuración
de Justicia Federal

Procuraduría General de la República
(PGR)

Dependencia /
Sector central

Servicio Profesional de Carrera
Policial

Policía Federal (PF)

Dependencia /
Sector central

Sistema de Profesionalización

Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN)

Organismo descentralizado

Servicio Profesional Agrario

Procuraduría Agraria

Organismo descentralizado

Sistema de Desarrollo Profesional

Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Organismo descentralizado

Sistema de Profesionalización

Instituto Mexicano de Tecnologías del
Agua (IMTA)

Organismo descentralizado

Servicio Profesional de Carrera

Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON)

Organismo descentralizado

Servicio Profesional de Carrera

Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI)

Organismo descentralizado

Sistema de Profesionalización y
Desarrollo de Personal

Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

Empresa de Participación
Estatal Mayoritaria

Servicio Profesional de Carrera

Consejo de Promoción Turística de
México S.A de C.V. (CPTM)

Poder Legislativo

Servicio Fiscalizador de Carrera

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Órgano Constitucional
Autónomo

Servicio Profesional Electoral

Instituto Nacional Electoral (INE)

Órgano Constitucional
Autónomo

Servicio Civil de Carrera

Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH)

Órgano Constitucional
Autónomo

Servicio Profesional de Carrera del
INEGI

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

Órgano Constitucional Autónomo

Sistema de Servicio Profesional del
Instituto Federal de Telecomunicaciones

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Órgano Constitucional Autónomo

Servicio Profesional del INAI

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales

¿Por qué no es conveniente mezclar los puestos de elección popular con los puestos de servicio civil profesional? No es conveniente porque, a pesar de que, para todos los efectos legales, ambos tipos de puestos integran la categoría de servidores públicos; el legislador determinó no exigir a los primeros, para su ocupación, un perfil técnico determinado, ni la necesidad de contar con una profesión.

El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos para ser Presidente, y aunque es el cargo más relevante de elección popular que existe en nuestro sistema político, no requiere la formación profesional de ningún tipo, lo cual es correcto, pues aspirar a dirigir el país es un derecho político absolutamente legítimo de todo ciudadano. Así pues, cualquier persona, aún sin estudios, que cumpla los requisitos puede ser Presidente; pero no cualquier persona sin estudios, puede, por ejemplo, dirigir el Instituto de Cancerología, administrar el espectro radioeléctrico, refinanciar la deuda pública o elaborar la cuenta satélite de la actividad turística, o bien, llevar a cabo los procesos de contratación pública, por señalar algunos ejemplos de actividades técnicas específicas y especializadas.

En esta misma línea, a continuación, se muestran algunos puestos clave de la APF, que para su ocupación requieren un alto perfil profesional y un sistema de méritos y, que dado el monto límite fijado por el Presidente Electo para su remuneración, rebasarían dicho monto y además deberían reducirse en un 50%. Algunos ejemplos serían:

Puesto

Sueldo Bruto

Director de prestaciones médicas del IMSS

203,730.38

Coordinador de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad

175,828.63

Director General del Instituto Nacional de Cancerología

173,620.36

Director General del Instituto Nacional de Pediatría

171,901.35

Coordinador Nacional de Protección Civil

162,872.32

Precisamente por esas razones, los servicios civiles profesionales cumplen una función fundamental al permitir que mediante las técnicas y procesos de administración de personal (reclutamiento, selección, inducción, contratación, capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño, reconocimiento y otorgamiento de estímulos, aplicación de sanciones y separación) resulte posible contar en la APF, con personal altamente calificado para desempeñar la enorme gama de puestos, con sus respectivas especialidades y complejidades, que conforman el gobierno federal, dotándolo de estabilidad al cambio de cada administración y garantizando la continuidad, eficacia y eficiencia, con cuadros preparados para suplir ausencias y salidas.

En ese sentido, el BID y la OCDE han señalado que: “La calidad de las políticas públicas y de los servicios prestados por cualquier gobierno está estrechamente vinculada a la calidad de su servicio civil. La forma en que se gestiona el servicio civil – es decir, las funciones cruciales en la gestión de los recursos humanos (GRH) como la planificación, el reclutamiento y la selección, el desarrollo profesional, y los incentivos para la profesionalización, entre otras – es crítica para la atracción, retención y motivación de personal idóneo.”18

Por lo anterior, se considera estratégico revisar, e incluso reconsiderar, el monto que se ha fijado al sueldo neto mensual del futuro Presidente Constitucional, pues un ajuste tan drástico provocará un impacto negativo en toda la estructura de remuneraciones del servicio público, con las consecuencias siguientes:

a) Se desincentiva la participación de personal calificado en el sector público, lo que incide directamente en la función y, por lo tanto, en la satisfacción del interés público.

b) Se profundiza la inequidad vertical de las remuneraciones, al disminuir la brecha entre los diferentes niveles jerárquicos, lo que implica que no se reconocerán cabalmente los grados de complejidad, responsabilidad, volumen de trabajo e impacto por la toma de decisiones de cada grupo de puestos.

c) Ello a su vez, desincentivará a servidores públicos que ocupan niveles bajos para ocupar puestos de mayor jerarquía y responsabilidad.

d) No se atendería lo dispuesto por el propio Artículo 127 Constitucional, en el sentido de que: “Los Servidores Públicos… recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.

e) Obligará a la construcción de un nuevo Tabulador de Sueldos y Remuneraciones sin la observancia técnica y metodológica básica, además de propiciar mayores traslapes entre puestos de diferentes niveles jerárquicos, responsabilidades y atribuciones diferentes.

En consecuencia, de no atenderse adecuadamente el problema y distinguir los diversos perfiles que laboran en el servicio público (perfiles políticos vs perfiles técnicos), se corre un alto riesgo de entorpecer la función pública. La experiencia demuestra que en la toma de decisiones que requieren alta especialización técnica, la incompetencia puede provocar más daño social que la, ya de por sí perniciosa corrupción (por ejemplo, una mala decisión sobre una operación de deuda pública podría impactar negativamente en la inflación y calidad de vida de los mexicanos en igual e incluso mayor medida que un acto de corrupción). En una analogía: tal vez, sí dejaríamos en manos de alguien sin mucha pericia técnica la administración de un aeropuerto, pero definitivamente nunca lo pondríamos en la cabina de pilotos de un avión; si es tan evidente, ¿por qué habríamos de tratarlos igual en procesos de selección, prestaciones y remuneraciones? El alto costo social sería inmediato, no en el largo plazo, y puede con facilidad y rapidez transformarse en descontento social.

El “Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente de la República y de los Servidores Públicos de las Dependencias y de sus Equivalentes en las Entidades”, vigente a la fecha contempla diferencias salariales entre los grupos jerárquicos de puestos, que permiten separar un grupo de otro de manera proporcional a las responsabilidades de cada grupo jerárquico, conforme a lo siguiente:

Grupo Jerárquico

Sueldo Bruto Mensual

% de Variación

 

Mínimo

Máximo

Mínimo 1)

Máximo 2)

Presidente de la República

 

222,261.83

 

 

Secretario de Estado

 

218,586.46

 

-1.65%

Subsecretario

207,489.20

217,257.57

-4.50%

-0.61%

Oficial Mayor / Titular

205,208.37

206,980.53

-0.86%

-4.73%

Jefe de Unidad

173,563.42

204,436.55

-15.10%

-1.23%

Director General

130,273.62

164,949.59

-21.02%

-19.32%

Director General Adjunto

92,442.03

137,208.81

-32.63%

-16.82%

Director de Área

53,678.85

84,111.26

-36.18%

-38.70%

Subdirector de Área

31,156.61

52,565.57

-40.73%

-37.50%

Jefe de Departamento

19,951.92

30,937.53

-35.51%

-41.14%

Enlace

9,622.75

19,027.14

-49.43%

-38.50%

1) Se obtiene de la comparación del sueldo máximo del Grupo Jerárquico, contra el Sueldo Mínimo del mismo Grupo

2) Se obtiene de la comparación del sueldo máximo del Grupo Jerárquico, contra el Sueldo Máximo del siguiente Grupo

En este sentido, tomando como base el sueldo máximo que ha anunciado el Presidente Electo, y conservando los porcentajes de separación entre los grupos jerárquicos (máximos y mínimos) que tiene el tabulador actual, mismos que se encuentran distribuidos de manera proporcional a las responsabilidades de cada grupo jerárquico, el impacto salarial se reflejaría en todos los niveles del tabulador, como se puede observar en la tabla siguiente:

Grupo Jerárquico

Sueldo Bruto Mensual 2019

Diferencia vs 2018

 

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Presidente de la República

 

108,274.00

 

-113,987.83

Secretario de Estado

 

106,483.56

 

-112,102.90

Subsecretario

101,077.57

105,836.19

-106,411.63

-111,421.38

Oficial Mayor / Titular

99,966.47

100,829.77

-105,241.90

-106,150.76

Jefe de Unidad

84,550.76

99,590.48

-89,012.66

-104,846.07

Director General

63,462.30

80,354.56

-66,811.32

-84,595.03

Director General Adjunto

45,032.78

66,840.75

-47,409.25

-70,368.06

Director de Área

26,149.45

40,974.48

-27,529.40

-43,136.78

Subdirector de Área

15,177.82

25,607.12

-15,978.79

-26,958.45

Jefe de Departamento

9,719.50

15,071.10

-10,232.42

-15,866.43

Enlace

4,687.69

9,269.00

-4,935.06

-9,758.14

En conclusión, el impacto que la medida de ajuste salarial tanto del Presidente de la República como de los servidores públicos de confianza que ganen más de un millón de pesos al año, se extendería a todos los puestos de confianza; lo que iría en contra del principio de proporcionalidad establecido en el propio texto constitucional, además de generar una problemática desde el punto de vista de la remuneración y valor de los puestos en sí mismos, a la vez que impacto negativo en la economía de los servidores públicos y sus familias quienes tienen como única fuente de recursos su salario.

Finalmente, es importante analizar con detenimiento, el impacto al patrimonio individual en el retiro de los servidores públicos que estén contemplando obtener su pensión de ley, toda vez que en ambos regímenes del ISSSTE (décimo transitorio) e IMSS, lo que determina el monto de su pensión son los promedios del sueldo base mensual del último año, en el caso del ISSSTE, y el promedio del salario base de cotización de los últimos cinco años, en el caso del IMSS. Por cierto, en este último caso, el salario base de cotización tiene una referencia directa con el sueldo integrado del servidor público.

 

III. 4. Propuestas para el diseño de la Ley reglamentaria del Artículo 127 Constitucional.

Con base en lo hasta ahora expuesto y con la finalidad de contribuir a una correcta implementación de las medidas de austeridad propuestas por la administración entrante y al mismo tiempo, minimizar sus impactos entre los servidores públicos se presenta la propuesta siguiente.

El propio artículo 127 Constitucional, al establecer que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración…, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente…, y que: “…ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que la de su superior jerárquico.”, contempla también la posibilidad de reconocer los supuestos de excepción siguientes: a). Que un mismo servidor público desempeñe varios empleos públicos; b). Que la remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo y c). Que sea derivado de un trabajo técnico calificado o por el alto grado de especialización en su función, al momento de fijar las remuneraciones.

Y, como ya se ha señalado con anterioridad, el texto constitucional considera también el principio de proporcionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos al establecer que: “Los Servidores Públicos… recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.” De lo anterior, es fundamental mantener un sistema que parametrice con toda objetividad el cómo se debe continuar dimensionando ese nivel de responsabilidad, a través de un sistema de valuación de puestos, eso sí, actualizado.

Por ello, y en función de la necesaria dignificación y profesionalización del servicio público, el respeto a la autonomía de los Poderes y Órganos Constitucionales Autónomos y la necesidad de consolidar y mejorar los servicios profesionales existentes tanto en la APF como en otros Poderes y Órganos, impulsar la creación de nuevos servicios civiles; así como de disminuir, en la medida de lo posible, los impactos negativos de los ajustes salariales entre el personal de mando medio y operativo de confianza, se propone que la Ley reglamentaria del artículo 127 que se va a presentar en la LXIV legislatura, considere ciertos elementos, y se estructure de tal forma que permita contemplar tres apartados:

1. El que defina sueldos de puestos de elección (Presidente; Gobernadores, Senadores, Diputados, Presidentes Municipales, etc.) y de libre designación política (secretarios de Estado; subsecretarios, oficiales mayores, directores de empresas productivas del Estado y entidades paraestatales, e incluso algunos directores generales en dependencias y entidades).

2. El apartado de sueldos de los Titulares del Poder Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos y personal de la APF (reguladores financieros, energéticos, entre otros) que cuentan con una especificación técnica y profesional de alto nivel, e incluso, en algunos casos, son seleccionados mediante procesos de competencia por mérito, experiencia, concursos imparciales y objetivos, así como aprobación de evaluaciones técnicas; los cuales, por las razones expuestas, podrán incluso ser más altos al sueldo del Presidente de la República, en términos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 127 Constitucional.

3. El apartado que remita a preservar los puestos técnicos de los diferentes servicios profesionales existentes.

Con los adecuados controles, políticas y reglas claras, así como una clara separación entre puestos políticos y técnicos, es posible construir una ley reglamentaria del 127 Constitucional que contribuya a la consolidación de los servicios civiles profesionales en México, al promover la separación de cargos políticos y técnicos; y permitir que sean las legislaciones y normatividades de los servicios civiles profesionales las que contemplen mecanismos de ingreso, evaluación del desempeño, remuneraciones, desarrollo y separación; sin duda apegados a la norma general, pero respetando la particularidad de cada uno de ellos y la especificidad de la función pública a la que se dedican los servidores públicos que forman parte de los mismos.

Adicionalmente, en el caso específico de las dependencias y entidades de la APF, tales como son los reguladores financieros, energéticos, entre otros, y los Órganos Constitucionales Autónomos con carácter técnico, el no distinguir los perfiles políticos de los puestos con carácter técnico calificados, conlleva un alto riesgo. Las áreas con alta especialización técnica reducen las opciones laborales del talento especializado, generalmente en dos opciones: en el regulador o en el regulado. Si no se cuenta con los incentivos adecuados, los especialistas que trabajan en el regulador pueden fácilmente migrar a trabajar con los regulados (donde claramente cuentan con mejores percepciones e incentivos) y rebasarían al regulador, con la riesgosa posibilidad de tomar ventaja de la experiencia acumulada en la materia, por los servidores públicos en los que ya invirtió mucho tiempo y dinero el Estado en prepararlos, y que ahora éstos podrían actuar desde la iniciativa privada, en contra de los intereses del propio Estado.

Se propone igualmente, retomar la propuesta contenida en una de las iniciativas presentadas a mediados de la década pasada, en el sentido de conformar Comités de Expertos (ciudadanos expertos en administración y desarrollo de personal, así como en definición de sueldos y salarios); por sector (ejemplo: sector Salud, Educación, etc.) que colaboren con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; para la definición de los esquemas de remuneraciones adecuados a cada sector, utilizando para ello una metodología general de valuación de puestos y respetando en todo momento los principios de austeridad, racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto público.

Estamos ciertos que estos Comités se lograría también una mayor transparencia y rendición de cuentas en materia de política salarial de la Administración Pública Federal; y se abonaría al fortalecimiento del sistema democrático, regresando a la ciudadanía lo que de origen es suyo: el servicio civil.

Es importante reiterar que una administración pública de calidad, funcional y profesional necesariamente requiere de la profesionalización de su Alta Dirección y tal como lo expuso en su momento el Centro Latinoamericano para de Administración para el Desarrollo (CLAD) en “Una Nueva Gestión Pública para América Latina” de 1998.

 

 

IV. Implicaciones de los Lineamientos 15 y 16 sobre seguros a servidores públicos de confianza.

En los Lineamientos anunciados se abordan en los numerales: “15. No habrá partida para gastos médicos privados” y “16. No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.

 

IV. 1. Seguro de gastos médicos mayores.

Un punto adicional, y no menos importante, a considerar es que, independientemente de que los salarios se han mantenido a la baja en términos reales, muchas personas servidoras públicas de confianza, encuentran en las prestaciones que brinda la APF una serie de medidas que complementan el sueldo. Tal es el caso del seguro de gastos médicos mayores; el cual suple la falta de capacidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para absorber la demanda que implica dar servicios médicos a los derechohabientes19 de confianza, cuyo número asciende a 344,752 personas.20

Todos los servidores públicos de confianza aportan mensualmente al ISSSTE de su sueldo básico, cuotas para:

• Financiar al servicio de salud de los trabajadores en activo y familiares derechohabientes por el 2.75% del sueldo básico

• Financiar al seguro de salud de los pensionados y sus familiares por 0.625% de su sueldo básico.

Tomando como base la información de la licitación pública para la contratación del seguro colectivo de gastos médicos mayores, y haciendo un cálculo aproximado del monto total de estas aportaciones, se estima que el ISSSTE recibe 70 millones de pesos mensuales21 por parte de los trabajadores de confianza que, en términos prácticos, representan un subsidio para dicha institución, ya que, éstos, en su mayoría, no utilizan sus servicios médicos.

Asimismo, los trabajadores que deseen cubrir a sus familiares en el seguro de gastos médicos mayores ofrecido por el gobierno federal, pagan por su cuenta las primas correspondientes a la aseguradora, lo anterior significa que dichos trabajadores de confianza tienen un gasto duplicado en materia de servicios médicos.

Con información que se desprende del análisis publicado en SDPnoticias,22 sobre la cancelación de esta prestación, cabe resaltar los puntos siguientes:

• Habría un aumento inmediato de la demanda de servicios médicos especializados y costosos para el ISSSTE, que actualmente atiende un total de 23.7 millones de consultas, de las cuales el 53.6%, es decir 12.7 millones, corresponden a medicina general ambulatoria, y el resto, 11 millones de consultas de medicina especializada, el 46.4%

• Haciendo una proyección de estas cifras, hacia el personal de confianza que tendría que ser atendido por el ISSSTE al eliminarse el SGMM, se estima que al menos 928 mil personas requerirán consultas especializadas, que se consideran las más caras. Esta demanda de atención médica especializada, se estima que tendría un impacto económico para el ISSSTE de 4,080 millones de pesos.

• La medida no implicará un ahorro para el gobierno, y, por el contrario, el ISSSTE requerirá de un mayor presupuesto para atender la demanda de los servicios de salud.

Por otra parte, la composición de las remuneraciones para los servidores públicos de confianza se ha cimentado sobre la base de un esquema a través del cual el Estado elude su responsabilidad patronal para con dichos servidores públicos, ya que la mayor parte de la remuneración que reciben se concentra en la llamada “compensación garantizada” y no en el sueldo base. La compensación garantizada representa en promedio el 75% de las percepciones de dicho personal; y en algunos casos alcanza niveles de 89%, lo que implica que, durante toda su vida laboral, los trabajadores que se encuentran en este supuesto solamente cotizan ante el ISSSTE con el 11% del total de su ingreso.

Para ejemplificar lo anterior, se muestra el análisis siguiente:23

Grupo Jerárquico

Sueldo Base

Compensación Garantizada

Presidente de la República

20%

80%

Subsecretario (H3)

16%

84%

Oficial Mayor / Titular (I3)

12%

88%

Jefe de Unidad (J4)

11%

89%

Director General (K3-2)

11%

89%

Director General Adjunto (L3-2)

14%

86%

Director de Área (M3-3)

17%

83%

Subdirector de Área (N3-3)

17%

83%

Jefe de Departamento (O3-3)

26%

74%

Enlace (P3-3)

37%

63%

En este orden de ideas, considérese el caso de un Director de Área (Nivel M3-3) que tiene un sueldo bruto tabular total mensual de $84,111.26, integrado en un 83% por compensación garantizada, y solo en un 17% por sueldo base, lo que representa $14,109.74.

Considerando que la seguridad social se calcula de conformidad con el sueldo base, el Director de Área estaría ahorrando (vía retenciones) y recibe aportaciones patronales, por un importe de $6,601.94, que equivale solo al 7.8% de su sueldo total tabular mensual, lo que en el largo plazo repercute de manera muy importante en su esquema de retiro, como sigue:

Concepto

Importe mensual

Retenciones

ISSSTE

$ 1,406.74

Cesantía en Edad Avanzada

$ 447.98

FOVISSSTE

$ 705.49

SAR

$ 282.19

Aportaciones Patronales

Seguridad Social

$ 2,842.41

Ahorro Solidario

$ 917.13

Total

$ 6,601.94

Lo anterior, refleja una situación que solo pretendió remediar el bajo poder adquisitivo de los servidores públicos sin dañar al sistema de pensiones, pero que claramente es contraria a sus derechos al no permitirles recibir una pensión acorde a su realidad laboral y a su remuneración. La pretensión de modificar el actual esquema de remuneraciones representa una oportunidad única para superar este problema, previo análisis actuarial de las implicaciones en el sistema de pensiones.

Lo anterior, incluso podría ser interpretado como un “fraude a la ley”,24 ya que el artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, restringe el alcance de las Cuotas y Aportaciones establecidas en dicha Ley, a un rasero unilateral denominado “Sueldo Básico”, estableciéndose como límite inferior de éste, un salario mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho salario mínimo; debiéndose hoy en día convertir a Unidades de Medida y Actualización; sin importar cuál sea el ingreso total “integrado” de los servidores públicos, lo cual constituye una palmaria transgresión al principio constitucional de la igualdad tributaria, plasmado en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna.

No omitimos señalar que, de eliminarse el seguro de gastos médicos mayores, se generarían diversos problemas de atención y seguimiento a siniestros abiertos, pre-existencias, y continuidad tanto de los tratamientos como de los médicos que atienden los padecimientos de los asegurados; situación que tendría que ser atendida de manera inmediata con los recursos y personal existentes en el ISSSTE.

En resumen, es un problema harto complejo, si se le observa de manera objetiva y no como un mero beneficio, pues entraña y puede poner en riesgo la salud de los propios servidores públicos y sus dependientes.

 

IV. 2. Seguro de separación individualizado.

Dicho seguro surge en la administración del presidente Ernesto Zedillo con la finalidad de subsanar el incumplimiento de la obligación patronal del Estado en el sentido de otorgar las indemnizaciones correspondientes al personal de confianza, ante despidos injustificados, derivados de los cambios de administración en las dependencias y entidades; situación que ponía en desventaja a prácticamente todos los servidores públicos de confianza de las Dependencias y de algunos órganos administrativos desconcentrados, a quienes les aplica el régimen del apartado B del artículo 123 Constitucional, en comparación con los trabajadores regulados en apartado A del mismo artículo, quienes sí gozan del derecho a la indemnización.

Como ya se ha mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los trabajadores pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera en la APF, independientemente de su calidad de empleados de confianza, tienen derecho a la estabilidad y la permanencia en el cargo, y, por lo mismo, a la indemnización correspondiente en caso de despido sin responsabilidad para el servidor público.

En este sentido, y toda vez que se prevé un despido masivo de servidores públicos de confianza (sin olvidar, como ya lo señalamos el importante número de personal técnico, secretarial, choferes, auxiliares y personal de apoyo, directamente vinculados a ellos), al amparo del dispositivo de la pérdida de la confianza o despido injustificado, será imprescindible y en apego a derecho, la asignación de una partida presupuestal extraordinaria para hacer frente a las liquidaciones que resultarán como consecuencia de la medida. No liquidarles, supondrá un acto de autoridad y generará demandas laborales. Sobre este particular, estamos ciertos que la administración naciente observará principios rectores en la administración de sus servidores públicos, justos, equitativos y transparentes.

 

 

V. Implicaciones del Lineamiento 27 sobre jornada laboral.

Los Lineamientos establecen: “Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias”. En ese sentido, conviene analizar las implicaciones de esta medida:

 

V. 1. Implicaciones Jurídicas

Desde 1973 la semana laboral del gobierno federal es de cinco días de duración o cuarenta horas. Esta decisión formó parte central del Programa de Reforma Administrativa que se implementó en el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). La finalidad de este Programa era lograr un mejor funcionamiento del aparato gubernamental, haciendo énfasis en la atención y aprovechamiento de los recursos humanos. El Decreto mediante el cual se expidieron tales medidas consideraba que las tareas del personal que laboraba en el Gobierno Federal eran complejas; que requerían de esfuerzo y espíritu de colaboración, lo que incidía en el desgaste del personal público, por lo que requería de un tiempo razonable de reposo que dicho personal pudiera dedicarlo a actividades recreativas y a las que propician la unidad familiar. Buscaban, en suma, lograr un mejor rendimiento humano mediante jornadas de trabajo más productivas, que le imprimieran al sector público mayor racionalidad y dinamismo.

Establecer horarios diferenciados con base sólo en la naturaleza del nombramiento (base y confianza, sindicalizado o no sindicalizado) constituye una violación a los derechos humanos, específicamente a la no discriminación. Lo anterior debido a que se está discriminando por el simple hecho de pertenecer a una cierta categoría laboral. Adicionalmente, no se conoce con certeza la o las causas objetivas que permitan establecer la necesidad de que todo el personal de confianza deba laborar los sábados.

El artículo 5 de la Constitución establece que “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, (…)”. Dado que desde hace 45 años se han establecido sueldos y salarios en el Sector Publico con base en la semana laboral de 40 horas y cinco días, cualquier aumento en el número de horas/días de trabajo deberá ser justamente retribuido mediante el pago de horas extras, aumentos de al menos el 20 por ciento de sueldos y otras prestaciones.

A mayor abundamiento, la Constitución de la CDMX establece que “Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días de descanso.”

La CDMX es la sede de los poderes y, por tanto, su Carta Magna es referente que orienta el desempeño de los habitantes de la ciudad que laboran en la APF. Finalmente, el cambio de horario implicaría un cambio en las condiciones bajo las cuales el personal fue contratado o recibió su respectivo nombramiento, el cual, por Ley, contiene, entre otros elementos, el que se refiere a la jornada laboral.

Todo lo anterior probablemente desembocaría en demandas laborales en las diferentes instituciones gubernamentales en las que dicha medida se aplique.

 

V. 2. Implicaciones en igualdad de género, calidad y balance vida/trabajo, conciliación y productividad

De acuerdo con varios estudios que se han realizado en torno a la distribución del trabajo en el hogar en México, la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por mujeres, con el 77.2% del tiempo que destinaron en los hogares a estas actividades, lo que correspondió, a su vez, al 74.3% si se habla en términos del valor económico.

En ese sentido, la propuesta carece de perspectiva de género al desconocer las repercusiones que tendría en la vida de las mujeres que son trabajadoras de confianza en la APF y sus familias. Igualmente se verían afectadas las mujeres casadas con trabajadores de confianza y sus familias.

Sobre el impacto que tendría la aplicación de esta medida para la igualdad de género, un grupo de especialistas presentó hace algunos días un documento25 en el que establece cinco aspectos determinantes que pueden afectar la vida de miles de servidores públicos y sus familias, los cuales sugiere someter a un análisis detenido y diálogo apegado a estándares de derechos humanos, previo a su aplicación; dichos aspectos en los que la medida impactará son:

1. Fomentará la desigualdad contra las mujeres y detendrá el avance de los procesos en curso para la igualdad de género.

2. Vulnerará el Interés Superior de la Infancia.

3. Creará retrocesos en derechos laborales, particularmente largas jornadas laborales.

4. Entorpecerá la reconciliación nacional.

5. Atentará contra el desarrollo humano, la calidad de vida y la aspiración a la felicidad de las personas y sus familias.

La cuestión que debe ser colocada en el fondo del análisis y discusión de la medida en comento, es si trabajar más horas tiene como consecuencia un aumento de la productividad. Asimismo, un informe de la OCDE26 establece que las horas trabajadas por año en México ascienden a 2,237, en tanto que el promedio de los países de esa organización es de 1,770. Es interesante señalar que los países con menor número de horas trabajadas al año son Holanda, Alemania y Noruega con 1,380, 1,388 y 1,408 horas respectivamente, al tiempo que su productividad es siempre mejor calificada.

En términos del sector público, la productividad debe establecerse con base en la cantidad y calidad de los servicios que se ofrecen, así como el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a ellos, entre otros. Estos no son factores neutros pues aumentar los indicadores de cada uno de ellos implica un mayor gasto público. Aumentar las jornadas de trabajo implica mayor consumo y por tanto mayor gasto en términos de energía eléctrica, agua, vigilancia, intendencia, papel, etc., lo que contradice el espíritu de austeridad de los propios Lineamientos; concretamente lo establecido en el numeral 42, que señala: “Se evitarán gastos de oficina innecesarios y se ahorrará energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.” Toda vez que, aún sin el personal de base, las instalaciones deben mantenerse operando con todos los servicios, así sea solo para una parte del total de la plantilla

En esta tesitura, el International Institute for Management Development, con sede en Lausana, Suiza, publicó un índice de los países con gobiernos más eficientes del mundo.27 Un hallazgo importante de este estudio es que la eficiencia del gobierno es un aspecto clave en la competitividad de los países. De los diez países más competitivos del mundo, ocho mantienen también gobiernos eficientes en esta clasificación: Hong Kong, Singapur, Suiza, Australia, Taiwán, Noruega, Malasia y Canadá. El Foro Económico Mundial, por su parte ha llegado a una similar conclusión en su estudio sobre 137 economías, el Índice de Competitividad Global 2017–201828 que evalúa la competitividad nacional definida como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la productividad.

En ese orden de ideas, es necesario invertir o enfocarse en tener un mejor gobierno, profesional y moderno, siempre teniendo, como idea básica y horizonte, que un buen gobierno es parte de la solución de los problemas del país y un factor estratégico de la competitividad.

A partir de la consideración de que los trabajadores de confianza y los de base constituyen un binomio, es claro que, para funcionar, se requiere de ambos. Por tanto, es altamente probable que, dependiendo de la dependencia, área y/o funciones de que se trate el trabajo sabatino implicaría que un cierto número de trabajadores de base también tendrían que laborar ese día, con el consecuente pago de horas extras y descansos entre lunes y viernes. Así las cosas, existiría una presión justificada, para que los sindicatos demandaran la creación de nuevas plazas.

En resumen, podría decirse que la aplicación del Lineamiento 27, independientemente de sus consecuencias legales, va en contra de las mejores prácticas internacionales en materia de administración y desarrollo de personal, tanto del sector privado como público y con efectos nocivos en la vida personal y familiar de los servidores públicos.

 

 

VI. Consideraciones Jurídicas, Laborales y Administrativas de las Propuestas.

Las medidas propuestas en los Lineamientos analizados tendrán, necesariamente, consecuencias jurídicas en dos ámbitos: el administrativo y el laboral. Por lo que es previsible, que muchos de los servidores públicos afectados procedan a interponer juicios de amparo, demandas laborales o ambas.

Ello debido a que se están afectando diversos aspectos:

a) Estabilidad en el empleo para el caso de los servidores públicos de carrera.

El presente derecho está previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, y ya ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber determinado en su Segunda Sala, que a los trabajadores incorporados a algún sistema profesional de carrera en la Administración Pública Federal se les debe reconocer el derecho a la estabilidad y permanencia en el cargo.

Esto se traduce en la imposibilidad de ser destituidos por los entes públicos, únicamente por razones de carácter político, sin que se logre justificar fehacientemente el despido con alguna de las causas previstas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, generándose el derecho a una indemnización; lo cual a la postre se estima que podría acarrear mayores erogaciones a la Federación de los que eventualmente se pueda ahorrar con las medidas anunciadas.

b) Salario, prestaciones y seguridad social.

Los servidores públicos de confianza, al igual que los demás servidores públicos, y en general igual que el resto de los trabajadores, tienen derecho a que se respeten su salario y prestaciones, lo primero en función del propio mandato Constitucional, que en el artículo 123, Apartado B, fracción XIV dispone que las personas que desempeñen los puestos de confianza, disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social; mientras que el segundo aspecto encuentra sustento bajo la lógica jurídica de los denominados “derechos adquiridos”, noción a partir de la cual la teoría —e incluso algunas tesis jurisprudenciales— consideran que la ley nueva debe siempre respetar los derechos adquiridos, de conformidad con la ley anterior.

En este sentido, tratadistas y juristas han coincidido en que el derecho adquirido — como lo son las prestaciones laborales— es todo aquel que entró a formar parte del patrimonio de alguna persona a consecuencia de un acto idóneo y susceptible de producirlo, resultando válido invocar su observancia antes de la publicación de la ley nueva; siendo acorde simultáneamente este derecho con otro principio relativo a la no retroactividad de las normas en perjuicio de persona alguna; de manera que la nueva ley no puede desplegar acción alguna, ni sobre el hecho pasado, ni sobre las consecuencias posteriores del mismo; velando así el Estado de Derecho por el respeto debido a la seguridad y certidumbre de las relaciones jurídicas previamente entabladas, en este caso entre la Federación y sus empleados.

c) Condiciones de trabajo y jornada laboral.

La previa determinación de ambas cuestiones, redundan de forma determinante en la toma de decisión de los trabajadores para incorporarse, o no, a algún empleo, puesto que les permite llevar a cabo un análisis de costo-beneficio, en el que no solo están presentes valoraciones de índole estrictamente económico, sino que además incluirá seguramente cuestiones relativas al equilibrio de las distintas facetas de los individuos, laboral, profesional, familiar, docente-académica, etcétera. Razón por la cual, un cambio en dichas variables necesariamente alterará el resultado del análisis efectuado en su momento por los servidores públicos, dificultando a las instituciones públicas la retención del talento que tienen adscrito, y que, eventualmente, bajo la hipótesis de ampliación de la jornada de trabajo, podría buscar mejores alternativas en el mercado laboral.

Por tanto, sin dejar de reconocer que tal propuesta encuentra asidero en la propia Constitución, también lo es que aumentar la jornada laboral hasta los sábados para los empleados gubernamentales, contraviene las recomendaciones de organizaciones especializadas en la materia, que sugieren de forma unánime la reducción de jornadas y horarios excesivos; proponiendo por el contrario mecanismos flexibles de trabajo, incremento de las licencias de maternidad y paternidad, para que el desarrollo profesional sea compatible con el bienestar de las familias.

 

VI. 1. Derechos adquiridos de los servidores públicos.

Efectivamente, se insiste en que una hipotética reducción de salarios, el incremento de la jornada laboral y disminución de las prestaciones necesariamente alteran las condiciones laborales actuales de los servidores públicos federales, quienes, al no haber sido considerados ni escuchados en el diseño de esas medidas, es muy probable en que en buena medida acudan ante distintas instancias judiciales para solicitar la restitución de sus derechos adquiridos.

Lo anterior, en virtud de que conforme a principios teórico-constitucionales, relativos a los componentes de toda norma jurídica, para determinar si una ley cumple con el principio de irretroactividad, deberá generar derechos y obligaciones, con el fin de que sus destinatarios estén en posibilidad de ejercer y cumplir con su mandato, pero sin que el legislador violente los derechos adquiridos mediante la vigencia de la ley abrogada, pues al hacerlo se vulneran los principios de retroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, los derechos adquiridos y el principio pro persona, protegidos por los artículos 1o. y 14, primer párrafo, de la Constitución, ya que los derechos adquiridos no son solamente adjetivos o procesales, sino que llevan inmersos los derechos sustantivos fundamentales que protege directamente la Carta Magna, como lo son la libertad personal, la seguridad jurídica, el debido proceso, la garantía de audiencia, entre otros.

De ahí que, en este tipo de modificaciones, a fin de no vulnerar los derechos adquiridos por los empleados gubernamentales, ni aplicar la nueva norma retroactivamente en perjuicio de éstos, la tendencia siempre ha sido otorgar más derechos y nunca restringirlos.

 

VI. 2. Retroactividad de la Ley en perjuicio de los servidores públicos.

El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor; tal y como en la especie se perfila acontecerá una vez que se concrete la propuesta de generar una ley secundaria al artículo 127 Constitucional, sobre remuneraciones de los servidores públicos, que sea aplicable a los trabajadores cuya relación laboral inició con anterioridad, bajo condiciones de jornada laboral y salariales distintas.

Situación que, además, supondrá la aplicación retroactiva de dicha ley, una vez que tengan verificativo todos aquellos actos materialmente administrativos o jurisdiccionales, fundados en normas vigentes al ejecutarse en perjuicio de los empleados públicos, generándose así un conflicto de normas en el tiempo, correspondiendo al Poder Judicial determinar que se aplique aquella norma que genere un mayor beneficio al particular, es decir, la norma abrogada, que contemplaba mayores derechos o, en su caso, menores restricciones conforme al principio constitucional pro persona (Art. 1), que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos.

En concordancia con lo apuntado, es menester señalar que la reforma al Artículo 127 constitucional de 2009, en materia de remuneraciones, para no violentar el principio de no retroactividad, previó en sus artículos transitorios que, por ejemplo, para el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desde entonces percibían ingresos por encima de los asignados al Presidente de la República, continuarían percibiéndolos hasta concluir su encargo, manteniendo las retribuciones nominales, pero ajustándose a la baja sus prestaciones adicionales. En el marco actual, este esquema es una opción replicable para todos los servidores públicos federales de confianza activos frente a las adecuaciones que, presumiblemente generaría la nueva Ley de Remuneraciones que se plantea presentar por el Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión en la LXIV legislatura.

 

VI. 3. Derecho a indemnización de salarios y prestaciones canceladas.

Ya se plasmó con antelación en el presente documento, la preocupación concerniente a que en caso de que el nuevo Gobierno Federal no logre generar un sustento lo suficientemente robusto como para justificar fehacientemente el despido masivo de personal de confianza, incluyendo a aquellos que hayan ingresado a la Administración Pública Federal mediante algún Sistema de Servicio Profesional de Carrera, ello per se generará que éstos tengan derecho a una indemnización constitucional, consistente en 3 meses de salario integrado, y 20 días por cada uno de los años laborados.

Sin embargo, adicionalmente es menester manifestar que, conforme a criterios contables prevalecientes en el sector público, cada vez que se recibe formalmente una demanda laboral por despido injustificado, se tiene que generar una reserva presupuestal con la cual eventualmente se tenga capacidad para afrontar posibles laudos y sentencias desfavorables para los entes públicos, debiendo reflejarse dichas reservas en los respectivos estados financieros; lo cual se estima podría llegar a generar un desbalance en las finanzas públicas, ya que ante la magnitud del recorte que, se ha dejado entrever, acontecerá a partir del próximo 1 de diciembre del año en curso, es de esperarse el advenimiento de amparos y demandas laborales tendientes a revertir las separaciones que se hayan determinados.

 

 

VII. Recomendaciones técnicas para la implementación de los Lineamientos y conclusiones.

A largo del documento se ha presentado, tanto el análisis de las medidas de austeridad contenidas en los Lineamientos como algunas propuestas para su adecuada ejecución. En este apartado se presenta un breve resumen de dichas propuestas.

 

VII. 1. Sobre la reducción del 70% de plazas de personal de confianza.

1. Aplicar la reducción de plazas de confianza e incluso, de base (siempre que se encuentren vacantes), previo diagnóstico integral de la situación actual en las 319 instituciones y organismos que integran la APF; con el objetivo de realizar un redimensionamiento a la baja, que resulte acorde a la circunstancia de cada una; en el entendido de que, en algunos casos, ciertas instituciones podrían tener como resultado un crecimiento.

2. Asimismo, es posible determinar en un plazo no mayor a 6 meses, un ahorro adicional a la estructura, el cual debería ser resultado del análisis y propuestas que realicen las propias instituciones, con base en el conocimiento de su operación y bajo criterios transparentes para la reducción de plazas. De esta forma, el gobierno entrante estaría en posibilidad de empezar a generar los ahorros deseados sin menoscabo del servicio y operación de las instituciones.

3. Sobre este particular es importante destacar que el Oficio 307-A-1892, de fecha 29 de junio de 2018, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de observancia en la APF, el cual establece la imposibilidad de cubrir plazas vacantes, generará por sí mismo un ahorro de recursos en el corto plazo por concepto de sueldos y remuneraciones; por lo que se sugiere mantener dicha medida. Adicionalmente, podrían establecerse mecánicas que no permitieran cubrir nueva vacancia, y en el caso de que resultara indispensable, se realizara obligadamente con movimientos compensados. Lo anterior permitirá generar, en el corto y mediano plazo, los ahorros deseados, al tiempo que conservar el nivel de servicio y operación de las instituciones.

4. El diagnóstico de la APF deberá hacerse con una visión de reforma de la gestión pública que incorpore la mejora regulatoria y simplificación administrativa, y la coherencia y transversalidad de las políticas públicas, para terminar con la dispersión de esfuerzos y recursos, así como las duplicidades de estructuras, para garantizar una mayor efectividad de la actuación de los entes gubernamentales, que resulten del redimensionamiento.

5. De la optimización, necesariamente, habrán de obtenerse ahorros, derivados de la desaparición de organismos y áreas duplicadas, la fusión de puestos y la concentración de atribuciones y funciones en estructuras más delgadas, eficientes y menos costosas. Ello deberá acompañarse de la revisión de la estructura programática vigente a fin de reducir y, en su caso eliminar programas presupuestarios.

6. Con motivo del redimensionamiento, se deberá prever y presupuestar el otorgamiento de las indemnizaciones que por ley correspondan a los servidores públicos que sean separados de su encargo con motivo del redimensionamiento.

7. Se propone dar difusión y transparencia a los elementos técnicos de análisis que sustentan la propuesta de la eliminación del 70% del personal de confianza, y, en caso de seguir adelante con la propuesta, los criterios que determinarán qué personal permanecerá y cuál será sujeto de liquidación.

 

VII. 2. Sobre reducción de las remuneraciones del Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Confianza que perciban más de 1 millón de pesos anuales; así como la cancelación de algunas prestaciones.

8. Con base en lo establecido por el artículo 127 Constitucional, elaborar la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

9. Se propone incluir en la citada ley tres apartados: i) El que defina sueldos de puestos de elección (Presidente; Gobernadores, Senadores, Diputados, Presidentes Municipales, etc.) y de libre designación política (secretarios de Estado; subsecretarios, oficiales mayores, directores de empresas productivas del Estado y entidades paraestatales, e incluso algunos directores generales en dependencias y entidades); ii) El apartado de sueldos de los Titulares del Poder Judicial y Órganos Constitucionales Autónomos que cuentan con una especificación técnica y profesional de alto nivel, e incluso, en algunos casos, son seleccionados mediante procesos de competencia por mérito, experiencia, concursos imparciales y objetivos, así como aprobación de evaluaciones técnicas; los cuales, por las razones expuestas, podrán incluso ser más altos al sueldo del Presidente de la República, en términos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 127 Constitucional, y, iii) El apartado que remita a definir las remuneraciones de los puestos de alta especialización técnica , así como los que integran los diferentes servicios profesionales existentes.

10. En ese sentido la Ley deberá ser congruente con el espíritu del legislador en cuanto a respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y los Órganos Constitucionales Autónomos.

11. Se recomienda retomar la propuesta contenida en las iniciativas de reforma al artículo 127 Constitucional en el sentido de incorporar la figura de uno o varios Comités de Expertos en administración de personal, que colaboren con el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, así como a los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Constitucionales Autónomos en la definición de las remuneraciones de los servidores públicos y en la elaboración de tabuladores por sector, mediante el uso de un sistema estandarizado o con equivalencia de valuación de puestos, para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en la asignación de sueldos, tomando como criterios rectores, además de la austeridad en el ejercicio del gasto público, los principios contenidos en el propio Artículo 127 Constitucional.

12. Posponer la aplicación de la reducción de salario para el personal de mando con base en el nuevo tope propuesto de $108,000.00, hasta en tanto no se diseñe un nuevo tabulador de sueldos y remuneraciones para el personal de mando, así como su congruencia y razonabilidad con todos los puestos de la Administración Pública Federal.

13. Prever en la propia Ley un régimen transitorio que garantice derechos adquiridos de los servidores públicos en el sentido de: a) No retroactividad: Los nuevos salarios se aplicarán a plazas vacantes y las que se vayan generando; las personas que ocupen los puestos y plazas al momento de la entrada en vigor de la ley, conservarán sus ingresos y prestaciones hasta la conclusión de su encargo; y, b) Indemnizaciones: Otorgar, en su caso, a los servidores públicos afectados, las indemnizaciones que correspondan derivadas de la reducción salarial y, en su caso, la supresión de prestaciones, en apego a las tesis y jurisprudencias sobre la materia.

 

VII. 3. Sobre los seguros

14. De manera previa a la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, establecer un periodo transitorio, a efecto de atender y resolver adecuadamente y sin poner en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos y sus familiares, los siniestros y tratamientos e intervenciones quirúrgicas en tránsito, así como la debida atención a los casos de enfermedades crónico degenerativas.

15. Retomar la propuesta contenida en el documento referido en SDPnoticias, que a la letra dice: “Una alternativa que reduciría los efectos negativos sobre el ISSSTE y generaría un verdadero ahorro para el Estado, sería permitir que el Gobierno Federal mantuviera la colectividad del Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), TRASLADANDO EL BAJO COSTO DE LA PRIMA PÉR CÁPITA ANUAL(1,350 PESOS) A LOS SERVIDORES PÚBLICOS actuando como un “administrador de los descuentos”; de esta manera el SGMM permanecería, pero totalmente a cargo de los funcionarios”.

16. Ante la probable eliminación del Seguro de Separación Individualizado y en el caso de que, en La Ley General de Remuneraciones, reglamentaria del artículo 127 Constitucional, se contemple la figura de la indemnización por despido injustificado, se propone analizar la conveniencia de establecer, al igual que en la iniciativa privada, la figura del fondo de ahorro.

17. Destinar parte de los recursos derivados de la cancelación del denominado “Seguro de Separación Individualizado” a la creación de un fondo de indemnizaciones por despido injustificado del personal de confianza, lo cual, además de reconocer el derecho a la estabilidad en el empleo de los servidores públicos, permitirá eliminar en lo posible contingencias laborales al Gobierno Federal.

18. Hoy en día, en el caso de las entidades, existe la prestación del fondo de ahorro, como equivalente a la del seguro de separación, en términos de lo autorizado por los respectivos órganos de gobierno y de lo validado ante las instancias globalizadoras de Hacienda y Función Pública. Otra opción es sustituir el SSI por el fondo de ahorro ya que, de lo contrario, se generaría una situación de inequidad en los sistemas de remuneraciones de las dependencias, con respecto a las entidades que mantendrían la prestación del fondo de ahorro, además de que dicho fondo de ahorro implica un costo menor para el erario.

19. Igualmente, para aquellas instituciones del Gobierno Federal que cuenten en su Reglamento Interno y/o Condiciones Generales de Trabajo el mecanismo de la liquidación, respetar lo que a derecho corresponda.

 

VII. 4. Sobre la jornada laboral.

20. En razón de las implicaciones que conlleva y el impacto que puede tener en la calidad de vida de miles de servidores públicos y sus familias; así como en el clima laboral y la productividad del sector público; se propone reconsiderar esta medida y adoptar mejores prácticas internacionales de gestión de recursos humanos, como: horarios flexibles, teletrabajo, horarios compactados, entre otras, que contribuyan a la conciliación de la vida familiar y laboral y tengan un impacto positivo en elevar la productividad de los servidores público.

21. Escuchar a expertos en conciliación trabajo-familia, organizaciones de la sociedad civil expertas en temas de género, diversidad e inclusión, y atender las mejores prácticas a nivel mundial en el tema.

 

VII. 5. Sobre la profesionalización del servicio público.

22. Someter a la aprobación del H. Congreso de la Unión una Ley General de Servicio Profesional que permita sentar las bases de la profesionalización como política de Estado y que esté vinculada a los trabajos que se han venido realizando en los últimos años para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

VII. 6. Conclusiones.

Los Lineamientos han tenido un gran impacto en la sociedad mexicana, pues dieron visibilidad y han generado un debate alrededor de los diversos aspectos que conforman el servicio público, que podrían resumirse en que la ciudadanía demanda por los impuestos que paga: una mayor calidad en los servicios que recibe de parte del Gobierno y exige también la moderación en el uso de los recursos públicos y concretamente en el régimen de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos.

Se ha hecho evidente un alejamiento entre los ciudadanos y los servidores públicos de las diferentes categorías, niveles jerárquicos, ámbitos de gobierno y poderes e instituciones. Al mismo tiempo se ha generado un clima de incertidumbre entre los servidores públicos de confianza de diversas instituciones, quienes se sienten injustamente tratados y se encuentran legítimamente preocupados por su empleo, sus compromisos económicos y el futuro de su situación familiar y profesional, así como la imagen que se está creando sobre su actuación.

La austeridad es un medio, no un fin en sí mismo. Un medio para mejorar la eficiencia del sector público y de la calidad de su actuación en beneficio de la ciudadanía, sin afectar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos. Por ello, el recorte de plazas y remuneraciones, así como el aumento de la jornada laboral al personal de confianza debe hacerse sobre la base de datos duros y con una visión integral, de largo alcance, sobre la gestión pública en su conjunto; con el objetivo de mejorar la coordinación, la coherencia transversal de la gestión, la maximización en el uso de los recursos públicos y, un tema central, promoviendo la consolidación del servicio civil profesional como una política de Estado.

La oportunidad histórica que tiene la administración entrante radica en que se encuentra en inmejorables condiciones para llevar a cabo una profunda reforma administrativa que permita poner en el centro de los esfuerzos al ciudadano y, al mismo tiempo, dignificar la función pública, y no solamente medida de ahorro que a la postre trastoque negativamente el modelo y esquema general vigente de sueldos y remuneraciones, que si bien es perfectible, brinda certeza y viabilidad a la Administración Pública Federal en su conjunto.

Hay que hacer un redimensionamiento de la Administración Pública y reformar las instituciones con el objetivo último de lograr que el gobierno sea más eficaz y eficiente y cuente, de una vez por todas, con un servicio civil profesional.

La calidad del capital humano será de vital importancia para la nueva administración, de ésta dependerá el poder implementar las políticas, estrategias y generar condiciones de una mejoría en la calidad de vida; por ello los servidores públicos serán quienes implementen con sus capacidades, profesionalismo y sentido ético las acciones de gobierno. Es un asunto de Estado retener y fomentar el desarrollo de su personal con remuneraciones y prestaciones acordes a sus responsabilidades, capacidades y retos que México enfrenta en el Siglo XXI.

 

Atentamente,
Laura Arias Gómez
Edmundo Barrientos Morales
Mario Alberto Fócil Ortega
Gonzalo García Cervantes
Beatriz Guerrero Auna
Sandra Girón Bravo
José de Jesús Gutierrez Archundia
Alejandro Herrera Macías

Luis Felipe Llanos Reynoso
Antonio López López
Agustín Martínez Herrera
Ernesto Morán Roel
Ernesto Navarro Adame

Víctor Manuel Pérez Guadarrama
José Ramón Ramírez Gorostiza
Karla Raygoza Rendón
Fernando Santiago Yurén

 

Ciudad de México, septiembre de 2018.


1 Ver nota publicada en el periódico Excélsior, bajo el título: “Corte falla a favor de indemnizar a trabajadores de confianza”.

2 Plataforma Nacional de Transparencia. INAI. Última actualización por ramo.

3 Existen casos internacionales, de atención a poblaciones vulnerables con enfoque transversal: Perú (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables); Alemania (Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud), Reino Unido (Ministerio para la Mujer y la Igualdad); Noruega (Ministerio de la Niñez y la Igualdad); Suecia (Ministerio de Salud y Asuntos Sociales), entre otros.

4 Secretaría de la Función Pública. Tala Regulatoria. Consultado el: 06 de agosto de 2018.

5 El sistema de valuación de puestos que utiliza la Administración Pública Federal Mexicana, mismo que es utilizado por una gran cantidad de empresas, gobiernos y organizaciones no lucrativas en el mundo, permite conocer en qué medida su estructura de pago es equitativa, al relacionar el nivel de remuneración con la dimensión de cada puesto, determinada en primera instancia, como ya mencionamos, con su grado de responsabilidad; empero, es importante puntualizar que el sistema de valuación valúa al puesto y no al ocupante, lo que en principio sugiere que debe existir un nivel de pago “ideal” o “meta”, según el tamaño de la responsabilidad, pero que el sueldo de cada persona estará alrededor de dicho pago y deberá variar en función de su desempeño y/o sus capacidades. Hay Group. “La Remuneración de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y Entidades Paraestatales: Análisis y recomendaciones.” Octubre, 2003.

6 DOF; DECRETO que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. Diciembre 4 de 2006.

7 DOF; IDEM.

8 BID, “Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América Latina: México”.

9 Un ejemplo de las situaciones que han agravado es el caso de las plazas con nivel enlace P, que son de confianza, en particular los niveles P11 y P12 quienes tienen un ingreso bruto mensual menor que al nivel salarial del puesto operativo más alto nivel 11. Véase los Tabuladores emitidos. En este sentido los dos niveles más bajos del tabulador de enlace, tienen un ingreso menor que el nivel más alto operativo. Es probable, que para caso de menor nivel operativo lleguen a tener un ingreso total mayor si tomamos en cuenta lo que reciben por medio de prestaciones derivadas de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT)) de sus instituciones. No hay que olvidar que las prestaciones derivadas de las CGT solo la aplican al personal operativo.

10 BIDE, OCDE. “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2017”.

11 BID, OCDE. IDEM.

12 Consideraciones y fuentes de información:
1. La información de los sueldos y salarios de la Administración Pública Federal de México se obtuvo a partir del Límite de Percepción Ordinaria Neta Mensual (LPONM) publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. Los datos se obtuvieron del Diario Oficial de la Federación de cada año. Dicha información conforma la única métrica homologable y comparable para el periodo requerido.
2. A partir de 2010 se publicó una nota en la que se informa que dichos límites incluyen los importes que se cubren una o dos veces al año, divididos entre doce, por concepto de: aguinaldo, gratificación de fin de año y prima vacacional. La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos de la Administración Pública Federal, una vez aplicadas las disposiciones fiscales. Estos montos no incluyen la potenciación del seguro de vida institucional y el pago extraordinario por riesgo que solamente se otorga a los servidores públicos cuyo desempeño pone en riesgo la seguridad o salud de los mismos.
3. La estimación de la inflación acumulada se realizó mediante la calculadora de inflación de INEGI.
4. Se integró una base de información disponible con un total de 10 grupos jerárquicos (P al G). El grupo jerárquico del personal operativo se comenzó a pública a partir de 2010.

13 Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2006 y 2010 publicados en el Diario Oficial de la Federación.

14 INEGI. “Calculadora de inflación”.

15 SCJN. (2017). REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 24 DE AGOSTO DE 2009. 06/08/18, de SCJN.

16 SCJN , IDEM.

17 SCJN , IDEM.

18 BID; OCDE. Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2017.

19 Derechohabiente entendido como trabajadores, pensionados y familiares de conformidad con la fracción VIII del artículo 6º de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

20 El dato es conforme a la información conforme a la Convocatoria a la Licitación Pública electrónica de carácter nacional para la contratación consolidada del “Seguro Colectivo de Gastos médicos mayores para las Secretarías, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades y Organismos Autónomos participantes”.

21 Estimación con base en 141,485 trabajadores derechohabientes titulares con una cuota mensual promedio de 500 pesos.

22Seguro de gastos médicos a los funcionarios: la sensata propuesta que hace a AMLO su ex secretario de Hacienda”. Consultado el 22 de agosto de 2018.

23 Fuente: “Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las Dependencias y sus Equivalentes en las Entidades” vigente a partir del 1° de enero de 2018.

24 Se considera teóricamente que existe un fraude a la ley, cuando por medio de un acto o negocio jurídico con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos y amparándose en una normativa existente (Ley del ISSSTE), pese a que, no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley existente del ordenamiento jurídico (Art. 31, fracción IV de la CPEUM).

25 Varios autores. “Derechos laborales iguales para tod@s”. En Tiempo Digital México.

26 OCDE, “Hours Worked”.

27 https://bit.ly/2D7TCQt

28 https://bit.ly/2jZK8Rg

Literal

Anestesia

“¿Puede hacerse una autobiografía en cuatro párrafos? No estaría nada mal que fuera posible, nos ahorraríamos muchas páginas de ésas en las que los autores se hacen los interesantes: nací en algún lugar de las entreguerras y cosas así. Mejor digo esto: mi papá leía periódicos con una ansiedad incontrolable; mi mamá, novelas, despacio y sin pausa. Por eso escribo”, aseveró Rafael Pérez Gay (Ciudad de México, 1957) al inicio de Arde, memoria. Antología personal, libro de título nabokoviano que Tusquets Editores solicitó al autor. Presentamos un “relato súbito” —en palabras del autor—, incluido en la sección “Del corazón a mis asuntos”.


El camino de la Condesa a Santa Fe es uno de los capítulos locos de la novela de la Ciudad de México. Constituyentes, un asco de tránsito; en cierto sentido es un milagro que los edificios inteligentes de esa ciudad imposible permanezcan en pie. La noche anterior, una manga de lluvias y vientos indomables arrastraron coches y deslavaron cerros. Yo iba al hospital ABC a una cistoscopía, mi propio deslave interior.

La cistoscopía es un procedimiento invasivo, pero poco riesgoso, que consiste en entrar por la uretra y llegar a la vejiga para ver en una pantalla las condiciones de ese filtro del cuerpo. Si usted entra, lo que ve es una pequeña caverna que solo el urólogo interpreta con precisión. Para ese estudio es necesario dormir al paciente durante 30 o 40 minutos. La pérdida de la conciencia es una aventura extraña y, no me lo van a creer, un tanto placentera.

Antes moría de angustia en el quirófano. La plancha, nombre dramático del camastro de intervención, los aparatos, como si estuviera a punto de despegar en una nave espacial, todo me daba un miedo incontrolable. Sé que van a decir que soy presumido, pero después de veintinueve estaciones en el quirófano, esta vez no tuve miedo, y me dio miedo no tener miedo. Pensé que podía ser una señal, un mensaje de que esta vez me despedía de la vida. No se burlen, el que entra al quirófano se pone trágico.

Ahí estaba entonces, tendido en la plancha. Solo. La anestesia para el procedimiento se llama sedación profunda, no entuban al paciente; en fin, no entremos en detalles. La anestesióloga que me ha atendido 29 o 30 veces me pregunta por mis hijos y yo le respondo, pero sé que empieza a darle salida al narcótico que entra por la vena. Le dije, ¿o lo soñé?, que cuando se siente una chispa en las sienes estás dormido: pierdes la conciencia. Un breve momento de placer en el cual el olvido viene por ti. Si así se sintiera la muerte, no sería para nada un trauma.

Los filósofos se han devanado los sesos tratando de definir la conciencia. Nadie sabe qué rayos es la conciencia: ¿un estado del alma, una forma de percibir el mundo, un modo de inventar la realidad? Antes de dormir siempre te acompaña una imagen, no una imagen, un pensamiento. Esta vez vi a mi madre, se los juro. En fin, ustedes se preguntarán por qué les cuento esto, la verdad no sé: tenía ganas.

 

Rafael Pérez Gay
Escritor. Ha publicado Me perderé contigo, Esta vez para siempre, Llamadas nocturnas, Paraísos duros de roer, Nos acompañan los muertos, El corazón es un gitano, El cerebro de mi hermano y Perseguir la noche, entre otros libros.

Literal

El efecto de un cuento

Celebramos con Penguin Random House Grupo Editorial el trigésimo aniversario de la aparición de Una casa para siempre (Anagrama, 1988; Debolsillo, 2018) de Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) con la publicación de uno de los relatos que lo componen.


Era ya de noche en Nueva Orleans cuando a Regis le tembló la mano y le cayó al suelo su vaso de leche, y me dijo:

—Anda, repite el cuento, por favor, repítelo.

A Regis, el hijo de mi amiga Soledad, se le veía tan terriblemente afectado por lo que yo acababa de contarle a su madre que no parecía nada conveniente repetirle nada. Era, por otro lado, chocante que el cuento le hubiera hecho aquel efecto, pues no era una historia que pudiera entender fácilmente un niño. Y sin embargo, Regis estaba completamente lívido, como si lo hubiera entendido demasiado bien.

—Anda, repite el cuento.

Insistió como sólo puede hacerlo un niño y acabó doblegando mi resistencia y repetí aquella historia, que era el último relato que escribiera una gran narradora dominicana: un cuento elegíaco y de fantasmas a la vez.

Es un hermoso relato que se abre con la narradora detenida a la orilla de un río mirando los estriberones de un vado y recordándolos uno por uno. Y de pronto se encuentra en la orilla opuesta. Nota que la carretera no es exactamente igual a como era antes, pero en cualquier caso es la misma carretera, y la viajera avanza por ella con un sentimiento de felicidad. El día es espléndido, un día azul. Sólo que el cielo presenta un aspecto vidrioso, que ella no ha visto nunca antes. Es la única palabra que se le ocurre. Vidrioso. Llega a los gastados escalones de piedra que conducen a la que fue su casa y empieza a latirle con fuerza el corazón. Hay dos niños, un chico y una niña pequeña. Ella les hace un saludo con la mano y les dice: “¡Hola!”. Pero ellos no contestan ni vuelven la cabeza. Se acerca más a ellos, vuelve a decir: “¡Hola!”. Y a renglón seguido: “Aquí vivía yo”. Tampoco contestan. Cuando dice “¡Hola!” por tercera vez, se halla casi junto a ellos y quiere tocarlos. El chico se vuelve, y sus ojos grises miran directamente a los de ella, y dice: “Se ha levantado frío de repente. ¿No lo notas? Vamos adentro”. Le contesta la niña: “Sí, vamos adentro”. La viajera deja caer los brazos con abatimiento y por primera vez se da cuenta de la realidad.

—Aquí vivía yo —dijo Regis también muy abatido.

—Pero ¿qué has entendido de este cuento? —le preguntamos.

No quiso responder. Pasó el resto de la velada en completo silencio, pensativo. Soledad, en su afán de restarle importancia al asunto, repitió la frase con un gesto cómico:

—Aquí vivía yo.

Pero el niño no rió. Luego, ella me contó la historia de su abuelo, que, al final de sus días, compró una granja en Montroig, donde todas las noches se reunían a conversar algunos amigos suyos del pueblo, hasta que, un día, sintiendo inminente el final de su vida y para que sus amigos no le molestaran más con sus metafísicas provincianas, ordenó que colocaran un cartel a la entrada de su finca, donde pudiera leerse: “Aquí se hablaba”.

—Aquí vivía yo —dijo Regis, y se retiró visiblemente triste a su cuarto.

Una hora más tarde, comprobamos que se había dormido profundamente, y quedamos tranquilos.

Pero a la mañana siguiente entró en mi cuarto a cerrar las ventanas mientras me hallaba yo todavía en la cama. Y vi que parecía enfermo. Estaba temblando, ya no estaba lívido sino pálido, y andaba lentamente, muy lentamente, como si llevara tacones y le doliera moverse.

—¿Qué te pasa, Regis?

—Me duele la cabeza.

—Será mejor que vuelvas a la cama. Es muy temprano.

—Está bien —dijo.

Y se fue andando como si tuviera pies de plomo. Pero cuando bajé, lo encontré sentado frente a un televisor que hacía días que estaba averiado. Parecía un niño de siete años muy enfermo. Cuando le puse las manos en la frente, noté que tenía fiebre.

—Vete ahora mismo a la cama —le dije—. Estás algo enfermo.

Cuando llegó el médico, le tomó la temperatura. Treinta y ocho grados. Me ausenté un momento cuando llamaron por teléfono preguntando por Soledad y, al regresar, me encontré con la amplia sonrisa del médico.

—No tiene nada —me dijo—, nada. Acaba de confesar que esta mañana se ha puesto mucho papel secante en los pies. Y eso ha provocado que el termómetro registrara fiebre. No tiene nada, nada.

—No tienes nada —le dije.

—Nada, ¿me oyes?, nada —le dijo poco después su madre.

Aquel día teníamos que ir al aeropuerto a buscar a Robert, el marido de Soledad. Y fuimos. Ella y yo. A la vuelta nos entretuvimos los tres en el barrio francés. Nueva Orleans es un buen lugar para abandonarse por completo. Cuando llegamos a la casa, estaba ya anocheciendo. Y el niño estaba fatal, pero que muy mal. Ya no es que tuviera fiebre, que no la tenía, sino que el aspecto de su cara no era precisamente agradable. No creo recordar una cara más triste que aquélla.

—¿A qué hora me moriré? —nos preguntó.

—¿Qué?

—Tengo derecho a saberlo.

—¿Qué tonterías son ésas? —dijo su padre.

—Ellos me han dicho que voy a morir.

Al día siguiente, Regis había recuperado toda su vitalidad y se reía de cualquier cosa. Todo le hacía gracia. Pero ya no era el mismo. Había terminado la infancia para él. Y se reía, se reía de todo.

[1988]

 

Enrique Vila-Matas
Escritor. Ha publicado: Doctor Pasavento, Exploradores del abismo, Dietario voluble, Dublinesca, Perder teorías, Aire de Dylan, Kassel no invita a la lógica, Marienbad eléctrico y Mac y su contratiempo, entre otros libros.

El miedo del temblor

El 20 de septiembre de 1985 sentí mucho miedo. Poco antes de las 8 de la noche la tierra se volvió a mover. Ciertamente el temblor del 19 de septiembre había sido mucho más intenso que ese, pero en mi memoria el verdadero sentimiento de miedo está registrado ese viernes en la noche. A esa edad, el primer temblor había significado poco hasta que la ola de imágenes televisivas y las historias que se iban transmitiendo por toda esa pretuitera ciudad hicieron que en 36 horas mi idea de lo que un movimiento así de la tierra podía provocar cambiara radicalmente. El fin de la inocencia sísmica.

Hasta donde recuerdo estaba viendo televisión con mi hermana. No había Netflix, pero pasaban a los Munsters todas las tardes. Ésa era infancia. De pronto se fue la luz, la televisión se apagó súbitamente y la tierra se empezó a mover otra vez. Mi madre a trompicadas llegó hasta el cuarto donde estábamos mi hermana y yo, los tres juntos nos colocamos en el marco de la puerta y esperamos. Trato de recordar algún otro momento de mi infancia donde haya sentido tanto miedo y me es imposible recordar uno. Durante ese minuto y medio fui un niño de 9 años con mucho miedo.

Las siguientes semanas ese miedo no desapareció, pero se unió a otro sentimiento que nunca realmente superé: impotencia. Soy de la generación que tiene recuerdos vívidos del 85 pero que no tenía edad para lanzarse a la calle a ayudar como hacían todos los mayores. Siempre pensé que ayudar habría sido terapéutico. Para mis padres, a los nueve años, era una simple locura de un chamaco respondón. Viví por 30 años, dispuesto a hablar por horas sobre el sismo y los héroes de la época, siempre desde la frustrante perspectiva del inútil. Plácido Domingo, la pulga, los topos, mis tíos, mis tías, y los albañiles que construyeron una escalera nueva en el edificio de mi primaria en las semanas subsecuentes. Héroes todos.

Ilustración: Patricio Betteo

32 años después llegué a la escuela de mis hijos a media mañana mientras en el radio escuchaba crónicas sobre aquel 19 de septiembre de 1985 y en un semáforo, violando reglas de vialidad obvias, me dio por postear un artículo sobre aquel sismo que había publicado 10 años antes. Unos minutos después observé el simulacro en la escuela de mis hijos, baje las escaleras con un grupo de preparatorianos bastante listos y al terminar todavía les reclamé el tiempo que habían tardado en desocupar el edificio: “en su escuela aprenderán alemán pero en mi humilde primaria pública desocupábamos en 50 segundos”.

Todo entre risas y mis notas mentales sobre un par de problemas que vi en el simulacro y que comunicaría al director de la escuela, no porque sea yo un experto en estas cosas pero la memoria del niño de nueve años con mucho miedo nunca ha desaparecido y los simulacros en todas las instituciones educativas donde he trabajado siempre me habían puesto de cierto humor apocalíptico. Uno de los directivos de la escuela les dio algunas indicaciones a los estudiantes, una de ellas me llamó la atención pues me resultaba novedosa: “Si no alcanzan a salir antes de que empiece a temblar, la indicación es replegarse”. Replegarse: definitivamente no era una palabra importante en el léxico de la generación del 85 de la cual soy parte. Mientras todos regresábamos a los salones donde yo aún tenía programada actividades con los estudiantes de bachillerato, dudé qué tan realista podría ser esa indicación de replegarse. Pronto mi duda sería disipada.

A la 1:14 empezó la nueva pesadilla. La tierra se volvió a mover. No es que no haya habido otros temblores en la ciudad de México; durante estas tres décadas puedo recordar varios. Uno durante una clase de física en mi prepa (cuyo edificio ahora está inservible), otro justo la noche anterior a mi cita para presentar el GRE cuando estaba soñando con estudiar un posgrado en el extranjero, alguno en la primaria algunos meses después de los primeros. Pero éste, sin duda, fue el más fuerte desde entonces. Mientras me replegaba vi como una tubería o manguera del edificio de enfrente se tronó, probablemente de gas, no tengo idea. 32 años después, otra vez sentí mucho miedo.

Por supuesto volví a ser un chilango afortunado. Igual que en el 85 no tuve pérdidas directas. No sólo eso, el azar me permitió estar en la escuela de mis hijos justo en el momento del temblor. En cinco minutos estaba abrazando a los dos y eso se lo agradeceré al azar el resto de mi vida.

Mi esposa estaba en camino y en un rato más estábamos todos juntos. Pero volví a sentir la fragilidad que no había sentido desde 1985. No me refiero sólo a la fragilidad de enfrentarnos a nuestra naturaleza mortal. Me refiero también a la facilidad con las que estos eventos alteran la vida misma de toda una ciudad. Padres con menos suerte que la mía fueron llegando a la escuela después de batallar horas con el tráfico postsismo sin poder saber a ciencia cierta que iban a encontrar al llegar, pues igual que hace 32 años las comunicaciones se perdieron durante un buen rato. A uno de ellos lo vi llegar y abrazar a sus hijos manteniendo la cordura que todo padre debe mantener. Después volteó y me abrazó, pude sentir con toda claridad cómo se derrumbó por dentro y empezó a llorar: “hay un edificio colapsado aquí junto”, me confesó casi en silencio. En ese momento supe con certeza que este no había sido sólo otro temblor.

Y justo ahí empezaron a aparecer otra vez esos sencillos actos heroicos. La disciplina de los estudiantes del Colegio Suizo durante el temblor y los minutos que siguieron. No, en mi primaria no hubiéramos sido así de disciplinados. Empezó a temblar casi de manera simultánea con el anuncio de la alarma sísmica. De inmediato una de las estudiantes dijo “nos replegamos”. Más de 20 estudiantes de preparatoria hicieron caso como si lo hubieran ensayado cientos de veces. Dejó de temblar y bajaron con todo orden hacia el patio donde ya estaban el resto de los estudiantes. Los primeros héroes de los días que habrían de venir.

Cuando finalmente salimos de la escuela empezaron a aparecer por todas partes estas señales que me hicieron un orgulloso chilango en los ochenta y que ahora supe no habían desaparecido. Oficinistas dirigiendo el tránsito en una ciudad sin semáforos donde todos tienen urgencia de llegar a su destino. Una cuadrilla de 40 o 50 albañiles con herramienta, seguramente de alguna de las obras en esa zona de la ciudad, corriendo formados en dirección a los derrumbes y la gente en la calle dirigiéndolos a gritos: “Escocia, Escocia, corran hasta Escocia”. El vecino ingeniero, junto con el encargado de mantenimiento de mi edificio, revisaron y me aseguraron que podíamos quedarnos en casa.

Con esta seguridad en mente, decidí correr de regreso a Escocia, en algo podría ayudar. No hice gran cosa, algunas cadenas humanas con escombro, algunas con víveres, a ratos colaboré formando de una valla humana que nos pidieron los soldados que llegaron al lugar. El niño de nueve años con miedo dentro de mí me regañaba a gritos: eres un pinche inútil.

Los siguientes días hice lo que pude. Hasta donde me dio la energía y afortunadamente encontré una forma de ayudar que me hizo sentir más útil a mi querida ciudad. Pero lo más importante fue lo que vi esos días. Vi a mis estudiantes, actuales y del pasado, rifársela por la ciudad. Vi a mis queridos profesores estar dispuestos a hacer cosas inimaginables en tiempos normales. Vi a plomeros tapatíos convertirse en héroes chilangos. Vi a mis amigos hablar lenguajes incomprensibles: desde el español alegórico necesario para comunicarse con marinos en su propio idioma hasta idiomas de programación que superan mi capacidad de entendimiento. Vi parques que se convirtieron en centros de distribución de recursos operando como una enorme maquinaria humana, los bautizamos como la República de los Parques. Vi a soldados y marinos mexicanos trabajar durísimo, igual que los albañiles de la primera hora partiéndosela por una ciudad que suele maltratarlos. Vi que con todo y cambios tecnológicos, en el fondo, esta ciudad sigue siendo la misma. Es una ciudad en la que nos mentamos la madre en Twitter y en el Viaducto, o en Twitter desde el Viaducto, todos los días. Pero también una ciudad en la que uno puede confiar que si las cosas se ponen mal habrá más manos solidarias que gandallas. Y ahora vivo con la certeza de que esa ciudad que vi y que poco a poco vuelve a disfrazarse de gandallez siempre va a estar ahí cuando un niño de nueve años vuelva a tener mucho miedo. Porque cuando esta ciudad tiene miedo nos damos terapia colectiva, guardamos la gandallez y nos ponemos chalecos anaranjados y cascos de seguridad. Al miedo se le enfrenta en colectivo, le decimos solidaridad.

Y en la certeza de que ese colectivo existe es que uno se reconcilia con esta ciudad que a veces da miedo. Con la idea de que potencialmente está ciudad podría estar gobernada por quienes en la emergencia demostraron que esta sociedad tiene remedio. Mi convicción de quedarme y seguir siendo chilango orgulloso se basa sólo en que esta ciudad tiene el potencial para funcionar mejor incluso cuando no haya emergencias. La posibilidad de que mis hijos vivirán algún día en una ciudad gobernada por esa gente que conocí en la emergencia me da la tranquilidad necesaria para poder dormir, otra vez, tranquilo. Por lo menos hasta el próximo temblor.

Pd. Cierto, vi gente gandalla e incompetente también. De esos nos encargaremos ahora que el miedo poco a poco se va transformando, con toda justicia, en enojo. No soy más un niño de nueve con miedo. Cuéntenme como un cuarentón orgulloso pero enojado.

 

Sergio Silva Castañeda

Hidalgo en la historia

Por considerarlo de gran valor y particular relevancia en estas fechas patrias, compartimos con los lectores de Nexos el discurso con el cual Edmundo O’Gorman ingresó a la Academia Mexicana de la Historia el 3 de septiembre de 1964.

Ilustración: Izak Peón


ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL:
Dr. Edmundo O’Gorman
Sillón: 10
3 de septiembre de 1964

Discurso de Ingreso Pronunciado por el Sr. Dr. Don Edmundo O’Gorman

Señor Director de la Academia, el señor Marqués de San Francisco,
Señores académicos,
Señoras y señores:

La ominosa situación del mundo en que hemos vivido me ha empujado insensiblemente a adoptar, con los años, la actitud del gato escaldado que aconsejaba el viejo Herodoto, medroso de toda novedad, no fuera a traer consigo la cólera de las potencias invisibles. Así, siempre que recibo una carta, y no se diga un telegrama o una llamada de larga distancia, tiemblo ante la posible amenaza a mi sosiego tan a codazos conquistado. No para mí el "vive peligrosamente" del enajenado Federico Nietzsche. Doble, pues, mi contento cuando recibí la misiva de esta ilustre Academia anunciándome, no su decisión de poner en el Índice mis borrones y trabajos, sino la de premiar mis esfuerzos con el espaldarazo que he venido a recibir esta noche. Sean, entonces, de gratitud mis primeras palabras por el honor que me confieren, señores académicos, al recibirme entre ustedes como miembro numerario de su corporación.

Pero en esta Academia es de estatuto que el agrado del ingreso venga enlutado por la ausencia de quien ya no volverá jamás; en este caso, por la del señor académico Dr. D. Pablo Martínez del Río.

Nació este señor el día 10 de mayo del año en que celebraba el orbe el cuarto centenario del primer viaje a tierras que más tarde se concebirían como nuestra América, augurio, tal parece, de la futura dedicación de aquel niño a resolver el gran arcano de cómo y cuándo fueron pobladas. Después de cursar los estudios medios en el colegio jesuítico de Stonyhurst, subió, como se dice allá, a la Universidad de Oxford donde empezó a cultivar su vocación de antropólogo y de historiador del remoto pasado. Esto entre los años de 1910 y 1914 cuando en México ardía la tea revolucionaria que redujo a ceniza, entre tantas otras fortunas, la de su familia. Huérfano ya de padre, regresó el joven oxoniano a enfrentarse a una difícil situación, para él particularmente adversa por la inevitable, pero no por eso menos injusta hostilidad que, como maldición bíblica, alcanzaba a los vástagos de las familias más estrechamente vinculadas al régimen porfirista. Y hace falta decir esto, porque el valor y la dignidad que él y muchos como él mostraron en aquellos años no constituyen, ciertamente, el menor de los méritos. En un viaje a España en 1922 contrajo matrimonio con doña María Josefa Fernández de Henestroza y poco tiempo después, instalado en México, inició su carrera en la docencia y en el cultivo de la historia.

Largo sería enumerar los puestos magisteriales y los empleos académico- administrativos que sirvió durante su laboriosa vida. Baste recordar que fue director de la Escuela de Antropología e Historia, y en nuestra Universidad, de la de Verano, de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Historia que fundó en 1945 con D. Rafael García Granados. Como profesor se distinguió en el servicio de las cátedras de Historia Antigua, Medieval y de México, de Protohistoria y Prehistoria y de Arqueología clásica. A lo largo de su vida ingresó en numerosas sociedades científicas nacionales y extranjeras y fue honrado con dos doctorados honoris causa.

Su pluma se reveló fecunda, y tanto, que estaría fuera de todo propósito tratar de citar aquí los títulos de las notas, traducciones, artículos y libros menores que nos ha dejado. Conformémonos, entonces, con sólo mencionar su obra capital, Los orígenes americanos, que apareció en 1936 y notablemente ampliada, en 1943 y 1952. Carezco de autoridad para emitir un juicio sobre ese libro, pero aunque la tuviera no haría falta, porque ya tenemos al respecto el formidable testimonio de su excelencia en el volumen de homenaje que le presentaron amigos, colegas y discípulos con motivo del vigésimo quinto aniversario de la primera edición de la obra.

Incompleta como por necesidad tiene que ser esta reseña, lo sería imperdonablemente si no recordáramos siquiera la feliz incursión que hizo el Dr. Martínez del Río en el campo de nuestra Arqueología. Aludo, claro está, a las exploraciones que inició y dirigió en el sitio del templo mayor de Tlatelolco, cuyas ruinas, según hoy se admiran, son por eso y en cierto modo un monumento a su memoria.

Y si es verdad, como lo es, que la belleza alegra la vida y la hace más llevadera, a D. Pablo hemos de reconocerle, además, el mérito de haber contribuido a ello en grado de excelente perfección en las gentiles personas de sus hijas a quienes en testimonio de la amistad que su padre tuvo con el mío, dedico el siguiente discurso.

HIDALGO EN LA HISTORIA

Fue tan violenta, tan devastadora la revolución acaudillada por Hidalgo que siempre nos embarga la sorpresa al recordar que sólo cuatro meses estuvo al mando efectivo de la hueste. En el increíblemente corto espacio de ciento veinte días, aquel teólogo criollo, cura de almas pueblerinas, galante, jugador y dado a músicas y bailes; gran aficionado a la lectura y amante de las faenas del campo y de la artesanía, dio al traste con un gobierno de tres siglos de arraigo, porque si la vida no le alcanzó para saberlo, no hay duda que fue él quien hirió de muerte al Virreinato. David y Goliat, solían decir sus panegiristas. ¿Cómo no asombrarnos, entonces, del trauma que le provocó a la sociedad de la época el cariz tempestuoso y tumultuario de aquella rebelión? Y sobre todo ¿cómo no comprender el pasmo entre quienes, amigos suyos, admiraban en él, disimulando flaquezas, la clara inteligencia y los sentimientos benévolos y progresistas? No muy distinto sería nuestro horror, si mañana desayunáramos con la nueva de que Justino Fernández había asaltado en la madrugada el Palacio Nacional al frente de los barrenderos de la ciudad y de los detenidos en los separos de la Procuraduría.

Quienes pretenden —y son legión— hacernos creer en el alzamiento de Hidalgo como el episodio inicial de una lucha entre buenos y malos, harían bien en tener presente aquel desconcierto para enjuiciar con más tolerancia reacciones inmediatas como la tan censurada excomunión que fulminó Abad y Queipo y para comprender, además, la acrimonia que predominó durante la primera etapa de la insurgencia. Españoles y criollos, por igual, le acumularon al sacerdote rebelde la suma de epítetos que atesora nuestra lengua para el vilipendio. Pero a este respecto conviene distinguir entre cargos e insultos, aunque lo primero suele sonar a lo segundo. Así, cuando el Fiscal del Santo Oficio dice del Cura que, entre otras cosas, era hereje, apóstata, deista, materialista, libertino, sedicioso, lascivo, judaizante, traidor   y secuaz de las sectas de Sergio, Berengario, Cerinto, Carpocrátes y de otras que desenterró para lucimiento de su erudición, no es que lo injurie, como tampoco el agente del Ministerio Público de nuestros días a quien indicia de la comisión de un delito. Pero descontado todo eso, todavía queda el imponente cúmulo de denuestos que le dedicaron a Hidalgo sus enemigos. Sin mencionar los que mejor están para callados, podemos entresacar los siguientes a manera de ejemplo: soberbio endemoniado, oprobio de los siglos, Sardanápalo, sicofanta descarado, clérigo espadachín, capitán de bandoleros y asesinos, aborto del pueblo de Dolores, injerto de los animales más dañinos, y otras lindezas por el estilo.

Pero a esta imagen de execración se opone la que nos han conservado los documentos procedentes del campo contrario. Hidalgo, en efecto, no sólo conservó entre los suyos el renombre de sabiduría y de bondad que le conquistaron sus afanes académicos y los esfuerzos que desplegó por mejorar las condiciones de vida de sus feligreses, sino que, decorado con el tratamiento de Alteza Serenísima y exaltado al pedestal de héroe magnánimo e invicto, de defensor de la religión y del pueblo, acabó por emprender un vuelo trascendental: predilecto hijo de María en su advocación de Guadalupe, apareció esplendoroso en el cielo de Jalisco como   el elegido de Dios, el mesías de la regeneración de la Nueva España, el hombre providencial, el primero de los muchos que, quizá más para mal que para bien, se ha dignado enviar entre nosotros la Majestad Divina.

Monstruo luciferino y ángel de salvación, he aquí la extraña dualidad con que penetró Hidalgo en el reino del mito donde las balas ya no pudieron alcanzarlo. Así transfigurado descendió a la Tierra, y en torno a la pugna entre aquellos extremos irreductibles se fue convirtiendo en el genio tutelar de nuestra historia. En las páginas siguientes queremos rastrear las huellas que en esa peregrinación ha dejado tan ilustre sombra.

II

No lograda todavía la independencia ya hay, respecto a Hidalgo, un pro y un contra, aún entre quienes la desatan y luchan por ella. Rayón y Morelos ven en el pronunciamiento de Dolores el antecedente bélico de la rebelión que encabezan, pero, además, vinculan ideológicamente ambos acontecimientos al considerar a Hidalgo como el inspirador de los ideales democráticos y republicanos adoptados por ellos. Pese a lo discutible de semejante filiación, el hecho es de gran importancia, porque no sólo le comunicó unidad histórica a los once años de lucha, sino porque esa fue la base que halló la Reforma para convertir a Hidalgo en su bandera, la vía por la cual alcanzará su más alto honor como padre de la patria.

Pero aquella primera utilización de la figura de Hidalgo, nacida, me parece, de la necesidad de crear un centro de unión a la lucha armada, no encontró eco unánime. Un escritor tan insospechable en la simpatía por la causa de la independencia como es el Padre Mier, piensa, es cierto, que el grito de Hidalgo se justifica como reacción frente al despotismo y a las condiciones vejatorias en que estaba la mayoría de los habitantes de la Nueva España. La sublevación de 1810 le parece, sin embargo, insensata y desastrosos sus efectos, como encabezada que fue, dice por un hombre ilustrado y emprendedor, pero ayuno de ideas y de talento político, autor de excesos y crímenes, y sobre todo, por un hombre que en lugar de incurrir en el ridículo de otorgarse títulos y tratamientos pomposos, debió preocuparse por darle cohesión y semblanza de legalidad al movimiento que desencadenó Hidalgo, concluye Mier, "no fue un santo, ni santa la obra que emprendió" y agrega, "jamás un abismo semejante de males y crímenes me arrancará demasiados panegíricos". Según esta opinión, el pronunciamiento de 1810 fue un episodio negativo, nada glorioso y desligado de la verdadera lucha por la independencia, de suerte que lejos de vincular a Hidalgo a los ideales republicanos, el P. Mier cree en la sinceridad de la invocación por parte de aquel del nombre de Fernando VII, el tirano que él, el P. Mier, tanto detestaba.

III

Ahora entra en la escena el gran rival, el otro candidato a la paternidad de la independencia: D. Agustín de Iturbide. A éste, como a su antiguo jefe Calleja, los insurgentes siempre le parecieron una cuadrilla de ladrones y asesinos que sólo procuraron el provecho propio y el engrandecimiento personal. Repetidas veces afirmó que si el tiempo echara marcha atrás volvería a perseguirlos con las armas, y lo más que pudo concederles fue que el desastroso ejemplo que dieron sirvió para fijar la opinión pública en el sentido de que la guerra a los españoles residentes en el país era injusta e insensata y que la única base para cimentar la futura felicidad de la patria consistía en la unión de todos los habitantes, sin distinción de origen, ni raza. Y puesto que ese fue el fundamento principal del Plan de Iguala, no es difícil comprender que Iturbide haya repudiado con vehemencia la noción, después tan general, de que no había hecho sino consumar la obra comenzada por Hidalgo. Para Iturbide, pues, las revoluciones de 1810 y 1821 eran acontecimientos enteramente desligados e incompatibles, y la obvia consecuencia resultaba ser que a él y solamente a él correspondía la gloria de haber independizado la Nueva España.

IV

Es innegable que Iturbide disfrutó de un inmenso prestigio a raíz de su triunfo; no tanto, sin embargo, como para que los antiguos insurgentes aceptaran de grado su tesis. Les parecía que sin un Hidalgo no habría un Iturbide y les repugnaba el monopolio de gloria que pretendía reclamar para sí el Generalísimo-Almirante. Así las cosas, Iturbide, que con toda evidencia no recordaba bien su Maquiavelo, cometió el error tácito de permitir la creación, frente a su poder casi omnímodo, de otro poder infusilable, es decir, colegiado, donde se atrincheraron sus enemigos y las tendencias republicanas. No tardó en estallar la sorda pugna que todos sabemos, y no fue el menor de sus síntomas el tenaz empeño de los miembros de la Soberana Junta Gubernativa y más tarde de los del Congreso para obtener el reconocimiento oficial del mérito de los servicios prestados por los insurgentes, y el de la obligación en que, según ellos, estaba la patria de conmemorar las hazañas de sus jefes y honrar las cenizas de los que habían sido sacrificados. Al desprevenido que lea las actas de los largos debates suscitados con esos motivos, podrá parecerle frívolo el gasto de tiempo en asunto a primera vista tan trivial y pensará que habría sido mejor empleado en ventilar la gran cuestión para la cual fue convocado el Congreso. Pero la verdad es que, bien visto, no otra cosa se discutía, porque un voto en favor de la memoria de Hidalgo había adquirido el sentido de un voto republicano.

Por lo pronto, la pretensión era sacar a la insurgencia del  limbo histórico en que quiso hundirla Iturbide, sin ninguna idea de negarle a éste el mérito de sus servicios. Sólo se insistió, pues, en que se aceptara que la revolución de Hidalgo era el antecedente y la condición de posibilidad de la  de Iguala. No otros, en efecto, fueron los sentimientos que expresó el regidor Sánchez de Tagle en presencia de Iturbide en la composición poética que leyó el día en que hizo su entrada el Ejército Trigarante a la ciudad de México. Pero más ilustrativo es el proyecto que tenía D. Carlos María de Bustamante para perpetuar la memoria de la independencia y de quienes él consideraba sus autores. Propuso que, depósitos de inmundicias, se arrasaran las cuatro fuentes de la Plaza de Armas para substituirlas por cuatro columnas consagradas a Hidalgo, Allende, Morelos y Mina. Serían, dice, truncadas en señal de que esos héroes comenzaron la obra de la libertad sin concluirla. A Iturbide propone que se le dedique una inscripción en el pedestal de la columna a la independencia que debería levantarse en la Plaza de Santo Domingo, y sugiere como texto el siguiente: "Al ciudadano Agustín de Iturbide y Aramburu, porque en el espacio de siete meses concluyó con medidas prudentes más bien que con armas, la obra de la libertad e independencia mexicana, comenzada desgraciadamente once años antes". No hace falta mucha imaginación para adivinar lo que el tal proyecto le parecería a aquel ciudadano.

Es sensible carecer de tiempo para relatar el forcejeo entre el Congreso e Iturbide, empeñado éste en torpedear toda decisión de aquél que fuera favorable a la memoria de los insurgentes. Al respecto lo más interesante son los dictámenes de las Comisiones de Premios y Eclesiástica, encargada la última, de proponer la respuesta que debería darse a una consulta del impresor Zúñiga y Ontiveros que no sabía, el pobre, qué festividades nacionales deberían aparecer en la próxima edición de su Calendario, ni qué notas explicativas darles a las que se aceptaran como tales. Sin poder entrar en los sabrosos detalles, baste advertir que la importancia de esos documentos estriba en que sus resoluciones alcanzó Hidalgo el primero de los triunfos póstumos. Veamos en seguida los términos de la victoria.

V

Mientras Iturbide tuvo poder lo más que logró el partido insurgente fue la inclusión del 16 de septiembre en dos decretos sobre fiestas nacionales. No era, en verdad, gran cosa. Pero una vez derrocado Iturbide, nulificada su coronación, declarado traidor vitando, decretada la insubsistencia del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, ahuyentada el águila imperial por el águila democrática y anticipado el voto en favor del sistema republicano federal, el Congreso dedicó sus últimos alíentos a organizar la gran promoción histórica de la insurgencia, que no otra cosa significa su famosa ley del 19 de abril de 1823.

Tan proscritos andaban los insurgentes que por increíble que hoy parezca, el legislador estimó necesaria la declaración legal de ser "buenos y meritorios" los servicios que prestaron. Se ocupó en seguida de la manera .de calificarlos y de premiarlos, y despachados así los vivos volvió la mirada hacia los muertos. Se empezó por declarar beneméritos en grado heroico a Hidalgo y a otros jefes de la insurgencia, y a continuación se explicó que el honor de la patria reclamaba el desagravio de sus cenizas. A este efecto  se exhumarían los restos de aquellos héroes; se depositarían en una caja que se traería a la ciudad de México; se edificaría en Catedral un sepulcro con una leyenda alusiva; se inscribirían sus nombres en el salón de sesiones del Congreso, y finalmente, los lugares donde fueron sacrificados se "cerrarán, dice el texto de la ley, con verjas, se adornarán con árboles y en su centro se levantará una sencilla pirámide que recuerde a la posteridad el nombre de sus primeros libertadores". Parece que vemos una viñeta en una antología de versos románticos.

Llegado el 17 de septiembre, el día prefijado en la ley y que en lo sucesivo se consagró como aniversario de sufragio por las almas de los muertos en la causa de la patria, la ceremonia se desarrolló con la mayor solemnidad posible. La caja que contenía los restos fue llevada desde la garita de Peralvillo hasta la iglesia de Santo Domingo en una carroza tirada, dice la crónica, por "personas decentes". Al otro día se la trasladó en procesión y bajo palio a la Catedral. Allí el diputado Dr. Argandar predicó el incendiario sermón que provocó en la plebe el intento de profanar aquella noche el sepulcro de Hernán Cortés, y celebrados los oficios fúnebres, la caja fue depositada provisionalmente en la bóveda debajo del altar de Los Reyes en espera del grandioso monumento que iba a levantarse y del que, según D. Lucas Alamán, solamente se llegaron a hacer dos estatuas por Patiño.

Fue así como legalmente pasó Hidalgo de cabecilla de salteadores a iniciador de nuestra independencia. Aún le falta un largo y agitado recorrido para su promoción final a padre de la patria. Iturbide, en cambio, quedó degradado. Ciertamente se reconoce que continuó la obra iniciada en 1810, pero no que la hubiere concluido, porque se piensa que bastardeó su programa y sus ideales y que, con la implantación del Imperio, hubo una regresión al estado de esclavitud colonial. Se admite, pues, que Iturbide consiguió la emancipación del dominio español, pero que la independencia que se creía haber conquistado fue enteramente ilusoria. Iturbide es ahora la víctima de  una metamorfosis parecida a la que sufrió Hidalgo: al que fue el "sin par hombre de los siglos y enviado del cielo" se le descubre el torvo perfil del traidor, y como Hidalgo, también tendrá que morir en el patíbulo para que su sombra ronde las gradas del templo de Clío en busca de su pedazo de gloria.

VI

Al instalarse el segundo Congreso Constituyente (después vendrán tantos que mejor será perder la cuenta) ya estaba decidida la adopción del régimen federal. Para los efectos de esta historia, el hecho significa el arraigo definitivo de la insurgencia como el antecedente del liberalismo mexicano. Nada de extraño, pues, que en el Manifiesto que se publicó al promulgarse la Constitución de 1824 encontremos articuladas en una interpretación oficial las ideas expuestas en el apartado anterior.

La guerra de independencia, se lee en aquel notable documento, tuvo, sin duda, su principio en la revolución de Hidalgo, pero ha sido un error considerar que terminó en 1821. Toda la  época iturbidista pertenece todavía a la lucha. Esta sólo concluye ahora que se ha implantado la democracia. Resulta, entonces, que el verdadero sentido de los catorce años transcurridos entre 1810 y 1824 consisten en que se trata de un período de acumulación de la experiencia política e ideológica que requerían los mexicanos para convencerse del arcaísmo del sistema monárquico y de su inadecuación a las circunstancias peculiares del Nuevo Mundo, pero sobre todo, para aceptar la verdad trascendental del credo democrático, el régimen que la Naturaleza ha querido para el hombre. Sólo ese tipo de organización social, continúa diciendo el documento, no traiciona la meta que se propuso Hidalgo, y por eso, del mismo modo que en su día, iturbide no  le concedió a la empresa insurgente más mérito que el de haber fijado la opinión pública en favor de su Plan de Iguala, así, ahora, el Congreso no le concede a Iturbide otro servicio que el de haber constituido un centro de unidad para las provincias y con su trágica muerte, el de haberse convertido en perpetua admonición para todo aquel que en el futuro pretenda "gozar, dice el Manifiesto, de todas las ventajas reservadas al cuerpo entero de la sociedad". En un decreto posterior (27 de noviembre de 1824) el Congreso selló su interpretación al abolir todas las fiestas civiles del calendario iturbidista y ordenar que solamente se guardaran como tales el 16 de septiembre y el 4 de octubre, los aniversarios, según la nueva tesis, del principio y del fin de la guerra de independencia.

Seguramente se habrá advertido que el Congreso desenterró la vieja idea de vincular el pronunciamiento de Hidalgo con los ideales republicanos. Pero la novedad es ahora, que no sólo se consigue concebir de ese modo la suma de sucesos transcurridos desde 1810 como un esfuerzo unitario, sino, más a fondo, como un proceso teleológico con meta en la implantación del federalismo. La independencia dejó, por lo tanto, de entenderse como mero rompimiento de los lazos de la dominación española y al llenarse de un contenido específico, se ecuaciona con el advenimiento de la república.

VII

No se requiere mucha perspicacia para advertir que si la lucha por la independencia se concibe como el proceso de realización en México de los ideales democráticos, será necesario explicar la empresa de Hidalgo de acuerdo con esa idea. La tesis del Congreso de 1824 se convirtió, pues, en el a priori de los futuros historiadores de filiación liberal para quienes el pronunciamiento de 1810 será, ciertamente una sublevación armada contra el poder español, pero necesaria y más entrañablemente una cruzada del evangelio democrático y de su verdadera iglesia, la república federal. Buen ejemplo, nos parece, de la primacía de las exigencias políticas en la elaboración de las verdades de la historia.

Pero, además, semejante condicionamiento obligará a destacar por encima de los otros caudillos, a la figura de Hidalgo, venerada hasta ese momento como benemérita y heroica, pero colectivamente con ellos. El motivo de la preferencia es obvio, porque, dada la personalidad y los antecedentes del Cura, la suprema responsabilidad ideológica del movimiento tenía que gravitar naturalmente sobre él y porque la vaguedad en las expresiones de su pensamiento se presta a toda clase de aventuras hermenéuticas. No por eso dejará Hidalgo de ser el intrépido campeón de la tea encendida y de la espada que indudablemente fue; pero empezará a ser, además, el iluminado profeta del republicanismo. Junto al generalísimo empieza a erguirse el legislador y el teórico revolucionario. Y de aquí procede que la historiografía posterior haya planteado como problemas centrales de la comprensión del movimiento de 1810, primero, el de determinar quién fue su verdadero promotor, si Hidalgo o Allende y segundo, si se procedió de acuerdo con un plan político premeditado y bien definido. En torno a estas cuestiones han soplado, con torrentes de tinta erudita, los vendavales de la apología y de la deturpación; pero no puede ya sorprendernos que al triunfo del partido liberal haya sido Hidalgo a quien se le concedió la primacía en la iniciación de la independencia, pese a los méritos de Allende como conspirador más activo y más antiguo y tampoco que se haya sostenido, contra abrumadoras instancias, que el Cura procedió no ya sólo de acuerdo con un plan más o menos indefinido, sino con todo un programa que, claro está, anticipaba con genial clarividencia al que había salido triunfante bajo las banderas victoriosas de la República.

Eclipsado el sacerdote novo-hispano, aparece en trazos cada vez más firmes la imagen de un santo laico que parece escapado de alguna página de Bernardino de Sain-Pierre. Es el venerable filósofo virgiliano de corazón sensible que despreció los honores y placeres de la vida cortesana y que humilló su genio al establecer su morada entre los humildes. Vive en estrecha comunión con ellos; llora en silencio sus desdichas; comparte sus sanas alegrías; alivia sus miserias, y en las tardes luminosas los reúne al pie  de una robusta encina para instruirlos en los derechos ciudadanos y redimirlos del abismo de ignorancia en que los tiene sepultados la más cruel e injusta de las tiranías. Pero llegado el día asignado por el Supremo Autor de la Naturaleza de quien es él el instrumento, su amor a la humanidad doliente lo transfigura en rayo justiciero. Clava la mirada profética en la risueña tierra prometida por las instituciones republicanas, y con un grito que conmueve al universo, enciende la inmensa hoguera que redujo a cenizas el edificio de tres siglos de despotismo. ¿Quién no lo ha reconocido? Es el mejor Hidalgo de D. Carlos María de Bustamante.

VIII

Estamos ya en la senda que conduce el altar que le tiene reservado a Hidalgo la gratitud nacional. La premura impide recorrerla en detalle, pero no hemos de renunciar del todo a tan interesante excursión.

A lo largo de los once años de vigencia de la primera república federal comienza a distinguirse a Hidalgo por encima de sus compañeros de conspiración y de armas. En 1825 la ciudad de México celebra por primera vez el aniversario del 16 de septiembre con gran discurso apologético del héroe. Al año siguiente se publica en El Iris, también por primera vez, su retrato, y dos años más tarde, aparece de nuevo en el precioso álbum de Claudio Linati con un texto que le atribuye toda la responsabilidad y gloria de la rebelión. Se le ve de pie y de cuerpo entero vistiendo un extravagante traje de campaña, cubierta la cabeza por un sombrero de anchas alas coronado con plumas. Seguramente priva mucho la fantasía en la indumentaria, pero quizá no tanto como se ha supuesto, según noticias que hay sobre el particular. La imagen es la de un hombre robusto, más congruente con las hazañas, nos parece, que la del frágil anciano a que estarnos acostumbrados. En el mismo año se le concedió a la Villa de Guadalupe el rango de ciudad con el apellido de Hidalgo, y en Morelia, en una no muy afortunada oración fúnebre pronunciada un 16 de sep- tiembre, sale muy mal parado Hernán Cortés en la anacrónica comparación que se le hace con el Cura. El orador, por otra parte, llora la ausencia del héroe, porque le parece que habría sabido impedir la legislación anticlerical de los años 33 y 34. Mucho tendrá que llover para que después de este aislado conato se decida la Iglesia, en la desenvuelta pluma de un conocido historiador jesuita, a reclamar a Hidalgo como suyo.

Pero pese a esa creciente exaltación de Hidalgo, aparecen síntomas iturbidistas al tocar su fin el régimen federal. Así, por ejemplo, la publicación en México del Manifiesto que escribió Iturbide en el destierro; el brindis de D. Lucas Alamán, célebre porque junto al elogio del exemperador, calificó —parece mentira en él— de "varones esclarecidos" a los insurgentes, y finalmente, el Ensayo histórico de D. Lorenzo de Zavala donde se aplaude mucho el Plan de Iguala, se le niega a Hidalgo el haber tenido un programa político y militar y se ridiculiza la idea de atribuirle propósitos republicanos. Y ya muy cercana la implantación del sistema centralista, el General Santa-Anna, principal motor que fue de la calda de Iturbide, tuvo a bien iniciar la rehabilitación oficial de su memoria, decretando que la patria lo reconocía "como uno de los principales autores   de la independencia" y mandando que se trajeran sus cenizas a la Capital para depositarias en la misma urna donde estaban las de Hidalgo, proyecto que no se realizó y tan desacertado como sería el de traer los restos del general Porfirio Díaz para enterrarlos en la fosa de Madero.

IX

Si, como hemos visto, se vinculó la memoria de Hidalgo al régimen federal, ya se habrá columbrado que Iturbide será el héroe del sistema. centralista. Y en efecto, en curioso paralelismo los once años de este régimen ofrecen a ese propósito un cuadro parecido al de los también once   de la República Federal. Como si se tratara de una competencia deportiva, le toca a Iturbide el desquite. Igual que el de Hidalgo, su nombre fue inscrito en letras de oro en el salón del Congreso; sus cenizas también fueron traídas a México y solemnemente depositadas en Catedral, pero en urna separada y no en el altar de Los Reyes, sino en la capilla de San Felipe, y por último, el 27 de septiembre fue rehabilitado como festividad pública y conmemorado por primera vez y con pompa inusitada.

Todo eso fue obra de Santa-Anna; pero envidioso de la gloria de su héroe no tardó en querer participar en ella. Se recordará que el 11 de septiembre de 1829 aquel jefe había batido con singular fortuna en Tampico el amago de invasión española al mando del brigadier Barradas. Se le ocurrió que esa era la fecha que en verdad correspondía a la consumación de la independencia y que, por lo tanto, debería conmemorarse su aniversario como fiesta nacional. Así lo decretó, y para mejor consagrarla tuvo la idea de levantar un monumento a la independencia en la Plaza de Armas. No se pasó de la ceremonia de la primera piedra y de quitar el estorbo del Parián; pero lo interesante para nosotros es el proyecto que se pretendía construir. Su autor fue D. Lorenzo de la Hidalga, ganador del concurso por determinación de Santa-Anna en contra del dictamen de la Academia. Y es que aquel ilustre arquitecto supo halagar la vanidad del Presidente. Ideó una columna en cuyo pedestal habría cuatro frisos que recordaban las ahora cuatro fechas culminantes de la lucha por la independencia: el grito de Dolores, el Plan de Iguala, la entrada a México del Ejército Trigarante y claro está,  la derrota de Barradas en Tampico. Convertido así el General-Presidente en héroe de aquella gloriosa guerra, mandó hacerse una estatua ecuestre que se colocó en la Plaza del Mercado Nuevo, también obra ejecutada por sus órdenes, y como es de suponer, la fiesta de Iturbide padeció mucho en lucimiento comparada con la del día once.

Esta intrusión de Santa-Anna no deja de ser un episodio pasajero de servilismo y de vanidad. Positiva importancia tiene, en cambio, la aparición en este periodo del México y sus revoluciones del Dr. Mora; del "Suplemento" de Bustamante a Los tres siglos del P. Cavo, y del texto de un discurso de 16 de septiembre pronunciado por su Illma. el Dr. D. Clemente de Jesús Munguía en la ciudad de su sede. Reconocidas las enormes diferencias que separan a estas tres producciones de índole e intención tan diversas, no dejan de coincidir en el elogio a Iturbide y aunque en diferencia de grados, en la opinión respecto a Hidalgo: en el Dr. Mora muy adverso, menos, en el Obispo y sólo tímidamente favorable en Bustamante.

Y así, empatados nuestros dos héroes en la carrera de la fama, no tardará en sobrevenirle a México su más grande tragedia: la mutilación de su territorio a consecuencia de la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica.

X

El destierro de Santa-Anna en mayo de 1845 señala la primera crisis del Centralismo. El ascenso al poder del general Herrera creó un clima de simpatía hacia los insurgentes. D. Manuel Payno acababa de publicar una narración semi-histórica de muy dudoso gusto, pero significativa por ser la primera, que sepamos, donde la descripción de "el grito" se falsea en los colores que serán populares: repiques de libertad, arenga patriótica, vivas y mueras que no se exclamaron, y el Cura ya francamente el albo ancianito que se pondrá tan de moda. Quintana Roo, por su parte, propuso en un discurso el cambio del consabido Hidalgo mensajero de Dios por el del laico instrumento de la teleología histórica, y un poco más tarde; D. Luis de la Rosa, frente al amago monárquico, hace gala en una oración cívica de su hispanofobia e indofilia para destacar sobre ese fondo al Hidalgo republicano, el enemigo jurado de toda realeza.

No tardó mucho en regresar, disfrazado de liberal, el general Santa-Anna prometiendo la victoria contra el invasor. Desgraciadamente a éste no le estorbaron gran cosa los desplantes del Marte mexicano, y precisamente, en el aniversario del grito de Dolores, jurito a las estrellas de Dios lucieron en el cielo de la Plaza de Armas las estrellas norteamericanas. La ironía de la fecha se le antojó admonitoria a D. Lucas Alamán que en la soledad de su gabinete trabajaba su formidable alegato histórico contra la insurgencia. Desterrado de nuevo el gran indispensable, la fortaleza de las instituciones federales quedó en poder de las fuerzas conservadoras que enarbolan a Iturbide. La ofensiva contra los insurgentes se desata en serio con un artículo de fondo en El Universal que bien pudo haber firmado el propio Iturbide. "El grito de Dolores, se dice, no tuvo por objeto la independencia, ni fue expresión de los mexicanos" y nada casual tiene la coincidencia en la tesis y en la fecha con la aparición de los dos primeros tomos de la Historia de Alamán. A la proscripción de los insurgentes sólo le falta la ofensa a su  primer caudillo. Se trataba de bautizar a un nuevo Estado de la República, y con notoria intención de procrastinar a Hidalgo se elige un nombre insurgente, el de Guerrero, claro está, por lo de Acatempan. Y llegado septiembre — estamos en 1850— la gran fiesta fue el 27, no el 16, y los grandes lutos el 28, no el 17, solemnizados con honras por el alma, dice el decreto respectivo, "del inmortal héroe de Iguala".

Como por milagro hay un breve paréntesis liberal. El Estado de México lo aprovecha para desagravio de Hidalgo y le levanta una estatua, en Toluca, la primera (1851) de las mil y una que después le irán brotando a las plazas y jardines de la República. Pero predominante de nuevo el partido conservador, el abismo entre Hidalgo e Iturbide se abre más profundo con  la aparición de los últimos volúmenes del libro de Alamán. En vano D. Melchor Ocampo alza la voz en un discurso que quiere conciliar a los dos héroes en una síntesis de gratitud, porque sus acentos se ahogan en el estruendo de sables y espuelas que anuncia el orto de la estrella santa- annista que con resplandores monárquicos hunde en la sombra lo que quedaba de federación.

 

Desfiles y banquetes conmemoran de nuevo el arrumbado aniversario de la derrota de Barradas, y se implanta por segunda vez el sistema centralista bajo la égida de Iturbide. En una ceremonia luctuosa de gran romanticismo se celebran honras en Catedral a vista del corazón  de Anastasio Bustamante, para depositario, después, como lo había deseado su dueño, en la urna de Iturbide. Ave Fénix de los gobiernos conservadores, renace de sus cenizas la Orden de Guadalupe y en el registro de sus caballeros grandes cruces se anotan el nombre de Iturbide, su fundador, y los de O’Donojú y Guerrero. Como años atrás a Hidalgo, ahora le toca a Iturbide el reconocimiento por ley de su hazaña, porque "¿qué mayor servicio, pregunta el legislador, que haber constituido a la nación en independiente y libre?" Otórguesele, pues, el dictado de "El libertador".

Una gran desgracia le ocurre al partido monárquico: la muerte de D. Lucas Alamán. Ya sin el freno de la inteligencia, Santa-Anna se deja ir por la pendiente de su locura. Armado de facultades omnímodas se perpetúa en el poder con el tratamiento de Alteza Serenísima, el mismo, se recordará, que se dejó dar Hidalgo en los días de su envanecimiento, y quizá por esa coincidencia, pero más bien por la necesidad de atraerse a los liberales ya muy amenazadores, también el nombre de Hidalgo y de los otros jefes insurgentes fueron inscritos grandes cruces de Guadalupe por mandato del dictador.

La revolución de Ayutla fue popular y fue incontenible. Ahora sí, Santa-Anna se ausentará para siempre de la historia, y no deja de conmover un poco que su canto de cisne en el poder haya sido decretar día de luto nacional el aniversario del fusilamiento de Iturbide.

XI

El ascenso de Hidalgo ya no encontrará tropiezos, porque aún en tiempos del Segundo Imperio, que trató de arraigarse a la sombra de Iturbide, no habrá hostilidad hacia el Cura. Pero volvamos al momento de la caída de Santa-Anna. Por lo pronto no se ataca la memoria de Iturbide, y hasta tal punto era ya un hábito invocarla que eso se hizo en el preámbulo del Plan de Ayutla, desliz político que se precipitó a corregir Comonfort en su Plan de Acapulco. Por estas fechas D. Manuel Orozco y Berra intentó que se volviera a la idea de concebir como un solo acontecimiento las revoluciones de 1810 y 1821 y aconseja la tolerancia al juzgar la conducta de sus jefes. Débil dique  a la pasión política que se desbordará a torrentes. En sucesión a corto plazo aparecen las señales de la futura predominancia de Hidalgo. Se quiso, por ejemplo, poner bajo la protección de su sombra al Congreso Constituyente que, según la Ley de Convocatoria, debería reunirse en la ciudad de Dolores; se pensó en Aguascalientes para ciudad federal, pero mudándole el feo nombre por el de Hidalgo, y su efigie aparece en los primeros timbres postales que por estas fechas se expidieron en México. Más significativos son los discursos de aniversario del 16 de septiembre, entre los que merece la pena recordar uno de Juan Díaz Covarrubias y otro de Melchor Ocampo. En el primero, luce Hidalgo en su cada vez más exagerada senilidad, como el olvidado, el pobre y bondadoso cura que, dice el orador, muere con el perdón en los labios. En el segundo, Iturbide ni fue un héroe, ni beneméritos fueron sus servicios. Iguala, dice Ocampo con olvido de su declamación anterior, representa el artero ardid de los vencidos que estafó el candor de los vencedores, aludiendo así, quién sabe con qué fundamento, a los insurgentes de quienes se puede decir todo menos eso.

Desvinculadas de nuevo en la comprensión histórica las dos revoluciones, los liberales se aprestan a la batalla con su anciano por escudo. De momento la imagen es la adecuada, porque la senectud se asocia naturalmente a la idea de paternidad. Ignacio Ramírez señaló la obvia conexión. Los mexicanos, dice, no descendemos del indio, ni del español; descendemos de Hidalgo que por eso es verdaderamente el padre de la patria. Pero las circunstancias pedían algo más eficaz para oponer a las huestes napoleónicas que un viejecito de trémula mano, y haciendo honor al seudónimo, también será Ramírez el encargado de realizar la necesaria transformación. Lo que cuenta en Hidalgo, dice en un discurso famoso, no son ni las creencias, ni las costumbres. Anciano, sí, pero rejuvenecido por el amor a la patria, lo que hace de él un verdadero héroe, fue su antorcha de destrucción, su evangelio de la espada. El Hidalgo que cuenta es, pues, el iracundo inspirador del "mueran los gachupines", el terrible ángel de la guerra sin cuartel. Sólo su ejemplo, concluye El Nigromante, conducirá a la República a la victoria.

Queda en el arcano si esa fue o no la causa del triunfo de las armas mexicanas. Lo cierto es que fusilados los conservadores en las personas del Archiduque y de sus generales, más que el Atila de Dolores importa ahora exhibir al patricio venerable como raíz histórica de las instituciones victoriosas. Y así fue cómo a medio siglo de distancia de su muerte le llegó a Hidalgo, por fin, su consagración más alta como divinidad rectora de la patria. Y no incurrimos en anfibología: en dos discursos claves de Ignacio Altamirano se fraguó el ídolo. Cargado el acento geriátrico y enterrado el mensaje de odio, vemos ascender a Hidalgo, entre guirnaldas e incienso, a los altares cívicos en la advocación de "Divino anciano". Fue su mocedad, dice el orador, entrega a la ciencia y a la belleza, aludiendo a sus devaneos amorosos. Cultivó en la madurez el campo y la artesanía, y tocado de la mano del destino, ya anciano engendró a la patria con su inmenso amor de ciudadano, legislador y mártir. Sólo con idolatría, concluye, se paga a Hidalgo.

XII

Ha llegado el momento de cortar el hilo a esta historia. Está dicho, me parece, lo más que cabía decir en tan poco espacio. Para conclusión baste añadir que al encumbramiento idolátrico siguió la propagación del culto con su abundante cosecha de altares y de honores y sus grandes apoteosis en las fechas centenarias. De mayor interés sería rastrear el desarrollo del proceso ideológico que tuvo por punto de partida la canonización histórica de Hidalgo. D. Gabino Barreda lo hace el propulsor mexicano de la ley de los tres estados; D. Anastasio Zerecero se esfuerza lo indecible por inmacularlo; se divulga como fuente de la mayor importancia histórica el endeble y piadoso relato de Sotelo, y Baz escribe la primera biografía del héroe para presentarlo tal como le gustaba a la Reforma: anciano, no creyente, filósofo, verdadero iniciador de la independencia, republicano e inmaculado; pero, contradicción flagrante, sacerdote católico prejuiciado cuando se trata de explicar su retractación a la hora de la muerte. Poco después una Comisión del Congreso insiste mucho en el Hidalgo pensador a cambio del sacerdote, y de la misma época es una feroz requisitoria de Altamirano contra Iturbide. Este, el arrogante, es motivo de una comparación que hace Gutiérrez Nájera con el humilde "viejecito de canas inmaculadas" que, si hemos de creer al poeta, le inspiraban vehementes deseos osculatorios. D. Francisco Sosa, el liberal a quien ya no le daban náuseas los arzobispos, compendia la obra de Baz, pero con la increíble valentía de atreverse a decir que el degüello de inocentes españoles no era cosa de aplaudirle a Hidalgo, y esta censura es una especie de permiso para la aparición de obras que unos años antes no se habrían tolerado, como son la de Julio Zárate, José de la Fuente, Francisco Bulnes y Justo Sierra. Apologéticas todas en diverso grado, tienen en común, la intención de recortar las exageraciones de los oradores de aniversario y de crear un ambiente más comprensivo hacia España y su empresa colonizadora. Zárate nos ha dejado la imagen porfirista de Hidalgo, la que vemos, en mármol, presidiendo la Columna de la Independencia; el Hidalgo intimo de José de la Fuente podía ser un poco más intimo, pero vale por su saludable regreso a los testimonios; Francisco Bulnes presenta el mejor alegato contra Alamán, porque tiene  la inteligencia de concederle lo que es menester conceder y rompe una lanza en favor de Iturbide, y Justo Sierra, siempre tan perspicaz, le prepara a Hidalgo su segunda ascensión al renovarle el motivo de sus laureles. En su tersa prosa se esfuma el ancianito doblegado que, dicho sea  de paso, sólo tenia cincuenta y ocho años cuando lo fusilaron, y con él desaparece el heraldo republicano, puesto que, según Sirra, Hidalgo carecía de todo plan político digno de ese nombre. Lo importante, explica, no fueron las ideas políticas que pudo haber tenido el caudillo; lo importante es que su revolución fue "eminentemente social". Ya algo de eso se había dicho, pero no así, ni en momento tan preñado, como que ya estaba en puertas la revolución maderista. He aquí el gérmen del nuevo Hidalgo, el de nuestros días, el profético precursor del programa revolucionario, porque como el pasado es fuente inagotable de posibilidades, sobre todo cuando se le sujeta a cuestión de tormento, el agrarismo, el obrerismo, el sindicalismo, la educación de las masas, el indigenismo, la enseñanza politécnica, el socialismo, la intervención estatal en la economía y que sé yo cuántas otras benéficas teorías que inexorablemente van empujando al mundo hacia una espléndida barbarie, han querido encontrar su origen y agresividad en D. Miguel Hidalgo a quien, por misión cumplida ¿no será ya tiempo, pregunto, de rescatarlo de sus estatuas y de quitarle las botas de campaña?

 

Edmundo O’Gorman

Gas natural: un problema de seguridad energética

México enfrenta una triple dependencia del gas natural: cerca de la mitad del consumo de energía del país es aportado por este combustible, el 66 por ciento de la electricidad se genera con gas natural y el 65 por ciento del consumo total es suministrado con gas importado. En estas condiciones cualquier interrupción en el flujo de dichas importaciones constituye en serio problema de seguridad energética. El país está obligado a desplegar y sostener esfuerzos extraordinarios para dar mayor flexibilidad al suministro interno y   aumentar la producción propia de gas natural, dada la importancia creciente de este combustible en la matriz energética del país. La situación insatisfactoria de las reservas y de la producción revelan con toda claridad la magnitud y la complejidad del reto que enfrentamos, así como la incertidumbre respecto a su disponibilidad.

La demanda de gas natural se ha expandido rápidamente debido, de manera fundamental, a su mayor utilización en la generación eléctrica. En las condiciones específicas de México, las centrales con ciclos combinados han probado ser la opción de menor costo. Han ofrecido ventajas frente a otros combustibles fósiles por su mejor desempeño en relación a la contaminación atmosférica local y en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Este aumento en el consumo de gas natural coincidió con la caída de sus reservas y de su producción, obligando al país a recurrir cada vez más a la importación de un solo país.

La seguridad energética es uno de los principales objetivos de la política energética. La Agencia Internacional de Energía la define como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía. Dicha seguridad tiene múltiples aspectos. A largo plazo considera inversiones suficientes y oportunas en el suministro de energía vinculada a los requerimientos del desarrollo económico y a los de carácter ambiental. A corto plazo, la seguridad energética se enfoca en la capacidad del sistema energético para responder con prontitud a cambios súbitos en el balance entre la oferta y la demanda. Resulta claro que México enfrenta serios riesgos de seguridad energética en materia de gas natural, tanto a corto como a más largo plazo.

Ilustración: Patricio Betteo

Este artículo considera, en primera instancia, la caída de la producción y de las reservas de gas natural de México, así como el potencial que ofrecen los recursos no-convencionales; en una segunda sección se exploran posibles fuentes de producción, para después profundizar en las perspectivas de la explotación de lutitas (shale gas) en el norte del país. Más adelante se abordan los principales dilemas que plantea el vertiginoso aumento de la importación de gas natural, para después describir los avances logrados por la liberalización de su mercado. Al final se plantean siete iniciativas estratégicas que podrían contribuir a aumentar la producción interna de gas natural. Todo esto deberá servir como contexto al problema de seguridad energética que el país enfrenta en torno al gas natural.

Producción y reservas

La caída de la producción bruta de gas natural, una vez eliminado el nitrógeno y el CO2  asociados, obedece tanto a procesos de carácter estructural como aspectos coyunturales más recientes y a estrategias de inversión de Pemex. El nivel máximo de producción alcanzado fue de 7.0 mil millones de pies cúbicos (mmmpcd) en 2009.1 Esta cifra descendió a 3.9 mmmpcd en el primer semestre de 2018, una contracción de 44 por ciento, que tendió a acelerarse a partir de 2015. El descenso de la producción, aunado a un mayor consumo interno, aumentaron notablemente el volumen de las importaciones realizadas por Pemex, la CFE y los particulares. Éstas aumentaron a 4.9 mmmpcd en 2017 y a 5.2 mmmpcd en la primera mitad de 2018. Así las importaciones superaron con creces la producción interna de gas natural seco. En el primer semestre del presente año cerca de las dos terceras partes de su oferta interna se originó en el exterior. Al excluirse el autoconsumo de Pemex, 84 por ciento de la oferta que efectivamente llegó al mercado tuvo como origen la importación.

Estas tendencias no podrán revertirse a corto plazo. Un análisis detallado, campo por campo, apunta a una menor producción futura. Romper la fuerte inercia de la declinación mediante inversiones sustanciales en perforación de pozos resultará insuficiente. Va a ser necesario llevar a cabo un esfuerzo exitoso de exploración que permita modificar significativamente el monto de las reservas probadas de gas natural y delinear un portafolio robusto de nuevos proyectos de desarrollo y de producción.

El acervo de estas reservas descendió de manera sustancial, es modesto al compararlo con el de un amplio número de países y se caracteriza por su madurez y por su estado avanzado de agotamiento. Esta situación limita las posibilidades de mayor producción a corto plazo. En cambio, el monto de las reservas probadas y probables (2P) ofrece algunas oportunidades atractivas a mediano y largo plazos. Aun así es poco probable que en el transcurso del próximo periodo gubernamental pueda incrementarse la producción de manera sostenida, por lo que el debate en torno al ritmo de la declinación continuará vigente por algún tiempo, así como el relativo a la dependencia de las importaciones.

Las reservas probadas remanentes de gas natural al fin de 2017, certificadas por empresas de auditoría especializadas, fueron de sólo 10.0 millones de millones de pies cúbicos (mmmmpc) y las reservas 2P ascendieron a 19.4 mmmmpc.2 Más de 40 países cuentan con mayores reservas probadas que México y muchos de ellos con un volumen muy superior. Estados Unidos, por ejemplo, registró en la misma fecha reservas probadas de 341 mmmmpc. En México, 89 por ciento de las reservas probadas originales ya habían sido producidas a fines de 2017, así como el 81 por ciento de las reservas 2P. Todo esto se ha traducido en una corta vida media de las reservas probadas, que actualmente son de 5.4 años, al bajo ritmo de producción registrado en 2017. El de las reservas 2P es de 10.4 años. Estas relaciones de reservas a producción son sustancialmente menores a las registradas por las principales empresas petroleras internacionales y ambos indicadores son muy inferiores a los correspondientes a petróleo crudo en México.

A más largo plazo los recursos no-convencionales de gas natural ofrecen un importante potencial. El interés por las lutitas gasíferas es el resultado, en primer lugar, de la llamada revolución del shale gas que se inició en Estados Unidos hace 10 años. Poco después siguió el éxito extraordinario del desarrollo de arenas compactas de petróleo y gas natural. La producción de gas de formaciones no-convencionales aumentó 40 por ciento en ese periodo y hoy contribuye con el 60 por ciento de la producción total de Estados Unidos. La región productora más importante son los montes Apalaches, seguida por la cuenca de Permian en el oeste de Texas. Otras regiones sobresalientes son la formación Eagle Ford, en el sur de Texas, y la de Bakken, en las Dakotas. El rápido desarrollo de Eagle Ford despertó el apetito de los petroleros mexicanos, pues esta formación atraviesa la frontera entre Nuevo Laredo y Piedras Negras, extendiéndose a las cuencas de Burgos y Sabinas. Pemex realizó estudios de recursos prospectivos no convencionales a partir de 2008 y en 2015 la U.S. Energy Information Administration comisionó una estimación a nivel mundial, que incluyó destacadamente a México.

Nuevas fuentes de gas natural

El crecimiento potencial de la producción de gas natural a mediano y largo plazos se centra actualmente en aguas profundas, en Chicontepec y en las lutitas gasíferas del norte del país. Entre 2005 y 2015 se exploró y descubrió una nueva área de gas no-asociado costa afuera, en aguas profundas en el sur de Veracruz y en la costa de Tabasco. Se han perforado más de una docena de campos, varios de ellos de tamaño significativo y alta productividad. El proyecto más avanzado, si bien está suspendido, es el campo Lakach, que a fines de 2017 contaba con 938 mil millones de pies cúbicos (mmmpc) de reservas 2P. Esta interrupción ha incidido sobre la cuantificación de reservas en toda esta área, comprimiendo las probadas y probables. El capital hundido en estos proyectos es considerable. Se ha invertido en gasoductos de recolección y de transporte, un sistema de producción en el lecho marino y una planta de procesamiento de gas cerca de Alvarado, en Veracruz, a donde llegaría a tierra el gas natural.

Los campos Lakach, Piklis y Kunah son de gran tamaño y se han descubierto en esta región un buen número de campos satélites de menor tamaño. Conviene tomar en cuenta también los bloques adjudicados a empresas internacionales en aguas más profundas de la Cuenca  Salina, adyacentes a Lakach. Estos son de alta prospectividad y podrían ofrecer a largo plazo volúmenes importantes de gas asociado e, inclusive, de gas no-asociado. Sin embargo, aun están por iniciarse los trabajos de exploración en dicha área. En el caso del Cinturón Plegado de Perdido, en la frontera marítima con Estados Unidos, es probable que el gas asociado que allí se produzca  sea reinyectado para mantener la presión de sus yacimientos —y así maximizar la producción y la recuperación final de crudo—, dado el alto costo que supone la evacuación del gas natural a tierra firme.

Desde hace tiempo Pemex ha considerado el desarrollo de Chicontepec como un puente entre la declinación de los campos de las Cuencas del Sureste y la explotación de los recursos de aguas profundas en el Golfo de México. Desafortunadamente, el rotundo fracaso de la estrategia de producción de Chicontepec obligó a suspender este ambicioso proyecto, que cuenta con una parte importante de las reservas probables y posibles de gas natural del país. Ahora, el gobierno intenta licitar algunos campos en esta área, aunque todo parece indicar que la subasta va a posponerse una vez más. Mientras no se tenga una idea clara de los patrones y sistemas de producción que permitan explotar eficientemente los recursos de Chicontepec, va a ser necesario seguir difiriendo su desarrollo. No obstante, una posible ruta a seguir podría ser la articulación de asociaciones de Pemex con inversionistas privados (farmouts) para adquirir prácticas industriales, técnicas y tecnología relevantes para este complejo proyecto de gran magnitud. Estas asociaciones permitirían comprender mejor la estructura de costos de producción y la rentabilidad económica de estos yacimientos, así como la viabilidad de la inversión privada en los mismos.

Los recursos prospectivos de gas natural inferidos por Pemex y la CNH dan particular importancia a los que se encuentran en formaciones no-convencionales del norte de México. Dos cuencas —Burgos y Sabinas— aportan el 85 por ciento en dichos recursos y la región Tampico-Misantla, donde se encuentra Chicontepec, contribuye con el volumen restante. En cuanto a recursos convencionales, los yacimientos en aguas profundas del Golfo aporta el 58 por ciento y la cuenca de Burgos otro 17 por ciento, lo que suma 75 por ciento. Esta distribución ha servido para establecer las prioridades generales de la actividad exploratoria en materia de gas natural, dado que más del 90 por ciento de los recursos de gas se concentran en las áreas antes señaladas. Dicha distribución contrasta con la correspondiente a la producción actual y a las reservas 2P. En la primera mitad de 2018, el 73 por ciento de la producción provino de las Cuencas del Sureste y el 70 por ciento de las reservas 2P.

Recursos no-convencionales

En marzo de 2011, Pemex anunció el descubrimiento de lutitas gasíferas en la formación Eagle Ford que cruza la frontera a la Cuenca de Burgos. Poco después perforó otro pozo exploratorio exitoso en la Cuenca de Sabinas. A partir de entonces se perforaron un total de 18 pozos en lutitas, 11 de los cuales se consideraron comerciales y sólo uno encontró petróleo crudo. Pemex inició tardíamente la perforación en busca de gas y petróleo no-convencionales y, en marzo de 2016, dejó de perforar en la Región Norte, después de una reducción drástica del número de equipos en operación.

Los resultados de este programa fueron decepcionantes. Los costos de perforación y terminación resultaron muy superiores a los que prevalecían en el Sur de Texas. Los volúmenes iniciales de producción fueron particularmente bajos y la extracción declinó con rapidez. Las diferencias respecto al desempeño del lado estadounidense de la frontera se debieron a la falta de experiencia de Pemex en formaciones de lutitas, patrones de contratación de servicios deficientes, así como una débil infraestructura de suministro de bienes y de servicios petroleros. La empresa estatal estaba mal preparada para realizar estas tareas de manera eficiente. Tuvo además que hacer frente a fuertes restricciones de agua para el fracturamiento hidráulico. Asimismo, las implicaciones sociales de esta técnica productiva, donde las actividades económicas y los hogares compiten por recursos escasos, planteaban complejos problemas en comunidades cercanas. Finalmente, los riesgos de seguridad en la región no fueron triviales.

El fracturamiento hidráulico se basa en la inyección masiva a muy alta presión de una mezcla de agua, arena y agentes químicos para romper la roca de los yacimientos donde están atrapados los hidrocarburos. Conforme se extiende a mayor distancia la perforación de un pozo horizontal, se requieren mayores volúmenes de esta mezcla. El primer reto es identificar la fuente de agua que se va a utilizar y transportarla hasta al campo en cuestión. En regiones semidesérticas como las del norte de México no es fácil conseguir autorización para hacer un primer uso de agua potable en la perforación petrolera. El agua tiene que provenir de yacimientos salobres o necesita ser reciclada en centros de población de cierta importancia. Es también necesario transportar grandes volúmenes de arena con propiedades particulares, desde puntos muy distantes. Las que más se utilizan en Estados Unidos provienen de Wisconsin, aunque recientemente se inició la extracción de arenas de menor calidad en el oeste de Texas. En México no se han identificado aun yacimientos del tipo de arenas requerido.

Igualmente difícil es el manejo del agua producida con los hidrocarburos. En primer lugar es necesario recolectarla en los campos productores, tratarla y transportarla hasta el punto donde puede ser reinyectada al subsuelo o  donde puede ser reciclada. Así, el ciclo que va desde la obtención inicial del agua hasta su disposición final requiere una infraestructura integrada para proteger al medio ambiente. El costo de la misma no es bajo y el uso y manejo del agua muy posiblemente entrañe desconfianza y conflictos sociales importantes en las comunidades que se ubican cerca de las actividades de producción.

Dado el estado actual de los conocimientos y de la comprensión de las condiciones del subsuelo del Eagle Ford mexicano, resulta difícil evaluar su competitividad respecto a yacimientos similares en el sur de Texas. Es necesario agregar además las condiciones correspondientes a la superficie. Ambas determinan si la producción en el norte de México puede competir en términos de costos con las importaciones estadounidenses que tendrían que desplazar. La posibilidad de reproducir en México la experiencia del sur de Texas enfrenta múltiples retos. En primer lugar, el ejercicio de los derechos de propiedad del subsuelo, la naturaleza del régimen fiscal y los mecanismos de la de captura de la renta económica del gas y del petróleo son muy diferentes.

En segundo término, Estados Unidos ha desarrollado una industria de bienes y servicios petroleros eficiente y flexible, así como una infraestructura de suministro altamente competitiva. Su importación a México, a pesar de la cercanía, enfrenta diversas barreras. La dotación de recursos complementarios –agua y arenas para fracturamiento- varía de manera considerable. La escasez de agua en el norte de México intensifica la competencia con usos alternos de este líquido, tanto en la agricultura y la ganadería, como en usos residenciales y comerciales. En tercer lugar, los productores independientes estadounidenses que predominan en zonas de recursos no-convencionales, muchos de los cuales son  empresas medianas y pequeñas, tienen acceso al crédito a tasas muy atractivas, lo que permite financiar sus inversiones. Cuarto, la convergencia de las regulaciones ambientales y de seguridad en ambos lados de la frontera tendrán que convergir, lo que supone cambios importantes del lado mexicano. Finalmente, se requiere un proceso de aprendizaje técnico y de gestión para que el fracturamiento hidráulico en México sea rentable. Ninguna de estas cuestiones podrán resolverse en el corto plazo, por lo que la industria en México requerirá por algún tiempo un apoyo decidido del Estado, que le permita eventualmente competir.

Importaciones de gas natural

La extraordinaria abundancia de recursos, reservas y producción de gas natural en Estados Unidos le ha permitido convertirse en un exportador neto de este combustible. El excedente exportable es transportado preferentemente a México por gasoducto. Otros destinos son suministrados en forma creciente con gas natural licuado. El precio final de este ultimo necesita cubrir además el alto costo de la licuefacción y del transporte refrigerado a largas distancias. En la costa estadounidense del Golfo y en la frontera con México prevalecen precios del gas natural transportado por ducto muy inferiores a los del gas licuado. La intensa competencia en estos mercados explica el que Estados Unidos cuente con algunos de los precios más bajos del mundo. Estas condiciones del mercado ofrecen a México una oportunidad comercial única, aunque también un obstáculo importante a la inversión y a la expansión de su propia producción, dado costos relativamente altos que prevalecen en nuestro país, particularmente del gas no-asociado.  Se trata de un dilema complejo, difícil de resolver.

Pemex sostiene que los bajos precios del gas natural que prevalecen en Norteamérica y sus elevados costos de producción hacen inviable la inversión en una buena parte de los campos productores de gas no-asociado de las cuencas de Burgos, Veracruz y Macuspana, así como en los campos descubiertos en aguas profundas frente a Coatzacoalcos. Esta empresa estatal mantiene que la inversión en proyectos de petróleo crudo resulta más rentable, por lo que abandonó proyectos de desarrollo y de producción de gas no-asociado. Con esto explica, entre otras cosas, la suspensión de la perforación de pozos en las regiones terrestres, así como en el proyecto Lakach.

Postula también que el objetivo de maximizar el valor económico de sus activos le impide asignar recursos escasos de capital a estos proyectos y sustenta que en estas condiciones importar gas barato de Estados Unidos es una mejor opción que producirlo. No reconoce obligación alguna respecto a la seguridad de suministro de gas natural del país. Desafortunadamente ni la Secretaría de Energía ni Pemex han fundamentado este posicionamiento estratégico, basado en un análisis económico riguroso. Tampoco han articulado los argumentos básicos de esta política pública ante la opinión pública. 

En años recientes se ha desarrollado una importante infraestructura de transporte de gas natural desde los centros logísticos del sur y del oeste de Texas hasta los centros consumidores del norte, occidente y centro del país. Estos gasoductos llevan el gas natural predominantemente a centrales eléctricas en dichas regiones y también al sector industrial. En lo que queda de la presente década concluirá el ciclo actual de construcción de gasoductos por el que fluyen volúmenes masivos de gas importado. La nueva red estimula la demanda de gas natural en todo el país, aunque de manera particular en donde no llegaba el gas o en áreas donde el abasto estaba particularmente restringido. Ha permitido también suplir la declinante producción interna con material importado. Además las nuevas redundancias del sistema de transporte y la diversificación de fuentes de gas natural contribuyen a la seguridad del suministro.

Con la conclusión de la red de gasoductos, los actuales requerimientos de gas licuado tenderán a desaparecer, tanto en la costa del Pacífico como en la del Golfo. Actualmente se necesitan para abastecer gas a Manzanillo y a Guadalajara. En Altamira el gas licuado es utilizado para balancear variaciones marginales de la red de gas. En esta planta de regasificación pueden almacenarse también volúmenes menores de gas licuado. Una parte importante del suministro de gas licuado en ambas costas proviene también de Estados Unidos. Pemex anunció que próximamente va a adquirir capacidad  de almacenamiento flotante de gas licuado cerca del puerto de Pajaritos. No ha dado una explicación pública respecto al objetivo que persigue con ello. Es de suponerse que prevé una baja adicional de la producción de gas natural en las regiones marinas, así como en Tabasco y Chiapas. Sin embargo, a corto plazo va a ser posible incrementar el suministro por ducto de gas nacional y de gas importado provenientes del centro de Veracruz, a mucho menor precio.

El efecto compuesto del crecimiento de la demanda interna y la caída de la producción generó una fuerte expansión de las importaciones, casi todas ellas de Estados Unidos. En el primer semestre de 2018, las importaciones totales ascendieron a 5.2 mmmpcd y el 94 por ciento de éstas provino de dicho país. El principal flujo se transportó por gasoductos a través de un amplio número de interconexiones a lo largo de toda nuestra frontera norte. Cerca del 10 por ciento de las importaciones fueron de gas licuado que se descargó en tres terminales de regasificación: Altamira, Manzanillo y Ensenada. Conviene subrayar que en este mismo periodo el 63 por ciento del gas licuado provino de Estados Unidos.

El crecimiento de las importaciones ha sido espectacular y todo indica que éste continuará a mediano plazo. En el trienio 2015-2017 crecieron a una tasa media anual de 19 por ciento. En 2018 este ritmo se desaceleró debido al retraso en el arranque de varios gasoductos, principalmente por conflictos sociales con comunidades por las que atraviesan. Una vez que estos se resuelvan y cuando concluya la construcción de otros más a fines de 2018  y el primer trimestre de 2019, va a ser posible suministrar centrales eléctricas que están por convertirse a gas natural, así como a nuevos ciclos combinados en fases avanzadas de construcción. Todo esto se traducirá en una nueva aceleración en el crecimiento de las importaciones y en la conclusión del proceso de sustitución de combustóleo con gas natural en la generación de electricidad. Pronto se superará el umbral de importación de los seis mmmpcd. Un cambio adicional va a ser la sustitución de importaciones de gas licuado con gas importado por gasoducto de menor costo.

Así, a corto y mediano plazos continuará creciendo la dependencia del país de las importaciones de gas natural. Un mayor ritmo de perforación en campos productores podrá, en el mejor de los casos, reducir el ritmo de su declinación. Mientras tanto, el rápido crecimiento previsto de la demanda resultará en mayores importaciones. A mediano plazo, su nivel y crecimiento dependerá de la reactivación oportuna de los campos ya descubiertos en aguas profundas frente a Coatzacoalcos, el reinicio de las actividades de producción en Chicontepec, así como los resultados de una re-optimización efectiva de los sistemas de gas natural en las Cuencas del Sureste, particularmente los que se localizan mar adentro. El principal riesgo, sin embargo, se encuentra en el ritmo al que decline Ku-Maloob-Zaap, el principal complejo productor de gas del país. A más largo plazo México enfrenta mayores riesgos de carácter geológico, económico y de política pública que resulten de la falta de éxitos exploratorios significativos. En cambio, importantes descubrimientos podrían invertir las actuales tendencias y expectativas de la producción y de las importaciones.

La demanda de gas natural a mas largo plazo dependerá del ritmo al que avance la transición energética. El consumo de gas permite reducir las emisiones de bióxido de carbono (CO2) y de otros gases contaminantes, debido a que es el combustible fósil más limpio. Dada la flexibilidad de las centrales de ciclo combinado, la generación eléctrica con gas natural brinda apoyo al aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes. Es en este sentido que se habla del uso del gas natural como un puente a la decarbonización energética. No obstante, eventualmente tendrán que encontrarse mecanismos para decarbonizar al propio gas natural, así como eliminar  las emisiones fugitivas del mismo. La sustitución de combustóleo con gas natural está próxima a concluir, dependiendo tan solo de la entrada en operación de algunos gasoductos que han enfrentado retrasos en su puesta en operación. A su vez, la vigorosa incorporación de fuentes renovables de energía ira reduciendo gradualmente el ritmo de crecimiento de la demanda de gas. En adelante va a ser importante seguir la evolución conjunta de la oferta de gas natural y el de las fuentes renovables de energía.

Liberalización del mercado

El profundo cambio estructural del balance de gas natural del país ha permitido y alentado la liberalización de este mercado. En los últimos años se modificó el origen y la dirección de los flujos de gas; se llevó a cabo una amplia y rápida expansión de la red de gasoductos y se licitó la capacidad de transporte por ducto mediante temporadas abiertas; fueron establecidas obligaciones de acceso abierto a la red de gas natural; se amplio el número y se fortalecieron las interconexiones con el sistema estadounidense de ductos; entraron al mercado nuevos agentes económicos en el transporte y la comercialización del gas natural; se constituyó un operador independiente —Cenagas— que maneja los antiguos gasoductos de Pemex;  y, se modificó de manera fundamental el marco legal y regulatorio de la industria del gas natural. Todo este proceso desembocó en la apertura efectiva del mercado de gas natural y la liberación de precios.

Quedan en este momento diversos pendientes: la construcción de capacidad de almacenamiento de gas natural en un país que carece de esta; la conclusión de gasoductos en construcción; la instrumentación de la fase final de cesión de contratos de comercialización de Pemex a particulares, autorizada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); un mayor acceso a la infraestructura de importación que actualmente está reservada por Pemex y la CFE; la entrada en operación de instalaciones de transporte de gas, prevista para el segundo trimestre de 2019, que amplíen la oferta al sureste del país; y, la aprobación de un nuevo marco regulatorio para la distribución de gas natural que será puesta a consulta pública en septiembre de 2018. Hay otros pendientes adicionales de menor importancia que deberán ser atendidos próximamente. La resolución de todos los asuntos pendientes identificados darán mayor firmeza a la transición a un mercado competitivo de gas natural.

En años recientes se dieron los pasos  necesarios para transitar de un monopolio industrial y comercial de gas natural a una estructura de mercado en la que participa en todas su fases una multitud de nuevos actores. Empresas privadas han construido y operan extensos gasoductos de transporte y distribución; importan grandes volúmenes de gas natural y poseen plantas de regasificación; suministran y distribuyen gas natural al consumidor final, y comercializan este combustible mediante contratos cuyos términos y condiciones se ajustan a los requerimientos de sus clientes. Pemex, a su vez, se retiró del transporte de gas natural, comercializa una fracción declinante de la oferta y se ha visto obligado a ceder la mayor parte de los contratos de suministro que tenía suscritos. Han surgido nuevos actores estatales como parte de las nueva estructura: Cenagas como operador independiente de gasoductos y la CFE como promotor de proyectos de construcción de gasoductos, propietario  de capacidad de transporte y uno de los principales comercializadores de gas en Norteamérica. Con el paso del tiempo la dinámica del mercado alentará una mayor diversidad de agentes económicos en su seno y ampliará la gama de servicios que proveen.

Una vez cubiertas las necesidades de autoconsumo de gas natural de Pemex, el volumen residual de la producción propia comercializado por esta empresa se redujo a menos del 30 por ciento de la producción total. El volumen disponible para estos fines continuará a la baja por un buen número de años. Estas condiciones y tendencias obligan a Pemex a considerar un posible repliegue estratégico a los mercados del sureste, fortaleciendo su posición en donde se localiza la mayor parte de su producción de gas asociado, de la capacidad de procesamiento y de consumo propio. Al norte de Coatzacoalcos podría utilizar su producción para consumo propio y el volumen restante lo podría vender en el mercado al mayoreo. Lo que deja tener sentido es el suministro en esa parte del país de gas importado por Pemex. Este repliegue le permitiría reducir costos y concentrar su atención en dar servicio a una parte del país donde tiene una posición dominante.

La construcción y desarrollo de un mercado de gas natural competitivo presupone la existencia de un marco regulatorio que establezca reglas claras y explícitas de conducta a los agentes económicos que participan en dicho mercado, así como una aplicación transparente de las mismas. Para ello es necesario contar con instituciones reguladoras autónomas, responsables de esta forma de intervención estatal, que en México aún está en proceso de consolidarse. El régimen regulatorio es aun frágil y vulnerable. Por ello la CRE necesita del apoyo decidido del gobierno federal y de los principales participantes del mercado. De no contar con éste, se corre el riesgo de afectar la operación misma del mercado de gas natural y, eventualmente, revertir a formas de intervención gubernamental directa en la formación de precios y tarifas del gas, y de los servicios de transporte por gasoducto y de distribución. Si esto llegara a suceder el flujo de inversión privada en este sector tendería a retraerse y las empresas privadas existentes enfrentarían severos problemas. Su repercusión podría extenderse a la inversión privada en centrales eléctricas de ciclo combinado.

Cuestiones estratégicas

Pemex está obligado a revisar, restablecer y equilibrar mejor sus prioridades en materia de gas natural, como parte de una política pública para hacer frente a los problemas de seguridad energética planteados por la caída de su producción y de sus reservas, así como el aumento de las importaciones. Sobresalen siete iniciativas estratégicas que pueden contribuir a ello.

Gas asociado: La recuperación de la producción de crudo permitirá extraer más gas, por lo que deberían evaluarse las ventajas de invertir en campos con relaciones gas/aceite elevadas para maximizar la producción de gas asociado.

Gas no-asociado: Es necesario hacer una revisión rigurosa de la estructura de costos de producción y dedicar un esfuerzo especial a reducirlos. Este deberá concentrarse en los campos más productivos, particularmente en las Cuenca Salina y en Burgos. El Estado debe también contemplar apoyos temporales específicos de carácter fiscal, cuando estos sean necesarios y se justifiquen en relación al desarrollo de infraestructura y para capturar los efectos dinámicos del aprendizaje de nuevos patrones productivos.

Optimización de sistemas: Conviene reducir la brecha entre la producción bruta y la producción neta de gas natural reduciendo las amplias mermas en sus sistemas. Es necesario seguir avanzando en la eliminación de la quema de gas  y de las emisiones fugitivas del mismo.

Rechazo de nitrógeno: La segregación de la mezcla producida de gas natural, líquidos del gas y nitrógeno permite reinyectar tan sólo éste ultimo y recuperar los dos primeros. Para esto es necesario licitar y suscribir cuanto antes un contrato a largo plazo de servicios de rechazo de nitrógeno, con una planta privada que se instale en Atasta, cerca de la  actual planta productora de nitrógeno. Un volumen adicional de gas natural bajo especificación podría enviarse a la península de Yucatán.

Plantas de procesamiento: La utilización de la capacidad de estas plantas se ha desplomado por la caída de la producción de gas natural. Resulta necesario re-optimizarlas, eliminando capacidad redundante con objeto de reducir costos. Sin embargo, este proceso deberá tomar en cuenta aumentos realistas de producción de Pemex y de operadores privados a mediano plazo.

Derechos de vía: La resolución de conflictos en esta materia es urgente para poner en marcha gasoductos que se han rezagado. Más importante aún es ordenar y consensuar mecanismos relacionados al impacto ambiental y social de infraestructura, para proteger los derechos legítimos de las comunidades afectadas por su construcción y operación, y garantizar el interés público de futuros proyectos de Pemex y de particulares.

Recursos no-convencionales: Dado su importante potencial gasífero, el Estado deberá estudiar a fondo la viabilidad económica de su desarrollo, tomando en cuenta la mitigación de su impacto ambiental y social. Ello supondrá el diseño de un marco regulatorio y fiscal específico para la exploración, desarrollo y producción de lutitas, así como de Chicontepec.

Va a ser necesario, en primer lugar, reconocer y asumir la complejidad de los problemas y dilemas planteados en relación al gas natural. Son muchos los conflictos de política pública que necesariamente surgirán y que exigirán decisiones puntuales. Las soluciones encontradas en el camino serán fuente de nuevos problemas y será inevitable la contraposición de objetivos  a corto y largo plazos. En segundo lugar, el diagnóstico fino que se formule, y que sirva de base para el diseño de políticas y estrategias, necesita estar fundamentado en la evidencia del caso. Nada más peligroso que confundir la realidad con nuestras propias preferencias y aspiraciones. Dicho diagnóstico debe estar sujeto a rigurosas deliberaciones y someterse a una crítica que permita enriquecerlo. Tercero, por definición, la instrumentación necesita ser pragmática, guardando la flexibilidad que permita corregir y ajustar oportunamente el curso originalmente previsto. La importancia del tema lo amerita. Se trata del principal combustible individual que se consume en el país y el relativamente más escaso, que plantea un problema inédito de seguridad energética.

 

Adrián Lajous
Investigador visitante en el Centro sobre Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Fue director general de Pemex de 1995 a 1999.


1 Las cifras de producción e importació se expresan en pies cúbicos diarios y las de reservas en pies cúbicos. Las unidades de producción son en miles de millones (x 109) y las de reservas en millones de millones (x 1012), salvo cuando se señale expresamente otra unidad. De acuerdo al uso estadounidense estas unidades son billones y trillones, respectivamente.

2 Incluyen metano, condensados y líquidos del gas natural. La cifra correspondiente de reservas probadas de gas seco es aproximadamente de 7 mmmpc.

La Universidad Nacional frente a una (falsa) paradoja: entre las crisis de seguridad y de opinión pública

Hace poco, en abril de este año, escribía en este mismo espacio sobre la crisis de inseguridad en la Universidad Nacional. Hoy, a la luz de los sucesos recientes en Ciudad Universitaria, cobran nueva fuerza los argumentos presentados en aquel momento. El número y gravedad de casos no han disminuido desde entonces: el presunto acoso sexual a Judith Flores en el IIE, el secuestro y asesinato de Miranda Flores del CCH Oriente, el presunto acoso sexual sufrido por varias alumnas de la facultad de economía por parte del exsecretario de Asuntos Estudiantiles de dicha facultad, que llevó a la creación del movimiento “Yo Te Creo Compañera Facultad de Economía” y, por supuesto, el ataque con armas punzocortantes en la explanada de Rectoría.

A) Las autoridades universitarias se encuentran en un conflicto permanente entre la atención eficaz de los casos y la rendición de cuentas respecto de los mismos, por un lado, y la necesidad de cuidar el prestigio y buen nombre de la institución, por otro.

B) La Universidad no está haciendo lo necesario para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes, ni para dar seguimiento puntual a las investigaciones de las autoridades ministeriales competentes. Esto incluye tanto la ausencia y deficiente distribución de competencias como la ausencia de recursos humanos, materiales y de procedimientos de atención específicos.

En diversos momentos de la presente administración rectoral se han emprendido acciones normativas para mitigar y atender los diversos problemas de inseguridad en Ciudad Universitaria; destacan dos momentos: por una parte, la firma y puesta en marcha en agosto de 2016 del “Protocolo para Atender Casos de Violencia de Género”, y por otra, el “Plan de Diez Medidas de Seguridad en los Campus” emitido en mayo de 2017. Estas medidas (y otras tantas no tan publicitadas) han sido duramente criticadas por un amplio sector de la comunidad universitaria, si bien por otra parte han sido respaldadas en distintas ocasiones por entidades académicas y órganos colegiados de la Universidad.

Ilustración: Dante Escalante

Desde el análisis discursivo, podemos afirmar que la UNAM ha mantenido claramente una línea basada en los siguientes puntos:

1. Deslindarse de responsabilidad directa o diluirla, transfiriéndola a otras autoridades o a particulares, con expresiones como “esos son grupos [que] pretenden desestabilizarla para crear un clima de inseguridad” o “las denuncias de los hechos ya fueron presentadas a la Procuraduría”.

2. Usar expresiones como “rechaza con indignación”, “reprueba enérgicamente” o “acciones inadmisibles”, con la intención de proyectar contundencia.

3. Presentar a la Universidad como a una víctima indefensa de los acontecimientos y las circunstancias, como una agraviada más, en lugar de como a una autoridad responsable, caracterizando las problemáticas como elementos que “irrumpen” en una supuesta normalidad, y no como elementos complejos construidos desde la cotidianeidad de la institución y sus miembros.

Además, es importante señalar que en el caso concreto de las agresiones del día 3 de septiembre, las autoridades de la Universidad se refirieron a los grupos porriles como “grupos de vándalos al servicio de intereses externos”, lo que no concuerda con el historial de omisiones, y en algunos casos, de franco fomento a estas actividades por parte del propio personal de la UNAM: los grupos porriles de ninguna manera son un problema externo, sino la consecuencia directa de políticas institucionales fallidas.

En la práctica, la respuesta institucional regularmente ha tenido como prioridad la contención de los efectos mediáticos por encima de la resolución de los problemas, aparentemente ignorando de manera negligente las causas de fondo. Si bien en casos puntuales pueden observarse algunas acciones, sobre todo al darse a conocer públicamente los hechos en cuestión, al avanzar el tiempo son sistemáticos los reclamos de abandono o falta de seguimiento de las víctimas y familiares.

Sin embargo, y de manera atípica, en el caso de la agresión de días pasados, las autoridades de la UNAM decidieron reforzar su respuesta discursiva regular con la expulsión provisional de al menos 18 personas con calidad de estudiantes de distintas entidades académicas; más aún, hicieron públicas dichas expulsiones. Si bien se entiende la necesidad urgente de mostrar resultados inmediatos para superar el impasse y reducir la presión a la que está sometida la UNAM, con el fin de salvaguardar su identidad y mantener la operatividad, es inaceptable que estas acciones se lleven a cabo en flagrante violación a los más elementales estándares de presunción de inocencia, protección de datos personales, responsabilidad y debida diligencia en la investigación. Más preocupante resulta que ya se vislumbren las primeras evidencias de que se ha errado en la identificación de algunos de los señalados. Por proyectar estabilidad, credibilidad y contundencia inexistentes, se estaría sacrificando el prestigio y la naturaleza de la Universidad, agravando los problemas a mediano y largo plazo.

Sin olvidarnos del carácter político del ataque y de la crisis en la que se encuentra la Universidad, no debemos de perder de vista que el problema central, por el que el CCH Azcapotzalco se manifestaba cuando fueron atacados, el que permitió que el conflicto llegara a este punto, es el problema de la inseguridad en la UNAM. Es cierto, tenemos muchos más retos, pero el hacer uso de la coyuntura para poner sobre la mesa asuntos distintos, solo ha abonado a que se diluyan las demandas de los estudiantes, desviando la atención innecesariamente.

Como bien menciona Jorge Volpi: la exigencia de seguridad en la UNAM es la de todo México. La Universidad es la casa de actores de cambio presentes y futuros, de académicos especialistas y de estudiantes conscientes y comprometidos; es un sitio donde confluyen potenciales únicos para la solución pacífica e inteligente de conflictos.

Más allá de la coyuntura, en lo subsecuente revisaré las medidas normativas tomadas para atender los problemas y las principales críticas y objeciones que hacia las mismas han emitido diversos actores. Antes de comenzar, conviene enfatizar que esta opinión no pretende más que intentar aportar a la comprensión y atención de los problemas presentados: reconozco que la profundidad de los mismos, y la complejidad y diversidad de la Universidad son factores que influyen en gran medida en la efectividad de las acciones para atenderlos, sin embargo, es necesario señalar lo que se está haciendo mal, lo que no se está haciendo, y lo que se puede hacer mejor, en tanto que solo de esta manera tendremos posibilidades reales de mejorar.

Para entender y atender los problemas que atraviesa la Universidad, hay que tener en cuenta algunos puntos clave sobre su naturaleza e historia que explican en buena medida sus dificultades para atender con eficacia los problemas; sin duda existirán más, pero me parecen definitorios y centrales el de la autonomía universitaria y el de la falta de debida diligencia en la atención.

1. La autonomía mal entendida y peor ejercida: El movimiento estudiantil de 1968 y la huelga de 1999-2000 dejaron un trauma permanente y unas heridas que aún no cicatrizan en el ideario de la Universidad y de los miembros de su comunidad. Basta ver el reporte del CISEN para darse una buena idea la cuestión.1 Las secuelas de estos eventos continúan afectando las percepciones de los universitarios, quienes viven con una especie de miedo constante y perpetuo a la intervención externa y al autoritarismo (que, aunque a veces justificado), incide en la pérdida de objetividad de las decisiones institucionales sobre gran cantidad de asuntos de suma relevancia. Este celo es el que ha llegado a extremos irracionales que evitan la cooperación interinstitucional decidida y abierta con autoridades de seguridad pública; hasta que no resolvamos el problema de los límites de la autonomía, seguiremos implementando acciones insuficientes.

Además de los problemas internos que genera el mal entendimiento de la autonomía, también dificulta el esclarecimiento de hechos delictivos en tanto que ni las mismas autoridades de procuración de justicia tienen claras sus posibilidades de actuación en el ámbito de la Universidad. Sirva como ejemplo el reciente diferendo entre la PGJCDMX y la PGR.

2. La intrincada y barroca estructura de mando y operación, y la consecuente deficiencia en la coordinación: Para comprobar el tamaño del aparato institucional, baste indicar que existe un “Sistema Integral de Prevención y Gestión de Riesgos” conformado por los siguientes subsistemas: el Centro de Monitoreo, el Subsistema de Análisis de Incidentes e Ilícitos en la UNAM (SAIIUNAM), la Central de Atención de Emergencias, el Subsistema Reactivo y Disuasivo, Protección Civil, el Subsistema Jurídico, y el Subsistema de Concertación Interinstitucional (programas Sendero Escolar Seguro y Transporte Seguro); por otra parte, en el plano operativo, las competencias se traslapan entre la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario (con sus dos Subcomisiones de seguimiento a Comisiones Locales de Seguridad, la Subcomisión para la Promoción de una Cultura de Seguridad Universitaria, la Oficina de la Abogada General (incluyendo las Oficinas Jurídicas, la Unidad para la Atención de Denuncias y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entre otras), la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria (incluyendo a la Dirección de Prevención y Protección Civil y a la Dirección General de Servicios Generales, entre otras), la Defensoría de los Derechos Universitarios, las Comisiones Locales de Seguridad, los Departamentos Jurídicos en cada entidad académica, las y los Directores de las entidades académicas e incluso los Consejos Técnicos de las mismas.

Ante tal cantidad de siglas y acrónimos vale preguntarse (con cierto grado de perplejidad): ¿por qué una estructura de tal tamaño y alcance produce resultados tan insatisfactorios? Lo cierto es que, en plano de lo cotidiano, las atribuciones no quedan claras y las responsabilidades se diluyen. En un país y en una cultura en los que una competencia difusa se convierte en responsabilidad de nadie, resulta inverosímil continuar con una legislación universitaria imprecisa y laxa, que deja espacio para la inacción, la omisión y la ilegalidad.

Sobre la coordinación interinstitucional, la Comisión Especial de Seguridad señala en su informe de 2015 que la UNAM suscribió convenios de colaboración con los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México en 2008 y 2013 para la operación en lo particular de los denominados “programas Sendero Seguro”, pero la PGJDF señala en respuesta a una solicitud de información2 que dicha dependencia: “no cuenta con ningún contrato, convenio o similar con la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo enero de dos mil al mes de septiembre del año en curso”. Si bien es patente e innegable la presencia de personal de seguridad pública en diversos planteles de la Universidad, lo cierto es que esta colaboración puntual resulta insuficiente si no se circunscribe en una estrategia de colaboración amplia, concertada y claramente definida en sus competencias con la procuraduría local y la PGR, que demuestre una perspectiva de responsabilidad compartida y una estrecha coordinación sistemática con base en acuerdos legalmente vinculantes y procedimientos estandarizados de comunicación y rendición de cuentas con relación a las autoridades de seguridad pública.

En cuanto a las medidas implementadas por la Universidad, destaca la emisión del Protocolo para Atender Casos de Violencia de Género en agosto de 2016, mismo que desde el momento mismo de su publicación fue objeto de críticas tanto internas como externas por las contradicciones normativas que representaba en lo relativo a los lineamientos de actuación (algunas claramente inconstitucionales e inconvencionales) y por las lagunas, omisiones e imprecisiones en lo relativo a los procedimientos de atención.

En otros espacios3 ya se han dedicado extensas y exhaustivas explicaciones para argumentar la necesidad de modificar y complementar el protocolo, por lo que aquí solo destaco la puesta en peligro del acceso a la justicia: dentro de un amplio catálogo de ambigüedades, el protocolo no especifica lo que se debe entender por información personal a efectos del proceso de investigación, permitiendo la discrecionalidad de los funcionarios encargados del caso para definir los alcances de ese concepto y de su consecuente prohibición de divulgación, dejando abierta la posibilidad a que se limite de manera desproporcionada la libertad de expresión, y a que las actuaciones dentro del proceso no puedan ser escrutadas de manera independiente con posterioridad a la conclusión del mismo.

Respecto del “Plan de Diez Medidas de Seguridad en los Campus” emitido en mayo de 2017, podemos indicar que, si bien algunas de las medidas atienden problemas reales relativos a la seguridad en las instalaciones de la Universidad, otras están redactadas de manera tan superficial y ambigua que se evita la posibilidad de cualquier control o evaluación de eficacia por no poderse determinar objetivos claros, tangibles, medibles y comparables en su impacto en la modificación de las problemáticas de inseguridad, violencia y acoso; otras más carecen de sustento fáctico y no están destinadas a atender un problema o condición específica, sino a aumentar de manera cosmética la visibilidad de la presencia institucional en un intento por reforzar la percepción de su eficacia:

1. Mantener la vigilancia permanente en las inmediaciones y en los accesos a las instalaciones universitarias de elementos de seguridad pública: cualquier cosa que implique “mantener” no puede ser considerada como parte de un cuerpo de acciones destinadas a generar un cambio o transformación. Colocar elementos de cuerpos de seguridad en entradas de las instalaciones no garantiza la seguridad de los transeúntes (miembros de la Comunidad Universitaria o no), por lo que hace falta una estrategia integral de intervención urbana y social que modifique de manera permanente las condiciones de inseguridad y violencia en las cercanías de la Universidad.

2. Ubicar botones de emergencia en todos los puntos determinados por las Comisiones Locales de Seguridad: esta acción debería de estar acompañada de la capacitación apropiada del personal destinado a responder a la llamada de dichos mecanismos, de manera que se garantice no solo una actuación pronta sino también eficaz y sensible para con las y los denunciantes. Además, debería revisarse el estado de cada uno de los mecanismos ya instalados y ejercitar acciones de mantenimiento constante, en tanto que sobre todo aquellos aparatos que se encuentran en los lugares menos transitados han perdido su utilidad por falta de mantenimiento preventivo.

3. Reforzar controles de seguridad en accesos y salidas en las sedes de las distintas entidades académicas: no existen datos públicos fiables que indiquen si los incidentes de violencia al interior de la Universidad se producen en mayor o menor medida con la participación activa miembros de la Comunidad Universitaria o con la participación de personas externas, por lo que limitar el acceso a las instalaciones académicas no solo es ineficaz sino también es contrario al espíritu público y abierto de la Universidad.

4. Controlar el ingreso a taxis sin pasaje: No existen datos de ningún tipo que indiquen que los operadores libres de transporte público concesionado son parte del problema de inseguridad, o de que introducen de manera deliberada y sistemática sustancias u objetos prohibidos o nocivos para la seguridad universitaria. Esta medida no tiene sustento, violenta la libertad de trabajo, limita las opciones de transporte al interior del campus e incluso podría encuadrarse en el supuesto de discriminación que prohíbe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Paralelamente, habría que notar que dentro del Campus Central opera una agrupación de taxistas que no se vieron afectados por la nueva política, y que continúan monopolizando la presencia de taxis en la Universidad.

5. Continuar el combate permanente a la venta de droga dentro de nuestras instalaciones: Desgraciadamente el enfoque de la Universidad para el combate al consumo de estupefacientes en sus instalaciones (particularmente en Ciudad Universitaria) es el de la criminalización:4 regularmente los elementos de Seguridad UNAM orientan sus labores hacia los consumidores (estudiantes en su mayoría), llegando a presentarlos a la Dirección de Asuntos Jurídicos o a las oficinas jurídicas de las entidades académicas, mientras que respecto de los comercializadores poco pueden hacer (por carecer de competencias o de capacidad coercitiva). Hasta que la Universidad no apoye como política institucional la conclusión de muchos de sus académicos5 respecto de la necesidad de optar por un enfoque de salud pública y de atención integral en el tema de la drogadicción, y mientras no fortalezca a sus cuerpos de seguridad, poco puede esperarse de la eficacia del combate permanente a este fenómeno.

Los hechos recientes y el problema que actualmente enfrenta la Universidad, no son hechos aislados ni un resultado aleatorio; son consecuencias de la vulnerabilidad y olvido en que se tiene al CCH, del histórico uso de los porros en esos planteles por parte de las autoridades, de los procesos de toma de decisiones centralizados en exceso, de la pobre capacidad de atención de las problemáticas, y de poner constantemente los intereses personales por encima de las necesidades de la Universidad.

La Universidad también es mi casa, y como universitario me indigna que lo que aquí acontece diariamente, la construcción del futuro nacional y la formación de actores de cambio se vea obstaculizada por fenómenos de inseguridad y violencia. Como bien apuntó la Comisión Especial de Seguridad: la responsabilidad de cambiar esto es de todos y cada uno de las y los universitarios, y en ese sentido esta es mi primera contribución al respecto. Como toda coyuntura, este es un momento de oportunidad: o hacemos un alto para recomponer la dirección de la Universidad, o nos arrojamos al precipicio.

 

Carlos Escobedo Suárez
Estudiante de la Facultad de Derecho UNAM; opiniones a título personal; comentarios y réplicas al correo: carlosescobedosuarez@comunidad.unam.mx, Twitter @carlosescobedos. Agradezco a Jorge Antonio Montiel Romero (@MRomero_J) por el apoyo en la búsqueda y selección de datos para este artículo.


1 Disponible en: https://goo.gl/RqzbBA. Para profundizar en el tema son recomendables las siguientes fuentes: Captura en Web Archive de la página del Consejo General de Huelga, disponible en: https://goo.gl/KKUuJy; DE GARAY, Yolanda: “Historia de un Movimiento Estudiantil 1999-2001”, disponible en https://goo.gl/fwgJ8w; UNAM: “Conflicto y poder en la UNAM: La huelga de 1999”, UNAM, México, 2006, ISBN 970-701-728-7; FERNÁNDEZ REMUS, Adriana Paulina: “Del autoritarismo al conflicto en la UNAM: La huelga estudiantil de 1999 (abril-noviembre)”, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2008, disponible en: https://goo.gl/dnoqiY.

2 Solicitud 113000309617.

3 Ver, entre otros: https://goo.gl/DXnhKi, https://goo.gl/47MuL8, https://goo.gl/HgGgV5.

4 Comunicados de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS, UNAM) del 28 de febrero de 2016, disponible en: https://goo.gl/dTYkaq; del 21 de abril de 2016, disponible en: https://goo.gl/TngZiH; y del 30 de agosto de 2017, disponible en: https://goo.gl/M2XMBZ.

5 Por ejemplo, las conclusiones del Foro Internacional sobre Políticas de Regulación en el Consumo de Drogas, organizado por la UNAM en 2012, https://goo.gl/vGMgTs.

Literal

El derby de los penúltimos

Se conmemoran 15 años de la publicación de Un milagro informal (Alfaguara, 2003) de Fernando Iwasaki (Lima, 1961). Para celebrarlo presentamos un relato perteneciente al libro de una de las más poderosas voces de la narrativa actual en español.


Un novel auténtico, como ese Félix del Valle. El literato joven, anónimo y pobre, para el que un premio así es algo maravilloso, como el regalo de un hada…
—Rafael Cansinos Asséns

 

En una librería de viejo de Montevideo que saldaba los retales de la biblioteca de Xavier Abril de Vivero, adquirí un baúl desportillado donde sesteaban postales antiguas, retratos dedicados, servilletas manuscritas y todos esos cachivaches inverosímiles que atesoran los náufragos y los desterrados. Allí encontré los cuadernos de Froilán Miranda —peruano peregrino, escritor apócrifo y viceversa— quien apuró una vida borrascosa y galante. Las prosas que siguen las he espigado de aquellos diarios, como austero desagravio a su memoria.

 

Lima y Mayo de 1916

 

La pileta de las nazarenas convocaba el prestigio canalla de los bajos fondos y las rancias cremosidades del Club Nacional. Todas las tardes, después de barnizar de melancolía a las muñecas de porcelana que salían de Klein para subirse inalcanzables a los carruajes del Portal de Botoneros, plumillas y bohemios emprendíamos desde Broggi o del Palais Concert el camino a los Barrios Altos en busca del consuelo del yinquén.

Los de Broggi teníamos muy poco en común con los petardos del Palais Concert: ellos veneraban a Verlaine y nosotros a Valle Inclán; París era su tierra prometida y la nuestra más bien Madrid; unos eran discípulos de González Prada y otros lo éramos de don Ricardo Palma. Sólo la mágica resina nos conjuraba en torno a la misma lumbre, aunque los desvaríos del opio volvieran a enemistarnos fraguando enconados sueños. Aquella ténebre noche de otoño, calados por la garúa y sorbiendo entre todos de una mulita de pisco, marchábamos rampantes por Lescano Juan Gallagher, José María de la Jara y Ureta, Carlos Zavala, Luis Astete, Octavio Espinoza, Luis Fernán Cisneros y yo. “No se arrugue, joven —me guapeaba Luis Fernán—. Ya verá cómo a Valdelomar no le queda un hueso sano por meterse con Pepe Gálvez”.

Valdelomar y sus amigos publicaban una revista pretenciosa donde uno de sus colaboradores había vilipendiado al poeta José Gálvez, tan sólo por haber recibido elogios de Ventura García Calderón. A nosotros nos tenía sin cuidado lo que dijeran de los García Calderón, pero no estábamos dispuestos a consentir un ataque así contra uno de los nuestros.

El fumadero quedaba en el principal de una casona sucia y destartalada que según los clientes gozaba de la protección del Señor de los Milagros, santo patrón del vecindario. Subimos la empinada escalera golpeando los peldaños con nuestros bastones, aunque procurando esquivar las vomitonas y salivazos que florecían como repollos negros. Las fragancias del sándalo y la belladona nos exoneraron de la catinga que reblandecía el mercado de la Aurora, endulzando de paso nuestra vehemencia.

El propio chino Kookin se apresuró a recibirnos, y prodigando sonrisas y reverencias nos arrastró hasta la sala del juego, donde dos negros desplumaban sin compasión a Cipriano Laos y Alejandro Ureta. “¡Primo! —exclamó al ver a De la Jara— ¿me prestas una libra?”. Juan Gallagher puso tres soles de plata en la casilla de Suerte y clavando los dados como si fueran dos banderillas sacó quina y sena. Los negros sonrieron, Ureta convidó puros y Carlos Zavala machacó: “Ahora le toca a Valdelomar”.

Sin dejar de martillear nuestros bastones contra el suelo nos dirigimos al salón de la lámpara, y entre la niebla azafranada vimos cómo el de “las poses múltiples” se escondía detrás de Antonio Garland y Alfredo González Prada. De pronto un zambo enorme bloqueó la entrada y con prosodia chúcara nos dijo que los caballeros estaban celebrando el último triunfo de “Febo”, que en el mismísimo hipódromo de Santiago “los había hecho chichirimico a los demás caballos chilenos”. Con grandes aspavientos nos indicó que el joven José Carlos nos invitaba una cachimba, y que si había trompeadera tendría que echarnos a la calle.

A través de una humareda que podía cortarse en gruesas rodajas reconocí al sobrino del preparador Foción Mariátegui, carcomido por la polio y sonriendo con gesto preocupado. A su izquierda y envuelto en una capa, Federico More intentaba en vano pasar desapercibido. Y a la derecha, sosteniendo la quebradiza humanidad de José Carlos estaba Félix del Valle, con la misma expresión demudada que le conocí en casa de don Nicolás de Piérola.

Yo tendría dieciséis años y todavía recuerdo los cañones incrustados en los adoquines de la calle del Milagro, aquel recibidor de combate con jarrones macizos de perdigones y ese bocio cruel que la coquetería del caudillo cubría con una barba que le nevaba el pecho como una servilleta de encaje. Ahí estuvo Félix del Valle, como un montonero más, jurando que escribiría un libro que preservaría la gloria de don Nicolás. Pero tres años después todavía no había cumplido su palabra, tal vez para no malquistarse con sus nuevos amigos del Palais Concert.

—¡El autor del artículo es More! —trompeteaba la voz aflautada de Valdelomar— ¡Y no acepto pleitos ajenos!

—¡Tú eres el inductor, miserable! —gritaba más fuerte De la Jara, que también había sido insultado en Colónida— ¿Por qué no firmas lo que dictas, cobarde? ¡Reconoce que te revienta el ninguneo de los García Calderón!, ¡reconoce que fuiste un mantenido de Riva Agüero en Roma!, ¡reconoce que a José Gálvez no le llegas ni a los botines!

—¡No reconozco y no reconozco! —gemía Valdelomar— Los García Calderón me importan un pepino, contra Joselito no tengo nada y la poesía de Gálvez es Villaespesa pasado por Amarilis.

A la voz de Luis Fernán erizamos nuestros bastones y se armó una pelotera que no distinguió ni ricos de pobres ni negros de blancos ni modorros de ilustrados, porque en los yinquenes limeños todos alucinábamos que éramos iguales. Cuando los serenos llegaron con la policía, yo ya me había descolgado por una ventana y corría por la calle del Huevo hacia Malambito, barruntando golpes y molido a versos.

Las pupilas de Etelvina “La Camaneja” prometían un cuerpo a cuerpo diferente, adobado con música y banquete criollo. No existía “casa de tolerancia” de mejor categoría en Lima, y en el jardín trasero —bajo las parras y los pacaes— se desperezaban jacarandosas Filiberta, Sara, Rosa y Adriana.

—¿Y Berta? —le pregunté a “La Camaneja”.

—Atendiendo a dos señores —respondió Etelvina—, pero la Sara está limpiecita y también pregunta por usted, joven.

Berta era francesa y sofisticada; mas Sara era rubia y de una belleza turbia como su propia historia. Un chirlo le surcaba el rostro y una araña tatuada anidaba entre sus pechos blanquísimos como dos palomas. Estuvimos juntos hasta que el bordoneo de las guitarras nos indicó que comenzaba la jarana. Una voz mineral desgranaba en el patio la copla de una resbalosa:

       Las negras huelen a ruda
       y las cholas a quesillo,
       las viejas huelen a orines
       y tú hueles a membrillo.
       Zambita sí, zambita no,
       todas las gentes me dicen
       que tu olor es el mejor.

Punteaba las cuerdas un faite lampiño y aniñado que se entendía con una dama de la calle Boza mientras el marido visitaba sus minas en Cerro de Pasco. Las educandas de “La Camaneja” le llamaban “Karamanduca”, en razón de cierta alhaja de su cuerpo que era pequeña pero crujiente. Entre los jaranistas llegué a saludar al mayor Augusto Paz, a Luis Aurelio Loaiza y al salitrero don Casto Bermúdez, quien no se quitaba la levita ni para emborricar. En un rellano y muy entretenidos, Félix del Valle y José Carlos seguían magreando a la francesita.

Valle parecía poseído por un demonio artístico y sensual que nada tenía que ver con las refinadas quimeras parisinas de sus correligionarios. Su reino estaba junto a esas musas chuscas y sucias; y en medio de aquellas orgías vulgares irradiaba una dignidad que hacía más ridícula la lujuria y la ebriedad de cuantos le rodeaban. Sólo el viejo Escobar, negro antiguo y que había sobrevivido a la metralla de un pelotón de fusilamiento chileno en la Huerta Perdida, competía en majestad con Valle y le ofrecía pisco en su propio vaso. Ni Verlaine ni Baudelaire habrían resistido los insomnios líricos que irisaban su mirada.

Cuando la profana liturgia de la juerga derrotó en la comunión de las sobras, el mayor Augusto Paz enderezó su bamboleante corpulencia hacia aquel descansillo donde José Carlos madrigalizaba a las desmadejadas fulanas. Paz era un veterano de la campaña de la Breña y todavía le perforaban el cuerpo las medallas del plomo enemigo, gangrenándole el alma y las entrañas. Como a tantos que después de ganar una batalla terminaron perdiendo la guerra. Como a tantos a quienes Cáceres colmó de unos honores que fueron arrebatados tras la revolución de Piérola. Cuando llegó al escalón donde Valle se acurrucaba le escupió todo ese rencor supurado: “Pierolista de mierda, ¡levántate si eres hombre!”.

—Usted me confunde, señor… —tartamudeó Valle sobrecogido—. Soy ácrata, librepensador, anarquista… ¡Nunca he sido del partido de la Perinola!

Entonces aquel héroe borracho y deshonrado blasfemó una obscenidad mientras desenvainaba su sable, y Valle habría sido tronchado en dos pedazos de no ser por “Karamanduca”, quien de una trompada derribó al mayor Paz. La pelea entre el faite y el soldado me anegó de una repugnancia triste y dolorosa, pero la cobardía de Valle y su vergonzante fuga me desolaron del todo. La voz nasal y melancólica de José Carlos me llegó afelpada como una confidencia: “Froilán, si Vallecito fuera pierolista yo sería civilista”.

Madrid y Diciembre de 1939

En la estación de atocha los falangistas exigían su documentación a los ateridos transeúntes. El frío, la guerra y el hambre nos habían clavado sus heladas bayonetas y España era una corte de milagros donde a cambio de un mendrugo cualquiera podía ser denunciado y vendido a los arrogantes nacionales. Mi pobre pasaporte diplomático era un viático laico en busca de condenados que quisieran aceptar una mundana salvación en aquellos días sin Dios. En algún lugar de Madrid se ocultaban todavía Félix del Valle y César Falcón, y mi obsesión era encontrarles antes que los soplones y los verdugos.

Desde la sublevación de Marruecos el gobierno peruano tomó partido por el general Franco, y las puertas de nuestro consulado se abrieron para todos los que huían de los milicianos republicanos. Una dama arequipeña cedió a la legación peruana su casa palacio de Fortuny con Marqués de Riscal, y en ella se refugiaron paisanos varios como el dramaturgo Sassone, la pianista Mercedes Pedrosa y el novillero Alejandro Montani. Por entonces yo colaboraba en El Sol con artículos trufados de soflamas de Bakunin y versículos de Nietzsche, hasta que don Jorge Bailey, consejero de nuestra legación, me prohibió que siguiera escribiendo si no quería ser entregado a los sicarios de Falange. Cuando las tropas de Franco tomaron Madrid, las puertas de nuestro consulado permanecieron cerradas para los peruanos que habían militado en el bando perdedor.

Una de mis compañeras de legación —Rosa Arciniega, que había publicado algunas novelas en la editorial republicana Cénit— me ayudó en el discreto cometido de rescatar a nuestros compatriotas amenazados por los juicios sumarios, las ejecuciones y los trabajos forzados. Juntos cumplimos la última voluntad de un poeta y brigadista puneño a quien llevamos a las cumbres del Guadarrama, donde murio devorado por la tuberculosis; y entre los dos embarcamos a Lisboa en un pestilente vagón de mercancías a los hermanos Abril de Vivero. Sin embargo, quienes corrían verdaderos peligros eran Falcón y Félix del Valle.

Falcón estaba en la clandestinidad porque había fundado incontables revistas y editoriales que siempre desaparecían, y que una y otra vez renacían con otros nombres y nuevos catálogos que anunciaban inminentes títulos de los mismos autores rusos e hispanoamericanos. De Valle sabíamos que tenía un tenue prestigio literario y que era uno de los articulistas de La Libertad, pero los falangistas habían saqueado la redacción y encarcelado a cuantos sorprendieron trasladando sus archivos. Los nombres de ambos estaban troquelados en los revólveres de los fachas.

Supuse que Valle frecuentaría las tertulias que todavía trashumaban por Madrid, y decidí buscar a Cansinos Asséns para sonsacarle alguna información. De todas las figuras literarias que iluminaron las tertulias madrileñas —Ramón en Pombo, Benavente en El Gato Negro, Jardiel en El Europeo— tan sólo Cansinos seguía titilando como un tenebrario ambulante alrededor del cual mariposeaban las últimas liendres de la bohemia.

Así, tras la cofradía de Cansinos me precipité a las entumecidas madrugadas de Madrid, peregrinando por tascas y garitos esperpénticos y solanescos. A veces me despertaba la fresca en el café de Platerías en la calle Mayor; otras en el de las Salesas en la calle Doña Bárbara de Braganza, y en más de una ocasión en un hórrido antro de Atocha, cerca de la Facultad de Medicina. Al parecer, Cansinos nunca celebraba sus oficios líricos en el mismo sitio y los catecúmenos elegían el siguiente emplazamiento del cenáculo en la reunión anterior. Pero como el dinero en tiempos de posguerra espabila más que nunca, un camarero del Colonial me chivó que Cansinos y su tribu se habían citado en el Varela de Preciados, junto a Santo Domingo.

En la alta noche del Madrid de 1939, sólo la golfemia y la morralla paseaban su andrajosa etiqueta por esas calles cacarañadas de zambombazos. Los acólitos de Cansinos se iban apelotonando en torno a los braseros del café, algunos envueltos en mantas color polvo, otros en pellejos deshilachados y los menos en gabanes irreconocibles después de tantos remiendos y costurones. No recuerdo si eran las tres o las cuatro de la madrugada,  cuando el maestro y su grotesco séquito de perros expósitos irrumpieron en el Varela.

Cansinos era de una altura tan grande como su tristeza, una mezcla de rabino y enterrador. Su expresión de caballo místico se desdibujaba cuando los dientes de piano brotaban enormes bajo el bigote entrecano y desflecado. Era sabido que traducía más de quince idiomas y las malas lenguas decían que vivía amancebado con una hermana a quien dedicaba sonetos incestuosos y desgarrados. Aquellos poetastros mugrientos le alcanzaban al maestro gurruños de papel emborronados de poemas que yo imaginaba perpetrados con la caligrafía sucia de las uñas negras. Pero Cansinos los leía con teológica solemnidad y luego les propinaba algún elogio conmiserativo, encadenando parrafadas largas, melódicas y preñadas de metáforas que los poetas del arroyo agradecían como un sucedáneo alimenticio. Yo recordé nostálgico las olorosas tazas de chocolate en Broggi, los pastelitos de carne del Palais Concert y las crocantes galletas de Klein, y comprendí que aquel aquelarre sí era una auténtica conjuración literaria.

Entonces Cansinos me clavó sus ojos abisales y sonriendo en compota me preguntó si no deseaba leer un poema, si había bebido de los ajenjos líricos y si el veneno de la literatura también me había convertido —como a ellos— en un poeta febril y anochecido. Mis primeros balbuceos delataron mi procedencia americana, y cuando el maestro supo que era peruano prorrumpió en un monólogo amarrido como una letanía.

—Los peruanos que he conocido, como todos los noveles de ultramar, creyeron que en Madrid les sería muy fácil seguir la estela de Darío —sentenció Cansinos. Pero cuando Rubén vino a Madrid ya había arrasado de lágrimas París con su responso pagano a Verlaine. Por eso nadie llegó a ser como él. Ni siquiera Huidobro, con todo el incienso de su vanidad. Pero Huidobro era chileno y ya sé que a vosotros no os gusta que se hable de Chile. Al menos eso aprendí de Chocano, que se marchaba de los cafés en cuanto llegaba Edwards Bello y nos dejaba hasta las narices de pumas, trompetas, lianas, clarines y cataratas. Chocano era fuerte, pero no era tan ágil como sus caballos. Aquí montó un pitote de cuidado y terminó en los tribunales, como aquel otro paisano suyo de apellido Guillén. ¡Una sabandija! Ese sí que merecía la muerte de Chocano…

—¿Y Félix del Valle? —le interrumpí— ¿Conoce a Félix del Valle?

Cansinos intercambió una muda inquietud con sus discípulos, y frunciendo un ceño alborotado de cejas como crines me contestó que ninguno de ellos era chivato. Apacigüé su desconfianza revelándole mi verdadero propósito de ayudar a Valle a huir de Madrid, y hasta puse en sus manos huesudas mis propios ejemplares de Las voces múltiples, Prosas poemáticas y El camino hacia mí mismo, todos anotados y subrayados con la tinta simpática del respeto y la admiración. Entonces Cansinos leyó en tono salmódico algunos poemas de Las voces múltiples y concluyó que sólo una persona de nobles entrañas podía conservar un libro así durante más de veinte años, sin ganarle unos céntimos en cualquier baratillo.

Según Cansinos, Valle casi había abjurado de la literatura para consagrarse a los cantes y bailes andaluces, sobre los cuales teorizaba y discutía como si hubiera nacido en Triana, Utrera o Jerez. Una noche desertó de la hermandad de bohemios y poetastros para remontar las madrugadas en cafés cantantes, colmados flamencos y corrales gitanos; pero el curso de la guerra civil le persuadió de la necesidad urgente de abandonar España. Valle planeaba embarcarse hacia Buenos Aires y Cansinos ya le había escrito generosas cartas de presentación para sus discípulos argentinos del Ultra.

En el cielo apenas se insinuaban las venas rosadas del alba cuando salí del Varela rumbo a un colmado andaluz del pasadizo de la Visitación. Después de tantos años, otra vez me encontraría con Valle entre guitarras y matachines, en el crepúsculo de una jarana, en otra encrucijada fragante donde se mezclarían los olores artificiales del vino y los perfumes naturales de las mujeres.

Las fiestas criollas de las huertas limeñas tenían un algo en común con los tablados flamencos. A saber, la juerga desmesurada, los dialectos secretos, la sugestión musical y un recogimiento hermético, a caballo entre logia masónica y casa de putas. Afuera la rasca helaba a los indigentes, adentro un calor carnal caldeaba las entrepiernas; afuera la escasez y la penuria devastaban Madrid, adentro el estraperlo y la mangantería surtían la buena mesa; afuera España se despenaba en dos bandos irreconciliables y adentro esas discordias se dirimían a través de la lenta querella de una soleá. Acurrucado junto a una estufa y destilando lagrimones de salmuera por sus ojos de aceituna, descubrí a Félix del Valle renegrido y arrobado como un ángel caído.

En realidad todos lloraban en aquel garito pestilente y trasnochante. Sollozaban los soldados y las busconas, los pedigüeños y los señoritos, los vencedores y los vencidos. España entera se dolía en los quejidos de esa voz rota que arrastraba una pena de siglos, que vomitaba notas de sangre y coplas desconsoladas que maldecían sin saber a quién. Todavía tenía la piel de gallina cuando el respetable estalló en ovaciones, cumplidos y oles. “Prudencio —le abracé, llamándole cariñoso como lo hacían sus amigos del Palais Concert—. Soy Froilán Miranda de la legación peruana. Déjeme ayudarle, por favor”.

—Después de oír a la Niña de los Peines me da igual lo que haga —me respondió traspuesto; y en su sonrisa reverberó el terror glacial de los condenados.

Procuré tranquilizarle ordenándole un plato de cocido que Valle rebañó hasta dejarlo reluciente. Aquel hombre llevaba cerca de un año en la miseria más absoluta, durmiendo con indigentes y pordioseros bajo los soportales de la Plaza Mayor; malcomiendo torrijas recalentadas en figones baratos, sopa bodria en los conventos o las castañas que asaba al relente en compañía de otros mandrias y desharrapados que se arrebujaban junto a la candela. Un tabernero de la calle del Príncipe le cuidaba el cofre andariego de sus menudencias y la única felicidad que se permitía era escuchar a los cantaores, quienes repartían la calderilla entre los que más jaleaban y aplaudían. Así, a punta de hojanas, limosnas y sablazos, Valle pensaba que algún día podría reunir lo suficiente para embarcarse hacia la Argentina.

Le hablé de mi plan de sacarles de Madrid —a él y a César Falcón— y despacharles para Gibraltar, donde un vapor inglés les aguardaría. Valle me contó entonces que Falcón había huido a Barcelona en compañía de una actriz, abandonando incluso a su familia. Le confesé que nuestra legación no pensaba hacer oficialmente nada por los peruanos de las brigadas internacionales, pero que oficiosamente nuestro cónsul —Alberto Ureta— estaba compinchado conmigo en su asunto. “¿Alberto es hermano de Alejandro?”, me preguntó emocionado. Y lloró como un niño cuando le dije que sí; cuando sintió la caricia remota de esos amigos que creía perdidos.

Los mendigos se buscaban los piojos a la luz de los primeros rayos del sol cuando cruzamos la Plaza Mayor en dirección a la estación de Atocha. Al vernos cargando un baúl de viaje, aquellas escorias nos fueron rodeando: “¿Se lo llevan de palmero, Félix?”, preguntaba uno; “¿Pasará usted por Málaga?”, quería saber otro; “¡Guárdese de los gitanos! —chilló uno de aquellos mamarrachos— No son gente decente como nosotros”. Para mi desesperación Valle se entretuvo demasiado en prodigar adioses y abrazos, y en pregonar la buena vida que le aguardaba en Buenos Aires, una metrópoli resplandeciente como París. En esas chulerías estaba cuando una voz arenosa por el cazalla y la tuberculosis nos clavó una alcayata de hielo en el corazón: “Félix, amigo, ¿y lo calentito que comeríamos aquí en Madrid si le entregásemos a los de Falange?”.

En un santiamén fuimos cercados por una tropa de esos miserables, que al grito de “¡rojos, rojos!” llamó la atención de vecinos y comerciantes. Calculé que los soplones y la guardia civil no tardarían en aparecer, y me arrojé al pescuezo del cabecilla de aquel zafarrancho. Sin embargo, Valle me contuvo y para mi estupor empezó a largar contra la República, los rusos, las chekas y los comunistas que sólo querían pisotear nuestra civilización occidental y cristiana. La chusma hervía vociferante cuando llegaron los carabineros, y Valle les recibió brazo en alto y cantando himnos falangistas. Al disolverse la turba quedamos de nuevo encarados con el truhán que provocó el desbarajuste, quien nos miró desafiante; como sabiendo que nuestra mugre siempre sería peor que la suya. Un salivazo rubricó su desprecio en los adoquines de la Plaza Mayor.

Todo aquel simulacro se me antojó innecesario y vergonzoso; de una sangrante cobardía. Y así se lo reproché más tarde a Félix del Valle en un andén arrasado por los llantos de los tullidos, de las mujeres enlutadas y de los huérfanos que aun no sabían que lo eran:

—Félix, aquéllo era lo último que esperaba de usted.

—Froilán, de mí debe esperar siempre lo último.

 

Buenos Aires y Noviembre de 1944

La garçoniere de raymonde quedaba saliendo de Córdoba hacia Viamonte, delante del moderno edificio de las Aguas Corrientes. En Buenos Aires había estupendas “casas amuebladas”, pero sólo Raymonde tenía chicas italianas, polacas, españolas y criollas que se dejaban hacer un completo por cinco pesos, y por sólo dos pesos un “francés” sin derramar. La hermosa Raymonde, envuelta en un gran robe de soir de terciopelo negro, me despeinó con sus dedos enjoyados y besándome ambas mejillas me ronroneó al oído: “Tu amigo está en el salón amarillo”. Y se alejó ahumando promesas de pasión entre las nubes del Kedhive.

Tendido en un diván, Félix del Valle acariciaba muy quedo la melena roja de una cocotta, mientras fumaba egipcios y contemplaba impasible los vulgares escarceos de la concurrencia. Los años habían desbastado su figura y una noble calvicie le tonsuraba el cráneo, como a los estancieros porteños y los poetas latinos. En medio de aquella sala constelada de espejos y sensualidad, Valle parecía un cardenal renacentista maleado en intrigas y mundanidades.

Nos abrazamos como viejos camaradas y pronto nos pusimos al día de nuestras circunstancias. Yo había dejado el cuerpo diplomático y recalado en Argentina al igual que muchos fugitivos de España. Con tales antecedentes no era posible tener expectativas halagüeñas en Lima, y como Buenos Aires era la ciudad de las oportunidades, a los pocos meses había conseguido un puesto de corrector en La Nación y las recensiones de cine —¡una especialidad novedosa!— en el semanario Caras y caretas. A Valle tampoco le había ido nada mal: los discípulos de Cansinos le colocaron en Noticias gráficas, donde sus artículos reunidos se habían convertido en tres nuevos libros muy elogiados por la prensa argentina, y hasta tenía tertulia propia en el café Armonía de la avenida de Mayo. Su cabeza chisporroteaba ideas y ya planeaba nuevos títulos sobre la guerra civil española, Sevilla y la impronta de Piérola en la historia peruana. ¡Valle pensaba cumplir su antigua promesa!

Aquella noche cenamos en el Pedemonte y recibimos la madrugada en el Tortoni, como correspondía a dos transterrados sin país y sin familia. Ambos tuvimos una patria y los dos la perdimos. Ambos quisimos un país que dejó de existir. Sólo nos pertenecían la noche y la memoria, hasta que la hora más oscura nos olvidara del todo. Valle decía que nuestras vidas eran como el “derby de los penúltimos”, una carrera de perdedores donde sólo el caballo ganador esquivaba el desolladero.

A mediodía Valle telefoneó para citarme a las diez en un colmado andaluz que animaba la esquina de Mitre y Buen Orden. Quería celebrar nuestro reencuentro presentándome a sus amigos y mentores argentinos, aquellos romeros del Ultra que fueron hasta el viaducto madrileño en busca de la palabra del maestro.

Estos ultraístas argentinos, sin embargo, tenían muy poco en común con los sucios mendrugos del cenáculo trashumante de Cansinos. Me parecieron —más bien— personas exquisitas y refinadas que no terminaban de sentirse a gusto en ese ambiente corralero y ordinario que les infligía un rancho de grasientas pitanzas, y menos todavía con la excesiva familiaridad que les propinaba Valle, quien me los presentó como la Vicky, la Chivi, el Fito y Cocolucho.

La Vicky y la Chivi eran hermanas y entre ellas hablaban en francés. Fito y la Chivi estaban casados, aunque al Fito se le iban los ojos tras las pantorrillas vertiginosas de las bailaoras. Cocolucho era un tipo sonriente y empollón, de una blancura enfermiza como la leche vomitada. Los cuatro presumían de una revista “verdaderamente imponente”, aseguraba la Vicky; “a la altura de las mejores de Europa”, insistía Fito; “nada que ver con lo que se hace por estos países”, remachaba la Chivi. Y yo entonces comprendí porqué no habían compartido esa ambrosía literaria con Valle: porque le habían embriagado con el aguardiente del periodismo.

—¡Un brindis por el maestro Cansinos! —tronaba campechano Valle. Y todos menos Félix, bebíamos mirándonos de reojo.

Cocolucho resultó un conversador de lo más entretenido, aunque caótico en la enumeración de sus preferencias literarias: le gustaban los clásicos ingleses, las novelas policiales, Las mil y una noches y la poesía gauchesca. Mientras me hablaba me cogía del brazo como si no me viera o para verme mejor, y esa ambigüedad me ponía nervioso. De pronto el tocaor desmenuzó una melodía trágica entre sus cuerdas, y en la densidad del silencio restalló el sollozo de la seguiriya. Un gitano antiguo y arrugado como una pasa nos escudriñaba silencioso desde un rincón sin tiempo. Un tiempo que arrastraba esa misma pena de siglos que ya me había conmovido la madrugada que hallé a Félix del Valle en Madrid:

       El carro de los muertos
       pasó por aquí,
       como llevaba la manita fuera
       yo la conocí.

—¿Qué canta ese hombre que no le entiendo? —me preguntó Cocolucho con las carnes temblorosas como flanes.

—Yo tampoco le entiendo muy bien —respondí—. Pero es como la pena negra de Lorca. Son los sonidos negros de Andalucía. La voz doliente del sur, encharcada de sangre…

Mientras el público aplaudía y se enjugaba unas lágrimas, dos individuos agitanados se aproximaron a nuestra mesa para exigir que “o se callaban las gachises o a la puta calle”. Al parecer, la Vicky y la Chivi habían estado hablando durante el cante, y los flamencos más contumaces deseaban vengar semejante sacrilegio. Poco a poco se fue formando un tumulto: la Chivi quería saber qué era una gachí, Fito aseguraba que en su país nunca le echarían unos gallegos y la Vicky insultaba a la flamenquería en una curiosa mezcla de lunfardo y francés. A medida que subía el tono de las invectivas, Cocolucho se aferraba más fuerte a mi brazo y los gitanos parecían más fieros. En eso uno de ellos empujó a Valle y lo retó a pelear a navajazo limpio.

—Déjelo, Félix —intercedí, tal vez porque sabía que me haría caso.

—¿Usté no es Félix del Valle, el payo que va de entendío? —gritó el gitano con recochineo— ¡Y una mierda!

Interrogué a Valle con la mirada. Recordé los bochornosos episodios de la calle Malambito y de la Plaza Mayor, y nunca como entonces le demandé otra huida, otro gesto de vileza. ¿Qué piensa un hombre que entrevé su muerte, que de golpe descubre cómo puede morir? El pánico anegaba los ojos de Valle, pero aún así alcanzó a rasgar la atmósfera silente con una hebra de voz: “Ha dicho mi nombre, Froilán. La cosa es conmigo, y si no acepto mañana lo sabrá todo el mundo. Tantas veces he salido corriendo que ya no tengo adónde ir. Esta es una carrera de dos y sólo tengo que llegar penúltimo”. En ese momento los acontecimientos se precipitaron.

Aquel gitano antiguo y arrugado se incorporó muy despacio, y arrojó a los pies de Valle un puñal que brilló como un pitón de plata o como un relámpago negro. Valle cogió el arma y al acariciarla dejó de temblar, porque un hombre acosado por sus cobardías ha soñado mil veces cómo empuñar un cuchillo; porque un hombre deshonrado ha previsto minuciosamente cómo recuperar la honra perdida; porque un hombre indefenso es impredecible cuando acomete mortal. Valle trazó un escorzo afilado y fulminante que dejó en el vientre de su enemigo un recado tajante y visceral.

Fito quiso llamar a la policía o al equipo quirúrgico, y los flamencos se lo impidieron argumentando que así no se hacían las cosas en los caseríos andaluces del sur. Ya ellos se encargarían del herido y de limpiar los rastros de la pelea, pero entretanto deseaban homenajear por bulerías a ese hombre que tenía “lo que hay que tener”. Cuando las palmas marcaron los doce tiempos del palo, la Vicky y la Chivi sintieron fatigas y Fito salió aprisa en busca de un taxi. Cocolucho estaba vidrioso de la impresión y todavía se llevaba las manos a la barriga, como queriendo evitar que los intestinos se le desparramaran también sobre la solería. Y ya que la noche comenzaba propicia para un radiante Félix del Valle que había vuelto a nacer, decidí despedirme y acompañar a Cocolucho hasta su casa.

Caminamos en silencio bajo los neones desmayados de Mitre, y ya cerca de la plaza de San Martín Cocolucho empezó a deplorar su cobardía, sus quimeras heroicas, su aprensión al peligro. Apretándome el brazo me confesó que lo habría dado todo por haberse batido esa noche en el tablado. Y ni siquiera para vencer como Félix del Valle, sino para perder como aquel gitano abierto en canal, que seguro en ese instante agonizaba consumido por fiebres y hemorragias. Hubiera querido consolarle revelándole que Valle en realidad no era un valiente, pero en sus delirios Cocolucho había convertido esa chusca trifulca en un desafío épico junto a los muros de Troya, en una batalla vikinga en las costas de Irlanda y en el duelo infinito de dos navajas embrujadas. ¿Quién era yo para abolir sus ensoñaciones?

Ante un relamido edificio de la calle Maipú, Cocolucho me aseguró que “la gesta de Valle nunca consentirá el olvido”. Y mientras me aturdía entreverando gitanos y compadritos, pensé melancólico que si Valle no había cumplido con Piérola, aquel bibliotecario parlanchín tampoco cumpliría con Valle. Una anciana nos dio la voz desde un balcón y le urgí a despedirnos:

—Buenas noches, Cocolucho.

—Si no le importa, Jorge Luis —y se fue visteando al aire, como si tuviera un cuchillo.

 

Fernando Iwasaki
Escritor. Ha publicado Neguijón, Libro de mal amor, España, aparta de mí estos premios, Helarte de amar y Ajuar funerario, entre otros libros.

Gigante de lodo.
Odebrecht y su historia de corrupción en México

Presentamos un adelanto de Gigante de lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México (Grijalbo, 2018), reportaje del periodista Raúl Olmos que aborda uno de los escándalos de corrupción más grandes de este sexenio: el caso Odebrecht.


La bomba que desactivó la PGR

Una bomba llamada Lava Jato estalló en Brasil en marzo de 2014, y casi de inmediato la onda expansiva alcanzó a decenas de políticos del gigante sudamericano. El proceso penal emprendido por el juez Sergio Moro, en la provincia de Curitiba, desnudó un gigantesco esquema de lavado de dinero y corrupción en torno  a la petrolera brasileña Petrobras, que involucraba a decenas de diputados y ministros. Muy pronto, las revelaciones explosivas se extendieron a gran parte de América Latina y llegaron hasta África. El detonador para este estruendo internacional fue la captura, en junio de 2015, de Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora que lleva su apellido, quien había fincado su expansión en el continente en una compleja red de sobornos y financiamiento de campañas políticas. En México la sacudida no inmutaba a las autoridades. Odebrecht ya tenía en marcha obras asignadas por dedazo en 2014 en dos refinerías y en un gasoducto con valor superior a los 1 500 millones de dólares, y, a pesar del escándalo global, Petróleos Mexicanos, bajo el mando de Emilio Lozoya, se disponía a darle más dinero.

En noviembre de 2015 la empresa brasileña recibió otros 2 400 millones de pesos, equivalentes a 142 millones de dólares al tipo de cambio de esos días. El estrépito de corrupción, que hacía tambalear a gobiernos de una decena de países, no alteraba al gobierno mexicano, que, además de asignar más contratos sin licitación a Odebrecht, ese mismo mes desoyó un exhorto de colaboración de las autoridades de justicia de Brasil para investigar juntos el caso Lava Jato. Los personajes involucrados —hombres muy poderosos— propiciaron un carpetazo anticipado.

* * *

En julio de 2015, el juez Sergio Moro envió al Ministerio Nacional de Justicia, con sede en Brasilia, una petición urgente de asistencia jurídica que debía ser turnada a la brevedad a las autoridades de México para avanzar en el proceso penal que se seguía contra José Dirceu, un personaje enorme en la política latinoamericana, que en aquel momento era uno de los principales acusados en la red de corrupción del caso Lava Jato. La solicitud de Moro no era un asunto menor. Requería de la Procuraduría General de la República (PGR) que llamara a declarar como testigos a los empresarios mexicanos Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, dos de los mayores magnates de América Latina, con intereses económicos en decenas de países, quienes habían mantenido tratos de negocios con Dirceu a través de una empresa que —según la investigación ministerial— había sido utilizada como la fachada para el cobro de sobornos.

En su juventud, Dirceu vivió en México, a donde huyó de la dictadura militar en Brasil, que lo había encarcelado en el convulso 1968 por encabezar una revuelta estudiantil; en septiembre de 1969, tras 11 meses de encierro, grupos guerrilleros negociaron su libertad a cambio del entonces embajador de Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, que había sido secuestrado. Ya libre, viajó a México, luego a Cuba, donde se transformó el rostro y asumió una falsa identidad. Su perfil de luchador social empezó a dar un giro cuando incursionó en la política. En enero de 2003, al asumir Lula la presidencia de Brasil, se integró como su jefe de gabinete. Era la mano derecha del carismático mandatario. Sin embargo, el poderoso ministro no logró concluir el periodo de gobierno, porque se vio involucrado en un escándalo de sobornos conocido como Mensalão, que consistía en el desvío de fondos públicos para comprar el voto de legisladores. Por aquel caso fue condenado en 2012 a casi ocho años de cárcel, aunque sólo estuvo preso 11 meses. Así que el proceso penal en su contra, derivado de la investigación Lava Jato, no era su primera gran acusación por corrupción y representaba, además, ir a la cárcel por tercera ocasión en su vida.

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La primera solicitud de colaboración, enviada en julio de 2015, fue desoída por las autoridades de México. En noviembre del mismo año Sergio Moro volvió a girar otro exhorto al Ministerio  de Justicia en Brasilia para pedirle que interviniera ante su par mexicano. Faltaban nueve días para que acabara el año cuando Isalino Antonio Giacomet Júnior, coordinador del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional, le escribió al juez con una mala noticia: la PGR había decidido no citar como testigos a Slim y a Salinas Pliego, hasta tener información amplia y detallada de su vínculo con Dirceu y los crímenes por los que se investigaba al exministro de Lula. Pasaron los meses y las peticiones de colaboración seguían llegando de Brasil y las negativas iban casi de inmediato de retorno. Los argumentos de la PGR siempre eran los mismos: no contaba con información suficiente para llamar a declarar a los empresarios de Grupo Carso y de Grupo Azteca. El 6 de mayo de 2016, cuando Moro se preparaba para dictar sentencia, el director de Procedimientos Internacionales de la PGR, José Manuel Merino Madrid, envió una carta con sello de urgente a su homólogo brasileño, Antonio Giacomet, en la que condicionaba la comparecencia de Slim y de Salinas Pliego a una serie de requisitos: ampliar la narrativa de hechos en los que se detallara cómo se relacionaban o vinculaban con el acusado, la fecha en que sucedieron los posibles delitos en que incurrió Dirceu y de los que pudieron haber tenido conocimiento los testigos mexicanos y los elementos de prueba. “También deberán señalar la pertinencia, conducencia, relevancia y utilidad de dichas testimoniales, debiendo orientar su interrogatorio en ese sentido y con las mismas formalidades y limitaciones de una prueba testimonial o en su defecto los documentos que acrediten su participación.”

Cuando la carta llegó a Brasil, ya era demasiado tarde. Sergio Moro sentenció el 18 de mayo de 2016 a Dirceu a 23 años de cárcel, sin contar con los elementos que pudieran haber aportado los testigos mexicanos. El 26 de julio —más de un mes después de la condena— el coordinador de Cooperación Internacional de Brasil le escribió al juez para reportarle la negativa de la PGR para colaborar. “Informamos que el pedido de cooperación jurídica internacional no fue cumplido por las autoridades mexicanas, conforme se desprende de documentación adjunta”, escribió Giacomet, y recriminó: “A pesar de todos los esfuerzos de este departamento en sentido contrario, nuestra contraparte mexicana alega ausencia de pertinencia, relevancia y utilidad de las medidas rogadas”. Pese a que el proceso ya se había cerrado, se otorgó un nuevo plazo de 90 días al gobierno de México para obtener su colaboración. Cumplida esa prórroga, el expediente fue archivado. La cooperación en esta pesquisa —con uno de los personajes clave de la operación Lava Jato— jamás se concretó. Y de paso se canceló la posibilidad de conocer los detalles de la conexión mexicana en el mayor caso de corrupción trasnacional.

Dirceu y sus negocios en México

¿Por qué requería la justicia brasileña a Slim y a Salinas Pliego? Básicamente porque ambos habían contratado los servicios del despacho de José Dirceu, llamado JD Assessoria e Consultoria Ltda., el cual —según la causa penal— había sido utilizado en Brasil para ocultar el pago de sobornos provenientes, principalmente, de empresas contratistas de Petrobras. La defensa de Dirceu quería que los empresarios mexicanos aportaran su testimonio de los servicios que habían recibido como clientes del citado despacho. De esa forma pretendían desacreditar las acusaciones del juez Moro. Pero, a la vez, el Ministerio Público tenía una batería de preguntas encaminadas a determinar si la red de corrupción de Lava Jato se había extendido a México o si había tenido el involucramiento de mexicanos.

En la solicitud de asistencia jurídica presentada al gobierno de México se pedía que también se llamara como testigo a Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, una institución financiera que regularmente opera en las instalaciones de Elektra, la cadena de tiendas destinada a familias de bajos recursos económicos, la cual expandió su mercado a Brasil durante el gobierno de Lula.  El 18 de marzo de 2008,  el propio presidente brasileño acudió a inaugurar, en compañía de Salinas Pliego, la primera tienda Elektra en el barrio de Agua Fría, en Recife, la capital del estado de Pernambuco, al noreste de la nación sudamericana, una zona con alta concentración de población y bajo acceso a mercancías a crédito. En esa misma región, en la ciudad de Olinda, abrió su segunda sucursal, bajo la razón social Ekt Lojas de Departamentos.

Cuando el Ministerio Público Federal de Brasil investigaba el involucramiento de Dirceu en el caso Lava Jato, se topó con una serie de depósitos por 1701 000 reales que Elektra del Milenio, S. A. de C. V., había realizado al despacho del exministro de Lula, en sucursales en Nueva York de siete bancos y de uno más ubicado en México. El mayor monto había sido transferido a través del Wachovia Bank, por 637 000 reales, mientras que el banco de origen británico Standard Chartered movió otros 592 000 reales. “Los pagos destinados a JD Associados por medio de Elektra pueden estar vinculados al interés del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego de expandir su actuación comercial para el mercado brasileño”, con la influencia política de Dirceu, refería un expediente fechado el 15 de julio de 2015, elaborado por la delegación de la Procuraduría de la República en Paraná, estado donde surgió el operativo Lava Jato.

Aquella no fue la única investigación que involucró al grupo empresarial mexicano. En Pernambuco, estado donde Elektra había emprendido su aventura en Brasil, el Ministerio Público Federal había iniciado una pesquisa sobre la posible conexión de Banco Azteca con hechos investigados en el caso Lava Jato. Según un oficio elaborado el 13 de octubre de 2015 por el procurador de la República en aquella provincia brasileña, João Paulo Holanda Albuquerque, las sospechas brotaron porque, a pesar de haber tenido ganancias millonarias, Elektra y Banco Azteca repentinamente habían cerrado sus operaciones en el país justo después de que estalló la operación policial Lava Jato. La contratación del despacho de Dirceu, cuando el grupo empresarial mexicano inició actividades en Brasil en 2008, acrecentó las suspicacias. Pero el señalamiento más fuerte del procurador Holanda Albuquerque era que Banco Azteca utilizaba las cuentas de los funcionarios y de los clientes supuestamente “para lavar dinero sucio”.

Debido a que la investigación del caso Lava Jato se realizaba en el estado de Paraná, a 3 000 kilómetros al sur de Brasil, el procurador en Pernambuco declinó seguir con el caso y lo turnó a su par en la ciudad de Curitiba.

Los indicios de más negocios de Dirceu en México brotaron también en agosto de 2015, cuando la Policía Federal de Brasil reportó al juez Moro que le había incautado al exministro diversos documentos, entre ellos un manuscrito, al frente del cual aparecía la leyenda “Situación nueva”, seguida del siguiente mensaje en clave: “1) Odebrecht es… con Daniel Hafe de México [Paulo Melo, Francisco Boni, Julian, Julio, Eduardo]; 2) El personal de Slim contactará [puede] para sólo confirmar que conoce a la agrupación proponente”.

En la parte trasera estaban anotados los siguientes nombres: “Paulo Melo, Franc. Boni, Thiago Franc, Julian Benatti”, y con mayúsculas “claro-net-embratel”, que corresponden a tres empresas que en octubre de 2011 se asociaron en Brasil para lanzar un combo de televisión, internet y telefonía. Al final del manuscrito estaba anotado el nombre abreviado “C. SLIM”.

Claro —una de las empresas mencionadas— es una subsidiaria de América Móvil, la empresa de telefonía de Carlos Slim, y fue creada en 2003 en Brasil. Actualmente cuenta con 263 millones de clientes en al menos 15 países. Mientras que Paulo Melo y Francisco Boni, también mencionados en el manuscrito incautado por la policía, coinciden con los nombres de dos ejecutivos de Odebrecht; el primero, exdirector superintendente, investigado por haber participado en la compra de un inmueble para el instituto del expresidente Lula, y el segundo, director de negocios de la constructora brasileña. El mensaje en clave no logró ser descifrado, en parte porque el principal personaje mencionado nunca fue citado a aportar su testimonio.

Preguntas sin respuesta

En Curitiba, el juez Sergio Moro fue el responsable de analizar las pruebas del enorme esquema criminal en torno de la empresa Petróleo Brasileiro, S. A., mejor conocida como Petrobras, en la que el inversionista mayoritario y controlador es el gobierno federal de la nación sudamericana. El operativo que llevó a desmantelar ese esquema de corrupción y lavado de dinero es conocido como Lava Jato, y debe su nombre a que los primeros indicios surgieron en una red de lavanderías, locales de lavado de autos y gasolineras que eran utilizadas por una banda criminal para blanquear capitales. Al jalar la hebra, el Ministerio Público de Brasil descubrió la conexión con Alberto Youssef, un experto en manejo de divisas, que servía de intermediario entre políticos y contratistas para la negociación y entrega de dinero negro, ya sea por transferencias encubiertas con empresas fachada o directamente trasladando él mismo los fajos de billetes en maletines u ocultos en su cuerpo para entregarlos a agentes de gobierno, no sólo en Brasil, sino también en otros países de América Latina en los que sus clientes tenían negocios oscuros. Con Odebrecht, por ejemplo, colaboró para el manejo de fondos a través de la casa de cambio Graco Assessoria e Consultoría Financiera, en la que era director Olivio Rodrigues Júnior, identificado en la red criminal con la clave “Gigolino”, quien llegó a manejar la red de sobornos de la empresa constructora a través de un complejo esquema de al menos 20 empresas fachada en paraísos fiscales de Europa y el Caribe. Los servicios de Youssef se extendían a más compañías que habían integrado un cártel alrededor de Petrobras, acordando porcentajes de obras y contratos a cambio de sobornos a funcionarios o donaciones para campañas electorales. La hebra que llevó a descubrir la cadena de corrupción política fue la compra que hizo Youssef de una camioneta Land Rover blindada, en mayo de 2013, para entregarla a Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras, lo cual representaba un descarado soborno. Tanto Youssef como Costa se convirtieron en delatores ante la justicia brasileña y confesaron que más de 60 políticos —entre los que había un gobernador, diputados y senadores— habían recibido sobornos. Fue ahí donde vino la avalancha que derivó en el encarcelamiento de 160 personas tan sólo en Brasil. El alud alcanzó a una docena de países de América Latina, en donde hubo capturas de políticos de alto nivel, incluidos expresidentes…, con excepción de México, en donde la impunidad se impuso.

En las peticiones de asistencia jurídica que envió a México, en repetidas ocasiones entre julio de 2015 y mayo de 2016, el Ministerio de Justicia de Brasil expuso a la PGR los detalles del operativo Lava Jato, en particular del involucramiento del exministro José Dirceu a través de una empresa contratista llamada Engevix, que en México está asociada con la compañía Double V Holdings, la cual ha obtenido contratos por más de 2 580 millones de pesos en la Comisión Federal de Electricidad durante los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto. Según el expediente compartido por las autoridades brasileñas, Engevix había firmado contratos con Petrobras mediante sobornos, y parte de esos pagos ilícitos se destinaron al Partido de los Trabajadores (PT), que llevó a la presidencia de Brasil a Lula y a Dilma Rousseff. El dinero sucio era recogido por João Vaccari Neto, tesorero del PT, y otra porción se destinaba a Dirceu, quien supuestamente le daba indicaciones a Renato de Souza Duque, directivo de Petrobras encargado de asignar los contratos. Según la investigación, el exministro de Lula habría recibido por lo menos 11 884 205 reales de Engevix. Para justificar esos ingresos recurrió a la simulación de servicios o sobrefacturación de los mismos a través de su despacho JD Assessoria e Consultoria, todo lo cual configura en la ley brasileña crímenes de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

El despacho de asesoría que fue utilizado para ocultar sobornos en el caso Lava Jato es el mismo que en distintos momentos fue contratado por Slim y Salinas Pliego. De ahí el interés del juez Sergio Moro, del Ministerio de Justicia y de los defensores de Dirceu de llamar a los empresarios mexicanos a aportar su testimonio.
Los abogados de Dirceu alegaban que los supuestos sobornos en realidad eran cobros por servicios de prospección de negocios en el extranjero que el exministro de Lula ofrecía a través de su despacho a una cartera de 60 clientes en 20 sectores de la economía, como las industrias de bienes de consumo, telecomunicaciones, comercio exterior, logística, tecnología de la información y la construcción. Ante el juez Sergio Moro argumentaron que su labor como consultor justificaba los 120 viajes a 28 países que el político brasileño había realizado entre 2006 y 2012.

Para sustentar todo lo anterior, solicitaron que se citara a Slim y a Salinas Pliego, para quienes tenían preparadas al menos 15 preguntas, entre ellas las siguientes: “¿Qué los llevó a contratar los servicios de consultoría del exministro? ¿Qué servicios les prestó a ustedes o a sus empresas? ¿Cuál es el resultado de la consultoría prestada por JD Assessoria e Consultoria? ¿En alguna oportunidad, antes o durante el periodo de prestación de servicios, el señor Dirceu ofreció algún tipo de privilegio o ventaja indebido para el gobierno brasileño u otro gobierno en el cual él tendría relación? ¿Todos los pagos a JD Assessoria e Consultoria fueron hechos de manera lícita, por medio de depósitos bancarios, por la empresa? ¿Ustedes consideraron efectivamente prestados los servicios?”

Y había una pregunta clave, con la que los defensores pretendían demostrar que las acusaciones contra Dirceu eran infundadas. Los abogados les querían plantear a Slim y a Salinas Pliego lo siguiente: “En Brasil al señor José Dirceu se le acusa de práctica de crímenes de lavado de dinero porque supuestamente él firmaba contratos falsos que sólo simulaban la prestación de servicios fuera de Brasil, como forma de justificar el pago de coimas [sobornos]. ¿Usted sabe si son verdaderas estas acusaciones y los hechos por los cuales fue denunciado?”

El Ministerio Público Federal, a su vez, tenía listo un interrogatorio para los empresarios mexicanos, con el cual buscaba hallar una posible conexión en México con la empresa que le pagaba sobornos al exministro de Lula. Algunas preguntas que habían preparado los investigadores brasileños para Slim y Salinas Pliego eran: ¿En qué situación y en qué fecha usted conoció a José Dirceu de Oliveira, Gerson de Mello Almada, José Antunes Sobrinho y/o Cristiano Kok (estos tres últimos directivos de Engevix)? ¿Cuánto tiempo duró su relación con ellos? ¿José Dirceu le prestaba servicios de consultoría? ¿Qué empresas representaba Dirceu? ¿Entre ellas estaba Engevix? Si es así, ¿Dirceu estaba acompañado de algún representante de esta  empresa? ¿Él participó, de cualquier modo, para que se efectuaran las contrataciones de las empresas representadas? ¿Usted conoce  la empresa Engevix? ¿Ella presta o prestó servicios en México? ¿En qué época?

Los interrogatorios fueron enviados al gobierno de México el 18 de noviembre de 2015, con una petición urgente del Ministerio de Justicia de responder a más tardar en tres meses, porque se trataba un proceso en curso, en el que los acusados ya estaban presos. Pasó el plazo fijado —y tres meses más— y las preguntas de acusadores y defensores quedaron archivadas, porque la PGR nunca accedió a citar a los testigos.

“No hay fecha prevista para el cumplimiento”, lamentó el juez Sergio Moro el 18 de mayo de 2016, día de la sentencia contra Dirceu. “Es inviable aguardar más”, anotó en el documento judicial en el que se condenó al exministro a 23 años de cár-   cel.20 Había pasado casi un año desde que había solicitado por primera vez el apoyo al gobierno de México. Así que decidió dejar por escrito la negativa a colaborar: “Agréguese que, hasta la fecha, pasaron casi dos meses de que venció el plazo, y los referidos pedidos de cooperación a México todavía no han retornado y parece improbable que se cumplan”. Y líneas más adelante el juez remarcó en el documento de la sentencia: “No tiene esta Corte cómo obligar a México a cumplir con las solicitudes de cooperación enviadas”.

La mano de Osorio Chong

¿Quiénes eran los funcionarios de la PGR que desoyeron la petición de colaboración del juez Sergio Moro y del Ministerio de Justicia de Brasil?

En junio de 2017 le pregunté al entonces subprocurador de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, por qué el gobierno de México había desatendido las peticiones de asistencia jurídica de Brasil vinculadas con la investigación del caso Lava Jato. Extrañado, aseguró que ni siquiera conocía esas solicitudes de colaboración. La misma extrañeza mostró el  subprocurador en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz, encargado de rastrear los sobornos de Odebrecht en México. Ambos funcionarios se integraron a sus cargos en la PGR en noviembre de 2016, y sus antecesores no les reportaron el intenso intercambio epistolar sostenido ese mismo año con las autoridades brasileñas sobre el gigantesco caso de corrupción que en ese momento ya había sacudido gran parte del  continente.  Era  un  asunto importantísimo que —sin embargo— había sido omitido o silenciado.

El anterior subprocurador de Asuntos Internacionales, que desdeñó la petición de colaboración de Brasil, había sido José Alberto Rodríguez Calderón, un incondicional de Miguel Ángel Osorio Chong, en ese entonces poderoso secretario de Gobernación cuyo propio casero —por cierto— había resultado beneficiado con los multimillonarios contratos asignados mediante sobornos por Pemex a Odebrecht en su estado natal, Hidalgo.21 Las casualidades despiertan suspicacias. ¿Había una intención de frenar deliberadamente la investigación de una posible conexión de Lava Jato en México?

Rodríguez Calderón fue nombrado subprocurador en marzo de 2015 por la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, y a los cuatro meses —en julio— fue turnada a su despacho la primera petición de apoyo del juez Sergio Moro, la cual nunca fue atendida. El desdén continuó en los meses siguientes, cuando cada solicitud de colaboración fue desechada. Inexperto en temas de justicia internacional, su perfil era muy ajeno al de un diplomático dispuesto a colaborar con sus pares en el extranjero. Su ascenso en la política se había dado de la mano de dos paisanos: Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo nombró procurador cuando fue gobernador de Hidalgo (2005-2011), y Jesús Murillo Karam, quien le cedió su curul cuando pidió licencia en la Cámara de Diputados en diciembre de 2012 para integrarse al gabinete de Peña Nieto. La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales fue un simple escalón en la trayectoria del abogado hidalguense, pues al año siguiente de haber asumido el cargo Osorio Chong lo nombró director del Sistema Penitenciario Federal. Se fue cuando más se requería la colaboración entre países para enfrentar y resolver el magno caso de corrupción trasnacional. Tal vez para entonces ya había cumplido su verdadera encomienda: la de frenar o  desviar —al menos momentáneamente— el primer gran obús que amenazaba con hacer estallar el caso Lava Jato en México.

 

Raúl Olmos

Literal

Mentiras

La conferencista Elizabeth Costello reaparece en Siete cuentos morales (El hilo de Ariadna/Literatura Random House, 2018), el más reciente libro de J. M. Coetzee (Ciudad del Cabo, 1940), tras protagonizar la novela titulada con su nombre —publicada en 2003­— y aparecer en Hombre lento (2005). Costello resulta un álter ego femenino del escritor sudafricano ganador del Nobel, personaje marcado por un potente compromiso ético. Presentamos uno de los relatos que integran el espléndido volumen, cuya traducción al español fue publicada antes que la edición inglesa. Coetzee aseveró que “elegir no publicar en inglés era ‘un gesto’, parte de su ‘distanciamiento’ de un idioma en cuya visión del mundo no cree”.


Querida Norma:

Te escribo desde San Juan, en el único hotel que existe aquí. Esta tarde fui a visitar a mamá: en auto es un viaje de media hora por un camino tortuoso. Su estado es tan malo como suponía, incluso peor. No puede caminar sin bastón y, aun así, lo hace muy lentamente. Desde que volvió del hospital no pudo subir al piso alto. Duerme en el sofá de la sala. Trató de que le bajaran la cama, pero le dijeron que la habían construido ahí arriba y que si intentaban moverla la destrozarían. (¿Penélope no tenía una cama similar, la Penélope de Homero?).

Todos sus libros y papeles están en el piso superior: abajo no hay lugar para ellos. Mamá se irrita y dice que quiere trabajar en su escritorio, pero no puede.

Hay un hombre que se llama Pablo que ayuda en la huerta. Pregunté quién hace las compras. Ella dice que vive a pan y queso, más lo que se cosecha en la huerta, y que no necesita nada más. De todos modos, le dije, ¿no podría conseguir que alguna mujer de la aldea viniera para limpiar y cocinar? No quiso escucharme: dice que no tiene contacto con la gente de la aldea. ¿Y Pablo?, le dije. ¿No es él parte de la aldea? Pablo es responsabilidad mía, contestó, no forma parte de la aldea.

Por lo que pude ver, Pablo duerme en la cocina. Vive medio en Babia como se dice eufemísticamente; quiero decir que es idiota, bobo.

No he planteado aún la cuestión principal; quería hacerlo, pero no tuve coraje suficiente. Se lo diré mañana. No tengo demasiadas esperanzas. Mamá se muestra distante conmigo. Con perspicacia, creo, sospecha por qué vine.

Que duermas bien. Cariños para los chicos.

John

 

—Mamá, ¿podemos hablar de las disposiciones que has tomado? ¿Podemos hablar del futuro?

Sentada en su viejo y severo sillón, construido sin duda por el mismo carpintero que construyó la cama que no se puede trasladar, la madre no dice ni una palabra siquiera.

—Te darás cuenta de que Helen y yo estamos preocupados por ti. Tuviste una caída grave y con el tiempo tendrás otras. Ya no vas para joven y esto de vivir sola en una casa con escaleras empinadas en una aldea donde no te llevas bien con los vecinos… francamente no parece ya algo viable.

—No vivo sola —responde la madre—. Pablo vive conmigo. Cuento con él.

—Está bien, Pablo vive contigo, pero ¿puedes contar con él en caso de una emergencia? ¿Te sirvió de ayuda la última vez? Si no hubieras podido telefonear al hospital, ¿dónde estarías ahora?

En el mismo momento de pronunciar esas palabras, se da cuenta de que ha cometido un error.

—¿Que dónde estaría? —replica la madre—. Da la impresión de que sabes la respuesta, entonces, ¿por qué me lo preguntas? Supongo que estaría bajo tierra, devorada por los gusanos. ¿Eso es lo que esperabas oír?

—Por favor, mamá, tienes que ser razonable. Helen ha estado averiguando y ha ubicado dos lugares que no están muy lejos de su casa donde te cuidarían bien y donde ella cree que te sentirías a gusto. ¿Me dejas contarte?

—Dos lugares. Cuando dices lugares, ¿quieres decir instituciones? ¿Instituciones en las que me sentiría a gusto?

—Mamá, puedes llamarlas como se te antoje, puedes burlarte de Helen y de mí, pero no puedes modificar los hechos, los hechos de la vida. Ya tuviste un accidente grave y todavía estás sufriendo las consecuencias. Tu estado general no va a mejorar. Por el contrario, lo más probable es que empeore. ¿Te imaginas lo que sería quedar postrada en esta aldea dejada de la mano de Dios contando solo con Pablo para atenderte? ¿Has pensado en lo que sería para Helen y para mí saber que necesitas que te cuiden y no poder hacerlo? No podemos venir volando miles de kilómetros todos los fines de semana, ¿no es cierto?

—No espero que lo hagáis.

—Tú no lo esperas, pero es lo que tendremos que hacer, es lo que uno hace cuando ama a alguien. Hazme entonces el favor de escucharme con calma mientras te explico las alternativas. Mañana, o pasado mañana o el día después, dejaremos este lugar y nos iremos a Niza, a casa de Helen. Antes de partir, te ayudaré a empacar todo lo que es importante para ti, todo lo que quieras conservar. Lo pondremos en cajas y lo dejaremos listo para que lo envíen apenas te instales.

Una vez en Niza, te llevaremos a ver los dos hogares que te mencioné; uno en Antibes y el otro en las afueras de Grasse. Podrás recorrerlos y ver qué te parecen. No te vamos a presionar, de ninguna manera. Si no te gusta ninguno de los dos, puedes quedarte en casa de Helen mientras buscamos otro; hay mucho tiempo.

Lo único que queremos es que estés conforme, conforme y protegida; ése es el fin. Queremos estar seguros de que, si hay algún percance, tendrás alguien cerca que te cuide.

Sé de sobra que no te gustan esas instituciones. Tampoco a mí; ni a Helen. Pero llega un momento de la vida en el que tenemos que transigir y hallar un punto intermedio entre lo que queremos y lo que es conveniente, entre la independencia y la protección. Aquí en España, en esta aldea, en esta casa, careces totalmente de seguridad. Sé que no estás de acuerdo, pero esa es la cruda realidad. Podrías enfermarte y nadie se enteraría. Podrías tener otra caída y quedar inconsciente con los miembros fracturados. Podrías morirte.

La madre hace un gesto con la mano, como si descartara esa posibilidad.

—Los lugares que te proponemos no son instituciones al estilo antiguo. Están bien instaladas, bien dirigidas, tienen supervisores. Son caras porque no reparan en gastos para cubrir a sus clientes. Uno paga y consigue así una atención de primera. Si los gastos generaran alguna dificultad, Helen y yo haremos nuestro aporte. Tendrás un departamentito para ti; en Grasse también puedes tener un pequeño jardín propio. Puedes comer en el restaurante o hacer que te lleven la comida al departamento. En los dos lugares hay gimnasio y piscina; tienen servicio médico permanente, y también fisioterapeutas. No serán precisamente un paraíso, pero son lo más próximo al paraíso que puede pretender una persona en tu situación.

—Mi situación —dice la madre—. ¿Cuál es exactamente mi situación, para ti?

Él levanta las manos exasperado.

—¿Quieres que te lo diga? ¿Realmente quieres que lo diga?

—Sí, aunque solo sea para cambiar, como un ejercicio, dime la verdad.

—La verdad es que eres una anciana que necesita que la cuiden. Y un hombre como Pablo no puede hacerlo. —La madre niega con la cabeza.

—No esa verdad. Quiero la otra verdad; la verdad sin rodeos.

—¿La verdad sin rodeos?

—Sí, la verdad sin rodeos.

 

Querida Norma:

“La verdad sin rodeos”, eso me pedía, o tal vez me imploraba.

Sabe perfectamente cuál es, tanto como yo, de modo que no tendría por qué resultarme difícil pronunciar las palabras concretas, pero me sentía irritado por tener que hacerlo: irritado por haber tenido que viajar tanto para cumplir una obligación que nadie nos agradecerá, ni a ti, ni a Helen ni a mí, al menos no en este mundo.

Pero no pude. No pude decirle en la cara lo que no tengo dificultad alguna en escribirte aquí ahora: La verdad sin rodeos es que te estás muriendo. Que ya tienes un pie en la tumba. La verdad es que eres impotente y que mañana lo serás más aún, y que así seguirás día tras día, hasta que llegue un día en que no haya ayuda que te sirva. La verdad sin rodeos es que no estás en situación de negociar. Que no puedes decir “No” y detener la marcha del reloj. No puedes decirle “No” a la muerte. Cuando la muerte te dice “Ven”, tienes que agachar la cabeza y seguirla. Por lo tanto, acepta. Aprende a decir “Sí”. Cuando te digo que abandones la casa que ha sido tuya en España, que dejes los objetos que te son familiares, que vengas y aceptes vivir —sí— en una institución en la cual una enfermera de Guadalupe te despertará por la mañana con un vaso de jugo de naranjas y un saludo alegre (Quel beau jour, Madame Costello!), cuando te digo todo esto, no frunzas el ceño, no te empaques. Dime que sí. Que estás de acuerdo. Dime: “Estoy en vuestras manos”. Y aprovecha lo que puedas.

Querida, llegará el día en que a nosotros también tendrán que decirnos la verdad, la verdad sin rodeos. ¿Hacemos un pacto? Prometámonos mutuamente que no nos mentiremos, que por difíciles que sean las palabras concretas, las pronunciaremos. La situación no va a mejorar; va a empeorar, y seguirá empeorando hasta que ya no pueda empeorar más, hasta que llegue lo peor de todo.

Tu marido que te quiere,

John

2011

 

J. M. Coetzee
Escritor. Ha publicado Desgracia, Infancia, Juventud, Elizabeth Costello, Hombre lento, Diario de un mal año, La infancia de Jesús y Los días de Jesús en la escuela, entre otros libros.

Traducción de Elena Marengo.

Cabos sueltos

Un uso de asterisco

Sostiene un experto que el Diario di Ferdinando IV di Borbone (1796-1799), rey de Nápoles, es “el único diario verdadero de un monarca conocido”. Admirable e inescrutable Providencia, habría exclamado uno de nuestros antiguos, que de cuantos diarios de soberanos han sido escritos —si es que alguna vez lo fueron— tan sólo éste haya llegado hasta nosotros, precisamente éste que muestra bajo el manto de la realeza a un hombre cualquiera, a alguien bastante por debajo de un hombre cualquiera; un hombre elemental, rudimentario, vacuo. Son quinientas sesenta densas páginas, pero los temas dominantes son tan pocos que de una o dos de sus anotaciones se desprenden todas las demás. Esta es típica:

Miércoles, 2 de mayo de 1798. He dormido bien. Me he levantado a las cinco y media, me he vestido, he oído la Santa Misa, he ido a la Favorita, han entrado bastantes codornices, y luego al Grannatello, donde he cazado hasta las nueve y he regresado. Me he cambiado, he escrito, y a las diez y cuarto ha llegado de Caserta mi esposa. Hemos estado juntos conversando. Al mediodía he comido en compañía y descansado durante una hora. De nuevo conversación con mi esposa, de quien he recibido mil finezas.* Desde las cuatro he tenido sesión con mi Esposa, Acton, Gallo y Castelcicala, hasta las siete, cuando mi esposa se ha ido a Caserta. He recibido la Santa Bendición, realizado el Consejo, jugado un poco con el Prior y a las diez he tomado un bocado y me he acostado. Tiempo por la mañana, bueno; después de comer, nubes de siroco”.

La frase sobre las finezas recibidas de su esposa, seguida de un asterisco, aparece a menudo en el diario. Fernando anotaba con un asterisco las relaciones íntimas con su esposa, María Carolina. Los humores de la esposa son en realidad el tema dominante de estas páginas. Estos y las variaciones del tiempo, de modo que el diario se configura como un boletín meteorológico a dos bandas. Al tiempo soberbio le corresponden las mil finezas, al tiempo “fastidioso”, al “siroco nublado e impetuoso”, al “viento frescachón de mistral”, al “enfurruñado con fuertes lluvias y vientos”, a los “aguaceros” y a los “chaparrones”, los frecuentes arrebatos de mal genio de María Carolina, cuyo rostro afilado, adusto y obstinado (al que tan bien conviene la palabra napolitana “incornatura”), tal como nos lo muestran los retratos, no promete nada tierno. Procedente de una corte relativamente refinada como la austriaca, no enamorada del marido, el cual además de ser feo (el epíteto del rey “Nasone” no hace justicia a su caricaturesco semblante) tenía desagradables costumbres, descritas también por su cuñado el emperador José cuando fue a visitarlo a Nápoles, María Carolina hizo de él el blanco de sus burlas. Aunque el rey recibiese a menudo la alegría de las mil finezas otorgadas por su mujer, y señaladas con el correspondiente asterisco, con mayor frecuencia tiene que observar cosas como “las mediocres maneras de mi esposa” o “cosas infames y de tal calibre que he necesitado toda la ayuda de Dios para sufrirlas en silencio”. El rey tenía ciertos trastornos corporales (“un feroz cólico con ciega descarga por arriba y por abajo”, “he tenido que correr con los calzones en la mano”, “mientras estaba dando reparo a mis revueltos países bajos”); registra así un arranque de su mujer: “perdiéndome el respeto ha cogido y ha tirado al suelo mi sombrero y mi bastón y me ha echado como a un perro: ¡Vete al gabinetto!”. No era el gabinetto en el sentido de “biblioteca” sino en el de “retrete”.

 

Fuente: Mario Praz, Gusto neoclásico (traducción de Carmen Artal), Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

Cabos sueltos

Cincuenta escalones

El poeta Bilhana vivió en la India posiblemente en el siglo XI. Nativo de Cachemira, se trasladó a la corte de un rey de la India meridional. Según cierta leyenda el rey tenía una hija que crecía en hermosura como la luna en su quincena luminosa. Bilhana recibió el encargo de instruirla en poesía. Entre ellos se tendió un hilo amoroso. Un día la princesa repasa a solas la ciencia del erotismo, estudio indispensable para los poetas de la época; el deseo se apodera de ella y al día siguiente vocea su anhelo: “En vano florece la flor del loto si no la bañan los rayos de la luna, y en vano brillará el astro si no derrama su esplendor sobre el cáliz del loto”. El decoro se derrumba y ambos vivifican en la carne lo que sólo debían expresar con palabras. Los espías del rey los delatan; los soldados del rey aprehenden al poeta. El rey lo condena a morir por empalamiento y se disponen los cincuenta escalones al cadalso. Al comenzar el ascenso, el poeta rememora las escenas del gozo pasado y a cada peldaño va recitando un poema. Cuando llega al escalón cincuenta, el rey, atónito, le perdona la vida y lo deja casarse con su hija. Uno de los poemas dice: “Aún hoy la recuerdo,/ coreógrafa de la danza erótica,/ curvada por el volumen de los pechos,/ por las nalgas redondas,/ con su cuerpo delgado/ agitado por la voluptuosidad/ y su cara hermosa/ como la luna llena/ cubierta por una redecita de mechones/ en desorden”.

 

Fuente: Bilhana. Los cincuenta poemas del amor furtivo (versión de Óscar Pujol), Hiperión, Madrid, 1995.

Cabos sueltos

Sólo en la mente de la máquina

En 2016, cuando el software de Google AlphaGo derrotó a Lee Sedol, uno de los mejor ranqueados jugadores de go en el mundo, algo crucial cambió en la historia de los seres humanos jugando contra máquinas. En su segundo juego, AlphaGo dejó estupefactos a Sedol y a los espectadores al poner una de las piedras del juego hasta el otro lado del tablero, como si abandonara la batalla en curso. Fan Hui, otro jugador profesional de go que veía el juego, se quedó perplejo desde el principio. Luego comentó: “No es una jugada humana. Nunca he visto a un ser humano hacer esta jugada”. Y añadió: “Algo tan hermoso”. Nadie en los 2,500 años de historia que tiene el juego había jugado nunca de esa manera. AlphaGo siguió hasta ganar el juego, y la serie.

Los ingenieros de AlphaGo desarrollaron el software alimentando a una red neuronal con millones de jugadas de jugadores expertos en go, y luego la pusieron a jugar millones de veces, rápidamente, aprendiendo nuevas estrategias que superaron a las de jugadores humanos. Tales estrategias, más aún, son incognoscibles: podemos ver las jugadas que hace AlphaGo, pero no cómo decide hacerlas.

El mismo proceso que Google Translate utiliza para conectar y transformar palabras que puedan aplicarse a cualquier cosa descrita matemáticamente, como las imágenes. Dado un grupo de fotografías de mujeres sonrientes, mujeres no sonrientes, y hombres no sonrientes, una red neuronal puede producir imágenes del todo nuevas de hombres sonrientes, como pudo verse en un estudio que publicaron en el 2015 investigadores de Facebook.

Un proceso similar ya está en marcha en tu smartphone. En 2014 Robert Elliott Smith, un investigador en inteligencia artificial del University College London, navegaba con un Google+ por fotos de la familia en vacaciones cuando reparó en una anomalía. En una imagen él y su esposa estaban sentados en una mesa en un restaurant, los dos sonriendo a la cámara. Pero esta fotografía nunca fue tomada. Ocurrió que el padre de Smith había apretado de más el botón de su iPhone, y el resultado fue una explosión de imágenes de la misma escena. En una de ellas, Smith estaba sonriendo, pero su esposa no; en otra, su esposa sonreía pero él no. A partir de estas dos imágenes, separadas por fracciones de segundo, los algoritmos ordenafotos de Google hicieron aparecer una tercera: una amalgama en la que ambos sujetos estaban sonriendo. El algoritmo era parte de un paquete luego rebautizado Assistant, que opera una gama de alteraciones en imágenes subidas: aplica filtros nostálgicos, hace animaciones cautivadoras, y así. En este caso, el resultado fue la fotografía de un momento que nunca tuvo lugar: un falso recuerdo, una reescritura de la historia. Aunque se basaba en algoritmos escritos por humanos, esta foto no fue imaginada por ellos. Era pura invención de la mente de una máquina.

 

Fuente: Harper’s, julio 2018.

Cabos sueltos

De Gaulle, por goliza

El reseñista de un libro sobre Emmanuel Macron dice que el presidente francés “es cerebral, incluso para los estándares franceses. Es difícil imaginarse a cualquier otro líder diciéndoles a sus entrevistadores: ‘Me he pasado mucho tiempo leyendo a Kant, Aristóteles, Descartes’”. Un lector observa que, si se trataba de soltar nombres, debía recordarse que el presidente Charles de Gaulle (1890-1970) publicó en 1932 su libro El filo de la espada donde menciona los cursos que tomó en la École de Guerre cuando era capitán de infantería a los treintaiséis años de edad; De Gaulle cita, entre varios otros, a Goethe, Bergson, Bacon, Flaubert, Sócrates, Tolstoi, Shakespeare, Villier de l’Isle-Adam, Cicerón, Maeterlinck y Heine. Marcador: De Gaulle, 11; Macron, 3.

 

Fuente: TLS, julio 19, 2018.

Puerto libre

Nada del otro mundo

Dice mi hermana que ella en los últimos tiempos empieza a sentir rencor por las cosas. Envidia su inalterable sobrevivencia. Seguirán aquí mucho tiempo después de nuestra muerte.

La lírica de sor Juana, mi primer iPad, la cajita en la que guardaba mi abuela sus monedas, las sillas de mi comedor, que fueron las del comedor de la infancia de mi mamá en los años veinte, la pluma de tinta verde con la que firmaba mi papá, la perfecta alacena blanca que nos dejó doña Emma, la máquina de escribir en la que conté mis primeros libros, la talavera. Nada del otro mundo y todo de otros mundos.

Ilustración: Gonzalo Tassier

El mapa de dos metros por dos metros que acaba de tocarle a una de mis primas, era de mi abuelo y antes de nuestro bisabuelo. La caja que cargué desde China, una suerte de cesta de cestas, pero en madera laqueada, valdrá más de lo que costó porque hablará del viaje al oriente inequívoco y de que alguien, en el siglo XVIII, la usó para llevar el donativo de sus nupcias, sin presentir que en el siglo XXI sería de tantos elogiada por sólo haber sobrevivido. El biombo de Olinalá y sus doscientos dibujos labrados con varias tintas siempre estará diciendo que tras él hay un mundo prodigioso que nos empeñamos en no ver y que a pesar de nosotros permanece. Pero también las diminutas sillas con los asientos tejidos de palma que hace meses los niños juegan a mirar y aventar como si fueran pelotas, aquí andarán cuando ellos vayan a la universidad y las flores del sepulcro que empiezan a salirme en las manos hayan dejado de inquietar mi presente.

Abismada en la cumbre de estas elucubraciones me encontraba, cuando llegó la implacable Virginia con su cauda de historias. Saben ustedes que Virginia es mi Scherezada, pero se los recuerdo. Trajo con ella la amenaza de la vitamina B12 que hay que ponerse contra el cansancio y los moscos del camino antes de emprender un viaje. La jeringas. Esas son cosas contra las que, ahora, no se puede tener ningún resentimiento. Viven sólo minutos. Luego dejan de ser amenazantes y se van al basurero, a contaminar con su plástico algún lugar del planeta que ha de volver a castigarnos por botarates. Así como ha llegado el sargazo a las playas de nuestro Caribe, algo llegará a alguna parte a vengarse con otros de lo que hoy aventamos. Algunas cosas se irán de todas las memorias. Otras se van quedando, cerca, dormidas, agazapadas, en lo alto de los muebles que no queremos vaciar del todo para que dure un poco más la adolescencia de los hijos.

En el cuarto de junto a mi cuarto vivía Catalina. Años estuvo sin dormir aquí, más que de vez en cuando, pero seguían ahí sus muchas cosas del pasado reciente. Porque todo su pasado es reciente.

Cuando el temblor, hubo que sacar algunas para hacerles espacio a los juguetes y la ropa de los bebés huérfanos de casa que aquí tuvieron asilo a cambio de alegrías. Pero tanto quedó que los inermes armarios seguían como si nada. Sin poder defenderse de su carga. Hasta que hace poco pasó por aquí la ráfaga de instrucciones que puede caber en la cineasta y dijo como quien canta un aria de Puccini, Verdi sería una ligereza: “de esto que dejo, ya no necesito nada. Si alguien lo quiere se lo puede llevar”.

Aunque tanto hable yo del pasado, la verdad ando todos los días metida en el futuro, así que no hice nada por mover nada. Sin embargo algo dije porque José y Gerardo, dos caballeros entusiastas que a menudo trabajan por estos lares, compartieron con parientes y amigos la noticia de que podían pasar a ver si algo encontraban. Y empezamos a pasar todos por el mar de sargazos que parecía ese cuarto. Yo rescaté una bolsa y unos calcetines que se me habían perdido hace quince años. Y así hasta que en definitiva se fue yendo lo colgado y lo que estaba en los cajones. Desde lápices hasta cuentas de plástico, desde un trozo de crema de cacao hasta un esmalte de uñas, desde cuadernos empolvados hasta sobras del papel cascarón para tareas del colegio. El ruin paso del poco tiempo. Porque unos años de parcial abandono no deberían ser para tanto. Cosas sin más historia que la humedad pero, de vez en cuando, alguna reliquia. El último día, sin duda. Porque faltaban las tablas de hasta arriba. Ésas que ya nadie quiere ni imaginar lo que les cabe. Ésas con las que ningún ser vivo, como no sean las hormigas, quiere meterse más. Porque de ahí puede salir una polvareda que alcance hasta Navidad.

—Venga usted a ver el tiradero que hay aquí —dijo Virginia.

Y en efecto. Ni para irlo contando. Más de todo. Y quimeras. Pero al fondo, como un enigma resuelto en segundos: la ropa diminuta con que vestí a mis hijos el día en que nacieron. ¿Cómo es que la guardé? Tan llena de presente como estaba cuando tenía treinta años, guardé esas dos piyamas. ¿Imaginé lo que sería mirarlas una mañana que gracias a su encuentro quedó rescatada del más común de mis comunes días? ¿Será que las enmarco? ¿Será que las tiro antes de que deban tirarlas mis hijos? ¿Será que le tomo una “mía de mí” a la sonrisa con que las estoy viendo?

Nada. Voy a seguir guardándolas. Ahora en uno de los cuatro cajones de mi escritorio. Para que estén más cerca si necesito llorar un poco alguna tarde. Aquí, bajo el cajón de los anteojos y los sobres. Gran cajón éste en el que también está una pluma que quien me regaló quiso llamar, en su discurso, estilográfica, porque no podía ser bolígrafo el agradecimiento que me entregó la presidente de un grupo de mujeres, asociadas porque todas venden materiales para la construcción. Abro la caja en que duerme. Es un artilugio muy sofisticado. La mitad de una piedra azul, la otra de un metal blanco. Qué mujeres fantásticas las que me la compraron. Hablé con ellas de la imbricada relación entre vida laboral y vida privada. Sabían mucho más que yo, pero me hicieron creer lo contrario. Por algo se dedican a la venta de cemento y cucharas de albañil, picos y palas, clavos y martillos. Mujeres inteligentes, industriosas, con los zapatos en la tierra. Dedicadas a un raro quehacer que nadie considera extraordinario y que sin duda ayuda más al mundo que el lento divagar con el que escribo. Pero escribir, ¿quién se los hubiera dicho a otros?, ahora es un quehacer que goza de prestigio, que amerita un regalo, que se agradece. Vergüenza debería darme entretener el tiempo en este juego, en cambio tengo una estilográfica tan preciosa que nunca la uso. Está guardada, esperando que alguien la herede y piense en mí cuando le toque en suerte.

No tengo mucho que dejar, poco más de lo que aquí enumero, pero irlo recontando me ha puesto a sentir, como a mi hermana, un poco de rencor por estas cosas.

 

Ángeles Mastretta
Escritora. Autora de El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores, Mujeres de ojos grandes y Arráncame la vida, entre otros títulos.

Tangente

Arte del tacto

A finales de enero de 1801 Charles Lamb le escribía una carta a William Wordsworth. Rechazaba una invitación a pasar una temporada en el campo con él. Lo mío es la ciudad sucia y ruidosa. Prefiero las calles polvorientas de Londres, las sorpresas y amenazas de la noche, la sordidez de algunos barrios a esa naturaleza repetitiva, silenciosa, muerta a la que dedicas tantos poemas. Mis únicos amantes son mi silla, la mesa en la que como y el librero que me sigue como un perro fiel (pero un poco más inteligente). También discrepa del tono que domina su literatura. En la carta le agradece el envío de sus baladas líricas y las elogia. Pero tras el piropo suelta las razones de una discrepancia esencial. En tus poemas encuentro una falla: hablan imperativamente. Tu voz instruye, como si estuviera dictando cátedra. Tus ideas no se resbalan en el oído, se imponen. “Un lector inteligente —dice Lamb— sentiría como un insulto que le digan qué pensar”. ¿Escribir con la ambición de que el lector piense como uno? ¡Qué indigno!

Ilustración: José María Martínez

Lamb defendía la evasiva. Escondía su propia pluma. Los dos volúmenes que publicó en vida son atribuidos a un autor imaginario. En los Ensayos de Elia Lamb escribe de las brujas y de la galantería moderna; de las orejas y del préstamo de libros; del cerdo rostizado y de sus borracheras. Habrá cedido la autoría de sus divagaciones a Elia, pero como bien dijo con admiración Tito Monterroso, “es probable que después de Montaigne nadie se haya desnudado ante el público en otro libro de tan buena fe”. Lamb no se maquillaba. En el estreno de una obra suya se unió a la rechifla. Llegó a la conclusión de que era malísima. Así lo retrató Monterroso: “Charles Lamb era un hombre bajito, tímido y sarcástico, cosas que, si uno se fija, tienden siempre a juntarse; y es el autor de los Ensayos de Elia, a través de los cuales dejó un testimonio de cómo, pase lo que pase, después de todo el mundo puede ser visto con una sonrisa”.

Un libro reciente1 ve en Lamb un ejemplo del “arte del tacto”. Los ensayos de Lamb, efectivamente, expresan una manera de abordar el mundo, una forma de relacionarse con otros, de expresar las emociones que nos despierta la vida. David Russell identifica una tradición literaria y aun una actitud política en ese arte: apreciar el encuentro sobre el conocimiento, el trato estético por encima del juicio racional. Se refería a una percepción táctil que abraza la ambivalencia, la fugacidad, la imperfección. El arte del que habla Russell es un estilo pero es también una política: liberalismo estético, lo llama.

En los ensayos de Lamb las manos son órganos del entendimiento. Los dedos se deleitan en lo concreto, es decir, en lo palpable. No arguyen: gozan y comprenden. Bajo la aparente trivialidad de sus temas —las delicias de un guiso común o la porcelana antigua— se expone una sensibilidad que es ejemplo de sociabilidad. En su ensayo sobre las imperfectas simpatías desarrolla esa noción de civilidad. El autor se confiesa prejuicioso. No quiero a todo mundo, quiero a los míos y detesto en particular a los escoceses. Ejercía ese permiso del estereotipo al que recurre el humor y que hoy parece inadmisible. Le impone ese gentilicio al pensamiento rotundo y completo que se ciega a lo incoherente y a lo incompleto. Reconoce que su simpatía está en las inteligencias que no aspiran a la totalidad, que no codician la exactitud. Lamb expresa su amor por la insinuación, por la ligereza expresiva, por el hallazgo crudo, por las ideas incompletas. Nosotros, antiescoceses, nos vestimos con retazos. Nuestra ropa no está hecha de telas completas porque nos alegra la dispersión de los fragmentos. Nuestra única ambición es captar las escurridizas pistas de la verdad. Porque la luz parpadea reconocemos que todo es fugitivo. Nosotros, dispersos e incoherentes, somos más atentos que pacientes. No hace falta que nuestras ideas estén perfectamente cocinadas para compartirlas porque sabemos que nunca alcanzarán su punto. Nosotros, los fragmentarios, no somos tan serios como para hablar siempre bajo juramento.

Los sistemáticos pertenecen a otra raza. Nunca verás el crecimiento de sus ideas porque abrirán la boca hasta el momento en que hayan acoplado las mil piezas de una relojería. El sistemático no sugiere nada: descarga la pila de sus conclusiones en perfecto orden y en redonda simetría. Jamás sospecha de sí mismo. La intuición, el instinto, las concepciones embrionarias, la sospecha no tienen sitio en su vocabulario. Todo en él es demostración inapelable.  El sistemático es un hombre de fe. Si es ortodoxo, no duda. Si es hereje, tampoco. Nunca busques ir de excursión con el sistemático, advierte Lamb. Te enderezará siempre que te seduzca la improvisación para seguir su fijo y aburrido itinerario. Y cualquier metáfora será para él un crimen de pensamiento.

Como juego de sensible inteligencia, el ensayo es un modelo político, dice David Russell en su lectura de este liberalismo estético. Del pacto social al tacto social. Tocar el mundo, conocer al otro con las manos implicaría renunciar a la rudeza de las abstracciones. Liberalismo no de la neutralidad sino de la sensualidad.

 

Jesús Silva-Herzog Márquez
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Entre sus libros: La idiotez de lo perfecto y Andar y ver.

Pasaporte, por favor

Resucitar la misión de las ediciones universitarias

En su libro A la sombra de los libros, publicado hace diez años, Fernando Escalante explicó cómo la industria editorial ha sido engullida por la industria del espectáculo, con la que se ha integrado de manera vertical, por medio de los tres o cuatro grandes grupos comerciales que han ido copando el mercado de producción del libro. Este proceso se logra a través del control de las instancias que median entre la publicación de un libro y sus potenciales lectores —es decir, los periódicos, las revistas culturales, la publicación de reseñas, el otorgamiento de premios, y el acceso al radio, la televisión y redes sociales. Hoy la industria editorial busca ediciones de tirajes largos, que vendan bien y rápido. No se busca una vida larga en los anaqueles, sino un consumo amplio e inmediato.

Esta economía resulta costosa para los países de habla hispana porque —con raras excepciones— nuestros núcleos de lectores habituales son tan pequeños que sus gustos quedan borrados por una producción de libros que se tiene por fuerza que orientar en primer lugar a los lectores ocasionales, que son los que pueden agotar ediciones de libros que tiran, digamos, diez mil ejemplares, en vez de los consabidos mil ejemplares que antes tiraban editores de prestigio tipo Joaquín Mortiz, Paidós o Siglo XXI. De esa manera se van desatendiendo los apetitos de los lectores más exigentes, que se pierden en los de los lectores ocasionales, cosa que termina afectando el contenido mismo de la producción cultural, que tiende a acariciar la curiosidad de lectores que procuran entradas amables a temas de interés más o menos general. El resultado, también, es que se va extinguiendo el prestigio que antes podía granjear una obra importante, pero de lectura exigente. En el mundo editorial de hoy la democratización del gusto —que tiene tanto de saludable— ha ido de la mano de la decadencia de la producción cultural, digamos, más aristocrática. El efecto cultural de esta dictadura de la medianía termina empobreciendo a la cultura. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo recuperar espacios de genuino descubrimiento cultural?

Ilustración: Patricio Betteo

De cara al final de las editoriales pequeñas importa repensar el papel que se han asignado a las editoriales universitarias latinoamericanas, porque ellas son, hoy por hoy, las únicas que operan en una economía distinta. Finalmente, el trabajo editorial forma parte de la misión del quehacer universitario, que defiende la diseminación del conocimiento como su razón de ser. Así, las universidades no publican por negocio, sino porque el conocimiento que generan es y debe ser público. Por eso, también, la inversión de las universidades en sus editoriales no viene justificada tanto por niveles de venta, por más que la venta guste, sino, justamente, por el cumplimiento cabal de la misión de la universidad como institución de educación e investigación.

Por esta razón las ediciones universitarias están en situación de recrear el nicho que antes ocupaban las pequeñas editoriales de prestigio, que vivían de estimular los apetitos de los mejores lectores, quienes luego influían y guiaban el interés del gran público, por la sencilla razón de que sabían más.

Sólo que para conseguir esto haría falta, para empezar, terminar con el mal hábito de las coediciones.  Las coediciones entre casas universitarias y grandes editoriales comerciales le venden a los autores el espejuelo de que sus libros circularán como los que publican las casas comerciales, pero es usualmente una promesa vana: si las casas editoriales comerciales pensaran que los libros universitarios se fueran a vender a granel, los contratarían y se evitarían compartir regalías. Lo cierto es que las casas comerciales saben perfectamente que los libros que publican en coedición venderán poco, pero acceden a ellas porque las universidades se las compran de antemano, a cambio de la promesa de conseguir una mejor distribución.

El costo de esta distribución superior —que, dado el desastre de la distribución de las casas universitarias en México, es real— resulta ser, al final, bien elevado, porque las coediciones desdibujan el papel fundamental que debe tener el sello, que es servir de guía y de garantía para el lector. Así, la coedición desdibuja el perfil de los sellos editoriales, no sólo de las casas universitarias, sino también de las casas comerciales, que deben tomar medidas para diferenciar sus propios productos del de las coediciones (por ejemplo, evitando colocar las coediciones en las mesas de novedades de Gandhi, o usando sus periódicos y revistas sólo para publicitar las obras propiamente comerciales).

Un giro en contra de las coediciones tendría que suplementarse con un compromiso altamente selectivo por parte de las editoriales universitarias, para así poder pelear por el nicho que ha sido abandonado por la industria editorial y del espectáculo: el de los lectores habituales, que son, recordemos, los lectores más conocedores y más exigentes. Para esto las editoriales universitarias tendrían que adoptar una política inflexible en contra de publicar textos sin mayor chiste, y comprometerse con un papel responsable que actualmente no asumen, que consiste en guiar a sus lectores a obras que los alimenten, aunque sea en ediciones pequeñísimas.

La edición en español necesita volver a crear espacios de genuino prestigio. Para conseguir esta meta requiere editoriales que estén dispuestas a perder dinero a cambio de cumplir esta misión. Las únicas casas que están en esta situación, hoy, son las editoriales universitarias. Sólo que para desempeñar ese papel tendrán que abandonar el mal hábito de las coediciones, y hacerse del valor de rechazar textos faltos de interés, aunque provengan de la pluma de sus propios investigadores.

 

Claudio Lomnitz
Profesor de antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de La nación desdibujada. México en trece ensayos y El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, entre otros libros.

Hablando de otra cosa

Amotinados

A principios del siglo XIX Vincenzo Cuoco recordaba efusivamente la rebelión de Masaniello. No tenía nuestras luces, decía, pero tampoco nuestros vicios, y nunca quiso otra cosa más que servir a la nación. Por eso pudo enfrentarse a la inmensa fuerza del imperio español. Por supuesto, el modelo cultural bajo el que se entiende la historia de Masaniello es el de David contra Goliat, que siempre es igual de conmovedor. Y sirve de patrón para imaginar héroes populares. La historia es mucho más interesante.

El 7 de julio de 1647 el pueblo de Nápoles se amotinó para protestar por los nuevos impuestos sobre la fruta y la harina. Surgió de inmediato como jefe un pescador analfabeta de 27 años, Tommaso Aniello D’Amalfi, llamado por apócope Masaniello. Algunos testimonios dan a entender que hubo alguna clase de organización los días anteriores. Los vendedores habían prendido fuego a la barraca en que se cobraban los impuestos en la plaza del mercado. El día 7 decidieron no pagar y el motín comenzó como casi todos, confusamente. Se prendió fuego a las casas de algunos ministros. El virrey, Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos, anunció que se retiraba el impuesto sobre la fruta, y se reducía el de la harina: el resultado fue peor. La multitud se dirigió a la cárcel, arrancó las puertas, quemó todos los expedientes, y puso en libertad a los presos. Masaniello mandaba en Nápoles.

Ilustración: Estelí Meza

Al día siguiente se elaboró una lista de 60 casas de ministros, antiguos ministros y cobradores de impuestos, de quienes se habían enriquecido con la sangre del pueblo, y Masaniello anunció una justa venganza, ejemplo memorable para los siglos por venir. Una por una las casas fueron asaltadas. Algo notable: Masaniello ordenó, bajo amenaza de muerte, que nadie se apropiase de nada. Muebles, cortinas, alfombras, vestidos, todo se arrojó al fuego.

El virrey estaba sitiado en su palacio. Ofreció eliminar los nuevos impuestos por completo, pero ya no era suficiente. Masaniello exigió que se restituyesen todas las exenciones que había concedido a Nápoles el emperador Carlos V.

Desde el tercer día Masaniello da audiencia pública en la plaza del mercado. Allí recibe toda clase de peticiones, imparte órdenes, dicta sentencia en asuntos civiles, criminales, militares. Está todo resuelto, porque el virrey lo concede todo. Sólo falta la proclamación solemne en la iglesia de Santa María del Carmine. Pero en ese momento llega a la ciudad una cuadrilla de bandidos, hasta 500, aliados de la nobleza para acabar con la insurrección —una alianza que sorprende a primera vista, pero que era común y corriente. La violencia aumenta. Masaniello ordena que se levanten barricadas en todas las calles, que se cierren todas las entradas, el puerto, y que todas las casas mantengan iluminadas las ventanas durante toda la noche. Al terminar el día hay 150 cabezas de bandidos exhibidas en picas en la plaza del mercado.

Nadie puede decir en qué se basa la autoridad de Masaniello: una autoridad absoluta, incontestada, literalmente sin límites. Desde luego importa que Masaniello sabe qué hacer en cada momento, y pone orden en el motín, decide qué casas asaltar, decide a quién perseguir —da una dirección a la gente. Importa también que puede explicar lo que sucede: la oposición entre la patria humillada, las mujeres dolientes, los niños hambrientos, y la avaricia de los nobles. E importa que en ese envión los malos han sido derrotados. Pero no es sólo eso. Está el entusiasmo, contagioso, de tal intensidad que inspira miedo.

En los días siguientes se multiplican los decretos de Masaniello. Prohíbe a los hombres llevar capa, a las mujeres usar verdugado o guardainfantes, y a los religiosos les exige que lleven levantada la sotana hasta los muslos, de modo que pueda verse que no llevan armas. Fija el precio de los alimentos en el mercado, exige que se entreguen todas las reservas de grano. El jueves ordena que se persiga a todos los que roban y extorsionan y amenazan a la gente, y por la noche hay 100 cabezas más empaladas en el mercado. A un panadero que vendía el pan mermado lo condena a ser quemado vivo en su propio horno. Y se queja ante el virrey de que el cardenal Trivulzio no haya ido a saludarlo, le dice que es una afrenta para el leal pueblo de Nápoles.

Al parecer, no dormía. Se cuenta que se levantaba a media noche gritando: “¿Cómo podemos dormir? Somos los dueños de Nápoles, ¿y nos quedamos dormidos? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ejerzamos nuestra autoridad!”. No se veía a sí mismo como David, sino como Moisés, liberador del pueblo de Israel, y Pedro, otro pescador. La gente estaba fascinada, entusiasmada, aterrada. El décimo día cuatro de los suyos lo arcabucearon, un carnicero le cortó la cabeza.

La atención se ha fijado siempre en el personaje, en su inexplicable autoridad. El secreto es que no hay secreto, Masaniello no tiene nada de particular. Lo fascinante es el pueblo de Nápoles, ese arranque de ira, entusiasmo, esperanza y terror que se materializa en un hombre. Lo fascinante es la sociedad que oculta su propia monstruosidad señalando al monstruo.

 

Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor en El Colegio de México. Su más reciente libro es Historia mínima del neoliberalismo.

Panóptico

El liberalismo titubeante

Históricamente el liberalismo no ha sido única, ni primariamente, una manifestación del escepticismo. Ha sido una manera de entender el poder, de crearlo y de limitarlo. El liberalismo no sólo duda, combate. La ola de populismo antiliberal que barre el mundo ha obligado a los liberales a cuestionar muchas de sus premisas. Ese es un ejercicio muy saludable, sin embargo la necesaria autocrítica a veces ha llevado a conceder a sus enemigos razones que no les asisten. Eso encuentro, por ejemplo, en una conferencia dictada por el historiador y periodista Timothy Garton Ash hace un par de años: “¿Qué salió mal con el liberalismo?”.1

Ash aduce que en los países desarrollados el liberalismo, entendido como una forma de finanzas globalizadas, ha beneficiado desproporcionadamente a los capitalistas. El tema distributivo, y los agravios que un reparto inequitativo produce, son temas ciertamente importantes. El liberalismo, discurso crítico del poder, acabó por convertirse en la ideología de las elites, la ideología de “los privilegiados, del privilegio”. Así, Ash cita aprobatoriamente a Michael Ignatieff cuando el fallido político canadiense afirma que la “moderación liberal es el llamado natural de apareamiento de los cosmopolitas elitistas”. Esta es pura mala conciencia. El corolario del argumento es que la “captura” del liberalismo por los catrines del mundo produjo una corriente de pensamiento de narices paradas, opuesta a la vulgar y plebeya democracia. El liberalismo se volvió así antidemocrático. Los liberales le dejaron la democracia a los populistas. El liberalismo, arguye también Ash, claudicó de otras maneras cruciales. Hizo oídos sordos a los reclamos de igualdad, de reconocimiento y de pertenencia. Ignoró el papel de la emoción en la política.

Ilustración: Belén García Monroy

Hay muchas cosas atendibles en esta jeremiada. Sin embargo, me parece que el diagnóstico parte de un diagnóstico equivocado. La hybris de los triunfadores indudablemente conduce a la arrogancia. Los liberales, diría Tocqueville, tuvieron la mala fortuna de tener suerte. El liberalismo, es cierto, ha estado siempre en tensión con la democracia. El liberalismo democrático la acepta como mecanismo ineludible de transferencia del poder y como origen único de la legitimidad política. Con todo, la función política del liberalismo es mantenerse a distancia, distinto, de la democracia. Sólo así puede funcionar como un elemento moderador y crítico. Para que la democracia sea tal debe respetar los derechos y las libertades de las personas. El liberalismo no puede desempeñar ese papel de contrapeso indispensable si ha caído rendido a los pies del demos. Los liberales jamás comulgarán con la máxima vox populi, vox dei. Tiene por ello una chocante, pero vital, función epistemológica. Criticar la voluntad general con las armas de la razón es su función pública y los liberales no deberían sentirse avergonzados por desafiar las querencias populares. Tampoco deberían evitar someter sus creencias a ese mismo ácido.

De forma similar, la forma de conversación pública del liberalismo depende críticamente de la razón y por ello renuncia deliberadamente a apelar a la emoción. Los liberales han abdicado de accionar ese poderoso resorte. Pero ésa es también su virtud. Es poco probable que el liberalismo igualitario —que ha estado en el discurso público por mucho tiempo— compita exitosamente con el populismo en la tribuna del sentimiento. Como señala Claudio López-Guerra: “no ha habido mejor articulación y defensa teórica de la igualdad en lo político y lo económico que la edificada sobre la base del liberalismo. La tradición liberal protagonizó el acontecimiento intelectual más importante del siglo pasado en materia política: el nacimiento del liberalismo igualitario. El núcleo de ideas que comparten los liberales igualitarios es fácil de comprender. Todas las personas tenemos el mismo derecho a concebir y llevar a cabo un cierto proyecto de vida. Por la finitud de recursos materiales y la diversidad de proyectos personales no es posible que todas las personas vivan la vida que idealmente quisieran vivir. Necesitamos entonces una distribución de libertades y recursos que se ajuste a la premisa fundamental de que todas las personas merecen igual consideración y respeto. La respuesta del liberalismo igualitario es que una distribución justa es aquella que otorga oportunidades iguales a todos”.2 Con todo, haríamos bien en reconocer que el ideal de igual trato palidece frente a las promesas de igualdad sustantiva del populismo. Es muy posible que los liberales a menudo no hayan estado a la altura de ese ideal, pero lo cierto es que las exigencias de sus adversarios van mucho más allá del trato igualitario. A ratos la autocrítica de Ash y otros liberales parece una versión rebajada y titubeante de argumentos antiliberales más francos y explícitos. Los críticos abiertos los formulan mejor.

La comprensión, y la humildad que resulta de ésta, son necesarias para el liberalismo, al igual que lo es la autocrítica, porque de otra manera los liberales simplemente no entenderían el mundo que habitan, pero la autoflagelación y la confusión lastran la voluntad de combatir, que le es esencial al liberalismo como proyecto político y filosófico. Si en el pasado los liberales se autoengañaron creyendo que eran marginales cuando sus opciones de futuro en realidad habían limitado el horizonte de lo posible, ahora, en cambio, tienen frente a sí, en el mejor de los casos, una restauración votada del poder presidencial predemocrático. Están, otra vez, en el conocido terreno de la oposición; lugar donde históricamente han dado lo mejor de sí.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.


1 https://www.youtube.com/watch?v=FtV0VXJTzow

2 Claudio López-Guerra, “Hacia el liberalismo igualitario”, nexos, febrero, 2014.

Sin ton ni son

De la exclusión a la paridad

El 1 de septiembre por primera vez en la historia de México el Congreso de la Unión, en sus dos cámaras, tendrá una presencia de hombres y mujeres paritaria (o casi). Por ello, la siguiente nota.

John Keane ha escrito una de las historias de la democracia más ambiciosas y eruditas de los últimos tiempos (Vida y muerte de la democracia, FCE, 2018, 910 pp.). Rescata no sólo las fórmulas y recursos que se han inventado a lo largo del tiempo para hacer posible la idea de que los hombres pueden y deben gobernarse a sí mismos, sino que además su libro está plagado de estampas particulares sobre personajes y situaciones que iluminan el sentido de las invenciones democráticas.

Ilustración: Jonathan Rosas

Una de las líneas constantes en la exposición de Keane va de la exclusión a la inclusión de las mujeres en el mundo de la política, la deliberación y el voto. Ilustra que, a fines del siglo XIX en Australia del Sur, antes que en Europa o los Estados Unidos, se reconoció el derecho al voto de las mujeres incluyendo a las “aborígenes”. Pues bien, Muriel Matters que nació en 1877 en Adelaida viajó de Australia a Inglaterra para seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Escribe Keane: “Los experimentos británicos de gobierno responsable e innovación democrática destacaban la extraña cuestión de que a veces los imperios eran capaces de plantar la semilla de la democracia representativa. Igualmente extraño era que las plántulas a veces volvieran en velero y se trasplantaran a suelo británico…”.

Muriel nació y creció en Australia. Estudió música, fue actriz y profesora de dicción. Leyó Casa de muñecas de Ibsen a los 14 años y la vio representada en Melbourne, cinco años antes de que se presentara en París. Pero, sobre todo, su forma de reivindicar el derecho al voto para las mujeres se alimentaba de la experiencia y legislación aprobada en Australia del Sur en 1894. De tal suerte que cuando se mudó a Inglaterra en 1905 cargaba ese equipaje.

Informa Keane que el traslado tenía como finalidad original continuar con su carrera musical, pero, como suele decirse, el destino es extraño. Muriel se ligó con grupos de reformadores sociales que pululaban por Londres, conoció al príncipe Kropotkin y pronto se integró a la Liga de Libertad para las Mujeres. Viajó por Inglaterra pronunciando discursos demandando jardines de niños gratuitos, tribunales especializados para menores, salario igual para hombres y mujeres y subrayaba invariablemente la necesidad de reconocer el derecho al voto para las mujeres. Trataba de difundir las necesidades y exigencias nuevas, de hacer conciencia de los vientos que sacudían a la sociedad. Era, en ese sentido, heredera de la larga y fructífera tradición que cree que la educación transforma la manera de observar las “cosas” y que ese cambio es el requisito para modificar la realidad.

Muriel además fue una mujer imaginativa. No sólo se colocó a la vanguardia del feminismo, sino que utilizó fórmulas de expresión novedosas y ocurrentes. Tenía que ganar la atención del público, lograr que sus conciudadanos voltearan los ojos hacia sus reclamos, colocarse en el centro del debate. A mediados de febrero de 1909, el día que se abrían las sesiones del Parlamento, “Matters contrató un zepelín rotulado con las palabras “Votos para las mujeres”. Y “conforme lanzaban kilos y kilos de folletos de sufragistas a los residentes de Westminster, unas activistas de la Liga de Libertad para las Mujeres fueron arrastradas en tierra…”.

Pero quizá el episodio que le generó más fama y por supuesto descalificaciones, que incluso la llevaron a prisión, fue cuando se encadenó a “la reja metálica de la galería pública de la Cámara Baja” clamando por el voto para las mujeres. Y para hacer de su encadenamiento un acto contundente, ocultó la llave del candado “en lo más profundo de su ropa interior”. La autoridad se vio entonces ante un embarazoso dilema: o permitir que Muriel Matters siguiera con su protesta o entrometerse en sus calzones para rescatar la codiciada llave del encadenamiento. Y dado que, al parecer, el pudor jugó su papel, los policías se vieron en la necesidad de remover la reja de metal junto con la protestante.

Han pasado más de cien años. Difícilmente hoy alguien defendería la exclusión de las mujeres del ejercicio de los derechos políticos (y del resto), pero la historia de Matters es sólo un botón de muestra para recordar que en materia de derechos todos han sido posibles luego de arduas y complejas luchas. Y que cuando se convierten en sentido común, en rutinas aparentemente insípidas, es cuando realmente se han conquistado y asentado. Hoy es posible que las estampas aquí recreadas arranquen una sonrisa. Y no es para menos: lo que entonces se vivió como un combate hoy puede observarse con un guiño benevolente.

 

José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Cartas a una joven desencantada con la democracia.

Agenda

Retrato del alfarismo

El alfarismo es un fenómeno político local de alcance nacional más allá de los partidos. Su líder, Enrique Alfaro Ramírez, es un personaje carismático y polémico quien recién ganó las elecciones para gobernador de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano (MC), al cual renunció acto seguido para asumirse como gobernador sin partido. Más allá de siglas, el alfarismo es un movimiento político con denominación de origen que, por la importancia del estado, seguramente incidirá en la política nacional en los años por venir.

Para algunos Alfaro representa el cambio que ni el PAN ni el PRI lograron en Jalisco, mientras que para otros no es más que un político reciclado bajo las siglas de MC. Si bien Alfaro ha estado en la escena política local desde los noventa, cuando militaba en el PRI, su irrupción como un político competitivo fue apenas en 2009 cuando ganó la alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga, un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara poco relevante hasta entonces. Desde la periferia de la metrópoli construyó su movimiento, que le permitió contender primero por la gubernatura en 2012 —que perdió por un margen muy estrecho frente al PRI— para después ganar la alcaldía de Guadalajara en 2015 con una amplia diferencia, que lo posicionó como el candidato puntero a la gubernatura desde entonces. Incluso, su triunfo como alcalde de la capital del estado lo proyectó nacionalmente, como cuando participó en las conversaciones entre los aspirantes “independientes” a la presidencia de la República.

Alfaro es una especie de político rara avis. Como hijo del ex rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Alfaro Anguiano, desde niño estuvo cerca de la política, pese a que su padre siempre quiso que se dedicara a los negocios familiares. Su madre, Bertha Ramírez, pertenece a una familia acaudalada, por lo que nunca tuvo necesidad económica. Enrique asistió al Franco Mexicano, uno de los mejores colegios particulares de Guadalajara, pero cuando pudo hacerlo se cambió a la preparatoria pública número 5 para hacer política estudiantil sin éxito. Fue entonces que decidió estudiar ingeniería civil en el ITESO, aunque saliendo de la universidad volvió a incursionar en la política sin ejercer su profesión como ingeniero. Inició su carrera en el PRI, partido en el que militaría hasta 2006 cuando se cambió al PRD. Al no haber logrado ningún éxito significativo en sus primeros años como priista decidió estudiar la maestría en estudios urbanos de El Colegio de México. Fue a su regreso de la Ciudad de México cuando despuntó al lograr la candidatura del PRI al gobierno de Tlajomulco en 2003. A pesar de haber sido derrotado adquirió notoriedad política por denunciar la corrupción siendo priista.

Ilustración: Estelí Meza

La trayectoria de Alfaro no se explica sin la carrera política de su principal mentor: Enrique Ibarra Pedroza, un político profesional de larga trayectoria, a quien debe su formación política. Tras su derrota en Tlajomulco, aún bajo las siglas del PRI, Alfaro se acercó al PRD por invitación de Andrés Manuel López Obrador. Su llegada incomodó al ex rector de la Universidad de Guadalajara y líder de facto del partido en Jalisco: Raúl Padilla López. No obstante, en 2006 logaron un acuerdo entre todas las partes: Ibarra Pedroza fue el candidato de sacrificio del Sol Azteca a la gubernatura a cambio de que Alfaro entrara como diputado. Desde el legislativo local Alfaro impulsó la agenda metropolitana, que a la postre le permitiría destacar como alcalde.

En 2009 Alfaro contendió por segunda ocasión a la alcaldía de Tlajomulco, ahora bajo las siglas del PRD. Su triunfo significó para el perredismo un crecimiento inédito al ganar por primera vez un municipio metropolitano. Sin embargo, el acuerdo político entre Raúl Padilla y Alfaro duró pocos meses: tras un conflictivo proceso electoral interno que evidenció las tensiones entre ambos en 2010 rompieron ríspidamente. El gobierno de Alfaro quedó “liberado” del yugo de Padilla López, pero huérfano de partido. El alejamiento entre el grupo político de la Universidad de Guadalajara y el alfarismo se zanjaría años después, de cara a la elección de 2018, cuando ambos personajes se aliaron nuevamente dejando atrás agravios y diferencias “irreconciliables”. Si algo caracteriza a ambos políticos jaliscienses es su pragmatismo político.

A pesar de que apoyó la candidatura de López Obrador a la presidencia en 2012, Alfaro ya tenía acercamientos con Convergencia Democrática en la búsqueda de un registro partidista. Rápidamente se entendió con el dirigente de Convergencia, Dante Delgado. Juntos le cambiaron de nombre al partido, rebautizado como Movimiento Ciudadano, a semejanza de Alianza Ciudadana, la asociación que el alfarismo había formado tiempo antes. Desde entonces Alfaro ya percibía el hartazgo ciudadano hacia la partidocracia, así que en lugar de un partido comenzó a hablar de un movimiento ciudadano que finalmente lo consiguió con registro de partido.

Con la franquicia de MC en Jalisco, Alfaro contendió por la gubernatura en 2012 sin necesidad del emblema del PRD. Para entonces el alfarismo ya representaba una fuerza política que sus rivales buscaban cooptar. Alfaro rechazó la oferta del PAN para ser su candidato a la gubernatura y declinó la oferta del PRI para ser senador. Prefirió ir solo que mal acompañado. Su derrota electoral le dejó un sabor a victoria: había arrasado en la zona metropolitana, hecho que prácticamente le aseguraba el triunfo para la alcaldía de Guadalajara en tres años, como ocurrió en 2015. Sin ser propiamente un candidato independiente, ya que fue postulado por MC, Alfaro captó el voto independiente en Jalisco como Jaime Rodríguez, El Bronco, lo hizo en Nuevo León. Quizá por eso en Jalisco no prosperó la idea de una candidatura independiente, aun cuando algunos empresarios ligados a la Coparmex exploraron esa posibilidad en torno al nombre de José Medina Mora.

El alfarismo combina diversas tradiciones y prácticas políticas. Al PAN le arrebató la bandera del “buen gobierno” tras los escándalos de corrupción de las últimas administraciones blanquiazules que llevaron a este partido a la quiebra moral. La honestidad, que había sido un baluarte de Acción Nacional, ahora es enarbolada por el alfarismo, que se presenta como el partido de la transparencia y la austeridad. Ante la ineficacia de los gobiernos tricolores, al PRI le arrebató la reputación de “saber gobernar” al lograr revertir la creencia de que los gobiernos priistas sabían cómo gobernar aunque fueran corruptos. En poco tiempo el alfarismo logró hacer suyas las banderas de la honestidad y la eficacia sin que necesariamente los gobiernos emecistas estuvieran exentos de señalamientos de corrupción o hubieran resuelto los problemas de la ciudad, como el de la inseguridad, que ha empeorado en los últimos años.

Buena parte de la hazaña de haberle arrebatado sus insignias a panistas y priistas por igual se explica por la capacidad de comunicación de Alfaro. Como alcalde en dos ocasiones supo comunicar tanto sus propuestas en campaña como sus logros en gobierno. Paradójicamente, su habilidad para comunicar no le ha permitido construir una buena relación con los medios de comunicación, particularmente con algunos periódicos con los que ha tenido fuertes desencuentros. Eso explica en parte su apuesta por la comunicación social que básicamente implicó la creación de una serie de empresas privadas encargadas de la publicidad gubernamental. Contrario a la idea de austeridad, los gobiernos de MC han asignado sin licitación muchos millones de pesos a estas empresas. Pese a las críticas Alfaro ha optado por asumir el costo político de privilegiar estas consultoras privadas.

El alfarismo se convirtió en una arca de Noé en pleno diluvio: todos quieren refugiarse en ella. En su interior cohabitan una gran variedad de especies políticas, sobre todo de ex panistas. El crecimiento de la militancia de MC se explica más por el éxodo de políticos de otros partidos que por nuevas afiliaciones. Más que incluyente, el alfarismo es un movimiento ecléctico que —al igual que es ahora Morena y antes el PRI— se aglutina en torno a un liderazgo absoluto. Todos caben en el partido siempre y cuando se plieguen a los mandamientos de su líder moral. Quienes han discrepado terminaron por abandonar las filas de MC. Uno de los principales rasgos del alfarismo es precisamente que carece de otros liderazgos con peso propio, excepto acaso el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, que sin embargo no forma parte del primer círculo. La nomenclatura que comanda el movimiento la integran un pequeño grupo que ocupan posiciones y responsabilidades clave, pero que ninguno representa un contrapeso real al avasallador liderazgo de Enrique Alfaro. El sanedrín naranja lo integran Ismael del Toro, quien también fue alcalde de Tlajomulco, después diputado local y coordinador de los diputados de MC, y ahora es alcalde electo de Guadalajara; Hugo Luna, jefe de gabinete de Tlajomulco, después de Guadalajara y probablemente del estado en la siguiente administración; y Clemente Castañeda, quien fue diputado local, después federal y coordinador de la bancada de MC en San Lázaro, y ahora es senador electo.

La personificación del movimiento alfarista es su principal fuerza al tiempo que su mayor debilidad: la personalidad temperamental de su líder, quien prácticamente toma todas las decisiones, acertadas o equivocadas, de forma vertical. Aunado a esta exacerbada centralización del poder en una sola persona MC es un partido poco institucionalizado. Su incipiente estructura le resulta funcional a Alfaro, pues no tiene que lidiar con una dirigencia del partido fuerte sino para efectos prácticos con un gerente en turno. Las molestias del grupo compacto con Alfaro han ido aflorando con el tiempo. Una muestra es el rompimiento del actual alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, quien representaba el único contrapeso real al interior del primer círculo, que terminó pasándose a Morena.

Otro de los rasgos distintivos del alfarismo es su ambigüedad ideológica, que le ha permitido navegar en la indefinición. En lo personal, Alfaro es liberal, pero políticamente es amorfo. Consciente de que la mayoría del electorado jalisciense es conservadora, Alfaro prefiere no abrir frentes que considera innecesarios. Sin embargo, tras el escándalo que suscitó la colocación de una escultura pública titulada “Sincretismo” —que conjuga elementos religiosos e indigenistas considerados por algunos católicos como ofensivos— Alfaro defendió su instalación como parte de un programa de arte urbano. Se sostuvo pese al embate de la iglesia católica y del propio PAN, su aliado incómodo en las elecciones. Pero sobre todo Alfaro es pragmático: si algo le conviene, busca la manera de acomodarlo sin reparar demasiado en principios políticos o ideológicos.

El alfarismo rompió el bipartidismo PRI-PAN que prevaleció durante dos décadas, desde que ocurrió la primera alternancia en Jalisco para la gubernatura en 1995. Alfaro se abrió paso súbitamente en 2012 cuando estuvo cerca de ganarle al PRI y, tres años después en 2015, desplazó a los partidos tradicionales cuando MC consiguió la mayoría en el Congreso local. Sin embargo, la hegemonía alfarista tiene hoy dos flancos abiertos. Por un lado, con el insólito crecimiento de Morena, resultado del efecto arrastre de López Obrador. Por el otro, con Wikipolítica, la agrupación política que lidera el diputado independiente Pedro Kumamoto. Si bien esta nueva formación no logró ningún curul, los “wikis”, como se les llama a los jóvenes candidatos, podrían ser una oposición, más simbólica que real.

El alfarismo está fincado en un partido que se presenta como un movimiento antipartidos. Consciente del repudio a la partidocracia, Alfaro ha sabido capitalizar el descontento hacia el establishment político del que él mismo es uno de sus máximos representantes. Alfaro aprovecha toda oportunidad para reiterar que nunca ha militado en MC aunque en los hechos sea el líder indiscutible del partido. Tras ganar la elección Alfaro anunció su renuncia a MC, partido al que formalmente nunca perteneció. Esta “sana distancia” es una forma de deslindarse del fallido Frente por México y sus aliados, PAN y PRD, al tiempo que mandar un mensaje de distensión al presidente electo al presentarse como un gobernador sin partido.

El movimiento alfarista no es reformista ni rupturista. No pretende sólo reformar el statu quo pero tampoco plantea romper con el orden establecido. Alfaro ha propuesto una tercera ruta —acaso más retórica que práctica— que le permite una salida intermedia: la refundación de Jalisco. No están claros los alcances ni contenidos de la llamada refundación del estado, pero discursivamente es un concepto paraguas suficientemente amplio para que nada de lo que propone quede a la intemperie. Todo cabe en ese eslogan de campaña que, todo apunta, será el mantra de su gobierno.

Alfaro sabe que no puede reinventar Jalisco en un sexenio: hay inercias que pueden más que la voluntad y lastres que inhiben el cambio. Alfaro va a heredar un estado de contrastes: sectores con buenos resultados y otros con pésimos indicadores. Necesariamente tendrá que darle continuidad a lo que sí funciona y cambiar radicalmente lo que no ha funcionado, pues no habría recursos ni tiempo que alcancen para rehacerlo todo. El desencanto con los gobiernos es cada vez más rápido: el PAN gobernó 18 años y el PRI apenas logró regresar seis años. Como reza el propio eslogan de los gobiernos emanados de MC, el de Alfaro sería un “gobierno a prueba”, que se sometería a la ratificación de mandato como lo hizo antes, pero ahora con mayores riesgos de no obtener una buena calificación.

El alfarismo será la corriente dominante de MC, aunque no necesariamente tendrá el control del partido. Dante Delgado, su fundador y líder moral, difícilmente le cederá el control. Pero Alfaro aspira más a construir un auténtico movimiento ciudadano, ya no con mayúsculas, como el partido, sino en minúsculas. Tendrá seis años para entregar buenas cuentas a los jaliscienses y proyectarse nacionalmente.

Aunque es pronto para pensar en 2024, Alfaro sería naturalmente un aspirante a la presidencia. A pesar de su “retiro anticipado” al anunciar que ya no piensa volver a contender por un cargo de elección popular, Alfaro es consciente de que para aspirar a un cargo mayor primero tiene que entregar buenas cuentas como gobernador. Su relación con López Obrador durante la campaña fue ríspida, de modo que la relación con la presidencia seguramente no será tersa. Sin embargo, su capacidad de gestión le permitirá destacar entre los gobernadores y podría rápidamente lograr un acuerdo con el gobierno federal. En el nuevo federalismo político mexicano el alfarismo podría convertirse en un movimiento político —¿y acaso ciudadano?— al margen de los partidos y de carácter regional, pero de alcance nacional.

 

David Gómez-Álvarez
Académico de la Universidad de Guadalajara y director de Transversal.

Agenda

Morena en Jalisco

Nada embellece tanto como el poder. Los resultados electorales de Morena en Jalisco convirtieron, en cosa de días, a este partido en el objeto de deseo de todos los políticos en edad de merecer. La perspectiva de triunfo ha hecho que personajes y grupos que antes militaban en otros partidos hoy pongan sus ojos en el partido de Andrés Manuel en busca de una candidatura, o mejor aún, del control de las candidaturas en 2021.

 

La magia de López Obrador tocó a Morena Jalisco que se convirtió de la noche a la mañana en la segunda fuerza electoral del estado. En 2015, primera elección en la que participó como Movimiento de Regeneración Nacional, el entonces incipiente partido rifó las candidaturas en varios municipios pues no tenía gente suficiente siquiera para competir. Sus candidatos obtuvieron 74 mil 500 votos en la elección para diputados, no ganaron una sola alcaldía, ningún distrito y no alcanzaron el mínimo para obtener un diputado plurinominal. Tres años después, a la sombra del caudillo, el resultado se multiplicó por 10: en la elección para diputados obtuvieron casi 750 mil votos y ocho curules, dos de representación directa y seis por la vía plurinominal; son la segunda fuerza en el estado sólo después de Movimiento Ciudadano, desplazando al PRI a tercer lugar y al PAN a un lejano cuarto sitio; el candidato a gobernador de Morena, Carlos Lomelí, obtuvo 857 mil votos, una votación histórica para un partido de izquierda en la entidad.

Morena es hoy no sólo la segunda fuerza electoral en el estado que, junto con Guanajuato, se consideraba el bastión del conservadurismo y la reserva más importantes de votos de Acción Nacional, es también el vehículo más seguro para los políticos con ambiciones para las elecciones intermedias de 2021. Lo que viene para Morena Jalisco es una disputa por el control y las candidaturas de al menos cuatro grupos, todos ellos tránsfugas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una batalla que, cual telenovela mexicana, augura amores, pasiones y traiciones.

La cruz de Morena tiene cuatro puntas que de disputarán la hegemonía y que buscarán desplazar al pequeño grupo de control que emprendió el nacimiento del partido y la primera elección, viejos militantes de izquierda casi todos con su origen político en lo que fue la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y que pasaron por diferentes partidos de izquierda, incluido el PRD. Ese núcleo duro original fue superado por los nuevos liderazgos llegados de otros partidos en los últimos 12 meses: Carlos Lomelí y Alberto Uribe, migrados de MC en diferentes momentos y circunstancias; José María Martínez del PAN y Claudia Delgadillo y su grupo del PRI.

Ilustración: Víctor Solís

 

El hombre fuerte de Andrés Manuel en Jalisco es sin duda el doctor Carlos Lomelí Bolaños. El candidato a la gubernatura por Morena y recién nombrado coordinador de delegados en Jalisco (esta extraña figura que se ha inventado el presidente electo que por momentos recuerda a los virreyes de la Colonia y en otros a los prefectos políticos del gobierno de Francia) hizo su campaña basado exclusivamente en su amistad con el caudillo y terminó fusionando su imagen con él a tal grado que al final de la campaña se presentaba como “AMLOmelí”.  Han sido muchas las muestras de apoyo y afecto del presidente electo para con el doctor Lomelí lo que lo convierte sin duda en el referente político de Morena en el estado. La historia política de Carlos Lomelí y su relación con López Obrador es tan larga como oscura.

Empresario del sector salud, Carlos Lomelí ha hecho una enorme fortuna vendiendo medicamentos a diferentes entidades, entre ellas el gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno, y ha sido también unos de los financiadores importantes de las campañas de López Obrador desde 2006.

La sombra de una acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo señaló como introductor ilegal de efedrina para el cartel de los Amezcua lo ha perseguido desde hace una década. El 2 de octubre de 2008 el boletín de dicha dependencia señaló: “La designación de hoy también incluye al empresario de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quien, según consta, apoyó el desvío ilegal de materiales precursores de metanfetaminas para la organización de los Amezcua Contreras… múltiples toneladas de pseudoefedrina base para medicinas antigripales que fueron manufacturadas o compradas por algunas de las compañías designadas hoy, fueron desviadas ilegalmente a la organización de los Amezcua Contreras con el propósito de elaborar metanfetaminas”.1 El empresario y político morenista pasó varios años peleando por salir de esa lista negra. Hoy tiene una casa en Houston, Texas, que presume como el sello de garantía de que en el vecino país del norte ya nadie lo persigue.

Los escándalos, sin embargo, no se limitan a eso. Lomelí y sus empresas Lomedic, Abisalud, Grupo Quiropráctico del Bajío recibieron 35 contratos, la mayoría de ellos por adjudicación directa en el gobierno de López Obrador por un poco más de mil 500 millones de pesos. La relación como proveedor de medicinas continuó en el gobierno de Marcelo Ebrard. El último escándalo se dio durante la campaña a gobernador cuando se detectó la venta a sobreprecio de medicinas a Pensiones del estado de Jalisco en una operación idéntica a las descritas por López Obrador en el tercer debate como el mecanismo de saqueo que ha existido en el sector salud durante los últimos años.

En 2015 Lomelí Bolaños hizo equipo con Movimiento Ciudadano para llegar al Congreso federal. Hace unos meses abandonó el movimiento alfarista para convertirse primero en candidato a gobernador, luego en la sombra y piedra en el zapato de Enrique Alfaro. Lomelí será sin duda uno de los que disputará el control de Morena en Jalisco.

 

Alberto Uribe Camacho era un joven y prometedor priista en los años noventa. Hijo de un destacado miembro del PRI, su carrera se forjó con cuidado. Abogado y politólogo de la Universidad de Guadalajara se formó políticamente al lado de personajes como el ex alcalde de Guadalajara Gabriel Covarrubias. Cuando tanto a Enrique Alfaro como a él mismo el PRI les cierra las puertas migraron al PRD, donde logran ser candidatos a la alcaldía y la sindicatura de Tlajomulco apoyados por el Grupo Universidad dirigido por Raúl Padilla. La relación con Padilla se rompió pronto y juntos Alfaro y Uribe en un acto de rebeldía declararon a Tlajomulco “el primer municipio libre de la influencia de Padilla en la zona metropolitana”. Cuando Alfaro se convierte en candidato a gobernador en 2012 quien se queda a concluir el periodo fue nada menos que Alberto Uribe.

Tres años más tarde Alberto Uribe contendió por la presidencia de Tlajomulco al mismo tiempo que Alfaro, convertido ya en líder del movimiento alfarista y de MC, contiende en Guadalajara. Un arrollador Enrique Alfaro logró no sólo ganar la capital sino arrastrar con él el triunfo de los candidatos de Zapopan, Tlaquepaque, Zapotlanejo y por supuesto Tlajomulco. Todos los candidatos celebraron en la glorieta de la Minerva en Guadalajara, la misma donde se festejan los cada vez más escasos triunfos de las Chivas o de la selección nacional. Estuvieron todos los candidatos ganadores, excepto Alberto Uribe que decidió festejar por su cuenta, lejos de la sombra de su compañero de quien dijo, desde entonces, respetaba como par, no como líder.

Llegado el momento de las nominaciones para 2018 Uribe se apuntó a la alcaldía de Guadalajara, la ruta que han seguido los cuatro últimos gobernadores de Jalisco. Alfaro le negó la candidatura y a cambio le ofreció la Secretaría de Gobierno y la coordinación de la campaña. El arreglo duró poco. El 8 de febrero, en plena precampaña, tras un alegato con Alfaro que se hizo público, Alberto Uribe anunció que cambiaba de bando. El coordinador de Morena en la primera circunscripción, Marcelo Ebrad, lo nombró coordinador de la campaña de López Obrador en Jalisco.

La mirada de Uribe sigue en la candidatura a la alcaldía de Guadalajara en 2021 y, lo ha dicho, luego en la gubernatura del estado. Con el apoyo y la fuerza del lopezobradorismo buscará descarrilar a sus antiguos aliados, pero para ello primero tendrá que buscar el control del partido.

 

Era, con mucho, la mejor operadora del PRI en Guadalajara. Nadie tenía tanto trabajo de base en la capital del estado como Claudia Delgadillo. Por eso el hoy gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, la reclutó para su campaña en 2009 y la convirtió en uno de sus cuadros políticos de mayor confianza. Pero Delgadillo quería algo más que la confianza, quería la candidatura a Guadalajara. La oportunidad no llegó en el 12, ni el 15 y tampoco en 2018. Su premio de consolación fue convertirla en la coordinadora de la campaña de José Antonio Meade en Jalisco, una posición de privilegio dentro del PRI, cuando ganaban.

El 28 de febrero, después de haber alabado como pocas al candidato Meade, Delgadillo envió una carta al presidente de su partido donde dijo que se iba del partido que tanto le había dado, pero en el que se cerraban espacios a las mujeres: “creo que la vocación de servicio se tiene en independencia de partidos, y creo que la institución a la que yo he brindado tanto, al día de hoy no está a la altura de los principios que deben regir en cualquier ámbito”.2 Nunca dijo cuáles eran esos principios, pero el hueco que abrió al PRI en Guadalajara no fue menor.

Delgadillo se convirtió en la candidata de Morena en Guadalajara, desplazó al PRI y se quedó a 10 puntos del candidato de MC, Ismael del Toro, que pensaba que por el simple hecho de ser quien supliría a Alfaro en la alcaldía ganaría con un margen de más de 20. Delgadillo será regidora en Guadalajara y líder de la oposición, se quedó con la estructura del PRI y es la cabeza de playa que muchos priistas estaban esperando para construir su futuro en Morena.

 

Taimado, taciturno, a José María Martínez le gusta esconder la mirada debajo de una gorra. Hechura política del ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, el hasta hace unos días senador por el PAN apareció un día como por arte de magia al lado de López Obrador, defendiendo las causas que apenas unos meses antes combatía.

En Guadalajara Martínez se distinguió por ser el operador del Partido Acción Nacional en el Poder Judicial. Ahí lo puso su entonces jefe Ramírez Acuña y construyó todo un entramado de poder e influyentismo desde el Consejo de la Judicatura. En el ámbito nacional brincó a la fama como creador y presidente de la Comisión de la Familia en la Cámara de Senadores, desde donde combatió la agenda de ampliación de libertades y defendió el modelo tradicional de familia.

Martínez operó poco en la elección local. Su lugar estuvo, junto con sus otros compañeros que migraron a Morena, Germán Martínez y Gabriel Cuevas, en la campaña nacional, pero “Chema” como le dicen sus amigos y se le conoce en el ámbito político local, es uno de los grandes operadores políticos de Jalisco. Su mayor habilidad es construir estructuras y moverlas en función de sus intereses. El hecho de que en estos momentos el ex panista no se vea, no se sienta, en Morena Jalisco no significa que no estará.

 

Los cuatro grupos tienen ya puesta la mira en la elección de 2021 y Morena es hoy el mejor, si no es que el único, vehículo para pelearle la hegemonía política a Alfaro y MC.  El pequeño cascarón que era Movimiento de Regeneración Nacional hace unos meses es hoy una casa enorme donde caben todos, pero donde sólo uno puede mandar. Los cuatro políticos que crucifican y disputan el control del partido tienen perfiles y orígenes muy distintos, pero sobre todo ninguno comparte ni las luchas ni la historia de Morena. Todos son nuevos jugadores que apuestan a lo que puedan llevar de ofrenda al gran Tlatoani para recibir sus favores.

Una primera revisión diría que el doctor Carlos Lomelí, por cercanía, por haber sido candidato a gobernador y ahora nombrado coordinador de delegados en el estado es quien tendrá más fuerza. Por el contrario, es el menos experimentado políticamente de los cuatro tiradores. Alberto Uribe basa su apuesta en su relación con Marcelo Ebrard y su capacidad de trabajo sin dejar de lado una autoestima a toda prueba, necesaria para estas batallas intestinas. Ninguno tiene la voluntad de poder ni la preparación de Uribe; ninguno conoce a los enemigos naranjas como él. Claudia Delgadillo tendrá un puesto como regidora de Guadalajara y ella es sólo la cabeza de playa de un amplio grupo de priistas que prepara ya el abordaje de la nueva nave del poder. Tiene a su favor que conoce como nadie el trabajo en calle y sabe lo que es construir bases en un partido. Desde el ayuntamiento tendrá presupuesto y libertad de movimiento en el municipio a conquistar. José María Martínez pareciera peor colocado en esta batalla por el control de Morena, sin embargo es, con mucho, el más experimentado, el más hábil políticamente y el que tiene más canicas propias cuando se trata de construir estructuras para un partido que hoy es sólo un cascarón.

Si Morena Jalisco, como en muchos otros lugares del país, es un partido a construir, lo único de lo que podemos estar seguros es que de esta cruz de navajas saldrá cualquier cosa menos algo novedoso, moderno o distinto a lo que hemos visto en los últimos años.

 

Diego Petersen Farah
Periodista y analista político, columnista del periódico El Informador de Guadalajara.


1 https://bit.ly/2PPfeHb

2 https://bit.ly/2HUR9uS; https://bit.ly/2N1ya7g

Agenda

La austeridad y la podadora

El anuncio que hizo el equipo del presidente electo acerca de “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana” ha causado polémica en torno a un tema que había sido soslayado, pero cuya importancia es indiscutible: la urgente reforma al aparato administrativo del Estado mexicano.

Esos lineamientos no son un detallado plan de reforma administrativa. Se trata acaso de un listado de acciones urgentes, buenos deseos y hasta despropósitos que tendrán que ser desarrollados y explicados a profundidad. Algunas de las propuestas son ya obligaciones legales, otras podrán ocurrir con simples decisiones ejecutivas, mientras que unas más requerirían reformas legales y una operación administrativa compleja. A pesar de que se trata de un documento escueto, su impacto en la opinión pública ha sido mayúsculo: ha provocado un acalorado pero sano debate en torno al necesario cambio al aparato burocrático. La última ocasión en que la reforma de la administración pública estuvo en el centro del debate público fue durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando se planteó la renovación moral, la descentralización de la vida nacional y la simplificación administrativa como respuestas a las crisis fiscal y política.

Muchas cosas han cambiado desde entonces: hay, por ejemplo, nuevas instituciones, reglas y procesos para fiscalizar el gasto, acceder a la información pública y evaluar las políticas públicas, pero —salvo el intento inacabado por crear un servicio profesional de carrera— no ha habido esfuerzos deliberados y exitosos por generar capacidades en la administración federal. Se han creado múltiples restricciones a las organizaciones y los funcionarios públicos; se han construido mandatos transversales sobre todo tipo de temas —transparencia, género, ahorro de energía, por mencionar algunos—; se han emitido regulaciones detalladísimas sobre compras públicas, contrataciones, comprobaciones de gasto y auditorías; y se han impuesto sofisticados controles contables. Pero la administración pública federal sigue siendo, con notables excepciones, una burocracia poco ajustada a las necesidades de una democracia compleja, una sociedad exigente y un entorno global competitivo. No es una burocracia profesional porque se han boicoteado los intentos por crear un servicio civil de carrera. No es una burocracia eficaz por muchas restricciones autoimpuestas o generadas por la desconfianza pública. Y no es una burocracia prestigiada porque todos —políticos, académicos, organizaciones sociales y periodistas— la toman como la responsable de los magros resultados del ejercicio de gobierno y del mal uso de los recursos.

Sin un aparato burocrático capaz, eficiente e íntegro no hay autoridad pública que pueda lograr su mandato democrático. El problema para el siguiente gobierno es que tendrá que gobernar, en buena medida, con la burocracia heredada: aunque cambie o corra a muchas personas, quienes gobiernen a partir de diciembre operaran en las estructuras, los procesos y las rutinas existentes, a menos que decidan transformarlas. Por eso vale la pena analizar lo propuesto y lo faltante en los 50 lineamientos.

Ilustración: Víctor Solís

 

Andrés Manuel López Obrador entendió bien el encono ciudadano en contra tanto de la clase política como de la alta burocracia. Para muchos mexicanos la función pública es sinónimo de corrupción y privilegios de unos pocos. La reducción de sueldos de unos cuantos altos funcionarios y la desaparición de puestos es congruente con el propósito de ahorrar y con la intención de reducir la profunda desigualdad del país, en la que los altos funcionarios —que viajan en helicóptero, tienen bonos de seguridad y personal dedicado a administrar sus redes sociales—  constituyen una de las clases más privilegiadas del país. Por eso los anuncios de recorte a salarios y prestaciones de los funcionarios públicos cuentan con un gran respaldo social, pues los actos indebidos y corruptos de algunos se toman como representativos de toda la burocracia. Lo cierto, sin embargo, es que la inmensa mayoría de los servidores públicos de este país no percibe esos altos sueldos ni goza de privilegios inmerecidos; por el contrario, padece inestabilidad laboral, horarios que hacen incompatible la conciliación con la vida familiar y poco reconocimiento a su desempeño.

El diagnóstico sobre el que se basan los lineamientos es correcto: hay dispendio inaceptable en algunas áreas y privilegios indebidos para algunos puestos. Pero es un diagnóstico incompleto, pues también hay áreas donde varios años de recortes consecutivos han ahorcado el desempeño de labores prioritarias y puestos públicos donde los empleados son, en realidad, trabajadores subvalorados: sin seguridad social, con contratos temporales y sueldos precarios.

Los últimos seis presidentes han emitido planes de austeridad, unos más ambiciosos que otros. Todos —al igual que los gobiernos que han impuesto políticas de austeridad, desde Argentina hasta el Reino Unido— han topado con dificultades generadas por esos planes: reducción de capacidad administrativa, ahorros que nunca suman las cantidades previstas, creación de más controles rígidos, y desmotivación de los servidores públicos. Más aún, las experiencias internacionales de países donde han ocurrido recortes drásticos de la burocracia, ya sea por crisis fiscales o purgas político-burocráticas, resultaron en una pérdida de las capacidades institucionales para cumplir con las responsabilidades estatales.

El próximo gobierno probablemente empujará las medidas más llamativas: reducción de salarios de los altos funcionarios, desaparición de las pensiones de ex presidentes o eliminación de seguros médicos privados, pero después de pasar la podadora deberá hacer —con el siempre complejo concurso de las secretarías de Hacienda y Función Pública— un trabajo fino de jardinería, para cuidar lo valioso, eliminar (y no sólo reducir) lo innecesario o superfluo, fortalecer las áreas prioritarias que han sido debilitadas y, sobre todo, crear las condiciones para una operación eficaz del gobierno que permita llevar a cabo la ambiciosa agenda que se ha propuesto.

La construcción de una administración competente, íntegra y eficaz requerirá reorganizar una administración que ha acumulado al menos cuatro décadas de prácticas administrativas contrapuestas: planeación estilo años setenta (el sistema nacional de planeación democrática, desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta los programas operativos anuales), control estilo años ochenta (las contralorías, las declaraciones patrimoniales), algunas innovaciones gerenciales de los noventa (un lenguaje de indicadores y presupuesto basado en resultados) y unos primeros años del siglo XXI centrados en los controles, la evaluación y la transparencia.

La acumulación de reformas administrativas parciales ha generado un complejo entramado normativo que los funcionarios públicos deben sortear para emprender cualquier nueva política, para comprar nuevo software, para archivar los documentos, para contratar servicios, para comprobar los gastos o para atender a un ciudadano. Pese a sucesivas “talas regulatorias” la administración está sujeta a reglas complejas que no siempre cumplen un propósito claro ni contribuyen a la eficacia de cada oficina. Las normas emitidas por la Secretaría de la Función Pública, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y las temidas circulares de la Secretaría de Hacienda resultan tener un efecto más directo en el comportamiento administrativo de funcionarios y agencias que las decisiones políticas o los planes y programas de cada secretaría.

Paradójicamente, esas reglas han sido insuficientes para prevenir los casos escandalosos de corrupción y dispendio que todos hemos leído en los diarios, pero sí han logrado entorpecer el funcionamiento cotidiano de la administración pública.

Para intentar esquivar de esas trabas, sucesivas administraciones han intentado nuevas estructuras: las coordinaciones de gabinete con Vicente Fox, los múltiples órganos de coordinación interinstitucional, los órganos descentralizados con mandatos específicos, los programas transversales, las oficinas especiales desde la presidencia (como la coordinación de estrategia digital en el actual gobierno), etcétera. Ninguna de ellas ha resuelto el problema porque no tocan el origen: la sobrerregulación e innecesaria homogeneización de las estructuras administrativas.

Reorganizar la administración, sobra decirlo, es una tarea mucho más compleja que los recortes en el gasto, pues requiere diagnósticos precisos de las características específicas de cada organismo público. La eficacia burocrática no depende sólo de las personas y los presupuestos, sino de los procesos bien diseñados, los mandatos claros, las estructuras organizacionales adecuadas, las líneas de mando bien definidas, y los controles necesarios y suficientes para asegurar el buen desempeño.

 

Uno de los lineamientos que mayor controversia ha suscitado es el del recorte de 70% del personal de confianza. Se trata de uno de los enunciados menos justificados y que mayor incertidumbre ha generado.

Las últimas administraciones aumentaron el número de los altos mandos: directores generales, titulares de unidad, etcétera, y se aumentaron los asesores, y el staff de secretarios y subsecretarios. Pero al mismo tiempo el poder adquisitivo de los funcionarios medios se redujo (por decretos de austeridad anteriores). Y, aún más grave, se ha ido creando una burocracia paralela para sortear las restricciones de contratación y esquivar a los sindicatos: personal de estancias infantiles de Sedesol sin seguridad social, promotores de programas sociales que trabajan por honorarios, profesores de bachilleratos técnicos o “voluntarios” alfabetizadores que dedican su vida al servicio público pero pagados por hora o mediante contratos temporales, además de todo el personal subcontratado para labores de limpieza.

Más importante aun que la reducción de los altos sueldos acaso sea la homologación del resto de las percepciones salariales que presentan variaciones discrecionales y es necesario aumentar el salario de los niveles más bajos. Otro lineamiento fundamental es la consolidación y transparencia de los salarios públicos, pues existe una serie de compensaciones simuladas —eufemísticamente llamadas bonos de productividad— que oculta la percepción real de los altos funcionarios e impide que la cotización a la seguridad social y las pensiones corresponda con los ingresos reales.

Pero la política de recursos humanos y profesionalización no puede reducirse a los salarios. Pasar de oposición a gobierno —en cualquier parte del mundo— significa que, de un día para otro, la burocracia que era señalada como la causa de los males se vuelve el principal instrumento para gobernar. Y se requiere, por tanto, de decisiones que logren atraer y retener funcionarios, maestros, médicos, ingenieros, científicos, inspectores, soldados, marinos, abogados, economistas, y un largo etcétera de profesionistas que puedan desempeñar las tareas del Estado.

Todos los gobiernos democráticos de países desarrollados concilian el mandato democrático de las urnas con los principios de estabilidad y predictibilidad de las burocracias con servicios profesionales de carrera. Construir un servicio público basado en el mérito no se logra por decreto ni con voluntad política: es necesaria una estrategia de implementación y mucha paciencia (una virtud que no destaca en los lineamientos anunciados). Una burocracia autónoma del poder político, acotada por las instituciones políticas y orientada a la implementación de los propósitos políticos del gobierno en turno, es la mejor fórmula probada para lograr un buen gobierno. En México existen sistemas de carrera exitosos, como el electoral o el diplomático, pero son la excepción. Por ello será necesario pensar en el mandato de la Secretaría de la Función Pública en la nueva administración. Se ha anunciado una agenda centrada en el combate a la corrupción, pero sus responsabilidades van mucho más allá y hay una central: dotar al resto del gobierno de una política de recursos humanos guiada por la profesionalización. Es una tarea menos llamativa, pero mucho más importante que la de recortar los salarios.

 

El anuncio de la reubicación de las secretarías de Estado en todo el territorio nacional también ha generado reacciones airadas, aunque no forme parte de los lineamientos generales. La sola transferencia geográfica de secretarías y dependencias a los estados no descentraliza la vida pública nacional. La descentralización implica la transferencia de responsabilidades y recursos de un orden de gobierno a otro, lo cual no es el caso. Pero más allá de la discusión semántica, la sola reubicación de las secretarías supone un esfuerzo institucional sin precedentes. Incluso más complejo, por la dispersión que supone, que el traslado de todo el gobierno federal brasileño de Río de Janeiro a Brasilia en la década de los sesenta del siglo pasado, o más recientemente la costosa reubicación de Bonn a Berlín como capital alemana.

Lo que se plantea para el caso mexicano no sólo supone mover casi todo el gobierno federal, sino trasladarlo a 31 ubicaciones distintas. Más allá del incierto costo financiero de una medida de tal envergadura, la reubicación misma implicaría una enorme distracción de recursos escasos en la mudanza institucional. Mover una secretaría de una ciudad a otra, al tiempo que se siguen atendiendo los asuntos del despacho, puede resultar disruptivo. De prosperar esta decisión, las salas de espera de los aeropuertos de la República se convertirían en salas de juntas del gobierno federal, los funcionarios estatales y municipales —que hoy visitan regularmente la capital del país para hacer gestiones en diversas secretarías— tendrían que desplazarse ahora a varias capitales estatales y la coordinación interinstitucional tendría un obstáculo más por la distancia entre los funcionarios.

A la par de la reubicación de las secretarías se ha planteado la desaparición de las delegaciones federales en los estados. Este lineamiento es congruente con el propósito de eliminar duplicidades, pues al paso de los sexenios las delegaciones se convirtieron en abultadas ventanillas de trámites que terminaban aprobándose en oficinas centrales. Muchos delegados tienen por encargo monitorear y acotar a los gobernadores, cuando no disfrutar de una suerte de representación diplomática del gobierno central. Lo cierto es que algunas delegaciones federales pueden adelgazarse y fusionarse para reducir la presencia burocrática federal en los estados. Su desaparición, sin embargo, tiene riesgos, pues el personal de niveles intermedios desempeña labores que no se pueden suprimir. Las delegaciones de relaciones exteriores, también conocidas como de “pasaportes”, otorga servicios que sólo el gobierno federal puede proveer y algunos programas sociales requieren operadores in situ para poder funcionar.

En complemento a lo anterior se ha propuesto la creación de las coordinaciones estatales de programas de desarrollo, en sustitución de las delegaciones federales, una nueva figura que aún no existe en el organigrama gubernamental. Esta propuesta admite una doble lectura, una política y una administrativa. Políticamente, los coordinadores estatales concentrarían toda la representación del gobierno federal en las entidades federativas, lo que les daría un poder que ningún delegado federal ha tenido. Aun no es claro con qué competencias y recursos contaría, pero el solo hecho de que sea una representación unipersonal del gobierno de la República los convertiría, en la práctica, en una suerte de  prefecto a la francesa.

Ciertamente, el desempeño de la mayoría de los gobernadores ha sido desastroso, por decir lo menos. Los escándalos de corrupción que han marcado este sexenio se han suscitado en su versión más burda en los estados de la República. Resulta urgente poner orden en los gobiernos estatales que no rinden cuentas ni dan resultados. Sin embargo, el reordenamiento institucional y administrativo de los gobiernos subnacionales no ocurrirá con una figura como la que se propone, sino por medio del control democrático de las instituciones del Estado. No serán —como no han sido hasta hoy— los controles centralistas lo que den contenido democrático a nuestro sistema federal, sino los contrapesos locales.

Por ello, si es sincero el propósito de descentralizar la vida nacional, llevar recursos a los estados y municipios y acercar las decisiones al territorio, lo urgente es revitalizar nuestro federalismo, reconstruyendo las reglas que fijan las competencias de los tres ámbitos de gobierno, reordenando los recursos transferidos a los estados (particularmente los ramos 23 y 33) y revisando a fondo del sistema de coordinación fiscal. Esas decisiones abonarían, entonces sí, al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos estatales y municipales para cobrar impuestos, gastar de forma eficiente, rendir cuentas y dar resultados.

 

Las grandes promesas políticas, para transformar la realidad, deben volverse decisiones administrativas. Lanzar un ambicioso programa social, redirigir la política energética o cambiar la estrategia de seguridad son todas decisiones que iniciarían con compromisos políticos, y quizá reformas legales, pero que pronto tendrían que materializarse en nuevas estructuras, procesos y actividades de la administración pública.

Por ello, la discusión sobre el futuro de la administración pública federal no se puede reducir al recorte de sueldos ni a la reubicación de dependencias. El debate debe ampliarse en torno a una profunda reforma de la administración pública que reconstituya las capacidades institucionales del Estado para atender el reclamo social que se manifestó en las urnas. Más allá de la retórica política detrás del anuncio de una administración austera, se requiere un plan integral que le dé capacidad a la administración y, con ello, viabilidad a las promesas hechas.

Aunque se lograran los ahorros anunciados, si la reforma administrativa se agota en lo presupuestal, la burocracia pronto será un dique para las ambiciosas decisiones del nuevo presidente. Pero más importante: se desperdiciaría, una vez más, la oportunidad de dejar de considerar a la administración un botín para repartir puestos entre los aliados y recursos entre las clientelas y, en lugar de ello, convertirla en el motor para el logro de los propósitos de un gobierno y la atención de los problemas públicos.

Un gobierno democrático no es sólo aquel en el que se accede al poder mediante elecciones libres y equitativas, sino aquel que ejerce el poder en lógica democrática, con el ciudadano en el centro de sus decisiones. Y eso requiere una administración profesional, competente, sometida al poder político pero independiente de agendas partidistas o personales.

Hay cambios tecnológicos y de comunicaciones y nuevos patrones de relación entre ciudadanos y gobiernos que podrían revolucionar la forma de ejercer el poder público. La administración pública federal requiere ponerse al día no sólo para ser austera, íntegra y comprometida. Requiere ser eficaz, imparcial, competente y profesional. Y requiere ser abierta a los ciudadanos: transparente, cercana, amable, inclusiva y capaz de aprovechar las ideas y propuestas de la gente.

El nuevo gobierno ya sacó la podadora y anunció recortes parejos en los primeros días de la administración. Para gobernar seis años requerirá muchos más instrumentos y planes matizados, ajustados, precisos, para hacer el trabajo fino de construir una administración pública austera, íntegra, eficaz y abierta.

 

Guillermo M. Cejudo y David Gómez-Álvarez
Profesores e investigadores de la División de Administración Pública del CIDE y del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, respectivamente.

Expediente

68.
La otra visión

En este lúcido y extraordinario ensayo Ariel Rodríguez Kuri sostiene que los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968 fueron dos procesos no opuestos, sino complementarios. El mayor compromiso internacional de todo el siglo XX mexicano no hubiera sido posible sin el reconocimiento de sensibilidades plurales, sin la perfecta adaptación de espacios deportivos y culturales en la Ciudad de México y sin el entusiasmo del público mexicano. Los jóvenes se encargaron de poner en el centro de sus demandas el ejercicio de libertades políticas y civiles básicas. La nota oscura la dio el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que había sido, por otra parte, extraordinario y original administrador de los juegos. La tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco borró la fiesta de las Olimpiadas y de la movilización estudiantil. Ariel Rodríguez Kuri rescata las dos caras de aquellos hechos, en un primer intento de mirarlo todo junto, como fue.

Incluso los museos tienen una historia, es decir, incluso los lugares en los que se narra una historia tienen su historia. La obsesión por reunir en un solo espacio los hallazgos que el hombre ha hecho es una promesa. Con todos los sesgos que el antropocentrismo y sus derivados imponen a las colecciones y exhibiciones de restos, piezas, artefactos, ejemplos y obras, el museo expresa un momento totalizante de la cultura: el mundo todo, o una faceta, o una culminación, o un ejemplo didáctico de ese mundo. Nadie dice hoy día que el museo sea perfecto ni justo ni neutro; es, está ahí, marcado en su nacimiento y manutención por las pasiones oligárquicas, étnicas, religiosas, nacionalistas, estatales, narcisistas e incluso por los episodios psicóticos de sus fundadores y donantes.

Según precisan los diccionarios, el museo es el “lugar o edificio en donde se conservan y exponen objetos de valor artístico o de interés histórico o científico para que se los contemple, estudie o aprecie”.1 Etimológicamente, más aún, el museo es el lugar de las musas, de la inspiración, del soplo de vida, y de la vida como deseo. Convengamos eso para entender el sentido de 1968. En aquel momento los astros se alinearon para hacer de un cúmulo de experiencias a cielo abierto un museo. No se trató sólo de la acción sistemática de reunir objetos en las salas de un edificio (aunque hubo mucho de esto); fue otra cosa: cuando el edificio del museo, y el público, y los museógrafos, son ellos mismos objetos de la exhibición. La idea es que en 1968 la Ciudad de México fue el museo del universo.

Y éste sería de tal riqueza que se acabó exhibiendo no sólo objetos en el sentido más pedestre del término, sino experiencias de vida, gestos colectivos, estados de ánimo generacionales y lenguajes que iban de la ruptura a las convenciones al uso. Al contrario de lo que sucede en los museos de piedra, acero y cristal, o en los virtuales, en nuestro museo el guión no proviene de una mente maestra, el museógrafo, que administra la información y distribuye los énfasis en cedularios inapelables. Nuestro museo resultó un cárcamo, un depósito provisional y poco acotado en el cual irrumpió el chorro desordenado de lo disponible (a veces relevante, a veces anecdótico), siempre exudando la desmesura y el acierto, el entusiasmo y el espanto, la esperanza y la decepción y, porque así fue, la sangre de la historia que transcurre. En 1968 la Ciudad de México devino un museo que presentó y representó el gran estado de la cuestión —de la ciudad, de la nación, del Estado, del mundo, del deporte, de la competencia, del arte, de la violencia, del cinismo, de los límites y alcances de una década. Fue un museo porque, a la vera de los Juegos Olímpicos, deliberadamente lo quiso ser, en una de las más grandes hazañas de la cultura mexicana; fue museo, a su pesar y por malas razones, debido al desenlace trágico de la protesta estudiantil. Y no es posible olvidarlo: los Juegos Olímpicos de 1968 representaron el mayor compromiso internacional de todo el siglo XX mexicano, que transcurrió bajo la égida del político más cerril del priato clásico: Gustavo Díaz Ordaz. Así es la historia.

Ilustraciones: Kathia Recio

La sede olímpica

Los Juegos Olímpicos de 1968 se obtuvieron en medio, a pesar y gracias a la Guerra Fría. La Ciudad de México ganó la sede de los XIX Juegos Olímpicos de la era moderna en la reunión del Comité Olímpico Internacional celebrada en Baden-Baden, República Federal Alemana, en octubre de 1963. En aquella reunión la capital nacional recibió 30 votos, Detroit 14, Lyon 12 y Buenos Aires dos. La Ciudad de México obtuvo la mitad más uno de los votos necesarios (es decir 30 de 58 votos emitidos) en la primera ronda, para sorpresa de todos. La ciudad ganó porque se coló entre los intersticios de la Guerra Fría para ofrecer algo que las otras ciudades no podían: una imagen de cierta autonomía respecto a los grandes poderes políticos y nucleares (Estados Unidos y la Unión Soviética) y un estilo no alineado justo cuando una parte de los socios olímpicos eran países recién independizados para los cuales la “neutralidad” mexicana, que no lo era en realidad, venía bien. La otra carta mexicana era de verdad tentadora: unos juegos de bajo costo, que contrastaban con las cifras astronómicas de Tokio 1964 (que presento adelante).

Juegos Olímpicos ¿para qué? Esta es una pregunta mayor en la historia contemporánea de México. La pugna por la sede, de un lado, y luego los trabajos para aclimatar y realizar los juegos en la Ciudad de México, del otro, se hicieron en dos momentos discretos, singulares, de la política local e internacional. El periodo comprendido entre octubre de 1963 (la sede) y octubre de 1968 (la inauguración) transcurrió entre los gobiernos de Adolfo López Mateos y John F. Kennedy (que con sus contradicciones fueron momentos optimistas de la vida pública) y los de Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson (tiempos exasperantes, dolorosos e imprevistos).

El tamaño del compromiso reservaba sofocones de época. Lo ominoso tiende a materializarse. En febrero de 1968, con casi todo preparado en la Ciudad de México, Sudáfrica fue readmitida en el Comité Olímpico Internacional, lo que obligaba al gobierno de México a invitar formalmente a los racistas. Díaz Ordaz le dijo a un acongojado Ramírez Vázquez: “esos cabrones no entran”. Como señaló The New York Times, esa era la mayor crisis del movimiento olímpico desde los juegos de Berlín en 1936 y el problema del antisemitismo nazi.2 El apartheid se convirtió en asunto mexicano. El objetivo de los organizadores era una reunión multicultural y multiétnica, pero la puesta en escena del museo del universo en la Ciudad de México se tambaleó. La amenaza de un boicot masivo y estridente ponía en duda la asistencia de África subsahariana (22 naciones), de la totalidad de los países árabes, de la India, de todas las naciones del Caribe, de los países de Europa Oriental y de la URSS e, incluso, de atletas negros de Estados Unidos. Sólo una serie de maniobras agresivas e imaginativas del servicio exterior y de los hombres del comité organizador lograron la retracción de Avery Brundage y de la plana mayor del Comité Olímpico Internacional: se canceló la readmisión de Sudáfrica. Lo imprevisto ayudó: el asesinato de Martin Luther King y la serie de motines raciales que recorrieron las ciudades estadunidenses en abril de 1968 apanicaron a la dirigencia olímpica de Lausana, y acabaron por convencerlos de que Sudáfrica en México era una pésima idea.

Los juegos de 1968 son un momento estelar en la historia de la cultura mexicana. En realidad, casi todos los tópicos culturales se pueden discutir alrededor de los juegos. Uno parece esencial: las alternativas posibles respecto a eso que se ha dado en llamar el nacionalismo cultural, en caso de que éste existiese todavía en la década de 1960. En términos de imagen, discurso y acto, los juegos y su alter ego, la Olimpiada Cultural, parecen matizar y a veces negar la ideación de un nacionalismo cultural, en su connotación de algo férreo, cerrado y autosuficiente. 1968 quiso, y estuvo a punto de lograrlo, consagrar de una vez para siempre la vocación ecuménica de la cultura mexicana.

De la Olimpiada Cultural deberá destacarse el ánimo plenamente consciente de los organizadores por apropiarse del universo de la cultura tal como se encontraba, trasladarlo a México, e insertar lo nacional sólo como una estrella en ese firmamento; hacia febrero de 1968 se habían anotado 89 países (de 119 que asistieron a la justa deportiva). En un libro por venir describo esa propuesta, y a la dinámica que desató, como un “ellos son, ellos vienen”. La Olimpiada Cultural ocupó teatros, salas de concierto, vías públicas y explanadas durante 11 meses de aquel año: del Bolshoi a Ella Fitzgerald, y de Maurice Bejart y su ballet a Martha Graham y John Cage y Alicia Alonso y el Ballet del Senegal; Maurice Chevalier y Duke Ellington o la Ópera de Berlín y el Ballet de la Ópera del Rhin, y así, en una cartelera de meses y meses. Al finalizar 1968 Óscar Urrutia, quien fue el coordinador de la Olimpiada Cultural, visitó a José Luis Martínez, director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Éste le mostró a Urrutia el estado contable del Palacio de Bellas Artes, y preguntó: “¿de qué color es la cifra final, Óscar?”. “Negra”, contestó Urrutia. “Debes estar orgulloso”, concluyó Martínez, “es el primer año que el balance contable de Bellas Artes está en números negros”. Abarrotar un año completo el Palacio de Bellas Artes es un acto de Estado.

Ya el proyecto olímpico, que el comité organizador dirigido por Pedro Ramírez Vázquez consolidó a lo largo de 1967, adelantaba la idea de que el papel esencial de la ciudad sería —eso lo digo yo— un museo del universo. Así se planeó y ejecutó la obra olímpica, así se hizo la difusión de los juegos y así se realizó el programa cultural paralelo. Alrededor de la Olimpiada Cultural, y de la propia complejidad de los deportes olímpicos, es posible reconocer una de las hazañas mayores de los organizadores en 1968: la conversión de una idea difusa y anacrónica de pueblo (supuestamente el beneficiario de los juegos y su parafernalia) en una noción más práctica y diversificada y democrática: un público (o unos públicos). Eso también lo debemos al gran experimento de 1968: la segmentación legítima de los públicos, el reconocimiento de sensibilidades plurales, la supresión del prejuicio de que el público sólo demanda, en beneficio de un(os) público(s) que acude(n), presencia(n) y decide(n).4 

Pero hubo algo más: un principio de método aplicado a rajatabla era que los juegos se adaptarían a la ciudad y no la ciudad a los juegos (Ramírez Vázquez lo llamó “urbanismo vivo”). Dos resultados visibles de esa disciplina: la ciudad no heredó elefantes blancos, esas instalaciones sólo útiles en los 15 días de la justa, sino verdaderos equipamientos urbanos; prácticamente todas las infraestructuras y edificaciones construidas ex profeso (Villa Olímpica, Palacio de los Deportes, alberca y gimnasio olímpicos, Villa Coapa, prolongación de Periférico desde San Jerónimo a Villa Coapa) tienen hoy día una vida útil intensa, y han amortizado con creces sus costos. En una proporción cercana a 50% las competencias se desarrollaron en instalaciones previamente existentes y sólo adaptadas a los reglamentos olímpicos: Estadio Olímpico, Auditorio Nacional, Teatro de los Insurgentes, Arena México, Avándaro, Magdalena Mixuca, Pista de Hielo Revolución, Campo Marte, Club de Yates de Acapulco, y así por el estilo.

La otra consecuencia es más espectacular, sobre todo para la historia del gasto público en México (una que todavía no se escribe, por cierto): los juegos de la Ciudad de México fueron los más baratos de todos los celebrados entre 1964 y 1988, esto es, 502 millones de dólares (de 1982); usando el mismo rasero (dólares de 1982), los juegos de Tokio (1964) costaron la friolera de más de seis mil 600 millones de dólares; los de Múnich (1972) mil 463 millones, y los de Montreal (1976) y Moscú (1980) poco más de dos mil 400 millones de dólares cada una. Los Ángeles (1984) significó un importante cambio en la escalada de costos: estuvieron un poco arriba de los 525 millones (y no en balde su modelo organizativo fue muy parecido al de la Ciudad de México), en tanto con Seúl (1988) se confirmó la tendencia, de un cuarto de siglo, a la escalada de los costos: casi tres mil 422 millones de dólares.5

El modelo mexicano consistió en aceptar sin reticencia la dispersión de las instalaciones y por tanto la ausencia de un complejo olímpico como tal. Como ha señalado el historiador George F. Flaherty, esa realidad urbanística obligó a una logística y a una estética del movimiento. Los organizadores aprovecharon al máximo el estado del arte público en la década de 1960 (y la Ruta de la Amistad debe ser entendida como un espectáculo sólo disfrutable desde el automóvil y el free way). Una masiva campaña de señalización utilizó dos recursos: símbolos muy cercanos a los ideogramas (es decir, un mínimo de palabras, si alguna) y la utilización del color (rosa) para indicar senderos y accesos a las instalaciones olímpicas. Los organizadores imaginaron una ciudad que fluía entre los distintos nodos olímpicos (estadio, salas, teatros, arenas, hoteles); era una ciudad cinética, donde importaba el movimiento con independencia de su causa.6 El público olímpico, para serlo realmente, debía ser una masa en movimiento (por cualquier medio), la única manera de asumir las distancias y la invertebración de una ciudad desigual en casi todos sus órdenes. La ciudad fragmentada, la ciudad habitada siempre por viajeros (locales o ajenos), transitó así del pecado a la virtud. El aura de la ciudad olímpica se nutriría sólo de la unidad de sentido (no de alguna materialidad espectacular) que, por efímera, resultaba aún más entrañable.

Los estudiantes en el museo

Sostengo en mi investigación que los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil fueron dos procesos complementarios y no antitéticos. Diría más: eran simbióticos. (En el museo no habría dos sino una sola sala para ambos.) Cada fenómeno dependió vitalmente del otro. Antes de julio de 1968 el ambiente general y la agenda olímpica (la espera, la propaganda, las expectativas y los temores, la propia Olimpiada Cultural) fueron creando las “condiciones” subjetivas —dirían los clásicos—, esto es, las sensibilidades indispensables en una parte del público local. Un desasosiego sin objeto definido prevalecía en la ciudad antes de las jornadas estudiantiles de julio, sospecho; he llamado a ese estado colectivo “las políticas de la ansiedad”, un síndrome que sumó además la ausencia de políticas públicas para los jóvenes (en una sociedad de jóvenes) y los saldos de un catolicismo patriarcal (o un patriarcado católico, no sé), con frecuencia chabacano. En De perfil (1966) José Agustín entendió casi todo. El protagonista adolescente acompaña a su amigo Esteban (un muchacho con pretensiones intelectuales, ampliamente consentido en casa) a recoger su certificado de secundaría en el Colegio Simón Bolívar. Esteban es sermoneado por el director cuando se entera que seguiría sus estudios en una preparatoria de la Universidad Nacional (esa “olla de ateos”, le dice el director). Esteban guarda silencio durante toda la perorata; cuando tiene el certificado de secundaria en las manos, explota:

Cállese, viejo ojete, está jodidísimo si cree que voy a seguir en una pinche escuela de religiosos putos. Cállese, le digo. Entonces sí me pervertiría, dejándome manosear por viejos como usted. ¡Me vomito en esta escuela y en todas las religiosas, me cago en su pendejo dios y en su puta virgen, me vomito en usted y en el director y en las monjas y en todos los maestros! ¡Y cuídese, barrigotas, porque un día de estos se me sube la sangre a la cabeza y vengo y lo madreo!

La de Esteban es otra insurrección, de barricadas verbales.

El origen de la protesta estudiantil de 1968 sigue siendo una “escena primaria” (en el sentido de Freud) de la cultura política mexicana.7 La escena primaria es, a un tiempo, afirmación, dolor y olvido —y define un patrón de comportamiento en el tiempo. En esa dimensión es explicable la tendencia de las historias de 1968 a omitir la violencia en la constitución del actor “estudiante” en 1968. Sugiero otra cosa: la violencia callejera de julio estuvo a punto de crear un interlocutor y un espacio político para la negociación. La esfera pública no es algo dado, no es un espacio predefinido que sólo será ocupado por los interlocutores. La esfera pública tampoco se encuentra en las antípodas de la violencia. La violencia puede negar, pero también puede crear (dentro de unos límites y utilizando ciertos códigos) las condiciones para que aparezca una oportunidad de reflexión, interlocución y toma de decisiones.8 La violencia no es un ente amorfo ni es una experiencia puramente irracional que niega la existencia misma de una esfera pública y de unos actores que saben calcular y decidir. La violencia tiene agentes, contenidos, ritmos y expresiones concretas.

Incertidumbres. La década de 1960 está asociada a las protestas y movilizaciones de estudiantes a lo largo y ancho del mundo. Pero ¿existe una década de los sesenta como entidad discreta en la historia contemporánea? Arthur Marwick ha ofrecido un buen número de características socioeconómicas y culturales que validan el uso de la expresión con fines historiográficos, al menos para el entendimiento de ciertos procesos en Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Francia. En todo caso, destaco que para Marwick es pertinente referirse a los “largos años” sesenta, que corren de 1958 a 1973, es decir, que van de la consolidación del bienestar general de posguerra (sobre todo en Europa) a la crisis energética y la recesión económica de 1973-1974.9

Los años sesenta serían el momento más alto del pacto sociopolítico que en buena medida refundó la Europa destruida a partir de 1945, y que en Estados Unidos amplió y dio nuevo impulso a las formas del Estado de bienestar vislumbradas por el New Deal rooseveltiano y que el presidente Lyndon B. Johnson habría querido proseguir con su Great Society (si Vietnam y Richard M. Nixon no se hubieran atravesado, pero en fin). Como los historiadores han mostrado, la expansión de derechos y las nuevas agendas políticas en gestación (las garantías al voto afroamericano en Estados Unidos, el medio ambiente, los derechos de las mujeres y de los consumidores, por ejemplo) surgirían de luchas políticas específicas, a veces aisladas y heroicas (como la de los trabajadores agrícolas de origen mexicano en el suroeste estadunidense), a veces concurridas por grandes contingentes sociales.10

Al menos en ciertos países europeos y en Estados Unidos los jóvenes habían crecido en un ambiente de bienestar desconocido para sus padres y más aún para sus abuelos. Tal superposición generacional crearía escenarios de consenso y de disenso inéditos. Quizá una grosera obviedad de mi parte pueda ilustrar tales ambientes: cuando hablamos de jóvenes en la década nos referimos a hombres y mujeres nacidos, grosso modo, entre 1940 y 1950. Una fracción de los jóvenes de la década de 1960 nació cuando la Segunda Guerra Mundial no había terminado aún, dato que no es menor para la experiencia política de Estados Unidos y, menos aún, de casi cualquier país europeo. Una sombra, la guerra, acompañó la niñez y la adolescencia de miles de jóvenes.

Las sociedades del bienestar abrieron las puertas a la educación media, técnica y universitaria en magnitudes desconocidas; tal es otra gran novedad del periodo. Reingenierías institucionales, como las del gobierno laborista de Gran Bretaña (1945-1950) permitieron el ascenso en la escalera educativa más allá de las primeras letras. Padres trabajadores de cuello azul y blanco con ingresos decentes, con garantías creíbles en cuanto a la salud, la jubilación, la habitación y la educación de sus hijos son una de las referencias de la década. Cuando hubo rebelión de jóvenes universitarios en Estados Unidos o Europa Occidental no siempre fue una rebelión desde la escasez material ni desde la carencia de derechos políticos básicos. No obstante, esa historia sería distinta en las protestas y rebeliones de los jóvenes afroamericanos en Estados Unidos, en la experiencia de grupos migrantes africanos en Francia, y obviamente en el caso de las dictaduras de España, Portugal y Europa del Este. Quizá precisamente esos contrastes ayuden a entender las dificultades para establecer las razones del malestar en sociedades como la estadunidense, la italiana, la francesa o la británica. Pero, sugiero, otra manera de entender ese malestar juvenil es identificar otro malestar, esta vez diferido: el de sus padres (y quizá en México ese malestar diferido de los padres se nos escapa aún).

En Estados Unidos dos grandes confrontaciones marcan esos años: los derechos civiles de los negros estadunidenses y la guerra de Vietnam. Esta última tuvo amplias repercusiones también en Europa, pero allá deben sumarse las militancias contra los peligros de la guerra nuclear y en pro de una detente con el bloque soviético, una agenda que viene desde la década anterior. No obstante, en Europa Occidental, o al menos en los casos francés e italiano, las críticas a los sistemas universitarios, incluyendo las relaciones de los estudiantes con sus maestros y el enfoque de la enseñanza universitaria y superior jugaron un papel muy importante en las protestas estudiantiles. En México no fue así.

La protesta que inició a fines de julio tuvo una agenda volcada de manera directa al ejercicio de libertades políticas y civiles básicas. El famoso pliego petitorio de los estudiantes tácitamente exigía respetar tres derechos constitucionales (de reunión, de manifestación y de petición a la autoridad) y reactivar una práctica ajena al autoritarismo mexicano: la rendición de cuentas por actos de gobierno (como la represión de julio). En términos programáticos, la protesta de los estudiantes en 1968 no estaría engarzada con un gesto contracultural masivo o como un punto en la agenda global del desarme nuclear o la guerra de Vietnam. Si hubiese que hacer una comparación con otras experiencias de la década, los estudiantes mexicanos recuerdan el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, al menos en un aspecto: haber colocado en el centro de sus demandas el cumplimiento de garantías y derechos constitucionales existentes. Y como todos sabemos, en México la Constitución ha sido un programa y no sólo una norma.

La caracterización anterior no va en menoscabo de los lenguajes y formas de expresión que generó la protesta: resulta claro, al calor de las manifestaciones, mítines, brigadas de difusión y gráfica utilizada durante la protesta que se avanzó en una desacralización de las figuras y el lenguaje públicos con apenas precedentes en la historia de la política, si exceptuamos quizá los años salvajes del antimaderismo de 1911-1913.11 Pero a diferencia de éste, en 1968 los estudiantes disidentes no contaron con un periódico o algún medio establecido; todo su esfuerzo de comunicación se dio en volantes, pintas en bardas, estribillos en manifestaciones, leyendas en mantas, arengas en autobuses, plazas y mercados. Esa furiosa desacralización a viva voz contribuyó a crear las “ágoras salvajes” (bellísima expresión de Fernando del Paso en Palinuro de México) del verano y otoño de 1968.

Las ágoras salvajes

A 11 semanas de la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos la policía exhibió una incapacidad notable para enfrentar una explosión de descontento juvenil como el que apareció a finales de julio de 1968. Su capacidad operativa resultó insuficiente para apagar la protesta estudiantil en sus orígenes; técnica y tácticamente no estaba capacitada para controlar la iracundia juvenil, incluyendo formas pedestres de violencia callejera. La policía perdió la batalla de la Ciudad de México, y el resquebrajamiento de sus capacidades materiales y simbólicas para conservar un “orden” en escuelas de adolescentes y sus alrededores no puede ser subestimado. El conflicto de 1968 se convirtió en un fenómeno político nacional precisamente cuando la protesta superó las mediaciones de seguridad locales; el llamado al ejército otorgó a los acontecimientos un cariz de tal manera distinto que modificó su naturaleza. Alfonso Quiroz Cuarón, uno de los criminólogos más reconocidos del país, reflexionaría en octubre de 1968, después de Tlatelolco, que los “últimos disturbios” habían puesto “en evidencia la crisis total, definitiva, de las instituciones policiacas”; se había llegado al absurdo de que el ejército se convirtiera “en gendarmería nacional”, una medida a su juicio descabellada. Quiroz Cuarón sugería, por tanto, la creación de una “policía nacional”.12

El inicio de las muestras públicas de descontento juvenil en las calles fue anticlimático. Una bronca entre estudiantes de la Vocacional 5, en la Ciudadela, con jóvenes de la preparatoria particular Issac Ochoterena (con la posible participación en apoyo de éstos de estudiantes de la Preparatoria 4), precipitó una torpe vigilancia y represión policial por los granaderos, los días 23 y 24 de julio. Fue tan excesiva la golpiza a los estudiantes en esa zona que una organización charra de estudiantes politécnicos (la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, o FNET) tuvo que organizar una protesta pública el 26 de julio. Una hipótesis: sostengo que grupos de porros y los pandilleros de barrio se comportaron con frecuencia, entre julio y septiembre, como si fueran estudiantes, es decir, usaron las escuelas, los modos de organización y las rutinas de los estudiantes para resistir y atacar a los policías. Ellos también tenían agravios.

Los acontecimientos del 26 de julio son de otra magnitud. Esa tarde se realizaría una manifestación de la FNET para protestar por el comportamiento policiaco en la Ciudadela. También se programó otra, organizada por la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) y la Juventud Comunista, para conmemorar la revolución cubana. Siguen siendo poco claras las razones por las cuales las autoridades “permitieron” dos manifestaciones el mismo día en la Ciudad de México. Podría suponerse que, para los estilos de la época, el gobierno de la ciudad bien pudo decidir autorizar una sola o ninguna de las dos. Esta respuesta desdeña sin embargo la enorme efervescencia y descontento estudiantil, sobre todo de los politécnicos; el 26 de julio incluso las autoridades percibían ese ánimo. A juicio de Salvador Martínez della Rocca (de la Facultad de Ciencias) las autoridades de la ciudad esperaban riñas a la vieja usanza, es decir, entre politécnicos y universitarios.13 Pero éstos no pelearon —se aliaron.

A eso de las ocho de la noche del 26 de julio la policía enfrentaba al mismo tiempo a los estudiantes del Poli que se separaron de la marcha oficialista, aliados circunstancialmente a los de la Juventud Comunista (ambos contingentes querían marchar al Zócalo desde el Hemiciclo), y a adolescentes que salían de un festival musical en la Preparatoria 3 en San Ildefonso, y que nada tenían que ver con las dos manifestaciones anteriores. ¿Por qué tal desorden policiaco? A saber, pero se trató, en palabras de Carlos Monsiváis, de aquel “momento vertiginoso del 26 de julio”,14 alucinante, y a mi juicio uno de los momentos estelares de la desobediencia y el ajuste de cuentas plebeyo contra la autoridad. Sabemos que un impresionante contingente policiaco ya se había desplegado en el Zócalo para evitar el arribo de los muchachos que venían por Madero (y calles paralelas, desde San Juan de Letrán): habría unos mil policías uniformados, 350 granaderos, 300 agentes del servicio secreto y 200 de la policía judicial, y unos 50 de la Dirección Federal de Seguridad.15 Nada mal.

Los días comprendidos entre el sábado 27 y el lunes 29 de julio obran en los anales de la ciudad como unas de las jornadas más extraordinarias, ni duda cabe (y conmemoraciones que sólo atiendan el lado trágico de 1968 dejan de lado la explosión de vida que toda desobediencia colectiva y espontánea conlleva). En principio, porque se apoderó de la urbe un halo de novedad y frenesí casi desconocidos. La retención de autobuses y su uso como barricadas, si bien afectaron en principio las zonas aledañas a las escuelas de bachillerato, tuvieron un impacto amplio en la ciudad (el Metro no existía, por ejemplo). Recordemos que las escuelas preparatorias y vocacionales estaban insertas en barrios populosos, de viejo y nuevo cuño (Tacubaya, Mixocac, Coyoacán, Coapa, Tlatelolco, Centro Histórico, La Viga, Lindavista), por lo cual la protesta era visible ante un público de otra manera improbable. En esas jornadas la policía política apenas encontraba un tono para reportar el ánimo disruptivo de los estudiantes: el 29 de julio unos mil 500 estudiantes estaban en las inmediaciones de la Preparatoria 1, a eso de las 18:30 horas, con “actitud […] de agresividad”; un par de horas más tarde 200 estudiantes de la Preparatoria 3 “se armaron con varillas, palos y piedras para hacer frente a los granaderos”; ese mismo día, pero en la Preparatoria 7 (La Viga), se desarrolló un mitin a eso de las 13:00 horas en el cual se llamó “atajo de bandidos” al presidente de la República, al jefe del Departamento del Distrito Federal y a otros funcionarios federales (el público de ese acto era de comerciantes en pequeño de la zona); estudiantes de la Preparatoria 9 (en Insurgentes Norte) destruyeron una caseta telefónica (una minucia) y estudiantes de la Vocacional 4 (en Constituyentes) retuvieron cuatro autobuses foráneos de la línea Herradura de Plata (que hacía el servicio México-Toluca), después de un altercado con los choferes. Los politécnicos de la Vocacional 5 (en la Ciudadela) fueron más lejos; 300 muchachos trataron de interceptar, sin éxito, un convoy policiaco de la Dirección de Tránsito; luego retuvieron en la escuela a un agente de policía y una ambulancia de la Cruz Roja; en el clímax de la jornada, 700 estudiantes bloquearon con autobuses todos los accesos a la Plaza de la Ciudadela, no sin antes obligar a algunos fotógrafos de la prensa a tomar placas de los jóvenes en pose, a la espera de “los granaderos para hacerles frente”. En este panorama hay un elemento que no debe perderse de vista: ese fin de semana toda acción que partió de las escuelas de bachillerato fue precedida o seguida, según la policía, por una asamblea de estudiantes, con nutrida asistencia en todas ellas.

La madrugada del martes 30 de julio estaban reunidos en las oficinas del Departamento del Distrito Federal su titular, Alfonso Corona del Rosal, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y los procuradores de justicia de la República y del Distrito Federal, Julio Sánchez Vargas y Gilberto Suárez Torres, respectivamente (el presidente estaba en Guadalajara). Comparecieron ante la prensa el responsable nacional del control y la represión política y el administrador de la ciudad, amén de los abogados de la República y de la capital. El vocabulario y los argumentos, y la hora inusual de la conferencia (alrededor de las tres de la madrugada) sugieren apremio, desconcierto e incertidumbre. Tenían una bomba política en las manos: reconocer que poco después de la medianoche unidades del ejército habían hecho su aparición en varias zonas de la ciudad para dispersar a los estudiantes de las calles aledañas y ocupar escuelas.

El objetivo central de la intervención militar fueron las preparatorias 1, 2 y 3 (es decir, los edificios de San Ildefonso y Primo Verdad), vecinas del Zócalo, y las vocacionales 2 y 5 de la Ciudadela, así como la Preparatoria 7, en La Viga. Especialmente importante por la violencia invertida y por sus consecuencias inmediatas resultó la toma del edificio de la Preparatoria 1, donde se habría usado una bazuca para derribar la puerta. El parte militar del general José Hernández Toledo, a cargo de la operación, sostuvo que la bazuca sólo apuntó a la puerta, sin disparar; la explosión habría sido provocada por los estudiantes con bombas caseras. Un informe de la policía política, en cambio, señala sin ambages que “con una bazuca la puerta de la preparatoria fue volada” por los soldados. Y una crónica periodística insiste en el punto, con un lenguaje o bien sintomático o de fina ironía: “tras exigir la rendición del enemigo, dispararon [la bazuca] contra el portón que derribaron y luego entraron por esa brecha [los soldados] y se posesionaron del edificio”.16

Una vez evaluadas las refriegas del 26 de julio y días posteriores, y sobre todo el desalojo del edificio de San Ildefonso, el rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, hizo dos gestos públicos a la fecha aún sorprendentes: la vindicación de la autonomía universitaria con el izamiento de la bandera nacional a media asta en Ciudad Universitaria, el 31 de julio; y la convocatoria para realizar una manifestación fuera del campus, el 1 de agosto. Tales gestos atajaron y contuvieron la violencia por un largo mes, quizá porque el rector llamó a los dos actos por él convocados y presididos “protesta”: “La autonomía no es una idea abstracta. Es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos”; la “protesta” debe ser llevada “con inteligencia y energía”, y advertía: “no cedamos a provocaciones, vengan de adentro o de afuera”.17 Fernando Solana, secretario de la Universidad Nacional, recordaría 30 años después que las autoridades de la ciudad le hicieron saber que el Estadio de la Ciudad de los Deportes (o Estadio Azul) estaba reservado para acomodar a los aprehendidos en el caso de q