Energía

Electricidad: el gobierno contra los privados otra vez

La generación distribuida es un fenómeno bastante simple y lógico. En lugar de generar la electricidad en puntos lejanos a decenas o cientos de kilómetros y traerla hasta donde se consume, se genera en el punto de consumo. Esta forma de generación se vio beneficiada por el uso de paneles solares o fotovoltaicos, que bajaron de costo de forma acelerada y podías generar desde un panel de 150 watts o menos.

Antes de la reforma de 2013, vender energía era ilegal, pues el monopolio de la generación eléctrica lo tenía el Estado. Pero con la reforma, ese monopolio dejó de existir en generación. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está obligada a pagar, por ejemplo, los excedentes que se generan y no se consumen. Además ya desde 2016 se le podía vender energía a la CFE en pequeña escala y la CFE está obligada a conectar, recibir y pagar excedentes.

Para mejorar todo, el año pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un mecanismo mediante el cual tu podrías tener paneles solares que generaran más energía de la que consumías y venderle tus excedentes a tus vecinos, siempre que tuviera el mismo punto de interconexión y tarifa. Eso permitía, por ejemplo, que una plaza comercial le vendiera a sus locatarios energía limpia y a costo más bajo, o por ejemplo, que en algún fraccionamiento se pusiera un pequeño parque solar para alimentar a varios vecinos. Era una colectividad dueña y usuaria de un pequeño parque de generación.

¿El proyecto era perfecto? No, era limitado. De hecho algunas asociaciones solares manifestaron que lo ideal era que se pudiera dar ese intercambio más amplio, entre todos los usuarios de la misma tarifa, siempre que el precio de la energía fuera el mismo.

¿Cómo es eso? Un nodo es una región del sistema eléctrico. El país se divide para fines operativos en poco más de 2500 nodos. En cada nodo hay un precio de energía y es el mismo para todos los que están en el nodo. Si tu generabas energía de más en tu techo y se lo “vendías” a cualquier usuario que estuviera en el mismo nodo, al tener el mismo precio y considerando que los costos del uso de la red eléctrica ya se pagan mediante el cargo por distribución de energía, entonces nadie cargaba con pérdidas, se generaba más energía en la zona, había más energía disponible, con costos más bajos, energía limpia y hasta se relajaban las lineas de transmisión. Pero el proyecto que se aprobó estaba limitado a tener el mismo punto de conexión.

Ilustración: Víctor Solís

Aunque no perfecto, el proyecto permitía la creación de cientos, tal vez miles de sistemas de intercambio de energía entre particulares, instalación de miles de paneles solares en el país, ahorros en pequeños y medianos negocios que se instalaban en plazas comerciales, y toda la cadena de empleos que esto generaría.

El proyecto se aprobó desde la primera mitad del año pasado, lo aprobaron los comisionados impuestos por el presidente de la república, y aprobaron el proyecto por unanimidad.  Se envió al Diario Oficial de la Federación y por alguna extraña razón, no se publicaba.

Extraña razón porque la Comisión Reguladora de Energía tiene autonomía que le permite mandar los proyectos aprobados por el cuerpo colegiado al Diario Oficial y que se publiquen, sin necesidad de la aprobación de nadie mas.

El acuerdo no se publicó por más de un año y ayer la Comisión Reguladora de Energía aprobó un acuerdo mediante el que retira los acuerdos ya aprobados, entre otros el que permitiría esto que describí arriba y que se llama Generación Distribuida Colectiva.

Habrá que revisar la legalidad del proceder del Diario Oficial y fincar responsabilidades legales.

¿Quién es el ganador? El monopolio que puede seguir teniendo cautivos a los clientes y nos vende energía cara y sucia, sin necesidad de innovar, invertir o intentar ser mejores. ¿Quién pierde?

Perdemos los ciudadanos las pequeñas y medianas empresas que ya no tendrán a la mano esa posibilidad de ser más competitivas, ahorrar y generar costos más bajos para sus productos y servicios. Pierden los instaladores de paneles solares, que verán frenados proyectos de instalación y modelos de negocios.

Pero hay un GRAN perdedor más. La regulación permitía realizar acciones con gran impacto social a más bajo costo, generar cooperativas de consumo eléctrico locales, con beneficios sociales tangibles. Instalar paneles solares en pequeños parques que alimentaran a grupos, por ejemplo, comunidades indígenas, “barrios solares”, campesinos que compartieran el mismo punto de interconexión. En resumen, el pueblo era un beneficiario. Ahora frenan la posibilidad.

Al final, esto no es más que un freno temporal que pone este gobierno. Temporal porque la tecnología terminará venciendo estas barreras. Mientras CFE rescata generadoras viejas y poco eficientes e intenta cambiar las reglas para que sea esa energía cara la que se reciba primero en la red (eso hace el memorándum del presidente del 22 de julio pasado, el acuerdo del Cenace y la política de confiabilidad de Sener), el desarrollo tecnológico permite cada vez almacenamiento más barato, al grado de que en pocos años resultará más barato comprar paneles solares, baterías, instalarlos y consumir esa energía en lugar de comprarle a la red.

Eso lo debe entender esta CFE, empoderada por este gobierno, o terminará siendo una empresa dueña de cables, torres, postes y transformadores en desuso, como la gran mayoría de los teléfonos públicos que se instalaron el siglo pasado y a principios de este.

Y tal vez el clavo en el ataúd del modelo que busca este gobierno será justo no entender la realidad del presente y futuro tecnológico. Tener otros datos”.

Nota final: los proyectos retirados ayer fueron varios; los iré explicando en las siguientes semanas.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

La reforma de pensiones: impactos y beneficios

Después de 23 años de operación del sistema de pensiones de trabajadores del sector privado de México se están planteando cambios a la Ley del Seguro Social para hace la primera modificación paramétrica. En este artículo se hace una evaluación del desempeño del sistema como una precondición para justificar si la reforma es necesaria o no. El análisis de la propuesta y la conclusión sobre los beneficios y posibles impactos se hace condicional a la necesidad de la reforma.

Ilustración: Ricardo Figueroa

1. Antecedentes

En 21 de diciembre de 1995 se publicó la nueva Ley del Seguro Social. La entrada en vigor que se estableció fue el 1 de julio de 1997. En los artículos transitorios se plasmó que se respetarían los derechos adquiridos de los trabajadores que hayan cotizado en el esquema de la ley anterior del Seguro Social.

De manera específica, en la nueva ley se definió el mecanismo para que los trabajadores que tuvieran una fecha de inscripción al Seguro Social anterior a la fecha de entrada en vigor de la ley tuvieran la opción de pensionarse con el sistema anterior (Ley 73) o con el sistema nuevo (Ley 97).

La consecuencia del planteamiento de la nueva ley y su régimen transitorio es que el mercado laboral de trabajadores inscritos al IMSS se segmentó en dos: trabajadores que tendrían la opción de pensionarse con la Ley 73 y trabajadores que se pensionaran forzosamente con la Ley 97.

La implicación operativa del régimen opcional es que el flujo de las aportaciones de los trabajadores se iría a una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y al final de su etapa laboral en caso de optar por el régimen de la Ley 73 tendrían que entregar los recursos al Gobierno y se recibiría la pensión correspondiente.

Dicho esquema operativo tenía la bondad de que la aportación para el retiro estaría segregada en la cuenta individual y solamente se tendría acceso a esos recursos para pagar pensiones hasta el momento de cumplir los requisitos de edad.

Hay otras diferencias entre los dos segmentos del mercado laboral formal en cuanto a requerimientos para ser elegible a los beneficios en el sistema de pensiones y respecto de los propios beneficios del esquema.

El objetivo del artículo es evaluar las condiciones de la Ley 97, sus resultados, la razonabilidad de las propuestas del “Acuerdo para el Fortalecimiento de las pensiones de los Trabajadores” y los impactos esperados de éste, tanto positivos como negativos.

Para el desarrollo de este trabajo en la sección 2 se hace un análisis del régimen de la Ley 73 y los cambios que se hicieron para la Ley 97. En la sección 3 se hace una evaluación de los resultados de la Ley 97. En la sección 4 se describen las propuestas que se incorporarán en la reforma y se hace una evaluación para finalmente en la sección 5 concluir.

2. Regímenes pensionarios de trabajadores del sector privado: Ley 73 y Ley 97

En esta sección se presenta de manera esquemática en que consisten ambos regímenes de pensiones y cuales son las diferencias.

La principal diferencia entre ambos esquemas pensionarios deriva de que se cambio el modelo de sistema al pasar de uno de beneficio definido a uno de contribución definida. Este cambio es profundo y tiene muchas implicaciones en la relación entre los participantes: trabajador, empresa y Estado.

En un esquema de beneficio definido la empresa se limita a hacer las contribuciones que se establecen en la ley, el trabajador tiene que cumplir con los requisitos de tiempo de cotización y de edad y el Estado se hace responsable de las pensiones: monto y pago.

Las condiciones y beneficios del régimen tienen un balance implícito el cual fluctúa entre ser actuarialmente equilibrado (contribuciones y beneficios equivalentes) o tener un desequilibrio importante (beneficios mayores a contribuciones).

Un sistema con balance actuarial es fiscalmente es sostenible y la función del Estado es garantizar el pago en caso de insuficiencia de recursos. Un sistema con desequilibrio actuarial fiscalmente no es sostenible ya que con cada nuevo pensionado el Gobierno asume un pasivo por el pago de su pensión.

En un esquema de contribución definida normalmente la empresa es quien aporta recursos para el retiro de sus trabajadores, el trabajador tiene que cumplir los requisitos de tiempo y edad además de que ahora se tiene que hacer responsable de gestionar su ahorro.1 El Estado si acaso da una garantía de ingreso mínimo.

Lo que implicó la adopción de este esquema es que el Estado se hizo a un lado en materia pensionaria y transfirió los riesgos al trabajador. Para el empresario este modelo implica que el ahorro para el retiro debe ser parte de la compensación integral y que se vuelve corresponsable del retiro de los trabajadores.

La conclusión es que el cambio de modelo de sistema pensionario tuvo implicaciones profundas para los trabajadores y para las empresas en México. Los riesgos implícitos del sistema pensionario se les transfiere en su totalidad y se vuelven responsables del equilibrio resultante. 

En cuanto a los cambios en parámetros, condiciones y beneficios de la Ley 97, en términos generales se puede decir que los últimos cambiaron para volverse más estrictos y los primeros no sufrieron cambios.

La elegibilidad para tener beneficios se elevó de manera considerable. En la Ley 73 se tenía derecho a beneficios de salud y de pensión a partir de las 500 semanas de cotización. El requisito era relativamente flexible ya que con poco menos de 10 años de trabajo formal se tendría un ingreso pensionario y servicios de salud.
Los trabajadores que no cumplieran con las semanas no tendrían ningún beneficio y las contribuciones que realizaron en su vida laboral no las podrían recuperar.

En la Ley 97 se estableció el nivel mínimo para tener el derecho al beneficio de salud en 750 semanas y el nivel mínimo para tener la elegibilidad a una pensión mínima garantizada (PMG) en 1250 semanas.

La PMG sería el único beneficio pensionario y sería la misma para todos los trabajadores. Su monto se determinó en un salario mínimo.  Es decir, la pensión de garantía ya no dependería del nivel de ingreso de los trabajadores como sucedía con la Ley 73 y se dejó en el nivel mínimo que tenía dicho régimen.

La PMG no es un ingreso para el trabajador adicional al de su ahorro para el retiro. Como funciona es que el ahorro durante la vida laboral se transformará en un pago mensual y si este es superior a la PMG entonces el trabajador se queda con su ahorro. En caso contrario se entrega el ahorro al gobierno para que pague la PMG por lo que el costo fiscal es la diferencia entre ambos valores.

Sobre la dinámica de generación de recursos para el retiro de los trabajadores, la cuenta individual solo recibe recursos durante el tiempo que estuvieran inscritos en el Seguro Social. En el tiempo que no cotizan no entra dinero a la cuenta.

Es decir, en la parte operativa lo que implicó el cambio de régimen es que el tiempo de contribución se vuelve relevante porque define el flujo de ahorro a las cuentas individuales. Antes los trabajadores tenían un contador de semanas para evaluar si llegaban o no al requisito de tiempo de cotización. Ahora las semanas me dan la elegibilidad para un mínimo, pero además definen el valor del ahorro. 

A diferencia de los requisitos, los parámetros no tuvieron modificaciones. Tanto la edad de retiro (60 años por cesantía y 65 años por vejez) como la cuota de aportación (6.5 % del salario base de cotización) no sufrieron cambios de la Ley 73 a la Ley 97. Lo único que se hizo fue incorporar un pago adicional del Gobierno que se denominó cuota social.2

Como se puede apreciar en la narrativa anterior, si hubo un cambio radical en el esquema pensionario en México. Para evaluar lo que se espera de las pensiones con la Ley 97, una manera indirecta de hacerlo es entendiendo que tan relevante era el desbalance actuarial del régimen anterior y que tan generoso era el subsidio. Esta última variable esta relacionada con el monto del pasivo que asume el Gobierno y permite concluir que tan relevante fue la reforma desde la perspectiva de las finanzas públicas. 

De acuerdo con Grandolini y Cerda (1998), utilizando datos a 1994 muestran que el pasivo contingente derivado del déficit actuarial de la Ley 73 para los trabajadores inscritos a esa fecha y para las generaciones futuras se estimaba en 141 % del PIB. Los trabajadores activos y pensionados hasta ese momento representaban un pasivo contingente cercano al 75 % del PIB.

Lo anterior, de evidencia de que uno de los motivos principales para hacer la reforma y generar el nuevo régimen de la Ley 97 fue la sostenibilidad fiscal. En la Ley 73 había una falta de balance actuarial en los parámetros del sistema. La consecuencia es que el nuevo modelo tendrá pensiones muy bajas debido a que los parámetros no cambiaron y se elimina el subsidio del gobierno.

En esta sección se presentó en que consistió la reforma, lo que implica el nuevo esquema en términos de relación trabajador, empresa y Estado y que había un desequilibrio fiscal profundo en la Ley 73. En la siguiente sección se presenta lo que se esperaba de este nuevo arreglo institucional. 

3. Evaluación de la Ley 97

Para hacer la evaluación de la reforma de 1997 es necesario entender cuales fueron las variables y los argumentos que justificaron en su momento las modificaciones. Sales, et al. (1998) identificaron las siguientes variables como las que más incidieron en el diseño de la nueva ley: tendencias demográficas, contribuciones insuficientes, débil relación entre contribuciones y beneficios, crecimiento de la economía informal y uso inadecuado de reservas, entre otros.

Los autores mencionan que la población de México en 1930 era de 16.5 millones de habitantes y para 1990 era de 90 millones. La proyección que presentan para 2030 era de 142 millones de personas. Otra variable relevante es la expectativa de vida. En 1950 era de 49.6 años y para 1995 ya era de 70.8 años. Por lo que respecta a la tasa de dependencia, es decir, el porcentaje de personas de 65 y mayores como proporción de la población en edad laboral se esperaba que pasaría de 7 % en 1995 a 14.8 % en 2030.

Los cambios demográficos que se esperaban en México con una mayor población, viviendo más y con mayor proporción de adultos mayores tendrían implicaciones para el sistema de pensiones. De manera conceptual, la migración a un sistema de contribución definida con está tendencia poblacional es razonable. Sin embargo, su viabilidad queda sujeta a las definiciones específicas de los parámetros. 

Respecto de las contribuciones insuficientes, los autores mencionan que uno de los problemas de la Ley 73 era que éstas no alcanzarían para pagar los beneficios pensionarios. Un dato relevante que mencionan es que para evitar problemas de flujo al IMSS en 2020 las cuotas tendrían que llegar a un nivel de 23.3 % del salario base.

La falta de relación entre contribuciones y beneficios la fundamentan con dos datos. El primero es que en promedio el IMSS va a pagar al trabajador una pensión durante 18 años con un mínimo de tiempo de contribución de 10 años y la pensión mínima es de un salario mínimo.  El segundo es que el salario para definir la pensión es el de los últimos cinco años de cotización y no el promedio de la vida laboral, lo que crea un incentivo a la sub cotización.3

Sobre el tamaño de la economía informal, el dato que mencionan es que a noviembre de 1995 el porcentaje de la población económicamente activa inscrita en el Seguro Social era solo de 35 %.

Por último, los autores mencionan que en cuanto a las reservas técnicas que se debieron haber constituido con las cuotas del régimen de pensiones se utilizaron por el Seguro Social para otros fines como realizar inversiones en infraestructura hospitalaria y financiar el seguro de salud y maternidad. El dato que estiman de cuanto debía ser el fondo de pensiones en 1994 era de 11 % del PIB de ese año, en tanto que las reservas reales en 1995 solo eran de 0.4 % del PIB.

A continuación, se contrastan los argumentos de Sales, et al. (1998) con la realidad del comportamiento posterior de las variables.

El primer punto es que a pesar de los señalamientos sobre las tendencias demográficas de la población en México no se incorporó en la reforma una modificación a la edad de retiro. En este sentido, 23 años después los datos revelan qué si se dio el proceso de reducción de la tasa de dependencia, entre otros fenómenos demográficos. Este comportamiento hace que el cambio de régimen por uno de reparto hoy no sea opción.

La otra problemática que generan las variables demográficas viene del hecho que en promedio la población va a vivir más tiempo en su etapa de retiro. Esto implica que al mismo ahorro se tendrá una menor pensión.

El segundo punto es que a pesar de los señalamientos de que las contribuciones eran insuficientes con respecto a los beneficios éstas no se modificaron. La implicación es que en el nuevo sistema de ahorro para el retiro los beneficios esperados del ahorro serían menores a los de la Ley 73.

Hay una contradicción con lo que se dijo en la exposición de motivos de la Ley de 1995. A continuación, se transcriben dos párrafos en los que se comenta sobre el régimen anterior y lo que se busca. En el primer párrafo, se hace referencia a que el régimen actual no ha dado pensiones dignas.

Además de la preocupante situación financiera del ramo, el actual sistema de pensiones presenta elementos de iniquidad. Es así como nos encontramos en la peor de las circunstancias: un sistema inviable financieramente que no ha otorgado pensiones dignas y que por sí mismo es incapaz de garantizar las prestaciones a que por ley tienen derecho los pensionados y cotizantes actuales, además de que presenta problemas de injusticia, principalmente en contra de los trabajadores de más bajos ingresos.

En el siguiente párrafo se presenta el dicho de que con la Ley 97 se resolverá el problema dando pensiones adecuadas.

Esta problemática hace imprescindible un cambio en el sistema de pensiones que, conservando los principios de solidaridad y redistribución del ingreso y fortaleciendo la participación del Estado, garantice pensiones con la debida sustentabilidad financiera, haciéndolas inmunes a los efectos de la inflación y, al mismo tiempo, utilizando los recursos es como ahorro interno disponible, para la creciente generación de empleos.

Es un hecho que los párrafos son contradictorios. Primero, el beneficio pensionario de la Ley 73 es muy superior a lo que se paga como contribución de los trabajadores. Esto quiere decir que las pensiones son elevadas con respecto a la contraprestación.

Segundo, se sugiere que con el cambio de modelo se va a lograr un esquema en el cual se logre sustentabilidad fiscal y al mismo tiempo se tengan buenas pensiones. Sobre la primera variable la estructura de la Ley 97 garantiza el tema fiscal. La parte de buenas pensiones no se logrará dado que las contribuciones se quedaron en el mismo nivel. Los beneficios pensionarios de este esquema van a ser menores a los del anterior. Si tenías un déficit y el Estado ya no va a pagar por esa diferencia la consecuencia es pensiones más bajas. 

En síntesis, el no haber considerado en la Ley 97 un aumento a la cuota de aportación hace que los argumentos de la exposición de motivos sean contradictorios y no tenga sustento la promesa de mejores pensiones. En un esquema de contribución definida cuotas bajas no llevan a tener buenas pensiones.4

Por lo tanto, desde el punto de vista de diseño, el planteamiento del régimen de 1997 tiene un error de origen al no haber hecho una evaluación de las pensiones que se obtendrían con esa cuota de aportación, incluso cotizando durante toda la vida laboral del trabajador. Esta es una de las grandes deficiencias de esa reforma.

El tercer punto es que ante la falta de relación entre contribuciones y beneficios hay que evaluar lo generoso del régimen de la Ley 73. Se hicieron varias simulaciones para cuantificar el nivel de pensiones que hoy otorga el IMSS. Se estimó que en promedio el subsidio implícito de ese régimen en caso de llegar al mínimo de semanas es de entre cuatro y cinco veces a una por cada peso de contribución.5

Lo anterior implica que para llegar a los niveles de pensión de la Ley 73 se tendrían que establecer cuotas de aportación entre el 22 % y el 26 %, que es significativamente superior a la contribución que se mantuvo en la Ley 97. Lo anterior, es otro indicativo de que las pensiones que se obtendrían en el nuevo sistema serán mucho menores.

El cuarto punto es que en 1995 México tenía un problema grave de informalidad. De acuerdo con los datos del INEGI el problema sigue existiendo en igual magnitud. El promedio simple del porcentaje de informalidad en la población económicamente activa (PEA) entre 2005 y 2019 fue de 58.2 %. Por lo que respecta al dato de empleo formal registrado en el IMSS como proporción de la PEA entre 2017 y 2019 fue de 36 % que es consistente con el dato que reportan Sales, et al. (1998) para 1995.

Por lo tanto, si en México había un problema grave de informalidad en 1995 el aumento en el número de semanas de cotización para ser elegible para la PMG solo tenía justificación si se esperaba que el problema se reduciría en los años siguientes. Consistente con esta expectativa, se esperaba era que muchos trabajadores cumplirían con las 1,250 semanas de cotización.

La realidad de comportamiento de la informalidad en México ha mostrado que es muy persistente. En este contexto, el aumento en el requisito de semanas para tener acceso a la PMG resultó en que muchos trabajadores van a quedar fuera de la red de protección del sistema.

Por último, el esquema de contribución definida que se instrumentó a través de cuentas individuales fue positivo debido a que logra que los recursos queden segregados en cuentas individuales y que se destinen a su fin. Además, ha generado otros beneficios para la economía como generar una base sólida de ahorro interno y ha contribuido al desarrollo del mercado de deuda.

Otro aspecto positivo de diseño de la reforma es que los trabajadores que no cumplen con el requisito de semanas si tienen derecho a recibir su ahorro al momento del retiro. Esto es favorable debido a que antes perdían sus contribuciones. Esta característica se vuelve más relevante cuando se considera que al subir el requisito de las semanas una mayoría de los trabajadores no sería elegibles.

Los puntos anteriores apuntan a que la Ley 97 tiene algunas deficiencias, pero no da una medida objetivo de su desempeño esperado. A continuación, se evalúa si se cumple con el objetivo de dar un ingreso adecuado en la vejez a los trabajadores. El indicador que más se utiliza es la tasa de reemplazo. Éste mide el nivel de ingreso de los trabajadores como proporción de su nivel de ingreso previo al retiro.

Existen varias maneras de calcular este indicador. Las dos más comunes son la que mide el nivel de ingreso pensionario antes de impuestos como proporción del último sueldo antes de impuestos y la que utiliza el nivel de ingreso pensionario neto de impuestos como proporción del ingreso neto del trabajador antes del retiro.

OECD (2019) hace cálculos de estos indicadores para una muestra de países miembros y no miembros. El nivel de tasa de reemplazo para el trabajador de ingreso promedio en México utilizando la pensión bruta es de 25.7 %. Esto compara de manera desfavorable con el nivel promedio de la OECD que es de 49 %.

Los niveles de reemplazo para los indicadores netos de impuestos son del 28.6 % y del 58.6 %, respectivamente. La mejora en este segundo indicador se explica porque en la mayoría de los países el ingreso pensionario tiene un tratamiento fiscal preferente.

La ventaja que tienen los cálculos de tasa de reemplazo anteriores es que se hacen utilizando los mismos supuestos, lo que las vuelve comparables. La metodología considera que el trabajador entra al mercado laboral a los 22 años y se retira después de haber trabajado durante toda su vida laboral.6 En cuanto al nivel de ingreso suponen tres niveles: ingreso promedio, 0.5 veces el ingreso promedio y 1.5 veces el ingreso promedio. Para las tasas de mortalidad utilizan las tablas por país que publica la ONU.

En cuanto a los supuestos específicos sobre la trayectoria laboral, variables económicas y financieras son similares para todos los países.7

La primera conclusión a la que se llega al entender la metodología y de los resultados anteriores es que el nivel de la tasa de reemplazo en México es muy bajo cuando se compara con la de otros países aun para el caso en el que la densidad de cotización es del 100 %. La segunda conclusión es que excepto para un pequeño grupo de trabajadores que cotizan todo el tiempo las tasas de reemplazo para México sobre estiman a las reales.

De acuerdo con Herrerias y Zamarripa (2020), se estima que cuando más un 15 % de los trabajadores cumplen con los supuestos de cotización del 100 % que hace la OECD. Por lo tanto, las tasas de reemplazo para el trabajador promedio del sistema en México van a ser mucho más bajas que las anteriores, inclusive por debajo del 20 %.

En conclusión, la Ley 97 cumplió con su objetivo de crear un nuevo sistema de contribución definida en el que no hay un pasivo contingente relevante para el Estado. El problema es que dejar la tasa de contribución obligatoria igual y subir el número de semanas lleva a que los resultados no sean los prometidos. Esta es la justificación de porque es indispensable hacer modificaciones al sistema actual ya que el equilibrio que tiene no es sostenible. 

4. Propuestas incluidas en el acuerdo y su evaluación

El Acuerdo que se firmó el pasado 22 de julio incluye una serie de temas para la modificación a la Ley 97. Los puntos más relevantes para la evaluación son los siguientes:

a) Aumentar la cuota de aportación para llegar al 15 % para todos los trabajadores.

b) Dar un período de transición para llevar a cabo dicho aumento considerando que el primer incremento será en 2023.

c) Concentrar los recursos que aporta el gobierno para apoyar la aportación correspondiente a los trabajadores que ganan hasta cuatro unidades de medidas y actualización (UMAS).

d) La cuota social será decreciente para distintos rangos, empezando en 10.75 pesos diarios y terminando en 6.25 pesos. Se mantendrá en términos reales.

e) Reducir el número de semanas de cotización a 750 para luego aumentarlo gradualmente hasta llegar a 1000 en un período de 10 años.

f) La PMG para cada trabajador se definirá en función del número de semanas, edad y salario de los trabajadores en lugar de ser una cantidad única.

g) Rediseñar la red de protección para que la PMG fluctúe entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos.8

La evaluación preliminar de los puntos que se incluyen en el Acuerdo con respecto a las conclusiones de la sección anterior es que están los temas relevantes que deben incluirse para mejorar los niveles de tasa de reemplazo y lograr una mayor inclusión a la red de seguridad del sistema. No hacer modificaciones en estos temas no es una opción.

La evaluación de las propuestas que se presenta a continuación se hace condicional a que se tiene que mejorar el sistema. Análisis que ignoran el hecho de que los parámetros se tienen que cambiar tienen deficiencias en las premisas de su planteamiento.

Para ilustrar en que consiste el enfoque de análisis que se describió en el párrafo anterior tomaré el ejemplo de la cuota de aportación. Su nivel es tal que no da un ingreso adecuado para el retiro. El problema es que esta variable se ubica fuera de un nivel razonable, tanto bajo la óptica del objetivo de un sistema de pensiones como al hacer un comparativo internacional. El análisis debe partir de la premisa que hay que aumentar la cuota y que esto implica costos. El enfoque es identificar hasta donde puede incrementarse la cuota, las distorsiones que genera y como se pueden mitigar para lograr un equilibrio adecuado. 

Aspectos positivos

Primero, se construye sobre el diseño institucional actual. La implicación es que se mantiene el sistema de ahorro para el retiro. Ésta es una buena noticia desde distintas perspectivas: demográfica, desarrollo económico y financiero y de respeto a la ley.

Bajo la primera perspectiva el regresar a un sistema de reparto no es viable en el largo plazo ya que México está pasando por un proceso de envejecimiento poblacional. La segunda tiene que ver con dar continuidad a un esquema de intermediación financiera que ha apoyado a crear una base sólida de ahorro interno. La tercera deriva de que en el Acuerdo no se plantea afectar derechos adquiridos de los trabajadores ni los derechos de propiedad sobre su ahorro.

Segundo, la reducción de las semanas, inicialmente a 750 semanas, reconoce la estructura del mercado laboral en México y la manera en como se da la movilidad entre la parte formal e informal del mercado.

Esta reducción es consistente con la estructura del mercado laboral que se documenta en Herrerias y Zamarripa (2020). Lo que encuentran es que dicho mercado se puede dividir en tres segmentos. Un grupo de trabajadores que participan en el mercado formal toda su carrera laboral o casi toda. Un segundo grupo de trabajadores que en esencia trabaja en el segmento informal. El tercer grupo de trabajadores es el que participa en ambos segmentos del mercado parte de su carrera laboral. El comportamiento de este último grupo de trabajadores revela que hay movilidad entre los segmento formal e informal, tal y como lo han señalado distintos autores.9

La reducción en el número de semanas busca incluir en la red de beneficios del sistema a buena parte de este tercer grupo de trabajadores que cotizan de manera intermitente al Seguro Social.

Tercero, se reconoce que el esquema de pensiones tiene que ser flexible y no se puede dar una garantía única para todos los participantes. Tener una PMG variable de acuerdo con la edad, salario y semanas cotización de los trabajadores es un diseño conceptual de la red de protección que tiene ventajas.

Por ejemplo, al reducir el número de semanas a 750 se está ampliando la inclusión a la red de protección. De manera congruente el beneficio mínimo se reduce de un salario mínimo a 0.7. El esquema considera un beneficio mayor a más tiempo de cotización.

Otro ejemplo es que incorporar la dimensión de salario en el esquema de la PMG permite tener beneficios diferenciados por la carrera salarial de cada trabajador. Esta modificación hace que la red de protección sea más efectiva para los trabajadores con ingresos de hasta cinco UMAS que llegan a niveles de tasa de reemplazo adecuados cuando se compara con lo que sucede en otros países.

La reducción en el número de semanas de cotización en conjunto con el diseño de la PMG transforma el sistema de la Ley 97 de uno de contribución definida con una participación del gobierno muy limitada a uno de contribución definida mixto en el que el Estado asume el papel de garante de ingreso mínimo para una proporción importante de trabajadores. En este diseño el Estado paga la diferencia que pueda existir ente el saldo acumulado del ahorro durante la carrera laboral y el capital constitutivo del monto garantizado.

Cuarto, aun con la mejora en beneficios por el menor número de semanas de cotización y por una PMG más amplia el aumento en la contribución hace que el esquema es sostenible fiscalmente. Las estimaciones actuariales confirman lo anterior. No se va a generar una trayectoria de gasto creciente en el tiempo ni va a desplazar cantidades de gasto del Gobierno de actividades prioritarias.

Para la estimación del costo fiscal del gobierno se deben considerar tres componentes. El primero, es el dinero que hoy se destina a la cuota social y a la aportación gubernamental del 0.225 %. El segundo, es la contribución adicional de cuotas de trabajadores de la Ley 73. El tercero, es el gasto neto por la PMG. El primer componente debería ser neutro, el segundo es superavitario para el gobierno y el tercero implica una erogación.

Sobre el aumento de las cuotas a los trabajadores de la Ley 73 se puede argumentar que es un impuesto al trabajo formal. Este planteamiento sería valido solo si los beneficios pensionarios de este grupo de trabajadores fuesen igual a las contribuciones. Dado lo que se describió en las secciones 2 y 3 este régimen tiene un subsidio muy importante y aun con el incremento a la cuota sigue representando un beneficio sensiblemente mayor al de las nuevas contribuciones.

Por lo tanto, el aumento en la cuota para estos trabajadores no es un impuesto sino es una reducción del subsidio de las pensiones de la Ley 73 que en el cálculo agregado de costo fiscal se considera un flujo positivo.

Sobre el gasto por la PMG hay que separarlo en como incide para dos grupos de trabajadores. Los trabajadores que entrarán a trabajar partir de la reforma y los que durante cierto tiempo contribuyeron el 6.5 %. Para el primer grupo de trabajadores los parámetros y la PMG tienen un cierto balance actuarial por lo que el costo no es significativo.

Para el grupo de trabajadores que entraron a partir de 1997 y que ganan hasta las 5 UMAS la PMG tendrá un costo fiscal que varia de acuerdo con las circunstancias de cada trabajador. Su costo está en función de los años de bajas contribuciones de cada trabajador. En este caso el gasto de la PMG tiene como objetivo subsanar parcialmente la deficiencia histórica de la política pública.

Aspectos negativos

Primero, el aumento gradual en el mínimo de semanas de cotización durante un período de diez años para llegar a 1000 semanas es una deficiencia del Acuerdo. Esta transición diluirá uno de los principales beneficios que se esperan de la reforma.

La información que se presentó sobre la informalidad en México muestra que es un fenómeno persistente. En 1995 los trabajadores inscritos en el IMSS eran el 35 % de la PEA y en 2019 el nivel es similar. No se ve que en los próximos años se instrumenten políticas públicas para mitigar la informalidad. Por lo tanto, lo deseable es que este parámetro se quede en las 750 semanas que es un nivel consistente con la realidad del mercado laboral del país.

Segundo, el monto de los recursos que el gobierno le destina hoy al sistema con la cuota social y con la aportación del 0.225 % es mayor a lo que le va a destinar en el futuro. La desaparición del 0.225 % no se compensa con el aumento a la cuota social para los trabajadores con ingresos de hasta cuatro UMAS.

La relevancia de porque señalar este ahorro fiscal como un aspecto negativo se explica en el siguiente apartado.

Consideraciones sobre el diseño que implican costos

Como se señaló anteriormente, el nivel de contribución actual no es el adecuado para tener buenas pensiones. Lo anterior aun asumiendo un derechohabiente de carrera completa. El aumento en la cuota de aportación es el elemento indispensable del Acuerdo y de la reforma. La consecuencia inherente del aumento en la cuota es mayores costos para las empresas y que se puede llegar a generar una mayor informalidad. El análisis tiene que reconocer la dualidad de que hay beneficios y costos y entender cual debe ser el equilibrio entre ambos. 

Por la naturaleza de la aportación al sistema de ahorro para el retiro, el beneficiario directo de la mayor cuota de aportación es el trabajador. Este aumento implica un mayor flujo de ahorro a su cuenta y por lo tanto una mayor pensión esperada. En este esquema, las contribuciones no son un impuesto que se pierde dentro del total de los ingresos del gobierno.

La propuesta plantea tener una cuota de aportación única para todos los trabajadores del 15 %. El aumento de 8.725 % lo paga la empresa para los sueldos mayores a cuatro UMAS. Para sueldos menores el aumento para la empresa es la diferencia no cubierta por la cuota social. Este incremento es considerable ya que implica 1.34 veces más el flujo actual que llega a la cuenta del trabajador.

La definición de la nueva cuota de aportación considera subsanar la deficiencia de la política pública actual y que permita llegar a valores adecuados de tasa de reemplazo al situarse en el promedio de la OECD.

Del lado de los costos que implica este aumento en la cuota se identifican dos principales. Uno es directo y el otro para la sociedad. El primero tiene que ver con el aumento en el costo de la nómina para las empresas que no necesariamente lleva al mismo aumento respecto de los costos de operación. El segundo tiene que ver con un posible incentivo a una mayor informalidad.

Como referencia del tema de informalidad, otros esquemas pensionarios de la región tienen cuotas mayores a la que hoy tiene México sin impactos significativos en la informalidad. Esta es una evidencia de que el problema de la informalidad es muy complejo. No se explica por la existencia de la contribución a las pensiones ni se va a profundizar de manera grave por el aumento de la cuota.

En el diseño del esquema se consideran elementos para mitigar cada uno de los dos costos.

El primer elemento es la gradualidad. El aumento de la cuota se va a dar en un período de diez años. Dos años para permitir a las empresas recuperarse del impacto de la crisis sanitaria y en los siguientes 8 años un aumento proporcional para concluir la transición en 2030. El aumento que corresponde por año a partir del 2023 es de 1.09 %.

Para evaluar el aumento en los costos, es valido simular que todo se da hoy y que afecta el modelo de negocio actual de las empresas. Este proceso de transición es valioso porque permite al sector privado adaptarse al cambio y poder asimilarlo por varias vías como mejoras en productividad y estrategias de precios, entre otros.

Aunque la propuesta establece que formalmente la empresa asume todo el costo, lo que nos dice la teoría económica es que la incidencia puede variar y una parte la va a pagar el trabajador. La incidencia depende de las circunstancias de cada empresa y la relación contractual con sus trabajadores. La transición ayuda al permitir que las empresas se adaten y que la incidencia para el trabajador sea menor.

El segundo elemento es que la aportación del Estado al sistema se va a concentrar en los trabajadores que ganan hasta cuatro UMAS con una nueva cuota social más focalizada. El esquema es decreciente con los trabajadores que ganan un salario mínimo recibiendo una cuota social diaria de 10.75 pesos. Dado el nivel de salario mínimo vigente en 2020 esta cuota social implica que todo el aumento para llegar al 15 % se cubrirá con dicha contribución.10

La cuota social se reduce para los distintos rangos de salario e implica una serie de mezclas distintas en la distribución de costos por el aumento en la cuota. Dado el diseño del esquema de cuota social decreciente, reducir la aportación neta del Gobierno que se comentó anteriormente limita el apoyo vía cuota social a los trabajadores de menores salarios e incrementa, por lo tanto, el costo para las empresas.

Para dimensionar el posible incentivo a la informalidad hay que entender algunos aspectos de este segmento del mercado laboral. Los trabajadores informales en promedio tienen menores salarios que los formales. El rango salarial en el que hay más empalme entre el segmento formal e informal es en el de los trabajadores de menores niveles de salario de cotización.

El diseño de la cuota social decreciente y focalizado esta pensado en mitigar el impacto de la reforma en el grupo de trabajadores que más pueden transitar a la informalidad lo que lo vuelve en un mitigante real. Hay que reconocer que el diseño no está libre de problemas. Uno es que se genera un incentivo a la sub declaración salarial. 
 
En conclusión, poniendo en la balanza los costos y los beneficios relacionados con el aumento en la cuota es claro que el bien público de tener un sistema que otorgue pensiones dignas es superior a los costos y distorsiones que puede generar en la economía sobre todo si se toman en cuenta las dos estrategias de mitigación.

Trabajadores beneficiados

Para explicar los beneficios potenciales de la reforma me voy a concentrar en dos específicos: el mayor ahorro derivado del incremento en la aportación y la mejora en la elegibilidad para la PMG. El análisis se hace a partir de la estructura de cuentas totales y de entender información sobre los trabajadores activos en el sistema.

Al cierre de diciembre de 2019 había 20.4 millones de trabajadores formales inscritos en el IMSS. Esto representa el 35.4 % de los 57.6 millones de trabajadores que pertenecen a la PEA. Del total de trabajadores inscritos, 6.27 millones están en el régimen de la Ley 73 y 14.12 millones pertenecen a la Ley 97.

Para relacionar lo anterior con la estructura de la PEA, existen 32.4 millones trabajando en la informalidad y dos millones sin ocupación. El residual de 2.8 millones de trabajadores se obtiene por diferencia y se explica principalmente por los trabajadores que trabajan en el Gobierno.

Según datos de Consar, a nivel cuentas del sistema a diciembre de 2019 se tenían 65.8 millones de cuentas. 19.2 millones corresponden a cuentas asignadas y el resto a cuentas registradas (46.8 millones). De las cuentas registradas, 44.6 millones corresponden a trabajadores inscritos en el Seguro Social, 0.3 millones a trabajadores independientes y el resto a trabajadores del ISSSTE.

Dado que el número total de cuentas excede a la PEA, no se considero en la evaluación siguiente a las cuentas de los trabajadores asignados ya que no completaron su proceso de registro. Además, sobre estas cuentas hay dudas de que pueden existir duplicidades y que son cuentas que la mayoría esta ligada con una sola entrada y están menos de un año.11

Si se considera solo a los trabajadores registrados, lo que tenemos es que a diciembre de 2019 se tenían 24.2 millones de cuentas que no estaban inscritas en el Seguro Social. Estas cuentas no activas en su mayoría se pueden identificar con trabajadores que están en la informalidad o sin ocupación. Dada la dinámica del mercado laboral una parte de estas cuentas en algún momento se van a activar y cuentas activas van a dejar de serlo. Esta movilidad laboral no se da igual para todas las cuentas.

Para explicar los beneficios potenciales de la reforma se tiene que considerar a ambos grupos de trabajadores registrados que están en la Ley 97: a los activos y a los inactivos. Para calcular el número de cuentas de la Ley 97 se extrapoló la participación relativa de los activos a los inactivos. El resultado es de 30.87 millones de cuentas totales de la Ley 97, de las cuales 14.12 millones están activas y 16.75 millones están inactivas.

La reforma va a tener un beneficio para los trabajadores por el mayor flujo de ahorro que recibirán en su cuenta. Producto de esta reforma al sistema se verán beneficiados los 30.87 millones de trabajadores registrados siempre y cuando durante algún tiempo estén inscritos en el Seguro Social. También se beneficiarán los trabajadores de la Ley 73 que tengan negativa de pensión por no llegar a cumplir las 500 semanas cotizadas ya que recibirán un monto de ahorro mayor.

Respecto de la elegibilidad para la PMG, suponiendo que se mantiene el número de semanas en 750, del total de trabajadores registrados la proporción de elegibles aumentará sustancialmente. De acuerdo con los datos de SHCP (2020) para la población de trabajadores activos las negativas de pensión serán solo del 4 %. De acuerdo con los datos de Herrerias y Zamarripa (2020) aproximadamente el 65 % de los trabajadores registrados serían elegibles para la PMG.12

Los trabajadores que su ahorro les de un valor mayor al que les correspondería de la PMG también se ven beneficiados por el mayor flujo de recursos que llegó a su cuenta como resultado del aumento en la cuota de aportación.

En conclusión, el beneficio en cuanto a número de trabajadores es muy importante. Con las modificaciones al sistema se convierte en una red de protección efectiva que beneficia a millones de trabajadores.

5. Conclusiones

En este trabajo se hizo un análisis de la evolución del sistema de pensiones de trabajadores del sector privado en México y se evalúa la razonabilidad de las modificaciones definidas en el Acuerdo.

Es claro que el motivo detrás del cambio de modelo de pensiones en 1997 fue uno de falta de sostenibilidad fiscal. El subsidio del Gobierno implícito en las pensiones de la Ley 73 era muy alto.

El cambio que se hizo con la Ley 97 es a un sistema que es consistente con la nueva realidad demográfica de México pero no se modificaron las condiciones paramétricas del sistema para que diera buenas pensiones. El problema que hoy tiene el sistema es que la baja cuota de aportación y el estricto requisito de semanas de cotización dejarán desprotegidos a una mayoría de los trabajadores en su etapa de retiro.

Si se quiere evitar el problema de pobreza en la vejez se tiene que aumentar la cuota de aportación para llevarla a niveles que sea comparables con los de otros países. También se tiene que reducir el requisito de semanas de cotización para hacerlo consistente con la realidad del mercado laboral de México.

La modificación a las reglas del sistema implica costos para las empresas y para la economía. El propio diseño del esquema tiene mitigantes. El balance es que los beneficios son mayores a los impactos adversos. El balance es más favorable si se consideran los dos mitigantes: transición y cuota social.

En cuanto a la red de protección, se mejora de manera sustancial haciendo que México pase de un modelo de contribución definida ortodoxa a una con una red de protección efectiva para los trabajadores que ganan hasta 5 UMAS.

Finalmente, las modificaciones van a dar beneficios reales a millones de trabajadores debido a que se está poniendo al trabajador del sector privado y su ingreso en la etapa de retiro en el centro de su sistema de pensiones.

 

Guillermo Zamarripa
Profesor del ITAM y Director de Fundación de Estudios Financieros-FUNDEF, A. C.

 

Referencias

Grandolini, Gloria y Luis Cerda. “The 1997 Pension Reform in Mexico”, Policy Research Working Paper 1993, World Bank, 1998.

Herrerias, Renata y Guillermo Zamarripa. Institutional Design of Pension Systems and Individual Behavior: How do Households Respond?, Working Paper Series FUNDEF, 2020.

Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

OECD, “Pensions at a Glance 2019”, 2019.

Presidencia de la República, “Acuerdo para el Fortalecimiento de las pensiones de los Trabajadores”, 2020.

Sales Sarrapy, Carlos, Fernando Solis Soberon and Alejandro Villagomez, “Pension system Reform: The Mexican Case”, Privatizing Social Security, NBER Books, 1998.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Fortalecimiento del sistema de Pensiones”, 2020.


1 El mecanismo de pago de las aportaciones en los sistemas de contribución definida varia entre países. En el caso de México es una aportación tripartita: empresa, trabajador y Estado. El patrón aporta el 79 % del monto de las contribuciones.

2 Es una aportación del Gobierno Federal para los trabajadores con ingresos de hasta 15 salarios mínimos que varia para los distintos niveles de sueldo. Hoy en promedio es menor a los 6 pesos diarios.

3 El arbitraje que permite está regla se ha utilizado principalmente por trabajadores que se terminan pensionando con montos mayores y que durante buena parte de su carrera laboral contribuyeron con salarios base de cotización bajos.

4 En el documento Pensions at a Glance 2019 se puede consultar el comparativo de cuotas de aportación al sistema de pensiones en diversos países del Mundo. La cuota de aportación del 6.5 % es la más baja. El promedio de la OECD es de 18 %.

5 Se hicieron varias estimaciones para diferentes niveles salariales y tiempos de cotización en diferentes simuladores de empresas privadas y del propio IMSS. Para evaluar el valor de las aportaciones se supuso que tal y como establece la Ley el 2 % de la cuenta de retiro se le entrega al trabajador y solo el 4.5 % se entrega al IMSS. Se asume que los fondos se invertían al 3 % real. Estos ejercicios no consideran el impacto en el subsidio por sub declarar durante la vida laboral y sobre declarar los últimos cinco años. Para confirmar la razonabilidad de la estimación anterior se consultó con expertos y comentaron que el rango es consistente con la realidad.

6 Este supuesto implica una densidad de cotización del 100 %.

7 Estos supuestos incluyen una inflación del 2 %, una tasa de crecimiento salarial real de 1.25 %, una tasa de rendimiento real de las inversiones del 3 % y un factor de conversión del 90 % para el calculo de la anualidad.

8 Este dato se obtuvo del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9 Una referencia a consultar sobre este fenómeno es: “Una prosperidad compartida: propuestas para crecer y transformar la seguridad social en México” de Santiago Levy.

10 Las empresas más beneficiadas por este esquema de mitigación serán las MIPYMES. Estas empresas proporcionalmente contratan más trabajadores en niveles salariales menores a 4 UMAS que el resto del sector.

11 Para referencia consultar Herrerias y Zamarripa (2020).

12 Este dato se obtiene porque es el aproximado de los trabajadores registrados que cumplirían con el 33 % de densidad de cotización implícito en las semanas suponiendo que el trabajador empieza a los 20 años y se retira a los 65 años. Las estimaciones difieren mucho porque se toman sobre dos grupos distintos. Si se toma el dato de densidades de cotización de los trabajadores registrados y se aplica a los trabajadores activos se subestima la elegibilidad de la PMG.

La propuesta de reforma de pensiones:
una valoración preliminar

El pasado 22 de julio el gobierno federal presentó una propuesta de reforma al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social para ampliar su cobertura, mejorar su monto y aumentar su equidad (SHCP 2020). Esta nota hace una valoración preliminar de dicha propuesta. Inicia con una sección de antecedentes que es indispensable para entenderla, luego describe sus rasgos centrales y concluye con un balance, mismo que se puede adelantar: a pesar de tener algunos elementos positivos, la propuesta no logrará sus objetivos; más bien, ahondará en la problemática existente.

Ilustración: Ricardo Figueroa

1. Antecedentes

El 1 de julio de 1997 entró en vigor una reforma al régimen de pensiones de retiro de la Ley del Seguro Social, que cambió de uno de reparto con beneficios definidos a otro de contribución definida operado a través de cuentas individuales administradas por empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). La reforma dio lugar a que para efectos de pensión los trabajadores se clasifiquen en dos grupos: los que cotizaron al IMSS por primera vez a partir de esa fecha, denominados aquí trabajadores de Ley 97; y los que cotizaron antes, bajo la ley vigente desde 1973, denominados aquí trabajadores de Ley 73.

La reforma estableció que ambos grupos aportarían a su cuenta individual para el retiro, junto con el gobierno federal y la empresa que los contrata, el 6.5 % de su salario, a lo cual se sumaría una aportación adicional hecha por el gobierno federal denominada cuota social. Inicialmente la cuota social era un monto fijo para todos los trabajadores. Esto ha variado desde entonces, concentrado los beneficios en los trabajadores de menores salarios. Esta cuota hace que las contribuciones tripartitas a las Afores sean de 12.1 % del salario para un trabajador que gana un salario mínimo, 9.7 % para uno que gana dos, y 8.6 % para uno que gana tres.

La Ley 97 creó dos modalidades para pensionarse. La primera, adquirir una renta vitalicia con una aseguradora privada a cambio de la entrega del saldo acumulado en la Afore al momento de retiro; la segunda, retirar el saldo de la Afore de forma programada.

Con la reforma, al llegar al momento de retiro los trabajadores de Ley 73 podrían optar por hacerlo bajo las modalidades de esa ley o la de 97, mientras que los trabajadores bajo Ley 97 no tendrían esa opción, teniéndose necesariamente que retirar con las modalidades de Ley 97. La opción respondía a dos consideraciones: por un lado, preservar los derechos adquiridos por los trabajadores que habían ingresado al IMSS bajo la Ley 73; por otro, a la expectativa que, al menos para algunos, la pensión de Ley 97 fuese mayor a la de Ley 73, extendiéndoseles de esta manera los beneficios esperados de la reforma.

Si un trabajador de Ley 73 optaba por retirarse bajo la Ley 97, el mecanismo sería igual al de un trabajador de Ley 97. Sin embargo, si optaba por retirarse bajo Ley 73, su pensión se fijaría con base en los salarios recibidos durante los cinco años previos al retiro, no con base en el saldo acumulado en la Afore; y, en ese caso, seria pagada por el gobierno federal, quien recibiría a cambio los recursos que el trabajador había ahorrado en su cuenta individual.

De forma crítica, ambas leyes condicionan el acceso de los jubilados a los servicios de salud del IMSS a cotizar un número mínimo de semanas. Éste es un aspecto insuficientemente notado, pero de gran relevancia, porque implica que aquellos que no acumulan las semanas de cotización requeridas se quedan en doble desamparo: sin pensión, y sin acceso al IMSS cuando se enferman. De forma critica también, las semanas de cotización requeridas varían entre leyes, siendo menos exigentes en el caso de la Ley 73, como indica el cuadro 1.

Cuadro 1. Servicios de salud del IMSS y pensiones de retiro según Ley 73 y Ley 97

 

Primer ingreso al IMSS

Semanas de cotización

Antes de julio de 1997: Ley 73

Después de julio de 1997: Ley 97

Menos de 500

Sin derecho a salud o pensión

Sin derecho a salud o pensión

Al menos 500

Con derecho a salud y pensión. El trabajador opta entre una pensión de Ley 73 o Ley 97

Sin derecho a salud o pensión

Al menos 750

Con derecho a salud y pensión. El trabajador opta entre una pensión de Ley 73 o Ley 97

Derecho a salud, pero no a pensión

Al menos 1 250

Con derecho a salud y pensión. El trabajador opta entre una pensión de Ley 73 o Ley 97

Con derecho a salud y pensión a partir de los 65 años, conforme a Ley 97

Fuente: Levy (2019).

Cabe señalar que, bajo ambas leyes, cuando un trabajador no acumula las semanas de cotización requeridas para tener derecho a una pensión, se le devuelve el saldo acumulado en su cuenta individual en una sola exhibición, con los intereses correspondientes (neto de las comisiones pagadas).

Finalmente, la Ley de 97 introdujo una garantía de pensión mínima con cargo al gobierno federal. Ésta cubriría a los trabajadores que coticen al menos 1,250 semanas, pero cuyos ahorros en su cuenta individual fuesen insuficientes para comprar una renta vitalicia de un salario mínimo. A esta pensión se le denomina Pensión Mínima Garantizada.

Como toda reforma de pensiones, la de 1997 se basó en varios supuestos y expectativas. El más importante, por mucho, era que una vez que los trabajadores ingresaban al IMSS, continuarían cotizando a ese instituto durante la mayor parte de sus trayectorias laborales, hasta el retiro. Podrían pasar de un empleo a otro, pero siempre ahorrarían para su pensión en su cuenta individual. Es decir, una vez que los trabajadores entraban a la formalidad, mantendrían ese estatus a pesar de posibles cambios de trabajo de una empresa a otra.

Un concepto clave en este contexto es el de “densidad de cotización”, que no es más que la división del tiempo que un trabajador cotiza después de ingresar al IMSS por primera vez, entre el tiempo que pudo haber cotizado. Una densidad de cotización alta, digamos de 85 %, implica que una vez que el trabajador obtiene su primer empleo formal, cotizó al IMSS —y, por tanto, ahorró en su cuenta individual— el 85 % del tiempo que trabajó. Al contrario, una densidad baja, digamos de 20 %, indica que después de entrar a la formalidad por primera vez, el trabajador mantuvo ese estatus sólo 20 % del tiempo, y por tanto sólo ahorró en su cuenta individual 20 % del tiempo que pudo hacerlo.

Independientemente de las modalidades, renta vitalicia o retiro programado, bajo la Ley 97 la pensión depende el monto acumulado en la cuenta individual del trabajador; a mayor monto, mayor pensión. A su vez, el monto acumulado depende del salario de trabajador, su densidad de cotización, y los intereses generados. Dos trabajadores con igual salario e igual trayectoria laboral pueden tener pensiones diferentes porque sus densidades de cotización son diferentes. Esto resalta algo que a veces pasa inadvertido: todos los cálculos sobre qué tan altas o bajas serán las pensiones (o, en otro lenguaje, el porcentaje del salario que será reemplazado por la pensión) dependen de supuestos de densidad de cotización. Ésta es la variable clave.

Los cálculos actuariales hechos para la Ley 97 reconocían que las densidades de cotización no podrían ser de 100 %. Los episodios de desempleo eran un motivo. Otro, muy relevante para las mujeres, las salidas de la fuerza de trabajo mientras tienen a sus hijos. Pero el más relevante, por mucho, era que los trabajadores también podían estar empleados informalmente, trabajando por cuenta propia, o en empresas que evaden o eluden al IMSS.

La expectativa era, sin embargo, que la informalidad decrecería con el tiempo, como resultado de la estabilización macroeconómica lograda después de la crisis de 1994-95, la entrada en vigor de Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los aumentos en la escolaridad de la fuerza de trabajo, y de otras políticas públicas que se esperaba aumentaran la tasa de crecimiento del PIB y, en paralelo, la formalización de los trabajadores. Todo ello contribuiría a la ampliación de la cobertura de pensiones, a altas densidades de cotización, a la acumulación de saldos importantes en las cuentas individuales, y a buenas pensiones que, a diferencia de las de la Ley 73, ya no tendrían que ser subsidiadas por el gobierno federal más allá de las aportaciones hechas directamente a las cuentas individuales de los trabajadores. Esto le daría a las pensiones de Ley 97 una característica que no tenían las de Ley 73: sostenibilidad fiscal.

Mas de 20 años después de la reforma, es evidente que los supuestos actuariales y las expectativas de formalización no se cumplieron. Sea cual fuese la razón, los datos son claros.

El cuadro 2 sintetiza los resultados de un trabajo realizado por Castañón y Ferreira (2017) utilizando información de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, CONSAR, sobre las cuentas individuales de casi 37 millones de trabajadores que ingresaron al IMSS a partir de 1997. El trabajo reporta las densidades de cotización observadas durante el período 1997 a 2015. Dicho de otra forma, es lo que ya pasó, no una proyección actuarial.

Cuadro 2. Densidades de cotización de trabajadores bajo Ley 97, 1997-2015

Densidad (%)

0 – 20

20 – 40

40 – 60*

60 – 80**

80 – 100

Porcentaje de trabajadores

39

16

11

12

23

Fuente: Elaboración propia con datos de Castañón y Ferreira (2017). * El rango de 40 a 60 se divide en 6 % de 40 a 50 y 5 % de 50 a 60. ** El rango de 60 a 80 se divide en 6 % de 60 a 70 y 6 % de 70 a 80.

Así, el 39 % de los trabajadores que fueron formales en algún momento, sólo ahorraron en su cuenta individual menos de una quinta parte del tiempo que pudieron hacerlo. En el otro extremo, sólo 23 % de los trabajadores ahorraron en su cuenta individual más del 80 % del tiempo. Para todos los trabajadores en conjunto, la densidad de cotización promedio fue de 44 %, implicando que, en promedio, los trabajadores que han cotizado al IMSS sólo han ahorrado para su pensión menos de la mitad del tiempo que teóricamente pudieron hacerlo.

Con base en el estudio de Castañón y Ferreira, el cuadro 3 divide a los trabajadores de Ley 97 en tres grupos, suponiendo carreras laborales de 35 años.2 El grupo 1, que acumulará al menos 1 250 semanas de cotización; el grupo 2 que acumulará entre 750 y 1 250; y el grupo 3, con menos de 750. Se observa en la primera línea que, del total de trabajadores, 29 % están en el grupo 1, 16 % en el grupo 2 y 55 % en el grupo 3. Las siguientes dos líneas muestran las implicaciones de estos datos para el derecho de los jubilados a los servicios de salud del IMSS y a una pensión de retiro.

Cuadro 3: Trabajadores de Ley 97 por semanas de cotización al IMSS

 

Grupo 1
Más de 1 250

Grupo 2
750 a 1 250

Grupo 3
Menos de 750

Porcentaje de trabajadores

29

16

55

Derecho a servicios de salud del IMSS

Si

Si

No

Derecho a pensión de retiro

Si

No

No

Fuente: elaboración propia con datos de Castañón y Ferreira (2017). El grupo 1 tiene densidades de cotización superiores a 70 %, lo que permite acumular al menos 1 250 semanas de cotización en 35 años; el grupo 2 densidades entre 40 y 70 %, y el 3 hasta de 40 %.

Hay varias maneras de ponderar los resultados del cuadro 3, pero una forma de hacerlo es la siguiente: para la mayoría de los trabajadores que ingresaron al IMSS a partir de 1997, la informalidad nulificará sus esfuerzos de ahorrar para su pensión, y les negará la atención médica del IMSS durante su retiro.

2. La propuesta de reforma

Las iniciativas de reformas a las leyes correspondientes aun no han sido presentadas a consideración del Congreso de la Unión, y por ello lo señalado en esta sección puede ser impreciso o aun equivocado. Falta conocer muchos elementos relevantes. Con esa salvedad, de la información ofrecida por la secretaría de Hacienda el pasado 22 de julio se puede inferir que los elementos centrales de la propuesta son:

• elevar gradualmente la contribución patronal a las pensiones en hasta 8.7 % del salario para que, sumada a la contribución obrera que no se modifica, llegue a 15 % del salario;

• concentrar las aportaciones del gobierno en los trabajadores de 1 a 4 salarios mínimos para que el aumento de la contribución patronal en este grupo sea menor, empezando en 1 % para los que ganan 1.1 hasta alcanzar 8.7 % para los que ganan 4;

• en el primer año de la reforma reducir el número de semanas de cotización requeridas para acceder a una Pensión Mínima Garantizada de 1 250 a 750, y posteriormente aumentarlo gradualmente en 10 años a 1000;

• modular la Pensión Mínima Garantizada en función de la edad de jubilación y nivel salarial, empezando en 0.7 salarios mínimos; y,

• reducir las comisiones de las Afores de 0.9 a 0.7 % sobre los saldos en las cuentas.

Para valorar las propuestas, es útil poner en perspectiva la población cubierta por ellas. Con ese objetivo, desagregamos la población ocupada, PO, en marzo de 2020, antes de covid-19, en distintos grupos de trabajadores (todo en cifras aproximadas). La PO era de 55.3 millones, dividida entre 52.8 millones en el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución, con derecho a estar en el IMSS; y 2.5 millones en el apartado “B”, cubierta por el ISSSTE y los institutos estatales de seguridad social. Los trabajadores del apartado “A” se dividen entre los que cotizan al IMSS, esto es, 20.5 millones de formales; y los que no lo hacen, 32.3 millones de informales.

De los trabajadores que cotizan al IMSS, 6.1 millones tienen derecho a Ley 73. Finalmente, los 14.4 millones que necesariamente tienen que jubilarse bajo Ley 97 se dividen en tres grupos con base en las densidades de cotización ya observadas (cuadro 2) y la clasificación hecha en el cuadro 3: grupo 1, de 4.2 millones, con 1,250 o más semanas; grupo 2, de 2.3 millones, con entre 750 y 1,250 semanas; y grupo 3, de 7.9 millones, con menos de 750 semanas.

3. Valoración preliminar

3.1 Aspectos positivos

Empezamos señalando que mantener el régimen de contribución definida a través de cuentas individuales es una decisión acertada. Revertir a un régimen de reparto no hubiese cambiado la dinámica del mercado laboral, que es el trasfondo de los cuadros 2 y 3. La propuesta aprovecha la infraestructura institucional construida desde 1997, y valora y fortalece el importante papel que juegan las Afores para intermediar el ahorro de largo plazo.

Una segunda decisión acertada es permitir que existan pensiones inferiores a un salario mínimo, modulando la Pensión Mínima Garantizada en función de las semanas de cotización. Ello elimina un obstáculo innecesario para obtener una pensión.

Una tercera decisión acertada, vinculada con la anterior, es reducir las semanas de cotización requeridas para tener derecho a una pensión. Dicho eso, la propuesta plantea una trayectoria compleja: primero las reduce de 1 250 a 750 y posteriormente las incrementa a 1000. Como apuntamos más abajo, esto limita fuertemente el número de trabajadores que podrán beneficiarse de la propuesta. De hecho, hubiese sido preferible reducir las semanas de cotización requeridas por debajo de 750 o, mejor aun, eliminar por completo el requisito, ajustando concomitantemente la Pensión Mínima Garantizada; esto haría que todos los trabajadores que cotizan tengan derecho a una pensión (como en Chile).

Los documentos presentados a la fecha no permiten conocer la motivación para fijar el limite inicial en 750 semanas, pero el cuadro 1 sugiere una: para poner un umbral más bajo sería necesario reducir también las semanas de cotización requeridas para tener derecho a los servicios médicos del IMSS. En caso contrario, se generaría una situación jurídicamente insostenible al haber pensionados del IMSS sin derecho a los servicios de salud de ese instituto. Este vinculo entre el derecho a los servicios de salud del IMSS y el derecho a una pensión es muy desafortunado e injusto.2 Si bien ya esta en la ley vigente, continúa bajo la propuesta.
Los documentos presentados a la fecha tampoco permiten conocer la motivación para aumentar las semanas a 1000 después de la reducción inicial a 750, aunque esto puede estar vinculado con el costo fiscal de la propuesta.

Por último, otra decisión acertada es reducir las comisiones de las Afores, aun si esta reducción parece insuficiente. Las comisiones se reducen 23 % (de 0.9 a 0.7 %). Sin embargo, con la propuesta los recursos canalizados a las Afores probablemente se duplicarán. Las prácticas internacionales sitúan a estas comisiones entre 0.5 y 0.7 % (Azuara, et al. 2019).

3.2 Aspectos negativos

Primero, la propuesta ahonda en la segmentación del mercado laboral, y hace aun mas difícil que los trabajadores informales obtengan un empleo formal. La razón es sencilla: el costo de contratar a un trabajador formal aumentará hasta en 8.7 % de la nómina, una cifra muy considerable. Para ponerla en perspectiva, recordemos que la contribución al Infonavit es de 5 % de la nómina.

El mayor fracaso de la seguridad social en México es que más de la mitad de los trabajadores están excluidos. Si bien hay muchas razones detrás de este fenómeno, los costos laborales de contratar formalmente es una de ellas. Lo que se debe hacer para aumentar la cobertura de la seguridad social y reducir la exclusión social es bajarlos; la propuesta hace lo contrario, y de forma significativa. Para los 32.3 millones de trabajadores informales del país, la propuesta es una mala noticia.
Debe destacarse que los trabajadores informales tienen, en promedio, salarios más bajos que los formales, y que la mayoría de los trabajadores pobres son informales. La propuesta no ayuda a los trabajadores de bajos ingresos y, en particular, a los pobres; mas bien hace lo contrario.

Un segundo aspecto negativo es que en parte la propuesta equivale a un impuesto puro al trabajo formal. La razón es ésta: dados los menores requisitos de semanas de cotización, y la mayor generosidad de las pensiones, prácticamente todos los trabajadores con derecho a pensionarse con Ley 73 lo hacen; casi nadie opta por la Ley 97, a pesar de tener esa posibilidad. Ahora bien, las pensiones de la Ley 73 se fijan con base en los parámetros de esa ley, con total independencia del monto acumulado en la Afore del trabajador. Dicho de otra forma, los trabajadores de Ley 73 —6.1 de los 20.5 millones que cotizan al IMSS— no obtendrán ningún beneficio por el aumento en las contribuciones a las Afores. Su pensión será exactamente la misma que antes. Cuando se pensionen, el mayor saldo acumulado en su Afore lo recibirá el gobierno federal.

¿De que tamaño es el equivalente al impuesto puro? Si suponemos que los salarios de los trabajadores de Ley 73 son similares a los de Ley 97, la respuesta es sencilla: de 30 % (=6.1/20.5). Las empresas pagarán mayores contribuciones para 20.5 millones de trabajadores, pero sólo 14.4 millones se beneficiarán. De cada peso de aumento en las contribuciones, 30 centavos serán para el gobierno federal, no para los trabajadores.3

¿Qué pasa con los 14.4 millones de trabajadores de Ley 97? Los 4.2 millones del grupo 1, aquellos que alcanzarán las 1,250 semanas de cotización, serán beneficiados, ya que sus pensiones serán mayores. En otro lenguaje, sus tasas de remplazo aumentarán. Para ellos la propuesta es sin duda una buena noticia.
La propuesta también parecería ser una buena noticia para los 2.3 millones de trabajadores del grupo 2, que alcanzarán entre 750 y 1,250 semanas: sin ella, no tendrían derecho a pensión; con ella, lo tendrán. Sin embargo, sólo lo es para un grupo más reducido ya que, a partir del primer año, aumenta gradualmente el requisito de semanas de cotización hasta llegar a 1000. Si este último requisito estuviese vigente desde el primer año, sólo 1.15 millones aproximadamente alcanzarían el derecho a pensión, no 2.3 millones. Como el requisito se introduce de forma gradual, podemos tomar un punto intermedio entre 1.15 y 2.3, obteniendo así que alrededor de 1.7 millones de trabajadores alcanzarán el derecho a pensión a raíz de la propuesta.

Lo anterior implica que 8.5 millones de trabajadores bajo Ley 97 seguirán sin derecho a pensión. Su consolación será que el saldo acumulado en su cuenta individual que les devolverán al jubilarse será mayor porque se les obligó a ahorrar más; pero seguirán soportando solos el riesgo de quedarse sin recursos antes de fallecer, y careciendo de acceso a los servicios médicos del IMSS.

La expansión en la cobertura de pensiones que logra la propuesta es de 8 % medido con respecto al total de trabajadores formales, y de 3 % con respecto al total de trabajadores del apartado “A”. Concentrándonos sólo en los formales de Ley 97, antes de la propuesta 71 % se quedarían sin pensión; con la propuesta esa cifra se reduce a 59 %. Aún con la propuesta, casi seis de cada 10 cotizantes bajo esa ley se quedarán sin pensión. Sin duda, el objetivo de expansión de cobertura no se cumple.

Los 4.2 millones de trabajadores de Ley 97 que ya tenían derecho a pensión, pero que gozarían de mejores pensiones con motivo de la propuesta tienen, en general, salarios relativamente más altos y se ocupan en las empresas relativamente más grandes del país. Los 8.5 millones de trabajadores bajo esa misma ley que se quedarían sin pensión tienen, en promedio, menores salarios, y se ocupan en empresas relativamente más pequeñas.

Para que la expansión de cobertura fuese mayor, se necesitaría que en el futuro las densidades de cotización fuesen mayores que en el pasado. Pero en el contexto de esta propuesta es sumamente difícil que esto ocurra, por dos razones. Primero, porque ninguno de los factores estructurales que están detrás de las bajas densidades de cotización —esto es, de la alta informalidad— es abordado por la propuesta. Y segundo, porque de hecho la propuesta agrava uno de esos factores, al aumentar el costo de la contratación formal.4 Paradójicamente, al deprimir aun más las densidades de cotización, la propuesta ahonda en la razón principal por la que la reforma de 1997 no fue exitosa.

En las proyecciones actuariales para preparar reformas de pensiones siempre es tentador hacer supuestos optimistas sobre las densidades de cotización. Bajo esas condiciones, es factible mostrar que muchos trabajadores tendrán derecho a una pensión, y que las pensiones serán más generosas. Sin embargo, es útil aquí recordar que las proyecciones actuariales sobre densidades de cotización que se hicieron al preparar la reforma de 1997 fallaron. Las densidades resultaron muy inferiores a lo estimado. Más de veinte años después, no debemos repetir ese error; hoy tenemos mas información y podemos aprender del pasado.

Finalmente, hay un aspecto que parecería ser un tecnicismo, pero que en la practica es de gran importancia. Perversamente, las contribuciones obrero-patronales al IMSS y al Infonavit son hoy mayores mientras más bajos son los salarios: 35 % del salario para un trabajador que gana un salario mínimo, declinando hasta 21 % para uno que gana 10. Si las contribuciones aumentasen en 8.7 % para todos, el costo no salarial de contratar formalmente a un trabajador de un salario mínimo sería de casi 44 % del salario, agravando una situación de si ya muy desafortunada.

Para evitar lo anterior, la propuesta gradúa el aumento de la contribución patronal empezando en 1.1 salarios mínimos hasta llegar a cuatro, a partir de donde es de 8.7 %. En paralelo, compensa las menores contribuciones patronales para trabajadores con menos de cuatro salarios mínimos concentrando en ellos las contribuciones del gobierno federal. Ello, sin embargo, no resuelve el problema: las contribuciones de los trabajadores de 1.1 salario mínimo en adelante aumentan; poco, pero lo hacen. Además, siguen siendo las más altas de todas. Para un trabajador que gana 1.1 salarios mínimos, las contribuciones al IMSS y al Infonavit serán ahora ligeramente superiores a 36 %; para uno que gana diez, ligeramente inferiores a 30 %. Ningún país de América Latina tiene una estructura de contribuciones que castigue tanto a los trabajadores de bajos ingresos como lo que tendría México con la propuesta.

3.3 ¿Quién paga?

La propuesta señala que el aumento en las contribuciones a las Afores es íntegramente cubierto por las empresas. Sin embargo, es importante diferenciar entre lo que señala el texto de la ley y lo que ocurre en el mercado laboral, que hace que la verdadera incidencia del aumento de contribuciones difiera de lo que la ley pretende. En todos los países del mundo, independientemente de como contablemente las leyes dividen las contribuciones a la seguridad social entre empresas y trabajadores, las empresas ajustan los salarios que ofrecen a los trabajadores y su nivel de contratación en respuesta a estas contribuciones.

Dicho de otra forma, las empresas no absorberán el aumento de contribuciones pasivamente. Intentarán repercutirlo sobre los trabajadores en la forma de menores salarios. De hecho, así fue señalado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, según una entrevista publicada en la primera plana del periódico Reforma el pasado 23 de julio, quien señalaba que: “El nuevo esquema empieza a correr hasta el 2023, cuando pase la pandemia, y va ir sumando un punto adicional durante ocho años. Nuestra sugerencia a todas las empresas es que el punto porcentual se negocie dentro del paquete de prestaciones. Es decir, si le ibas a dar siete por ciento de aumento al trabajador, darle seis por ciento al salario y un punto se lo dejes al cochinito”.

Sin embargo, es poco probable que las empresas repercutan la totalidad del aumento en menores salarios. También ajustaran su nivel de contratación formal, evadiendo más o utilizando figuras jurídicas como los contratos por cuenta y obra determinada; o remunerando a sus trabajadores con formas de ingreso no sujetas de las contribuciones al IMSS y al Infonavit. En algunos casos, repercutirán sus mayores costos laborales en la forma de mayores precios.

La combinación exacta depende de cada empresa. Si es grande y tiene cierto poder de mercado, repercutirá parte del aumento en mayores precios y parte en menores salarios, con pocos ajustes al empleo. Si es pequeña, probablemente tenga menores márgenes de negociación, y optará por una mezcla de mayor evasión o elusión y menor empleo. Depende también de las condiciones del mercado laboral. En épocas de auge, es mas difícil repercutir las contribuciones en la forma de menores salarios; en épocas recesivas más fácil (como serán los próximos años a raíz de la recesión derivada de covid-19).

En general, modelos de simulación señalan que, en el pasado, en México alrededor de dos terceras partes de las contribuciones a la seguridad social las han pagado los trabajadores (Antón et al. 2012). En el futuro mucho dependerá de factores difíciles de predecir. Pero es extremadamente improbable que el aumento de hasta 8.7 % de la nómina sea absorbido sólo por las empresas; los trabajadores formales pagarán parte de ese aumento.

Los trabajadores informales también pagarán. Como la propuesta castiga la formalidad, el empleo informal será mayor que en su ausencia, deprimiendo los salarios de los trabajadores informales. Este efecto no es menor. Cálculos numéricos indican que en México los salarios informales son 10 % menores como resultado del menor empleo formal derivado de las contribuciones al IMSS y al Infonavit (Antón et al. 2012).

3.4 Balance

Es útil reiterar que el análisis hecho aquí es preliminar, y que es necesario conocer más elementos para poder evaluar otras dimensiones de la propuesta, como sería por ejemplo su impacto fiscal; o para precisar o modular algunos de los juicios emitidos. Dicho eso, el cuadro 4 sintetiza los principales elementos discutidos.

Cuadro 4. Resumen de los principales efectos de la propuesta
(millones de trabajadores)

Fuentes: Elaboración propia con datos de la ENOE e IMSS.

Por otro lado, hay temas que podrían enriquecer la propuesta. Un gran acierto de esta administración federal fue extender la pensión del Programa de Adultos Mayores a todas las personas mayores a 68 años (65 en zonas indígenas). Esa pensión no contributiva, que ya está en al artículo 4 de nuestra Constitución, podría ser incorporada en la Ley del Seguro Social, e integrada a la pensión contributiva derivada de esa ley, motivo de esta propuesta. Chile ha hecho lo anterior, permitiéndole avanzar en la construcción de un sistema de pensiones más integrado e incluyente. La CONSAR ha elaborado un estudio muy valioso sobre este tema (CONSAR 2018). Igualmente, otros estudios han hecho sugerencias sobre temas relevantes como la extensión de la obligación a ahorrar para su pensión a los trabajadores no asalariados y la promoción del ahorro voluntario, entre otros (Azuara et al. 2019; Levy 2019). El punto aquí es que hay opciones para aumentar los recursos canalizados a las Afores y elevar las tasas de remplazo sin castigar la formalidad.

3.5 Observaciones finales

La propuesta esta pensada para el México formal, aunque al interior de ese México tiene efectos contradictorios. La propuesta ignora al “otro” México, donde está el 90 % de las empresas del país y más de la mitad de los trabajadores. La propuesta también ignora la experiencia de los últimos 25 anos, que indica que la informalidad no se reduce sólo con la estabilidad macroeconómica, los tratados de libre comercio y la promoción de la inversión. Al ignorar al “otro” México y esa experiencia, la propuesta implica que la mayoría de los trabajadores del país seguirán sin acceso a la seguridad social; la exclusión social persistirá.

La propuesta tiene elementos valiosos: reducir las comisiones de las Afores, acortar las semanas de cotización requeridas para tener derecho a una pensión y, concomitantemente, permitir pensiones inferiores a un salario mínimo. Sin embargo, su piedra angular —aumentar el costo del empleo formal en hasta 8.7 % de la nómina—, es altamente indeseable.

Tácitamente, la propuesta reconoce que éste no es el momento para hacerlo, y gradúa el aumento empezando en 2023, cuando se espera el país supere los efectos del covid-19. Pero eso es secundario. Desde que se legisle, todas las empresas sabrán que en el futuro los costos de la contratación formal serán mayores que en el pasado. En el momento en que nuestro mercado laboral esta en una profunda crisis, y cuando la mayor prioridad es fomentar el empleo formal, la propuesta empuja a las empresas en la dirección contraria.

El efecto central de la propuesta es aumentar las tasas de remplazo de 4.2 millones de trabajadores con salarios relativamente más altos que ya tenían derecho a pensión; su impacto en ampliación de cobertura es muy limitado y seis de cada diez trabajadores bajo Ley 97 seguirán sin pensión. Por ello, es difícil pensar que se trata de una propuesta redistributiva o incluyente. Sin duda, las tasas de remplazo deben aumentar, pero ese objetivo debe ponerse en perspectiva. Antes de covid-19, el principal problema económico y social del país era la informalidad, más todavía después de covid-19. Aumentar las tasas de remplazo de menos del 10 % de los trabajadores del país no debería ser un objetivo prioritario ahora, sobre todo si al perseguirlo nos alejamos de otro más importante y urgente, como es promover el empleo formal.

El problema de fondo es la informalidad, que entre sus múltiples efectos negativos se refleja en bajas densidades de contribución. Ese problema no se arregla con mayores tasas de contribución; por el contrario, se agrava, sobre todo si parte de ellas equivalen a un impuesto puro. Si duplicásemos las densidades de contribución del 44 % observado al 88 %, los recursos canalizados a las Afores se duplicarían también, sin necesidad de duplicar las contribuciones. Lograríamos la profundización financiera buscada y también mejores pensiones. Pero habría una diferencia gigantesca: millones de mexicanos que hoy están excluidos de la seguridad social accederían a ella; el país se transformaría. El problema que hay que arreglar es la informalidad, no la tasa de contribución a las pensiones. 

En Colombia esa tasa es de 16 %, un punto mayor a la propuesta para México, pero como su informalidad es similar a la nuestra, sus problemas de cobertura y monto de pensiones son casi idénticos. En Perú es de 13 % pero, nuevamente, sus problemas de pensiones son similares a los nuestros. La alta tasa de contribución no ha resuelto los problemas pensionarios de Colombia y Perú, ¿por qué sí va a resolver los nuestros?

Hay algo más. Como señalamos al inicio, para los trabajadores que ganan un salario mínimo la tasa de contribución a las Afores, incluyendo la cuota social, hoy en día ya es de 12.1 %; y para los que ganan dos, de 9.7 %. En Estados Unidos la tasa es 12.4 % y en Canadá 9.9 %. Los trabajadores mexicanos de bajos salarios contribuyen a su pensión de forma similar a como lo hacen los trabajadores americanos o canadienses. Pero a diferencia de ellos, la mayoría de los mexicanos no obtendrá una pensión, porque pasan la mayor parte de su carrera laboral en la informalidad.

Podemos beneficiarnos de la experiencia de Colombia, Perú y otros países de América Latina, y de la nuestra de las últimas décadas: en contextos de alta informalidad, es imposible tener un sistema de pensiones de amplia cobertura. Si queremos dotar a México de un sistema de pensiones justo e incluyente, lo primero que debemos hacer es fomentar la formalidad, no encarecerla.

Se señala frecuentemente que la informalidad tiene muchas causas, y así es. Pero ese señalamiento no debe ser licencia para ignorar una de las causas principales, menos aun para agravarla. Los costos laborales sin duda afectan las decisiones de las empresas de contratar formal o informalmente. De hecho, al modular el aumento de las contribuciones por nivel salarial, la propuesta reconoce esto tácitamente. ¿Por qué hacerlo si las contribuciones no importan para el nivel de empleo formal?

Si ignoramos la informalidad cuando reformamos la principal ley de seguridad social del país, ¿cuándo acabaremos con ella? Y si la propuesta la aumenta, ¿cuándo alcanzaremos la inclusión social que todos deseamos?

Una pensión digna no debe ser el derecho exclusivo de un reducido numero de trabajadores, y la aspiración permanentemente insatisfecha de todos los demás. Si, como elemento sine qua non de un proceso más ambicioso de transformación del país queremos reformar la seguridad social, es indispensable revisar la propuesta.

 

Santiago Levy
Economista. Es investigador principal de Brookings Institution.

 

Agradezco los valiosos comentarios a una versión anterior de Arturo Antón, Fausto Hernández, Carlos Ramírez y John Scott; las opiniones emitidas son mías.

 

Referencias

Antón, A., F. Hernández y S. Levy. 2012. “The End of Informality in Mexico? Fiscal Reform for Universal Social Insurance”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C.

Azuara, O., Bosch, M. Garcia-Buitron, M., Kaplan, D. y Silva Porto, M. (2109). “Diagnóstico del Sistema de Pensiones Mexicano y Opciones para Reformarlo”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C.

Castañón Ibarra, V. y O. F. Ferreira Blando. 2017. “Densidades de Cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro en México”. Boletín del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, vol. (3), pp. 213-235, julio-septiembre.

Consar. (2018). “Integración de los Pilares Contributivo y No Contributivo en el Sistema de Pensiones de México”, Documento de Trabajo N.º 13.

Levy, S. (2019). “Una Prosperidad Compartida: Propuestas para Transformar la Seguridad Social en México”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C.

SHCP. (2020). “Fortalecimiento del Sistema de Pensiones”. Julio 22.


1 En general, las mujeres tienen carreras laborales más cortas que las de los hombres. Para simplificar el análisis aquí no distinguimos por genero y usamos el mismo número para ambos. También ignoramos las diferencias de edad a las que las personas inician sus carreras laborales.

2 La injusticia deriva del hecho que los gastos médicos de los pensionados del IMSS se pagan con las aportaciones de los trabajadores cotizantes (de facto, un sistema de reparto). Los trabajadores que no alcancen las 750 semanas habrán financiado los gastos médicos de los ya jubilados, pero no gozarán de ese beneficio cuando ellos se jubilen.

3 Parece razonable suponer que los trabajadores de Ley 73 tienen salarios similares a los de Ley 97. Por un lado, tienen mayor edad y más experiencia, lo que sugiere salarios mayores; por otro, por ser más viejos tienen en promedio menos años de escolaridad, lo que sugiere menores salarios. El calculo de 30 % es indicativo; puede ser ligeramente superior o inferior. Ese porcentaje declinará gradualmente conforme los trabajadores de Ley 73 se pensionen, pero por muchos años las empresas pagarán el equivalente de un impuesto puro al trabajo formal.

4 Una tercera razón es que la recesión causada por covid-19 reducirá las densidades por cierto tiempo. Si bien esta razón es transitoria, puede ser relevante ante la magnitud de la caída del PIB en 2020; dependerá del tiempo que tardemos en recuperar el nivel de empleo formal de marzo de 2020.

La comunicación de los narcisistas

El narcisismo se entiende como un trastorno mental por el cual una persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia y capacidades, al tiempo de una necesidad profunda de ser admirado y reconocido por los demás.

La psicología dice que en todo narcisista se esconde alguien con una baja y frágil autoestima, que se manifiesta en ser muy vulnerable a la crítica más leve, en carecer de empatía con los demás y en establecer relaciones conflictivas.

Ilustración: Víctor Solís

Es común que una personalidad narcisista se sienta infeliz y decepcionada cuando no recibe la admiración que está seguro merece. Es también frecuente que esté insatisfecha con sus relaciones y no concibe que otras personas no gocen de su compañía.

El trastorno del narcisismo suele estar presente en ciertas figuras de la vida pública. ¿Cómo se comunican los políticos que adolecen de ese problema? Siempre buscan llamar la atención, no importa la forma en que lo hagan, para lograr que todo mundo hable de ellos. Cumple así su profunda necesidad de ser el centro y provocar la admiración. Gozan al contemplar su imagen en el espejo de los medios.

En “AMLO frente al espejo” (The New York Times, 14/06/20) el escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka plantea que “todo narciso necesita de un espejo. Y no le bastan los cristales de los aduladores de turno, de sus voceros militantes, de sus apóstoles devotos y de sus hagiógrafos. Pide más. Necesita engancharse todo el tiempo con quienes no lo quieren para que la tensión con ellos sea permanente. De lado y lado, esta dinámica puede terminar siendo adictiva”.

Para él la semejanza que existe entre el presidente Hugo Chávez y el presidente Andrés Manuel López Obrador es que para estar en el centro de la discusión, necesidad de todo narcisista, los dos utilizan el recurso de la polarización. En su opinión ese paralelismo “encierra mayores peligros que cualquier otra comparación”.

Y sostiene que “más allá de todas las diferencias entre los dos países y los dos líderes, AMLO —al igual que Chávez— siente que no fue elegido para gobernar un país sino para cambiar su historia. Él es el fin y el comienzo de una nueva era. Y necesita sentir y hacer sentir esto a los demás a cada momento. Polariza para mantener la adrenalina de la sociedad en alto, para promover la esperanza pero —sobre todo— para enfatizar una amenaza, un peligro. Para que la 4T nunca deje de ser una emoción”.

La polarización es el instrumento privilegiado de los narcisistas Chávez y López Obrador. El escritor plantea que “la polarización política crea espejos y viven de ellos. Es una fórmula ideal para que la imagen del líder se reproduzca de manera permanente. Su presencia constante y protagónica es una eficaz forma de contagio. Genera procesos inflamables que distribuyen y propagan la irracionalidad. No importa en qué sentido vaya, si se está en contra o a favor. Lo único que importa es que no haya nada más en el debate. Solo el líder”.

En la comunicación de los políticos narcisistas, que siempre se sobrevaloran para cubrir su fragilidad, lo que debe estar presente son “solo sus palabras. Sus amenazas, sus provocaciones, sus chistes, sus confesiones. Lo que importa es que su historia sea lo único que haya que contar. Que su historia sea el relato de todos”.

El venezolano afirma que “Chávez utilizó conscientemente la polarización para comunicar y consolidar la certeza de que él era en el único eje del país. De manera deliberada, a través de un manejo hábil de los medios, logró personalizar el poder, reducir la dimensión de la política a la relación con su liderazgo. Su propio temperamento, su capacidad irritante, incluso su agresividad, fueron recursos útiles para cumplir este objetivo. Quienes lo rechazaban terminaron convirtiéndose en su eco, hablando permanentemente de él, reproduciendo la idea de que no había nada más, de que la vida pública y la historia nacional dependían totalmente de las palabras y de las acciones de Chávez”.

La comunicación del narcisista López Obrador, como la de Chávez, busca de cualquier forma ser el tema central de la discusión. Cada mañana de manera desesperada, no importa el tema, que en sí mismo es irrelevante, lo que busca es estar y verse en el espejo de los medios. Lo que busca es que se le admire en lo que él piensa son sus infinitas cualidades políticas y morales, por lo menos de parte de los suyos que con su reacción alimentan su narcisismo.

Barrera Tyszka añade que “tal vez ahora, más que buscar ansiosamente las similitudes entre AMLO y Hugo Chávez, México podría tratar de aprender de la experiencia de la democracia venezolana a la hora de enfrentar el populismo. Corresponder apasionadamente a las provocaciones polarizantes fue en Venezuela una forma de alimentar el narcisismo. Mucho más útil y eficaz habría sido la recuperación de la política original, el trabajo sobre espacios y relaciones de poder alternativos, la construcción de un movimiento ciudadano distinto, dedicado generar su propio poder a partir de luchas concretas y no del enganche emocional con el presidente”.

En la versión del venezolano el gran error de la oposición de su país fue seguir, sin darse cuenta, el juego de Chávez y yo añado que en ese juego también ha caído la oposición en México que solo reacciona a la agenda de López Obrador que en su narcisismo disfruta, le es una necesidad imperiosa, de ser el eje del debate. Quienes solo rechazan sus planteamientos, quieran o no, reproducen y difunden su ideas. No hay mayor afrenta y pérdida para un narcisista que no ser tomado en cuenta y reconocido por los demás. Entra, entonces, en una profunda depresión. Y es hora de dejar de lado al presidente y centrar la discusión en los verdaderos problemas del país y en la construcción de una gran fuerza nacional alternativa con propuestas concretas, para resolverlos.

 

Rubén Aguilar Valenzuela

Energía

El sector eléctrico según AMLO

El pasado 22 de julio, en el salón donde se llevan a cabo las mañaneras, el presidente llamó a funcionarios del más alto nivel del sector energético para leerles una carta que se convirtió en memorándum, y que es su idea de cómo debe funcionar el sector energético.

El documento enuncia una serie de medidas que se centran, sobre todo, en fortalecer a dos empresas: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Es difícil entender el concepto de fortalecimiento que tiene el presidente, pero la serie de consideraciones que hace en el memorándum, de convertirse en una reforma constitucional y hacerse ley, serán un problema mayor para el país, más allá del sector energético.

Omitiendo de los conflictos legales nacionales e internacionales que significaría hacer esta reforma, quisiera plantear los efectos de este memorándum en materia eléctrica.

 

Ilustración: Alma Rosa Pacheco

Los puntos en materia eléctrica son nueve y dicen, en orden de aparición:

1.Mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de la electricidad.

2. Priorizar y optar por lo más rentable, construir o reconstruir plantas para satisfacer la demanda del sureste, en particular las dos penínsulas (Yucatán y Baja California Sur).

3. Repotenciar las hidroeléctricas, porque existe infraestructura y agua y se puede generar energía eléctrica barata y limpia.

4. Reconocer los contratos suscritos.

5. Orden de despacho eléctrico: primero se reciben hidroeléctricas, luego el resto de plantas de CFE, luego eólica y solar privadas y al final los ciclos combinados privados.

6. Uso y venta del gas adquirido por CFE.

7. Detener el otorgamiento de permisos para generar electricidad.

8. Apoyar a CFE para que no siga perdiendo mercado.

9. Los privados sólo participarán como constructores de obras y que la generación de electricidad privada no debe rebasar el 46 por ciento.

¿Qué pasaría si se aplican estos nueve puntos en una reforma al sector eléctrico?

Algunas ideas loables que menciona el documento sobre acabar con el amiguismo o seguir con el plan de venta de gas de CFE a particulares han sido contrarios al actuar de este gobierno, por ejemplo en la forma de comprar carbón por CFE a cercanos de un senador o en la negativa de CFE de vender gas a una empresa de energía con un proyecto de generación en Tuxpan.

Son loables los puntos 7 y 8, aunque no hay dinero para ello. Repotenciar hidroeléctricas incrementaría su capacidad en 10 por ciento (menos de dos por ciento de la matriz energética del país). No hay posibilidades técnicas para más. Además, el agua no está disponible todo el año debido a las estaciones con pocas precipitaciones que obligan a priorizar el uso humano y agrícola.

Ahora, ¿quiere usted instalar más capacidad de generación? Se aplican los puntos 7 y 8; sólo le darían permiso a un privado si el gobierno tiene dinero para instalar alguna planta generadora mayor que la suya y decide hacerlo. Sólo así se podrá mantener el injustificado objetivo de mantener el equilibrio publico privado del 54-46 % del que hablé antes y significa un freno económico al país. En la medida en que se pretende detener los permisos a privados, si usted quiere poner una nueva empresa (una fábrica de chicles, plásticos, comida o cualquier cosa que requiera más energía), deberá esperar a que el gobierno tenga dinero y decida invertir para generar más y sólo entonces usted podrá contratar el suministro de energía, abrir su empresa y crear trabajos.

Ahora, considerando la capacidad instalada que ya se tiene ¿qué significaría el orden de despacho que propone en presidente en el punto 12 del memorándum? Primero que nada echaría a perder los puntos relacionados con cumplir los contratos y quedaría la cosa más o menos así: en lugar de almacenar el agua y usarla en los momentos de más demanda eléctrica para tener precios bajos, en cuanto haya agua disponible se deberá usar la hidroeléctrica. Como no sería suficiente para abastecer de energía y/o cuando no haya agua disponible, se usarán las plantas de CFE, que son las más costosas del sistema y poco confiables del sistema, así como las más contaminantes.

Entonces los costos de generación serían mínimo de 1 247 pesos por megawatt-hora (MWh). Una vez que se reciba toda la energía posible de CFE, llegando a costar hasta 2 155 pesos el MWh, se usarían las generadoras más baratas: las renovables de las subastas de energía eléctrica de largo plazo, que cuestan 400 pesos el MWh. Pero aguas: se seguiría usando las de CFE, todas, incluidas las de 2 155 pesos por MWh y usted seguiría pagando ese costo, el más alto posible y que actualmente sólo se usan en casos extremos. Y luego, si se requiere, se reciben los ciclos combinados privados, que son más baratos que los de CFE.

De nada servirían los puntos de respetar los contratos, pues la energía establecida en dichos contratos no se recibiría, ni se compraría gas, pues al ser los privados los últimos en despacharse, poco podrían entrar en operación.

De nada servirá tener los contratos récord de costo de energía más baratos del mundo, porque se usarían casi al final, si es que se usan. Eso significaría encarecer la energía. Pero recordemos el punto principal, que es no encarecer la energía. Como el costo de la energía será mayor, deberá incrementar el subsidio eléctrico.

Al incrementar el subsidio, habría menos recursos para invertir en modernizar plantas o repotenciar hidroeléctricas (de por sí no hay). Entonces espere más deuda de CFE o parálisis de la industria eléctrica, que significaría parálisis y encarecimiento de la energía para todos, ya sea visiblemente en factura o escondido mediante subsidios.

Si además tomamos en cuenta que el gobierno habla de que va a renunciar a vender petróleo, los recursos fiscales del gobierno serían mucho menores, entonces no habría cómo modernizar la red ni las generadoras de electricidad. Habría que aumentar impuestos, tarifas eléctricas o deuda para medio remediar las situaciones. ¿Por qué sucede esto? De inicio porque el presidente se basa en razones ideológicas y no en la realidad actual. Su diagnóstico carece de información como los costos altos de generación de CFE o de plano quiere que los mexicanos carguemos con esos altos costos, para refrendar su ideología nacionalista y estatista.

El problema central es que México se atrasará, se empobrecerá y no hay forma viable de generar bienestar ni desarrollo económico con la estructura eléctrica que propone el presidente. Y los costos los terminarán cargando los más pobres, con carestía y desempleo. Los nueve millones de pobres producto de la pandemia de covid-19 se mantendrían irremediablemente en la pobreza con una reforma como la que expresa el presidente en el memorándum.

Por si fuera poco, México no tendría forma de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. ¿Vale la pena imponer su concepto de soberanía a cualquier costo?

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

Literal

Un colibrí en casa

B··· estaba intranquila. Esa mañana, un colibrí había llegado a casa. C···, la señora que iba los martes a hacer la limpieza, lo había traído.

—Levanté un pájaro —le dijo a I···, el marido de B···, cuando él le abrió la puerta—. Estaba en la banqueta, afuera de la estación, mire. Se ha de haber caído de un árbol.

I··· resintió que la señora les llevara el colibrí. Sería una responsabilidad cuidarlo. Además, sabía que B··· no iba a dejar que C··· se lo llevara, que se interesaría en él. B··· e I··· aún no tenían hijos y vivían en un departamento.

—¿Cree que la señora lo quiera cuidar? —preguntó C··· mientras lo dejaba encima de la lavadora, anidado en un suéter.

Cuando I··· volvió al cuarto, B··· salía.

—La señora trajo un pajarito —le dijo en el pasillo—. Lo vio en una banqueta y se lo trajo. Ahí lo tiene.

—¿Y por qué nos lo trajo? —preguntó B···.

—Pues sí, pues sí.

Era un colibrí polluelo, una pelusa oscura con un nudo negro en medio. De la pelusa emergía, agudo y un poco corvo, el pico largo, naranja. Por la base del pico se reconocían los ojos, negros, lustrados, fijos.

A B··· le gustaban las mascotas, en especial los perros de razas chicas, como los terrier, malteses, pomeranias. Eran perros manejables, podía cuidar de ellos y mimarlos. Había tenido un perico, y ahora venía a casa un crío de colibrí.

—¿Qué vamos a hacer con él? —le preguntó I··· al cabo de una hora.

—Lo metí en una caja de zapatos y le prendí la lámpara. La señora dice que se lo lleva.

B··· le enseñó la caja. La tenía en un cuarto chico, contiguo al tendedero, que ella usaba para hablar por teléfono, trabajar en la laptop, oír música y estar. El pelambre oscuro estaba en un rincón de la caja, sobre un paño. No se movía. El pico levantado pegaba con el cartón. B··· le había hecho agujeros a la tapa. Lo volvió a cubrir.

—Le voy a poner agua para colibrís.

En la tarde, cuando I··· volvió de la oficina, la señora ya se había ido.

—Mejor me lo quedé —le dijo B···. Después siguió con lo que hacía y alzó un poco la voz—. Que ella lo cuidaba, que sí, Hasta jaula le tengo, decía. Ahí están mis pájaros y ahí lo pongo— y rió.

Una hora más tarde, sin embargo, se le había ensombrecido el semblante. Fue al cuarto que I··· ocupaba para trabajar.

—Le hablé al veterinario. Me dijo que lo tenga cerca del foco y le dé agua dulce con un gotero, pero no quiere. Se lo acerco al pico y no se mueve. Es difícil que se salve.

Al otro día, lo llevó a consulta.

—Dijo que no tiene nada —le explicó a I··· por teléfono—. Que lo ve bien, pero que está muy chico. Le voy a poner moscos en su jarabe, de los de la fruta. Son nutritivos.

Cuando I··· regresó, había papayas abiertas en la cocina y el tendedero, y los mosquitos se empezaban a juntar.

—Mi mamá también me los está juntando.

Esa tarde, el colibrí empezó a beber del gotero.

—Tiene la lengua fina y alargada. La mete en el gotero y la saca. La tiene viperina.

I··· fue a verlo. B··· levantó la tapa y él lo miró. El colibrí retiró el pico naranja, lo pegó de nuevo al cartón.

B··· lo tuvo en la caja por cosa de una semana. Si iba a casa de sus papás, donde trabajaba en las mañanas, se lo llevaba consigo.

Una tarde, mientras B··· tomaba una siesta, I··· se asomó al cuarto del fondo. La caja descansaba sobre el banco del tocador y una rama delgada atravesaba sus paredes. Los extremos tronchados de la rama emergían por los lados. Levantó un poco la tapa y vio que el colibrí se sostenía en ese travesaño proporcional, tres o cuatro centímetros por encima de la base acolchada. Era una rama natural, con musgo. El colibrí volteó de inmediato, con un solo movimiento de cabeza, y lo miró con confusión. El gotero, en posición inclinada, estaba pegado al cartón gris de una de las paredes, con diúrex. En el líquido rojo flotaban fragmentados los moscos de la fruta.

No mucho después de que ocuparan el departamento, B··· había visto que los colibrís de jardines y árboles cercanos venían a su edificio y entraban en las terrazas inmediatas, arriba y abajo, a tomar en los bebederos que los vecinos habían dispuesto. Muy pronto, B··· había colgado su propio bebedero y lo había llenado. En un primer momento, sólo hubo acercamientos. Venían hasta el edificio, se sostenían afuera de la ventana abierta, reconocían el depósito rojo y amarillo y se iban, se alejaban velozmente. Hacían esto de manera sucesiva, primero uno, luego otro, como si tomaran turnos. A veces, se ponían en la reja que delimitaba la propiedad. Desde ese punto abarcaban todo el costado norte del edificio, y desde ahí iban sin demora a los distintos bebederos, los de los departamentos 102, 104 ó 302. Al cabo de una semana, sin embargo, también entraron en la terraza de B···. Entre el tendedero y la cocina había una puerta. Por el vidrio de esa puerta, los veía. El nuevo colibrí —Ch···, lo llamaban— parecía mejorar. Si se recuperaba, ¿encontraría un lugar entre las cuadrillas de colibrís de la zona? ¿Buscaría regresar a la parte donde C··· lo había encontrado?

B··· se mantuvo en contacto telefónico con el veterinario y, al cabo de otros ocho días, el Ch··· dejó la caja. En el cuarto del fondo, B··· reprodujo en una escala distinta las condiciones de la morada original. La alfombra quedó cubierta de hojas de periódico y el espacio, atravesado de ramas delgadas. Desde el manubrio de la bicicleta de ejercicio y apuntalada con cinta canela subía una de ellas, con moderada inclinación. En dos de las esquinas de la habitación, formando triángulos con las paredes y a considerable altura, otras tantas. Desde uno de los postes del espejo del tocador y dispuesta de tal modo que se reflejara en él, una más. También había goteros con líquido rojo y partes de mosco en distintos puntos. En el asiento del reposet de tela permanecía la caja, abierta y acondicionada, para que la transición resultara sencilla.

A veces, I··· se asomaba para ver dónde estaba. En la rama del espejo, oblicuamente respecto a éste y reproducido en él. Cerca, en la extensión del manubrio, la cual oscilaba con el peso oscuro. O en una de las hipotenusas, al fondo y en lo alto, si la aparición de I··· lo había puesto en alerta.

En casa de sus papás, B··· había adaptado un baño con los mismos recursos. El colibrí viajaba en su caja.

Un día, B··· fue a decirle a I··· que el Ch··· ya subía a beber.

La mayoría de los goteros estaban dispuestos de tal forma que el colibrí alcanzara el líquido desde la rama donde se sostenía. Sin embargo, B··· había orientado las boquillas de dos de ellos al vacío. Para tomar de éstos, el colibrí debía estar volando.

—Ven a ver —le dijo.

Y en efecto, I··· pudo ver que el Ch··· se desplazaba por el espacio del cuarto, sin destino aparente pero con súbitos trechos y evitando accidentarse; se acercaba finalmente a un gotero suspendido, afinaba frente a él, hasta la perfección y el sosiego, su movimiento, y avanzaba lentamente a la abertura. El pico, invariable en medio de esa volatilidad química, penetraba, y el colibrí, dueño de su naturaleza, bebía el néctar. B··· había ataviado esos goteros aéreos con falsas flores amarillas y rosas, de cartón, y había añadido un dulzor particular al líquido que contenían.

Ilustración de Claudio Isaac ©

No pasó mucho tiempo antes de que el colibrí saliera de su cuarto. B··· cerraba las ventanas corredizas del tendedero, que daban a la galería del edificio y a la reja circundante, abría la puerta del cuarto y dejaba solo al colibrí. Más tarde, cuando miraba desde la cocina, lo descubría afuera. Estaba en uno de los cordeles de la ropa, cerca de la ventana y de la pared del fondo, mirando hacia dentro. No lucía muy distinto que cuando había llegado. Una bola plumífera y oscura, quizás un poco más densa y aliñada; el ojo negro con un brillo semicircular, y el pico anaranjado, en posición ascendente y levemente torcido. Pero si se alzaba para tomar del bebedero que había ahí, entonces su plumaje se tendía y se ajustaba para producir la línea cóncava y elegante del pecho y el descenso del dorso, las alas ya no eran sino una breve distorsión del espacio, un difuminado que envolvía el cuerpo y parecía mandar ondas por el aire, y dentro de esa distorsión, en los costados aparentemente mutilados y en la testa aparecían reflejos de turquesa y púrpura. Cuando avanzaba la tarde, el colibrí regresaba por sí solo al cuarto. B··· salía al tendedero y encontraba caquitas en el piso y en la ropa.

—Manchó la ropa el Ch··· —le decía a I···, a la vez molesta y satisfecha.

Durante esta temporada, los colibrís de los jardines y árboles cercanos no dejaron de ir al departamento de B···. Si la ventana del bebedero estaba cerrada, se aproximaban al vidrio y se sostenían ahí. En el curso de una hora, dos o tres colibrís distintos lo hacían. El Ch···, que a un palmo de distancia, dentro del tendedero, miraba hacia su cuarto, permanecía quieto. B··· había leído que los colibrís son una especie muy territorial. Si, en cambio, el Ch··· ya se había resguardado, y dormía desde temprano en una de las ramas elevadas, B··· abría la ventana y los colibrís entraban de nuevo en el tendedero. Cuando llovía fuerte, el Ch··· no salía de su cuarto.

Aunque pensó en quedárselo, al final B··· lo dejó ir. Se propuso una fecha, la anotó en su agenda y la habló con I···. Un domingo nublado entró al cuarto del fondo, lo cogió entre ambas manos y lo sacó al tendedero, donde I··· esperaba. Normalmente permitía que lo cogieran, pero esta vez había escapado a una rama superior, luego a otra, antes de que B··· lo atrapara. Afuera, B··· se paró junto a la ventana.

—Adiós, Ch··· —le dijo y, luego de una pausa, levantó los brazos.

El colibrí voló erráticamente, apenas una mota que revoloteaba contra un fondo de cielo nublado. Sin orden ni destino, ascendió por la alta galería. No asaltaba la bóveda infinita, quizás ni siquiera existía para él más que como un misterio. Dirigía sus intentos al mismo edificio, a los tendederos y ventanas del cuarto piso, del tercero, del primero. ¿Buscaba el departamento de B···? Antes de liberarlo, pensaban que se elevaría y fijaría un rumbo.

—Ahí está —decía uno.

—¿Dónde? —preguntaba el otro.

—¿Y si le pasa algo? ¿Si se queda en el asfalto a esperar?

Después tomó hacia el techo. Fueron allá. No hacía mucho había llovido, el piso de la azotea estaba húmedo y un viento casi frío se dejaba sentir.

—¡Ch···! —lo llamaban.

B··· buscó en las jaulas de tendido, entre las bases de los tinacos, en los bordes del lado sur. Desde ahí se veían casas rodeadas de grandes jardines y árboles adultos, algunos tan altos como el edificio. Más allá, las copas de esos árboles permitían entrever el tendido de la ciudad. Buscó también en el suelo.

Luego I··· la llamó, desde el otro lado de la azotea. Estaba cerca de una de las esquinas. En esa parte, el muro bajo que demarcaba el techo tomaba más altura.

—Ahí está —le dijo.

Desde una distancia mayor, B··· lo vio sobre el estrecho borde de esa pared. No miraba hacia ellos, sino hacia la ciudad. Aparecía agachado, derribado casi en esa orilla.

—¿Qué hace ahí? —preguntó uno.

—Sí, ¿qué hace ahí?

Intentaron acercarse, pero el colibrí voló. Se levantó contra el firmamento gris, a unos metros sobre ellos era una brizna oscura, una alteración menuda e inconstante. Una vez en los aires, tomó hacia los jardines y los árboles adultos al sur del edificio. Y la elevación del colibrí en huida, su altura en el espacio abierto hasta el suelo y la reja circundante, pareció formidable.

Desde esa mañana, I··· y B··· no saben si han vuelto a ver al Ch···. A veces entra un colibrí pequeño y gris, se sostiene en el cordón y, así arrellanado, con el plumaje fofo y el pico un poco alzado, mira largamente al cuarto. Todo indicaría que toma una siesta, excepto el ojo bien abierto y fijo. No se levanta ni se va, si B··· o I··· se asoman al tendedero. Pero si es la hora en que los colibrís de la zona comen y uno se acerca, salta en el último instante, maniobra y logra escapar. A veces, si realmente se ha dormido o si se distrae, un macho grande lo embiste, y apenas tiene tiempo de evadir. Sale disparado como un tornadizo proyectil, altera su trayectoria y la tarde se refleja en sus costados, ora añil, ora dorada.

Han sido ya dos las veces en que un colibrí se queda a dormir. En la primera ocasión, cuando I··· volvía del trabajo, B··· lo detuvo en la puerta y, con un dedo alzado contra los labios, le pidió silencio. Luego lo hizo acompañarla, con un gesto de mano. Fueron a la cocina. La luz de la cocina se expandía tenuemente al tendedero. Eran las 9 p.m. El colibrí descansaba en el cordón, más esponjado que nunca. No miraba hacia la noche sino a la puerta del cuarto.

—¿Será el Ch··· —preguntó I···.

—Quién sabe —respondió B···, feliz.

Muy temprano por la mañana, cuando I··· fue a asomarse, el colibrí ya se había ido.

En la segunda ocasión, B··· e I··· llegaron tarde del cine y lo encontraron en casa. Cuando la encendieron, la luz de la cocina bañó escasamente el tendedero y ahí, de espaldas a la ventana y cerca del muro del fondo, estaba el colibrí. La cuerda que lo sostenía oscilaba un poco. Los colibrís duermen profundamente. Una vez que oscurece, no se mueven de donde están y nada turba su sueño, como si hibernaran durante unas horas. El colibrí no se movió, ni siquiera cuando B···e I··· se acercaron.

—Hay que apagarle la luz.

—Sí.

Luego B··· preguntó si sería el Ch···.

—No sé —respondió I···.

 

Ignacio Ortiz Monasterio
Escritor y editor. Ha publicado: Compás de cuatro tiempos y Anatomía de la feria. La liebre de Durero es el nombre de su blog personal.

• Una versión de este relato aparece en Compás de cuatro tiempos (Cosa de Muñecas, 2015), ahora disponible en formato electrónico.

Cabos sueltos

El nombre mejora todo

Pues todo es hipocresía. Pues en los nombres de las cosas, ¿no hay la mayor del mundo? El zapatero de viejo se llama entretenedor del calzado. El botero, sastre del vino que le hace de vestir. El mozo de mulas, gentilhombre del camino. El bodegón, estado; el bodegonero, contador. El verdugo se llama miembro de la justicia y el corchete, criado. El caballero, diestro; el ventero, huésped; la taberna, ermita; la putería, casa; las putas, damas; las alcahuetas, dueñas; los cornudos, honrados. Amistad llaman al amancebamiento, trato a la usura, burla a la estafa, gracia a la mentira, donaire a la malicia, descuido a la bellaquería, valiente al desvergonzado, cortesano al vagamundo; al negro moreno, señor maestro al albardero y señor doctor al platicante. Así que, ni son lo que parecen ni lo que se llaman: hipócritas en el nombre y en el hecho.

¡Pues unos nombres que hay generales! A toda pícara, señora hermosa; a todo hábito largo, señor licenciado; a todo gallofero, señor soldado; a todo bien vestido, señor hidalgo; a todo fraile motilón, o lo que fuere: reverencia y aun paternidad; a todo escribano, secretario.

Fuente: Francisco de Quevedo, “El mundo por dentro” (1627) en Obras completas. Tomo I. Prosa. Editorial Aguilar, Madrid, 1958.

Cabos sueltos

La promesa está en el libro

En Irlanda la lluvia es absoluta, grandiosa y terrible. Llamar mal tiempo a esta lluvia es tan impropio como lo es llamar buen tiempo a un sol abrasador. A esa lluvia se le puede llamar mal tiempo, pero no lo es. Es tiempo, simplemente, pero por algo “temporal” viene de “tiempo”. Se empeña en recordarnos con insistencia que su elemento es el agua, el agua que cae. Y el agua es dura. Una vez, durante la guerra, fui testigo de cómo un avión en llamas se posaba en la costa del Atlántico; el piloto tomó tierra en la playa y huyó de la proximidad del aparato antes de que explotara. Más tarde le pregunté por qué no se había posado en el mar, y me respondió:

—Porque el agua es más dura que la arena.

Nunca le creí; pero aquí lo comprendí por fin. El agua es dura.

Y cuánta agua se acumula sobre esos cuatro mil kilómetros de océano, agua que se alegra de llegar a la cercanía de los seres humanos, de las casas, de la tierra firme, después de haber estado tanto tiempo cayendo sólo sobre el agua, sólo sobre sí misma. Al fin y al cabo, ¿qué placer puede producirle a la lluvia caer siempre en el agua?

Entonces, cuando se va la luz, cuando la primera lengua de un charco entra serpenteando por debajo de la puerta, silenciosa y lisa, brillando al resplandor del hogar; cuando los juguetes que los niños han dejado, por supuesto, tirados en el suelo, cuando corchos y pedazos de madera empiezan de repente a flotar y la lengua de agua los empuja hacia adelante; cuando luego los niños bajan asustados por las escaleras y se agazapan frente al hogar, entonces uno comprende que no habría sido tan digno del Arca como lo fue Noé.

Conviene tener siempre en casa unas cuantas velas, una Biblia y un poco de whiskey, como los marineros que viven preparados para la tormenta; hay que añadir tabaco y un juego de cartas, y para las mujeres, lana y agujas de hacer punto; y es que la tormenta viene con ganas y la lluvia trae mucha agua; y la noche es larga. Cuando luego penetra por la ventana la segunda lengua de lluvia, que se une a la primera, cuando los juguetes se acercan poco a poco a la ventana, flotando sobre la delgada capa de agua, es buena idea consultar la Biblia para comprobar si de veras consta en ella la promesa de no enviar jamás otro diluvio. Sí, consta la promesa: se puede encender la siguiente vela, el siguiente cigarrillo, volver a barajar las cartas, servirse otra copa de whiskey, entregarse al tamborileo de la lluvia, al silbido del viento, al castañeteo de las agujas de hacer punto. La promesa está en el libro.

Fuente: Heinrich Böll, Diario irlandés. Traducción de Joan Parra. Plataforma Editorial, Barcelona, 2015.

Cabos sueltos

Cine de actor

Un cinero de verdad que va al cine (o captura películas en televisión) para satisfacer pequeños deseos, nunca verá lo suficiente el rostro de Greta Garbo, jamás se saciará de la voz y los movimientos de Marlene Dietrich; podría oír sin término los diálogos entre Eric von Stroheim y Pierre Fresnay en La gran ilusión,de Renoir; o podrá contemplar mil veces la secuencia de la soledad de Charles Foster Kane en su castillo o la secuencia de las escalinatas de Odesa o la burla al ciego (Miguel Inclán) en Los olvidados de Buñuel o la Monroe cantando “I wanna be loved by you” en Some Like It Hot. En este sentido, en la obsesión o búsqueda de instantes mágicos o perfectos o simplemente divertidos, lo mejor es entregarse al culto por los actores. De alguna manera, los llamados mitos cinematográficos lo han sido porque captan de modo irremplazable la mezcla de sueño y realidad, de ambición individual y deseo colectivo que le dan forma al cine. Así, Katherine Hepburn o Humphrey Bogart, Judy Garland o Marilyn Monroe, Pedro Infante o María Félix, Sophia Loren o Anna Magnani, resumen y encarnan procesos sociales o personales y comunican perdurablemente al espectador con el gozo de ver cine.

Elegir actores predilectos, seguirlos, memorizarlos, es un derecho magnífico del cinero. Tómese el caso del cine mexicano tan colmado de malos y pésimos directores y primeras figuras detestables y lamentables. Con todo, yo creo mucho más, en función del cine mexicano de los treinta y cuarenta, en un cine de actor que en uno de autor. De modo categórico, los verdaderos autores fueron los actores. No necesito recurrir al caso paradigmático de Pedro Infante. Me basta con citar a Joaquín Pardavé, Consuelo Guerrero de Luna, Miguel Inclán, Alfonso Bedoya, Luis G. Barreiro, Emma Roldán… veinte o treinta o cien actores excelentes que de veras salvaban, rescataban, hacían posible una película de otro modo aplastada por la ineptitud del director y las primeras figuras. Véase cualquier film de Pardavé. En él nada falta: el acento, el cuidado, el movimiento, el tiempo histriónico. Es perfecto bailando mambo con Amalia Aguilar y bailando can-can con Sofía Álvarez y bailando “El Makakikus” o desempeñando un papel dramático. Para mi gusto, quien no colecciona Actores Predilectos no es partidario del cine.

Fuente: Carlos Monsiváis, “Cómo acercarse al cine” en Cómo acercarse a las ciencias, las artes, las humanidades. Prólogo de Carlos Tello Macías. Financiera Nacional Azucarera, México, 1981.

Cabos sueltos

Bendita sea la Máquina

Vashti se encuentra autoaislada. Su nombre aparece en el Antiguo Testamento —una reina persa— pero aquí ella está reducida a “un bulto de carne envuelta” en su sillón mientras recibe una llamada de su hijo, Kuno, cuya cara aparece en una pantalla que ella sostiene en la mano. Esta pantalla es el portal de Vashti al mundo. A través de ella habla con amistades; da conferencias. “Desde tiempo atrás las reuniones públicas se habían abandonado; ni Vashti ni su público salían de sus cuartos. Sentada en su sillón ella hablaba, mientras los otros en sus sillones la oían, bastante bien, y la veían, bastante bien”. Vashti le reza a la máquina. Se ha criado en ella y le aterra dejar su aparato hexagonal. Cuando su hijo la convence de que tome una aeronave para que se vean en persona, mirar las nubes y el cielo le causa un espasmo de terror. Cuando tienen que viajar en estas naves, los pasajeros cierran los postigos de las ventanas para evitarse la vista inquietante del paisaje abierto. “La Máquina nos alimenta, nos da vestido y casa; mediante ella nos hablamos, nos vemos; en ella radica nuestro ser. La Máquina es la amiga de las ideas y la enemiga de la superstición; la Máquina es omnipotente, eterna; bendita sea la Máquina”, dice la alocución en la primera página del sagrado Libro de la Máquina. El peor castigo que puede infligírsele a alguien es la Ausencia de Hogar: estar desconectado de la Máquina.

Todo esto viene en el cuento “La Máquina se detiene” que E. M. Forster, en algo atípico de sus temas y estilo, escribió en 1909.

Fuente: TLS, 25 de mayo, 2020.

Cabos sueltos

El virus quiere reven

Los virus y las bacterias secuestran nuestras mentes; nos hacen actuar de modo raro. Por ejemplo, el Toxoplasma gondii, un parásito que se encuentra en las heces de los gatos, vuelve a los ratones menos temerosos de los gatos; esta es una estrategia evolutiva, le facilita al parásito pasarse del ratón al gato. Cuando se propaga a los humanos, puede aumentar sus riesgos. Un estudio reveló que la gente con toxoplasmosis, la infección que causa el parásito, “es más probable que se especialice en los negocios”. Un reportaje de NBC News sugirió de modo optimista que el parásito “puede darles a las personas el valor que necesitan para volverse emprendedores”.

Ese sería el caso extremo de un parásito microscópico alterando el rumbo de nuestra vida. Pero los virus y las bacterias influyen también en nuestro comportamiento diario. Un estudio del 2010, por ejemplo, reveló que la gente se volvía más sociable a las cuarenta y ocho horas luego de exponerse al virus de la gripe, un período en el que uno es contagioso pero asintomático. La investigación hizo ver que de modo significativo los infectados eran más propensos a salir a bares y a fiestas. Uno de los más extraños cambios que el virus induce en las conductas es la hidrofobia, un síntoma de la rabia. No es una exageración: a la gente y los animales infectados de rabia el agua los aterra. O quizá con mayor precisión, tienen dos actitudes ante el agua: la quieren al tiempo que no pueden ni verla. ¿Por qué surge este al parecer impulso biológico de muerte? No es que la gente vaya a morir de sed. La meta del virus no es matar humanos —aunque lo hace— sino propagarse mediante nuestra saliva, que se diluiría al beber agua.

Fuente: Harper’s, junio 2020.

Puerto libre

Saber del miedo

Supe de una niña que no conocía el miedo. Ahora me ha dado por extrañarla. Yo sí tengo miedo. Sin duda me da miedo la calle, miedo la boca de la gente, miedo su paso por la noche y la madrugada.

Por eso he preferido seguir en el confín de un mundo que cabe entre las paredes de mi casa.

Afuera están los muertos. Unos a media ciudad, otros en el suelo de una cárcel, en los pueblos lejanos y aquí cerca. Muertos de la guerra que ya estaban en nuestra alma.

Y ahora los nuevos muertos, los tomados por un mal que los ahogó durante días.

Muchas veces hay paz en este aislamiento sin soledad que ya casi puede llamarse una elección. Se abrieron las puertas y la gente anda cantando en los parques y la calle, con sus niños o sus perros.

Nosotros no iremos a ningún lado, pero seguir en este encierro le abre a mi cerebro túneles y vericuetos que llegan a lugares inverosímiles. A salvo, como me creo, muchas veces lo único que amenaza es el caos. Y mi manera de exorcizarlo es dejándolo entrar.

Ilustración: Gonzalo Tassier

Desde que amanece le doy la bienvenida. Me pongo un zapato de uno y otro de otro. Luego, para tratarlo como si no supiera de él, tomo las medicinas que son mi orden del día y aseguran que hoy mis pies no han de viajar a lo que Dante describió como “esa parte de la vida más allá de la cual ya no se puede ir con la intención de volver”. Cuatro años después de que lo publicó, ha llegado a mis ojos un texto de Luis Miguel Aguilar en el que habla de la epilepsia del poeta que escribió La divina comedia, ese libro tan venerado como temible. Transfigurazione llamó él a lo que sentía como “desarreglo de los sentidos”. Qué bien dicho, no es otra cosa la epilepsia. Otra suerte de caos. Para consolarme, yo que he vivido con ella, conté la memoria de esa experiencia diciendo que oigo una música inexplicable muy parecida a la serenidad que provoca la contemplación del mar. Casi podría creerse que la deseo. No estaría mal morirse así. Pero como el encierro se trata de quedarnos vivos, mejor dejo entrar al caos de otra manera.

Bajo al desayuno con un par de pequeños aretes en la mano. No me los he puesto porque ya voy tarde, no sé a dónde voy tarde, porque no hay a dónde ir, pero me urge beber una naranja. Antes tomo un vaso de agua sencilla para quitarme la sed que viene de ir amaneciendo como si anocheciera. Tuve un sueño afortunado, pienso mientras levanto el vaso y me echo los aretes a la boca. Voy a dar el trago de agua cuando siento que las pastillas tienen picos. Un reflejo animal me devuelve al mundo. Los aretes no se tragan, las pastillas me las tomé allá arriba, los zapatos desiguales pueden tener su gracia, el jugo de naranja es una gloria, pero ¿el alma? ¿Traigo puesta el alma? Leí anoche que el alma está en el cerebro. ¿En dónde dejé yo el cerebro? No me lo vaya a tragar. Me pondré los aretes. Ni un solo día he dejado pasar sin ponerle los aretes al caos, nada más para matizarlo. En cambio al cerebro creo que paso días sin verlo. Al menos a una parte suya. La racionalidad tiene fama de sabia. Yo confío más en la intuición. Pero lo digo porque me conviene. La uso como algo esencial. Con ella decido, acierto, me equivoco, elijo lo que leo, escribo. Sin duda he ido escogiendo a mis amigos y mis amores, no con razonamientos sino con la emoción que me provocan. Ya sé que he de reírme con ellos, que acompañaré lo que lloren. Oigo a un viejo decir que la intuición es una forma de conocimiento. Y que está en el cerebro. Más revelar un misterio, pero me regala una certeza. No tengo tan perdido al cerebro. Creo que el don de intuir es menos apreciado, pero tan imprescindible como el de razonar. Quien no intuye no es capaz de misericordia. Y si algo necesitamos hoy, ni se diga quienes gobiernan, es dar con el don de la misericordia, que no es otra cosa que la capacidad para imaginar lo que sienten otros y saber acompañarlo. Ahora a todo esto lo llaman empatía. Cuando acepto la comparación, tengo el tenedor en la mano y voy a cucharear mi avena. Dicen que la memoria es un acto creativo. Y que cuando el cerebro está en reposo, sigue trabajando.

Soñé que viajábamos a España y que yo por fin conocía San Sebastián. Pero no llegábamos en avión sino en coche, por una carretera, sobre el mar, que salía del barrio en que estaba mi colegio de niña-sinmiedo y llegaba hasta la casa de Fernando Savater, una tarde naranja. Desperté. ¿Cómo estará Fernando? ¿Cómo España, Italia, el Mediterráneo? Si quisiéramos ir a verlos no nos dejarían entrar, porque los mexicanos traemos la curva atrasada. De todos modos no pensábamos ir. Quién sabe cuándo volveremos a volar sobre el Atlántico. A veces tengo la sensación de que algo se terminó. De ningún modo la vida, pero sí la avidez que me movía. Una lenta, no amarga, paciencia me va enseñando a diario a ver cómo les cambian de color las hojas a mis árboles. Y a veces, cuando veo polvo en los rincones, no me apresuro a quitarlo.

Desayuno un huevo frito. Una tortilla. Doy un trago de té, muerdo un pan. Aquí en Tacubaya el cielo se ha puesto de un azul intenso y por un minuto la felicidad cruza el aire. Luego interrumpe el caos.

En el Paseo de la Reforma un comando de sicarios le disparó a la camioneta del jefe de la Policía de Ciudad de México. Murieron dos de sus custodios, se salvó él, pero está herido. Hay temores que no cura el encierro.

¿Cómo no temer a las vivos que se arman para matar, por 100 000 pesos, a gente que no conocen?, ¿a los dueños de esos vivos, que queriendo asesinar a uno mataron a quien fuera? A Gabriela Gómez, esa muchacha dos veces pobre que tuvo el infortunio de ir pasando. No era ni sicaria ni policía, era una niña que tampoco supo del miedo hasta que lo encontró a los 23 años y le destrozó la cabeza. Tenía dos hijos, niños, como mis nietos. Una desgracia más, en el arroyo de nuestros días. La inocente que representa a los que sólo vamos pasando.

Nunca he creído que otro tiempo fue mejor. Si nos asusta este siglo, hay que ver para atrás. Pero no voy a hacerlo. Porque mi quehacer es el de ahora. Sé que buscarse una pasión esencial es conseguir cierta paz. ¿Cuál es la mía? No voy a decir que estoy intentando una obra maestra, para qué presumir, pero me entretengo buscando. Mi pasión principal son los demás. No por altruista, sino por placer. Mis nietos llevan más de tres meses de perfecta felicidad. Dejaron de ir al colegio, sus papás están siempre con ellos. Vienen a jugar al jardín y traen consigo el feliz caos de su desmemoria. Sé que no recordarán cuánto tiempo jugué con ellos en esta su edad y la mía. Pero lo he de recordar yo. “¡Qué bonitos tus zapatos, abu!”, dice uno de ellos mirando mis pantuflas. Siempre que llegan ya tengo puestos los tenis rudos con los que jugamos en el jardín, así que le gustó la variación. “Abu Geles, en el árbol hay un acantilado”, dice el otro. Les gusta subirse a la camioneta y hacer que yo la maneje rumbo a Puebla o Chetumal. En el camino hemos encontrado un volcán que hace erupción, dos dinosaurios, un mar que amenaza con meterse por las ventanas, unos perros que patrullan el cielo para rescatar nunca entiendo a quién. “¿Ya nos bajamos?”, pregunto en un inútil afán por salir al aire. “No, falta ver la lava”, dice uno. “La lava se derrite y se hace agua que quema horrible”, completa el otro. Hace poco aún había que temerle a un desencuentro entre ellos porque se jalaban de los pelos o se rasguñaban y era imposible discernir quién tenía la culpa, porque un error podría ser imperdonable.

Después de cincuenta días sin vernos más que de lejos, su casa y la mía fueron consideradas limpias de todo mal y empezamos a estar cada vez más cerca. Hasta cuando tiene que romperse el encanto porque alguien de una familia pasa varias jornadas fuera. Entonces hay que esperar quince días sin vernos. Luego vuelven. Han visto una caricatura nueva. Me la cuentan, pero entiendo muy poco. Estoy empeñada en que oigan a Cri-Cri. La música de El ratón vaquero me acompaña a correr para que me persigan. Y yo juego a ir aventando mi chal y ellos a atraparme por esa cauda. Cosas así, que pueden durar horas. Hasta que el cansancio nos deja frente a la tele para que yo me entere de cómo unos perros salvan a unos changuitos de morir quemados.

Ahora que cuento esta historia me asusta, pero la vimos entre risas. La felicidad es la falta de miedo. Y también está en el cerebro. Con razón extraño a la niña.

 

Ángeles Mastretta
Escritora. Autora de Yo misma. Antología, El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores y Mujeres de ojos grandes, entre otros títulos.

Tangente

Arte de la huida

El ensayo corto es una expresión de cortesía. Rechaza la vanidad de decir la última palabra. Ahuyenta la tentación de exprimir un tema como si uno pudiera beber completa toda la savia de un asunto. Respeta el tiempo del otro. El guiño de sus puntos suspensivos invita a la imaginación de quien lee. Nadie lo entendió tan claramente entre nosotros como Julio Torri. Ahí radica su arte: el desinterés en el esclarecimiento detallado resalta los aromas de la levedad, afina la silueta de las impresiones fugaces. El esbozo que queda sin desarrollo hormiguea en la inteligencia del lector, como jamás lo lograría el orden de los sistemáticos. “Mientras menos acentuada sea la pauta que se impone a la corriente loca de nuestros pensamientos, más rica y de más vivos colores será la visión que urdan nuestras facultades imaginativas”.

Ilustración: José María Martínez

Torri prefiere el salto al puente. Al soporífero profesor no le tienta el desarrollo que lleva al alumno de la a a la zeta. La condescendencia del didactista es, para él, una forma del desprecio. Torri elige el brinco, como lo hace en un aforismo, de una emoción a un tinte. “La melancolía es el color complementario de la ironía”. Torri da la marometa insospechada y saca el conejo del sombrero. El circo es mi diversión favorita, confiesa. “El horror por las explicaciones y amplificaciones me parece la más preciosa de las virtudes literarias”. ¿Será esa aversión al fárrago también una virtud moral? Ramón Xirau lo piensa así. En un apunte sobre el significado de la brevedad, el filósofo encuentra a un moralista escondido detrás de su timidez. En la literatura inclasificable de Torri subyace una discreta cosmología moral. No es por supuesto desarrollada en postulados y principios ni presentada como una cartilla de mandamientos. Pero puede advertirse una filosofía en la contención del autor, en el reconocimiento de las contradicciones de la vida, en el culto al silencio, en la delicadeza de su humor. El rechazo al sistemático, la resistencia a cualquier afirmación concluyente no son sólo revelación de una estética sino también de una ética.

Un escritor casi a su pesar dejó este dardo en sus “Lucubraciones de medianoche”:

El gozo irresistible de perderse, de no ser conocido, de huir.

Si seguimos la pista de una de sus migajas, Torri fue una planta más de sombra que de sol. Hecho de reconditez, de anonimato, de intimidad, de perezoso aislamiento. Su literatura se atisba entre todas estas renuencias a la fama, a la acción y a la doctrina. El ensayo es arte de la huida.

Torri no sintió “sed de explicaciones”. En un párrafo recogido en su De fusilamientos habla de la aridez del pensamiento conclusivo. Concluir es liquidar. La sabiduría del ensayista radica en la potencia de sus alusiones, en su capacidad para resistir la tentación de decirlo todo. No dar el último paso. “A semejanza del minero es el escritor: explota cada intuición como una cantera. A menudo dejará la dura faena pronto, pues la veta no es profunda. Otras veces dará con rico yacimiento del mejor metal, de oro más esperado. ¡Qué penoso espectáculo cuando seguimos ocupándonos en un manto que acabó ha mucho! En cambio, ¡qué fuerza la del pensador que no llega ávidamente hasta colegir la última conclusión posible de su verdad, esterilizándola; sino que se complace en mostrarnos que es ante todo un descubridor de filones y no un mísero barretero al servicio de codiciosos accionistas!”. Descubridor de filones que no explota el yacimiento hasta agotarlo.

¿Quién más podría elogiar como él lo hizo al arte de no escribir? Torri rinde homenaje al ingenio estéril. Admira esa obra que se proyectó y que no se ejecutó. Esa literatura que nació en una noche de insomnio y que murió al amanecer. En los basureros reposan los mayores tesoros literarios. Nunca escribió una novela, pero redactó su prólogo. Eso recomendaba a sus amigos: escribe el prólogo y ya no pierdas el tiempo escribiendo el libro.

El mundo de Torri encuentra sentido porque es incoherente y, sobre todo, incompleto. Espacio de posibilidades, no de acontecimientos. No lo mueve, como a los botánicos, el deseo de encontrarle a la vida regularidad taxonómica. Su deleite es la fecundidad de la ironía. Por eso la timidez de ese escultor de brevedades es una expresión de inteligencia y, al mismo tiempo, un ejemplo de cortesía. Así lo explica Xirau: “Escribir poco es un acto de atención, un acto de respeto, un rechazo al pecado capital que consiste en querer sistematizar el universo y encasillar o encastillar la existencia”. ¿Qué pedía de nosotros cuando nos llamaba a matar al cuáquero que llevábamos dentro?

 

Jesús Silva-Herzog Márquez
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su más reciente libro es Por la tangente. De ensayos y ensayistas.

Pasaporte, por favor

Los problemas crónicos del INAH

El mes pasado le dediqué mi entrega al recorte presupuestal de 75 % a los rubros de servicios generales y gastos de operación del INAH. Luego recibí un par de llamadas de colegas que estimo grandemente y que me hicieron el favor de corregir algunos errores importantes que traía. En este segundo artículo quiero enmendar esos errores y, al mismo tiempo, profundizar en el análisis de los serios retos que enfrenta esa institución veterana, octogenaria.

Ilustración: Patricio Betteo

La información que había dado pie a mi columna salió de notas periodísticas, así como también de varias entrevistas publicadas con investigadores, preocupados todos por los efectos de una reducción presupuestal extrema, como es lógico. Uno de los errores de mi nota se refiere a un problema que ya había sido resuelto; y el otro es producto de temores bien fundados, pero que serán obviados por la presente administración.

Tuve la buena fortuna de entablar una larga conversación con el maestro Diego Prieto, director del INAH, quien amablemente me compartió además datos presupuestales, que también iré considerando en esta entrega. Pero paso antes a lo urgente, que es reconocer y disculparme por errores que hubo en el artículo anterior.

El primero de ellos es que el Museo Nacional de Antropología ya no tiene goteras. Las tuvo —y muchas— durante los veranos de 2017 y 2018, y pasó grandes dificultades —tanto técnicas como presupuestales— para poderlas eliminar, pero en el otoño de 2019, felizmente, se logró resolver el problema y en la actual temporada de lluvias el museo está seco. El recorte presupuestal de 75 % no nos va a dejar un museo que hace agua.

El segundo error, todavía más importante, es que mi artículo hacía alusión a trabajadores que perderían sus empleos debido al recorte, no porque los fueran a correr, sino porque al estar contratados como temporales (Capítulo 3000) simplemente no se les renovaría el contrato. Esta conjetura se funda en un temor justificado ante un recorte tan profundo. Sin embargo, me informa el director: el INAH ya renovó todos los contratos de los trabajadores que se encuentran en esa situación e, incluso, gracias a una intervención del presidente López Obrador, se les ha dado la base a 250 intendentes de ruinas arqueológicas. Nadie perderá su empleo. Enhorabuena.

Por otra parte, me aseguran mis colegas que muchas de las actividades que el recorte sí afectaría —por ejemplo, las excavaciones; la investigación de campo, de archivo o en biblioteca; o la realización de congresos y exposiciones— se hubieran suspendido de todas maneras por el covid. En este sentido, el recorte vino a refrendar un hecho consumado: este año no se podría hacer investigación de campo ni programar exposiciones por motivos de salud. Cuando terminé de platicar con Diego, me quedé tranquilo porque el INAH no está en peligro inmediato de colapsar. 

Por otra parte, la conversación también me dejó perplejo: ¿qué significa cuando una institución del tamaño del INAH —que tiene casi 900 investigadores, 200 arquitectos, 180 restauradores, 2690 trabajadores técnicos, 160 museos y 1600 proyectos de conservación— pierde el 75 % de su presupuesto para gastos de operación y, al mismo tiempo, aparentemente no pierde gran cosa? ¿Acaso su presupuesto era excesivo? ¿O realmente se puede atribuir al covid la relativa falta de impacto de un recorte así de radical?

La respuesta a ambas preguntas es negativa, me parece, pero hay que excavar datos para entender cómo y por qué, y para eso hay que pasar del problema coyuntural a un mal crónico y de largo aliento. Veamos.

Un recorte de 75 % al gasto de operación es un golpe gravísimo para cualquier institución. Sin embargo, para el INAH parece que no lo fue tanto. Esto se debe en parte al covid, pero en otra a que el presupuesto aprobado no alcanzaba de todas maneras.

El presupuesto aprobado para 2020 (previo al recorte) fue de casi 4 000 millones de pesos ($3 918 082 297), lo que, en apariencia, representaba un aumento de 4.77 % respecto al del año anterior (2019). Sin embargo, el presupuesto ejercido por el INAH en 2019 había sido de $4 974 817 389, es decir, de mil millones más de lo que se le aprobó para el 2020. Poco más de la mitad de la diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido (577 millones) se cubrieron con ingresos autogenerados —boletos de entrada a museos, venta de libros, etcétera— pero aun así, el presupuesto del INAH para 2020 estaba como 500 millones por debajo del presupuesto real ejercido por la institución. Y eso ha sido así regularmente. El INAH nunca recibe el presupuesto que va a requerir para terminar el año. A ese déficit de mil millones se le restó luego el recorte de 75 % a gastos operativos, que significaron una reducción presupuestal de otros 739 millones. Además, por el covid, habrá pocos recursos autogenerados. De modo que este año, a eso del mes de septiembre, el INAH tendrá que salir a mendigar recursos. Ése es el efecto no únicamente del recorte, sino del presupuesto original de la institución.

Un sistema así de incierto tiene efectos perversos, porque tanto la investigación como la programación cultural requieren de planeación y el déficit presupuestal crónico del INAH la hacen muy difícil. Podemos decir que el recorte del 75 % volvió normativa la falta de planeación (¡prohibido planear!). Hoy, el único rubro seguro que le queda al INAH son los sueldos de sus trabajadores. Todo lo demás se tendrá que negociar en condiciones de emergencia, como siempre.

 

Claudio Lomnitz
Profesor de antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de Nuestra América. Utopía y persistencia de una familia judía, La nación desdibujada. México en trece ensayos y El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, entre otros libros.

Kiosco de malaquita

Los intelectuales, ¿especie en extinción?

Tony Judt, el extraordinario historiador del siglo XX europeo, hace el balance de esos cien años en un breve ensayo en el que se refiere a ese periodo como el pasado que todos queremos olvidar. Según él, no queremos saber más de las ideas y de los ideales que movieron ese siglo, que llevaron a terribles guerras y experiencias más que inhumanas. Un síntoma de este rechazo, apunta Judt, es la desaparición de los intelectuales. La noción de “intelectual” surgió en Francia, como una forma despectiva de referirse a los escritores franceses que adoptaron la causa del capitán Dreyfus, quien había sido injustamente encarcelado, acusado de espionaje y de vender al ejército austriaco los planes militares franceses. El proceso contra Dreyfus fue ocasión para que una buena parte de la población en Francia diera rienda suelta a su profundo antisemitismo. Para ejemplificar hasta dónde llegó el encono cabe citar al escritor nacionalista Maurice Barrès, quien escribió: “La culpabilidad de Dreyfus la deduzco de su raza”.

Ilustración: Ricardo Figueroa

Para que no haya error, Judt define a los intelectuales de la manera más directa y sencilla posible. Eran hombres y mujeres del mundo del conocimiento, de las ideas, de las artes y de las letras que tenían un compromiso político, una causa planteada generalmente en términos abstractos y universales, y que participaban en el debate público con el propósito de influir en la opinión pública. Asumieron que su función en la vida era interpretar la realidad, articular los acontecimientos políticos, económicos y sociales en un discurso coherente, con base en alguna idea general, de tal manera que ayudaban a los demás a entender el mundo y su circunstancia. En el periodo entre las dos guerras, en Europa, también contribuyeron a iluminar las trágicas opciones que ofrecía la dura realidad. Muchos pretendieron ser portavoces de la opinión popular. Eran como los tribunos de la plebe en Roma.

En realidad, los intelectuales no siempre cumplieron la misma función. Según el tipo de gobierno que tenían, la vigencia de la libertad de expresión y las características de su sociedad, los intelectuales eran tribunos de la plebe, consejeros del príncipe, convidados de piedra o floreros, según la aguda categorización de Jesús Silva-Herzog Márquez. Intelectuales emblemáticos en la posguerra fueron Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Albert Camus. Sartre y De Beauvoir construyeron un auténtico imperio de las letras en la Sorbona, desde donde dominaban el debate público y la vida universitaria, y gobernaron sin misericordia para la disidencia o decretaron la exclusión y la ley del hielo contra quienes cuestionaban el dogma sartriano. Le hicieron la vida imposible hasta a Raymond Aron que se vio forzado a dejar esta universidad. Ahora, ¿quién los recuerda? Me atrevo a decir que Simone resultó más memorable que Sartre.

El siglo XX mexicano también fue el siglo de los intelectuales, pero fueron más los que fungieron como consejero del príncipe que los que asumieron el papel de tribunos. Así ocurrió porque en la historia de México los letrados han aspirado a dirigir, a asesorar y ya no a representar, aunque en momentos de soberbia desmedida algunos de ellos se han creído vox populi. Los intelectuales también contribuían a la composición del discurso del poder, es decir, a su justificación, a su legitimación retórica. Le ofrecían al poderoso respuestas que él no podía siquiera imaginar.

La presidencia de Luis Echeverría fue un periodo de auge de los intelectuales consejeros del príncipe, que mira con una sonrisa irónica hacia Tlatelolco, pues el 2 de octubre que marcó a esa plaza en su memoria de piedra tiene grabado el nombre del secretario de Gobernación en 1968: Luis Echeverría, que luego fue uno de los presidentes con más consejeros. En el México autoritario los intelectuales llegaron a tener mucha influencia sobre los hombres y las mujeres del poder, sobre todo en la interpretación de la realidad inmediata. Ningún presidente como Echeverría necesitó del apoyo de los intelectuales. A ninguno tampoco lo cobijaron como a él.

En México también han desaparecido los intelectuales. La democratización barrió con ellos. Han sido remplazados por los encuestólogos, por universitarios con opinión y por comentaristas de noticias. Su punto de partida no son ideas generales y abstractas, sino realidades tan concretas como el gusto o disgusto de la gente con determinadas políticas en un momento dado; porcentajes de aprobación y medidas de bienestar. Instrumentos, que son más útiles que las ideas porque sirven para ganar elecciones. La condición de privilegio, el acceso al príncipe, que disfrutaron en el pasado tampoco existe más ni en México ni en la Francia que los vio nacer. Hay que preguntarse por qué nunca fueron de especial relevancia política en Estados Unidos y en Inglaterra. Sería un error que quienes hoy leen las estrellas al príncipe intentaran recrear el pasado, porque en el siglo XXI gobernarán más las pasiones que  las ideas. Ya empezaron a hacerlo con Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Nicolás Maduro y Viktor Orbán.

 

Soledad Loaeza
Profesora-investigadora emérita de El Colegio de México. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente libro es La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana.

Hablando de otra cosa

Bienaventurados

El martes de carnaval de 1497, Girolamo Savonarola encendió la hoguera de las vanidades en la Plaza de la Signoria, en Florencia; era una enorme estructura de madera, para hacer una pira con todos los adornos del carnaval y con obras de arte, pinturas, esculturas, instrumentos musicales: arpas, clavicordios, laúdes, y también diademas, espejos, perfumes, pelucas, y juegos de cartas, libros lascivos. Ese luminoso espectáculo de la virtud fue uno de los momentos cumbre de la dramática aventura de la Nueva Jerusalén, y casi el único que se recuerda.

Ilustración: Estelí Meza

La carrera profética de Savonarola comenzó en Florencia, el Miércoles de Ceniza de 1491, cuando predicó por primera vez desde el púlpito de la catedral: un sermón apocalíptico, denuncia de la corrupción de la Iglesia y los abusos de los poderosos, el panorama de un mundo al revés en que los inocentes son condenados y los asesinos quedan libres, y el aviso: “El fin está próximo”. En los años siguientes su prestigio aumentó hasta convertirlo en el hombre más influyente de la República.

El contenido de sus sermones adquirió acentos cada vez más personales, pero en un principio no era una novedad: en esos años, en Florencia, Angelo Poliziano y Domenico da Ponzo anunciaban también el fin del mundo. Y era en realidad el fin de un mundo. La nueva cultura secular del Renacimiento, el surgimiento de una economía empresarial, hacían que las ansiedades del presente se viviesen como una catástrofe espiritual: la pérdida de la fe, el auge del vicio, la ambición. La gente necesitaba entender, conocer el plan divino, y por eso proliferaban los textos proféticos atribuidos a Joaquín de Fiore, el obispo Metodio, Merlín, Hildegarda de Bingen o santa Brígida. La invención de la imprenta permitió que circulasen en pliegos asequibles para cualquiera: el apocalipsis estaba en la imaginación de todos.

Algunos años antes, el arzobispo Antonino Pierozzi había prohibido los festivales públicos y preconizaba un ideal de vida mezcla de virtud cívica y ascetismo cristiano. Bernardino de Feltre había librado su personal cruzada contra la vanidad, la ostentación y la lujuria, contra la afectación del saber (donde hay más conocimiento hay más pecado), y había organizado grandes hogueras para dramatizar el triunfo del bien sobre el mal, mediante la quema de libros profanos: “Cada vez que alguien lee a Ovidio, crucifica de nuevo a Cristo”.

A todo eso, Savonarola le añadió su personalidad, una retórica poderosa, desordenada, volcánica y un gran sentido dramático. Exigió a las autoridades que confiscasen y pusiesen en venta toda la parafernalia eclesiástica, y que el dinero, junto con el que se destinaba a la universidad, fuese para los pobres; conminó a sus fieles a que abandonasen los lujos y las extravagancias, y que llevasen una vida sencilla, para que Florencia fuese una nueva arca en la que sobrevivir al diluvio que estaba por llegar. En sus sermones, se daba a sí mismo el papel de Jonás o Jeremías, el de Noé, incluso el de Moisés —y a los florentinos el del pueblo de Israel.

Insensiblemente, puso sordina a los motivos universales y se convirtió en el profeta de Florencia. El mensaje que había recibido de Dios era indudable: se acercaba el fin de los tiempos oscuros, la Iglesia sería purificada y el pueblo elegido padecería persecuciones, desgracias e infortunios, pero finalmente Florencia sería restaurada en toda su gloria y dominaría Italia.

Por supuesto, la aventura espiritual tenía su andamiaje político. Estaba por una parte el ajedrez internacional de la oligarquía de Florencia, que había buscado el apoyo de Francia para expulsar a los Médici y recuperar el dominio sobre el puerto de Pisa, que era su salida al mar. En representación de la República, Savonarola se reunió con Carlos VIII, para hacerle saber que Dios lo había escogido como el nuevo Ciro, llamado a purificar a la Iglesia, y que sería el instrumento de la cólera divina para castigar a Italia por su impiedad. Y estaba por otra parte la organización política de Florencia: la creación de un nuevo Consejo, ampliado, de quinientos miembros, y sobre todo el reclutamiento de los niños, de entre seis y dieciséis años, para que formasen una especie de policía moral contra borrachos, blasfemos, vagabundos, un cuerpo de choque que juntaba las dos mayores vetas de la cultura juvenil florentina: la agresividad y el misticismo.

Finalmente, el papa Alejandro VI le prohibió predicar, bajo pena de excomunión. La lucha espiritual se desdobló políticamente cuando Carlos VIII se retiró de Italia, y avanzaron las tropas imperiales, en alianza con Roma. El hambre, el desempleo, la vuelta de la peste, fueron minando el entusiasmo popular. Y Savonarola hizo de sí mismo la materia de sus sermones. Él era la representación del pueblo doliente, maltratado, perseguido por causa de la justicia, él era la única esperanza: Moisés.

Era el profeta desarmado que dijo Maquiavelo, un puritano intransigente, de un ascetismo feroz, un visionario y un oportunista, un orador carismático, un político intrigante, un histrión —y acaso un enviado de Dios. Fue ejecutado el 23 de mayo de 1498; sus cenizas se dispersaron en el Arno, para que nadie guardase memoria de su paso por la Tierra.

 

Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor en El Colegio de México. Sus libros más recientes: Si persisten las molestias y Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo.

Derrotero

Un día y su noche en Caborca

El viernes 19 de junio de 2020, una comitiva de treinta integrantes de las Madres Buscadoras de Sonora salieron a una búsqueda en los alrededores de Caborca. Desde Hermosillo llegó la lideresa estatal, Cecy Patricia Flores, quien en menos de un año ha hecho posible el hallazgo de 148 cuerpos en el estado de Sonora. El grupo que encabeza reúne a cientos de mujeres que en decenas de municipios buscan a sus hijos, hermanos, esposos y padres.

Ilustración: Raquel Moreno

Con palas y varillas, buscaron durante tres horas en un llano baldío unos cinco kilómetros al sur de Caborca. Estaban por declarar la “búsqueda negativa”, cuando una de ellas encontró restos humanos. La ropa, los zapatos y el cinturón eran reconocibles. Cerca de ahí encontraron una credencial de taxista a nombre de Rafael Arballo Sestiaga. La fotografía del cuerpo y el nombre fueron inmediatamente reportados en el grupo de WhatsApp de las buscadoras de Caborca. En menos de un minuto, Liliana lo identificó como su hermano. Ese día ella no pudo asistir a la búsqueda porque cuidaba a su padre, que contrajo covid-19. Curiosamente, esa mañana Liliana le había enviado un mensaje directo a la lideresa para decirle: “Te encargo a mi hermano”. Cecy le contestó: “Tu hermano está en nuestras búsquedas”.

Reportaron el hallazgo a la fiscalía para que llevara a cabo los procedimientos legales para su entrega. Ese mismo día, Liliana viajó de Nogales a Caborca. Reconoció todas las pertenencias de su hermano, incluyendo las llaves de su casa. Sin embargo, el cuerpo no puede ser entregado hasta que no se realice el cotejo de ADN. Aunque Liliana y su familia acudieron con toda diligencia a hacer la denuncia y dar muestras de ADN desde principios de febrero que desapareció Rafael, el cuerpo lleva más de tres semanas de haber sido encontrado y todavía no ha sido entregado a sus familiares. A los meses de angustia por no saber su paradero, se suma el martirio de enfrentar una burocracia lenta, indiferente y sin los recursos necesarios para dar una atención digna a las víctimas. “Es tanto el dolor —me dice Liliana— que ya no duele, ya no lloras”. Un dolor sordo, profundo, inexpresable.

Rafael trabajó quince años para una empresa que se dedica a transportar personal a la mina de oro La Herradura, de Peñoles. Poco antes de desaparecer había demandado a la empresa por haberlo dado de baja del IMSS antes de que pudiera someterse a una cirugía relacionada con un accidente de trabajo. No se sabe si la participación de Rafael en un conflicto laboral junto con otros trabajadores haya tenido algo que ver con su desaparición, lo cierto es que este caso, como muchos otros, no cabe en el relato tradicional de narcos y sicarios.

Las Madres Buscadoras tenían planeado continuar la búsqueda al día siguiente, pero tuvieron que suspenderla porque esa noche la ciudad se convirtió en un campo de batalla. La explicación local de lo sucedido coincide en gran medida con lo que se ha difundido en la prensa, pero difiere en un detalle importante. La historia es que los sicarios de Altar —un grupo poderoso que controla más de seis municipios— se aliaron con los sicarios de la costa con el objetivo común de erradicar a los de Caborca. Se presume que cada uno de estos grupos conformado por jóvenes locales tiene el apoyo, real o virtual, de un alto mando en Sinaloa. Se sabe que el recurso que estos grupos se disputan es el territorio y en particular el acceso a la frontera. Lo que la prensa no ha mencionado es que a los sicarios de Caborca, liderados por el Cara de Cochi, se les atribuyen dos asaltos grandes a camiones que transportaban oro de la mina La Herradura. Los grupos de Altar y la costa entraron a Caborca a hacer limpia, aduciendo que el acuerdo regional es que no haya extorsión a empresarios ni robos a la minera. Visto de esta forma, las decenas de muertos que vimos recientemente en Caborca no serían sólo el resultado de una guerra “entre narcos”, sino también el costo de proteger una mina.

Los cárteles existen, son milicias que ejercen un control monopólico de las actividades ilegales en un territorio y establecen alianzas con estructuras regionales más amplias. También existen las plazas —ese término se usa localmente para designar cada uno de estos feudos— y sobre todo existe una lucha encarnecida por su control. Ese relato estereotipado, que hace quince años no describía la pluralidad del narcotráfico en México, ha sido adoptado por los actores mismos. El problema es que la etiqueta de crimen organizado impide ver hasta qué punto estas milicias se han vuelto parte indispensable del funcionamiento de la industria extractiva “legal”.

Desde que amaneció tras esa larga noche de granadas y balaceras, se produjo intensa actividad en los grupos de WhatsApp de las Madres Buscadoras de Caborca y Magdalena. Se incorporaron nuevas integrantes, cuyos hijos habían desaparecido en los últimos días; se filtraron fotos de los cuerpos encontrados cada día en toda la región. Algunos siguen sin identificar, pero los que han encontrado descanso ha sido gracias a las Madres Buscadoras.

 

Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un doctorado en antropología en la Universidad de Columbia.

Panóptico

Liberalismo en singular

En abril de 2020 la columna “Bello” del semanario británico The Economist se ocupó del liberalismo en América Latina (18/4/20). La reflexión partía de un análisis reciente de los académicos Stephen Holmes e Ivan Krastev sobre el surgimiento de movimientos populistas y nacionalistas en Europa del Este. Ambos proponen en The Light that Failed (2020) que este fenómeno se debe, en parte, a la forma en que en esos países se implementaron las reformas de libre mercado después de 1989. Su imposición, como un destino inevitable, produjo una aguda reacción política dos décadas después. Ya lo había atisbado Isaiah Berlin, quien adujo que el nacionalismo es una “inflamación patológica de una conciencia nacional herida”.

Ilustración: David Peón

“Bello” se interroga si los problemas del liberalismo en América Latina se deben a que éste es una importación sin raíces locales. Acto seguido repite una narrativa conocida: el intento por instaurar gobiernos representativos viables en los nuevos países se estrelló con la realidad política y social. Caudillos acabaron por hacerse del control. Con todo, el liberalismo constitucional, que es de lo que estamos hablando, logró que se establecieran gobiernos civiles y muchos países separaron efectivamente la Iglesia del Estado. Sin embargo, al final del siglo XIX el liberalismo se transformó en positivismo que sacrificó la libertad a la política científica. A partir de los años treinta del siglo XX, las nuevas sociedades de masas se centraron en los derechos sociales en desmedro de los políticos o civiles. Las élites intelectuales y políticas abrazaron el nacionalismo cultural que exaltaba el indigenismo. Este momento logró su apogeo con la Revolución cubana. Sin embargo, en los años ochenta el fracaso de las dictaduras de derecha e izquierda trajo de regreso al liberalismo junto con la democratización y las  reformas económicas de mercado. El saldo del “logro liberal”, según “Bello”, es mixto y políticamente frágil: “La democracia electoral y el gobierno constitucional se han sostenido en general, pero la separación de poderes es a menudo más nominal que real. Los opositores de izquierda del liberalismo han condenado sus recetas económicas… como una importación ajena”.

Para “Bello” el liberalismo latinoamericano contemporáneo sufre de dos debilidades. La primera es que no ha logrado desprenderse de la imagen que lo equipara al desalmado “neoliberalismo”. Esto, en parte, se debe a que muchos de los que se dicen liberales son en realidad conservadores que se oponen a reducir las desigualdades que los benefician. En segundo lugar, el liberalismo “genuino” tiende a ser el coto de una élite de clase media alta con estudios en universidades extranjeras. Esa élite no ha sido capaz de producir una nueva generación de líderes efectivos que reemplace a quienes condujeron la democratización en los ochenta y noventa.

No es el relato histórico lo relevante de este alegato (Roberto Breña ha mostrado que en muchos sentidos es insatisfactorio y desactualizado).1 La palabra “genuino” remite a la lupa de un joyero competente, no a la historia de las ideas. No es extraño que esta lectura condescendiente suscite reacciones adversas, principalmente entre los historiadores, sin embargo, eso es lo de menos. “Bello” tiene razón en lo central. Esta debe ser la hora del liberalismo latinoamericano. El liberalismo busca proveer muchas de las cosas que los latinoamericanos quieren: “Sistemas de justicia que limiten a los poderosos, igualdad de oportunidades, el bien público en lugar de la protección del privilegio privado, mejores servicios públicos a un costo fiscal asequible, la defensa de los derechos de las minorías y de la tolerancia cuando arrecia el fanatismo religioso y la ciencia en lugar del charlatanismo ideológico”. Esta sigue siendo una meta válida, a pesar de sus fracasos.

En The End of Utopia (1999) el historiador Russell Jacoby afirmó que una de las consecuencias del fin de la Guerra Fría fue que el liberalismo perdió su carácter. La caída del comunismo lo debilitó. Su determinación e imaginación sufrieron merma.  Sin nada que se le opusiera radicalmente el liberalismo se desdibujó y perdió vitalidad. Ahora, bajo el acicate del populismo, comienza a recobrarlo. La política populista le recuerda al liberalismo su vocación de combate. Esto es así porque el populismo contemporáneo es un adversario que ataca el centro normativo del liberalismo, de todos los liberalismos. La incompatibilidad irreductible entre el liberalismo y el populismo es de naturaleza política. Liberales de muy diferentes cepas, socialdemócratas, modernizadores, clásicos, libertarios de izquierda y derecha, etcétera, tienen muy buenas razones para oponerse al populismo, no sólo en la teoría sino en la práctica. Cierto, la historia reciente del liberalismo latinoamericano es mucho más compleja de lo que “Bello” sugiere, pero tiene razón en que en esta encrucijada faltan nuevos liderazgos liberales. Sin ellos, el prospecto de un populista de derecha como Bolsonaro es muy real.

El populismo en México, a pesar de afirmar lo contrario, no propone una verdadera redistribución del ingreso como en la socialdemocracia. Lo que sí hace es concentrar el poder en un líder personalista, atizar la discordia social y destruir los equilibrios e instituciones que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas. Las diferentes ramas de la fronda liberal tienen muchas e importantes diferencias, pero frente a sí tienen un enemigo común. Más les vale reconocerlo como tal y enfrentarlo apelando a su legado político común. Por eso hoy vale la pena reivindicar la palabra liberalismo en singular.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE y autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.


1 https://redaccion.nexos.com.mx/?p=11700.

Sin ton ni son

Novedades invisibles

Si algo se transformó en México en las últimas décadas, para bien, fue el mundo electoral. Fue el pluralismo político que no podía ni quería alinearse bajo un solo mando y sucesivas reformas en la materia lo que edificó un escenario en el cual la diversidad política ha podido convivir y competir de manera pacífica. No ha sido la voluntad de uno o el aporte de un singular partido o gobierno o la dedicación de miles de funcionarios o las contribuciones de los medios y las organizaciones civiles lo que permitió el venturoso cambio. Fue todo eso por supuesto y la generación de normas y procedimientos que hacen limpios, libres y equitativos nuestros comicios. Porque las elecciones semejan un iceberg en el que despuntan los candidatos, los partidos, las campañas, la votación y los resultados (que es lo que atrae la atención de la mayoría), pero para que ello sea posible existe un fuerte basamento que lo sostiene y que por su propia naturaleza es invisible para muchos, pero significativo para evaluar los avances en el terreno electoral. Enumero algunas novedades sin jerarquía ni concierto, dada la amnesia que se irradia desde el gobierno. En las últimas décadas se crearon:

Ilustración: Alberto Caudillo

• Una puerta de entrada para que ninguna fuerza política relevante quedara excluida de la competencia electoral. Y luego se amplió para que “candidatos independientes” pudieran competir.

• Una eficiente puerta de salida para que aquellos partidos que no logran en las urnas un mínimo de apoyo ciudadano pierdan su registro.

• Un padrón, listas nominales de electores y la credencial con fotografía sin “rasurados” ni “fantasmas”, es decir, confiable; de tal suerte que la credencial se ha convertido de facto en la cédula de identidad ciudadana.

• Mesas directivas de casillas operadas por ciudadanos que surgen de un doble proceso de sorteo y capacitación. Una escuela de pedagogía democrática que se renueva cada tres años.

• La posibilidad de que los partidos y coaliciones nombren representantes en todas las casillas para que puedan supervisar lo que ahí sucede.

• Que los ciudadanos, solos u organizados, realicen tareas de observación electoral, desde la confección del padrón hasta la emisión de los resultados y los litigios judiciales. Ello fue resultado del reclamo por la limpieza electoral que pusieron en marcha diferentes asociaciones civiles.

• Que nuestras elecciones puedan ser monitoreadas por “visitantes extranjeros”, lo que rompió con un viejo atavismo ultrasoberanista que no podía esconder que lo que no se deseaba era la observación de comicios más que opacos.

• Urnas translúcidas que se arman el día de la elección para evitar las “urnas embarazadas”, y la ranura de tres milímetros para evitar los “tacos”.

• Entrega de la lista nominal de electores con fotografías a los representantes de los partidos para que puedan checar no sólo el nombre, sino el rostro del elector.

• Boletas infalsificables, impresas en papel seguridad.

• Tinta indeleble que se coloca en el dedo pulgar para que nadie pueda votar dos veces.

• Mamparas que protegen a los votantes de posibles presiones.

• Consejos locales y distritales integrados por ciudadanos que acompañan, guían y vigilan a la estructura profesional del INE.

• El servicio civil de carrera conformado por funcionarios cuya lealtad está con la institución y sólo con la institución. Se trata de los profesionales que son la columna vertebral de toda elección.

• El Programa de Resultados Electorales Preliminares que de manera inmediata al cierre de las casillas proporciona información a todos, en cualquier lugar del mundo, del proceso de agregación de los resultados. Se pueden consultar los resultados generales, por circunscripción, distrito y casilla por casilla. Y dado que los representantes de los partidos tienen copias de las actas pueden checar la autenticidad de la información.

• Conteos rápidos, fórmulas estadísticas, que han permitido prever con altos grados de exactitud los resultados finales la misma noche de la elección.

• Digitalización de las actas de las casillas, lo que proporciona un acceso universal a las mismas.

• Financiamiento público generoso a los partidos buscando tres objetivos estratégicos: a) transparencia, b) condiciones equitativas para la competencia y c) evitar la dependencia de los grandes grupos económicos o, peor aún, de bandas delincuenciales.

• Administración de los tiempos oficiales por parte de la autoridad que genera un terreno de competencia equitativo (aunque la catarata de spots ha desvirtuado la posibilidad de un debate político profundo).

• Auténtica justicia electoral especializada que sustituyó las fórmulas de autocalificación de las elecciones.

• Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, inexistente hasta antes de 1994 (aunque creo que su centralización es un exceso).

• Obligación de celebrar por lo menos dos debates de los candidatos presidenciales.

Es un listado incompleto. El espacio es limitado. Pero sirva de muestra para valorar la parte invisible de ese iceberg civilizatorio que nos permite que la competencia política sea institucional, pacífica y participativa.

 

José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es En defensa de la democracia.

Agenda

Los pendientes de la Corte

México vive un insólito y decisivo momento constitucional.

Prácticamente todas las nuevas leyes sancionadas por el nuevo gobierno han sido cuestionadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por distintas vías: controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y una profusión de amparos.

La Corte no ha resuelto la mayoría de esos cuestionamientos, por lo que puede decirse que México tiene ahora un gobierno sujeto a revisión constitucional.

Las leyes promulgadas por el actual gobierno representan cambios tan sustantivos en la distribución de poderes y facultades del Estado, que constituyen casi un cambio de régimen político.

El rasgo fundamental de ese cambio es una ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo, cuyo diseño final, de validarse las leyes en litigio, equivaldría a constitucionalizar una forma de hiperpresidencialismo que les recuerda a los mexicanos el de los tiempos del PRI.

Los pendientes de la Corte que revisamos en este número son los pendientes de la nación sobre el régimen político que quiere darse.

Hemos adoptado la posición editorial de exponer el cuerpo jurídico en litigio, más que de tomar partido a favor o en contra. Salvo en una cuestión: urge que la Corte decida.


Que la Corte decida

Ma. Amparo Casar

El cinismo como doctrina legal

Saúl López Noriega

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

Santiago Aguirre

Ley de la Guardia Nacional

Carlos R. Asúnsolo Morales

Fuerzas armadas y tareas de seguridad pública

Daniel Quintanilla Castro

Ley Nacional del Registro de Detenciones

Fernanda Caso

Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos

Luisa Conesa Labastida • Jorge Peniche Baqueiro

Presupuesto para los órganos constitucionales

Roberto Lara Chagoyán

Ley Federal de Austeridad Republicana

Daniel E. Torres Checa

Ley Nacional de Extinción de Dominio

Susana G. Camacho

Delitos fiscales

Alejandro Jiménez Padilla

Cancelación del aeropuerto

Juan Luis Hernández Macías

Tren Maya

Melisa S. Ayala García

Devolución de tiempos oficiales

Martín Vivanco Lira

Ilustración: Víctor Solís

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Que la Corte decida

Entre los mecanismos de control y equilibrio de los poderes figura la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la constitucionalidad de una ley aprobada por el Poder Legislativo o de un acto o decreto emitido por el Poder Ejecutivo.

Ha dicho el propio presidente que a través de amparos y otros recursos jurídicos se quieren frenar el cambio y la transformación. Se equivoca. Acudir a la SCJN es parte de la normalidad democrática y no un intento por desestabilizar o descarrilar a un gobierno.

Lo que sí es sorprendente, como se ha registrado en estas mismas páginas, es la cantidad y variedad de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos que han suscitado las leyes aprobadas por la mayoría morenista en el Congreso y los decretos del Ejecutivo.

Del lado cuantitativo se cuentan, al menos, siete acciones de inconstitucionalidad y 33 controversias constitucionales relativas a los proyectos más emblemáticos de la actual administración. Éstas versan sobre veintiún reformas, nuevas leyes, acuerdos o decretos. Los amparos de individuos y asociaciones se cuentan, literalmente, por miles.

Los números son sorprendentes y pueden ser indicio de que algo no marcha bien pero, por sí mismos, no revelan necesariamente un rompimiento del orden jurídico. La judicialización de normas constitucionales, leyes y órdenes del Ejecutivo podrían responder, por ejemplo, a la afectación no de derechos sino de privilegios. Por eso hace falta un análisis de los temas en litigio y de los litigantes. ¿Quiénes están interponiendo acciones ante la Corte y sobre qué asuntos?

El presidente López Obrador ha afirmado una y otra vez que su proyecto de transformación quedará tan firmemente establecido en el orden jurídico —particularmente en la Constitución pero no sólo en ella— que será difícil que los conservadores lo reviertan una vez que él deje el poder. La afirmación denota arrogancia, pero tiene un dejo de verdad. Las democracias están diseñadas para dificultar el cambio constitucional a través de los contrapesos, y cada vez es más difícil que un solo partido o una coalición duradera y disciplinada tenga la mayoría necesaria para cambiar la Constitución sin antes negociar con al menos parte de la representación política de oposición. Ésta ha sido precisamente la ventaja y la apuesta de López Obrador. Está consciente de que en las elecciones venideras, aun cuando pierda la mayoría, difícilmente un solo partido la obtendrá. Pero, en su soberbia, pierde de vista que es precisamente en la era de los gobiernos sin mayoría (1997-2018) cuando más reformas constitucionales ha habido en el país.

Es por eso que, en la medida de lo posible, ha querido anclar las cuatro principales banderas con las que llegó al poder en la Constitución y las leyes: un gobierno austero, el fin de la corrupción y la impunidad, acabar con la inseguridad y terminar con la desigualdad. Cuando no ha podido hacerlo por esta vía, ha recurrido a los acuerdos y decretos.

Los cuatro ejes están reflejados en cambios constitucionales y legales que se están litigando en la Corte no porque haya un desacuerdo en los propósitos buscados, sino por la manera en que pretende alcanzarlos.

El problema es cómo se consiguen los objetivos buscados: violando la Constitución y las leyes o dentro del Estado de derecho consustancial a la democracia. Va un ejemplo. En campaña, Jaime Rodríguez, el Bronco, que coincidía con AMLO en que el peor problema de México era la corrupción, dijo que había que cortar las manos a corruptos y delincuentes y remató diciendo: “Es una iniciativa seria, nos tenemos que atrever quienes queremos gobernar este país y resolver los problemas de tajo, de raíz”. De haber prosperado y haberse convertido en ley, habría sido violatoria de la Constitución y claramente atentatoria de los derechos fundamentales. Más de un actor facultado para ello la habría controvertido.

Ilustración: Víctor Solís

El ejemplo es extremo, pero las reformas fundamentales que apuntalan los cuatro ejes del “proyecto transformador” caen en una de dos categorías: violación a los derechos fundamentales o invasión de competencias y abuso de facultades.

En el eje de la austeridad, la Ley de Remuneraciones del Sector Público, el Presupuesto de Egresos y la propia Ley Federal de Austeridad Republicana han sido objeto tanto de acciones de inconstitucionalidad como de controversias constitucionales. En el primer caso por la ausencia de parámetros objetivos para la determinación del salario del presidente, así como de las remuneraciones de los servidores públicos y por la prohibición de que un funcionario de alto nivel no pueda trabajar en el sector público, sino diez años después de dejar la administración pública. En el segundo caso, porque los sueldos de los integrantes de los organismos con autonomía constitucional deben fijarlos ellos mismos con el límite que marca la Constitución.

A estos litigios centrales, habría que agregar las circulares y acuerdos mediante los cuales se disminuyen los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminan los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República —la reducción de salarios es inconstitucional y la voluntaria no existe— y se reduce en 75 % el presupuesto en materiales y suministros y en servicios generales a partir de abril de este año. Más allá de la violación a derechos como el de dedicarse al trabajo lícito que cada individuo elija, a la arbitrariedad contenida en la ley y a la inobservancia del artículo 127 constitucional que permite a los órganos autónomos establecer sueldos mayores al del presidente de la República, las reducciones presupuestales —que no son más que la reasignación unilateral del presupuesto— violan la división de poderes pues es a la Cámara de Diputados a quien corresponde la determinación del gasto.

En el eje de la seguridad, prácticamente todas las leyes y acuerdos emitidos en la administración han sido objeto de litigio ante la SCJN: las leyes de Extinción de Dominio, Guardia Nacional, Uso de la Fuerza Pública, Registro de Detenciones y Sistema Nacional de Seguridad Pública. En contra de estos ordenamientos se alegan omisiones, violaciones a derechos fundamentales entre los que figura la presunción de inocencia, discrecionalidad, opacidad, desproporcionalidad y ambigüedad. Destaca el último acuerdo mediante el cual el presidente López Obrador dispuso del uso de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública, cuestión que además de no estar fundada y motivada también viola la división de poderes, pues no atiende la reserva de ley establecida en la reforma.

En el eje de la corrupción, donde hay poco que mostrar en términos de políticas públicas efectivas para su disminución, la medida legal más importante ha sido la de equiparar los delitos fiscales a la delincuencia organizada. La CNDH —cuando su titular era todavía Raúl González Pérez— interpuso una acción de inconstitucionalidad por las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, al Código de Procedimientos Penales y al Código Fiscal de la Federación por estimar que se conculcaban los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la libertad de tránsito y al debido proceso, así como los principios de presunción de inocencia, de legalidad en su vertiente de taxatividad, principio de mínima intervención en materia penal y de excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, en el eje del combate a la desigualdad, equivocada y neoliberalmente centrado en la ampliación del presupuesto a programas sociales, el pago en efectivo y la supuesta entrega de los mismos sin intermediarios, se han interpuesto diversas acciones y controversias por establecer la figura de los superdelegados que, se argumenta, atenta contra la autonomía de las entidades federativas, por las reducciones presupuestales, por la Ley General de Educación y contra los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo. La mayoría de los programas sociales no pasaron por la aprobación del Coneval, sus padrones no son públicos y no pueden ser auditados por la opacidad en la que están envueltos.

A estas acciones y controversias es necesario añadir los amparos por violaciones a derechos individuales (Aeropuerto de Santa Lucía), por no observar los requisitos en los nombramientos o propuestas para ocupar cargos en los que interviene el presidente (CNDH, Prodecon, CRE), por la desaparición de partidas presupuestales (estancias infantiles), por incumplimiento de contratos (Pemex y CFE), en contra de la concentración del mercado de energías limpias en la Sener o más de dos mil juicios de amparo promovidos por ciudadanos en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre muchos otros. La mayoría de éstos no llegarán a la Corte, pero se derivan de las reformas constitucionales, legales y acuerdos emitidos por el Ejecutivo.

Sin prejuzgar sobre lo que sólo a la Corte le toca resolver, es importante señalar dos cuestiones.

Primero, todos —amparos, acciones y controversias— versan sobre el alcance de las competencias estatales y municipales, los derechos fundamentales y las facultades del Ejecutivo, incluida la facultad presupuestal. Todos apuntan al rompimiento del orden jurídico que incluye la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo, prácticamente todos los sujetos autorizados para promover estos recursos han hecho uso de su facultad como promoventes. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad que se interponen contra cualquier ley o norma de carácter general que sea contraria a la Constitución: diputados, senadores, legislaturas locales, partidos políticos (para el caso de leyes electorales), la CNDH y el Inai. El único actor autorizado —además del presidente— que no ha interpuesto una acción, a pesar de su autonomía, es el fiscal general de la República. En el caso de las controversias constitucionales, promovidas contra actos de alguna autoridad que invada la competencia de otra autoridad, también figuran todas las entidades facultadas para ello: estados, municipios, Congreso y órganos constitucionales autónomos.

No pareciera que estamos, como en muchas áreas de política pública, frente a lo que podría llamarse la ineptitud gubernamental. En este caso una ineptitud legal. Encuentro algo más grave que la falta de pericia legal. Encuentro un franco desafío al Estado de derecho, una convicción de que el fin justifica los medios, de que, como ha repetido una y otra vez López Obrador, entre la ley y la justicia hay que optar por ésta última y que ésta última la define él. Encuentro, finalmente, un empeño excesivo por “legalizar el hiperpresidencialismo” que caracterizó al México del partido casi único.

Son muchos los asuntos de trascendencia para el gobierno de López Obrador, pero sobre todo para la nación, que tendrá que resolver la Corte. Con cada vez menos contrapesos, con la insistencia en mermar, debilitar o desaparecer a los órganos de autonomía constitucional, con el desprecio manifiesto a las instituciones y sin una ley que delimite la facultad reglamentaria del presidente la única defensa que queda a los ciudadanos y a la democracia es la SCJN. Así quedó demostrado con la famosa ley Bonilla. De no haber intervenido la Corte, los ciudadanos de Baja California habrían tenido un gobernador de cinco años a pesar de haber votado por uno de dos años.

Los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán claves para el futuro no sólo del gobierno de López Obrador que tiene un límite temporal, sino sobre el Estado de derecho y la democracia que son transexenales. Los pronunciamientos de la Corte serán claves para precisar el alcance de los poderes de la federación, de los órdenes de gobierno y de los órganos de autonomía constitucional. Los pronunciamientos de la Corte son indispensables para que, por la vía del derecho y de los hechos, México no emprenda el camino de regreso al hiperpresidencialismo que llevó décadas desmantelar. Por todos estos motivos su resolución tiene un sentido de urgencia.

Hasta el momento, de las acciones y controversias tres fueron sobreseídas (por improcedencia o por quedarse sin materia) y dos resueltas. El resto están en la sala de espera a pesar de su gran relevancia. La más antigua —Ley Orgánica de la Administración Pública— data del 27 de diciembre de 2018, con diecinueve meses sin resolución. Las más recientes corresponden a junio del presente año. Las acciones y demandas llevan en promedio más de nueve meses sin ser resueltas con la consecuente dosis de incertidumbre que ello provoca.

Está claro que la Corte tiene un papel político —no partidario— que jugar. Sus tiempos no pueden ser impuestos por la política, pero el proceso electoral, aunque todavía no formalmente, ya está en marcha. Sería conveniente que estos litigios quedaran resueltos antes de que la política electoral acapare toda la atención pública. Nadie sabe cómo quedará constituida la próxima legislatura en la Cámara de Diputados, pero todos sabemos que la polarización seguirá avanzando.

Sergio López Ayllón y Pedro Salazar, entre otros analistas, han asentado con absoluta razón que la emergencia no suspende los controles legislativos y judiciales, y que según la propia Constitución éstos deben operar incluso “cuando se declara la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías” (“Democracia en vilo y la Constitución también”, El Universal,20/4/20). En estos momentos, más que nunca, hace falta la voz de la Corte. Sólo ella —no los críticos ni tampoco el titular del Ejecutivo desde el púlpito presidencial— puede solventar los conflictos entre poderes y entre órdenes de gobierno.

 

Ma. Amparo Casar
Analista política y presidenta de MCCI.


Los pendientes de la Corte. Principales controversias constitucionales (1 de 3)
Los pendientes de la Corte. Principales controversias constitucionales (2 de 3)
Los pendientes de la Corte. Principales controversias constitucionales (3 de 3)

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El cinismo como doctrina legal

Una vez que asumió el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyado por su partido político en el Congreso, empezó a desahogar, con enorme celeridad, varios de los principales objetivos de su agenda de gobierno. Esto implicó un significativo número de reformas constitucionales, así como la creación de nuevas leyes y decretos presidenciales. Este frenesí de ajustes convirtió al 2019 en el tercer año con más reformas al texto constitucional desde 1917.

Ilustración: Patricio Betteo

En respuesta a este abanico de cambios jurídicos se han presentado, por parte de entidades federativas, municipios, minorías legislativas, órganos constitucionales autónomos, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, presidentes de cámaras legislativas, comunidades indígenas y demás, cientos de litigios en contra de esta batería de normas jurídicas cuya función es dar sustento institucional al corazón del proyecto político de la nueva mayoría en el poder. Al respecto, algunos han señalado que el mero cúmulo de impugnaciones en contra de las decisiones y legislación del presidente López Obrador es prueba de su falta de compromiso con el Estado de derecho. Se traza como rasero para medir la legalidad de las políticas públicas de un gobierno el número de demandas que se acumulan en contra de éstas en los tribunales. Esto no es del todo correcto. Existen otros factores que influyen en que una decisión política, una vez procesada por los poderes representativos, se escudriñe en la arena judicial.

La legislación conocida como Obamacare, por ejemplo, impulsada por la administración de Barack Obama, es una de las piezas legislativas federales que más litigios ha enfrentado en las últimas décadas.1 Esto debido a que se ubicó en el centro de la disputa política entre demócratas y republicanos y, en este sentido, se volvió parte de la batalla cultural de aquel país respecto a los alcances de la libertad individual y los límites del Estado. No obstante, a pesar de las decenas de litigios que ha enfrentado esta legislación, su fortaleza constitucional le ha permitido sortear con éxito dos duros embates ante la Corte Suprema estadunidense y tener buenas probabilidades de librar un tercero que se decidirá el próximo año.2

En esta dirección, una primera pista seria para evaluar en términos jurídicos el conjunto de políticas públicas que ha impulsado el gobierno de López Obrador es precisamente un análisis de las demandas que se han planteado en contra de ellas. ¿Qué clase de argumentos ofrecen los demandantes en estos litigios? ¿Se trata de planteamientos vacuos? ¿Rabietas envueltas de jerga legal? ¿Descalificaciones al gobierno actual adornadas con latinajos y un pomposo lenguaje? No, lo que uno encuentra al analizar buena parte de estos dardos jurídicos es que se trata de razonamientos básicos, mesurados y atinados. Salvo algunos chispazos, no es posible leer argumentos agudos ni esgrimas legales osadas; en varios casos, inclusive, se trata de reflexiones propias de un salón de clases de derecho. Esto significa que para los litigantes de estos asuntos no fue necesario plantear cuestionamientos particularmente creativos o avezados para poner en duda de manera plausible la constitucionalidad del edificio jurídico del actual gobierno federal. En otras palabras, basta a veces un escrutinio elemental para concluir que estas normas jurídicas arrastran en su diseño burdas y patentes violaciones constitucionales.

Vale aclarar que estas demandas no ponen en duda el propósito de las políticas impulsadas por la nueva mayoría en el poder. Es más: algunas reconocen la pertinencia de una ley que regule la fuerza pública, de un instrumento jurídico que desincentive la evasión fiscal, de una legislación que plantee un ataque frontal a las redes económicas del crimen organizado. Su alegato se ubica, entonces, en la exigencia fundacional del pensamiento liberal: ceñirse a las reglas para asir el poder. Su pregunta central es: ¿al aterrizar estas decisiones políticas se siguieron las normas de nuestro texto constitucional?

Ninguna demanda discute que se deban fijar los salarios de los servidores públicos del país en función del sueldo del presidente de la República; la queja presentada se centra, más bien, en que éste se define de manera arbitraria y sin considerar los gastos privados de él y de su familia, que son absorbidos por el Estado mexicano.

La extinción de dominio puede ser un buen instrumento para combatir el crimen organizado, pero cómo operar esta figura de manera eficaz cuando hay una patente contradicción entre la manera como se entiende en el texto constitucional y en la ley que la regula.
Es oportuno regular mediante una ley el uso de la fuerza pública, pero por qué ofrecer una definición tan ambigua de la fuerza letal que inclusive permita la planeación de ésta en operativos de seguridad ciudadana.

La compra de facturas, sin duda, es una práctica que merma la recaudación fiscal del Estado mexicano; no obstante, esto no justifica que se le catalogue sin ningún razonamiento como una actividad que afecta la seguridad nacional.

Nadie discute, hoy en día, que las fuerzas armadas pueden realizar tareas de seguridad pública; por qué, entonces, ignorar las reglas constitucionales que condicionan su uso en el decreto presidencial que lo autoriza.

El Ejecutivo, sin duda, tiene facultades para impulsar una nueva política de energía eléctrica; por qué no, más allá de su viabilidad como política pública, aprovechar su mayoría en el Congreso para diseñar ésta mediante el instrumento adecuado en términos constitucionales que es la ley.

Una de las curiosidades de la evolución del sistema político mexicano es que siendo un sistema presidencial, durante los veinte años de gobierno dividido —esto es, que el partido político del presidente de la República carece de mayoría en el Congreso— no menguó el ímpetu de nuestra clase política por reformar el texto constitucional. Ahora, hay que sumar a esta excentricidad el caso opuesto: si bien el partido político del presidente López Obrador goza de mayoría en ambas cámaras legislativas, aun así ha optado por utilizar los decretos presidenciales para detallar aspectos de seguridad pública, energía eléctrica, fuerzas armadas, así como del modelo de comunicación político-electoral. Lo relevante, como apuntan varias de las demandas, es que hay una duda legítima —y por demás razonable— de que con tales acuerdos el Ejecutivo invade facultades del Poder Legislativo.

En un balance, lo que se desprende de estas demandas es una enorme falta de oficio legal; una omisión en el cuidado de las formas legales más elementales. Un desparpajo por no respetar las reglas básicas de distribución de competencias entre los poderes del Estado mexicano. Y un ninguneo del eventual impacto de tales instrumentos legales en los derechos de ciertos sectores de la población.

Lo sé: Felipe Calderón desplegó en el territorio del país a las fuerzas armadas, con las consecuencias que todos conocemos, con el sustento legal de una mera tesis de jurisprudencia. Enrique Peña Nieto, por su parte, escondió definiciones neurálgicas de su reforma energética en un artículo transitorio cuya función consiste en ordenar los cortes temporales de la entrada en vigor de cierto ajuste normativo; asimismo, a través de marrullerías legales, Peña logró designar a ciertos abogados como ministros de la Suprema Corte que simplemente no reunían los requisitos para dicho cargo.

Esto, sin embargo, es peor. Mientras antes teníamos, desde los principales centros de decisión pública del país, la chicana como estrategia legal, ahora enfrentamos el cinismo como doctrina legal. No más uso de artimañas leguleyas o recovecos abogadiles, ahora se procesan las decisiones de la nueva mayoría en el poder con una obscenidad legal descarada, con impudicia frente a las más elementales pautas legales, como si pensaran que el músculo político libera al Ejecutivo de seguir la Constitución, es decir, las reglas diseñadas precisamente para contener y domesticar al poder. La envoltura legal del gobierno de López Obrador para establecer su agenda política es francamente preocupante, aun en un país cuyos gobernantes han demostrado históricamente un bajo compromiso con la ley.

Pero, con independencia de la valoración que uno tenga de estas demandas y de los cambios jurídicos del gobierno de López Obrador, es clave recordar que casi todas estas impugnaciones se encuentran en la sala de espera de la Suprema Corte de Justicia. Las cortes constitucionales, por supuesto, deben resolver conforme a los tiempos legales. Mal haría una Suprema Corte en decidir al ritmo de los vaivenes políticos, pero también hacen mal los jueces constitucionales cuando evitan votar en razón de esta dinámica. En este sentido, es indiscutible el enorme costo en incertidumbre jurídica que aumenta cada día que la Suprema Corte no discute la suerte de estas demandas. Basta asomarse, por ejemplo, al galimatías legal que sufren miles de servidores públicos en torno a la definición de su salario por no zanjarse aún las impugnaciones en contra de la ley de remuneraciones de servidores públicos ni del presupuesto de egresos del 2020. El otro lado de la moneda, entonces, de este cinismo como doctrina legal, es una Suprema Corte que evite decidir; que esté a la espera de que pasen las elecciones intermedias del próximo año o, peor aún, a que concluya el sexenio para asumir su responsabilidad constitucional. Ya, en su momento, se deberán analizar los votos de los ministros y, sobre todo, sus argumentos. Pero ahora hay que insistir en que la autonomía judicial no se apuntala escabulléndose de votar los casos que justo le importan a la actual mayoría en el poder. Ojalá pronto la Suprema Corte tome la decisión de decidir estos asuntos; en ese ejercicio se juega realmente el futuro de su autonomía y su rol como institución clave para nuestra democracia.

 

Saúl López Noriega
Profesor e investigador de tiempo completo del CIDE.


1 Cunningham, Paige W. “The Obamacare lawsuit, by the numbers” en The Washington Post, 10 de julio de 2019. Consultable aquí: https://wapo.st/3dsPVFy.

2 Goodnough, Abby y Liptak, Adam. “Supreme Court to Hear Obamacare Appeal” en The New York Times, 2 de marzo de 2020. Consultable aquí: https://nyti.ms/3dyHrNl.

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Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

La aprobación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) debió significar un paso adelante, pues por años México careció de una legislación al respecto, mientras que la violencia de las fuerzas de seguridad no menguó. Sin embargo, tal y como fue aprobada, la LNUF pone en riesgo algunos derechos clave para la vida democrática.

Ilustración: Patricio Betteo

La LNUF fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los ministros, entonces, tendrán que analizar en este asunto los siguientes temas.

Por un lado, la falta de incorporación plena de los principios reconocidos a nivel internacional sobre el uso de la fuerza; la incorrecta clasificación de las armas cuyo empleo se regula; y la falta de previsión normativa sobre la sistematización y archivos de los que presenten los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego. Asimismo, la deficiente regulación del uso de la fuerza letal; en tanto, por una parte, no se define correctamente qué es fuerza epiletal y, por la otra, porque implica que el uso de la fuerza letal puede anticiparse desde la planeación.

La CNDH también cuestiona el uso de la fuerza letal frente a protestas violentas y, a su vez, la inobservancia de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Atenco, por la omisión de incluir en la LNUF la creación de un observatorio externo de las policías.

Para la CNDH, estas disposiciones, o la ausencia de ellas, vulneran la seguridad jurídica, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el principio de legalidad. A esto hay que sumar la contravención de varias normas de derecho internacional de derechos humanos, que diversas organizaciones civiles señalamos durante el proceso legislativo y en documentos amicus curiae ante la SCJN.

Estos planteamientos son más que atendibles si se considera que la LNUF será el marco que aplicará una institución que ha adoptado un perfil predominantemente castrense, como es la Guardia Nacional. Pero también si se tiene en cuenta que, por su carácter de ley nacional, también será aplicada por policías estatales o municipales. Por eso importa tanto esta acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH; ojalá que en el análisis de la SCJN prevalezca la perspectiva de derechos.

 

Santiago Aguirre
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.

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Ley de la Guardia Nacional

Las crisis son síntomas de la incapacidad de un sistema para ofrecer soluciones satisfactorias a los problemas urgentes. La situación de violencia e inseguridad es justo una prueba de esto; a pesar de los esfuerzos realizados, seguimos sin vislumbrar un horizonte de salida. De ahí la relevancia de analizar la idoneidad de las herramientas propuestas, como la Ley de la Guardia Nacional, por el actual gobierno federal para enfrentar esta problemática.

Ilustración: Patricio Betteo

Tal análisis, sobra mencionar, debe darse bajo los estándares establecidos en la Constitución y a través de los mecanismos correspondientes. En este sentido, el 26 de junio de 2019, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley.

La esencia de la demanda gira en torno a las tareas de seguridad pública y procuración de justicia. Es decir, se trata de establecer los límites adecuados a la actuación de la Guardia Nacional o, en otras palabras, los supuestos y circunstancias bajo los cuales debe operar. Al respecto, dos de los elementos más importantes que deberá resolver la Suprema Corte son, por un lado, si el Congreso excedió su discrecionalidad legislativa frente al texto constitucional al aprobar esta ley y, por el otro, el nivel de precisión con que se trazaron los límites de actuación de la Guardia Nacional.

Por ejemplo, una de las preguntas clave que plantea la demanda es si las atribuciones que la ley otorga a la Guardia Nacional, en materia de investigación para la prevención de delitos, como los supuestos bajo los cuales pueden llevar a cabo operaciones encubiertas o intervenir comunicaciones privadas, son actos de molestia que vulneran derechos a la privacidad, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.

Cuando se presente la discusión sobre este asunto entre los ministros, no debemos perder de vista que los contrapesos constitucionales deben ser vistos como una fortaleza del Estado y no como un obstáculo. De tal manera que le tocará a la Suprema Corte, en su papel de árbitro político, determinar si las herramientas propuestas por la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para solucionar la crisis de inseguridad se apegan a los principios y derechos reconocidos en la Constitución.

 

Carlos R. Asúnsolo Morales
Maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante.

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Fuerzas armadas y tareas de seguridad pública

La Guardia Nacional es una corporación civil encargada de la seguridad pública. En la reforma constitucional que la habilitó se aprobó un artículo quinto transitorio en el que se señala que el presidente podrá disponer, bajo determinados límites, de las fuerzas armadas (FF. AA.) para realizar tareas de seguridad pública durante el tiempo que ese cuerpo civil desarrolle sus capacidades. Posteriormente, el presidente López Obrador emitió un acuerdo en el cual ordenó a las FF. AA. a participar, hasta el final de su sexenio, en determinadas labores que originalmente le corresponden a la Guardia Nacional conforme a su propia ley.

Ilustración: Patricio Betteo

En contra de ese acuerdo, el ayuntamiento de Colima y la presidencia de la Cámara de Diputados, entre otras entidades del país, promovieron una controversia constitucional. Un recurso que permite a ciertos actores políticos denunciar, ante la Suprema Corte, cuando una medida de alguna entidad, poder u órgano, ya sea federal, estatal o municipal, invade las competencias constitucionalmente previstas —es decir, los límites constitucionales para que un poder político pueda actuar o tomar decisiones— de otra entidad, poder u órgano federal, estatal o municipal.

El ayuntamiento argumenta que el acuerdo vulnera la autonomía del municipio para hacerse cargo de la seguridad pública mediante la policía municipal, como lo señala el artículo 115 constitucional. Por su parte, la presidencia de la Cámara de Diputados plantea que, conforme a la Constitución y el derecho internacional, sólo el Congreso está facultado para regular la actuación de las FF. AA. en labores de seguridad pública. En otras palabras, si las FF. AA. participan en tareas que les corresponden a las policías u otras corporaciones civiles, dicha participación debe constar en la ley y no sólo en decretos del Ejecutivo. Ambas demandas coinciden en que el acuerdo rebasa las restricciones —establecidas en los artículos 21 y 129 de la Constitución, en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional, y en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que limitan la participación de las FF. AA. en la seguridad pública.

La Suprema Corte debe decidir si este acuerdo para que las FF. AA. participen en labores de seguridad pública cumple con los requisitos tanto constitucionales como internacionales y, además, si con su expedición el presidente invadió o no facultades constitucionales de los municipios y del Congreso.

 

Daniel Quintanilla Castro
Abogado por el ITAM.

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Ley Nacional del Registro de Detenciones

El 26 de junio de 2019, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones publicada un mes antes.

La CNDH en su escrito celebra la aprobación de la ley y reconoce la importancia de la creación de un sistema que concentre la información de las detenciones de todo el país. Sin embargo, sostiene que esta ley no cumple con el requisito de acotar debidamente las actuaciones de la autoridad y genera incertidumbre jurídica para los ciudadanos. En el texto de la demanda, argumenta dos conceptos de invalidez.

Ilustración: Patricio Betteo

En el primero, la CNDH menciona que, en los transitorios de la reforma constitucional, se enlistan los contenidos mínimos que la ley debía incluir. Todos estos contenidos fueron contemplados en la ley salvo uno: el que se refiere a las acciones en caso de que la base de datos se vulnere o ponga en riesgo. La CNDH acusa al Congreso de omisión por no cumplir con el mandato constitucional de legislar este aspecto.

La comisión recuerda que la necesidad de este registro tiene como antecedente las violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas que, en muchas ocasiones, son sometidas a torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Sostiene que el vacío legal compromete la seguridad de la información y diluye la responsabilidad en caso de que la información se pierda, robe o altere.

En el segundo concepto de invalidez, la CNDH menciona que la ley no describe cómo hará el registro de las detenciones realizadas por elementos castrenses. En este sentido, argumenta que la lectura sistemática de la reforma constitucional y las leyes relacionadas permiten entender la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de dos formas: a) cuando las fuerzas militares realicen tareas de seguridad pública, no tienen la obligación de dar aviso inmediatamente de sus detenciones a la autoridad policial; b) las fuerzas militares son autoridades obligadas a realizar directamente el registro de sus detenciones.

La CNDH sostiene que la existencia de dos posibles interpretaciones genera incertidumbre jurídica. Además estima que la primera interpretación da pauta a que las detenciones realizadas por elementos castrenses no sean registradas, lo que vulneraría los derechos de las personas detenidas. Por todo lo anterior, la comisión solicita declarar la inconstitucionalidad de la norma.

 

Fernanda Caso
Maestra en Leyes de la Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown.

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Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos

El mecanismo para determinar cuánto debe ganar el presidente de la República y la importancia constitucional que tiene se ha visibilizado a través de la llamada Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos (LFRSP) y su impugnación por parte de diversos actores.

En noviembre y diciembre de 2018 se reavivó, a raíz del cambio de gobierno federal, una discusión pendiente desde 2009 sobre la reglamentación al artículo 127 constitucional, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República.

Ilustración: Patricio Betteo

Al emitir la LFRSP, el Congreso de la Unión se limitó a repetir el contenido constitucional. En respuesta, la CNDH y un grupo de senadores presentaron acciones de inconstitucionalidad (Remuneraciones 1, bajo la ponencia del ministro Pérez Dayán). El argumento central versaba sobre la omisión de la ley en dar contenido a los mandatos que condicionan el salario de los servidores públicos: desde cuánto gana el presidente, determinar si su salario es un acto reglado o discrecional, la proporcionalidad de los salarios en relación con la responsabilidad de los servidores, el efecto de esta determinación en otros poderes y órganos constitucionales autónomos, entre otros temas.

Días antes de la discusión de este caso en la Corte, el Congreso reformó la LFRSP y tocó al menos formalmente casi todo el cuerpo jurídico de la ley. En respuesta, la Cámara de Senadores y la CNDH impugnaron a su vez esta reforma (Remuneraciones 2, bajo la ponencia de la ministra Esquivel Mossa).

Al discutir la demanda en contra de la primera versión de la LFRSP, la Corte determinó centrar el debate en sólo aquellas partes de la ley cuyo sentido normativo no se hubiese afectado por la reforma. Con mayoría calificada de ocho votos, la Corte concluyó que esta ley reglamentaria debía brindar una infraestructura normativa que asegurase su operatividad, al dar contenido a lo establecido por la Constitución y condenar al Congreso a subsanar tales deficiencias en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Hasta ahora, el Congreso ha solicitado dos prórrogas para cumplir con esta condena, que han sido otorgadas por la Suprema Corte. La última, ya en el contexto de la pandemia del covid-19, fijó como fecha límite diciembre de 2020.

En Remuneraciones 2, el reclamo central consiste en dilucidar si el nuevo mecanismo consultivo para fijar el salario presidencial es constitucional. Los demandantes arguyen que si bien la reforma legislativa incluyó un mecanismo para este propósito, éste continúa siendo político, en la medida en que es meramente consultivo y no obliga a la Cámara de Diputados a fijar este salario ni el del resto de los servidores públicos bajo criterios objetivos.

 

Luisa Conesa Labastida
Maestra en Derecho por la Universidad de Columbia.

Jorge Peniche Baqueiro
Maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.

Agenda

Presupuesto para los órganos constitucionales

La Cámara de Diputados estableció como salario del presidente de la República la cantidad de $111 990.00 mensuales para el año 2020. Por mandato constitucional, esta cantidad debe considerarse para calcular los salarios de todos los funcionarios del país, ya que ninguno puede ganar más que el presidente. En consecuencia, se vieron reducidos los presupuestos, entre otros, del Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, también los salarios de sus correspondientes funcionarios.

Ilustración: Patricio Betteo

Estos órganos constitucionales, en respuesta, reclamaron este ajuste salarial ante la Suprema Corte, mediante un procedimiento conocido como controversia constitucional. Su argumento principal es que el salario del presidente fue fijado de forma arbitraria, en atención a su propio deseo, lo cual resulta violatorio del artículo 127, primer párrafo, de la Constitución. La cantidad, arguyen en sus respectivas demandas, se fijó sin una metodología que permita comprobar que es proporcional a las responsabilidades del mandatario; es incompleta porque no contempla los ingresos en especie, y genera una distorsión transversal que afecta a los salarios de todos los funcionarios públicos del país.

La Suprema Corte está obligada a cumplir con sus deberes epistémicos de investigar, deliberar, argumentar y, sobre todo, respetar sus propios precedentes. Sin duda, en el más importante se determinó que las normas que ordenan fijar el salario del presidente son inconstitucionales, básicamente por las mismas razones que esgrimen los demandantes: la falta de un criterio objetivo.

Además, los ministros deberán tomar en cuenta los casos que establecen que cuando se prueba que un poder se entromete en la esfera de competencia de otro, afecta su independencia o lo subordina, se viola el principio de división de poderes. Y, en particular, deberá no desconocer el principio de irreductibilidad salarial; ni tampoco decisiones previas sobre el presupuesto de egresos.

El problema central que plantean estas demandas va mucho más allá del tamaño del cheque de los altos funcionarios. Es decir, en el fondo, lo que plantean estos órganos constitucionales autónomos es si un poder puede imponerse sobre otro u otros con el resultado de una concentración de poder que rebase los límites constitucionales. La Suprema Corte tiene la última palabra.

 

Roberto Lara Chagoyán
Investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, Ciudad de México.

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Ley Federal de Austeridad Republicana

La Ley Federal de Austeridad Republicana materializa uno de los ejes políticos más importantes de la actual administración federal. Bajo la consigna: “No gobierno rico con pueblo pobre”, el Congreso de la Unión trazó líneas que definen el gasto, los sueldos y las restricciones a las que estarán sujetos servidores públicos de distintos órganos.

A este texto legal, polémico por sí mismo, se suma una controversia constitucional que hace todavía más complejo el mandato impuesto por el Congreso. En enero de este año, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acusó al legislativo federal de invadir su esfera competencial y atentar contra su autonomía constitucional. El asunto está en la mesa de la Suprema Corte de Justicia, que se alista para resolver definitivamente el choque de intereses.

Ilustración: Patricio Betteo

Esta ley prohíbe que los órganos del Estado excedan el gasto con respecto al ejercicio presupuestario anterior. Además, impide que se contraten seguros de gastos médicos privados, de vida, de ahorro o cualquier plan de jubilación o pensión en beneficio de los servidores públicos. Por su parte, la Cofece argumenta que debido a su autonomía constitucional puede ejercer de forma independiente los montos presupuestarios que se le asignan y decidir el esquema de remuneraciones de sus funcionarios. Es decir, considera que es su facultad, y no del Congreso, decidir cómo y en qué gastar.

Otro de los puntos más polémicos de esta ley es que establece que los funcionarios que ocupen puestos de alta jerarquía y se separen del cargo no podrán emplearse, hasta por diez años, en empresas privadas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada. La Cofece considera que esta regla afecta gravemente su autonomía técnica, impide su especialización y dificulta la retención del talento humano.

Finalmente, esta legislación otorga a las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública la facultad para interpretar el cuerpo normativo y emitir lineamientos para asegurar su cumplimiento. Para la Cofece, tal interpretación y lineamientos no deben ser vinculantes, pues supondría la subordinación de un órgano constitucional autónomo a las reglas emitidas por dependencias del Ejecutivo, vulnerando el principio de división de poderes.

Sobra mencionar que la discusión en la Suprema Corte será fundamental para definir el alcance de la autonomía constitucional de la Cofece y su relación con los otros poderes.

 

Daniel E. Torres Checa
Abogado por la Universidad Panamericana.

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Ley Nacional de Extinción de Dominio

La figura de la extinción de dominio tiene como propósito privar del derecho de propiedad a una persona, sin compensación ni indemnización alguna, siempre que el bien en cuestión haya sido instrumento o resultado de ciertos delitos, como secuestro, trata de personas, corrupción, etcétera. Esta medida pareciese razonable en nuestro país para cortar las fuentes económicas de las redes de delincuencia y corrupción.

Ilustración: Patricio Betteo

En marzo de 2019, en medio de un álgido debate, se aprobó una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos a los que era aplicable la extinción de dominio, determinar los bienes que podían ser objeto de tal extinción y centralizar la facultad legislativa en el Congreso de la Unión. En agosto de ese mismo año, se emitió la correspondiente Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED); en respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra esta ley ante la Suprema Corte. Aquí, en breve, sus ocho principales argumentos:

1) Se dejó a las entidades federativas sin la posibilidad de aplicar la figura de extinción de dominio, a pesar de que la Constitución establece que tanto federación como estados hagan uso de esta herramienta.

2) La preparación de la extinción de dominio no puede ser información “reservada” ni pretender que esta etapa pueda ser similar a una investigación penal, ya que la Constitución establece que la extinción es un procedimiento de naturaleza civil.

3) Con la reforma constitucional de marzo de 2019, la ley ya no puede aplicarse a bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos; sólo sobre bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones.

4) La extinción no puede ser imprescriptible, porque implicaría que deberíamos resguardar por siempre la documentación comprobatoria de la procedencia lícita de cualquier bien pues la autoridad podría, en cualquier momento, requerir su comprobación.

5) El origen de la extinción no puede ser la “investigación para la prevención” porque ésta simplemente no está permitida en la Constitución.

6) El ministerio público no tiene facultades para asegurar bienes y entrar a bases de información patrimonial sin autorización judicial.

7) No se puede dar a la autoridad administrativa las facultades discrecionales para decidir cuándo se deben vender anticipadamente bienes sujetos a extinción.

8) No se puede aplicar retroactivamente esta ley porque el ciudadano debe conocer una ley para que le pueda aplicar.

La decisión de la Suprema Corte se encuentra pendiente de resolver, esperemos que se pronuncie pronto en favor de la protección de los derechos constitucionales.

 

Susana G. Camacho
Especialista en derecho procesal penal.

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Delitos fiscales

Comprar o vender facturas para simular operaciones inexistentes es reprochable, pues afecta de manera grave la viabilidad de instituciones estatales, programas sociales y servicios públicos. Con el propósito de combatir estas prácticas, en noviembre de 2019 se publicó un paquete de reformas que catalogaron la compraventa de facturas como un delito que pone en riesgo la seguridad nacional. Estas modificaciones incluyen el encarcelamiento obligatorio durante el proceso y la dispensa de controles para actos de investigación propios del combate al terrorismo o la conspiración para cometer golpes de Estado.

Ilustración: Patricio Betteo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra este paquete de reformas que le plantea a la Suprema Corte, entre otras, una pregunta clave: si el legislador tiene facultad irrestricta para decidir qué delitos ponen en riesgo la integridad territorial y viabilidad del gobierno nacional o si se tiene que sujetar a un parámetro racional que limite el concepto de seguridad nacional, sobre todo cuando esta clasificación implica un régimen de excepción permanente al debido proceso y a las garantías de éste. Asimismo, la CNDH denunció la inconstitucionalidad del tipo penal de compraventa de facturas debido a su enorme ambigüedad y a su falta de claridad.

Con esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte tiene la oportunidad de mandar un mensaje claro: la forma en la que prohibimos, juzgamos y castigamos nos define como sociedad; eliminar los controles judiciales que buscan racionalizar el castigo estatal, por más injusto que sea el delito que se persigue, nos ubica en un escenario problemático en términos democráticos pues es en los tribunales en donde los derechos de las personas que habitamos en este lugar se encuentran en constante tensión frente al poder público.

 

Alejandro Jiménez Padilla
Investigador y consultor independiente en temas de justicia penal y seguridad.

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Cancelación del aeropuerto

Una de las banderas electorales del entonces candidato López Obrador fue cancelar el proyecto de infraestructura más ambicioso de la administración de Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), cuya planeación inició en 2013.

Ilustración: Patricio Betteo

¿Cuáles son los principales argumentos jurídicos que ciertos sectores de la sociedad civil han planteado a tribunales federales en contra de dicha cancelación? El amparo indirecto 599/2019, presentado ante el juez octavo de distrito, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, puede ser una muestra representativa de las decenas de juicios de amparo que se han interpuesto al respecto. A continuación se explican tales razones.

Un primer planteamiento alude a la legalidad de la consulta a la ciudadanía del país, convocada por el todavía presidente electo López Obrador, en octubre de 2018, para determinar la cancelación del NAICM. Aquí se arguye que esta consulta no cumplió con los requisitos mínimos de un ejercicio democrático imparcial; en especial, los principios de igualdad y universalidad del sufragio.

El segundo cuestionamiento se enfoca en el aumento a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) fijada y cobrada por el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en prácticamente todos sus servicios. El argumento plantea que es ilegal que haya aumentado la TUA para costear la cancelación de los bonos suscritos para financiar el NAICM, ya que tal opción simplemente no está prevista en la ley. Es decir, el argumento es básico pero contundente: el gobierno federal sólo puede hacer lo que la ley le faculta.

La última razón central de este amparo se enfoca en los principios rectores del gasto público. La Constitución expresamente señala que los recursos económicos del Estado deben ejercerse bajo los principios de eficiencia, eficacia y honradez. La demanda, en este sentido, plantea que esta decisión es irracional e ineficiente, ya que debido a su sistema de financiamiento, las penalidades que implicó su cancelación hicieron que ésta fuese más costosa que terminar su construcción.

 

Juan Luis Hernández Macías
Abogado por la Universidad de Guanajuato.

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Tren Maya

Uno de los ejes rectores de gobierno del presidente López Obrador es la realización de determinados proyectos estratégicos de infraestructura, dentro de los que se encuentra el denominado Tren Maya, cuyo objetivo principal es el desarrollo integral del sureste de México y la península de Yucatán.

Varios grupos y organizaciones han alzado la voz señalando su inconformidad con dicho proyecto por considerar que impactará de manera negativa tanto al medioambiente como a los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en la zona.

Ilustración: Patricio Betteo

Tal es el caso de un grupo de indígenas pertenecientes al pueblo maya peninsular y ch’ol, quienes promovieron una demanda de amparo indirecto, ante el juzgado primero de distrito con sede en Campeche, en contra de actos que consideran que violan los derechos consagrados en los artículos 1, 2, 14, 16 constitucionales y 1, 6, 7 y 8 del Convenio 169 de la OIT. En breve, arguyen que la consulta indígena ordenada por el Ejecutivo fue efectuada en perjuicio de los pueblos indígenas de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, y se realizó en violación al derecho humano a una consulta previa libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

Los grupos indígenas consideran que el gobierno federal ha diseñado unilateralmente un plan de afectación a sus territorios que implica una alteración absoluta a su cosmovisión con la eventual ejecución del proyecto Tren Maya. Los demandantes aseguran que en ningún momento las autoridades han considerado a los pueblos indígenas involucrados como sujetos de derechos. De tal manera que nunca consensuaron con ellos las directrices del protocolo de consulta como los lugares de ésta, fechas, modalidades, etcétera. A esto se suma que las cuatro etapas de la consulta se realizaron en menos de un mes, de ahí que, a su juicio, la premura con la que se efectuó es indicio de que no es una consulta, sino una simulación.

El Poder Judicial —y, en su caso, la Suprema Corte— tiene que resolver si el gobierno federal actuó con dolo y mala fe, como señalan los quejosos y, a su vez, deberá determinar si en efecto este proyecto de desarrollo cumple la ley con sólo organizar una consulta o, más bien, requiere además del consentimiento de las comunidades indígenas afectadas. El caso plantea la oportunidad de abrir un diálogo institucional con mecanismos adecuados que permita escuchar a representantes de las comunidades indígenas y conocer sus demandas.

 

Melisa S. Ayala García
Maestra en Derecho por Harvard Law School.

Agenda

Devolución de tiempos oficiales

En la conferencia mañanera del pasado 3 abril, exactamente en el minuto 36 con 19 segundos, el presidente López Obrador declaró lo siguiente: “… hice un compromiso hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio, de televisión y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales; y hoy voy a firmar el acuerdo…”.

En consecuencia, el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que “devuelve los tiempos oficiales”.1 El 7 de mayo fue impugnado por el Instituto Nacional Electoral (INE), vía una controversia constitucional.

Ilustración: Patricio Betteo

El INE considera que el decreto firmado por AMLO invade sus facultades y, por ello, es inconstitucional. En la reforma electoral de 2007, el INE se erigió como el único administrador de los tiempos oficiales en materia electoral. Esto implica repartir el tiempo en los medios de comunicación a partidos políticos —en aras de optimizar la equidad en la contienda— y a la propia autoridad electoral para robustecer el derecho a la información política de todos los electores.

El efecto del decreto fue disminuir los tiempos fiscales que el Estado recibe como pago en especie por parte de los concesionarios de radio y televisión. Al hacer esto, a su vez, se reducen los tiempos oficiales en materia electoral cuya administración está a cargo del INE por disposición expresa de la Constitución. Por lo tanto, partidos y autoridades electorales tendrán menos tiempo en los medios de comunicación.2

El INE argumenta que el decreto invade sus facultades, ya que no podrá cumplir con sus encomiendas constitucionales: administrar los tiempos oficiales de tal forma que garantice la equidad en la contienda y un electorado informado. La SCJN deberá decidir si hubo invasión de facultades por parte del Ejecutivo en la esfera competencial de INE. Esa es la cuestión.

 

Martín Vivanco Lira
Abogado constitucionalista y analista político.


1 Decreto que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica.

2 El equivalente a “una afectación diaria de 6034 promocionales pautados por el Instituto” al día, en Controversia constitucional, p. 90.

Ensayo

Cuba: Defensa y agonía

En la entrega pasada, Joaquín Villalobos se ocupó del régimen cubano como último refugio del modelo marxista y del desastre que fue Fidel Castro como jefe de Estado. En esta segunda y última parte del ensayo, detalla el efecto negativo que ha tenido la cercanía de Cuba con la izquierda en América Latina. • Para garantizar su fortaleza y control en el extranjero, el gobierno cubano entrenó y armó movimientos guerrilleros durante tres décadas; luego apoyó partidos políticos, elecciones y gobiernos, y en los últimos años ha sido solidario con movimientos sociales que aún lo toman como referente moral.  •  Es momento, dice Villalobos, de reconocer que no hay nada que agradecerle a Cuba, la dictadura más longeva, y de hacer que la izquierda deje de ser fiel a la religión marxista.

La estrategia fundamental del régimen cubano de defenderse fuera de sus fronteras ha tenido tres fases que corresponden a cambios en la realidad y en la situación de la izquierda en América Latina: los primeros treinta años con movimientos guerrilleros; a partir de 1990, con partidos políticos, elecciones y gobiernos; y de 2019 a la fecha, con movimientos sociales y violencia de calle.

 

Durante los sesenta, setenta y ochenta Cuba mantuvo una intensa política de entrenamiento, armamentización, influencia y control sobre los movimientos insurgentes. Mientras hubiera conflictos por todos lados, Cuba estaría segura. Hubo dos excepciones: en Costa Rica porque la democracia evitó que surgieran movimientos armados y en México, aunque hubo guerrillas, Cuba aparentemente no las apoyó por un acuerdo con los gobiernos del PRI. La Habana fue el centro de la actividad revolucionaria y Washington el centro de la actividad contrarrevolucionaria.

En enero de 1966 Fidel Castro fue el anfitrión de la Conferencia Tricontinental de movimientos revolucionarios de Asia, África y Latinoamérica. Asistieron 500 representantes de 82 países. En ese momento el propósito era: luchar por la vía armada contra el colonialismo, el imperialismo y las dictaduras para establecer gobiernos revolucionarios socialistas. La existencia de dictaduras le daba coherencia al plan. Pero no fue fácil controlar a los insurgentes. Las invasiones a Hungría en 1956 y a Checoslovaquia en 1968 generaron rechazo a la Unión Soviética y despertaron simpatías por el maoísmo en la izquierda. Se empezaron a conocer las matanzas de Stalin, pero todavía se desconocían las de Mao. Los debates sobre los proyectos comunistas se trasladaban a los revolucionarios configurando sectas ideológicas de castristas, trotskistas, marxistas-leninistas, maoístas, guevaristas, marxistas cristianos, prosoviéticos, etcétera.

Esta fragmentación afectaba el control de Cuba sobre las guerrillas en función de su defensa. La respuesta fue reclutar militantes, convertirlos en sus agentes, así como infiltrar, dividir y debilitar a los movimientos que Cuba no pudiera controlar. Esto algunas veces trajo choques con la CIA, que estaba haciendo el mismo trabajo pero con intenciones opuestas. Brian Latell exanalista de la CIA, en su libro Castro’s Secrets, cuenta cómo la deserción en 1964 del miembro de los servicios de inteligencia cubanos, Vladimir Rodríguez Lahera, condujo a la captura, interrogatorio y reclutamiento de 120 aspirantes a guerrilleros de una docena de países, entre éstos El Salvador.1

Castro nunca aceptó que Cuba fuera tierra de asilo. No pocos revolucionarios fueron enviados a luchar en condiciones suicidas. El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, líder de la resistencia a la invasión estadunidense a República Dominicana en 1965, desembarcó en su país en 1973 con un pequeño grupo de guerrilleros y todos fueron aniquilados. Asimismo, el argentino Jorge Masetti, amigo del Che, fundador de Prensa Latina, estableció una guerrilla en Salta, al norte de Argentina, en 1964. Masetti desapareció y algunos de sus combatientes murieron de hambre. El propio Guevara fue parte de las aventuras suicidas que Castro estimulaba para distraer a Estados Unidos.

En los años sesenta Castro intentó repetir su experiencia del foco guerrillero en Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Haití, República Dominicana, Brasil y Argentina. También realizó incursiones militares con sus propias tropas. En el año 1959 militares cubanos desembarcaron junto a nacionales de cada país: en Panamá en abril; en República Dominicana y Honduras en junio, y en Haití en agosto. En Venezuela en 1966 Arnaldo Ochoa y quince cubanos desembarcaron en Falcón y en 1967 otros cubanos lo hicieron en Machurucuto. Con el Che en Bolivia hubo dieciséis cubanos que representaban la tercera parte de su guerrilla. En todos estos casos participaron cientos de militares cubanos, algunos murieron, otros huyeron, el resto fueron arrestados y deportados a Cuba.2

En la década de los setenta Castro apoyó, entrenó y armó insurgentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico e incluso los Panteras Negras de Estados Unidos. Hay tres momentos culminantes con gran involucramiento cubano en esta etapa: los movimientos guerrilleros urbanos en Argentina y Uruguay, la victoria electoral y el derrocamiento de Salvador Allende en Chile (1970-73) y el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979.

Los Montoneros de Argentina secuestraron en 1975 a los empresarios Juan y Jorge Born que pagaron 60 millones de dólares, el rescate más grande de la historia de las guerrillas latinoamericanas, equivalente a unos 260 millones de dólares actuales. Este dinero llegó a Cuba y fue administrado por los cubanos.3 En noviembre de 1971 Fidel Castro viajó a Chile y permaneció allí veintitrés días. Realizó concentraciones públicas por todo el país. En ese momento había en la izquierda un conflicto entre lucha armada y revolución versus lucha electoral y reformismo. La estadía de Castro fue un sabotaje al proyecto electoral reformista de Allende. Castro quería una guerra y una revolución en Chile, para ello entrenó y armó a miles de chilenos. Esto desencadenó el pánico de los militares, el golpe de Estado y la muerte de Allende en 1973, quien, a diferencia de Guevara, no se rindió a pesar de que le ofrecieron una salida segura.

Ilustraciones: Alberto Caudillo

Muchos de los chilenos que fueron entrenados se convirtieron en oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.4 En los setenta surgieron en México las guerrillas de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y la Liga Comunista 23 de Septiembre. En teoría Cuba no las apoyaba, pero para Fidel el PRI era de derecha.

El evento más destacado de esta década fue la Revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 1979 que derrocó al dictador Anastasio Somoza. El componente más importante de esta victoria fue la insurrección popular en Managua y la mayor parte de las ciudades. El segundo componente fue el Frente Sur, en la frontera con Costa Rica. Fidel Castro envió a este Frente a militares cubanos armados con piezas de artillería y ametralladoras antiaéreas cuatro bocas. El Frente Sur no tuvo un avance territorial importante, pero amarró a las tropas élite de Somoza, neutralizó sus medios aéreos e hizo perder tiempo al dictador hasta volverle imposible controlar la insurrección en las ciudades. El primer jefe de la inteligencia sandinista fue un oficial cubano.

La guerra en Centroamérica en los ochenta fue lo más parecido a Vietnam para Latinoamérica. En Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá participaron más de 300 000 hombres entre ejércitos, guerrillas y contrarrevolucionarios. En esos años Estados Unidos toleró un genocidio en Guatemala, gobernó El Salvador, ocupó militarmente Honduras, hizo la guerra a Nicaragua y terminó invadiendo Panamá en 1989. La base de Palmerola en Honduras la estableció Reagan en 1981 y se mantiene hasta la fecha. La guerra civil salvadoreña es, después de la Revolución mexicana, la experiencia militar insurgente latinoamericana más desarrollada del siglo XX. Controlamos la tercera parte de un país de apenas 20 000 km2, hicimos más de 10 000 bajas y capturamos más de 3000 prisioneros en combate, incluido el viceministro de Defensa; dimos de baja al principal jefe de las Fuerzas Armadas y a todos sus mandos, tomamos brigadas enteras, combatimos en la capital durante quince días y neutralizamos la fuerza aérea con misiles portátiles tierra-aire. Cuba entrenó cientos de guerrilleros salvadoreños. De mi grupo muchos menos, porque los cubanos destinaban demasiado tiempo al adoctrinamiento ideológico y porque podíamos entrenar en nuestros territorios. Pero el apoyo cubano fue vital en armas, dinero oportuno y entrenamiento de fuerzas especiales, artilleros, francotiradores y operadores de misiles antiaéreos.

Para Castro la guerra en Centroamérica no fue solidaridad, sino su primera línea de defensa frente a la agresiva política de Reagan contra Cuba, que incluyó un enfrentamiento directo entre tropas cubanas y estadunidenses cuando Reagan invadió la isla de Granada en octubre de 1983. Esto explica por qué Fidel mantuvo tanto interés en hablar conmigo. Su papel fue fundamental para unir a los grupos insurgentes y conseguirnos armas en Vietnam, Alemania Oriental y otros países. Éstas llegaban a Nicaragua y desde allí las trasladábamos a El Salvador. No hacen falta más detalles para destacar la importancia de la intervención cubana que fue reconocida públicamente por Castro, incluso con expresiones de admiración hacia los guerrilleros salvadoreños.

 

Desde finales de 1991 hasta inicios del nuevo siglo, Cuba vivió una situación muy difícil al terminar el subsidio soviético. En esos años, su estrategia de defensa en Latinoamérica tuvo una fase ofensiva cuya prioridad fueron los partidos, las elecciones y los gobiernos; y una fase defensiva que empieza en el año 2019, donde el principal interés han sido los movimientos populares y las protestas violentas de calle.

Cuando terminó la Unión Soviética, Fidel Castro creó lo que llamó “período especial”, un plan para evitar que el hambre de los cubanos lo derrumbara. Simultáneamente inventó el apartheid económico con inversiones de capitalistas extranjeros en hoteles y turismo. Los países comunistas se habían vuelto capitalistas, la democracia y los derechos humanos habían avanzado en Latinoamérica, los partidos de izquierda pudieron participar en elecciones libres. El apoyo a las guerrillas perdió sentido, lo principal en ese momento era tener un instrumento para influir sobre los partidos de izquierda que pronto serían gobiernos. Fue entonces cuando Fidel Castro junto con Lula da Silva fundaron en 1990 el Foro de São Paulo (FSP).

En esa fase, el paso más importante de Fidel fue “consagrar” a Hugo Chávez como revolucionario en 1994. Cuando éste se convirtió en presidente en 1999, inventó la Revolución Bolivariana y ocupó política, militar y económicamente Venezuela con miles de cubanos que incluían doctores, militares, profesores, policías, burócratas, entrenadores deportivos e instructores políticos. El extraordinario libro de Diego G. Maldonado La invasión consentida define la ocupación como la “sumisión voluntaria de una nación rica”5 a un país pobre en quiebra. Para evitar lo ocurrido en Chile, Fidel transformó las Fuerzas Armadas venezolanas al redefinir su doctrina, modificar su organización territorial, alentar el cambio de armamento y reorganizar la policía y la inteligencia. Entrenó oficiales, cooptó jefes y reclutó e infiltró agentes. En Venezuela, del 2015 a la fecha, la inteligencia cubana ha desbaratado catorce conspiraciones de militares patriotas y la Operación Gedeón, que fue dirigida por mercenarios.

Según las propias fuentes cubanas, hasta 2015 habían pasado por Venezuela 219 321 cubanos6 y, en 2019, Raúl Castro dijo que en ese momento había 23 000 apoyando a Maduro. Esto es la mitad de los que mantuvieron en la guerra de Angola. No creo que exista gobierno en el mundo que tenga desplegado tanto personal en otro país, a menos que se trate de una ocupación militar. Ni las misiones de la ONU son tan numerosas. Hay que ser muy ingenuo para creer que son misiones solidarias. Los cubanos que estaban en Granada eran unos “albañiles” que se convirtieron en militares al llegar los marines. El régimen cubano necesitaba el petróleo y el dinero de Venezuela desesperadamente. Para el 2007, gracias al subsidio venezolano, Cuba logró salir de la hambruna. Los regímenes cubano y venezolano son mutuamente dependientes: si uno se acaba, el otro también.

Con Chávez gobernando, Castro organizó la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) y con el dinero venezolano inventó y financió Telesur, Unasur y a partidos de izquierda en todas partes. Para el 2009 la izquierda gobernaba en Venezuela, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y tenía influencia en Perú. La izquierda se volvió hegemónica, controló la OEA y levantó la exclusión de Cuba. El financiamiento venezolano a Podemos creó problemas de gobernabilidad en España. Al morir Hugo Chávez en el 2013, Castro escogió a Nicolás Maduro, el hombre más leal a Cuba, para que presidiera Venezuela. Es obvio que ni Chávez ni los actuales dirigentes venezolanos tenían suficiente cabeza para parir la estrategia descrita. Ésta resultó de la genialidad perversa de Castro. Su palabra era sagrada, todos le consultaban todo y murió en el 2016 como el Santo Padre de la extrema izquierda.

En diciembre del 2015 los chavistas perdieron las elecciones parlamentarias, resultado de la implosión de un modelo económico que había despilfarrado más de un millón de millones de dólares, quebrado la producción petrolera y expropiado y destruido miles de empresas industriales, comerciales y financieras. El chavismo perdió la mayoría en las calles y en las urnas. En democracia se pueden perder elecciones con un leve aumento de la inflación, pero el chavismo estaba mucho peor. Luego de dieciocho años de excesos estaba políticamente agotado y con el país en quiebra; podía convertirse en una fuerte oposición, pero ya no podía ganar un gobierno más en elecciones libres. En ese momento las relaciones de Venezuela con Europa y Latinoamérica eran normales y Estados Unidos seguía siendo su principal cliente. Maduro desconoció el poder del Parlamento, rechazó un referéndum revocatorio e incumplió acuerdos negociados frente al Vaticano en el 2016.

Fue así como en abril de 2017 ocurrieron en Venezuela las protestas más prolongadas, sostenidas y numerosas en la historia de Latinoamérica. Cuatro meses de lucha que dejaron más de cien muertos. Se intentaron negociaciones en República Dominicana, pero de nuevo el gobierno rechazó acordar elecciones libres. La crisis económica se transformó en emergencia humanitaria, empezaron a emigrar millones de venezolanos y, en ese contexto, aparecieron las sanciones y el aislamiento internacional a Maduro.

La explicación de la resistencia de Maduro es clara en la lógica que venimos exponiendo: si él perdía el poder, el régimen cubano también lo perdería. Para evitar esto, la democracia en Venezuela debía darse por terminada. Y no sólo allí. En marzo de 2018 la reducción de los subsidios venezolanos a Nicaragua generó en ese país una explosión social tan potente y prolongada como la de Venezuela, pero fue sofocada con una represión más brutal que la de la antigua dictadura de Somoza: centenares de presos y más de 400 muertos.

Cuba, Venezuela y Nicaragua conformaron para ese momento un eje de dictaduras que coordinaban su defensa e intentaban sumar a Bolivia al grupo. Camino a esa alianza, Evo Morales impuso ilegalmente su candidatura y realizó un fraude electoral, pero, al no contar con las Fuerzas Armadas, perdió el poder. Sin embargo, hizo una violenta resistencia que dejó decenas de muertos. El eje de las dictaduras se quedó sin Bolivia, pero éste es ahora un país dividido que podría vivir en conflicto permanente.

En la segunda década del 2000, la izquierda empezó a perder gobiernos en Latinoamérica y con ello el control de la OEA. Estados Unidos sancionó fuertemente a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Europa aplicó sanciones a Maduro y a Ortega, pero no a Cuba, que es el verdadero centro de gravedad del conflicto que se está gestando en el continente. Latinoamérica se ha quedado en las condenas diplomáticas y no se atreve a presionar a Cuba.

 

Fidel Castro decía que en los momentos críticos había que resistir y esperar. Eso hizo en el “período especial” en 1991: resistió hasta que apareció Chávez. Con el debilitamiento de Maduro y la salida del poder de gobiernos aliados, el régimen cubano reconoció que enfrentaba un gran peligro y pasó entonces a una fase defensiva, pero siempre con acciones ofensivas fuera de sus fronteras exacerbando conflictos y desestabilizando a otros países. En condiciones normales Maduro, Ortega y Morales deberían haber dejado el poder y pasado a ser oposiciones fuertes con opción de recuperarlo. Su resistencia no responde a una lógica normal, actúan coordinados por interés propio, pero necesitan defender a Cuba, porque creen que la pérdida del referente moral e ideológico podría debilitarlos políticamente.

El trío Cuba, Venezuela y Nicaragua no sólo debe resistir, necesita desestabilizar otros países, mientras espera que la izquierda recupere poder o que Donald Trump pierda las elecciones en Estados Unidos. Suponen que esto les permitiría seguir gobernando. Al cambiar el contexto Cuba cambió estrategia, la división de las FARC y el atentado terrorista que mató 22 cadetes de policía en Bogotá son acciones promovidas por Cuba y Venezuela para destruir el proceso de paz en Colombia. Por las graves implicaciones internacionales es imposible que éstas fueran decisiones autónomas.

El FSP estaba debilitado porque los partidos miembros habían perdido elecciones, pero fue resucitado con una nueva composición. En el 2019 convocó a sindicalistas, movimientos de indígenas, ecologistas, afrodescendientes, campesinos, estudiantes, islamistas radicales, feministas y a la comunidad LGTB de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, África y Asia. La Habana y Caracas fueron sede de muchos eventos con miles de participantes. Allí se decidió que las organizaciones sociales serían el instrumento; la violencia callejera, el medio; la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo, la bandera; y la defensa de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el objetivo. Cuba estaría al mando, Venezuela pondría el dinero y cada país los muertos. En ese contexto Maduro anunció la violencia hablando de “Brisa Bolivariana”. En este plan Cuba asumió bajo perfil para evitar rupturas de relaciones y pérdida de embajadas. Éstas son sólo centros de coordinación con los extremistas, porque Cuba ni vende ni compra nada.

Pero el FSP es ahora una ensalada de intereses y posiciones incoherentes. Los extremistas iraníes y Hezbollah deben juntarse con sus enemigos: las feministas y la comunidad LGBT. Los trabajadores deben exigir salarios dignos al neoliberalismo, pero apoyar que Cuba pague 15 dólares al mes. Deben exigir respeto a los derechos humanos, pero callar los muertos, los presos y las torturas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Deben luchar por el comunismo en sus países, pero apoyar el capitalismo salvaje de China y el de los oligarcas rusos. Deben luchar contra el racismo en Estados Unidos, pero olvidar los campos de concentración en China y la ejecución de homosexuales en Irán. En la nueva realidad, la extrema izquierda perdió la ventaja moral que tuvo cuando enfrentaba dictaduras militares de derecha. A pesar de esto, Cuba decidió que sus creyentes debían pasar de la lucha revolucionaria al vandalismo callejero porque sólo la violencia generaría hechos mediáticos y políticos suficientemente potentes para su defensa.

Señalar a Cuba como la causa de los conflictos sería teoría conspirativa. Las protestas en Colombia, Ecuador y Chile en el 2019 tenían causas reales, justas y legítimas. Las mayorías se movilizaron pacíficamente por demandas internas, pero la violencia fue responsabilidad de minorías subordinadas a factores externos. El vandalismo fue premeditado, organizado, artificial, movido por intereses externos y no encaja con la forma en que evoluciona una protesta de calle. Aprendí sobre esto durante la década que precedió a la guerra civil en mi país; mi primera acción revolucionaria fue romper a pedradas los vidrios de una patrulla policial, después de que éstos habían masacrado gente a balazos.

Hay en la calle dos tipos de violencia: la espontánea y la organizada. La primera es esencialmente reactiva, nunca premeditada. Una protesta que es reprimida con uso desproporcional de la fuerza puede provocar violencia espontánea de los manifestantes. Con el tiempo, esa violencia espontánea puede transitar a violencia organizada si la represión es brutal y persistente. Por ejemplo, en Venezuela y Nicaragua lo masivo y pacífico duró muchos días hasta que los jóvenes se hartaron por los muertos y empezaron a responder con piedras, bombas molotov y a organizarse en pequeños grupos.

 

La violencia organizada supone que la represión se volvió mortal y cotidiana y esto exige un nivel de organización similar al de una guerra, requiere mando y control, coordinación entre grupos y medios para la defensa. En 1980, en Guatemala, los militares incendiaron la embajada de España porque unos campesinos que protestaban por la represión se habían refugiado allí: 37 personas murieron calcinadas incluido personal de la embajada. En 1979, en una de las numerosas masacres, los militares salvadoreños mantuvieron cercados a los manifestantes en una iglesia del centro capitalino durante varios días. Veintiún cadáveres quedaron enterrados en el interior de la iglesia. El entierro de san Arnulfo Romero fue atacado con francotiradores. Finalmente decidimos que grupos de autodefensa protegieran las protestas, pero en Centroamérica, a pesar de la salvaje represión, ni el saqueo ni el vandalismo tomaron fuerza. Cuando la represión es letal no hay tiempo para pensar en saqueos.

En el 2019, en los casos de Ecuador, Colombia y Chile no hubo represión letal que justificara la violencia. Esta no fue espontánea, lo masivo fue simultáneo con lo violento, no fue reactiva sino organizada, premeditada y dirigida. En Chile incendiaron puestos policiales y penetraron a instalaciones militares. Evidentemente buscaban que hubiera numerosas víctimas. Los extremistas provocaron la muerte de quince personas con los incendios, más del doble de los seis atribuidos a los policías.7 No hay explicación política racional al nivel de vandalismo en Chile. Los daños alcanzaron 4500 millones de dólares, incluyeron la destrucción de 70 de las 136 estaciones de metro, centenares de comercios, hoteles, estaciones de policía y hasta iglesias de valor histórico. De mis tiempos de guerrillero, sin haber recibido nunca instrucción militar, recuerdo cuánto nos costó aprender a derribar torres conductoras de energía. En Chile destruyeron locomotoras de acero en ataques sincronizados. Esto requiere instrucción, medios, planeación y mando centralizado. Ni durante la insurrección contra Somoza en Managua ni cuando los guerrilleros salvadoreños combatimos durante quince días en la capital hubo un nivel de destrucción siquiera cercano a lo que ocurrió en Chile.

 

Cuba es la dictadura más prolongada de la historia, pero la tragedia de los cubanos pareciera importar a pocos. El mar y los tiburones les impiden escapar en masa como los venezolanos y esto los ha convertido en víctimas de segunda clase olvidadas por el mundo. El régimen es un bandido que con el tiempo se volvió socialmente aceptable para académicos, intelectuales, actores, políticos, millonarios y turistas. Cada uno por distintas razones: arqueología política, excentricidad, inversiones sin sindicatos, burocracias corruptibles por nada, prostitución barata, drogas, etcétera. La mitología revolucionaria convirtió a los disidentes en gusanos y a los que viven en la isla en hormigas de laboratorio de creencias fallidas.

Ahora los cubanos se dividen en dos grupos: los que tienen fula (dólares) y los que no tienen. Es decir, que quienes tienen parientes “gusanos” viviendo en Yuma (Estados Unidos) viven mejor que el resto de los cubanos. Todo en la isla es ficción: el peso, los salarios, la educación, la salud y hasta el embargo. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba y el primer suministrador de alimentos de un país que debería ser potencia agrícola. Cuba importa azúcar porque ya no es capaz de producir ni para su propio consumo. Hasta los dirigentes viven en la ficción. Vicente Botín, en su libro Los funerales de Castro, proporciona una lista de parientes de altos dirigentes que viven bien en el exterior y pueden entrar y salir cuando quieren.8 Esta lista incluye a los hijos de Ramiro Valdés y Juan Almeida, comandantes y héroes de la Revolución compañeros de Fidel. Botín cuenta de “Ubre Blanca”, la vaca mágica del experimento de Fidel Castro que fracasó, así como fracasó la mayoría de los desatinos visionarios del comandante, entre ellos los planes arroceros, el plan fresa, el café caturra, las granjas de faisanes, las plantaciones de bambú, la presa Paso Seco, la zafra de los 10 millones o la producción de quesos que superaría a la de Francia.9 Fui testigo de ocurrencias con calamares o de meter percas del Nilo en los lagos de Nicaragua.

Oficialmente no existe una economía de mercado, pero hay un gran mercado negro en el que se encuentra de todo. Estos productos son robados de almacenes del gobierno con cadenas de corrupción que involucran a muchos funcionarios y trabajadores. Conocí de un ministro que aceptó una propina de 500 dólares y durante la guerra había funcionarios del partido que pedían a los salvadoreños productos estadunidenses. La mayor aspiración de los jóvenes es vivir en Estados Unidos, el enemigo mortal del castrismo. El régimen se sostiene por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Existen en cada cuadra y su trabajo es fomentar el miedo a partir de que todos vigilen a todos. Alemania Oriental fue la matriz del modelo de seguridad cubano. Tony Judt en su libro Postguerra dice que la burocracia policial alemana tenía: 85 000 empleados, 60 000 colaboradores, 110 000 confidentes regulares y 500 000 a tiempo parcial. Seis millones de alemanes que correspondían a la tercera parte de la población tenían expedientes. En comparación la Gestapo nazi sólo contaba con 15 000 personas para toda Alemania.10 El Partido Comunista de Cuba tiene más de un millón de militantes que representan el 10 % de la población y los CDR están integrados por varios millones. Nada de esto es voluntario, porque en Cuba vivir fuera del sistema es morir.

Sin embargo, ahora los CDR se han vuelto igualmente corruptos, quieren dólares, consumir y huir al Imperio. Algunos ilusos, que jamás soportarían vivir en Cuba, creen que el régimen sobrevive porque tiene apoyo popular. Trujillo, Pinochet y el genocida Ríos Montt también tenían apoyo. Carolina Cox, izquierdista chilena procubana, hizo público su desengaño al quedar varada en La Habana por la pandemia. Cox describe en un video la ausencia de productos de higiene, la escasez de agua, las plagas en el hotel, el bloqueo al internet, etcétera.11

En 1987 se hubiera pensado que el derrumbe soviético era una ilusión, tres años después terminó. Quienes nacieron después de terminada la Unión Soviética tienen ahora treinta años, Raúl Castro tiene 89 y Ramiro Valdés 88. El “imperialismo yanki” como enemigo es ahora retórica de ancianos. Como en la desaparecida Unión Soviética, los nuevos dirigentes cubanos no dicen lo que piensan, ni piensan lo que dicen. En el 2009 el vicepresidente Carlos Lage y el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque fueron destituidos luego de ser filmados secretamente burlándose de Castro. El cambio generacional es la mayor amenaza a la burocracia comunista. El régimen teme replicar el modelo chino porque esto implicaría aceptar inversión externa en todos los sectores, permitir cubanos ricos y, lo más difícil, asumir la reunificación de la Cuba rica de la Florida con la Cuba pobre de la isla.

En política es fundamental conocer el tamaño de la fiera que enfrentamos y el contexto que la parió. El modelo político, social, económico y diplomático de Cuba parte de su credo marxista, pero también de autodefinirse como un Estado en guerra y sus planes han estado en función de su defensa frente a Estados Unidos. Esto tiene bases reales en su historia pasada y reciente con la invasión de bahía de Cochinos en 1961, en la guerra contrarrevolucionaria en la sierra del Escambray, en las operaciones terroristas que han sufrido, en los intentos de atentados a Fidel Castro, en su involucramiento en la guerra de Angola para responder a una demanda soviética y en la crisis de los misiles de 1963, el momento en que el mundo ha estado más cerca de una hecatombe nuclear.

Cuba es el único país latinoamericano que ha necesitado llevar seguimiento de lo que pasa en nuestro continente y el mundo. Sólo hay dos salas situacionales globales en América, una en Washington y otra en La Habana. El régimen no hace elecciones, pero conoce cómo funcionan y hace proyecciones sobre los resultados de éstas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Necesita prever si éstas afectarán o no su sobrevivencia. Sus servicios de inteligencia superan en capacidad, experiencia y cobertura a cualquier país latinoamericano, compiten con la CIA, el Mosad o el MI6. Cuando Cuba fue aislada del continente, fortaleció su diplomacia en África, Asia y el Caribe, logró el apoyo de muchos países y ganó posiciones en Naciones Unidas. Ha reclutado agentes en la izquierda y sabe manipular académicos, intelectuales, religiosos y políticos para integrarlos a sus redes, muchas veces sin que se den cuenta. Utilizan el sexo para chantaje, reclutamiento o inducción de posiciones políticas y saben realizar operaciones de todo tipo fuera de sus fronteras.

Jorge Masetti, hijo del guerrillero amigo del Che que murió en 1964, dedica cuatro capítulos de su libro El furor y el delirio a las operaciones encubiertas en México. Masetti se convirtió en un importante agente de los servicios cubanos y se describe a sí mismo como “hijo de la Revolución”. Las ejecuciones del general Ochoa y Tony de la Guardia lo hicieron romper con Cuba. Su testimonio revela que las actividades en México incluyeron ayuda a narcotraficantes colombianos y a diferentes grupos guerrilleros latinoamericanos para operaciones en territorio mexicano, que iban desde asaltos a bancos hasta joyerías. Cuenta además que la valija diplomática cubana se utilizaba para introducir armas o mover el dinero de las operaciones. Entre éstas menciona la recepción y traslado a Cuba de cuatro millones de dólares, fruto de un asalto de los Macheteros de Puerto Rico a un depósito de Wells Fargo en Connecticut en 1983. Masetti destaca que las operaciones encubiertas derivaron en “bandidaje revolucionario” y se extendieron a otros países del continente.12 En México suelen ocurrir secuestros de empresarios que no tienen explicación en la delincuencia local. Es difícil saber hasta dónde llega la actividad de las embajadas cubanas en su tarea de conspirar contra los gobiernos.

Dice también Masetti que uno de los objetivos que se planteaba el régimen era “hacer de la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de América Latina”;13 recuerdo que Fidel siempre decía que una guerra allí se tragaría cientos de miles de hombres. Los políticos latinoamericanos y estadunidenses han cambiado en varias generaciones. Cuba tiene abundante experiencia acumulada y muchos de sus funcionarios han permanecido décadas en sus cargos. No hay capital del continente donde la inteligencia cubana no tenga agentes activos. Defenderse desestabilizando a otros es parte esencial de su política exterior y esto no es un invento cubano. Yuri Bezmenov, desertor de la KGB, decía que el 50 % de la actividad de la inteligencia soviética se concentraba en “subversión ideológica” y desestabilización de sus enemigos.14 Esta doctrina sigue vigente, basta recordar la injerencia rusa en la última elección estadunidense.

El artículo de Orlov que enojó a Fidel Castro en 1989 decía que Cuba es un “Estado militarizado” y sigue siéndolo. Esa afirmación da sentido a todo lo planteado sobre su estrategia de defensa. A esto agrego mi propia vivencia que describo con un viejo refrán que dice: “Si digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano”.

Durante décadas ser de izquierda ha implicado no criticar al régimen cubano, aceptar que éste actúa por solidaridad y tenerle gratitud. Pero la verdad no hay nada que agradecerle, al contrario: ha instrumentalizado y sacrificado a las izquierdas nacionales por su propio interés. La muerte de Allende y la destrucción de Venezuela son algunas de las evidencias irrefutables. Nada ayuda más a las derechas que tener un competidor estúpido. Uno de mis objetivos en este ensayo es provocar a la izquierda para que deje de creer que el cielo existe, abandone la defensa de lo que no funciona, mande al infierno la religión marxista y a todos sus santos, y regrese a la tierra.

 

Joaquín Villalobos
Exjefe guerrillero salvadoreño, consultor en seguridad y resolución de conflictos. Asesor del gobierno de Colombia para el proceso de paz.


1 Latell, B. Castro’s Secrets: The CIA and Cuba’s Intelligence Machine, Palgrave Macmillan, 2012, p. 113.

2 https://bbc.in/30PkG3h.

3 https://bit.ly/3hyTU5V.

4 Pérez, C. “Combatientes chilenos en Centroamérica”, Estudios Públicos, núm. 129, 2013. Disponible en: https://bit.ly/3hH4vfj.

5 Ver el capítulo 1 “Por Cuba lloramos” en Maldonado, D. G. (seudónimo) La invasión consentida, Debate (versión electrónica), 2020.

6 Balance ofrecido por el jefe de las misiones cubanas Julio César García Rodríguez en el 2018. Tomado del capítulo 4 “El desembarco” en Maldonado, D. G. La invasión consentida, Debate (versión electrónica), 2020.

7 https://bit.ly/3jI3Go0.

8 Botín, V. Los funerales de Castro, Editorial Ariel, 2009, p. 117.

9 Ibid., p. 282.

10 Ver el capítulo XXI “La hora de la verdad” en Judt, T. Postguerra, una historia de Europa desde 1945, Taurus (versión electrónica), 2015.

11 https://bit.ly/32RUqb6.

12 Informaciones tomadas de Masetti, J. El furor y el delirio, Editorial Tusquets, 1999.

13 Ibid., p. 275.

14 https://bit.ly/2OSNCli.

Ensayo

De culpables, asesinos y víctimas

Publicamos en estas páginas el ensayo que el jurado del Premio Carlos Pereyra, en su edición 2019, eligió como ganador por su tema singular, su narrativa cuidadosa y su manejo notable de fuentes y documentos.

Vaya a buscar a la policía”, dijo el asesino al maître d’hôtel mientras le entregaba con toda tranquilidad su Browning. Según una versión incluso fue a pedir a la orquesta del hall que tocara una marcha fúnebre, no sin antes confirmar con un mesero que al menos la principal de sus tres víctimas estaba bien muerta. Nunca pretendió huir. Se quedó allí, impávido —en algún momento prendió un cigarrillo—, al fondo de la sala, como hacían los terroristas rusos de antaño cuando disparaban a los funcionarios zaristas. Ciertamente algo había cambiado desde la Revolución: ahora le tocaba a él, un ruso burgués, “blanco”, disparar en la sien a un ruso proletario, “rojo”. Y esperar a que lo arrestaran, con la mirada puesta en la Historia. El mundo al revés.

El 10 de mayo de 1923 el excéntrico emigrado ruso Moritz Conradi mató así al diplomático soviético Vátslav Vorovski en el restaurante del Hôtel Cécil, en la ciudad suiza de Lausana. En el forcejeo algunas balas perdidas hirieron a los asistentes de Vorovski, el “periodista” (en realidad espía) Iván Ahrens y el joven asesor Maxim Divilkovski. Los diarios locales enfatizaron que Conradi ya se había bebido en la mañana dos medias botellas de Dézaley, un vino del cantón de Vaud fácil de hallar en las cavas locales. Por la noche, en el Hôtel Cécil, bebió más para tomar valor. Cuando sus víctimas se sentaron a la mesa en el centro de la sala, ya llevaba “varios vasos de coñac” pagados sobre la marcha (“au fur et à mesure”, registró la Gazette de Lausanne el 12 de mayo). Como si los asesinos no pudiesen tener clase. El acento que varias crónicas pusieron en el alcohol consumido aquel día sería una forma de diluir el crimen en la bebida, sobre todo cuando se supo que, aunque nacido en el Imperio ruso, el asesino era ciudadano suizo. Los ciudadanos suizos no hacían esas cosas.

Los motivos de Conradi eran, sin duda, personales. En su primera declaración a la policía, sentado todavía en el restaurante, dijo la verdad. El crimen era venganza pura: “Perseguido por los ‘perros rojos’, mi padre murió de hambre y mi tío Victor fue fusilado en 1918. Estoy contento, aun cuando no he restituido más que un pequeño favor a la comunidad. Que Dios venga en mi ayuda”.1 Durante el juicio, en noviembre de 1923, declaró básicamente lo mismo, convencido de una pronta condena. En efecto, las chocolaterías y las fábricas de dulces “M. Konradi”, fundadas a mediados del siglo XIX en San Petersburgo por el abuelo suizo del asesino, habían sido nacionalizadas en 1918 por decreto del gobierno bolchevique. El padre de Conradi fue arrestado y, según parece, murió de inanición en un hospital al año siguiente. El resto de la familia —salvo el tío Victor— pudo volver a Suiza.

La policía de Lausana no tardó en determinar que Conradi no había actuado solo. Su cómplice, Arkadi Polunin, secretario de la Cruz Roja zarista en Ginebra,2 había sido su compañero en el ejército blanco del sur durante la guerra civil rusa (1918-1921) y en el campo de concentración de Galípoli en 1921. Polunin, arrestado a los pocos días, había conseguido la pistola y el dinero para que Conradi se alojara en Lausana. Éste no conocía la ciudad, como atestiguó un mapa local encontrado en su maletín junto a una breve autobiografía titulada Mis confesiones. Aunque no era pobre —trabajaba en la compañía Escher-Wyss de Zúrich desde su exilio— y, quizás para no privar más a su esposa de recursos cuando lo arrestaran, Conradi pidió a Polunin 100 francos adicionales con los que se compró un traje. Había que vestirse para la ocasión, pero también aparentar decencia. Suizo a fin de cuentas.

Moritz Conradi y Arkadi Polunin fueron absueltos el 16 de noviembre de 1923, después de un juicio de once días que mantuvo en vilo a Lausana, a Suiza y a las dos Rusias: la soviética y la emigrada. Contra todo pronóstico y, pese al testimonio de decenas de testigos que presenciaron el asesinato, los autores material e intelectual del crimen quedaron libres. El porqué ha llevado a no pocos historiadores y periodistas a denominarlo “el juicio del siglo”. Lo que debió ser la condena por el asesinato de un hombre a manos de otro se convirtió, gracias a la estrategia de la defensa, en un proceso en contra del comunismo, construido a partir de “evidencias” muy diversas. Entre el crimen en mayo y el juicio en noviembre, el abogado suizo de Polunin, el ultraconservador Théodore Aubert, contó con tiempo y sobre todo con la asistencia recurrente, incondicional, de una pléyade de personajes de la emigración rusa que le proveyeron información (estadísticas, testimonios, cartas), evidencias (recortes de prensa, reportes soviéticos oficiales, certificados de defunción, análisis económicos) y apoyo financiero, intelectual, diplomático y político. Con base en estos y otros materiales, a Aubert le interesaba construir una imagen del bolchevismo como la antesala del infierno —en la que él creía firmemente—, desde la política económica o religiosa hasta la represión más cruda. El trabajo de seis meses se condensó en un discurso de nueve horas a cargo del abogado ginebrino, que mantuvo en absoluta perplejidad a la audiencia y al jurado en el último día del proceso. Éste fue, sin duda, la principal influencia en el veredicto.

El esfuerzo de Aubert y de los “rusos blancos” que colaboraron con él se convirtió en la primera condena sólida, de carácter seudocientífico y profundamente convincente que aglutinó todas las convenciones y prejuicios en torno al comunismo en sus primeros seis años de existencia. La versión estenográfica del discurso de Aubert, pieza fundamental del primer anticomunismo europeo, se tradujo a varios idiomas y se presentó como “evidencia” en otros juicios: en el del anarquista Ernesto Bonomini, que asesinó al famoso periodista fascista Nicola Bonservizi en París en 1924, o en los procesos judiciales que tuvieron lugar en esos años en Francia y Dinamarca entre la Iglesia ortodoxa rusa (exiliada) y la Unión Soviética para recuperar los terrenos de las parroquias. El documento también circuló en la campaña rumbo a la elección parlamentaria de Inglaterra en octubre de 1924, que dio el triunfo al Partido Conservador ante la debacle del primer gobierno laborista.3 No obstante, la mayor consecuencia del asesinato de Vorovski, del juicio de Conradi y Polunin y del discurso de Aubert fue la creación en Ginebra de la primera organización anticomunista mundial, la Entente Internationale Anticommuniste (1924-1950). Pero la historia es más divertida por partes.

Ilustraciones: David Peón

 

En 1920 Franz Werfel publicó su primera novela, traducida más tarde en español como El culpable no es el asesino sino la víctima.4 La idea surgió de una anécdota que le contó la compositora Alma Schindler, entonces amante de Werfel. En la novela el escritor bohemio describe la relación tensa de un oficial austriaco convertido al anarquismo con su estricto padre, a quien hacia el final amaga con matar sin atreverse a hacerlo. La amenaza, sin embargo, es suficiente para mandar al joven Karl Duschek a prisión. Al salir libre, en su camino hacia una nueva vida en Estados Unidos hace escala en una feria que visitó de niño. Allí se entera de que el hijo del dueño de un pabellón de tiro asesinó a su propio padre la noche anterior. Duschek vincula entonces su conflicto interno con el crimen del parricida y escribe en una carta al fiscal a cargo del caso: “¡Ah, no! ¡Yo no me absolvería! Yo, el asesino, y él, la víctima, ambos somos culpables. Pero él… él es un poco más culpable que yo”. Para rematar, Duschek evoca un proverbio albanés —aquél que Werfel conoció por boca de Alma—: “El culpable no es el asesino, sino la víctima”.5

El proceso de Conradi y Polunin tuvo lugar en la primera década sin imperios en Europa. La pérdida de certidumbres, la conmoción de la Gran Guerra y el surgimiento de los Estados-nación convergieron en una solución política que John Borneman llamó “matar al padre”,6 es decir, el Antiguo Régimen. En algunos casos, como en los experimentos de Lenin, Mustafá Kemal o Mussolini, el parricidio se consumó; en otros, los vástagos apenas si amagaron con llevarlo a cabo (la Hungría de Horthy, la España de Primo de Rivera, la Irlanda del Estado Libre). En la orfandad de la nueva Europa, aferrada al modelo del Estado-nación, era común que se invirtieran los papeles entre víctimas y victimarios en un proceso de asignación de culpas compartidas —en el que algunos eran “más culpables” que otros. Entre 1919 y 1923 el continente vivió un proceso que repartió culpabilidades de oeste a este, mediante tratados firmados sobre las ruinas de los Imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. El asesinato de Vorovski y el proceso legal resultante se enmarcan en el derrumbe de los dos últimos. El crimen constituyó la manifestación más dramática de la confluencia entre elementos a primera vista inconexos: la salida de más de un millón y medio de rusos de su país en cinco años (1918-1922), la pregunta de qué hacer con los restos del Imperio otomano y el surgimiento de los primeros fascismos. La Conferencia de Lausana (noviembre de 1922 a julio de 1923), en la que Vorovski representaba a la delegación soviética, buscaba poner fin al desgajamiento del Imperio otomano y a la violencia étnica entre griegos y turcos. La primera frase del Tratado de Lausana, concretado el 24 de julio de 1923, dice mucho acerca del punto de vista de los vencedores y del Zeitgeist de aquel año, el primero sin violencia internacional en Europa desde el estallido de la Primera Guerra Balcánica en 1912: “Unidos en el deseo de dar por terminado el estado de guerra que ha existido en el este desde 1914…”. De esa forma 1923 marcó una nueva era de paz, si bien no hacia dentro de cada Estado, sí entre ellos.

Sin embargo, toda paz produce sus descontentos. En Europa varias heridas seguirían abiertas hasta bien entrada la década de 1920. El juicio de Conradi y Polunin no fue ni por asomo el único ejemplo de la inversión de papeles entre víctimas y victimarios, entre más y menos culpables, en aquellos años de confusión posimperial. El 15 de marzo de 1921 el revolucionario armenio Soghomón Tehlirián asesinó en Berlín a Talat Pashá, ministro del Interior otomano (1913-1917), en venganza por el asesinato de su familia en el Genocidio Armenio. Tehlirián fue liberado tras un juicio de tan sólo dos días, pese a la imagen positiva de la que Talat y otros funcionarios otomanos —viejos aliados del extinto Reich— gozaban en la Alemania derrotada. Los abogados de Tehlirián habían recurrido a Armin Wegner y a Johannes Lepsius, máximas autoridades alemanas en la documentación del genocidio armenio, y los trajeron como testigos a su favor. La conmoción en la sala al conocerse las masacres de armenios en boca de ambos hombres no sólo produjo el efecto inmediato de justificar el asesinato de Talat, sino que legó a la posteridad la difusión del genocidio armenio como se conoce hoy. El Vorwärts, diario socialdemócrata alemán, señaló durante el juicio que: “En realidad era la sombra manchada de sangre de Talat Pashá la que estaba sentada en el banquillo de los acusados; y la verdadera acusación eran los abominables Horrores Armenios, no el asesinato [de Talat] por parte de una de las pocas víctimas aún con vida”.7 Algo similar ocurrió con Sholom Schwartzbard, arrestado en París por asesinar al líder nacionalista ucraniano Simon Petliura el 25 de mayo de 1926. En el juicio, año y medio más tarde, el irreverente abogado Henri Torrès logró convencer al jurado de que, al perpetrar el asesinato, Schwartzbard estaba vengando la muerte de miles de judíos en pogromos orquestados en 1919 y 1920 por el ejército nacionalista ucraniano de Petliura.8 Al igual que Tehlirián en 1921 y Conradi en 1923, Schwartzbard salió libre en octubre de 1927 después de ocho días de audiencia. En China, Shi Jianqiao asesinó al cacique Sun Chuanfang en noviembre de 1935 en venganza por la muerte de su padre. Shi incluso recibió una disculpa oficial del gobierno nacionalista chino ante la simpatía popular que generó su juicio en 1936.9

El caso de Tehlirián, en particular, engendró una nueva concepción de la venganza que sería muy clara dos años después en las declaraciones y en el estilo de Conradi. El justiciero armenio reforzó el viejo adagio de que la venganza es “un plato que se sirve frío” en la calculada preparación del asesinato: la planificación como parte de la Operación Némesis, la renta de un apartamento cerca de la casa de Talat en el distrito berlinés de Charlottenburg, el estudio cotidiano de su objetivo. Robert C. Solomon ha descrito la venganza como un acto que contiene a menudo una “semilla de racionalidad”, especialmente si se emplea en nombre del bien común. Concebida de esta forma, la venganza se distingue de la mera retaliación, definida como la respuesta inmediata —y a veces desproporcionada— a un agravio.10 La venganza mesurada se vuelve un requisito para la inversión de papeles en un proceso legal. Es indispensable presentar la venganza como algo racional, alejarla de la retaliación, para que la interpretación de la culpabilidad del asesino se diluya en un mar de contingencias y detalles nimios en apariencia. Cuanto más fría y planificada la venganza en contra de un crimen mayor, tanto más se revela la asimetría de ambas culpabilidades. En los juicios de Tehlirián, Schwartzbard y Shi la duda no recae sobre la culpa de los asesinos, sino en su justificación. El asesino que pudo haber actuado impulsivamente prefirió esperar el momento oportuno y tener la cabeza fría pese a su enorme sufrimiento, lo que automáticamente genera empatía en un jurado y revierte el proceso de victimización. El caso de Conradi es similar, con una diferencia fundamental: él no mató a los asesinos de su padre o al último responsable de su muerte, sino a un burócrata que era culpable en tanto que representaba al Estado soviético y al ideal comunista. Y Conradi quedó satisfecho. ¿Qué es, pues, la culpa?

 

Los retratos de víctima y victimario se imprimieron pronto en la prensa suiza y en la mente de los curiosos que corrían a comprar el quotidien, el giornale o el Tageblatt en cada rincón del país de las montañas y los lagos. No pocos habrán pensado que los editores habían confundido las fotografías de ambos personajes. Sobre la leyenda “VOROWSKY” (sic) aparecía un hombre de pinta burguesa, barbado, de lentes, afable y elegante. La imagen típica de un abuelo joven que cuenta buenas historias. La Feuille d’Avis de Lausanne lo describió el día anterior a su muerte como un “profesor universitario” con pinta de “funcionario del Antiguo Régimen”. En efecto, ¿qué tenía este hombre de revolucionario? En la segunda imagen, “CONRADI” era un joven, muy joven, peinado a raya con gomina —la última moda europea—, corbata y mirada perdida en el horizonte. ¿Era este imberbe de 26 años el emigrado nostálgico de la Rusia irrecuperable de mansiones y estamentos? Al menos se procuró un bozo decente como los que se dejaban los hombres para aparentar madurez, aunque difícilmente habría sido un personaje en Mashenka —y eso que Nabokov era tres años menor que él.

Fue precisamente por una fotografía de Vátslav Vorovski, publicada en días previos en los diarios, que Moritz Conradi supo a quién disparar en el restaurante del Hôtel Cécil. El bolchevique que no parecía bolchevique ya era bien conocido entre los delegados de la Conferencia de Lausana, más por sus aspavientos en torno a los ignorados intereses soviéticos que por sus tácticas diplomáticas. La Rusia revolucionaria había sido invitada a la Conferencia desde noviembre de 1922 por insistencia de la República de Turquía, pero bajo la estricta condición de que debía ceñirse a opinar acerca de la situación de los Estrechos. Rusia tendría un estatus consultativo, sin ser propiamente una delegación oficial. Una vez que Turquía cedió a inicios de 1923 ante la exigencia británica —desmilitarización y paso de navíos internacionales por el Bósforo y los Dardanelos—, la posición soviética, que defendía el respeto a la soberanía turca, se volvió irrelevante. Cuando la Conferencia se reanudó en abril de 1923 tras un receso, ya nadie hacía caso al enviado de Lenin. Ni Francia ni Grecia ni el Reino Unido ni Rumanía ni Japón ni el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos reconocían entonces a la Unión Soviética. Sólo la Turquía kemalista y la Italia fascista mantenían relaciones de jure con Moscú, en una época en que el sufijo -ismo en la ideología de diversos regímenes aún hermanaba a los parias europeos. Mussolini incluso envió condolencias por la muerte de Vorovski, representante soviético en Roma, y propuso a París y Londres una declaración de “simpatía” entre los Aliados como respuesta al crimen. Lord Curzon y Raymond Poincaré rechazaron la moción.11 Las democracias no simpatizaban con los -ismos.

Ni siquiera la neutral Suiza reconocía a la URSS. La historia es curiosa porque había sido uno de los pocos países en entablar relaciones con el gobierno de Lenin a mediados de 1918. La guerra entonces aún no estaba decidida y las élites suizas se dividieron —sin admitirlo públicamente— entre partidarios de la Entente (generalmente francófonos) y de los poderes centrales (la Suiza alemana). Desde la Paz de Brest-Litovsk en marzo, cuando “bolchevique” y “germanófilo” se volvieron una misma cosa, hasta fines de octubre de 1918, la acumulación de diversos acontecimientos provocó una implosión de todos los sectores sociales en Suiza. A las presiones de la Entente —en particular de Francia— sobre Berna se sumó el reconocimiento tácito de la Rusia soviética en mayo y las supuestas actividades “secretas” de la legación rusa. Para colmo las tensiones aumentaron a principios de noviembre, cuando la Revolución alemana y el aniversario de la Revolución de Octubre tuvieron eco en la Huelga General de 250 000 trabajadores en toda Suiza, que estalló el día de la firma del armisticio (11 de noviembre). El gobierno helvético, abrumado por la crisis, reprimía la huelga al tiempo que ordenaba la expulsión de los “agentes” bolcheviques del país, convencidos de que éstos habían instigado los desórdenes.12 La relación bilateral entre Berna y Moscú sólo se retomaría hasta 1946.

La Huelga General de noviembre de 1918 en Suiza se convirtió en un trauma para la élite liberal-conservadora, pero también en un recurso útil en la memoria histórica que estructuró la cultura política del país en la primera mitad del siglo XX. Aunque fue producto menos de la magra agitación desde la embajada rusa en Berna que de las condiciones de trabajo de los obreros, de la efervescencia revolucionaria alemana, de la tradición socialista suiza y de la conmoción tras el armisticio, la huelga fue crucial para que personajes como Théodore Aubert dieran rienda suelta a su anticomunismo. Como muchos otros miembros de la élite conservadora, Aubert contribuyó a la creación de “uniones cívicas” contrarrevolucionarias en aquel noviembre. Organizadas políticamente, desembocaron en la Federación Patriótica Suiza en 1919 y más tarde en partidos abiertamente fascistas.13 La Entente Internationale Anticommuniste de Aubert brotó de ese semillero: el miedo al Otro, su presencia entre Nosotros, la necesidad de organizarse ante la aparente invencibilidad del enemigo y, no menos importante, la manifestación local de una lucha global —un punto que la emigración rusa entendía muy bien.

 

El BernerTagwacht, diario socialista, puso el tono sin quererlo el 12 de mayo de 1923, unas treinta horas después del asesinato de Vorovski: “El terror de los burgueses es la respuesta al terror ruso”. Fieles a la moderación del Partido Socialista suizo —que los distinguía de los comunistas—, los editores del principal periódico de izquierdas de la capital compensaron la frase con una condena al “monstruoso” crimen y una acusación al gobierno por no proteger a la delegación soviética en la Conferencia de Lausana. Lo que para la izquierda moderada era un atisbo de explicación (“respuesta al terror ruso”) se convirtió en una justificación disfrazada entre la prensa conservadora. El gobierno suizo se limitó a declarar que había sido un “acto de venganza personal” y ofreció sus condolencias a la viuda de Vorovski, pero no a Moscú: las heridas de la Huelga General y la fantasía de la “intervención rusa” seguían abiertas un lustro más tarde.

La defensa tuvo seis meses para prepararse con base en la estrategia del “terror ruso”. En sus memorias Yuri Lodyzhenski, cabeza de la vieja Cruz Roja zarista en Ginebra y superior de Polunin, presume que él reclutó a Aubert para defender a su empleado (a Conradi oficialmente lo defendió el valdense Sidney Schopfer). Las credenciales anticomunistas de Aubert estaban más que probadas. El abogado aceptó sin recibir un solo franco, ansioso de ponerse a trabajar, como reveló al decir que “este no va a ser el proceso de Conradi y Polunin, sino el proceso del bolchevismo, y el bolchevismo debe someterse a un juicio acusatorio”.14 A los recortes de la prensa anticomunista, que leía convencido desde 1917, Aubert sumó todo el material que Lodyzhenski le proveyó. Éste amasó sus “evidencias” a partir de dos fuentes: por un lado, los reportes de la Cruz Roja durante la guerra civil rusa y la hambruna de 1921; por otro, la información que le entregaron a su vez otros emigrados rusos prominentes que vivieron, atestiguaron o imaginaron la represión bolchevique en los primeros años del experimento soviético.

La participación de los exiliados rusos en la construcción de la defensa de Conradi y Polunin tuvo dos vertientes. La mayoría de las figuras que se entrevistaron con Aubert y Lodyzhenski lo hicieron tras bambalinas, en restaurantes, cafés y apartamentos. Mediante su participación cada actor deseaba no tanto contribuir a la causa “blanca” en el exilio como reivindicar su propia posición dentro de ella, cosa que evidenció su total desarticulación. Aleksándr Guchkov, exministro de Guerra del Gobierno Provisional de 1917, intentó quedar bien con la emigración militar desperdigada en los Balcanes, que constituía un potencial ejército para cuando llegara el momento de retomar la patria. Según Lodyzhenski, él y Guchkov discutieron “a detalle todo el plan de la defensa, desde la recolección del material, la selección de testigos y la organización de la propaganda hasta la parte financiera del asunto”.15 Vasili Maklakov, quien aún fungía como embajador oficial en París de una Rusia que ya no existía, trataba de refrendar algo de autoridad diplomática entre sus pares. Aleksándr Kérenski, el primer ministro destronado por los bolcheviques, buscaba resucitar políticamente. Temiendo sus “erupciones verbales”, Lodyzhenski le pidió limitarse a mandar una carta con su testimonio. La emigración cultural también participó en la preparación de la defensa: Iván Bunin, Dmitri Merezhkovski, Aleksándr Kuprín y, sobre todo, Iván Shmeliov. En una carta que causó gran impresión en el juicio, Shmeliov relató la muerte de su hijo en Crimea en combate contra el Ejército Rojo en 1920, además de denunciar las muchas “masacres” bolcheviques que, según él, los números “oficiales” no reflejaban.16 Los testimonios de estas y otras figuras de la emigración rusa quedaron registrados por boca de Aubert en su largo discurso.

La segunda forma de participación en el proceso fue directa, desde el banquillo de los testigos. Lo curioso es que hubo más emigrados en persona por la parte acusatoria —seleccionados meticulosamente desde Moscú— que por la defensa. Ésta sólo contó con el testimonio presencial de Lodyzhenski. Por el contrario, los demandantes, que encarnaban el prestigio soviético en el juicio, trajeron a tres emigrados que testificaron a favor de la viuda y la hija de Vorovski y de sus asesores heridos en el atentado, Ahrens y Divilkovski. Los nombres de aquellos testigos no dicen mucho: Serguéi Dobrovolski, Yevgueni Dostoválov, Yuri Kliúchnikov. No obstante, estos personajes habían sido actores relevantes de la causa blanca en la Guerra Civil. Los dos primeros tuvieron altos rangos en los ejércitos de los generales Denikin y Vránguel en el sur; Kliúchnikov había sido canciller del almirante Kolchak en Siberia. ¿Qué hacían ahora, en 1923, del lado del enemigo rojo? La respuesta es tan simple como compleja. Los tres eran parte de esa primera grieta en la emigración rusa que desde 1921 vio, tanto en la victoria bolchevique como en el relajamiento de la Nueva Política Económica, un renacimiento nacional de Rusia al mando de Lenin. Eran smenovéjovtsy, la tendencia de los “cambios de referencias”, que pretendía hacer la paz con el marxismo-leninismo al tiempo que vislumbraba la posibilidad de transformar a Rusia desde dentro en el largo plazo.

A diferencia de los smenovéjovtsy, la participación de otros testigos por la parte acusatoria como Fabrizio Maffi, Henri Barbusse o Charles Rappoport —destacados socialistas— resulta menos escandalosa. Incluso la de George Montandon quien, dos décadas antes de ser uno de los médicos que determinaban si tal o cual prisionero era “judío” o no previa inspección facial en la Francia de Vichy, se decía comunista. Montandon también era el médico de guardia que atendió las heridas de Ahrens y Divilkovski y, casualmente, acababa de publicar dos trabajos acerca de su experiencia en la guerra civil rusa como voluntario de la Cruz Roja. Pero quizá el testigo más interesante de todos en la lista original a favor de la parte demandante fuese Giovanni Antonio Colonna, duque de Cesarò, a quien la Tribune de Lausanne describió como un “testigo fascista”. En efecto, la embajada soviética en Roma —con el visto bueno de Moscú— había solicitado incorporar al duque, ministro de Correos del gobierno de Mussolini, como testigo. Sin embargo, en la víspera del juicio los abogados de Ahrens, Divilkovski y la familia de Vorovski desecharon su intervención porque tendría simplemente el carácter de un “testimonio moral”.17 El duque se limitó a enviar una carta en la que describía a Vorovski como un hombre “serio”.18 No sorprende que el nombre de Cesarò sonara en diciembre como posible embajador “fascista” en Moscú,19 lo cual nunca se concretó. Estas muestras de pragmatismo tan sólo evidencian en qué medida el proceso de Lausana trastocó los lugares comunes acerca de la supuesta división tajante entre rusos “blancos” y “rojos”, pero también entre comunismo y anticomunismo en términos más generales. En pocas palabras, el pragmatismo soviético temprano, reflejado en la selección de testigos y abogados, era un elemento a considerar seis años después de la Revolución de Octubre. En ese momento la URSS exploraba el terreno hacia dentro con la Nueva Política Económica y hacia fuera con una diplomacia que esperaba abrirse camino en el concierto de naciones. El leninismo, precisamente porque era un experimento, era constantemente errático.

 

El 1.° de noviembre de 1923 la Tribune de Lausanne anunció que, durante los diez días programados para la cobertura del juicio, la suscripción al diario costaría sólo un franco. Días después, aprovechando la presencia de “varias personalidades rusas” en la ciudad, la Gazette de Lausanne recomendó asistir a MichelStrogoffen la Kursaal para “revivir las tradiciones y costumbres del antiguo imperio de los zares”.20 Estas promociones evidenciaban la fascinación que suscitaba el proceso legal. El Tribunal Criminal del Cantón de Vaud no se quedó atrás. Desde el 25 de octubre el magistrado presidente decidió trasladar la sede del juicio a la grande salle del Casino de Montbenon para acoger a un público mayor, algo inaudito a juzgar por la reacción de la prensa conservadora. La Gazette describió el casino como un “edificio más propio de representaciones teatrales que de un proceso criminal” y criticó el cambio al decir que se trataba de “procedimientos que no están en nuestras costumbres [qui ne sont pas dans nos mœurs]”.21 La Tribune imprimió un plano de la sala que ocupa casi media página en la edición del 5 de noviembre, primer día del juicio. La nueva sede no era ajena a los atentos. El 21 de noviembre de 1922 Lord Curzon había inaugurado allí mismo la Conferencia de Lausana. Había sido un año agitado en la ciudad.

Las gacetas de derechas no podían saberlo, pero el cambio de auditorio, amparado en la teatralidad anticipada, fue uno de los factores que influyeron en la eventual absolución de Conradi y Polunin. El cobijo de los “Ooooh” y los “Aaaah” entre la audiencia sería el tegumento de la oratoria y los testimonios. Aubert, escrupuloso hasta el final, buscaba precisamente eso. Había que impresionar y conmover al jurado; mientras más crudo el relato, mejor. No es descabellado pensar que la decisión de cambiar la sede, que el presidente del Tribunal atribuyó a la presión del procurador y del síndico, haya provenido de la oficina del influyente abogado ginebrino. En los días previos al juicio de Vera Zasúlich (31 de marzo de 1878), quien disparó al gobernador de San Petersburgo dos meses antes, el presidente del Tribunal, Anatoli Fiódorovich Koni —uno de los juristas más liberales del zarismo tardío—, repartió “boletos” entre la clase letrada de la capital para que el público, aunque limitado, ejerciera presión sobre el jurado. Después de tan sólo seis horas de juicio, la “terrorista” Zasúlich quedó absuelta, un caso sin precedentes en el Imperio ruso.22

El dramatismo tampoco faltó en ningún momento en el juicio de Lausana. Desde el primer día los abogados de la defensa, Schopfer y Aubert, trataron de salirse por la tangente con diatribas y gesticulaciones —como si hablaran desde un balcón. Schopfer cuestionó, por ejemplo, si la viuda y la hija de Vorovski eran en realidad quienes decían ser, insinuación que el juez rechazó. Las intervenciones airadas de ambos tenían mucho sentido. Había que distraer al jurado a la menor oportunidad con aparentes nimiedades porque el caso estaba perdido desde un inicio: Conradi confesó su crimen, Polunin declaró su complicidad; ambos eran culpables de asesinato y había decenas de testigos. Dos de los demandantes, Ahrens y Divilkovski, habían sido heridos con la misma arma del crimen. Ante este escenario, la única estrategia de la defensa era llamar la atención sobre otras cosas. Había que apelar a los motivos del homicidio y la única forma posible era justificarlo. Por esta razón Schopfer y Aubert trajeron como testigos al gerente, los meseros y el conserje del Hôtel Cécil. Todos testificaron haber visto a Conradi disparar a Vorovski. Cinismo aparte, no había que dejar duda de que el crimen en efecto había ocurrido así. Lo que seguía era explicar por qué.

Tras el desfile de testigos y las batallas verbales de los abogados, el juicio de un hombre por el asesinato de otro se transformó en un debate inagotable sobre todo tipo de cosas: el comunismo, los límites de la diplomacia, la “civilización”, la Revolución rusa, la derrota blanca en la Guerra Civil, la utilidad de la estadística, el ateísmo, la ley, la mortandad, la propaganda política, la Cheká, el uso de la violencia para el bien común, la pena de muerte, la disolución del Imperio otomano, la Gran Guerra, la legitimidad de los Aliados, el nacionalismo, la historia de Suiza —no podía faltar Guillermo Tell, quien mató al tirano Gessler para beneficio de todos los suizos y a cuya estatua Aubert apuntó por la ventana del Casino—, el terrorismo, el martirio, la corrupción (moral y financiera), la fisionomía de los bolcheviques, la política soviética de nacionalidades, el judaísmo e incluso el fascismo temprano. En esencia, fue un momento histórico en el cual, en una misma sala, se forjaron muchos de los lugares comunes acerca del comunismo y el anticomunismo.

El discurso de Aubert fue el depositario de todo ese contenido. Abro la versión estenográfica al azar, página 52: “Había académicos, hombres de letras, músicos y pintores en Rusia que eran un honor para ese gran país. Toda esta élite, aquéllos que han sobrevivido las masacres y la hambruna, no pueden siquiera hallar la soledad; está prohibido, y es imposible vivir excepto en esclavitud, porque si uno no acepta ser un esclavo uno no puede comer”.23 Otra página, la 103: “Los sótanos de estos lugares hieden a cadáveres, las paredes están cubiertas y el suelo húmedo de sangre. Quedan pedazos de cerebro, piel, cabello, fragmentos de cráneos, pedazos de huesos. Había 127 cadáveres desnudos, negros e hinchados, de la última carnicería en el jardín, los rostros completamente desfigurados. En una fosa pública había ochenta cadáveres con los intestinos abiertos, los miembros cortados en trozos, cabezas sin lenguas ni narices, bocas llenas de tierra hasta los órganos respiratorios. En otros lados han disparado a sus víctimas acostadas bocabajo en albercas de sangre”.24 La descripción de Trotski en la página 14 pasa por su origen judío: “Trotsky-Bronstein, el gran Comandante del Ejército Rojo, vivió en Suiza, luego en Estados Unidos. Es delgado, del tipo semítico, con frente amplia coronada por cabello negro y grueso. [Posee] una fisionomía tozuda, astuta y violenta, pero también conoce el miedo”.25 No es difícil imaginar la impresión que causaron estas imágenes —por mencionar sólo algunas—, adornadas durante nueve horas con la brillante oratoria de Aubert, en un jurado compuesto por un cerrajero, dos carteros, un carnicero, un vendedor de gasolina, un naviero, un conserje, un artesano y un tasador, habitantes de diversos pueblos de la Suiza francófona.

La decisión del jurado el 16 de noviembre fue de cinco votos por la culpabilidad de Conradi y Polunin y cuatro por su inocencia. Sin embargo, según la ley del cantón de Vaud, se trataba de un caso de minorité de faveur: dado que había sólo un voto de diferencia, los acusados obtuvieron su libertad sujeta al pago de algunos gastos. El DroitduPeuple, diario socialista, registró: “La audiencia se levantó en medio de aplausos, rápidamente reprimidos, de un público que no tiene nada de democrático”.26 Por esos días Hitler era arrestado en Múnich tras su fallido golpe de Estado en el Bürgerbräukeller. En el intento murió su cofrade, otro oriundo del Imperio ruso: el germano-báltico Max Erwin von Scheubner-Richter, quien había testificado a favor de Tehlirián y la causa armenia en el juicio de Berlín. El mundo al revés; qué duda cabe.

 

Siete meses después de su victoria Théodore Aubert fundó la Entente Internationale Anticommuniste. En el afán de traducir su discurso en activismo, se mantuvo al frente de ella hasta su clausura en 1950. Gracias a su impronta ultraconservadora, la organización abarcó un espacio considerable en la agitación anticomunista mundial antes de la Guerra Fría, legado que ha sido sorprendentemente ignorado por los historiadores hasta la fecha. En su obsesión por emular —en sentido inverso— la tarea de la Tercera Internacional o Comintern, la Entente se dividió en secciones nacionales y temáticas. A cargo de la sección rusa, conformada desde luego por emigrados, quedó Lodyzhenski, quien trasladó a ella la estructura de la Cruz Roja zarista. Es interesante que, en el intento por imitar los tentáculos reales e imaginarios de la Comintern, la Entente fundó una sección para mujeres, elemento curioso para una institución ultraconservadora. De igual forma, como la Comintern era oficialmente atea, la Entente creó su propia comisión “Pro Deo”.27

La ambición de Aubert, inversamente proporcional a la modestia de la oficina central de la Entente en Ginebra, concibió tres estrategias para fomentar su activismo: el cabildeo personal con actores políticos y económicos, la diseminación de panfletos anticomunistas en la prensa de distintos países y la creación de una red informal de contactos para recabar información acerca de las actividades del comunismo internacional, con el objetivo de frenarlas en la medida de lo posible. Aunque su influencia real es complicada de asir, la Entente era bien conocida entre la derecha europea. Aubert se entrevistó con Mussolini (1925) y Pétain (1927) y colaboró, aunque de forma cauta y distante, con Hitler desde 1933.28 Francisco Franco mencionó a Brian Crozier que entre 1928 y 1936 había sido un suscriptor entusiasta de los boletines de la Entente, lo que consolidó su anticomunismo.29 La escasez de estudios acerca de esta organización es inaudita si se toma en cuenta la amplitud y accesibilidad de su archivo en la Biblioteca Pública de Ginebra y los avances historiográficos de las últimas dos décadas, en especial el trabajo de Michel Caillat. La Entente se disolvió en noviembre de 1950. La justificación recayó en que, en plena Guerra Fría, “una entente directa entre los gobiernos de Occidente” se había apropiado ya del discurso anticomunista con mayor ahínco y más recursos.30 Lodyzhenski, el número dos de la institución, se convirtió en secretario personal del heredero al trono imperial ruso, el gran duque Vladímir Kiríllovich Romanov, exiliado en la España franquista. En 1952 Lodyzhenski se mudó a Brasil y murió en Río de Janeiro en 1977.

El gobierno soviético convirtió a Vátslav Vorovski en un mártir. Se le dio un funeral de Estado y fue enterrado en el Kremlin con honores. Varias calles en la Federación Rusa hasta la fecha llevan su nombre. Aún persiste una estatua suya detrás del edificio del FSB en Lubianka, en el centro de Moscú, levantada el 10 de mayo de 1924 en el aniversario de su asesinato. Vladímir Maiakovski coronó la hipérbole apoteósica en su breve poema Vorovski (1923), de la misma manera en que el poeta emigrado Konstantín Balmont elogió a Conradi en ocho líneas tituladas La letra k (1928).31 La viuda de Vorovski, Yulia Tolochko, muy trastornada por la pérdida de su marido, falleció diez días después de conocer el veredicto del juicio, mientras estaba internada en una clínica en Sankt Blasien, al sur de Alemania.32

Entre 1937 y 1945 hubo sólo dos formas de morir en la Unión Soviética para todo bolchevique fiel. La primera correspondió a Iván Ahrens, el “periodista” que los servicios de seguridad soviéticos habían puesto a disposición de Vorovski. Nacido como Isaak Izráilevich Alter, Ahrens fue cesado de su gestión como cónsul en Nueva York (1935-1937) y ejecutado por “espionaje” el 11 de enero de 1938 a las afueras de Moscú tras un juicio sumario. Al conocer la sentencia expedita, ¿habrá pasado por su mente aquella noche en el Hôtel Cécil? ¿Habrá pensado que entonces sí valía la pena morir por la Revolución? Maxim Divilkovski, en cambio, hizo carrera como físico-matemático después del episodio suizo. Llegó a trabajar en el Instituto de Física Lébedev en Moscú, donde le esperaba el futuro soñado de un apartamento propio, vales para tiendas exclusivas y, por qué no, algún busto en la Academia de Ciencias. Sin embargo, durante la Gran Guerra Patriótica fue voluntario en el frente y cayó combatiendo al ejército alemán en el crudo invierno de 1942.33

Al no ser ciudadano suizo, Arkadi Polunin se vio obligado a salir de la Confederación Helvética después del juicio. Con ayuda de Lodyzhenski se trasladó a París y durante diez años fue un agente activo de la causa emigrada rusa. Polunin murió el 23 de febrero de 1933 en un hospital de Dreux después de “sentirse mal” en un tren. Según Lodyzhenski su empleado dejó el mundo en “circunstancias extrañas”,34 es decir, envenenado por agentes soviéticos. De esta teoría hizo eco el siempre paranoico Arkadi Vaksberg, quien llegó tan lejos como para aducir que Polunin había sido un agente de la policía bolchevique desde el momento en que consiguió el arma que mató a Vorovski.35 La acusación no se ha comprobado a la fecha.

Moritz Conradi murió varias veces. Después del juicio se mudó a París en 1925. Como buen militar en reserva se inscribió en la Legión Extranjera. En 1931 se anunció su suicidio en Mequínez, Marruecos. Un mes después la prensa aclaró que se trataba de su hermano.36 Su segunda muerte ocurrió en 1944 como miembro de la Résistance a manos del ejército alemán.37 La tercera vino en octubre de 1946 en algún lugar de Suiza, según un historiador que ni siquiera menciona la causa.38 La cuarta —y, al parecer, definitiva— muerte de Conradi tuvo lugar el 7 de febrero de 1947 en su casa en Chur, cantón de Graubünden, de donde su familia había emigrado al Imperio ruso un siglo atrás. Los registros locales muestran que “murió en soledad” y, a decir de Alfred Senn, el alcohol tuvo mucho que ver.39 El año anterior la URSS y Suiza habían establecido oficialmente relaciones diplomáticas. Quizá su corazón de 50 años no resistió esa combinación.

 

Rainer Matos Franco
Estudió una maestría en Estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad Europea de San Petersburgo y otra en Historia Aplicada e Interdisciplinaria. Es autor de Historia mínima de Rusia y de Limbos rojizos. La nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista.

Este texto es parte de una investigación actual en el programa conjunto de doctorado “Global History of Empires” de la Higher School of Economics de San Petersburgo y la Universidad de Turín.


1 Tribune de Lausanne, 5 de noviembre de 1923, p. 1.

2 Heredera de la Cruz Roja rusa imperial, con sede en Ginebra y que para entonces contaba con un puñado de empleados. A la par había una Cruz Roja soviética, con una oficina también en Ginebra y cuya cabeza, Serguéi Bagotski, fungía como embajador soviético de facto en Suiza tras la expulsión de la legación soviética en noviembre de 1918.

3 Aubert, M. Th. Bolshevism’s Terrible Record. An Indictment, Small, Maynard & Co., Boston, 1925.

4 Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig, Kurt Wolff, Leipzig, 1920.

5 Wagener, H. Understanding Franz Werfel, University of South Carolina Press, Columbia, 1993, pp. 73-77.

6 Borneman, J. (ed.), Death of the Father. An Anthropology of the End in Political Authority, Berghahn, Nueva York, 2004.

7 Ihrig, S. Justifying Genocide. Germany and the Armenians from Bismarck to Hitler, Harvard University Press, Cambridge, 2016, p. 235.

8 La culpabilidad de Petliura todavía se debate. Véase Kelly Johnson, “Scholem Schwartzbard: Biography of a Jewish Assassin”, tesis doctoral, Universidad de Harvard, 2012.

9 Lean, E. Public Passions. The Trial of Shi Jianqiao and the Rise of Popular Sympathy in Republican China, University of California Press, Berkeley, 2007.

10 Solomon, R. C. “Justice v. Vengeance. On Law and the Satisfaction of Emotion” en Susan Bandes (ed.), The Passions of Law, New York University Press, Nueva York, 1999, pp. 121-148.

11 Cassels, A. Mussolini’s Early Diplomacy, Princeton University Press, Princeton, 1970, p. 186.

12 Senn, A. E. Diplomacy and Revolution. The Soviet Mission to Switzerland, 1918, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1974.

13 Caillat, Michel, et al. “Une source inédite de l’histoire de l’anticommunisme: les archives de l’Entente Internationale Anticommuniste (EIA) de Théodore Aubert (1924-1950)”, Matériaux pour l’histoire de notre temps, 73, 2004, p. 27.

14 Lodyzhenski, Y. I. Ot Krasnogo Kresta k bor’be s Kominternom, Airis-Press, Moscú, 2007, p. 242.

15 Ibid., pp. 243-244.

16 Ibid., pp. 248-249.

17 “Le procès Conradi”, Tribune de Lausanne, 5 de noviembre de 1923, p. 2.

18 “Conradi devant ses juges: Audience de samedi après-midi”, Gazette de Lausanne, 11 de noviembre de 1923, p. 2.

19 “L’Italie, les Soviets, et la S.d.N.: Accord avec les soviets”, Gazette de Lausanne, 23 de diciembre de 1923, p. 6.

20Michel Strogoff au Kursaal”, Gazette de Lausanne, 6 de noviembre de 1923, p. 2. Por la redacción del aviso se entiende que se trata de la película muda Michael Strogoff (1914) de Lloyd B. Carleton, basada en la novela (1876) de Verne. Sin embargo, es probable que se refiriera a la obra teatral de 1880, adaptada por el propio Verne y Adolphe D’Ennery. La Kursaal de Lausana era teatro, cine y sala de conciertos a la vez.

21 “Le procès Conradi”, Gazette de Lausanne, 2 de noviembre de 1923, p. 3.

22 Borisova, T. “Public Meaning of the Zasulich Trial, 1878”, Russian History, 43, núms. 3-4, 2016, pp. 221-244.

23 Aubert, M. Th. ob. cit., p. 52.

24 Ibid., p. 103.

25 Ibid., p. 14.

26 “Le procès Conradi”, Le Droit du Peuple, 17 de noviembre de 1923, p. 2.

27 Roullin, S. Un Credo anticommuniste. La commission Pro Deo de l’Entente Internationale Anticommuniste ou la dimension religieuse d’un combat politique, 1924-1950, Antipodes, Lausana, 2010.

28 Caillat, M. “Théodore Aubert and the Entente Internationale Anticommuniste: An Unofficial Anti-Marxist International”, Twentieth Century Communism, 6, 2014, pp. 82-104.

29 Crozier, B. Franco: A Biographical History, Eyre and Spottiswoode, Londres, 1967, pp. 92-93. Así lo confirma Paul Preston en Franco. A Biography, Harper Collins, Londres, 1993, p. 61, y sobre todo Herbert R. Southworth en Conspiracy and the Spanish Civil War. The Brainwashing of Francisco Franco, Routledge, Londres, 2001, pp. 129-191.

30 Caillat, M. L’Entente Internationale Anticommuniste de Théodore Aubert. Organisation interne, réseaux et actions d’une internationale antimarxiste, 1924-1950, Société de l’Histoire de la Suisse Romande, Lausana, 2016, p. 686. Ver Caillat, M. “ L’Entente Internationale Anticommuniste de Théodore Aubert et ses archives”, Traverse. Zeitschrift für Geschichte/Revue d’Histoire, 13, 2006, pp. 12-18.

31 El poema de Balmont alaba a varios personajes cuyos apellidos inician con k y que dispararon a bolcheviques prominentes: Fanni Kaplán, quien hirió a Lenin en agosto de 1918; Leonid Kannegiser, asesino de Moiseí Uritski en el mismo mes; Conradi (que en ruso se escribe con k) y Borís Koverdá, quien mató a Piotr Vóikov, embajador soviético en Varsovia, en junio de 1927.

32 “Mort de Mme Vorowski”, Le Droit du Peuple, 28 de noviembre de 1923, p. 4.

33 Grezin, I. “Ubiistvo Vorovskogo i protsess Konradi: zhertvy, palachi i geroi”, Nasha Gazeta, 18 de enero de 2012: https://nashagazeta.ch/news/12653.

34 Lodyzhenskii, Yuri, ob. cit., p. 258.

35 Vaksberg, A. Toxic Politics. The Secret History of the Kremlin’s Poison Laboratory—From the Special Cabinet to the Death of Litvinenko, trad. de Paul McGregor, Praeger, Santa Barbara, 2011, p. 24.

36 “Conradi n’est pas mort”, Gazette de Lausanne, 25 de abril de 1931, p. 4.

37 “Sud’ba Kapitana Konradi”, Chasovoi, núm. 336, noviembre de 1953, p. 17.

38 Tuliakov, S. P. “Pochemu byl opravdan sudom ubiitsa Vorovskogo”, Nezavisimoe, 29 de septiembre de 2006: http://nvo.ng.ru/spforces/2006-09-29/7_killer.html.

39 Senn, A. E. Assassination in Switzerland. The Murder of Vatslav Vorovsky, University of Wisconsin Press, Madison, 1981, p. 193. Así lo confirma “Conradi est mort”, Gazette de Lausanne, 11 de febrero de 1947, p. 6.

Ciudad de libros

Stalin: a la altura del mito

“Aquí está, el más grande y más importante
de nuestros contemporáneos…
De tamaño completo se impone sobre
Europa y Asia, sobre el pasado y el presente.
Es el más famoso y sin embargo
el hombre menos conocido del mundo”.
Henri Barbuse, Stalin, 1935

Iósif Stalin era un ser humano. Coleccionaba relojes. Jugaba bolos y billar. Amaba la jardinería y los baños de vapor rusos. Tenía trajes y corbatas pero nunca los utilizaba; a diferencia de Lenin y, a diferencia de Bujárin, no le gustaban las camisas campesinas tradicionales o las chamarras negras de cuero. Se vestía con una túnica semimilitar gris o caqui, abrochada hasta arriba, junto con pantalones caqui que metía dentro de sus altas botas de cuero. No utilizaba portafolio, pero a veces llevaba documentos dentro de carpetas o envueltos en periódico. Le gustaban los lápices de colores —azul, rojo, verde— que producía la fábrica de Moscú de Sacco y Vanzetti (construida originalmente por la compañía estadunidense Armand Hammer). Tomaba agua mineral Borjomi, vino rojo Jvanchkará y vino blanco Tsinandali, todos provenientes de su país de origen, Georgia. Fumaba pipa y utilizaba el tabaco de los cigarrillos Flor de Herzegovina, los cuales desliaba e introducía en la pipa; normalmente eran dos. Mantenía su escritorio en orden. Sus dachas tenían tapetes encima de las alfombras, e intentaba caminar sólo sobre ellos. “Recuerdo que una vez tiró un poco de ceniza de su pipa sobre la alfombra”, recordó Artiom Serguéiev, quien durante un tiempo vivió en la casa de Stalin tras la muerte de su padre, “y él mismo con un cepillo y una navaja la recogió”.

Stalin era un apasionado de los libros, anotaba en ellos y los llenaba con papeles para encontrar pasajes. (Su biblioteca personal terminaría siendo de 20 000 volúmenes.) Hizo anotaciones en textos de Marx y Lenin, pero también en textos de Platón y del estratega alemán Clausewitz, así como en textos de Aleksandr Svechin, un exfuncionario zarista en quien Stalin nunca confió pero que demostró que la única constante en la guerra es la ausencia de constantes. “Stalin leía muchísimo”, apuntó Artiom. “Y siempre, cuando lo veíamos, preguntaba qué estaba leyendo y qué pensaba de lo que leía. En la entrada de su estudio, recuerdo, había una montaña de libros en el suelo”. Stalin recomendaba los clásicos —Gógol, Tolstói— y le decía a Artiom y Vasili que “durante la guerra habría muchas situaciones a las que nunca se habían enfrentado antes. Tendrían que tomar decisiones. Pero si leían mucho, encontrarían en su memoria las respuestas para conducirse a sí mismos y saber qué hacer. La literatura se los diría”. Entre los autores rusos, el favorito de Stalin probablemente era Chéjov, quien según él redondeaba a los villanos, no sólo a los héroes. Aunque, a juzgar por las referencias esparcidas entre sus escritos y sus discursos, Stalin pasaba más tiempo leyendo las belles-lettres de la época soviética. Sus notas al margen en lo que fuese que estuviera leyendo casi siempre eran irreverentes: “Basura”, “Tonto”, “Escoria”, “Vete a la mierda”, “¡Ja ja!”.

Su trato era tosco. Cuando, en abril de 1930, un alto funcionario económico dibujó una caricatura en tinta negra en la que el comisario de finanzas Nikolái Briujánov colgaba de su escroto, Stalin escribió junto a ella: “A los miembros del Politburó, por todos sus pecados actuales y futuros, Briujánov será colgado de los huevos, si los huevos aguantan, la corte lo declarará inocente; si los huevos no aguantan deberá ser ahogado en el río”. Pero Stalin cultivó una imagen de estadista, editaba sus chistes y lenguaje obsceno de las transcripciones de las reuniones oficiales que circulaban internamente. A veces gesticulaba en el aire con el dedo índice para hacer énfasis en sus discursos, pero normalmente evitaba el histrionismo. “Todos los gestos de Stalin eran calculados”, recordó Artiom. “Nunca gesticulaba de forma marcada”. Artiom también encontró que su padre adoptivo era reservado en cuanto a cumplidos se refiere. “Stalin nunca utilizó expresiones superlativas: maravilloso [chudesño], elegante [shikarno]. Decía ‘bien’ [joroshó]. Nunca pasaba de ahí. También podía decir ‘aceptable’ [goditsia]. ‘Bien’ era el mayor cumplido que podía salir de su boca”.

Stalin invocaba a Dios cotidianamente (“Dios no lo quiera”, “Que Dios nos perdone”), y se refería a los fariseos y otros personajes de la Biblia. En su ciudad natal de Gori había vivido frente a una catedral, ido a la escuela parroquial, cantado beatíficamente en el coro y pensado en convertirse en cura o monje; incluso consiguió entrar al seminario de Tiflis, donde rezaba entre nueve y diez veces al día y donde completó toda la carga académica salvo los exámenes del último año. Para entonces se había versado en la literatura prohibida, empezando por Victor Hugo, y evolucionando hacia Karl Marx, al grado de terminar detestando la religión organizada y de abandonar su religiosidad. Los rumores de que Stalin acudía a las misas durante la década de los treinta nunca se han podido comprobar. En sus notas en libros de Dostoyevski y Anatole France se mantuvo interesado en los temas de Dios, la Iglesia, la religión y la inmortalidad, pero la profundidad y naturaleza de su interés siguen siendo difíciles de medir. Sea como fuere, ya había abandonado las nociones cristianas del bien y el mal mucho tiempo atrás. Su brújula moral era el marxismo-leninismo.

Parece que tuvo pocas amantes, y nunca un harem. Su vida familiar no era particularmente feliz o infeliz. Su padre, Beso, se murió relativamente joven, algo común a principios del siglo XX; su madre, Keke, vivía sola en Tiflis. Su primera esposa, Ketevan “Kato” Svanidze, georgiana con la que se casó en 1906, murió en agonía de una enfermedad al año siguiente en Bakú. Se casó, por segunda vez, con Nadezhda Alliluyeva, una rusa mejor conocida como Nadia que nació en Tiflis en 1901 y también vivía en Bakú. Stalin la conocía desde que era una bebé. Se habían casado en 1918, cuando él oficialmente tenía 39 años (en realidad tenía 40). Ella trabajaba como su secretaria, después como una de las secretarias de Lenin, pero tenía mayores ambiciones. La pareja tenía dos niños saludables, Vasili (nacido en 1921) y Svetlana (nacida en 1926). También tuvo un hijo de su primer matrimonio, Yákov (nacido en 1907), a quien abandonó durante los primeros 14 años de su vida. Stalin evitó contacto alguno con sus familiares consanguíneos. Sí vivió entre sus parientes políticos —los múltiples hermanos y hermanas de Kato y Nadia, así como sus esposas y esposos— pero su interés en ellos disminuyó con el paso del tiempo. Su vida personal se subsumía a la política.

Ilustraciones: Izak Peón

 

Stalin era un comunista y un revolucionario. No era ningún Danton, el agitador francés que podía treparse a una tribuna y encender a la multitud (hasta que lo guillotinaron en 1794). Stalin hablaba suavemente, a veces era incluso difícil de escuchar por un defecto en sus cuerdas vocales. Tampoco era un tipo apuesto, como el aviador Italo Balbo (nacido en 1896), un squadrista de los camisas negras que llevaba un cigarrillo colgando de los labios y representaba el ideal fascista del “hombre nuevo” al liderar flotas de aviones en formación a través del Mediterráneo y después del Atlántico; al grado de que obtuvo reconocimiento internacional (hasta que murió en un choque causado por las armas antiaéreas de su propio país). Stalin palidecía cuando volaba y lo evitaba a toda costa. Le encantaba que le llamaran Koba, como el héroe de las leyendas georgianas y como el benefactor que financió toda su educación, pero un amigo de la niñez le puso Geza, una palabra del dialecto de Gori que describía la manera diferente de caminar que había desarrollado Stalin después de un accidente. Tenía que dar toda la vuelta con la cadera para poder dar un paso. Éste y otros defectos físicos le afectaban. Una vez, cerca de los baños medicinales de Matsesta, en el Cáucaso que tanto amaba, según su guardaespaldas Stalin encontró a un niño de alrededor de seis años, “le extendió la mano y le dijo ‘¿Cómo te llamas?’, ‘Valka’, respondió el niño con firmeza. ‘Bueno, mi nombre es Cicatrices de Viruela’, dijo Stalin. ‘Ahora ya nos conocemos’”.

Como la torcida columna del Ricardo III de Shakespeare, es tentador encontrar deformidades similares en las fuentes de la tiranía sangrienta: tormento, desprecio por uno mismo, furia interna, soberbia, una manía por la adulación. El niño de Matsesta era más o menos de la misma edad que tenía Stalin cuando contrajo la enfermedad cuyas cicatrices perpetuas portaba en su nariz, labio inferior, barbilla y mejillas. Sus cicatrices eran eliminadas de las fotografías públicas, y su torpe caminar escondido de la vista del público. (Filmarlo mientras caminaba estaba prohibido.) Quienes lo veían por primera vez observaban el desfiguramiento facial y el movimiento extraño, así como las señales de inseguridad. Le encantaban los chistes y las caricaturas, pero nunca sobre sí mismo. (Claro que Lenin, el supuestamente ultraconfiado, tampoco permitió que se imprimieran caricaturas, incluso amigables, sobre sí.) El sentido del humor de Stalin era perverso. Quienes se reunían con él se daban cuenta de que tenía un saludo débil y que no era tan alto como se veía en fotografías. (Medía 1.70, más o menos lo mismo que Napoleón, y tres centímetros menos que Hitler, quien medía 1.73.) A pesar de su sorpresa inicial —¿a poco éste es Stalin?—, quienes recién lo conocían no podían quitarle los ojos de encima, en especial de sus ojos tan expresivos. Más que eso, veían cómo cargaba una loza inmensa bajo una enorme presión. Stalin poseía las habilidades y el temple para gobernar un gran país, a diferencia de Ricardo III. Irradiaba carisma, el carisma del poder dictatorial.

La dictadura, después de la Gran Guerra, era entendida como la oferta de la trascendencia a lo mundano, un “estado de excepción”, en las palabras del futuro teólogo nazi Carl Schmitt. Para los teóricos soviéticos, también, la dictadura prometía un dinamismo político y la redención de la humanidad. En abril de 1929, Vladimir Maksimovski (nacido en 1887), quien conocía a Lenin y en alguna ocasión se había opuesto a él (respecto al tratado de Brest-Litovsk firmado con la Alemania imperial), y que había apoyado el derecho de Trotski a ser escuchado, dictó una conferencia sobre Nicolás Maquiavelo que publicó ese mismo año en la principal revista histórica marxista de la Unión Soviética. Maksimovski convirtió al florentino renacentista en el teórico de la “dictadura revolucionaria burguesa”, la cual el autor había definido como progresista en sus tiempos, en contraste con la dictadura reaccionaria de Mussolini. La interpretación recaía en la lucha de clases. Por lo tanto, la dictadura obrera de la Unión Soviética era progresista también. Maksimovski, siguiendo a Maquiavelo, concedía que la dictadura podía convertirse en tiranía, con un líder que persigue intereses puramente personales. Pero Maksimovski nunca se enfocó explícitamente en la cuestión sobre la personalidad de los dictadores, o en cómo el proceso de ejercer poder ilimitado afecta el carácter del gobernante. Algunos académicos posteriores han apuntado con razón que sólo un estado cuasipermanente de emergencia —habilitado por la ideología y práctica comunista— permitió que Stalin diera rienda suelta a su salvajismo. Pero lo que no se ha dicho es que la sociopatología de Stalin es, hasta cierto punto, una consecuencia de su experiencia como dictador.

La infancia de Stalin, con todo y sus enfermedades, fue más o menos normal; sus años como secretario general fueron todo lo contrario. Emergió de la década de los 20 como un gobernante de contradicciones aparentemente irreconciliables. Podía mostrar un rostro encendido de ira, visible en sus ojos amarillos; podía brillar con una sonrisa suave y amplia. Podía ser totalmente atento y encantador; podía ser capaz de nunca olvidar un desaire inconsecuente y buscar oportunidades de venganza a como diera lugar. Era inquebrantable y melancólico, de voz suave, y grosero. Estaba orgulloso de su capacidad lectora y de su habilidad para citar la sabiduría de Marx y Lenin; tenía resentimiento hacia los intelectuales sofisticados que según él se daban sus aires. Poseía una memoria fenomenal y una mente profunda; sus horizontes intelectuales estaban circunscritos severamente por teorías primitivas de lucha de clases y de imperialismo. Desarrolló un talento para interpretar las aspiraciones de las masas y las élites incipientes; casi nunca visitó fábricas o granjas, o incluso agencias del Estado; prefería leer sobre el país que gobernaba a través de los periódicos. Era cínico sobre lo que consideraba los motivos más básicos de la gente; respiraba y vivía ideales. Más que nada, su identidad principal era la de pupilo de Lenin, pero el presunto testamento de Lenin pedía que lo removieran del puesto, y la primera vez que apareció, en la primavera y el verano de 1923, el documento lo persiguió al grado de que provocó seis renuncias, ninguna aceptada, pero que lo dejaron sintiéndose asediado, resentido y vengativo.

La laboriosa creación de una dictadura personal dentro de la dictadura leninista combinó la fortuna —la inesperada y temprana muerte de Lenin— y la habilidad: había sido el quinto secretario del Partido, después de Yakóv Sverdlov (quien también murió prematuramente), Elena Stásova, Nikolai Krestinski, y Viacheslav Mólotov. Su autoconstrucción como el salvador de la causa y el país que era amenazado desde todos los lugares encajaba con los miedos de la Revolución Socialista y el renacimiento de Rusia como un gran poder amenazado en todos los frentes. El partido de Lenin, que se había hecho con el poder en el extinto Imperio ruso, se había envuelto en un “cerco capitalista”, una paranoia estructural alimentada por Stalin que al mismo tiempo alimentaba su paranoia personal. Pero esos sentimientos, cualesquiera que fuesen sus orígenes, se habían disparado en la acumulación y uso del poder sobre la vida y muerte de cientos de millones. Tales eran las paradojas del poder: mientras más cerca estaba el país de llegar al socialismo, más se notaba la desigualdad entre clases; mientras más poder detentaba Stalin, más poder necesitaba. El triunfo opacado por la traición se convirtió en la dinámica principal tanto de la revolución como de la vida de Stalin. Desde 1929, conforme crecía y crecía el poderío del Estado soviético y de la dictadura personal de Stalin, también aumentaba lo que estaba en juego. Su impulso para construir el socialismo sería exitoso y destructor, y reforzaría profundamente su talante hipersospechosista y vengativo. “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, escribió un historiador inglés en una carta privada, refiriéndose a la Inquisición y al papado. El poder absoluto también transforma absolutamente.

El comunismo era una idea, un palacio de ensueño cuya atracción derivaba de la aparente fusión entre la ciencia y la utopía. En la interpretación marxista, el capitalismo había generado una riqueza enorme al reemplazar al feudalismo, pero posteriormente se convirtió en un “grillete” que sólo promovía los intereses de la clase explotadora a expensas del resto de la humanidad. Pero una vez que se venciera al capitalismo, las “fuerzas de producción” se liberarían como nunca antes. No sólo eso, la explotación, el colonialismo, y la guerra imperialista darían pie a la solidaridad, la emancipación y la paz y también a la abundancia. El socialismo había sido difícil de imaginar de una manera concreta. Pero cualquier cosa que fuese, no sería capitalismo. En esa lógica, el socialismo se construiría erradicando la propiedad privada, el mercado y los parlamentos “burgueses”; en su lugar se establecerían la propiedad colectiva, la planeación socialista y el poder del pueblo (o sóviets). Obviamente los capitalistas no permitirían ser enterrados así como así. Darían una lucha hasta el último aliento en contra del socialismo y utilizarían cualquier medio —la destrucción, el espionaje, las mentiras— porque ésta era una guerra en la que sólo una clase saldría victoriosa. Los crímenes más terribles se convirtieron en un imperativo moral con el propósito de crear el paraíso terrenal.

La violencia en masa reclutó a legiones listas para luchar contra los enemigos implacables que se ubicaban del lado incorrecto de la historia. La supuesta ciencia del marxismo-leninismo y la construcción del socialismo en el mundo real, en el tránsito hacia el comunismo, ofrecía respuestas aparentes a las preguntas más importantes: por qué el mundo tenía tantos problemas (clase) y cómo podía mejorar (lucha de clases) con un papel para todos. Las vidas por demás insignificantes de las personas se habían vinculado para construir un mundo totalmente nuevo. Recolectar cereales a la fuerza u operar un torno era darle un golpe duro al imperialismo. En nada hacía daño que quienes participaban en esas acciones pudiesen obtener un beneficio personal: el idealismo y el oportunismo siempre se refuerzan mutuamente. La acumulación de resentimientos también ayudó a que esas aspiraciones se volviesen importantes. Poco menos de la mitad de la población de la Unión Soviética era menor a los 29 años, lo que le otorgaba al país uno de los perfiles demográficos más jóvenes del mundo, y la juventud tenía una atracción particular por la idea de convertirse en el centro de la lucha para construir el mañana hoy, para servir a una verdad superior. El uso del capitalismo como el antimundo ideal también ayuda a explicar por qué, a pesar de la improvisación, el socialismo construido bajo Stalin se incorporó en un “sistema” que podía ser fácilmente explicado con el marco de la Revolución de Octubre.

Stalin era la personificación de las altas miras del comunismo. Se podía construir un culto alrededor de él, ensalzándolo como vozhd, una palabra antigua que describía a alguien que había obtenido el liderazgo de un grupo de hombres a través de la habilidad de conseguir y repartir recompensas, pero que se había convertido en sinónimo de “líder supremo”, el equivalente ruso de duce o Führer. Al aclamar a Stalin, la gente también aclamaba a la causa y se consagraba como devota de él y de ella. Él se resistía al culto. Stalin se refería a sí mismo como mierda en comparación con Lenin. En la crónica en Pravda de su reunión con la delegación de una granja colectiva de la provincia de Odesa en noviembre de 1933, Stalin incluyó los nombres de Mijaíl Kalinin, Mólotov y Lázar Kaganóvich para simular un liderazgo colectivo. De manera similar, según Anastas Mikoyan, Stalin censuró a Kaganóvich al decirle “¿Qué es esto? ¿Por qué me elogias sólo a mí como si un hombre decidiera todo por sí solo?”. Es difícil decir si las objeciones de Stalin reflejaban una falsa modestia, una vergüenza genuina o su personalidad inescrutable, pero disfrutaba las ovaciones prolongadas. Mólotov recordaría que “al principio se resistía al culto a la personalidad, pero después le gustó un poco”.

 

Stalin también personificaba a la Unión multinacional. La Unión Soviética, como la Rusia imperial, era una extensión euroasiática que abarcaba dos continentes y no se sentía en casa en ninguno de ellos. Stalin era escéptico de que las nacionalidades se marchitasen en un futuro, a diferencia de muchos izquierdistas que adoraban la división de clases. La Nación, para él, era un hecho terco y una oportunidad, una manera de sobreponerse al retraso tan ampliamente percibido. Le preocupaba implantar un régimen de partido en Ucrania o Georgia, pero no tanto como la historia o la geopolítica de Rusia. Rusia se veía a sí misma como una potencia providencial decretada por Dios, con una misión especial en el mundo. El esplendor de sus cortes sobrepasaba al de cualquier otra monarquía, pero a pesar de toda su industrialización seguía siendo un imperio agrario montado en las espaldas de sus campesinos. Sus recursos nunca fueron tan grandes como sus ambiciones, una discrepancia junto con el hecho de que Rusia no tenía fronteras naturales. Esto había estimulado la conquista de tierras vecinas, antes de que pudiesen ser usadas como trampolín para una invasión. Con ello se creó una dinámica de expansionismo “defensivo”. Ésa era la Rusia que el georgiano había heredado, y a la que se encomendó por completo para crear la patria socialista.

Un ser humano, un comunista, un revolucionario, un dictador rodeado de enemigos en una dictadura rodeada de enemigos, el temible autor de una guerra de clases, la personificación de la causa comunista mundial y del Estado euroasiático multinacional, el feroz paladín del renacimiento ruso, Stalin hizo lo que los líderes más aclamados hacían: articulaba y perseguía un objetivo consistente, en este caso un Estado poderoso apoyado por una sociedad unificada que erradicaría al capitalismo y construiría el socialismo industrial. “Asesino” y “mendaz” son palabras que se quedan muy cortas para describir a esta persona. Al mismo tiempo, Stalin movilizó a millones. Su autoridad colosal se basaba en una facción dedicada, la cual forjó él mismo, un aparato formidable, que él construyó, y la ideología marxista-leninista, que ayudó a sintetizar. Pero su poder fue magnificado mucho más por la gente común y corriente, que proyectaba en él sus enormes ambiciones de justicia, paz y abundancia, así como de una grandeza nacional. Los dictadores que se hacen de un enorme poder a veces se obsesionan con proyectos muy particulares, y los persiguen de forma interminable, al grado de paralizar al Estado. Pero la fijación de Stalin era el gran poder socialista. Entre 1929 y 1936, construiría ese gran poder junto con un ejército de primer nivel. Stalin era un mito.

 

Stephen Kotkin
Historiador estadunidense. Profesor de la cátedra de historia John P. Birkelund Clase del 52 de la Universidad de Princeton.

Traducción de Esteban Illades.

Este texto es una traducción del prefacio del libro Stalin: Waiting for Hitler, 1929-1941, publicado por Penguin Books en 2018.

Ensayo

La marea mexicana

Entender la marea es casi imposible si sube demasiado rápido y uno se encuentra dentro de ella. Es forzoso encontrar cierta distancia. A falta de distancia, es imprescindible imponérsela para intentar comprender un escenario que actúa como crecida infinita. La marea es pareja, uniforme. Mientras se está en ella se necesita ver los derredores para ubicarse. Embiste a quienes aseguran que alimentará la tierra al alcanzarla y a los que ven un futuro de erosión. No son excluyentes. Si alimenta será después de su paso, si erosiona lo hará durante él.

La marea es también un país imposibilitado a debatir la realidad sin dejarse llevar por la oleada. México descubrió qué es tener un gobierno popular y al amparo de esa popularidad se perdonó todo aquello que había entrado al consenso de lo disfuncional. En simultáneo, parte de un sector, sobre todo mediático, evita tomar posturas claras bajo el escudo de una pluralidad malentendida. La frontera entre compromiso social y personal se diluye en la arena.

Las columnas editoriales de la prensa, las serias y no rupestres —de las que hay abundantes—, no compiten contra los encabezados en las portadas. Éstos son a menudo benevolentes.

La marea es la conciencia de un país que deja de ver en sus problemas los motivos para actuar sobre ellos. Las angustias comunes se hicieron más particulares que nunca. En los actores políticos reina la abundancia de frases sobre la violencia, la pandemia, la economía. No otra cosa o no mucho más. Pequeños grupos, como siempre lo han sido, trabajan sobre nuestras espantosas relaciones de género y la indiferencia a su violencia. Sobre la condición de un país habituado a las desapariciones de miles de personas. Sobre la falta de gobierno a la barbarie. En el Ejecutivo y sus incondicionales escuchamos el discurso que apostó por la futilidad de lo incompleto. Lo impreciso, lo sencillo que banaliza la desgracia. En sus opositores políticos atestiguamos el desentendimiento de su responsabilidad en el deterioro de la vida pública. Sin tapujos se convirtieron en incondicionales de lo contrario. La reflexión es incómoda y se prefiere la comodidad. La que viene con el aplauso de propios y nadie sino ellos. De todos lados.

Alrededor del pensamiento, entendido como una labor lenta y discreta de frutos públicos; no siempre tangibles como lo es una carretera pavimentada, son tiempos en los que el paso del calendario no implica más que el cambio de celdas numeradas. Ningún lugar mejor para ignorar o enaltecer un texto que el país donde un libro se lee si la opinión política del autor coincide con la propia.

Ilustración: Izak Peón

De un extremo se encuentra una defensa poco afortunada a ciertos conceptos base del espíritu cívico, político y social. Defensa que no encuentra la manera de tener un efecto político y renuncia al convencimiento del no convencido.

Al otro, una interpretación de los mismos conceptos que desecha, sin precaución, prácticamente la totalidad de lo aprendido; ya sea por errores, abusos o aciertos en las últimas décadas. Nos situamos en el devenir de días donde la conciencia colectiva deja de serlo mientras se fragmenta o, ya fragmentada, sólo ve su parte y reflejo como un único mundo que excluye al resto; que argumenta para sí misma razones con las que defender la exclusión y la división.

Como lo hemos atestiguado en una historia que se esfuma por su falta de conveniencia para quien ganó el poder, pensador es hoy en México un sinónimo de ocio; intelectual un insulto. La arena pública optó por debatir personas, si es que a la perorata actual aceptamos llamarle debate. No ideas ni lo que esas personas representaron cuando, frente a la incompetencia y la frivolidad de otros gobiernos, simbolizaban lo que necesitaba atención urgente. Aún lo hace.

Gobiernos previos habían apostado por esa disfuncionalidad funcional que hoy se decantó a un solo lado. La opacidad que tanto daño ha hecho se transformó en admisible bajo la idea de que si lo opaco es políticamente mayoritario, el conflicto desaparece por confianza y osmosis. Así, desde obras públicas al manejo de una crisis de salud sin precedentes, importa más lo que se dice de algo, aunque se pruebe falso, que la falsedad protegida. El convencimiento sobre la existencia se estableció más relevante que la existencia.

México no gusta de la distancia y mentirá quien crea que en este momento no es necesaria o, que la corriente por su mera condición es sinónimo de beneficios absolutos. Solo que quizá, como en ningún otro momento reciente, es difícil encontrarla y es aún más difícil la disposición a ella.

Nuestro siglo XXI no es un siglo venturoso. Conocíamos las tragedias localizadas y al verlas extendidas por la totalidad del territorio, volvimos a contemplarlas en una mirada de singularidad. Con una gigantesca crisis de derechos humanos a cuestas y sus expresiones inmersas entre violencia criminal, violencia del Estado, violencia de género, desapariciones recurrentes y de amplitudes abismales; nada salvo la corrupción ha logrado permear como angustia compartida. Nada tiene su poder para provocar el enojo, ni siquiera la inequidad estructural o las madres y padres que escarban huesos en fosas clandestinas para buscar el destino de sus hijos.

Cualquier reflexión sobre el México actual resultará imprecisa sin detenerse en la pandemia de nuestros días. Recibimos la peor crisis sanitaria que podemos recordar quienes estamos vivos, sin que una sola de las condiciones de alto costo social y humano haya mermado en el país. No apuntan a hacerlo. Son nuestros reductos de una normalidad hecha de la costumbre a lo que ningún país normal se podría acostumbrar. El componente azaroso de la historia y la biología amplificó cada elemento de lo terrible. Sin embargo, nos la ingeniamos para dejar el consenso sobre su toxicidad y hablamos cada vez menos de sus saldos. No somos un país normal.

México es un país con suficientes problemas y la vocación a hacerse más daño que el que sufre. En la inmadurez de nuestra democracia se mantiene la disposición para hacer más importante lo que se considera la solución que el problema en sí. Por esa concepción de la realidad, el debate público encuentra facilidad en centrarse en gobierno y no Estado. En Gobierno y no en problemas o ausencia de gobierno. Con la diferencia también poco admitida que contiene la misma palabra con mayúscula y sin ella.

Pasan los años y se mantiene la promesa que cree encontrar una solución absoluta. La buscamos. Nos convencemos. Confundimos las construcciones políticas con esfuerzos inmediatos.

Hay sociedades que se definen a sí mismas por los eventos que provocan y presencian, a veces, al olvidar o pasar a un segundo plano los humores y tonos que sirvieron de detonador para esos eventos. El evento se sitúa por encima. Aplasta. Otras, las menos y para eso es imprescindible aquella distancia del inicio, su definición corre a cuenta de los entornos.

Por un entorno producto de una marea más grande que nosotros y que se esparce por el mundo desde la segunda década de este siglo, las elecciones de 2018 no sólo implican el cierre político de una época en el país. Es la apuesta por la inmediatez que siempre se prestará a derrotar el pensamiento que balancea contradicciones en lugar de adueñarse de ellas y habitarlas.

Debido a sus inconsistencias, me preocupa poco adentrarme en la reducción que vitorea el asenso al poder de una izquierda proverbial. No así el entorno que han construido sus antecesores y ha alimentado este gobierno para su usufructo.

Criado en una casa de altas izquierdas que convivió profundamente con las latinoamericanas y medio orientales, entiendo que la etiqueta importe tanto a quienes las transitaron sin ver ni aceptar sus fallas históricas. La importancia es desmedida en sus turistas.

En su desinterés por los derechos humanos y una tendencia militarista que muestra sus inconsistencias, el campo ideológico del cuarto gobierno que llegó con la alternancia democrática de México tiene una relevancia minúscula. El campo no existe, se lo llevó el agua. No es más que una marca flexible como la concepción de dignidad en el oportunista.

Se ha mencionado repetidamente que toda posible discusión se sitúa en términos teológicos. Ahí, creyente y no creyente, por sí mismos, deciden o actúan como si su interlocutor no tuviera la menor legitimidad para pensar lo que piensa.

En la confusión entre creencia y pensamiento ha ganado la primera, diluyendo fronteras y equiparando una reflexión con la opinión menos informada, leída, contrarrestada. Llegamos al punto en que no importa lo que se diga o se haya escrito. La descalificación vaporosa, fácilmente diseminada y emparentada con la velocidad, se ha impuesto sobre el tiempo que obligaría la responsabilidad y el rigor.

Sin querer ahondar en la recurrencia, esta relación de discursos sólo lo había visto, en tiempos recientes, en Siria o fuera de ella, pero siempre alrededor de su guerra. Aquí, sin guerra del estilo, sin que entre los supuestos interlocutores primen las emociones propias de un conflicto bélico, tenemos un espíritu equivalente de rencilla, desprecio y condescendencia.

En la marea de confusiones dos conceptos más aparecen diluidos: política y ciudadano. Todo entra a la primera entonces nada lo hace. Este país, producto de su estancamiento político, se resiste a entender que parte de la responsabilidad del ciudadano está en buscar el equilibrio de una paradoja: la política es una apuesta por la funcionalidad de su disfuncionalidad. El México del siglo XX se encumbró en la disfuncionalidad que suponía funcionaba y cuando lo hacía era mal. La ruta inversa en la que no se habla del ciudadano y ahora se sustituye por pueblo. Ni siquiera población. Pueblo, no ciudadano. El pueblo no hace política, el ciudadano es producto de ella.

 

Maruan Soto Antaki
Escritor. Ha publicado Fatimah, Casa Damasco, La carta del verdugo, Reserva del vacío, Clandestino, Pensar Medio Oriente, El jardín del honor y Pensar México.

La verdad sospechosa

¡Vienen los ingleses!

Qué placer provoca en algunos el sufrimiento, el ser espectadores de la crueldad o partícipes de una batalla en la que aflore la sangre, el dolor, el grito y las entrañas del derrotado, la víctima, el vencedor o el guerrero. Edmund Burke (1729-1797) estaba convencido de que existía una inclinación innata y estética a gozar el sufrimiento de los demás, a apreciarlo y desearlo inclusive. Es inútil glosar o intentar ampliar todas las teorías sicológicas, literarias, religiosas o filosóficas que existen al respecto. No es la solidaridad —como deseaba el anarquista Errico Malatesta— el aglomerante o hilo ético rector que une a los seres humanos. No puede someterse el deseo de filantropía y buena convivencia a una teoría general del comportamiento humano. Si en Dostoyevski, por ejemplo, el sufrimiento es un método de creación, yo no podría probarlo. “Nuestros peores enemigos son aquellos que nos hablan de esperanza y nos anuncian un futuro de gozo y de luz, de trabajo y de paz, donde nuestros problemas se resolverán y nuestros deseos se colmarán”, escribió Albert Caraco (1919-1971), en su Breviario del caos. Es difícil no estar de acuerdo con el escritor nacido en Constantinopla, aunque la literatura siempre nos da la impresión de ser demasiado vaga, mitómana e íntima. Y justo es así, de lo contrario, sería incapaz de conmovernos y de ofrecernos un rostro de la “verdad”.

Ilustración: Kathia Recio

Durante el mundial de futbol que tuvo lugar en México en 1986, Inglaterra fue superior a Paraguay al propinarle tres goles contra cero. Después, en cuartos de final, perdería por diferencia de dos goles ante Argentina en un partido que, debido a su celebridad, no tiene caso glosar en estas páginas. Ambos partidos se jugaron en Ciudad de México. Los hooligans o fanáticos e hinchas ingleses representaban la barbarie del futbol y poseían una fama de violencia fuera de lo común. Más allá de que tendrían que medirse a golpes con las barras argentinas, luego de que sus países habían librado cuatro años antes una guerra por demás insulsa e innecesaria, los hooligans debieron enfrentarse también a algunos guerreros aztecas que no perdieron la oportunidad de mostrar sus dotes bélicas. Un querido amigo mío y compañero en la Facultad de Ingeniería (Pedro G.) practicaba un deporte marcial mexicano llamado chupa porrazo, una lucha de origen zapoteca y cuya práctica comenzaba a tener nuevos adeptos por ese entonces. Mi amigo vivía en la San Felipe de Jesús y sus compañeros eran también habitantes de la periferia urbana. En nutrido grupo marcharon hacia el Estadio Azteca para retar a los hooligans y demostrarles que en el territorio mexicano resultaban poca cosa ante el valor y pericia de los gladiadores mexicanos.

Las consecuencias de aquella gesta fueron las esperadas: violencia, golpes, heridos, gritos de batalla, pero mi desconcierto provenía de presenciar aquella necesidad de pelear aun cuando a las huestes de mi amigo no les importaba el futbol ni tampoco la selección mexicana tendría que jugar contra la inglesa; además, el chupa porrazo poco tenía que ver con una belicosidad idiota y se consideraba más bien una tradición marcial prehispánica recién puesta de nuevo en marcha. Cuando días después del incidente cuestioné a mi estimado amigo al respecto me respondió que ellos no tenían dinero para viajar y que aquella era la única manera de competir internacionalmente. Yo comprendía que el español Francisco Xavier Mina peleara en la guerra de Independencia de México; que George Orwell participara en la Guerra Civil Española; o que incluso Blaise Cendrars se alistara en la Legión Extranjera; pero me parecía ridícula la reyerta contra los hooligans. “Es una manera de viajar; nosotros jamás podríamos ir a Inglaterra; y tenemos derecho a compararnos con los mejores”. ¿Qué podría yo añadir ante tal argumento? La historia nos ofrece el ejemplo de un considerable número de ejércitos de todas las regiones recorriendo el mundo para conquistar, sobajar y causar sufrimiento a otros pueblos. No me equivoqué alguna vez cuando escribí el aforismo: “El movimiento es el principio del mal”. La quietud, el ascetismo, la solidaridad no son más que ideales vacuos y dislates románticos. Sé que mi pesimismo es exagerado y que mis conclusiones están fuera de toda dimensión sensata, pero no creo que Caraco se hallara muy alejado al desconfiar de aquellos que nos hablan de una edad de oro en donde reine la solidaridad y la paz, el gozo y la justicia.

 

Guillermo Fadanelli
Escritor. Entre sus libros: Fandelli, Mis mujeres muertas, Mariana Constrictor y Hotel DF.

Bioéticas

Corolario sin corolario

Hay finales sin final. Este es uno de ellos. La pandemia sigue viva, los cuerpos siguen apilándose, algunos países empiezan a normalizar sus actividades y en otros, sobre todo en Latinoamérica, el virus adquiere fuerza y acumula con celeridad muertos a las terribles estadísticas mundiales. No siempre es necesario el punto final. En ocasiones es difícil decretarlo. Mientras el covid-19 siga estando entre nosotros, concluir es imposible. No termino. Hago un alto. Regresar siempre es factible. Sobran vías: periódicos, libros abocados al tema, revistas, charlas, entrevistas, intercambio de palabras.

Ilustración: Sergio Bordón

Habían transcurrido varios días desde el inicio de la pandemia cuando decidí escribir algunas líneas. He escrito ciento y pico de entradas a partir de febrero. Empecé a escribir por necesidad. Imposible soslayar la fuerza del virus. Poco a poco primero, rápido después, el virus se diseminó. Sin pasaporte ni permisos empezó a viajar por el mundo. Sin fronteras ni filas largas como las de indocumentados o refugiados, el coronavirus explotó en nuestros rostros. Covid-19 es covid-19 en todos los idiomas. Su omnipresencia, su poderío, los millones de noticias al respecto y las incontables preguntas sin respuesta sobre él han convertido los días en días covid-19.

Ser testigo obliga. No se elige serlo. Repasar la historia y otear el presente exige. Quien tiene la posibilidad de expresarse se convierte en testigo. Asumir y ejercer o no dicho papel es opcional. Elijo la primera alternativa. Y no sólo me decanto por ella, quisiera, escribo con modestia, contagiarla. Sería útil incluir, desde los primeros años de escuela, a partir de la infancia temprana, la materia Testigos. Escuchar de viva voz historias personales sobre conductas humanas inadecuadas conformaría una suerte de colegio. El coronavirus ha tocado incontables rincones humanos. De ahí la condición de “ser testigo”.

Testimoniar es una de las escasas fuentes para detener, modificar situaciones dolosas o sembrar conciencia. Aunque de poco sirve ser testigo, no serlo no sólo no sirve: el silencio permite la expansión de sucesos negativos. No estamos ante crímenes de lesa humanidad. Enfrentamos un problema biológico cuya fuerza y destrucción suma muertes debidas a la infección y a la pobreza. La realidad cuasiuniversal del covid-19 compromete. El virus se ha cebado más en los pobres. Desde hace décadas los grandes jerarcas hablan de remediar la pobreza. Covid-19 muestra una vez más uno de los grandes fracasos de la humanidad: a los viejos pobres se suman nuevos pobres.

Comencé a escribir avanzado febrero. Los días cargados de noticias, todas malas, la desesperanza mundial, la falta de certezas, el número de muertos y contagiados in crescendo y la insondable estupidez de algunos políticos fueron acicate para mirar más allá del día y esbozar una serie de reflexiones sobre nuestro tiempo, el tiempo de la pandemia.

Nuestro tiempo es nuestro y no lo es. Un pequeño virus nos ha confrontado. Nos ha roto y ha demostrado cuán frágiles somos y cuán poco apreciamos el valor de la vida de otras personas, lejanas por la distancia, cercanas por el coronavirus. Poco observamos y poco nos observamos. Ignoramos las pequeñas certezas de lo que significa vivir. El largo periplo en el cual seguimos hundidos debido al covid-19 quizás sirva “un poco” para modificar nuestra nociva forma de estar en la Tierra y de no estar con los congéneres. El mundo teme tanto como nosotros tememos. Apostemos por el ser humano libre, lejano del poder. Perder importa. Importa más no apostar.

Hay finales sin final. Muchos sucesos nunca terminan. Incluso la muerte, el evento más contundente, tarda en borrar todo vestigio. La memoria, la casa, las cosas y las palabras perviven por un tiempo, en ocasiones nunca se van.

El tiempo de la pandemia actual sigue vivo. No se sabe cuándo, si acaso sucederá, se decrete el punto final. De uno u otro modo, las pandemias siempre regresan. Cambia el agente infeccioso, aparece un “nuevo” virus, difieren las víctimas, dicen cambiar las políticas de salud. Las pandemias son parte de nuestra historia. La actual ha copado el calendario. No hay día sin covid-19. No hay día sin nuevas muertes y nuevos contagios.

El coronavirus forma parte de nuestra cotidianidad. Imposible vivir sin saber de la pandemia. El final nunca llegará. Ni siquiera cuando se cuente con vacunas o medicamentos. Los destrozos de la pandemia, sobre todo los muertos, y los muertos por venir debido a la pobreza multiplicada por el virus pervivirán. El miedo y el confinamiento prolongado no son gratuitos. Los pequeños aislados en casa, cuando el dinero lo permitió, guardarán en la memoria alguna marca. Los pequeños semiaislados en hogares sin recursos guardarán en la memoria eventos no agradables. Quienes perdieron amigos o familiares los recordarán con dolor y encono.

La pandemia actual nunca finalizará. Los millones y millones de noticias, los millones y millones de palabras, las irreparables pérdidas humanas pervivirán. Hay finales sin final. Covid-19 es uno de ellos.

 

Arnoldo Kraus
Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Colegio de Bioética A. C. Publica cada semana en El Universal y en nexos la columna Bioéticas.

Este texto es el corolario de Bitácora de mi pandemia (de próxima publicación).

Sobre ciencia, en teoría

De risorium natura

En 2019 el actor Joaquin Phoenix encarnó a una nueva versión del Guasón en la película homónima. En la pantalla conocimos a Arthur Fleck, comediante solitario y tímido que inspira más pena que risa. Por su semejanza con pacientes reales con enfermedades neuropsiquiátricas, el imaginario Fleck llamó la atención de los neurólogos Alexis Demas y David Tillot lo suficiente como para evaluar las posibles causas médicas de la depresión y tristeza mórbida que lo aquejaban. Su mayor interés lo depositaron en el rasgo más conspicuo de este Guasón: su risa patológica.

¿Por qué, en boca de Fleck, es inquietante una vocalización tan identificable y común en nuestra especie? ¿Por qué las carcajadas del hombre que será el Guasón son un riesgo para su integridad física? ¿Por qué se ríe el Guasón? ¿Por qué reímos nosotros?

Ilustración: Oldemar González

Reímos junto con otros (¡ja, ja!) y sabemos que no es lo mismo reírnos de los otros (¡ja, ja, ja!) a que se rían de nosotros (¡ja!). Que no es igual la risa aparatosa del que en la escuela era el payaso del grupo que la risa soterrada de sus compañeros más introvertidos. Que es distinto ser atraídos por quien nos hace reír con frecuencia que por quien es un frecuente reidor. La risa nos resulta tan familiar como no lo es que pensemos seriamente, cual Darwin en La expresión de las emociones en el hombre y en los animales (1872), que estamos lejos de ser la única especie risueña del mundo. Si bien desde Platón filósofos, poetas, dramaturgos, novelistas, ensayistas y fauna similar —no siempre regida por una vena cómica— han examinado la risa y nos han expuesto a ella a borbotones, a los científicos interesados en explicar esta risible cuestión (a partir de una, en comparación, irrisoria cantidad de estudios experimentales) lo que menos les arranca es risa.

Sin necesidad de experimentos complejos ni instrumentos sofisticados (y costosos) de medición y visualización de actividad fisiológica (lo que ha desatado la jocosidad de los etólogos a la hora de etiquetar estos estudios como neurociencia de banqueta), sabemos que la risa humana está compuesta por una serie de vocalizaciones cortas, cada una de ellas con una duración aproximada de 1/15 s, que se repite a intervalos regulares de alrededor de 0.2 s, lo que resulta en el onomatopéyico ja-ja.1 La risa femenina tiene una frecuencia promedio de 502 Hz; casi el doble de alta que la masculina, de 276 Hz. La cadencia de la risa es tal que, al alterar artificialmente la duración de los intervalos entre cada nota (“ja”), dejamos de percibirla como espontánea, voluntaria o humana.

“El acto de decir ja-ja” no define reír, pues en la risa intervienen mecanismos cerebrales y motores diferentes a los que nos permiten hablar. Evidencia de ello es que pacientes que han perdido esta última capacidad debido a daños en las áreas del cerebro responsables de ella no tienen mayor dificultad en desternillarse de risa cuando la situación lo amerita. Hay quienes pueden fingir la risa de manera bastante convincente (y ganar un Oscar por ello), pero reír es más bien un acto involuntario. O, si nos ponemos exigentes, con mucho menor control voluntario que hablar.

Según el psicólogo Robert R. Provine, pionero en investigaciones sobre la risa y su función desde una perspectiva evolutiva, creemos que nuestra risa, buena parte de las veces, es una elección consciente a algo que en cierto momento nos pareció gracioso. La verdad es que, durante una plática cualquiera, lo más común sea que la risa se produzca espontáneamente y, casi siempre, más como una respuesta contagiosa al escuchar reír a otras personas y menos como algo provocado por un chiste o alguna otra situación hilarante.

Por décadas la psicología detrás del consumo de series cómicas televisivas (sitcoms) ha intentado aprovecharse del hecho medido y verificado de que, a diferencia de cuando estamos solos, en compañía reímos con una frecuencia treinta veces mayor (no en el sentido acústico, claro está; pero, muy posiblemente, también nos reímos a un volumen más alto). El razonamiento detrás de las risas pregrabadas o grabadas durante la filmación del programa en vivo en un estudio y, en ambos casos, transmitidas a la par de un episodio de La teoría del Big Bang, es que estas risas supuestamente ayudan a incrementar nuestra percepción de los humorosos comentarios de Sheldon Cooper, y que esto a su vez mejora nuestra experiencia hedónica del programa.

Apenas en 2016 una serie de experimentos refutaron tan asentada asunción y llevaron a formular lo que sus autores bautizaron como “la paradoja de la risa grabada”: si por un lado las risas simuladas pueden incrementar nuestra percepción de una escena televisiva como cómica, en qué grado disfrutamos del episodio depende en gran medida de qué tan inmersos estamos en su narrativa, por lo que esas mismas risas pueden tener un efecto negativo en esta inmersión al representar una distracción externa. El saldo final puede —y suele— ir en contra de nuestro disfrute pleno.2

Lo que hemos aprendido a ciencia cierta sobre la función social de la risa no es tampoco gran motivo de jolgorio aún. Sabemos que sutiles —y no tanto— variaciones en la forma en que nos reímos nos permiten comunicar emociones e intenciones específicas, y que al reír podemos fortalecer nuestros vínculos con otras personas, convirtiéndose así en una especie de acicalamiento a distancia. Reír en presencia de otros puede indicar que la interacción dentro de ese grupo social es segura para todos sus miembros. O unas simples risotadas pueden tener el efecto contrario y segregar a quien es víctima de ellas. Y si alguien ríe antes, durante o después de exhibir un comportamiento verbal agresivo, puede ocasionar que los demás interpreten esta conducta de manera más ambigua (un posible mensaje: “Te puedo lastimar, pero en realidad no quiero hacerlo”).

¿Dime cómo ríes y te diré quién eres? No se rían (o mejor sí), ya que un grupo de psicólogos demostró experimentalmente que, en efecto, es un indicador de estatus social: individuos con alto estatus social se ríen de una manera más dominante que aquellos con bajo estatus social y conversaciones en contextos agresivos provocan que haya más risas dominantes que sumisas.3 ¿Cómo no aprovechar esto de manera intuitiva? En el mismo estudio se observó que individuos con bajo estatus social ríen de manera distinta dependiendo del contexto, de manera que con sus risas falsamente dominantes (sin exagerar demasiado, pues corren el riesgo de que se rían de ellos al ser descubiertos) sean percibidos por otros como con mayor estatus que el real.

La simulación de risas dominantes, ¿servirá también para aumentar el atractivo sexual de alguien? Quizás, pero habrá que comprobarlo en condiciones controladas. Lo que sí sabemos es que, en conversaciones entre mujeres y hombres, ellas se ríen en promedio alrededor de un 126 % más que ellos, lo que convierte al sexo femenino en el destino mayoritario de las bufonadas del masculino y, al menos en relaciones heterosexuales, es posible que se trate de una exhibición de inteligencia y creatividad dentro del cortejo del macho a la hembra humanos. Apoya esta hipótesis que tanto hombres como mujeres se ríen más de las gracejadas de ellos que de las de ellas y, dado que, como ya dijimos, reírnos no es una elección consciente, es entonces posible que no se trate de algo cultural.

La risa es como un bálsamo más allá del cliché y rigurosamente hablando porque al reír nuestro cuerpo libera opioides que, en principio, proveen de una placentera ruta neuroquímica que favorece las relaciones a largo plazo entre humanos y, por añadidura, vuelven cierta la creencia de que reírnos hace que nos duelan menos nuestras caídas físicas y emocionales.4 Un estudio ha mostrado que la ubicuidad de la risa en las conversaciones de las madres latinas que viven en Estados Unidos —entre ellas y con otras personas— tiene un efecto positivo en su bienestar, que es mayor al de las mucho menos risueñas madres de origen europeo y resulta en una mayor esperanza de vida a pesar de sus, en comparación, desventajas socioeconómicas.5

Y no sólo nuestros parientes más cercanos ríen (los chimpancés, entre ellos). En 1997 dos psicólogos decidieron hacer cosquillas a unas ratas en la panza, con lo que se dieron cuenta de que estos animales disfrutaban de esta estimulación y emitían vocalizaciones con una frecuencia definida de 50 kHz que, al igual que bebés humanos en una situación similar, no podían tratarse de otra cosa que de ataques de risa. Otros experimentos confirmaron este hallazgo y ahora además sabemos que las ratas que se ríen son optimistas, pues ante un estímulo ambiguo que puede representar un premio o un castigo para estos roedores, aquéllas que han sido previamente sometidas a una sesión de cosquillitas apuestan más porque al accionar la palanca obtendrán un resultado favorable.6

De vuelta con el Guasón, Demas y Tillot señalan que los incontrolables, repentinos e inoportunos episodios de risa de Fleck permiten diagnosticarlo con síndrome pseudobulbar, comúnmente causado por, entre otras afecciones, traumatismos cerebrales (lo más probable y evidente en este caso).7 Los neurólogos añaden que, no obstante se trata de un personaje de ficción, el cuidado de pacientes con aflicciones neuropsiquiátricas como el Guasón es un problema de salud pública que —añado yo—, junto con el estudio científico de la risa y al contrario del presente texto, no es algo para tomárselo a broma.

 

Luis Javier Plata Rosas
Doctor en Oceanografía por la Universidad de Guadalajara. Sus más recientes libros son: La ciencia y los monstruos. Todo lo que la ciencia tiene para decir sobre zombis, vampiros, brujas y otros seres horripilantes y El océano tiene onda. Una obra de ciencia ficción.


1 Provine, R. R.  “Laughter as an Approach to Vocal Evolution: The Bipedal Theory”, Psychon. Bull. Rev. 24, 2017, pp. 238-244.

2 Gillespie, B.; Mulder, M. y Leib, M. “Who’s Laughing Now? The Effect of Simulated Laughter on Consumer Enjoyment of Television Comedies and the Laugh-Track Paradox”, JACR, 1(4), 2016, pp. 592-606.

3 Oveis, C.; Spectre, A.; Smith, P. K.; Liu, M. Y., y Keltner, D. “Laughter Conveys Status”, J. of Exp. Soc. Psych., 65, 2016, pp. 109-115.

4 Manninen, S.; Tuominem, L.; Dunbar, R. I.; Karjalainen, T.; Hirvonen, J.; Apronen, E.; Hari, R.; Jaaskelainen, I. P.; Sams, M., y Nummenmaa, L. “Social Laughter Triggers Endogenous Opioid Release in Humans”, The J. of Neuroscience, 37 (25), 2017, pp. 6125-31.

5 Ramírez-Esparza, N.; García-Sierra, A.; Rodríguez-Arauz, G.; Ikizer, E., y Fernández-Gómez, M. J. “No Laughing Matter: Latinas’ High Quality of Conversations Relate to Behavioral Laughter”, PLoS ONE, 14(4), e0214117, 2019.

6 Rygula, R.; Pluta, H., y Popik, P. “Laughing Rats are Optimistic”, PLoS ONE, 7(12), e51959, 2012.

7 Demas, A. y Tillot, D. “Pathological Laughing and Psychotic Disorder: The Medical Evaluation of the Joker”, Acta Neurol. Belg, 2020.

Energía

¿Y si se cancela la reforma?

En estos días, los propagandistas del ala radical del gobierno han iniciado una campaña que busca explorar la posibilidad de revertir la reforma energética de 2013. ¿Qué sucedería en ese caso? Hablaré exclusivamente de la parte eléctrica.

Disculpe el lector que arme este texto basado en especulaciones, pero no hay otra forma de plantear escenarios. Sin embargo, basaré las especulaciones en una serie de principios que este gobierno y sus integrantes han sostenido y algunas consideraciones legales inamovibles.

Ilustración: Víctor Solís

Antes que otra cosa, se deberán cumplir los contratos ya existentes y si la Comisión Federal de Electricidad quiere hacerse de los activos, deberá pagar por ellos a precio de mercado. Esto de entrada significa por lo menos 10 000 millones de dólares en inversiones, que el Estado mexicano debería pagar. Si los paga de contado son eso; si los paga en abonos, aumente intereses. Y eso sólo hablando de proyectos de subastas. Puede haber más dependiendo lo que quiera comprar.

Ahora, en diversos momentos, el director de CFE ha rechazado cualquier tipo de participación privada: promovió una controversia constitucional contra la producción independiente de energía, ha atacado los autoabastecimientos, se niega a comprar energía en subastas; entonces, toda la generación deberá ser de CFE. Los monopolios naturales (transmisión y distribución de electricidad) también quedarían en poder de CFE y además quedaría cancelado de facto el mercado eléctrico. Si quieres energía sólo podrás generarla tú por fuera de la red o con CFE. No habrá mayores opciones para contratar. Si pone paneles solares y generan más energía de lo que consume, olvide ese excedente, pues sería inconstitucional vender energía. Lo va a tener que regalar a CFE.

Ahora, ¿cómo nos iría en materia de generación? Este gobierno está empeñado en usar “lo que ya tiene” a cualquier costo, además de que ha sido insistente en mantener el uso del petróleo y sus derivados hasta donde se pueda.

Entonces acostúmbrese a un encarecimiento constante de la energía eléctrica, pues el mantenimiento de estos equipos será cada vez más caro además de que comparado con equipos modernos, seremos menos eficientes. Debemos considerar también que conforme envejecen los generadores, tiene que salir de operación de forma más frecuente, por lo cual también deberíamos acostumbrarnos a apagones más frecuentes, como en la década de 1970.

Si además consideramos que este gobierno quiere dar prioridad a generadores que den salida a combustibles de Pemex como el combustóleo, acostúmbrese a emisiones constantes y más muertes prematuras de familiares donde se reciben emisiones de termoeléctricas, como Ciudad de México o Monterrey.

Además, cuando se recupere el crecimiento de la economía mexicana irá incrementando la demanda de energía. Eso hará necesario que sigan rescatando generadoras viejas y cuando no puedan más, invertir en nuevas plantas.

Y aquí vienen dos opciones: o usan dinero del Estado en construir generadoras de electricidad, dinero que se podría invertir en escuelas, hospitales, espacio público, programas sociales. Pero si deciden no distraer ese dinero en construir las generadoras, sino que CFE haga la inversión con recursos propios pues pasará lo que ahora: que CFE transmisión subsidie a las generadoras, con lo cual no habrá inversión para mantener la red en condiciones adecuadas ni para modernizarla. La otra opción es que CFE adquiera deuda para construir. Y aquí usaría un modelo más o menos parecido al famoso Pidiregas (del cual ya hablé hace meses aquí).

Entonces, acostúmbrese a los costos de generación promedio de CFE, que de acuerdo a información de la Comisión Reguladora de Energía cuesta alrededor de 1500 pesos el MWh. Olvídese de los costos de 400 pesos por MWh de subastas, porque esas son privadas y no estarían permitidas.

La otra opción es que el gobierno decida no endeudarse, no adquirir compromisos de pago ni desviar recursos y entonces no incremente la oferta energética. Y en ese caso, las empresas que piensen instalarse en México se irían a China, por ejemplo, o a algún país que sí le garantice el abasto eléctrico. La planeación del sector eléctrico sería totalmente estatal. Si es que hubiese inversión del estado, sería por decisión sólo de unos cuantos, con sus conocimientos y proyectos. Tal vez permitan que un privado desarrolle algo, pero se lo regale al gobierno.

¿Podría haber innovación? Probablemente sí, pero limitada a las posibilidades del estado y a la voluntad del gobernante y funcionarios públicos.

Además no habría forma de satisfacer una demanda creciente de lo ya existente, con lo cual se negaría el abasto de electricidad a ampliaciones de empresas, negocios o nuevos desarrollos inmobiliarios. Eso significaría paralizar la economía y el empleo.

En pocas palabras, echar para atrás la reforma energética para regresar el modelo de monopolio en México paralizaría la transición energética, tendría un espiral de encarecimiento de la energía y su consiguiente inflación, paralizaría la economía, mantendría las fuentes de emisiones altamente contaminantes, adiós nuevas inversiones, todo esto a cambio de tener una industria totalmente propiedad del estado mexicano. ¿Vale la pena? Es pregunta.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

Nicaragua: una década de dictadura

Este texto fue publicado originalmente en tres entregas en el sitio Confidencial. Se reproduce con permiso del autor.

Ilustración: Patricio Betteo

El itinerario de la dictadura: una década de autoritarismo

Mi objetivo en estas líneas, basadas en los apuntes de mi libreta como periodista, es describir la trayectoria del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua antes y después de la insurrección cívica de abril del 2018, así como analizar los desafíos políticos que enfrentamos hoy como nación.

Después de los fracasos de la Revolución Sandinista (1979-1990) y la transición democrática (1990-2006), Nicaragua está viviendo otra gran oportunidad histórica. La tercera en los últimos 40 años y quizá la última, en la que una gran alianza nacional —aún en gestación— intenta desalojar del poder a un régimen autoritario para realizar una reforma política democrática duradera.

¿Cuál es la naturaleza del régimen Ortega-Murillo y cómo estalló la Rebelión de Abril? ¿Cómo ha logrado Ortega “atornillarse” en el poder después de ejecutar una brutal represión? A casi dos años del estallido, ¿cuáles son las perspectivas de un cambio político democrático en Nicaragua? Las respuestas a estas preguntas demandan una verdadera conversación nacional. Mis reflexiones apuntan a contribuir a ese debate necesario para buscar una salida democrática, en estos momentos de dolor y esperanza para Nicaragua.

Itinerario de la dictadura Ortega-Murillo

El régimen que entró en crisis el 18 de abril del 2018 en Nicaragua es el resultado de más de una década de poder autoritario, en el que Daniel Ortega consolidó una dictadura que concentra y centraliza todos los resortes del poder: la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, el Poder Electoral, la Contraloría, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

Después de permanecer 16 años como líder de la oposición, Ortega regresó al poder en el 2007 al ganar una elección con el 38 % de los votos, favorecido por una regla constitucional sui generis pactada en el año 2000 con el entonces presidente Arnoldo Alemán (después procesado por corrupción), que redujo el umbral para ganar en primera vuelta del 45 % al 35 % con una diferencia de 5 % sobre el segundo lugar. Al contrario de Evo Morales, Hugo Chávez o Rafael Correa, quienes triunfaron con una marejada de votos en medio de una crisis del sistema político, Ortega no llegó al poder con una mayoría política, sino como resultado de la división del electorado, tras haber ejecutado durante más de una década un proceso de captura del Estado desde abajo, apoyado en el uso de la fuerza y la infiltración partidaria de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral.

Neoliberal, autoritario y asistencialista

Es completamente falsa, por lo tanto, la narrativa oficial que pretende presentar al gobierno de Ortega como la “segunda etapa de la Revolución Sandinista”. En realidad, esta terminó en 1990 con la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) y el desmontaje del modelo revolucionario. El autoproclamado gobierno “cristiano, socialista y solidario” de Ortega, instauró un régimen económico neoliberal, dándole continuidad a la política de los tres gobiernos anteriores —Violeta Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007)— bajo la tutela del fmi. Autoritario en lo político y asistencialista en lo social, el régimen de Ortega invocó una retórica revolucionaria, imponiendo al mismo tiempo valores conservadores, como la penalización del aborto terapéutico, mientras desmanteló el sistema de participación ciudadana y rendición de cuentas, anulando la autonomía municipal y la universitaria.

Una década antes de la aparición de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, Ortega definió a la prensa independiente como el “enemigo” que debe ser aplastado, y mucho antes de la era de las fake news, calificó a los periodistas como “Hijos de Goebbels”, desatando virulentas campañas de linchamiento contra la prensa en los medios oficiales, como respuesta a las denuncias de corrupción sobre su gobierno.

2008: el fraude electoral municipal

En noviembre del 2008, la oposición y grupos nacionales de observación electoral documentaron un fraude masivo en las elecciones municipales en más de 40 de los 153 municipios del país, incluida Managua, perpetrado por el Consejo Supremo Electoral (cse) controlado por el fsln. Ortega resolvió la disputa utilizando fuerzas de choque, con la complicidad de la Policía, para reprimir las protestas con violencia, mientras la oposición se mostró incapaz de defender el voto en las urnas y en las calles.

La constatación del fraude electoral provocó la primera crisis de legitimidad democrática del régimen. La Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones económicas a través de la suspensión de la cooperación para apoyo presupuestario y la Cuenta del Milenio, respectivamente. Sin embargo, Ortega logró sortear la presión de las sanciones, al sustituir esos fondos con la millonaria cooperación petrolera venezolana que manejaba de forma discrecional fuera del presupuesto de la República.

Los petrodólares de Venezuela y la corrupción

Entre 2008 y 2016, Nicaragua recibió más de usd$ 4500 millones de cooperación estatal venezolana —unos usd$ 500 millones anuales equivalentes al 6 % del Producto Interno Bruto— entre préstamos, donaciones e inversiones, que se manejaron a través de canales privados al margen del control estatal. Una parte de estos fondos se destinaron a respaldar los subsidios gubernamentales, programas asistencialistas y las actividades partidarias del fsln, pero la mayoría se desvió hacia el consorcio empresarial albanisa, una empresa binacional creada por pdvsa de Venezuela y Petronic de Nicaragua, en última intancia dependiente de los intereses privados de la familia Ortega-Murilllo.

Con la desviación millonaria de esos fondos estatales hacia actividades privadas, la familia Ortega-Murillo adquirió una influencia económica clave en el sector de la industria eléctrica y de hidrocarburos, entre otros. Además, creó un conglomerado de medios de comunicación en donde los hijos de Ortega son propietarios de al menos tres canales privados de televisión —4, 8 y 13— y mantienen el control del Canal 2 y del estatal Canal 6, así como de varias radioemisoras, de compañías de producción audiovisual y fundaciones, cobijadas o financiadas por el Estado.

Los medios de comunicación independientes investigamos y documentamos con pruebas la millonaria desviación de los fondos de la cooperación estatal venezolana hacia las actividades privadas del orteguismo, como uno de los mayores actos de corrupción de la historia de Nicaragua. Sin embargo, ninguna instancia estatal —Policía, Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, todas controladas por Ortega— realizó alguna investigación sobre estos presuntos delitos. Bajo un régimen de transparencia cero, la impunidad de la corrupción y la confusión de lo público con lo privado, se consolidó durante más de una década como una marca de identidad política del estilo de gobierno de Ortega.

2009: la alianza con los grandes empresarios

En el 2009, en las horas bajas de legitimidad democrática del régimen, se produjo un entendimiento providencial para Ortega con los grandes capitales de Nicaragua y la región, en medio de la crisis económica internacional. El acuerdo configuró un régimen corporativista, bautizado por ambas partes como el modelo de “diálogo y consenso” entre el poder autoritario y los grandes empresarios, según el cual estos ejercieron un cogobierno, acordado por consenso con el régimen la legislación sobre los asuntos económicos, mientras Ortega, como el dictador Anastasio Somoza Debayle en los años setenta, mantuvo el monopolio de la política. Así se desarrolló esta alianza para la promoción de negocios y atracción de inversión privada, sin democracia ni transparencia, con amplias ventajas para los grandes grupos económicos, al subordinar la política tributaria y las exoneraciones fiscales al presupuesto paralelo financiado por Venezuela, que Ortega manejaba con holgura.

Los resultados de esta alianza, celebrada como “populismo responsable” o “autoritarismo suave”, le brindaron al país estabilidad económica y sobre todo legitimidad política a Daniel Ortega para consolidar su dictadura institucional. Apuntalada en el dinamismo del sector externo y el crecimiento de la inversión privada, nacional y extranjera, Nicaragua experimentó tasas de crecimiento económico de 4.5 % promedio durante ocho años consecutivos, que le permitieron reducir los índices de pobreza extrema, y aunque no se produjeron cambios en la productividad y la estructura productiva, se implantó una esperanza de mejoría económica.

2011: la reelección inconstitucional

En noviembre del 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional. Impedido de ser candidato presidencial por dos candados constitucionales establecidos en la reforma de 1995 —la prohibición expresa de la reelección consecutiva y el impedimento de ser candidato para quienes ya hubiesen ejercido el cargo en dos ocasiones anteriores— recurrió a la sala constitucional de la Corte Suprema, controlada por su partido, alegando que la regulación de la reelección violaba sus derechos humanos. En esencia, Ortega usó el mismo argumento que en el 2003 había instaurado, como nefasto precedente, en Costa Rica el demócrata Óscar Arias para su reelección en el 2006, y que sería invocado cinco años después por Evo Morales en Bolivia para ser candidato en una cuarta reelección consecutiva. Pese a las denuncias de fraude electoral y cuestionamientos sobre la falta de transparencia presentados por la misión de observación electoral de la Unión Europea, Ortega obtuvo más del 62 % de la votación y logró mayoría calificada en el parlamento para reformar a sus anchas la Constitución y legalizar la dictadura institucional.

2013: el canal interoceánico y el movimiento campesino

En junio del 2013, el parlamento utilizó un procedimiento exprés para aprobar de forma sorpresiva la Ley no 840 para la construcción del “gran canal interoceánico”. La Ley Ortega-Wang otorgó al empresario chino Wang Jing y su empresa Hong Kong Nicaraguan Development (hknd), una concesión por cincuenta años prorrogables para expropiar de forma discrecional el territorio nacional, para la construcción del canal y sus subproyectos, cuya inversión sería de usd$ 50 000 millones.

Seis años después, el megaproyecto que Ortega vendió como la “tierra prometida” nunca inició su construcción y concluyó en una gran estafa. La amenaza a la propiedad de la tierra de los campesinos en la franja canalera generó un movimiento social que organizó más de 100 marchas de protesta para exigir la derogación de la ley. A pesar de la represión y la persecución, el movimiento campesino en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional, presidido primero por Francisca Ramírez y después por Medardo Mairena, se consolidó como uno de los principales actores sociopolíticos del país.

2014: la reelección indefinida

En el 2014, con el control de la mayoría calificada en el parlamento, Ortega impuso una reforma constitucional en la que establece la reelección presidencial indefinida y fortalece el esquema de subordinación de todos los poderes del Estado al Ejecutivo. De forma simultánea, la Asamblea reformó el Código Militar y la Ley de la Policía Nacional, legalizando la prórroga indefinida en sus cargos del jefe del Ejército y el director de la Policía, al servicio de la discrecionalidad presidencial. Con la reforma constitucional se institucionaliza el esquema de poder Estado-Partido, que en última instancia se subordina a la familia gobernante, a través de la pareja Ortega-Murillo.

2016: elección de partido hegemónico, sin competencia

En noviembre del 2016, se lleva a cabo la segunda reelección consecutiva de Ortega, esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente colocada en la línea de sucesión constitucional. Seis meses antes de la elección, el régimen despojó de su personería jurídica a la alianza opositora, Partido Liberal Independiente (PLI), y de forma ilegal expulsó del parlamento a diecisiete diputados opositores. La elección celebrada entre el fsln y cinco partidos colaboracionistas, sin competencia ni oposición política, le dio a Ortega la victoria con el 72.5 % de los votos. No obstante, los observadores electorales independientes denunciaron una abstención mayor del 70 %, como señal de rechazo y protesta masiva del electorado.

2017: los signos del desgaste, sin oposición política

En el 2017, con la caída del precio internacional del petróleo se vislumbraban signos del desgaste económico del modelo corporativista autoritario al disminuir considerablemente el flujo de petrodólares de la cooperación venezolana. El Fondo Monetario Internacional (fmi) advirtió crecientes presiones fiscales, derivadas de la crisis de las finanzas públicas y del sistema de seguridad social, mientras el malestar social se reflejaba en la protesta de movimientos sociales: campesinos, feministas, promotores de elecciones libres y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no existía el contrapeso de una oposición política nacional que cuestionara el poder de la dictadura. A pesar de las críticas de la prensa independiente sobre la insostenibilidad del modelo autoritario en alianza con los grandes empresarios, sus promotores más bien proponían exportar el “modelo” en América Latina. En el 2018, Ortega inicia el segundo año de su tercer período de gobierno consecutivo, con miras a conformar una dictadura dinástica en el 2021.


La Rebelión de Abril y la crisis terminal del régimen Ortega-Murillo

La insurrección cívica estalló sin aviso el 19 de abril. Una semana antes, grupos de estudiantes universitarios y activistas medioambientales autoconvocados en redes sociales, protestaron durante siete días consecutivos contra la negligencia del Gobierno ante el incendio de la reserva de Indio Maíz. La Policía les impidió marchar en las calles, pero la protesta representó para muchos jóvenes una formidable experiencia organizativa.

El 18 de abril, el Gobierno publicó el decreto de reformas a la seguridad social, aumentando las cotizaciones patronales y laborales y gravando las pensiones.

La medida fue rechazada por las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como un acto unilateral que rompía el modelo de “diálogo y consenso”, mientras un grupo de estudiantes universitarios, entre ellos los participantes en la protesta por el incendio de Indio Maíz, activistas de la sociedad civil, feministas y jubilados de la tercera edad, convocaron a protestas cívicas en Managua y León en contra de las reformas. Los protestantes fueron vapuleados por las fuerzas de choque del FSLN, protegidas por la Policía Nacional, primero en León y después en Managua en el centro comercial Camino de Oriente, donde atacaron con tubos y piedras a manifestantes y a periodistas que cubrían la protesta. Las imágenes de la represión y la resistencia que se extendió hasta la Universidad Centroamericana fueron transmitidas en vivo durante más de tres horas en la televisión por cable a través de 100 % Noticias y se viralizaron a través de las redes sociales, generando un sentimiento de repudio e indignación nacional. Un día después, al continuar el reclamo el 19 de abril, el régimen desató una represión sangrienta que desencadenó una ola de protesta nacional.

La ruptura de los estudiantes en las universidades públicas

La protesta estudiantil, inicialmente focalizada en las universidades privadas, Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad Americana (UAM), se extendió al 19 de abril a las universidades públicas: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (unan de León y Managua), Universidad de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria (UNA) y Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Los estudiantes que se rebelaron al control político de la Unión Nacional de Estudiantes (Unen), dirigida por la Juventud Sandinista del FSLN, se rehusaron a ser utilizados como fuerzas de choque para reprimir a sus compañeros, y se sumaron a la protesta contra el régimen para reclamar el restablecimiento de la autonomía universitaria en los campus.

El quiebre del sistema de control político tradicional del régimen sobre la juventud marcó un punto de inflexión en el inicio de la Rebelión de Abril, mientras la Policía reaccionó con una violencia inusitada, utilizando armas de fuego, francotiradores y paramilitares para intentar desalojar a los estudiantes de los campus universitarios tomados en la UNI, UPOLI y la UNA.

La orden “Vamos con todo”

Ante las primeras manifestaciones de la resistencia estudiantil, el 19 de abril la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a una reunión de emergencia a las estructuras partidarias del FSLN y la Juventud Sandinista en Managua. Su lugarteniente Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN, secretario general de la Alcaldía de Managua y jefe de los grupos paramilitares, transmitió la orden de la vicepresidenta: “vamos con todo”. Según el testimonio de Ligia Gómez, exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, Moreno explicó que el objetivo era aplastar la protesta con todos los recursos disponibles para “defender la revolución”, e impedir que los manifestantes se tomaran las calles, para lo cual presentaron un plan para defender 61 puntos estratégicos en la ciudad de Managua, que en pocas horas fueron rebasados por una espontánea protesta que derivó en la insurrección cívica. Unas horas después, la represión armada cobró los primeros tres muertos, en una orgía de violencia represiva que no se detendrá durante al menos 100 días. En la primera semana de represión, se produjeron más de cincuenta muertos iniciando el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz.

A partir de las protestas de abril, la dictadura institucional Ortega-Murillo se convirtió en una dictadura sangrienta. Si la chispa de la protesta fue la reforma a la seguridad social, el detonante que la convirtió en masiva fue el rechazo nacional a la brutalidad de la represión. Un régimen diseñado para gobernar sin oposición colapsó al enfrentar una protesta cívica masiva que fue percibida como una amenaza a su poder político. Acostumbrado a mantener el control con base en la violencia selectiva, la cooptación, el fraude electoral, la centralización de los poderes del estado y el control los espacios públicos, el régimen reaccionó con extrema violencia al perder la mayoría política y el control de las calles.

El ataque contra la prensa

En la medida en que se masifica la protesta cívica, el régimen también arrecia sus ataques contra la prensa independiente. El 19 de abril, el director del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor), Orlando Castillo, impuso la censura televisiva por las vías de hecho a los canales 100 % Noticias, 12, 23 y 51. Ocho horas después, Telcor restableció las señales televisivas, excepto la de 100 % Noticias que regresa al aire hasta el 25 de abril como resultado de la presión ciudadana.

A diferencia de otras crisis más prolongadas como la de Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua en menos de un año se concentran todos los crímenes contra la prensa: el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefields, la destrucción de Radio Darío en León, la censura contra la televisión y el bloqueo aduanero contra los periódicos, las agresiones físicas y asaltos contra reporteros, las amenazas, espionaje e intimidación por parte de policías y paramilitares contra periodistas; la ocupación policial y confiscación de facto de Confidencial y 100 % Noticias y la criminalización del ejercicio del periodismo con el juicio político y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda durante seis meses.

A pesar de la persecución, el exilio de periodistas y el cierre de medios, el empoderamiento de los ciudadanos con sus teléfonos celulares y el uso de las redes sociales ha permitido documentar la represión y la resistencia, mientras el periodismo realiza una gran labor de curaduría profesional. La solidaridad entre los medios independientes y el surgimiento de nuevas prácticas de periodismo colaborativo contribuye a derrotar la censura oficial, evidenciando también la crisis de credibilidad del aparato oficial de medios de comunicación.

La insurrección cívica y el Diálogo Nacional

La nueva mayoría política que empieza a tomarse las calles el 19 de abril no está liderada por algún partido político, líder u organización, sino por fuerzas sociales autoconvocadas que demandan democracia y libertad, el cese de la represión, el fin de la dictadura y la convocatoria a elecciones libres.

El movimiento que nació en la protesta universitaria se extiende a las principales ciudades del país y le arrebata al FSLN el control de antiguos bastiones políticos en las ciudades de Masaya, León, Estelí y Matagalpa. El régimen recrudece la represión y la rebelión en las calles proclama “Ortega y Somoza son la misma cosa”, demandando la renuncia de Ortega y Murillo.

Ante la matanza y la violación masiva de derechos humanos, el sector empresarial decreta el fin de la alianza con el régimen. La ruptura no surge de un análisis autocrítico sobre el modelo corporativista, sino de un imperativo ético y de sobrevivencia política. El empresariado proclama que no puede haber negociaciones económicas con el régimen, si no hay una solución política democrática que debe surgir de un diálogo inclusivo, reconociendo la existencia de nuevos actores políticos y sociales.

Con la pérdida de su principal aliado económico y político, y bajo la presión de la protesta cívica, en mayo Ortega solicita a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica que convoque a un Diálogo Nacional. Los obispos seleccionan como participantes a estudiantes universitarios, gremios empresariales, representantes de la sociedad civil y al movimiento campesino, que posteriormente se agrupa en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mientras tanto, la insurrección cívica combina marchas masivas, barricadas en los barrios de las ciudades y tranques en las carreteras, para presionar por la salida de Ortega y Murillo del poder, y la negociación de elecciones anticipadas. El objetivo del diálogo es facilitar una negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica en torno a una agenda de democratización y justicia, que nunca llega a debatirse, al condicionar el Gobierno su participación al levantamiento de los tranques.

El único resultado del diálogo fue la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, posteriormente, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para investigar las violaciones de los derechos humanos. Las recomendaciones de la CIDH, que incluyen el cese de la represión y el desarme de los grupos parapoliciales, fueron aprobadas por unanimidad en la mesa del diálogo, pero el Gobierno se rehusó a cumplirlas.

La “Operación Limpieza” y la crisis de derechos humanos

Entre junio y julio del 2018, el régimen impone la ruptura del diálogo al desatar un operativo militar de gran envergadura, la llamada “Operación Limpieza”, con fuerzas paramilitares y policiales para despejar los tranques y las barricadas en la unan-Managua, Carazo, Masaya, el barrio Monimbó, Juigalpa, San Pedro de Lóvago y Jinotega. El resultado de la represión provoca decenas de muertos, persecución política y miles de personas huyen al exilio.

Según el informe de la CIDH, entre abril y julio del 2018, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, sin que existiera una situación bélica o un enfrentamiento entre dos bandos armados. Para dimensionar la magnitud de esta crisis humanitaria, cabe precisar que Nicaragua es un país de seis millones de habitantes.

La proyección de esta pérdida en países con poblaciones más numerosas como México, Argentina, Colombia o Brasil equivaldría a la de miles de vidas en menos de 100 días. En diciembre, el GIEI calificó estas violaciones, que además incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violaciones sexuales a mujeres y hombres, como crímenes de lesa humanidad. Tres informes de organismos internacionales de derechos humanos —CIDH, GIEI y OACNUDH— han documentado la gravedad de estas violaciones derivadas de la violencia estatal, desvirtuando la narrativa oficial que pretende justificar la represión, al alegar la existencia de un supuesto intento de “golpe de Estado”. Casi dos años después de la matanza, todos los crímenes se encuentran en la impunidad: ningún policía, paramilitar o partidario del FSLN ha sido investigado, detenido o procesado y las organizaciones internacionales de derechos humanos fueron expulsadas del país en diciembre del 2018.

El Estado de sitio de facto, los presos políticos y el segundo Diálogo Nacional

Después de la matanza de abril-julio, el régimen lanza un operativo masivo de encarcelamiento de los participantes en la protesta cívica. Más de 700 ciudadanos son capturados y enviados a prisión, y sometidos a juicios políticos por el presunto delito de terrorismo. Más de 100 000 nicaragüenses se ven obligados a salir al exilio, la mayoría en Costa Rica, donde hay 80 000 solicitantes de refugio, pero también en Panamá, España, México, Canadá y Estados Unidos.

En septiembre del 2018, se impone el estado de excepción de facto, con la prohibición expresa por parte de la Policía para la realización de marchas de protesta cívica y la anulación del derecho de reunión y movilización. A pesar del estado de sitio policial, la resistencia cívica se adapta a nuevas formas de lucha a través de protestas relámpago de pequeños grupos y piquetes exprés, en distintos puntos de las ciudades. En octubre de ese mismo año, más de 90 organizaciones crean la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) como una plataforma de movilización para impulsar la lucha cívica.

Entre el 9 y el 12 de diciembre se produce otra acción represiva contra las libertades democráticas. La Asamblea Nacional despoja de su personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover los derechos democráticos —Cenidh, Hagamos Democracia, Ieepp, Cisas, Popol Na, Ipade, Cinco, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias (Ills)— anulando el derecho de asociación. La escalada continúa con el asalto policial y la confiscación de facto de los medios de comunicación, Confidencial y 100 % Noticias, y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. La violencia represiva continuó en el 2019 con la eliminación selectiva de más de 40 líderes campesinos o ex miembros de la Contra, por motivaciones políticas en las zonas rurales del norte del país.

Sin embargo, en febrero del 2019, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos el régimen acepta un nuevo Diálogo Nacional con la Alianza Cívica, teniendo como testigos internacionales al representante del secretario general de la OEA y al Nuncio Apostólico. A finales de marzo, el régimen acepta liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, y restablecer las libertades democráticas para restituir los derechos constitucionales. En junio, excarcela a más de 300 presos al amparo de una ley de amnistía, que otorga impunidad a los perpetradores de los crímenes, pero mantiene en la cárcel a 138 presos políticos, sin restablecer las libertades democráticas ni aceptar la negociación de la reforma electoral para ir a elecciones libres. Así fracasa el segundo Diálogo Nacional, mientras el régimen mantiene el estado de sitio de facto, y arrecia la persecución política, extendiéndola a la Iglesia católica y los familiares de los presos políticos y los asesinados.

El fracaso del Diálogo incrementa la condena y el aislamiento del régimen en los foros internacionales. La Organización de Estados Americanos (OEA) avanza en el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y certifica que en Nicaragua se ha producido una ruptura del orden constitucional. Estados Unidos y Canadá imponen sanciones internacionales contra nueve altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Rafael y Laureano Ortega Murillo; así como los principales operadores políticos, económicos, policiales, y de seguridad, vinculados a la represión y la corrupción. Las sanciones también abarcan a las empresas Banco Corporativo y DNP-Petronic. Por su parte, la Unión Europea aprueba el marco legal para sancionar individuales contra funcionarios del régimen y el Parlamento Europeo aprueba una resolución política demandando la aplicación de estas sanciones. En el 2020, Nicaragua inicia su tercer año consecutivo de recesión económica, provocada por la crisis sociopolítica que ha producido una parálisis en la inversión nacional y extranjera y la pérdida de centenares de miles de empleos.


A medio camino de la Rebelión de Abril, una ruta de salida de la dictadura

La excarcelación de 91 presos políticos en la víspera de año nuevo, sin que haya mediado una negociación entre la dictadura y la oposición, es un triunfo de la presión política nacional e internacional. Un resultado, en primer lugar, del coraje y la lucha de las madres de los presos políticos y su huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya, de la unidad en la acción de la Alianza y la UNAB para liberar a los “aguadores” y a todos los presos, junto a las sanciones internacionales de Estados Unidos, la resolución de condena del Parlamento Europeo y las gestiones humanitarias del papa Francisco.

Ciertamente, es un logro parcial en tanto el régimen aún mantiene como rehenes a más de 60 personas de conciencia y quienes salieron de la prisión no han recuperado plenamente su libertad y siguen sometidos, casa por cárcel, al asedio policial y paramilitar. Sin embargo, la excarcelación de los 91, así como la de más de 300 en junio del año pasado, ha desatado una nueva fuerza política integrada por muchos de los rostros visibles de la protesta cívica, que con su resistencia en la cárcel sellaron la derrota moral y política de la dictadura. En el actuar simultáneo de la presión política interna y la presión diplomática radica una de las claves para romper el impase que el régimen ha impuesto a punta de represión; la otra, es cómo mantener la presión de la resistencia cívica al máximo, hasta lograr la suspensión del estado de excepción de facto.

A pesar de la crisis política terminal de la dictadura y la creciente condena internacional, todo indica que en el 2020 Ortega mantendrá su alineamiento ideológico con Cuba y Venezuela y seguirá aferrado al poder, sin facilitar una solución política; ni la presión externa por sí sola, ni el agravamiento de la recesión económica, producirán un cambio político. Es imperativo, por lo tanto, identificar los obstáculos políticos a vencer para sumar nuevas fuerzas, así como formular las preguntas y los desafíos, que permitan delinear una ruta de salida democrática a la crisis de la dictadura.

La urgencia de una coalición nacional opositora

Veinte meses después de la insurrección cívica autoconvocada, el país está demandando más organización territorial, liderazgo y conducción política, a través de la anunciada Coalición Nacional, la cual tendría como bloque fundacional a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Una coalición opositora que deberá ser inclusiva para sumar nuevas fuerzas políticas y sociales, neutralizar a sectores que hoy apoyan al régimen, y capitalizar la solidaridad internacional. El desafío de esta coalición, necesariamente diversa y plural, será conducir una estrategia de lucha popular y nacional bajo un programa de reformas democráticas, y llenar el vacío de poder que está dejando la crisis del régimen, para cambiar el balance del poder. Este cambio empieza por practicar en casa mecanismos democráticos de selección de liderazgos y, eventualmente, de candidaturas a cargos de elección popular, para erradicar la enfermedad del caudillismo.

En la acera de enfrente, Ortega se mantiene en el poder por la fuerza de las armas, con el respaldo de la Policía, los paramilitares y el Ejército. Ordena y manda, pero no gobierna. Al perder su capacidad para restablecer sus viejas alianzas políticas, económicas y sociales, nunca podrá restituir su capacidad de gobernar.

Su objetivo estratégico para continuar en el poder es impedir la consolidación de la unidad nacional opositora. Ortega cuenta con un arsenal de incentivos para promover su “reforma electoral” con los partidos colaboracionistas, pero no puede dividir a la oposición “Azul y Blanco” en dos y hasta tres bloques electorales, si el liderazgo nacido en la Rebelión de Abril se mantiene cohesionado. Una división de la oposición le permitiría a Ortega imponer el peso de su minoría política ante un electorado disperso, e incluso perder una elección y seguir gobernando “desde abajo” por la fuerza y el chantaje. En cambio, con la unidad opositora se garantizaría no solo ganar una elección, sino que el nuevo Gobierno democrático obtenga mayoría calificada en las urnas con un mandato inequívoco para desmantelar las estructuras dictatoriales, con apoyo de la comunidad internacional.

El retorno político de los exiliados

Igual que los presos políticos excarcelados en junio y diciembre del 2019, los exiliados representan una nueva fuerza política. En el exilio de Costa Rica, principalmente, se encuentran muchos líderes representativos de la protesta cívica de Masaya, Carazo, Matagalpa, León, Nueva Guinea y otras comunidades, así como activistas de la sociedad civil, universitarios, campesinos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Sin embargo, mientras se mantenga el estado de sitio policial, no existen garantías para su repatriación. En el 2019 no hubo retorno seguro, solo un retorno político en el que cada ciudadano asumió los riesgos de su reinserción.

Mientras se crean condiciones para la repatriación masiva de decenas de miles de refugiados, después de la salida de Ortega y Murillo del poder, el retorno político de los exiliados en el 2020 demanda al menos tres garantías mínimas: 1. que regresen a Nicaragua las comisiones internacionales de derechos humanos (CIDH, OACNUDH, GIEI, Amnistía Internacional y Human Rights Watch); 2. El desarme y desmantelamiento de los grupos parapoliciales al que el Gobierno se comprometió en mayo del 2018 en el primer Diálogo Nacional; y 3. El restablecimiento pleno de las libertades democráticas, que el Gobierno acordó, en marzo del 2019, con la Alianza Cívica en el segundo Diálogo Nacional.

El país también anhela que cese el exilio forzado que ha vivido en Roma el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, uno de los líderes religiosos más respetados de la Iglesia católica y, a la vez, el ciudadano nicaragüense que genera mayor credibilidad y consenso entre la población. Sería un gran gesto de solidaridad del papa Francisco facilitar que el obispo Báez pueda retornar a su patria y a su iglesia, cuando más lo necesitan, y contribuir de esa forma a restituir el derecho de todos los nicaragüenses a vivir en paz, sin represión, y a terminar con el exilio.

La encrucijada de los grandes empresarios

La ruptura de la alianza de los grandes empresarios y las cámaras empresariales del Cosep con el régimen, significó para Ortega la pérdida de su principal base de sustentación política extrapartidaria. El modelo corporativista autoritario que promovía la inversión privada, a costa de democracia y transparencia, colapsó por la vía de los hechos cuando la dictadura institucional se convirtió en una dictadura sangrienta en abril del 2018. Aunque no hubo una revisión crítica, balance o análisis de fondo sobre las implicaciones políticas de esos nueve años de cogobierno económico, el empresariado cortó sus vínculos con el régimen y través de las cámaras de Cosep, AmCham y Funides, apoyó las gestiones de la Alianza Cívica para buscar una salida política a la crisis nacional, en los diálogos nacionales de mayo del 2018 y marzo del 2019.

En el 2020 las empresas enfrentarán su tercer año consecutivo de recesión económica, con el costo social de miles de familias en pobreza, desempleo, migración e informalidad, mientras el tirano sigue exponiendo al país a sanciones internacionales cada vez más severas con impactos impredecibles. Las represalias económicas contra empresarios pequeños, medianos y grandes enseñan que Ortega sí está dispuesto a cumplir su amenaza de empujar al país al precipicio de la economía de sobrevivencia a la “economía del gallopinto”. La pregunta obligada es: ¿cuál será la respuesta del liderazgo de los grandes empresarios ante el agravamiento de la crisis de la dictadura? ¿Siguen apostando a las soluciones externas, o están dispuestos a asumir el riesgo de que el sector privado se convierta en un actor democrático, no partidario, para presionar al régimen a negociar una reforma política —con o sin Ortega-Murillo—, que desemboque en la reforma electoral?

El sector más beligerante de la protesta cívica demanda el apoyo del empresariado a un paro nacional, como medida de presión de último recurso. En realidad, existe un amplio abanico de posibles acciones para ejercer más presión cívica desde el sector empresarial. En una economía de mercado como la nicaragüense dominada por el sector privado, cualquier decisión del liderazgo empresarial de poner un límite terminante a la dictadura, tendrá una incidencia directa, ya no en la pareja dictatorial, pero sí en la alta burocracia económica del Gobierno, en el alto mando del Ejército, en los magistrados de los poderes del Estado y en los empresarios sandinistas. La encrucijada de los empresarios es callar y someterse, o adoptar riesgos para contribuir al cambio político, entendiendo que después de abril también ha caducado la forma tradicional de hacer política de las élites económicas. Con la emergencia de una nueva mayoría política ya no es posible, como antes, escoger de dedo candidatos presidenciales o partidos políticos para trazar el destino del país; la alternativa de apoyar una coalición nacional implicaría respaldar un programa de reformas y métodos transparentes de selección de liderazgos, cuyos resultados no pueden ser predeterminados, sino que están sujetos a la regla democrática de la incertidumbre. Esa es la esencia del nuevo orden democrático que pugna por nacer, mientras el viejo orden de la dictadura, el hombre fuerte y las “misas negras”, aún se resiste a morir.

La presión externa: sanciones, verificación y reconstrucción

Veinte meses después del estallido de abril, el logro más rotundo de la protesta cívica es haber derrotado la estrategia de la dictadura que intentaba encauzar la crisis política hacia un conflicto militar. Fracasó Ortega en todos los foros internacionales con su narrativa del supuesto golpe de Estado, para justificar la represión y la matanza, y tampoco pudo imponer la opción militar a la oposición “Azul y Blanco”. A pesar del dolor y la impotencia provocada por la represión, la matanza, y la cárcel; a pesar de la desesperación nacida de la persecución, el exilio y el Estado de sitio policial; la oposición nunca ha concebido la vía militar como una opción y se mantiene firme en que la única salida para desmantelar la dictadura en esta crisis nacional, es política y democrática. Una salida que pasa por una negociación —con o sin Ortega-Murillo— cuyas premisas son la liberación de los presos, la suspensión del Estado policial y el restablecimiento de las libertades democráticas, para acordar las reformas políticas, incluida la reforma electoral, que permitan ir a elecciones anticipadas, libres y competitivas.

La presión internacional y las sanciones de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea enfocadas en la doble crisis de democracia y derechos humanos provocada por la dictadura, juegan un papel imprescindible para aislar y debilitar la capacidad económica del régimen para reprimir. Adicionalmente, deberían orientarse hacia la verificación de los acuerdos incumplidos —desarme de paramilitares, retorno de CIDH y restablecimiento de libertades democráticas—, así como a garantizar que se cumplan los nuevos acuerdos aún pendientes de negociar sobre reforma política y electoral, y sentar las bases para una asistencia internacional extraordinaria, que será necesaria.

La transición democrática en la Nicaragua post-Ortega empieza con reformas que permitan realizar elecciones libres para desalojar del poder al régimen Ortega-Murillo, pero para gobernar en paz un nuevo gobierno democrático requerirá desmantelar las estructuras de la dictadura, empezando por el desarme de los paramilitares y la creación de una nueva Policía Nacional, así como las reformas a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Ejército y la Contraloría.

La envergadura de estas reformas, mientras un nuevo Estado democrático está aún en construcción, requerirá un proceso de asistencia internacional extraordinaria, en el que participen la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, no solo para apoyar en la reforma electoral, sino para asegurar la estabilidad en la transición y durante la reconstrucción. Para emprender estos y otros cambios, cobijados bajo una reforma constitucional, el nuevo Gobierno democrático requerirá el apoyo de una Comisión de la Verdad y una entidad supranacional de investigación, para sentar las bases de la estabilidad con justicia sin impunidad, ante la corrupción y los crímenes de lesa humanidad.

En consecuencia, la comunidad internacional debería poner en su agenda no solo las reformas electorales que conduzcan a la sustitución de la dictadura en el poder, sino un compromiso de mediano plazo con la reconstrucción nacional pos-Ortega, para desmantelar las estructuras dictatoriales.

La dignificación de los servidores públicos y la crisis del FSLN

Junto al monopolio de la fuerza y el control de las finanzas públicas, otro de los pilares de la dictadura Ortega-Murillo ha sido el dominio político que ejerce sobre más de 120 000 empleados públicos, civiles y militares, sometidos al sistema Estado-Partido-Familia. Los servidores públicos están controlados por el partido FSLN que sustituyó la ley de servicio civil y carrera administrativa por la obediencia partidaria.

Sin embargo, durante la insurrección cívica de abril, centenares de médicos, trabajadores de la salud, maestros, profesores universitarios, policías y técnicos del Estado fueron despedidos porque se negaron a cumplir órdenes políticas de la maquinaria represiva. Los testimonios recientes de presos políticos excarcelados y sus familiares confirman la presencia de esbirros y torturadores en las cárceles, así como de policías fanatizados en el culto a la personalidad de Ortega, y de paramilitares incrustados en las instituciones del Estado; pero también revelan la existencia de policías y custodios, que se limitan a cumplir órdenes sin reprimir, y de empleados públicos que, con cautela y discreción, brindan una valiosa contribución a la resistencia cívica.

Si el electorado que apoya ciegamente a Ortega y al FSLN, ya sea por convicción ideológica, tradición política o intereses económicos, se estima en un 20 %, entre los empleados del sector público, civiles y militares, el porcentaje de militancia en el FSLN quizás es similar o ligeramente mayor. Pero la gran mayoría de los servidores públicos, como los ciudadanos, no son partidarios de Ortega y el FSLN, aunque tampoco pueden profesar otra filiación o simpatía política; su vínculo primordial es con un Estado en el que la estabilidad laboral no depende de la meritocracia, sino en contactos políticos y familiares.

Obligados a “rotondear” y a participar en marchas partidarias bajo control de lista, la mayoría de los empleados públicos mantienen sus puestos de trabajo para garantizar el sustento económico familiar y algunos, incluso, se consideran rehenes de la dictadura. A contrapelo del control partidario, en el sector público existen formas de resistencia cívica que van desde la solidaridad con sus familiares, quienes son víctimas de la represión, hasta las denuncias de corrupción pública y violaciones a los derechos humanos, filtradas a la prensa por servidores públicos. La formación de una coalición nacional opositora debería conllevar una propuesta y estrategia nacional para dignificar los servidores públicos, civiles y militares, que le ofrezca estabilidad a todos los que están al margen de la represión y la corrupción. Se debe seguir derrotando el discurso de odio polarizante de Ortega-Murillo, desde afuera y adentro del Estado, iniciando la separación del Estado-Partido-Familia.

En la agonía política del régimen, también el Frente Sandinista se está hundiendo con la familia gobernante, igual que el Partido Liberal Nacionalista naufragó con Anastasio Somoza Debayle cuando fue derrocado por la revolución en 1979. El futuro político del FSLN depende ahora de la capacidad de sus cuadros civiles y militares, si están ajenos a la represión y la corrupción, de encarar la matanza que otros perpetraron en nombre del sandinismo, y contribuir al establecimiento de la verdad y la justicia. Si el FSLN pretende jugar algún rol en la transición democrática que inevitablemente se abrirá en Nicaragua, sin dictadura, debería verse en el espejo del Movimiento al Socialismo (mas) de Bolivia, que participará en las próximas elecciones presidenciales del 3 de mayo, mientras el expresidente Evo Morales, en el exilio, se encuentra inhabilitado para ser candidato. Antes de que sea demasiado tarde, el FSLN tendría que romper con el control político de la familia Ortega-Murillo, lo cual a estas alturas de la crisis resulta poco probable en un régimen que nunca tuvo ni tiene un plan de sucesión.

Para el 2020 vienen tiempos duros, de crisis e incertidumbre en torno al desenlace de la crisis de la dictadura, pero, indefectiblemente, serán días mejores, tiempos de esperanza para un pueblo sufrido que, como ha proclamado el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez: “al perder el miedo, ya empezó el cambio”, que ahora resulta irreversible.


*El texto corresponde al ensayo “Nicaragua: antes y después de la Rebelión de Abril”, publicado en febrero 2020 en el libro “Anhelos de un nuevo horizonte: aportes para una Nicaragua democrática”, editado por Alberto Cortés Ramos, Umanzor López Baltodano y Ludwing Moncada Bellorín, para Flacso.

Energía

El nacionalismo y el mito de la propiedad del generador

¿Cuál debe ser la función de una empresa de electricidad? Depende en qué parte de la cadena productiva estés puedes generar, transportar o vender.

Ilustración: Víctor Solís

Hasta la reforma de 2013, sólo la Comisión Federal de Electricidad podía hacer estas actividades, con algunas pequeñas concesiones al sector privado en materia de generación. A partir de 2013, sólo CFE puede transportar (transmisión y distribución), mientras que la generación y la venta de energía puede hacerlas cualquier participante.

Estar en un mercado o monopolio es una decisión soberana de los pueblos. La gran mayoría de los mexicanos tenemos implantada, de forma casi religiosa, la idea de la grandeza de los monopolios estatales mexicanos. En esa estructura mental, toda la capacidad de generación debería ser propiedad del gobierno.

Un grupo que piensa así es el que gobierna México y lamentan, por ejemplo, que los generadores de electricidad que ganaron contratos en subastas y le venden energía eléctrica a los comercializadores de energía (CFE Suministro Básico), no cederán a CFE la propiedad de las centrales de generación al final del contrato de las subastas.

Incluso hace un par de días, anunciaron que CFE Capital crearía un fideicomiso para hacerse de recursos y entre otras cosas, adquirir generadoras “estratégicas”, lo que muchos entienden como comprar algunas centrales privadas de generación que ya tiene algún tiempo operando.

¿Le conviene a CFE quedarse con una central eléctrica al final de un contrato o con un contrato avanzado? Pongamos como ejemplo en un parque solar.

Los paneles solares tienen garantías de que del año uno al 25 generarán por lo menos el 80 por ciento de su capacidad nominal. En español: un panel solar de 100 watts el primer año generará 100 watts y se ira degradando. Al año 25 deberá generar por lo menos 80 watts, siempre que tengan condiciones de cuidado adecuadas.

A partir del año 26 la capacidad de generación deja de estar garantizada y un parque irá generando cada vez menos energía. Ojo: no dejará de generar, pero muy probablemente lo hará menos. Adquirir un parque solar después de 20 años de operación significará tener un parque devaluado, con menos capacidad de generación que en los primeros 15 o 20 años.

Aunque este fenómeno es más visible en paneles solares, la pérdida de eficiencia en la generación se da en cualquier generador. Los parques eólicos también suelen irse modernizando y debe repotenciarse. Al final de un periodo de operación, el operador deberá invertir para que su parque siga siendo rentable. Las unidades de generación hidroeléctricas se tienen que renovar también, además de que renovarlas les permitirá generar mas. Un generador de ciclo combinado o una caldera con el tiempo necesitará renovarse y desechar las partes viejas.

Pero que CFE adquiera centrales eléctricas de otros generadores tiene otras variables: buena parte de las centrales solares y eólicas están construidos en terrenos rentados. Hacer que al final de un periodo de operación las centrales pasen a ser propiedad de CFE, significaría forzar a la compra de terrenos a quien los construya o que CFE negocie y llegue a un nuevo trato. En cualquiera de los casos, se estarían incrementando los costos de los proyectos o la inversión que tenga que hacer CFE a la hora del traspaso.

Pero hay un último punto: el laboral. Las generadoras que construyen y operan sus centrales por un periodo de tiempo consideran a sus trabajadores y sus salarios y prestaciones por ese periodo de tiempo. Entregar las centrales de generación a CFE obligaría a que CFE contrate a los operadores que ya estuvieron todos esos años laborando, o que se capacite y contrate nuevos trabajadores. Eso terminará por crear un pasivo laboral al generador y/o a CFE, que incrementa los costos de generación de manera innecesaria.

Por eso incluso el gobierno, cuando planea un proyecto con uso de tecnología, considera el costo de adquisición de la tecnología, cómo esta se irá pagando, su depreciación en el tiempo y el final de su vida útil, donde puede llegar a tener valor de fierro viejo.

¿Tiene sentido entonces adquirir plantas viejas sólo por asegurarse que el activo será de CFE? No si tu intención es ser una empresa eficiente, moderna, que ofrezca servicios de alto valor y bajo costo a tus clientes.

Pero si tu intención es inflar nominas para mantener control político y quedar bien con el sindicato o simplemente quieras envolverte en la bandera nacionalista para decir que la chatarra será chatarra, pero será chatarra nacional, pues tiene sentido.

Y mientras eso sucede, podemos ver países desarrollados, renovando su parque de generación, permitiendo que privados se establezcan, generen y vendan energía de forma competitiva, bajando precios de energía a sus ciudadanos y a su industria, cerrando plantas obsoletas y contaminantes, aunque el viejo nacionalista revolucionario que muchos tienen dentro imagine que viven en la zozobra, porque sus gobiernos no son dueños de sus parques de generación. Como si viviéramos en la guerra fría.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

Impresiones de una enemiga interna en una embajada de México

En el microuniverso de una embajada de México en el extranjero también existe la discriminación de género que prevalece en otros centros de trabajo. Una exempleada de una de esas legiones relata aquí cómo, desde su papel de “enemiga interna”, pudo observar las dinámicas estructurales del sexismo institucional.

No habían pasado ni tres horas de mi primer día de trabajo cuando me di cuenta de que en ese lugar no estaba segura. Después del recorrido de bienvenida, una joven mexicana que hacía sus prácticas profesionales se acercó a mi oficina para decirme en voz baja, de esa forma tan singular que tenemos las mujeres para protegernos entre nosotras, que me anduviera con cuidado porque dos de los jefes que teníamos seguramente intentarían tocarme. Un par de días después me enteré de que en el último año habían renunciado siete personas y que todas ellas habían sido mujeres. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que estos dos detalles estaban relacionados.

En los últimos diez meses trabajé en una embajada de México en Europa.  No dejo constancia escrita de la localidad exacta de esta oficina por razones de seguridad. Esta pieza es un registro personal que no pretende ser una denuncia factual; aquí señalo ciertas prácticas sociales y laborales inadmisibles de las que fui testigo, lo cual tiene el potencial de herir susceptibilidades y de ponerme en perjuicio. Estoy consciente de que mi experiencia no es una realidad para todas las oficinas de la cancillería y que, en su gran mayoría, estos espacios están compuestos por funcionarios profesionales y comprometidos con el apoyo a la comunidad mexicana en el exterior. Sin embargo, yo llegué a una oficina que tiene mala reputación ignorándolo yesta experiencia permanecerá en mi memoria como una de las decepciones más grandes de mi incipiente trayectoria profesional.

Las embajadas de México son oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ubicadas en el exterior que funcionan como representaciones del gobierno y de la población mexicana. Tienen tres funciones principales: atender la relación bilateral de México en el país donde se encuentran, dar protección y asistencia consular a mexicanos en el extranjero, y defender los intereses del país en la arena global. Actualmente nuestro gobierno cuenta con ochenta embajadas y con sesenta y siete consulados. Estos últimos son diferentes de las embajadas en tanto que su función principal es la protección, documentación y atención a mexicanos, así como el desarrollo de vínculos con autoridades locales para este fin. De forma interna, la fuerza laboral tanto de embajadas como consulados se divide en dos categorías: el personal de Servicio Exterior Mexicano (los jefes) y personal local (los empleados). El personal del SEM está compuesto por lo que comúnmente conocemos como diplomáticos, mientras que el personal local son personas (tanto nacionales como extranjeras) que llegan a las embajadas y a los consulados buscando un trabajo estable, estimulante y (para qué decir que no) prestigioso.

Ilustración: Kathia Recio

Llegué a la embajada de México en cuestión a pedir trabajo como personal local una vez que terminé un programa de maestría en Europa. Mi intención era quedarme un año más en el extranjero, disfrutar a mis amigos y de la ciudad, y ahorrar un poco de dinero para mis planes futuros. ¿Qué podía salir mal? El día de mi entrevista fui clara y honesta: solicité trabajo por un año, o menos. Me pareció que sería inútil y contraproducente actuar como si quisiera trabajar ahí por más tiempo. Yo no lo sabía, pero esta acción me daría una ventaja importante sobre las estrategias internas de coerción, ya que cuando inevitablemente se develaron los abusos internos de poder yo, a diferencia del resto de los empleados locales, no temía perder el trabajo. Al contrario, anhelaba el momento de dejarlo, pues eso indicaría el comienzo de mi siguiente etapa profesional. Ahora bien, es inútil conducirnos como si este razonamiento no tuviera origen en mi privilegio de clase. Quiero dejar claro que estoy consciente de que esta postura es un lujo y que yo, como cualquier persona, también estoy determinada y actúo conforme a la intersección de las categorías de la diferencia que me definen y me posicionan en la sociedad. En este caso las coordenadas más relevantes son que soy una mujer (desventaja) blanca (privilegio) de clase media (privilegio).

En México, y particularmente en el tema que compete a esta pieza, las diferencias, así como los privilegios son primordiales para comprender las directivas que guían a quienes señalan, sentencian y denuncian los abusos y las injusticias en nuestra sociedad. De ahí que el hecho de que yo no temiera perder el trabajo sea un indicador indiscutible de mi posición social. Sin embargo, es justamente esta postura privilegiada la que me exhorta a alzar la voz sobre el funcionamiento institucional de la SRE, privilegio del que gozamos pocos. Durante los meses que trabajé en la embajada escuché una infinidad de veces que la razón por la cual nadie decía nada era por miedo a perder el trabajo ya que a pesar de que dentro de la SRE existen sistemas de denuncia, estos son recientes y aún no sabemos si son del todo confiables. Desafortunadamente, nada ni nadie garantiza al denunciante su anonimato. Revelar las condiciones precarias de trabajo lo puede perjudicar seriamente y empeorar los abusos internos hasta que se resuelvan las denuncias o incluso pueden despedirlo. Alzar la voz no es poca cosa y en esta economía es mejor tener un mal trabajo a no tener trabajo.

Retomo el hilo, la suma de un trabajo solicitado por menos de un año y mi posicionamiento interseccional me configuró dentro de la institución como lo que yo denomino una “enemiga interna”. (Es fundamental recalcar que la categorización de mis coordenadas personales no es la única forma por medio de la cual se configuran enemigas internas, ni tampoco debería serlo). Una enemiga interna es una figura social y política. Como tal, puede replicarse en cualquier institución, pública, privada o comunitaria. Caracterizada por su desventaja como mujer en la sociedad, es capaz de percibir con gran facilidad la reproducción de los mecanismos de poder que excluyen a su género. Su llegada a un nuevo espacio revuelve las aguas ya que su cuestionamiento sobre las prácticas sexistas y excluyentes levantan sospechas y generan ansiedad.

¿No sabes qué es una enemiga interna ni cómo detectarla? Estas cinco preguntas que pueden guiarte:

1. ¿Es una mujer?
2. ¿Dirías que ella piensa que es “fuerte”?
3. ¿Te genera ansiedad su presencia?
4. ¿Cambiaste tu comportamiento con otras mujeres cuando ella llegó porque éste dejó de sentirse apropiado?
5. ¿Parece ser feminista?

Si respondiste que sí al menos a dos de estas preguntas, tus sospechas son ciertas: tu territorio ha sido infiltrado.

Me di cuenta de que era la enemiga interna cuando empezaron a tratarme como tal. Las primeras señales tenían que ver con la mirada. Uno de mis jefes dejó de verme a los ojos y otro hacía todo lo posible para no cruzarse conmigo. Si evitaban verme, evitaban ver también sus propios reflejos. Al mismo tiempo, casi como si estuvieran coordinadas, comencé a escuchar historias que me inquietaron, similares a la que escuché en mis primeros días. Fue entonces cuando decidí encarnar al máximo la figura de la enemiga interna y comencé a llevar un diario de campo donde pude registrar las cosas que sucedían a mi alrededor, así como mis impresiones personales. Para no levantar sospechas, mi diario de campo era el mismo donde tenía anotados los pendientes y otras cosas normales del trabajo. Mi cuaderno tamaño carta de cuadrícula pequeña se convirtió en mi arma. De este proceso de observación participativa surgieron dos temas principales, brevemente explicados a continuación.

Primero: el sexismo institucional. El mundo de la diplomacia mexicana, como el mundo en general, está regido por hombres. Es común que las oficinas tengan un número variable de miembros del SEM de género masculino y que el personal local, que funciona como personal de asistencia, sea mayoritariamente femenino. Cada mañana, al abrir la puerta para entrar a la embajada de México, en realidad abría la puerta al pasado. Todo a mi alrededor, mis años de entrenamiento feminista, así como mis posturas políticas se veían inmediatamente camufladas por una puesta en escena tan bien hecha como la serie de televisión Mad Men. Mis cuatro superiores, todos ellos miembros del SEM y cada uno con más poder que el anterior, eran hombres y la única mujer diplomática en la oficina continuamente era objeto de humillaciones graves y de acusaciones no fundamentadas. Un día, en eso que en el lenguaje de una oficina se denomina como Radio Pasillo escuché que en la embajada prevalecía una regla no escrita: “aquí sólo se contratan niñas bonitas”. Además, al menos dos practicantes mujeres me contaron que fueron invitadas a eventos no oficiales a los cuales se les solicitaba explícitamente que asistieran sin acompañante masculino y en donde el consumo de alcohol y el traje de baño eran altamente recomendados. (No olvidemos que, para las jerarquías arcaicas de nuestro sistema, las invitaciones son obligatorias). Eso sí, el 25 de cada mes se hacía de lado la misoginia y el sexismo para subir a redes una foto conmemorando el Día Naranja, una iniciativa de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. En ese lugar en el cual vivía a diario la discriminación por mi género me obligaban cada mes a posar para un retrato que demostraba lo contrario dientes para afuera. Es difícil pensar en un ejemplo más burdo e insultante.

Segundo: la cultura laboral mexicana. Los mecanismos que ponen en funcionamiento esta despiadada maquinaria no desaparecen sólo porque estas oficinas de gobierno están en el extranjero. Cualquier persona que trabaje en México sabe que en los empleos continuamente se busca manipular la temporalidad a beneficio del empleo mismo. Es decir, se busca romper los límites físicos (24 horas) y sociales (8 horas) de trabajo que puede y debe realizar una persona. No es por nada que más veces que no las redes sociales y los medios de comunicación se inunden de estadísticas y gráficas que comparan las horas trabajadas en México con Finlandia o Alemania. Sabemos que nuestra cultura laboral está mal, pero no parece que podamos hacer nada para detener el monstruo que alimentamos y nos alimenta. Al contrario, cuando quienes fueron abusados llegan a posiciones de poder, reproducen lo aprendido: “Si yo sufrí, que ellos sufran también” y las embajadas, por supuesto, no son la excepción. Quienes tienen el poder en ellas son los funcionarios SEM: burócratas glorificados y no supervisados acostumbrados a los malos tratos y a las largas jornadas laborales, y que una vez en posiciones de poder reproducen lo aprendido.

Cada día mis compañeros y yo nos encaminábamos al trabajo pensando: “A ver qué se les ocurre ahora”. Las pláticas en la ruta de camión eran siempre las mismas, una mezcla de pensamientos entre “¿cómo pueden hacer esto?”, “¿a cancillería no le importa?” y “nada es para siempre”. En tiempos difíciles, todos necesitamos un poco de esperanza. Hablábamos tanto de lo mismo que ya era aburrido, pero las estrategias de coerción nunca decepcionaron y cada una de ellas era más estrafalaria y absurda que la anterior. Lo más atemorizante de todo es que éstas sí cumplían su cometido y lograban silenciar(nos). Recuerdo que los lunes eran particularmente desagradables y no porque fueran lunes en sí, sino porque siempre pasaba algo malo los lunes. Nunca entendí bien por qué, pero me imagino que era porque si nos arruinaban el lunes, el resto de la semana quedaba arruinada también. Así se echaban dos pájaros de un tiro. Uno de tantos inicios de semana fuimos convocados a una junta general donde estaríamos los locales y los funcionarios SEM. Esto no era normal, ya que al titular no le gustaba hablar con los locales y sus juntas solían ser solamente con los funcionarios hombres del SEM. (Al menos una vez por semana cuatro hombres se sentaban por horas a hablar, entre otras cosas, del rendimiento laboral de seis mujeres). De camino a la junta el aire se volvió muy denso. Nos sentamos en un círculo, así como si se tratara de un espacio horizontal y participativo, y nos hablaron de todas las razones por las cuales la oficina no funcionaba bien. Su respuesta fue que los locales no estaban bien supervisados y obviaron el verdadero problema: el mal liderazgo. Por lo tanto, todos seríamos reubicados a la sala principal de la embajada, justo afuera de la oficina del jefe. Afortunadamente, al final esto no sucedió, pero Foucault se queda corto frente a la imaginación producto de la inseguridad de un burócrata mexicano.

En mi caso, todo se deterioró cuando la cuadrilla se dio cuenta de que no encontraría en mí una cómplice, así que sufrí las consecuencias. Supongo que es normal que esto suceda cuando retas a tu jefe y a su secuaz por ser hombres silvestres. Mi reticencia a aceptar sus actitudes, así como mi señalamiento de las prácticas sexistas y de hostigamiento laboral que ahí sucedían me costaron unos buenos regaños, así como un acta oficial enviada a cancillería sobre mi insubordinación. Sobre la última, tampoco puedo decir que me sorprendí demasiado. Sin embargo, cuando la redactaron no pensaron que en realidad me estaban haciendo un cumplido. Con esta acta dejaron prueba de mi labor como enemiga interna. Es verdad, yo nunca me subordiné ya que esa nunca fue mi intención. Para ellos ése fue mi error, para mí ése fue mi triunfo.

Renuncié dos meses antes de lo que originalmente tenía pensado: ya era insoportable tener que ir a trabajar. Me daba vergüenza pisar ese lugar y, como mexicana, esto me rompió el corazón. La situación decayó tanto que sospecho que, de quedarme más tiempo, mi estado emocional, ya muy descompuesto para entonces, se hubiera deteriorado aún más y probablemente me hubieran despedido, comprobando así los miedos que guían a quienes deciden no levantar la voz. Yo fui testigo en calidad de enemiga interna de las prácticas depravadas y despóticas que se llevaban a cabo en la embajada. Como tal, confirmé mis temores sobre por qué todas esas mujeres habían dejado sus trabajos en la embajada y por qué, quienes ahí permanecen, preferían quedarse callados y evitaban denunciar.

Cada espacio laboral está infiltrado. Mujeres habemos en todos lados y cada vez tenemos menos paciencia y más fuerza para hablar en contra de los abusos y de sus perpetradores. Así como en los rangos de la SRE hay acosadores sexuales experimentados que hostigan laboralmente a sus equipos y que además están protegidos por el propio sistema, en ellos también hay espías, enemigas internas, que todo lo ven y todo lo documentan. El cambio es gradual y tomará tiempo deshacernos del sexismo que lamentablemente permea en nuestra cultura, pero esto no significa que debemos aceptarlo, sobre todo si quienes las perpetúan son funcionarios públicos.

 

Camila Ordorica
Historiadora.

El síndrome parlamentario

En México experimentamos un síndrome parlamentario. Como se sabe, un síndrome es un conjunto de síntomas. A mi juicio, estos son tan obvios y cercanos a nuestra experiencia que en realidad no los percibimos; nos obnubila su cotidianidad y nos adormece la sintaxis de lo Mismo. Actuamos como si no estuvieran frente a nosotros, a la manera del paciente neurótico que repite un comportamiento, pensando cada vez que es algo nuevo. Es sin duda la figura del Presidente (la mítica, no la histórica) la que inhibe y desgañita a tiros y troyanos. Es la imagen del padre, ese que supuestamente dictó la ley, la que lanza nuestros actos reflejos a una desesperada y patética repetición. En términos prácticos, sin presidente no imaginamos la política, al menos no la que importa; desdeñosamente solemos llamar grilla a todo lo demás.

Pero algunos síntomas apuntan a otra cosa, o sería mejor decir hablan de otra cosa. Y si nadie se cura por completo, el paciente sabe cuál es su cura, o al menos la entrevé en las fisuras del alma. La nuestra es reconvertir el sistema político presidencialista en un régimen parlamentario, por lo pronto con las modulaciones del caso, pero siempre dirigido a un nuevo estadio de la vida pública. Esa intuición nos ha rondado al menos desde la década de 1990. Tengo para mí que algunos de los comportamientos de los actores y escenario de la política pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador señalan la intensificación de los síntomas y su dispersión. Se está generando una estructura de oportunidades en la cual los antaño fervientes defensores del régimen presidencialista (creo que una mayoría abrumadora de los que tienen voz pública, incluyendo los partidos políticos) estarían en condiciones de analizar el asunto y volver a pensarlo. 

Ilustración: Víctor Solís

Un doble fenómeno, novedoso: las pulsiones del presidente por comparecer, informar, defender, alegar, censurar, descalificar y un largo etcétera; y al mismo tiempo una aclimatación instantánea de las conferencias de prensa mañaneras en los modos informativos y en el debate público, como si tales conferencias fueran, en realidad, una institución. Solo tengo una conclusión (habrá muchas, sin duda): la sociedad mexicana está preparada para gobiernos en formatos en los cuales el argumento y el contraargumento sean insumos, piezas en el arte de persuadir, convencer y rectificar. Las palabras y los discursos importan, lo cual es una mala noticia para las manías gerenciales de las tecnocracias. Pero las palabras sirven no de la misma forma y con la misma eficacia. El contexto institucional es esencial. Se habla de una manera ante los medios; de otra ante los adversarios constituidos. En este plano López Obrador tiene muchos hábitos de primer ministro; el asunto es que no tiene parlamento. Los interlocutores del presidente son los medios. Por una serie de razones vinculadas a su economía política, los medios mexicanos están especialmente mal preparados para un cara a cara diario con el presidente; de todos modos, doctrinalmente, es una sinrazón. Los medios son intermediarios, formadores y gestores de la opinión pública, pero no actores políticos legítimos (aunque algunos se han convertido vicariamente en el estado mayor de la oposición, otro rasgo perturbador de los tiempos que corren). 

La oposición ha resentido profundamente la dinámica de la comparecencia sistemática y del soliloquio presidencial. Cuando la oposición habla no tiene a nadie enfrente o, en el mejor de los casos, tiene a sus iguales, a otros diputados y senadores, a otros líderes partidarios. La ilusión que ha edificado el presidente, esto es, que en sus comparecencias informa a la sociedad, al pueblo en su léxico, supone una ventaja extraordinaria sobre aquellos que deberían ser sus interlocutores. Con nombres distintos y reglamentadas de diversa manera, en los regímenes parlamentario existen lo que en resumen se llama sesiones de control, las que, dada la importancia de un tema, puede convertirse en un voto de  confianza. El jefe de gobierno comparece cada tanto tiempo (o en sesiones urgentes si la circunstancia lo amerita) ante los representantes populares, la nación constituida, e informa y debate sus políticas. Habrá, obviamente, una suerte de rutinización de ese acto, sobre todo cuando el partido en el gobierno tiene una cómoda mayoría. Pero mi punto es que el gobernante ha de encarar a sus opositores y ha de plantear asuntos y responder críticas e improperios. Es un gobernante activo, dicente, en la promoción y defensa de su programa y sus adversarios deben contar con los elementos de información y retóricos para dejar una marca en el diario de debates y en los medios. Ni siquiera los informes presenciales mexicanos de la época de la 3T se equipararon nunca a ese ejercicio, pues el presidente leía y se ausentaba de inmediato, al grado que las pocas interpelaciones al presidente (Porfirio Muñoz Ledo a Miguel de la Madrid en 1988) hicieron época.  

Si tenemos un presidente compareciente y una oposición que se consume en su afonía alguien debería empujar el carro de la historia para reunir todos los elementos disponibles y avanzar hacia una agenda que reconvierta el régimen presidencialista en uno parlamentario. Dicho así suena desmesurado, pero si reunimos los síntomas quizá surja lo que en realidad deseamos y no hemos querido nombrar. La ilusión de que el sistema es bueno pero el presidente no subyace en el llamamiento de 30 intelectuales públicos a formar una mayoría opositora. Es un acto ajustado al ejercicio de libertad política y, al mismo tiempo, una invocación a lo Mismo. No hay de otra con las reglas del juego actuales. Pero en un régimen parlamentario otra mayoría significaría otro gobierno; en el régimen vigente, un aquelarre intenso, pero quién sabe si un debilitamiento del presidente. Ya veremos, pero esa es otra historia, con ser la misma.

No sería una de las ironías menores de la historia mexicana que lo que se percibe como un renacimiento del presidente fuerte pudiera propiciar una reflexión en aras de modificar el régimen político. De seguro no todos los actores convergentes tendrían las mismas razones, pero lo que importa es iniciar la reflexión. Para los que creen que el sistema es bueno pero el presidente no debe ser atendible que un factor en principio imposible de controlar, el estilo personal, sea tan eficaz para suscitar tal alarma; como debe ser tema de preocupación que algunos controles en el ejercicio del gobierno se hayan transferido en los organismo autónomos, que con todos los méritos que se les atribuyen, no son una soberanía, generan sus clientelas y sus brokers, y son difícilmente atacables en sus resoluciones. Para el partido del presidente y sus seguidores más jóvenes ya debiera ser tema de reflexión los peligros implícitos en una conducción en la cual el gabinete presenta claroscuros y asimetrías, y el jefe de Estado se queda con los méritos, pero sobre todo con los errores y gazapos. La idea de que hay presidente pero no gobierno es perniciosa para cualquier continuidad imaginada.

La imagen del presidente de la República como garante de la libertad, la democracia y la seguridad de los mexicanos y sus bienes es compatible (y yo diría, complementaria) con la separación constitucional de sus tareas cotidianas, regulares de gobierno. Necesitamos un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Necesitamos dos liderazgos con distinto ritmo y sensibilidad. De una parte, necesitamos al garante de la soberanía y la constitucionalidad, pero desafanado del gobierno. De la otra, necesitamos que el gobierno rinda cuentas directas, de corto plazo, ante la representación política, ante la nación constituida en el congreso; requerimos de gobiernos surgidos del ánimo público (gobiernos de opinión, como decía Víctor Hugo), tal como lo representa un congreso luego de una elección equitativa. De hecho, ya lo sabemos, el presidente perfecto no llegará; esa petición de principio va contra la definición misma de democracia. Lo dable, lo alcanzable, la suma de nuestra madurez es escindir la figura del presidente (esa que un día añoramos y otro nos aterroriza) para poder imaginar nuestra ciudadanía política en otros términos. Escuchemos, observemos los síntomas; la cura nos acecha.     

 

Ariel Rodríguez Kuri
Historiador. Profesor-investigador de El Colegio de México. Entre sus libros: Historia del desasosiego. La revolución en la ciudad de México 1911-1922 y La experiencia olvidada. El ayuntamiento de México: política y gobierno, 1876-1912.

Crónica desde el abandono, o de cómo AMLO nos entregó a los migrantes ante Trump

Desde Nueva York

“Nunca dejaron de trabajar”, dice el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas. Por eso murieron estos mexicanos, explica, porque no tuvieron otra opción más que seguir trabajando pese a la pandemia. Tenían que mantenerse ellos mismos y a sus familias en México. “Muchos eran señores de 60 años o más”, dice Islas, con una mascarilla cubriéndole medio rostro. Lo rodeamos los periodistas. “Muchos murieron solos en Estados Unidos”, precisa. “Por eso regresan a México”. Lo que ese sábado 11 de julio regresaría a México serían las cenizas de 245 mexicanos muertos en Estados Unidos infectados por covid-19. Muchos murieron como llegaron a este país, solos. Es común, que migrantes sin documentos transcurran años o décadas viviendo en cuartos rentados o hacinados en departamentos, sin familia, sin pareja. Viven para trabajar. Como cenizas, esos mexicanos eran despedidos en la Catedral de San Patricio de Nueva York. El arzobispo Timothy Dolan ofició la ceremonia en que se escuchó una canción de mariachi. ¿Un mensaje para las familias de estos migrantes en México? “Nunca los olvidaron, los migrantes nunca se olvidaron de ustedes”, responde Dolan, en inglés, a las cámaras de los canales hispanos que ese sábado trasmitirán la noticia de la despedida.

Tres días antes, en su visita a Washington DC, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí se olvidó de los migrantes. Evitó mencionar a los casi 1000 mexicanos muertos por la pandemia en Estados Unidos, o a los 245 cuyas cenizas serían trasladadas a México. Rechazó también reunirse con representantes de los 11 millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos, que suman 38 millones, según sus cálculos, cuando se consideran aquellos que se identifican por su ascendencia como mexicanos. López Obrador apenas los mencionó en sus dos discursos en la Casa Blanca. El 8 de julio, los describió como “gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada”. Esa breve alusión anuló a los migrantes como sujetos con derechos. Para el presidente, los migrantes eran sólo trabajadores, igual que como siempre han sido para Estados Unidos: mano de obra.

“Desde los tiempos de la esclavitud”, escribió el sociólogo estadunidense Douglas Massey, “nunca tantos residentes en Estados Unidos habían carecido de los derechos sociales, económicos y humanos más básicos” como los migrantes indocumentados.1 Al menos cinco millones de mexicanos viven en Estados Unidos en esas condiciones, sin los derechos más básicos. López Obrador, con su gira, con su breve mención y sus numerosas omisiones, contribuyó a normalizar esta explotación. Expresó a su homólogo: trabajan más los mexicanos y no delinquen. A los migrantes, indirectamente, informó: ningún estado abogará por sus derechos, ningún presidente. Sólo muertos, sólo como cenizas, si acaso, les tocaremos mariachi. Sólo muertos les haremos una ceremonia en San Patricio.

Ilustración: Víctor Solís

“Trump ha cambiado completamente su discurso” respecto de los migrantes mexicanos, declaró López Obrador en una entrevista al canal Telemundo. En efecto, Trump había evitado calificar nuevamente a los migrantes mexicanos como violadores; suprimió esa palabra. En Oklahoma, el 20 de junio, el presidente estadunidense había contado una hipotética anécdota en defensa de las brutales fuerzas policiales de Estados Unidos: imaginen que un “very tough hombre” (un hombre muy duro) se introduce por la ventana de una joven cuyo esposo se ha ido y no hay oficiales armados a quién acudir. López Obrador viajó a Estados Unidos para agradecer a ese individuo, a quien ante sus electores revivió el estereotipo del latino criminal, del inmigrante mexicano violador. “Por eso estoy aquí”, dijo López Obrador en la Casa Blanca, “para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto”.

Para los mexicanos en Estados Unidos, el horror de la gira de López Obrador no fue su absurda pretensión de que Trump había cambiado su percepción sobre nosotros sino comprobar que ambos mandatarios conciben de forma similar a los migrantes, en especial a los indocumentados: como combustible para la maquinaria. Para López Obrador, los mexicanos en Estados Unidos merecen una mención especial sólo cuando resalta que envían cada año cifras récord de remesas, que en 2019 ascendieron a 36 000 millones de dólares. “Héroes vivientes” los llama entonces; su homenaje a quienes mantiene políticamente invisibles, enmudecidos.

Desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las remesas son el principal ingreso de México, más que petróleo, turismo o inversión extranjera directa. Pese a la pandemia, esos recursos de los mexicanos en el extranjero aumentaron 10.4 % entre enero y mayo respecto del mismo periodo de 2019. Los migrantes han redoblado el compromiso con sus familias en México, pese a que Estados Unidos es el país con el mayor número de decesos por covid-19 en el mundo, pese a que los latinos han sido los más afectados, lo que más han muerto. Desde esa perspectiva, sí, héroes vivientes. Ellos inyectan a México el capital que el gobierno no ha invertido para controlar los contagios por covid-19. Hasta junio, México había incrementado su gasto fiscal para combatir la pandemia en 1.1 % respecto del Producto Interno Bruto (PIB); el promedio para América Latina y el Caribe era de 3.2 %. El gobierno de López Obrador ha impuesto la austeridad como virtud respecto del gasto público.

Por esa austeridad, las cenizas de los migrantes mexicanos estuvieron a punto de no ser trasladadas a México. La Dirección de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en junio de un recorte de 75 % al presupuesto de las sedes diplomáticas. No se sufragaría más el traslado de restos de los mexicanos fallecidos en el exterior. Las críticas fueron inmediatas. Ese mismo día, la SRE reculó; autorizó un presupuesto especial de 325 millones de pesos para el traslado de cenizas. Hubiera parecido insensible suspender una práctica consular humanitaria en medio de una pandemia. Hubiera empañado la gira de López Obrador. El plan, no obstante, ha sido eliminar ese gasto.

Dos meses después de iniciado el sexenio, en febrero de 2019, fue celebrada en Nueva York la IX Asamblea de Comités de Morena. El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, aunque según sus palabras identificado plenamente con Morena, delineó las directrices del nuevo gobierno respecto de la diáspora mexicana. Recomendó a los migrantes: “si sienten que se andan muriendo, cabrones, pues váyanse a México y allá se mueren”. Añadió: “si quieren regresar a México en cadáver pues dejen su pinche ahorro para que los lleven en cadáver a México”.

Tras la ceremonia de despedida en la Catedral de San Patricio, caminé sobre la Quinta Avenida hacia la Torre Trump. Días antes, mientras López Obrador se despedía de su homólogo en Washington DC, activistas habían demarcado sobre el pavimento una obra de arte frente al edificio de cristales oscuros del presidente: Black Lives Matter (las vidas negras importan) se leía en enormes letras amarillas. Le recordaban a Trump el terrible racismo y discriminación histórica contra los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Quién enunciará un eslogan similar por los indocumentados? Al margen de sus cenizas y sus remesas, ¿quién diría que sus vidas importan?

Neoliberalismo

Yo vi a López Obrador cuando estuvo en Nueva York. Percibí la emoción de la gente que abarrotó el auditorio de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la calle 14 de Manhattan, con un aforo para unas 300 personas. “Ustedes, como muchos otros compatriotas han sido víctimas de las llamadas políticas neoliberales que se vienen imponiendo en nuestro país desde hace más de 30 años”, dijo. “Y que han empobrecido a nuestro pueblo para satisfacer a una pequeña minoría rapaz dedicada al saqueo y la corrupción”. Apenas dos meses antes, el presidente Donald Trump había asumido la presidencia, y ese 13 de marzo de 2017 López Obrador había acudido a Nueva York a ofrecer a los migrantes un mensaje de solidaridad. Y un diagnóstico preciso: “la migración es la prueba más clara y dolorosa del carácter excluyente del modelo neoliberal”.

El entonces candidato no sólo ofreció un discurso de solidaridad. Entregaría una queja ante la Oficina en Nueva York del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, por “la campaña de odio contra mexicanos y por las órdenes para iniciar la construcción del muro en la frontera y endurecer la persecución de migrantes de diversas nacionalidades”. Afirmó en la parroquia: “por encima incluso de las fronteras nacionales están la justicia y la fraternidad universal”.

El acto era mayúsculo. El líder de la izquierda mexicana, un hombre austero que había competido en dos elecciones anteriores contra el estado, que había puesto a los pobres como prioridad en sus campañas, criticaba al líder de un imperio empeñado en destruir el mundo por el beneficio a corto plazo de las elites blancas. López Obrador se erigió en un vector global de moralidad, en el representante de un proyecto en que los marginados, los migrantes indocumentados, serían considerados. Como izquierdista, ¿cómo no votar una tercera vez por ese hombre? ¿Cómo no admirar al estadista que detectaba en las políticas neoliberales (de falsos libres mercados, privatizaciones, contracción del estado y credo de la responsabilidad individual) muchas de las causas del empobrecimiento de los mexicanos, la migración masiva, el enriquecimiento de una elite empresarial que a nadie rendía cuentas?

Tres años más tarde, en julio de 2020, López Obrador fue el reverso de aquel candidato, de aquella promesa, de la esperanza intensísima que generó ante la angustia que supuso, para los migrantes, el triunfo electoral de Trump. En 2020, López Obrador vino a ofrecer a un imperio en declive, posindustrial, las maquilas mexicanas. Vino a reiterar el modelo nacional de desarrollo, que atrae inversión mediante salarios miserables y toleradas violaciones de los derechos laborales. Estados Unidos, una economía en acelerada desindustrialización, no requiere sin embargo de maquilas adicionales. Sólo ocho % de las exportaciones mundiales de productos manufacturados son estadunidenses; los servicios representan el 77 % de su PIB. López Obrador acudió a Estados Unidos para atar a México a ese naufragio. Para las maquilas mexicanas, los años dorados —dicho con ironía— son cosa del pasado. Sólo queda a México el yugo neocolonial del nuevo TLCAN, el T-MEC.

En un libro en que describe cómo el TLCAN alteró de manera fundamental la dieta de los mexicanos, devastando su salud, la antropóloga neoyorquina Alyshia Gálvez calificó el tratado como el más reciente ejemplo de “una relación neocolonial entre Estados Unidos y México”.2 Para ensalzar esa relación acudió López Obrador a Estados Unidos. “Usted no ha pretendido tratarnos como colonia”, dijo López Obrador ante Trump. Él mismo había asumido para México esa posición pública. Por gusto, López Obrador había acudido a Washington DC a lamer la yunta neocolonial.

El mensaje de López Obrador, si se toma su gira completa como un mensaje, no sólo fue de desdén a los marginados sino de alianza con empresarios rapaces, tóxicos. ¿Qué aportaba a su comitiva el financiero Carlos Bremer, coanfitrión del programa de televisión Shark Tank? Media docena de participantes en ese programa me contaron que Bremer los había defraudado. ¿Qué inversión en Estados Unidos anunciaría ese presunto embaucador? ¿En que invertiría otra participante de ese programa, Patricia Armendáriz? López Obrador se rodeó además de dos de los empresarios que crecieron al amparo del corrupto poder neoliberal: Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. En su influyente informe sobre la desigualdad de ingresos, el ahora subgobernador del Banco de México, el economista Gerardo Esquivel, escribió para el organismo civil Oxfam que Slim y Salinas Pliego (así como los empresarios mineros Germán Larrea y Alberto Bailleres) “han capturado al estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”. Añadió: “uno de los grandes problemas reside en que nuestra política fiscal favorece a quien más tiene”. Esa política fiscal no ha cambiado un ápice durante el gobierno de López Obrador.

Aquella visita de López Obrador en 2017 a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe terminó con sobresaltos. No todos en ese recinto creímos al candidato, no todos lo escuchábamos ilusionados. Ricardo Flores Zapata, un trabajador de la construcción afiliado con el movimiento neozapatista, interrumpió el discurso. Acompañado por una mujer identificada como Erika, mostró una fotografía de López Obrador al lado del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como corresponsable por la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mostró además fotografías de López Obrador con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, identificado con políticas policiales represivas y, más tarde, abogado de Trump. López Obrador concluyó su discurso para evitar una confrontación.

En México, en julio del 2020 el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala registró un avance importante. Terminó por desplomarse la mentirosa versión sostenida por el gobierno de Peña Nieto. La crítica de Flores Zapata, sin embargo, apuntaba a una más amplia decepción, según me dijo más tarde. López Obrador era “más de lo mismo”, el rostro populista de un sistema que siempre había defraudado a los pobres, a los migrantes, a los indígenas, que siempre había utilizado la esperanza de los desposeídos para ganar elecciones. Para olvidarlos después.

Sin estado

En abril de 2019, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la dependencia que vincula al estado mexicano con su diáspora, organizó una serie de foros para recoger propuestas de la comunidad migrante a fin de plasmarlas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por unos instantes, en el foro de Nueva York, se creó la impresión de que se refundaba en efecto el estado, de que el trato de las instituciones a los migrantes cambiaría de manera fundamental.

El foro se dividió en tres mesas de diálogo. A la mesa que acudí, se concedía a los participantes dos minutos para manifestar sus inquietudes. Los participantes, la mayoría indígenas que acudían incluso desde Albany, a cinco horas de Manhattan, exponían necesidades concretas: capacitación para abrir micronegocios, clases de español para triquis monolingües o ayuda para que hombres sin documentos, desahuciados, pudieran retornar a México. “Pero, ¿cuál es tu propuesta?”, los interrumpía el representante de esa mesa de diálogo. La intención, parecía, era que los migrantes ofrecieran una solución a sus problemas, relacionados con el abandono institucional en dos países, mediante estrategias que no implicaran gastos. La lógica de la austeridad se imponía pese a que uno de los panelistas, Arturo Osorio, académico de la Universidad de Rutgers, ofreció una estadística sorprendente: por cada dólar que se envía de México a los migrantes en Estados Unidos, 16 dólares regresan a México para cubrir necesidades de salud, educación y solventar deudas familiares.

El foro volvió a terminar en escándalo. Durante las conclusiones, la activista cuicateca, también vinculada al neozapatismo, Tadii Nandalii Angeles, se quejó de que el gobierno federal no apoyara a los mexicanos deportados por Trump. Una compañera suya reclamó que no hubiera consultas indígenas para la realización del Tren Maya. Los reclamos, a un gobierno que emprendía un esfuerzo histórico en el exterior, parecían injustos. Hablaban ellas, sin embargo, por aquellos que siempre habían carecido de presencia política y derechos civiles en México y Estados Unidos. En Nueva York, antropólogos y académicos3 han documentado que más de la mitad de los migrantes mexicanos son indígenas, principalmente de la región Mixteca, expulsados por la pobreza y, de manera mas reciente, por la violencia del narcotráfico.4 A ellos, el nuevo gobierno, con su foro, también los decepcionaría.

Presentado el 1 de mayo de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo carecía de cualquiera de las propuestas del foro. El ejercicio histórico había sido en vano. El documento exhibía el desinterés del nuevo gobierno por crear alianzas con los “38 millones de mexicanos” que radican en Estados Unidos, pese a que constituyen una población mayor a la de Canadá (37.5 millones).

En su equipo de cortesanos para su gira de 2020, López Obrador siguió reflejando ese desdén; ni siquiera incluyó empresarios mexicoestadunidenses con inversiones en Estados Unidos y experiencia de inversión en México.

A los migrantes los han anulado también como sujetos políticos. Ni López Obrador ni su partido, Morena, han facilitado la representación migrante en el Congreso. A diferencia de México, que luego de India tiene la segunda mayor diáspora en el mundo, 12 países cuentan con legisladores migrantes (Colombia, Panamá, Francia e Italia, entre otros). Una acción afirmativa que obligaría a partidos a postular diputados migrantes está estancada desde hace meses en el Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta implicaría, en el mejor de los casos, 10 migrantes entre 500 diputados, apenas una representación simbólica. Esa mínima concesión ha sido bloqueada pese a que la Constitución otorga a todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia, el derecho de votar y ser votados. Diputados migrantes podrían, al menos, emitir posicionamientos sobre sucesos que afectaran a los mexicanos en el exterior. En el Congreso de la Ciudad de México, mientras tanto, Morena refrendó en junio la decisión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para derogar las diputaciones migrantes.

Tras 18 meses, resulta claro que el gobierno de López Obrador prescindirá de los migrantes como interlocutores legítimos. No siempre había sido así. En un principio, en la efervescencia de un movimiento que culminó con su inobjetable triunfo electoral, estuvieron los anhelos. En la celebración del año nuevo 2017, conocí a Roberto Valdovinos, quien dos años más tarde sería nombrado director del IME (Instituto de los Mexicanos en el Exterior). Me pareció un buen tipo. En sus estudios de doctorado en la Universidad de Columbia, investigaba la historia del tiempo, sustentándose en el filósofo alemán Peter Sloterdijk. Más tarde, por su labor como promotor del voto en el extranjero, lo entrevisté para la revista Forbes. “Al excluir a los migrantes del sistema político en México, los dejas en la inexistencia total”, dijo. “Aquí en Estados Unidos son perseguidos y allá son invisibles. Entonces, ¿qué son los migrantes? ¿A qué pueden decir que pertenecen?” Años más tarde, Valdovinos sería destituido de la dirección del INE tras ser acusado de acoso laboral. Su destitución sucedió un año después de que organizara los fallidos foros en Estados Unidos. Entonces, para marzo de 2020, los sueños de cambios estructurales en la relación del gobierno con los migrantes parecían extraviados.

Mientras López Obrador partía de regreso a México tras visitar a Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunciaba que la cantidad de migrantes arrestados en la frontera sur había aumentado 40 % en junio respecto del mes anterior. El 80 % eran “adultos mexicanos solteros”; la migración masiva se había reanudado desde México. Esos eran los hombres solos de los que habló el cónsul general Islas en la Catedral de San Patricio.

Si suponemos que, tal como revela el monto de las remesas, el mejor producto de exportación de México son sus masas empobrecidas, desesperadas, la noticia no era enteramente negativa. Los migrantes que lograran cruzar la frontera estadunidense implicarían para el estado menos personas con las que lidiar. Significarían recursos adicionales, de individuos a los que México no concede ningún reconocimiento político. Significaría convertir a hijos, padres y hermanos en “héroes vivientes”, en trabajadores que el presidente López Obrador jamás escucharía.

Serán ellos, los hombres solos que ahora huyen de la miseria, que arriesgan sus vidas para cruzar el desierto o saltar muros o vadear el Río Bravo, los insumos de la maquinaria. Serán ellos, nosotros, esos hombres solos, los que regresaremos en el futuro como puras cenizas, quemados, triturados, borrados. La diferencia es que en el futuro, el estado de la austeridad probablemente ni siquiera pagará por trasladar nuestros restos. Es posible que ni siquiera, con una canción de mariachi, nos ofrezcan una despedida.

 

Maurizio Guerrero
Autor de Avísenle que sigo en Tenochtitlan (Nitro Press).


1 Douglas S. Massey, “America’s Immigration Policy Fiasco: Learning from Past Mistakes,” en Dædalus 142, no. 3 (summer 2013).

2 Gálvez, Alyshia, Eating NAFTA Trade, Food Policies, and the Destruction of Mexico. University of California Press. 2018.

3 Smith, Robert, Mexican New York: Transnational Lives of New Immigrants. University of California Press, 2006.

4 Hernández Corchado, Rodolfo Alejandro, “From the Montaña to the City: A History of Proletarianization of Mixteco Indigenous from Guerrero, Mexico in New York City” in Springer Science+Business Media B.V., 2018.

Energía

¿Por qué y cuándo las hidroeléctricas?

La semana pasada en este mismo espacio hablaba de las limitaciones y ventajas que tienen los generadores hidroeléctricos.

Ahora es necesario explicar por qué y cómo se les debe usar en un mercado eléctrico.

Recordemos los dos criterios que rigen la operación del mercado eléctrico: confiabilidad y eficiencia económica. Están por ley y al mismo tiempo. Bajo esos principios, el Centro Nacional de Control de Energía va agregando la energía de acuerdo con el precio que ofertan los generadores, primero los más baratos y luego los más caros mientras el sistema requiere más, hasta satisfacer la demanda. La eólica y la solar, de inicio, tienen costo cero. Son “receptores de precio” y el pago que reciben es en realidad el equivalente al costo con el que conviven. Si entregan al mismo tiempo que un ciclo combinado o central térmica, reciben el mismo pago por unidad de energía que los otros dos. Eso les pasa a todos los generadores más baratos, de cualquier tipo.

Pero hay algunos generadores que, aunque sean caros, tienen que operar de forma preventiva para asegurar que el sistema tenga la energía suficiente siempre. Es lo que se conoce como “must run”. Si sólo consideramos que la hidroeléctrica puede ser muy barata, debería de recibirse al inicio siempre ¿cierto?

Pues no, por lo siguiente: a diferencia de otras renovables que no se pueden controlar, ésta sí. Puedes hacerla generar de día o de noche, siempre que tengas agua y puedas “turbinar”.

Entonces, en lugar de despachar la energía al inicio, la “guardas” y pones a generar cuando no haya solar o eólica suficiente, por ejemplo. En lugar de poner a quemar carbón a alguna termoeléctrica, haces girar el generador de una hidroeléctrica.

Por eso las generadoras hidroeléctricas funcionan en horarios “punta” cuando requiere más energía el sistema y el resto de las opciones son mucho más caras. Así, le das al sistema energía limpia y barata cuando se necesita y “desplazas” al generador caro.

Eso puede hacer creer a algunos que se está desaprovechando o desplazando la hidroeléctrica al no usarla de forma constante, pero en realidad estás usándola de forma inteligente, sobre todo cuando es un bien escaso y localizado, como en México.

Ilustración: Kathia Recio

Pongamos un ejemplo de por qué vale la pena administrarla y no meterla como la energía más barata siempre.

Si en un momento dado pusiéramos a trabajar al mismo tiempo a todas las hidroeléctricas del país, el sistema recibiría 12.6 GW. O sea, 12.6 GW que otros generadores no generarían. Si lo pones cuando hay sol, desplazarías a la solar que tiene costo cero. Si se inyecta a las 23 horas, la hidroeléctrica evitaría la entrada en operación de las plantas más caras del sistema, como termoeléctricas de combustóleo o diésel, bajando entonces el costo de la energía en la red.

Entonces, ¿qué le conviene al sistema? Administrar la energía potencial de las hidroeléctricas y ponerlas a generar para desplazar a una termoeléctrica, no a solar, eólica ni a un ciclo combinado.

Además, hay una complicación, al no ser tan abundante y generalizado en México, tienen un problema parecido al de la eólica: no puedes poner una hidroeléctrica en cualquier sitio y requieres transmisión. Sin embargo, al igual que la eólica y solar, para tener un sistema eléctrico confiable, se debe reforzar la transmisión.

Hay países que por su tamaño y la abundancia de su recurso hidroeléctrico generan básicamente con agua, como Colombia o Costa Rica, que generan el 68 y 73.48 % de su energía con hidroeléctrica, respectivamente.

México, a diferencia de Costa Rica, tiene un territorio muy sensible a las temporadas de lluvias y sequía, así que, ¿qué pasa si durante los meses de lluvias aprovechas el agua abundante y al llegar la temporada seca ya no tienes tanta como podrías ofrecer si la hubieses guardado? Probablemente te encontrarías con que el sistema eléctrico estaría en condiciones de recibir esa generación que no puedes ofertar y perderías la oportunidad de recibir ingresos que ahora serían mayores a los que percibiste mientras tenías abundancia. A esto se le conoce como costo de oportunidad y es una variable importante para la operación hídrica.

Por otro lado, el beneficio de los propietarios de las hidroeléctricas será mayor si gastan el agua en sus embalses durante las horas con mayor demanda, pues el precio de la electricidad será mayor al que habrá en las horas con menor consumo.

Por eso, la conclusión es: bienvenida y qué bueno que haya más hidroeléctrica, pero NO es la solución para que México cumpla con sus acuerdos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

Operación de estado en Puebla. Episodio 3: 1988-2019

La organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad ha publicado recientemente una trilogía de libros que realizan un minucioso análisis del sistema electoral poblano durante las últimas décadas: desde los negocios oscuros hasta los fraudes a la democracia, pasando por el uso del aparato estatal para fines ilegales.
Compartimos un fragmento del tercer volumen, que resulta una introducción más que pertinente al tema.

Un antiguo operador priísta

En el 2019 los partidos se colapsan en su voto, ante un abstencionismo brutal. Acción Nacional y Morena pierden miles y miles de votos. El Partido del Trabajo y el Verde lo aumentan. Al candidato de Morena lo salva el voto rural y la operación de poderes fácticos del PRI que apuestan por la opción de Morena. Es el escenario general del 2019. Es importante comprender la parte de la maquinaria electoral al servicio del poder y el dinero. No hacerlo así lleva a no entender nada.

El siguiente es el testimonio de un político que desde los años 80 ha participado como funcionario del aparato para el control de las elecciones desde las oficinas del gobernador del estado de Puebla. Para el PRI cuando era el partido hegemónico. Para el PAN en la era Moreno Valle. Para Morena y el candidato Miguel Barbosa en la elección de 2019.


¿Qué pasó en el 2019? La operación de Jorge Estefan Chidiac

Lo que sucedió es que candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, obtiene un menor número de votos que el candidato del PAN, Enrique Cárdenas; menor, menos votos. El candidato de Morena gana por los votos del PT y del Verde. Por eso ganó. Ahora, qué es lo que ocurrió: en la Sierra Norte y en el sur de estado la mayor parte de electores votó por Barbosa. Cabe mencionar dos factores: el primero, en parte, la gente decía: “Ya estamos huérfanos, pues a votar por el que viene, ya no nos queda otra”, y porque además no conocían al candidato del PAN, que no fue hasta esos niveles de las regiones del norte y del sur del estado. Pero el segundo factor que es el más importante, fue el financiamiento que se les dio a través de la secretaría de Finanzas. Jorge Estefan de por sí dominaba toda la zona sur del estado de Puebla.

A muchos les llegó la lana en efectivo, directo. Estefan lo hizo con operadores de diversos partidos del estado, ellos mismos dicen cuánto les dio. Ese es el más poderoso medio para el voto. La gente no votó por ideologías. Primero votó porque ya estaban huérfanos, ya estaban muertos. Segundo, por el dinero, que es lo que la gente siempre espera. No es la primera vez. Desde 1917 hasta la fecha, siempre se ha obtenido el triunfo a cambio de dinero, todas las elecciones, todas. Será muy raro que alguna elección se gane sin ningún tipo de recurso, pero en general todas las demás elecciones no se ganan si no hay lana.

¿Cómo operaba Jorge Estefan Chidiac? Dándoles atole. Para eso están sus auxiliares electorales, los que van con la gente y le dicen, “Oye, necesitamos que nos reúnas a la gente”, ¿Aquí cuántos electores tienes?, ¿cuánto dinero te hace falta? Ahí están diez, veinte mil pesos, para que tu familia vote por nuestro partido.

Posiblemente Estefan ya no va a ser candidato, aunque luego las cosas cambian. Barbosa ya no le dio juego porque se dio cuenta de que en el gobierno interino desviaron dinero con obras y licitaciones, licitaciones que por cierto las hacían por año cuando ese gobierno fue únicamente de seis meses.

El proceso electoral de 2019

¿Qué pasó en el 2019? Aunque el PAN mandó gente para realizar la misma operación de compra de votos, ya mucha gente no aceptó; los dirigentes, los líderes, los que hacían el trabajo, los huérfanos, pues, esos ya no aceptaron la lana. ¿Por qué? Porque ya no existía un líder, un PAN dividdo y la única opción fue Enrique Cárdenas, éste sin necesidad de comprar nada. Ellos hubieran ganado si se hubieran organizado bien y si Cárdenas no hubiera andado de remolón. Cárdenas por eso no sirvió como candidato, ahí se necesitaba uno que hubiera actuado con decisión y que estuviera dispuesto a todo.

Los operadores del 2018 en el 2019 como el exdiputado federal, Eukid Castañón se hicieron a un lado en el 2019. Pero gente como Silvia Argüello sí participó con Barbosa. Muchos de los priístas que habían intervenido como principales operadores con Rafael se fueron con Barbosa. Si platicabas con la gente de los distritos te decían: “Me pidieron que jalara con Barbosa”. Todos se fueron, pagados, por supuesto.

Ilustración: Gonzalo Tassier

La estructura de Moreno Valle

Todo lo maneja una estructura. Rafael la construyó siendo secretario de Finanzas y Desarrollo Social, diputado local, federal y senador. En esa época de Secretario de Finanza, capacitó a su círculo más cercano en materia electoral.

La ingeniería no es ciencia ficción. Se trabaja con computadoras y se analiza todo sección por sección, el estado entero. Se parte de los resultados de las elecciones anteriores, la del 2015, por ejemplo, y se compara, y se dice, ah, aquí necesitamos gente preparada. ¿Cómo puede ser esto? Ah, es que el Organismo Electoral estaba pagado por Rafael, él colocó a todos. Tienes que partir que sin la participación de los funcionarios electorales en los distritos y municipios esto no se puede hacer, sin ellos nunca haces las cosas. Pero eso también pasa en Francia o Estados Unidos. El que más lana tiene, el que más apoyos tiene, ese va a ser el candidato, y es el que va a ganar. Ahí está el caso de Trump.

Los candidatos que mejor salen en las encuestas no siempre ganan, ya que se necesita mucho dinero para poder ganar, y así, la gente que lo va a seguir; pero si no hay lana, pues entonces no tiene posibilidades de ganar.

Se dice que en las reuniones que sostenía Rafael con los candidatos llegaban bolsas de lana. Eran bien pendejos, cómo le hicieron. Para qué lo hacían delante de las personas que estaban ahí. Bolsas de dinero en efectivo. El dinero nunca se les dio a los candidatos ahí. Salían y ahí se los daban, además se les entregaba propaganda y les pagaban la publicidad a los candidatos.

En esas reuniones con Rafael estaban normalmente los presidentes de los partidos de la coalición y la gente de su confianza.

Cuando Moreno Valle veía al candidato, siempre les preguntaba: Oye, ¿tiene cuentas pendientes? Bueno, en menos de 48 horas todo será aprobado en el Congreso del estado. La cuenta pública, ésa es la herramienta de un gobernador. Por eso los gobernadores son todopoderosos. Y eso también se hereda desde hace tiempo.

Moreno Valle habrá gastado unos diez mil millones en el 2018, y no era nada para él. Las encuestas, sus libros y luego dale dinero a cada candidato. Es difícil saber cuánto se llevó cada distrito, pero piensa en Teziutlán, ese Peredo tiene toda la lana, Moreno Valle no necesitó darle, por eso lo escogió.

Es normal, la gente se va con el que gana, con el que puede, es la voluntad humana, es intrínseco al ser humano. Son chapulines, es la naturaleza humana, no prevalece la ideología, el raciocinio es orden, dinero y poder.

¡Los cinco partidos son míos, Rafael!

En 2018 se escogieron a los mejores candidatos, se tuvieron candidatos en todos los municipios. A los candidatos a presidentes municipales se les decía: “A ver ¿ya tienes a tus representantes?, a ver, ¿Propietario o suplente?, ¿y a éste de dónde lo sacaste?” Así tenían que hablar uno por uno con ellos, y registrarlos, porque si no se les olvidaba, “¿Y este qué es tuyo o qué, ¿Qué hizo? No. no, ponme otro y ya.” Porque haces como un muestreo, si realmente te están dando buenas personas para que vigilen, la coalición se organizó bien y se tuvieron todas las actas de todo el estado.

Pero lo importante es cómo logró eso Rafael. Rafael entrevistaba a todos los presidentes municipales, pues les decía a los presidentes, él mismo en persona, en sus mesas de trabajo: “Eres un pendejo, mira, mira la encuesta, te van a chingar, no van a ganar…” Y le decía al candidato: “¿Tú qué?” “No, señor, yo sí voy a ganar”, le contestaban, decían que iban a ganar. Y Rafael: “¿Y los representantes ya los tienes o no los tienes?” Y el otro: “No, todavía no, pero ya los vamos a juntar” “¿Tienes dinero?”, preguntaba Rafael y le respondían que sí, o que no, y algunos le decían que necesitaban dinero para dárselos a sus representantes, los que van a convencer a los de los otros partidos, para que ellos, calladitos, no digan nada. Para eso es el dinero, por supuesto.

Había un esquema local. Los Valencia en Venustiano Carranza, los Vázquez en Teziutlán. Es el mismo esquema. Los segundos, tenían primero el coordinador que le mandaban del centro para ver si cumplía con las cosas: primero, los representantes de las casillas, si ya había hablado con Pedrito y con Juanito, es decir, con los líderes. Eso no es más que un resabio de lo que se originó desde hace décadas, mítines inmensos, puros hombres sombrerudos, él conocía a cada uno de los líderes. Así ha sido entonces, tienes que conocer a los líderes, quiénes son los meros meros en cada lugar.

La gubernatura, lo demás no importa

Al senador del PAN, al final lo que le importaba era la gubernatura y el Congreso, lo demás, que se lo cargue la chingada, “yo no sé, ustedes van a ver”. Eso les decía. Él analizaba las encuestas, veía a los buenos candidatos, y decía: “no, no, éste no, éste es para el PAN, MC, CP, PSI, PRD, según fuera el caso, tú busca a otro.” Y así cambiaba a varios candidatos. No se le decía nada. No se podía uno oponer.

En esas reuniones de Rafael iban los representantes de los partidos y sus asesores, o alguien que él invitaba, como los abogados del Comité Nacional del PAN, que iban a ver cómo se iba desarrollando el proceso, y si iba a haber recursos, ellos pudieran resolverlos. Ese fue el procedimiento y así fue como operó y obtuvo la victoria.

Omar Blancarte, del PRI al PAN

Por lo que se sabe él trabajó muchos años en el PRI, se hizo en el PRI. Por supuesto, él aprendió cómo se hacía todo esto. Pero el de la ingeniería electoral siempre era Eukid y el ejecutor era Omar Blancarte. Él se fue porque le ofrecieron mucho más dinero que el que tenía con el PRI. Por eso se fue con Moreno Valle, a invitación de éste. A lo mejor en el PRI le pagaban veinte, veinticinco, y allá cincuenta o más, mejor para él, y con ellos él iba a ser jefe. En el PRI él no era el que mandaba.

La autoridad electoral también le entra

Esa es una parte, la otra es la de la participación de la autoridad electoral, que también había sido puesta por Moreno Valle. Desde aquí arriba hasta el nivel de nombramiento de los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Se tiene a la gente para cubrir todo el estado. Está el jefe y hay un operador por cada distrito electoral y ese operador tiene a sus auxiliares, así se controla cada sección y cada casilla. No es que cada uno de los representantes en la casilla sea parte de la estructura. No, el INE dice: yo soy el presidente del comité distrital y ya tenemos  a los presidentes de los comités municipales electorales, estos dependen del INE, pero ¿qué debe hacer el INE?, verificar que realmente fueran gente imparcial, pero no lo son, eran del PAN cuando fue la elección de 2018, puestos entre otros por el presidente municipal, el presidente del PAN, etcétera. Así siempre se han integrado las casillas, y así ocurrió en el 2018. En el 2018 se votó a favor de Martha Érika, la estructura toda era de ellos, por eso la gran diferencia entre los votos para ella y los de Barbosa. Y claro que se les paga. Formalmente les paga el instituto sus dos mil o tres mil pesos, pero aparte lo que les da el partido, lo que quiera darles para que los ayude. ¿Y cómo les va a ayudar? A la hora en que van a firmar el acta de resultados, el acta de escrutinio y cómputo, ellos ya saben que van a invitar a los representantes de los otros partidos, ya están de acuerdo con los representantes de los partidos, ya les hablaron desde días antes de la elección, ya les dieron su lana, firman el acta antes de que se inicie la votación, ya nomás se encargan de poner los resultados, o se ponen los resultados antes incluso de la elección. Esto ocurrió en el 2018. En este mismo año la operación para Martha Érika fue perfecta, universal.

Así pasó también con un alto funcionario que le encargó a su gente los distritos de Puebla capital. Sólo se ganó en uno de los seis distritos que conforman el municipio. Bueno, no perdió él, sino a quienes se los encargaron, por ejemplo, Guillermo, que, teniendo toda la experiencia, siendo secretario del snte, diputado, se le asignó un distrito y lo perdió, teniendo todos los recursos. Es decir, el funcionario logró el triunfo en un solo distrito. En uno de los distritos por parte de Morena les dimos a la gente para que hicieran la operación, ahí el coordinador que se puso, pudo ganar. Un delegado dijo: “Es que no completamos los representantes de casilla”. ¿Pues cuántos quieres o qué?, que son 200 y tantas casillas, bien, les dieron los nombres para tener a todos los representantes en todas las casillas.

Al final, todo se mueve con dinero

Y aquí en México, como lo es en Estados Unidos, las elecciones están al mejor postor. El mejor ejemplo es Trump. Veamos la historia de Puebla. Maximino quería ser candidato antes de Mijares, pero Calles apoyó a éste. Entró de interino Gustavo Ariza, un extraordinario abogado, que era el secretario de gobierno. Después lo mandó matar Maximino porque le ganó un pleito por los terrenos de Agua Azul, no se los pudo quitar a sus dueños. Maximino no tenía lana para su campaña, tuvo que acudir con un señor de nombre Rosendo Cortés, que había recogido bolsas de dinero cuando pasó Venustiano Carranza por rumbo de Acatzingo en el ferrocarril,

Maximino, fue a ver a Rosendo que apenas sabía leer y escribir y que acabó de diputado y senador por Puebla, en recompensa de Maximino. El dinero lo hace todo, absolutamente todo, poder y dinero; al revés, dinero y poder. No hay ley. amlo ahora va a cambiar a estos consejeros electorales, va a poner a gente suya. Ya les bajó el presupuesto al INE, pero por el otro lado se les da su recurso, y ya.

¿…Y el cuarto poder? Los medios de comunicación te ayudan a subir o a que te chinguen, muchos están centaveados.

Eso pasa también en la religión. El cardenal Norberto Rivera, cuando era obispo en Tehuacán, no hacía nada que no le autorizara Socorrito, porque ella era la que le daba el dinero. Cerró los seminarios que preparaban curas para la liberación. El obispo Sánchez llegó por Norberto. ¿Y los Legionarios de Cristo?, ellos movían la lana para Juan Pablo ii… Pero bueno, todo eso se hace por dinero. En la política, en el ejército, en la iglesia.

La operación en tiempos del PRI

El gobernador tenía el control de todo. Por eso el Presidente de la República y el Comité Nacional del PRI mandan un delegado para ver que se estaban haciendo bien las cosas. El delegado mandaba, el gobernador mandaba, les daban su coche, su lana, y ya. Pero eso ya pasó. La gente ya le perdió la confianza al PRI.

El delegado del PRI llegaba a la capital del estado y el gobernador decía: hospédenlo en el mejor hotel, póngale su camioneta, sus asistentes, sus choferes. Todo eso para que el delegado cumpliera las instrucciones del gobernador. Lo mismo pasa con la iglesia y con los empresarios.

Antorcha

El caso de Antorcha Campesina, es un caso muy peculiar, siempre apoyó al PRI a cambio de muchos favores que se le daban a esta organización, entre los cuales siempre les otorgaban candidaturas a sus integrantes, cosa curiosa que en el 2019 ya no apoyaron al PRI, sus razones tendrían.

La condición humana

Cuando Reyes Heroles se dio cuenta de que la olla exprés estaba por reventar, modifican la ley electoral. Esto sigue pasando, todo esto, nunca va a bastar la ley para impedir que se manipulen las elecciones. Nunca. Analicemos la elección de Benedicto xvi, Juan Pablo le sopló al oído a los cardenales, yo quiero que sea este hombre, es fiel a mí, y ahí estaba Bergoglio, que tenía más votos que Ratzinger, y él dijo, yo le doy mis votos a Ratzinger. Y así fue. Esto pasa en la iglesia, en el ejército, en las empresas y obviamente en el gobierno. Hay que compararlo para que la gente lo entienda. Esa es la condición humana.

La democracia, como tal, nunca ha existido en México. Ni con Benito Juárez, él ya iba por su segunda reelección cuando se murió. La nuestra es una democracia controlada desde arriba. El presidente tiene el control absoluto. Y el país está controlado por Estados Unidos.

Lo que viene en el 2021

En el 2021 van a ganar los candidatos de Morena, y de la forma que decimos ¿y eso por qué? Ahora está el PAN desorganizado, dividido, se están peleando todavía, sin ninguna autoridad; si Acción Nacional se reorganiza, si llega un dirigente prestigiado que sepa mandar, no pelear, puede ganar la próxima elección en los municipios más importantes y en el Congreso del Estado. El PRI no se va a recuperar, así de simple. El PRI está medio muerto. Morena tiene al Estado. Barbosa va a poner a los consejeros del instituto electoral y va a tener el control, pero si el PAN aprovecha que la gente está enojada por las pésimas gestiones de sus presidentes municipales de Morena, puede ganar, porque sabe cómo se organiza la elección. Pero el que quiera ganar una elección en la ciudad de Puebla debe gastar unos mil millones.

Gali sí le va a entrar, si lo postulan candidato, le va a entrar. Estoy seguro de que él puede dar la competencia. Tiene el dinero, pero sobre todo su carisma lo ayuda.

Se consumó la salida de Manzanilla. El círculo del gobernador pensó que él ya se estaba preparando para ser el sucesor, lo cual es cierto. Eso es normal. Él tiene la capacidad y tiene el dinero para querer hacerlo.

AMLO

Todos los programas sociales para los jóvenes y personas de la tercera edad que lleva adelante son para asegurar sus votaciones, sus elecciones. Luego dirá “el pueblo quiere que me reelija”. Porque ve todos los que le quieren suceder, que el del senado, que los de Morena, ojalá se produjera ese desmadre, porque entonces es cuando pierde fuerza y tiene que surgir un nuevo liderazgo.

Guillermo Jiménez Morales
Siempre pensó en ser Presidente de la República, pero él no embonaba con la mafia del poder, no venía de Harvard o de Yale.

Mariano Piña Olaya
Ese ya no tuvo de qué preocuparse después del 2 de julio de 1988. Soy poblano, decía, aunque fuera de Guerrero.

Manuel Bartlett Díaz
Todo mundo sabe los cargos que ha ocupado y el que tiene ahora.

Melquiades Morales Flores
El Dr. Gral. Rafael Moreno Valle lo impulsó para ser Diputado Local por su tierra. A partir de entonces siempre quiso gobernar el estado de Puebla.

Mario Marín Torres
Después de ser presidente municipal de Puebla, su objetivo fue la gubernatura y lo logró. Quiso ser uno de los aspirantes a la Presidencia de la Republica y no pudo.

Rafael Moreno Valle
Él siempre decía que sería el próximo Presidente de la Republica, un hombre inteligente, con gran ambición de poder y que tenía todo el dinero.

 


La historia de los mapaches en Puebla

Más de treinta años como operador electoral, con una trayectoria ganada a pulso como técnico en la proyección de “los hilos del poder”, como él le llama al proceso de identificación de las personas y grupos que mandan en Puebla, igual en la capital que en las regiones del estado. Treinta años de trabajo especializado en la construcción del andamiaje legal para contener la presión política y social por la democratización de las instituciones electorales en México. Un experto en sistemas de operación electoral para la sobrevivencia y reproducción de los grupos de poder que se imponen por la vía de los partidos PRI, PAN y recientemente Morena. La suya ha sido una oficina sin nombre, alterna al aparato de control político que en Puebla hemos denominado Secretaría General de Gobierno, siempre al amparo del gobernador en turno; una organización que explica sin más la existencia de la estructura política que en el México moderno conocemos como Partido Revolucionario Institucional. No es la fachada del partido, es su cimiento y sus columnas, una estructura viva, tan especializada como la serpiente que cambia de piel. Le llamaremos x.


Para entender esta historia tenemos que remontarnos a los años ochenta. A figuras como Mario Vargas Saldaña, el delegado del PRI que vino a enseñar a todos cómo se ganan las elecciones, el verdadero maestro. Son los tiempos de Pedro Luis Salazar, quien era secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral en Puebla en el año de 1988, al que llamo “el eterno hacedor”. Para que me entiendas, son los años en los que Pepe Alarcón era el patrón, formado por Mario Vargas Saldaña. Son los años en los que se forma Omar Blancarte, el operador de la estructura en la era de Manuel Bartlett y, tiempo después, de Rafael Moreno Valle.

Eran los tiempos en los que las comisiones electorales eran designadas por el presidente de la república, y en los estados por los gobernadores. Todo lo controlaba el gobierno. El presidente de las comisiones electorales era el secretario de Gobernación, como Manuel Bartlett en ese mismo 1988. Todos los comisionados eran temporales y dependían en su nombramiento del mandatario.

En Puebla, el que tenía todo el mando de la elección era el secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral, Pedro Luis Salazar, y su secretario operativo era Omar Blancarte. Era un grupo selecto, capacitado, orientado. La mayor parte de la gente que ahí trabajaba se hizo en la guerra, eran mayéuticos, hechos en la batalla electoral, esa era su formación. Cuando llegamos los jóvenes universitarios los encontramos a ellos, tipos hechos para ganar elecciones.

También eran los tiempos en que sí mandaban los delegados nacionales del partido, como don Mario Vargas Saldaña. Pero todo se manejaba en Gobernación, una estructura aparte, fuera del organigrama, con pago en efectivo para los que ahí trabajábamos. Ahí se fraguaron todos, con Pepe Alarcón, ahí nos capacitamos, ahí recibimos la instrucción de lo que se tenía que hacer: Omar Blancarte, Sergio Freeman, los hermanos Sánchez Moro, Fernando Camargo, Gildardo Ayala y Mario Blancarte, el hermano de Omar.
Y todo lo que aprendimos lo pudimos llevar a la práctica en 1989, en esa elección tuvimos nuestro primer ejercicio de talacha con una tarea fundamental, por la que se entiende todo este proceso: el re-seccionamiento.

Aquí x echa mano de una primera servilleta. Traza una cuadrícula y otra más; en la primera marca un polígono bien definido, un rectángulo dividido en cuatro cuadrados, cada uno de ellos es una colonia, dice; en la segunda marca un nuevo rectángulo, esta vez dividido en dos cuadros, dos colonias, enlazadas en un vértice a otro rectángulo que queda fuera de la traza regular que marcaba en la primera cuadrícula. Son las secciones, dice. El secreto está en la información que tienes para establecer cada sección, una por una, en todo el estado.

Esa fue nuestra tarea en 1989, el re-seccionamiento. Lo hicimos un equipo de técnicos. Tienes que comprender que la talacha es técnica y es política, y así tiene sentido la respuesta a la pregunta más simple: ¿por qué las secciones no tienen una traza regular?, ¿por qué tanto quiebre? Aprendimos el secreto: divide las colonias donde la oposición panista empezaba a tener fuerza, si en una sección te chingan en dos colonias, sepáralas y en la siguiente sección te los chingas con las colonias de junto, que son tuyas. Toda la lógica de la distritación la hicimos con ese criterio, elección tras elección, y para todo el estado.

Trabajamos para el gobernador. En esos años, unas setenta, tal vez ochenta personas. Éramos una oficina alterna, pero manejábamos toda la información que generaban los delegados de Gobernación en cada uno de los municipios. Llevábamos un récord estricto de todo lo que sucedía en el estado, todas las broncas, cada uno de los conflictos; qué pasó, a quién, en dónde; toda la información confidencial del gobierno sobre cualquier asunto, sobre cualquier bronca. Esa fue nuestra tarea principal, la identificación de los hilos del poder en cada región, pueblo y ciudad. Todo lo que ocurre, para nosotros, tiene una razón de ser, cada uno de esos hilos es el que se tiene que mover, y a nosotros no nos importaba cómo se resolvían esos problemas, eso era tarea de otros, la nuestra era la de manejar toda esa información para pensar en las elecciones y en cómo asegurar ganarlas.

En esos mismos años 1989-1990 creamos el código electoral para el estado de Puebla, y señalamos las tareas que se tenían que hacer, las estructuras que se tenían que crear, nosotros lo hicimos: nuestro trabajo consistió en consolidar el nuevo Instituto Federal Electoral y su junta local en el estado de Puebla. Ahí dos personas fueron los pilares: de un lado, Pepe Bustos, el Notario número 15, con Jorge Morales Obregón como su secretario; y del otro, el profesor Salvador Lobato Contreras. Entonces la ley empezó a poner candados, se inició un nuevo registro electoral, con controles más estrictos, con un credencial que ya tenía mayores medidas de seguridad. Pero al mismo tiempo nosotros establecimos la distritación, y el partido mantenía el control de los consejos electorales, mantenía la mayoría, lo que hacía imposible que perdiéramos una elección.

Pero para entender una estructura así tienes que visualizar los ejes que la cruzan. Si no ves cada uno no vas a entender lo que ocurre. Te digo cuáles son y luego te las explico: el primero, los organismos electorales; el segundo, las estructuras de gobierno; el tercero, los procesos internos de cada partido; y el cuarto, las estructuras de los partidos.

Y nuevamente x acude a una servilleta. Su pensamiento es estructurado, lo que le permite una caracterización estricta de los procesos que permiten explicar el desarrollo de una acción sistemática de manipulación de los procesos electorales.

Uno por uno. Los organismos electorales, tienes que entender su evolución. Su tarea es organizar, conducir y validar los procesos electorales. Bueno, en cada una de las reformas nosotros intervenimos, cada una de ellas fue una respuesta a la creciente presión de la sociedad y de los partidos de oposición, nuestro trabajo ha sido el de elaborar estrategias legales, reformas a la ley electoral con las que se lograra acallar el descontento, paliar lo que había dejado la elección anterior. Si analizas cada una de las reformas lo vas a entender, particularmente la que corresponde a la creación de los partidos estatales, como el PSI que se creó con Zavala, o Compromiso por Puebla, que inventó Moreno Valle.

A qué me refiero con las estructuras de gobierno, el eje número dos: a todos los organismos estatales, federales y municipales, desde las secretarías de Gobernación y Finanzas, pasando por todos los delegados federales y sus programas y terminando con los presidentes municipales. Todo lo que se hace para ganar una elección tiene que tener como fundamento saber qué pasa en cada una de estas estructuras. Y así vas a entender porqué Rafael Moreno Valle creó como Secretario de Finanzas y controló él mismo lo que llamó dim, Desarrollo Integral Municipal, con el control de cada una de las obras públicas en cada uno de los municipios del estado. A eso me refiero con el tema de las estructuras de gobierno.

Los procesos internos de los partidos, ese es el tercer eje. El sistema empezó a alimentar a una oposición que empezó a chingarse al PRI. Mira, el PAN no ganó por sí solo una elección. Se hizo de la carroña del PRI, porque al partido le crecieron los enanos, y precandidato que no era seleccionado como candidato se iba con la oposición, los famosos “hilos del poder” ya no le servían al PRI para controlar el proceso. Por eso el PAN se convirtió en el carroñero mayor, y Rafael Moreno Valle en eso hizo su maestría, se convirtió en un experto estratega político en su momento, y lo hizo simplemente siendo un maestro en cachar a los descontentos. Pero por eso nosotros, desde el PRI con Mario Marín, en el 2005, hicimos la reforma política para normar a los partidos políticos y sus procesos internos. Porque hay que explicar algo de fondo: ¿quién puede y quién no puede ser candidato? El PRI ya no pudo controlar tanto jaloneo. Los del PAN nomás se esperaban al pleito interno del PRI para jalar a los descontentos, había demasiada presión. Ahí fue cuando hicimos la reforma de diciembre de 2005, en una reunión en el hotel Lastra, Mario Marín, que era el gobernador, Pericles Olivares, presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, y Javier López Zavala, que estaba de secretario de Gobernación. Ahí se acuerda la reforma al Artículo 200 Bis, la que regula los procesos internos para darle vida a los partidos estatales nuevos; esa reforma derivó en un reglamento que elaboró Jorge Morales Sánchez, quien después fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. De ahí derivaron, como ya te dije, el Partido Social de Integración, creado por el propio López Zavala, y después el Compromiso por Puebla, que hizo Moreno Valle. Pero para que entiendas, en la elección del 2006, en medio del escándalo provocado por la detención de Lydia Cacho y la bronca con Mario Marín, ganamos todos los distritos en la elección federal. No pierdas de vista que Mario Marín supo recomponer las estructuras locales en la ciudad de Puebla, tuvo mucho arrastre en las colonias.

El último eje: las estructuras de los partidos. Piensa en la CNC, la CTM, Antorcha, la cnpr, piensa en todas esas organizaciones ligadas al PRI durante años. Y piensa en los cacique locales, en los hilos del poder. Y velo como si estuvieras frente a un mapa. Quién es quién, en dónde, qué hace, qué controla. Bueno, todo eso es justo lo que empezó a perder el PRI con figuras como Pablo Fernández del Campo, Juan Carlos Lastiri y, más para acá, con Cacique. Esa estructura que todavía funcionó con Mario Marín en la elección del 2004, truena en la elección de López Zavala en el 2010.

Bien, entonces, no pierdas de vista esos cuatro ejes y analiza lo ocurrido en los últimos treinta años con esta estructura de operación electoral. En 1992-93 llegaron con Manuel Bartlett dos personajes: Jaime Aguilar Álvarez, nuevo delegado del PRI nacional, y José María Morfín Patraca, este último un cuate muy culto y conocedor del sistema político mexicano, además de Paloma Guillén Vicente, la hermana del Subcomandante Marcos. Ellos dos echaron a Pepe Alarcón. A Morfin Patraca le encargaron la operación electoral. Él se acercó con Alberto Jiménez Morales, el hermano del gobernador Guillermo, y verdadero poder tras el trono con Mariano Piña Olaya, y le dice, “Alberto, yo seré muy conocedor del sistema, pero no conozco Puebla, cómo le hago?”. Y lo que le dijo Alberto fue: “No te preocupes, jálate a Omar Blancarte”. Y así le hicieron, sacaron a todo lo que oliera a Pepe Alarcón, y a él lo echaron de Puebla, nombrándolo delegado del PRI en Nayarit, en el Estado de México y no sé dónde más. Con él salimos muchos.

Con Manuel Bartlett se profesionaliza más la Dirección General de Gobierno. Aunque a don Alberto Jiménez Morales le respeta un poco su posición, el que toma las riendas de la política en el estado es Chema Morfín Patraca, que se jala para la operación electoral al Omar Blancarte, pero que trae de México a Óscar de la C Avellá para que operara todo el sistema de inteligencia en el estado. Por esa Dirección General de Gobierno pasaron tipos como César Musalem, Joe Hernández Corona, Alberto Esteban, Lauro Sánchez, Franklin Guevara. Desde esa Dirección General de Gobierno se ha manejado todo el sistema de información, pero con Óscar de la C y Raúl Castillo se profesionaliza más, se capacitan a todos los delegados políticos.

Manuel Bartlett nunca entendió lo que significaban los poderes locales. Por eso le ganó en 1998 Melquiades Morales.

Para entender la fuerza de los poderes locales puedes ver lo que pasó en San Andrés Cholula, ¿por qué nunca ha vuelto a ganar el PRI en ese municipio? ¿Has oído hablar de Fortino Aquino, el principal lenón de Cholula? Cuando llegó Manuel Bartlett de candidato, en 1992, don Fortino quería ser candidato, ¡y cómo!, le dijeron a Bartlett, y pues no, dijo el propio Manuel, ¡cómo vamos a poner a un promotor de la prostitución de presidente municipal! Y lo hicieron a un lado. Y desde entonces el PRI no gana en San Andrés. Ahí lo ves todavía a don Fortino Aquino, en su bicicleta.

Manuel Bartlett era el dueño de todo. Los organismos electorales controlados por Omar Blancarte. Las estructuras del PRI, con el presidente del partido, y los programas de gobierno, con José Luis Flores, que los pondría a las órdenes del candidato. Quiso poner al propio Flores. Y en el PRI tenía a dos personajazos en la operación, Alejandro Armenta y Silvia Tanús. Pero en el exceso de confianza encontró la derrota, se les hizo fácil abrir la selección del candidato a una consulta interna, le decían, gobernador, tenemos todo para ganar, la estructura del partido con los coordinadores distritales, el control de los programas, pero ahí estuvo la ceguera, en creer que con el control de las estructuras primarias podía ganar, pero no tenían a la gente en los municipios, esas las tenía Melquiades. Puedes ser el dueño de todo, bien, ¿y la aceptación social? Melquiades Morales aprovechó el descontento y la antipatía que provocaba Bartlett, y tenía con él años de trabajo y compadres por todos lados, una red construida durante años, y por eso ganó todo, porque supo cultivar los liderazgos regionales, tenía el pulso de quién mandaba en cada pueblo, en cada municipio, tenía una focalización bárbara, sabía quien era quien en los comisariados ejidales, en los ayuntamientos, en las iglesias. Melquiades tenía los acuerdos con los liderazgos, y por ahí el control de la organización del proceso interno. Por eso ganó todo: para que te des una idea, en Ciudad Serdán y en Acatzingo Germán Sierra y José Luis Flores no ganaron una sola casilla, todo fue para Melquiades.

A ese movimiento dentro del PRI se le conoce como el del Grupo 28 de Mayo, pues en esa fecha de 1998 se llevó a cabo el proceso interno del PRI para la selección de candidato. Con Melquiades se fueron los líderes regionales, presidentes municipales, diputados y exdiputados. Y te doy nombres: Héctor Jiménez Meneses, Moisés Carrasco, Julián y Nácer, René Lechuga Fosado, Carlos Arredondo Contreras. Y por supuesto los Jiménez Morales, con Alberto Jiménez Arroyo, a pesar de que a su papá, don Alberto Jiménez Morales, que había sido el hombre fuerte con su hermano Guillermo y con Piña Olaya, Bartlett le dio su lugar. Pero todos esos priístas se la jugaron con Melquiades.

Pero esta misma victoria de Melquiades Morales significa el primer gran declive del PRI. Su elección como candidato fue el 28 de mayo de 1998, pero unos meses después, en agosto-septiembre, viene el proceso de selección de los candidatos a presidentes municipales y diputados, y ahí se forja el primer gran rompimiento dentro del PRI. Melquiades había hecho un chingo de amarres, todos decían yo voy a ser el candidato, para esto, para lo otro, solo que no había uno, sin cuatro, cinco o más que decían lo mismo: “Yo tengo la bendición del candidato”. Y ahí se perdieron los equilibrios políticos. El compadre de Melquiades se siente traicionado cuando no queda de candidato, y simplemente se pasa a otro partido. Al final, se fueron al proceso de selección interna y ahí brotaron los descontentos por todos lados. Ahí es donde el PAN se convierte en el partido carroñero.

Y si lo analizas más a fondo, el que provoca que Rafael Moreno Valle se salga del PRI es el propio Melquiades Morales. Marín se quedó con la gobernatura en el 2004, y para la selección de los dos senadores en el 2006, Marín puso en una a Montero, y la otra era para Rafael, pero en vez de dársela y prepararlo para la gobernatura en el 2010, se la quedó Melquiades. Por eso se salió Rafael, y por eso Melquiades le paga después con la estructura del grupo 28 de Mayo, que trabaja a su favor en el 2010. Melquiades es el verdadero traidor del PRI en Puebla.

Rafael Moreno Valle

Rafael Moreno Valle llegó a Puebla con Melquiades Morales en 1999, y con una pregunta elemental, que veía el largo plazo: ¿cómo hacerse del poder? Encontró un camino: jalarse a Omar Blancarte. Con Moreno Valle llegaron Eukid Castañón, Bank, Toño Peniche y el propio Fernando Manzanilla. En el año 2000, por a´i, regresa Pepe Alarcón. Lo llaman para rehacer la estructura del PRI desde el cargo de secretario general del partido, cuando Víctor Manuel Giorgana es el presidente. Desde entonces empieza Moreno Valle a construir su estructura, desde que está en Finanzas, con el dim (Desarrollo Institucional Municipal), desde que es candidato a diputado federal en el 2003, desde que pierde con Marín la candidatura del PRI, desde que rompe con el partido y gana con el PAN la senaduría, desde que para el 2010 tiene el respaldo del grupo 28 de Mayo. Él vuelve a tener una estructura de Estado para la elección del 2018. Eukid Castañón le manejó este sistema, desde su propia oficina se operó todo.

En el 2018, Rafael Moreno Valle se puso muy abusado en los municipios, y eso porque el PRI volvió a cometer el error a la hora de seleccionar a sus candidatos. Vio los resultados y lo que hizo fue simplemente invitar a los que no quedaron, les dijo, vente de candidato por Compromiso por Puebla, por PSI. Y más, muchos candidatos del PRI lo fueron porque lo quiso Moreno Valle, porque en ese año él tenía el control de las estructuras del partido. Les decía, mira, tú puedes tener el 80 por ciento del camión de los votos, pero yo tengo el 20. Un ejemplo lo puedes ver en lo que sucedió en Quecholac, donde el priísta Néstor Camarillo manda: en la elección municipal opera para Rafael y el PSI gana con más de 13 mil votos.

La elección del 2018 sí la ganó Martha Érika, pues con Rafael Moreno Valle la estructura era un aparato del Estado, totalmente controlado por él, con todo el dinero para que operara. Y él era el dueño del organismo electoral. Se decidió a meterle mano a los distritos electorales, pero no era necesario que lo hiciera. Creo que quiso hacerlo para asegurar que pudiera cumplir con los compromisos que hizo, como salvar a los partidos PSI y Compromiso por Puebla para que alcanzaran el porcentaje para no perder el reconocimiento como partido.

2019

En la elección del 2019 ya no hubo quién mandara en la estructura. Se fragmentó. Le quitaron a su operador Blancarte. Eukid no se movió, Gali no se movió, Estefan jugó para Barbosa; la estructura de la Secretaría General de Gobierno la controló Manzanilla y tampoco se movió. En buena medida eso explica la baja votación. Operó, eso sí, Fernando Manzanilla para el voto del partido Verde, y Alejandro Armenta para el PT. Pero el organismo electoral trabajó todo institucional, desde el INE en México.

2021

La estructura de operación electoral dejó de ser una estructura de Estado. Sí lo fue con Rafael en el 2018, pero ya no lo fue en el 2019. Está disgregada. En el 2021 Miguel Barbosa no la va a poder controlar. La gente que está con él no sabe cómo. Dice que no hay nepotismo, y puso a su primo en la Dirección General de Gobierno. Ahora todo está suelto. El grupo de Manuel Bartlett se apoderó de Morena, Nacho Mier, Meza Viveros, y ellos quieren ponerle en la madre a Fernando Manzanilla. Creo que por eso Morena va a valer madres. Por eso, si el PRI se reorganiza, puede volver a ganar, pero la verdad es que tampoco tienen al dirigente que sea capaz de lograrlo.

El cuchillo del carnicero

La operación electoral no manipula la elección. Los que sí manipulan son los medios de comunicación. Nosotros hacemos trabajo de tierra. Operamos una estructura de trabajo que lucha por el poder. Diré mejor que somos consustanciales al poder. En la política hay carnicero, cuchillo del carnicero y reses. Nosotros somos el cuchillo del carnicero. Y quien hoy es una res mañana puede ser el carnicero. Todo lo que hacemos ha costado años de trabajo. Lo que hacemos explica cómo puede ser que una sección que hoy gana el PAN para la próxima elección la pierde. Entender cómo ocurre esto es lo medular. Por eso no somos mapaches, no robamos, nosotros trabajamos. En todo caso, somos castores, tomamos previsiones, planeamos, construimos, hacemos una presa. Bien visto, actuamos como una empresa lo hace, tenemos objetivos, hacemos mediciones, plantamos una ruta crítica, construimos compromisos. Pero como en una empresa, si no tienes lana, no tienes nada.

Contra esta sinergia, votación masiva.

Dicho todo esto, hay un único mensaje: la única manera de romper toda esta sinergia, todas estas chingaderas, es ir a votar, que la gente vote masivamente. Contra la participación altísima no hay poder humano que pueda cambiar el sentido de una elección.

 

Sergio Mastretta

Capitalismo vigilante: ¿la automatización de la voluntad humana?

El capitalismo vigilante, una nueva variable del modelo económico que ha configurado a Occidente, se distingue por estar asentado en las prácticas empresariales impulsadas por empresas ligadas a Internet. Sus objetivos principales son aprovechar al máximo todos los datos disponibles que revelan hasta el más mínimo detalle del comportamiento humano y después comercializarlos. De este complejo sistema y de sus consecuencias actuales y futuras se ocupa el libro The age of surveillance capitalism. The fight for human future at the new frontier of power de Shoshana Zuboff, del cual publicamos esta reseña.

¿Cómo explicar y definir empresas como Google y Facebook cuyos servicios son gratuitos, pero cada año incrementan sus ganancias de manera sustancial? ¿Acaso operan de manera distinta al capitalismo industrial que definió la economía de Occidente en el siglo XX? ¿Es cierto que estas compañías, más allá de su enorme músculo económico, ejercen un inédito poder que merma la capacidad de decisión de sus usuarios? ¿Cómo afecta en nuestra vida diaria el uso de aplicaciones como Waze y Pokémon GO? ¿Es posible domesticar esta nueva variable de la lógica de acumulación de riqueza?

Estas son, entre otras, las preguntas que plantea Shoshana Zuboff en su libro The age of surveillance capitalism. The fight for human future at the new frontier of power (Public Affairs). Un interesante y original texto de poco más de seiscientas páginas, fruto de una investigación de una década y cuyo éxito ha sido abrumador desde su publicación a principios de 2019. Con el mero título de esta obra, Zuboff logró lo que no pocos académicos ambicionan; inventó una nueva categoría de análisis y la colocó en el imaginario social: capitalismo vigilante. El diario The New York Times y la revista Time, entre otros medios, lo ubicaron como uno de los mejores del 2019. Barack Obama, a pesar de que él y su administración no salen bien librados, lo incluyó entre sus recomendaciones de lectura del año pasado. Por si no fuese suficiente, en la agitada discusión que existe ahora en diversas universidades y centros de investigación, respecto a los diversos acertijos alrededor de la gobernanza de las plataformas de Internet, no hay algún texto académico que no cite esta obra.

Más allá del recuento de piropos, la tesis principal de este libro es que en el último par de décadas un grupo de compañías, con Google como punta de lanza, implementaron ciertas prácticas de negocio que pronto se erigieron en el modelo dominante en Internet. Y si bien estas prácticas son claramente capitalistas, también es cierto que reúnen características inéditas que exigen entenderlas como una nueva variante de este modelo económico: el capitalismo vigilante.

Vale aclarar que, para Zuboff, esta etapa no es la más reciente en una evolución lineal del capitalismo, ni tampoco es una fase inexorable del desarrollo tecnológico digital que funge como sustrato de esta nueva lógica económica. Se trata de un tiempo y lugar histórico —un cúmulo de circunstancias y decisiones de personas, que justo trata de reconstruir este libro—, cuyo resultado es un nuevo capitalismo que tiene como principal peculiaridad la materia prima con que trabaja y los enormes riesgos que conlleva el uso de ésta para la autonomía de los seres humanos. En efecto, estas prácticas de negocio consisten, en primer lugar, en apropiarse de manera unilateral, sin negociación ni contraprestación alguna, de toda la experiencia humana posible para traducirla en datos; los cuales, luego, se someten a procesos de manufactura inteligentes —minería de datos, algoritmos, correlaciones de variables— para fabricar predicciones respecto al comportamiento que nosotros tendremos ahora, pronto y después. Estas predicciones, por último, son los productos que se ponen a la venta en un mercado, hasta hace unos pocos años, inexistente en la historia de la humanidad: un mercado de comportamientos futuros de la conducta humana. En otras palabras, contrario a lo que se pudiera pensar, los humanos no somos el producto del capitalismo vigilante; más bien, nuestra experiencia es la materia prima que se utiliza para fabricar, a partir de sofisticados procesos de maquila, predicciones de nuestro comportamiento futuro erigiéndose éstas en los productos a comercializar.

Sobra mencionar que este viraje del capitalismo sólo es posible gracias a, por lo menos, dos factores clave. Un desarrollo tecnológico que ha logrado que Internet esté cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y que promete su ubicuidad gracias a la tecnología 5G y el Internet de las cosas;1 de tal manera que sea posible aprehender una gama tan amplia de aspectos de nuestra experiencia, que las diversas vías de extracción de datos pronto serán capaces en su conjunto de dibujarnos con nitidez como individuos. El otro resorte de este capitalismo vigilante es el abrumador avance que ha tenido, en los últimos años, la llamada ciencia de datos; esto es, extracción y análisis de datos, así como el procesamiento de éstos mediante modelos de automatización inteligentes que sólo son viables gracias al actual poder computacional.

El riesgo, señala Shoshana Zuboff, de este nuevo capitalismo consiste en que la inevitable dinámica de competencia arrastra a empresas como Facebook a apropiarse de manera constante de más aspectos de nuestro comportamiento, que les permita a su vez construir predicciones más precisas de la conducta humana. Vale apuntar que este aumento en la extracción de datos sigue dos imperativos: por un lado, ampliar la variedad de facetas de la experiencia humana capturadas, desde indagatorias en buscadores de Internet hasta los registros de refrigeradores y televisiones inteligentes en los hogares; por el otro, profundizar en la experiencia procesada, desde el desempeño de los órganos del cuerpo humano hasta los soliloquios emocionales e intelectuales más íntimos de las personas. Lo más grave es que esta espiral de presiones competitivas eventualmente resulta en un cambio medular: estos procesos, a partir de máquinas inteligentes automatizadas, no sólo buscan conocer y predecir nuestra conducta sino también modificarla.

Ilustración: Patricio Betteo

Un ejemplo: pensemos en un refrigerador inteligente que monitorea lo que se consume en un hogar con el propósito de solicitar, de manera automática al supermercado predilecto, un reabastecimiento de los productos faltantes. En esta rutinaria operación, se genera un filón de información que da luz sobre capacidad adquisitiva, enfermedades o restricciones médicas, religión, dinámica familiar, adicciones, etcétera. Si estos datos se correlacionan con aquellos que se registran en redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, selección de contenidos de plataformas audiovisuales, preferencias musicales, entonces, se tiene una suma de referencias capaz de pronosticar el comportamiento futuro de la persona que habita tal casa. Por supuesto, entre más amplia y profunda sea esta extracción de datos, las predicciones serán más precisas. Después de su visita periódica al cardiólogo, la persona que tiene este refrigerador inteligente opta por alimentos saludables y retoma de manera puntual su tratamiento médico; esta disciplina dura un mes en promedio, para luego regresar a la comida chatarra y abandonar sus medicamentos y rutina de ejercicio. Este ciclo de conducta, entre más detallado, tiene un enorme valor para una industria de publicidad cuyo objetivo toral consiste en saber con certeza qué productos debe vender a cada quién y en qué momento. Pero, con esta información tan pormenorizada de la alimentación de una persona, junto con el cruce del sinfín de variables registradas por otras aplicaciones o artefactos hogareños propios del Internet de las cosas, también es posible saber qué empujoncito o condicionamiento, en cierto contexto de decisión, basta para orillar a alguien a comprar el paté más oneroso, recaer en el cigarro o aumentar su consumo de alcohol.

Esta es apenas una imagen del poder instrumental del capitalismo vigilante, pero que ayuda a vislumbrar el enorme peligro que representa este modelo económico para la autonomía humana. La competencia intrínseca al juego capitalista, aunado a las características de esta vigilancia, induce a sus participantes a una dinámica de mayor extracción y aprovechamiento de la experiencia humana, que pone en riesgo la libertad de las personas. Al respecto, la profesora emérita de Harvard considera que este nuevo modelo económico no abandona las leyes básicas del capitalismo tales como producción competitiva, maximización de la utilidad, productividad, crecimiento, pero sí se establece una nueva lógica de acumulación que opera a partir de reglas inéditas hasta hace pocos años. Mientras que el capitalismo industrial se ciñó a la dinámica de incrementar los medios de producción, los capitalistas vigilantes son impulsados a intensificar los medios de predicción y modificación de nuestro comportamiento, así como el valor adquisitivo que adquiere este poder instrumental para moldear la conducta humana.

Según la reconstrucción histórica que ofrece Zuboff, la primera empresa en irrumpir en la economía occidental, de acuerdo con las reglas del capitalismo vigilante, fue Google. Hoy este buscador es apenas una pieza más de un conglomerado de Internet conocido bajo el nombre de Alphabet, que aglutina una amplia batería de servicios en línea gratuitos como mapas y geolocalización, correo electrónico, videoconferencia, plataforma de videos, aplicación interactiva para optimizar el tráfico vehicular y un largo etcétera. A finales de los años noventa, cuando reventó la burbuja económica de Internet, Google se posicionaba como el mejor buscador frente a sus competidores. No obstante, seguía arrastrando una deficiencia: no era rentable. En ese momento, sus fundadores, Larry Page y Serguéi Brin, tenían como política extraer y procesar los datos de los usuarios, resultado de sus búsquedas, con el único propósito de ofrecerles un mejor servicio. Es decir, las pesquisas se traducían en datos y luego se procesaban para mejorar las predicciones de búsqueda. Sin embargo, esta crisis económica, junto con las presiones de los inversionistas, hizo que Google cediera.

Las predicciones de comportamiento humano ya no sólo se aprovecharían para perfeccionar su buscador de Internet, también se venderían a la industria de la publicidad para que ésta desplegase estrategias personalizadas de publicidad. El capitalismo vigilante había nacido. Google se convirtió en un fenómeno de rentabilidad y estableció las condiciones para que compañías como Facebook participaran de las enormes ganancias de este nuevo mercado.

Hasta ahora, en buena medida, el modelo del capitalismo vigilante ha girado en torno a la industria de la publicidad. Por ejemplo, los usuarios que interactúan en Facebook dejan rastro de un sinfín de datos sobre sus preferencias, emociones e intereses, los cuales son extraídos y aprovechados por esta plataforma para hacerles llegar después contenido personalizado. Entre mayor sea el uso de Facebook, más datos se extraen y, de esta manera, se puede predecir o modificar con cierta precisión el contenido que engancha. El modelo de negocio de empresas como ésta consiste en monitorear a sus usuarios; enviarles como anzuelo un contenido personalizado; modificar y manipular su comportamiento para que interactúen cada vez más y, por último, vender esta predicción y/o modificación de la conducta al mercado publicitario.

Para Zuboff, no obstante, es indispensable tener claro que, si bien los anunciantes han sido los clientes principales en los primeros años de este capitalismo vigilante, no hay razón por la cual este mercado se limite a este grupo. Los nuevos sistemas de predicción de la conducta se han enfocado de manera accidental en el mercado de anuncios, del mismo modo que, en su momento, el novedoso sistema de producción en masa de Ford fue incidental en su aplicación a automóviles. En ambos casos, estos sistemas de producción se pueden extrapolar a otros servicios o productos. Esto significa que cualquier actor con interés en comprar información probabilística sobre nuestro comportamiento y/o en influir en nuestra conducta futura, puede participar en estos nuevos mercados donde las conductas de individuos, grupos y cosas son extraídas, procesadas y vendidas. Basta pensar en un par de industrias: seguros médicos y procesos político-electorales. ¿Cómo calcular de manera más exacta el riesgo de las personas al conducir un automóvil que con un escrutinio perenne de cada una de las variables que influyen en la confiabilidad de un automovilista y, de esta manera, reajustar con el mismo dinamismo la correspondiente póliza de seguro? ¿Qué estrategia más efectiva para seducir a los votantes dudosos en una campaña electoral que mediante propaganda personalizada diseñada a partir de sus miedos y prejuicios más profundos e irracionales?

Esto significa que el objetivo último del capitalismo vigilante es, sin duda, influir en el comportamiento humano en el mundo real; mientras que la conducta que se registre en el mundo en línea es útil en tanto sirve como insumo del modelo de negocios. En este sentido, salta una pregunta por demás pertinente para este capitalismo: ¿Cuál es la frontera de posibilidades para modificar la conducta en la realidad a partir de Internet? Esta fue la interrogante que guio uno de los experimentos más interesantes al respecto: el lanzamiento, en el año 2016, de la aplicación Pokémon GO. Desarrollado por Niantic Labs, de la mano de Nintendo y Google, este juego de realidad aumentada no ofrece una dinámica particularmente novedosa: para sumar puntos se deben atrapar figuras animadas llamadas pokémones. Lo interesante es que la arena de batalla es el mundo real. El primer paso es descargar la aplicación del juego en un teléfono inteligente y darle acceso a cierta información privada como geolocalización. Con ello, a través del dispositivo, se podrá ver a sus protagonistas deambular por el entorno. Un jugador, desde la banqueta, al contemplar el edificio de su departamento no verá más que el movimiento de sus vecinos. Pero si observa el mismo escenario, a través de la aplicación Pokémon GO, sí podrá ver una de estas caricaturas pasear por su barrio. De ahí, como su nombre lo indica, es necesario circular por la ciudad o entorno para perseguir y cazar a los personajes virtuales.

El éxito del juego fue contundente. A los pocos días de su lanzamiento, millones de personas alrededor del mundo se sumaron a este ambicioso experimento que fusionó por primera vez con ciertas características el mundo real con el digital. Y, por lo mismo, pronto se suscitaron peculiares eventos en diversos puntos del planeta. Un botón de muestra: caos vehicular en calles aledañas a cierto punto de Central Park, en Nueva York, debido a decenas de personas que corrían de manera desordenada hacia una ubicación para atrapar un Pokémon que rara vez se asomaba y obtener una cantidad significativa de puntos, así como prestigio entre la comunidad de jugadores. Ahora, si bien Pokémon GO se lanzó básicamente como una aplicación gratuita, su objetivo consistía en probar el impacto digital del juego en la conducta de los jugadores en el mundo real. Y, de tal influencia en el comportamiento humano, obtener ganancias. Niantic Labs diseñó, entonces, un concepto de negocio bajo esta lógica: locaciones patrocinadas, es decir, su ganancia dependía del número de personas que el juego hacía ir a cierto establecimiento. Se les cobraría a los clientes bajo la fórmula costo por visita, de manera análoga al modelo de publicidad en línea de costo por clic. McDonald’s Japón, por ejemplo, entendió el potencial de este experimento y cerró trato con sus desarrolladores. Pokémon GO en Japón tenía que ubicar cierto número de estas figuras animadas al interior de los 30 000 restaurantes de esta franquicia en dicha isla. El resultado fue que las ventas de MacDonald’s Japón, entre otros clientes de este original modelo comercial, aumentaron sus ventas de manera considerable. Pero más importante todavía, el ensayo había sido exitoso: Pokémon GO demostró que el mundo digital era capaz, sin coacción ni correa alguna, de movilizar a millones de personas para que salieran de sus hogares y recorrieran numerosas cuadras para consumir en un punto de venta previamente establecido.

Shoshana Zuboff, por otra parte, considera que para entender cabalmente el origen del capitalismo vigilante es indispensable estudiar el otro lado de la moneda de las políticas empresariales de Google y Facebook: el grupo que asumió el poder en Estados Unidos en 2008. Contrario a la lectura dominante de que el 2016 fue el año en que se estrenó la influencia de compañías como Facebook y Cambridge Analytica en las victorias de Trump y del Brexit, para esta académica, más bien, el primer experimento de un equipo de campaña que aprovechó en la arena electoral los productos que ofrece el mercado de predicción y modificación de la conducta fue la elección presidencial de Barack Obama. Google, junto con el equipo de este carismático candidato, diseñaron una estrategia para utilizar la experiencia de los usuarios de este icónico consorcio de Silicon Valley y, de esta manera, delinear micromensajes políticos dirigidos a cada votante con miras a empujar el voto a su favor en las urnas. Esta alianza, que se repitió en la reelección del presidente demócrata, propició que el gobierno de Obama estuviera en una posición por demás incómoda para impulsar regulaciones que podrían atajar los excesos de este capitalismo. Se trató de una oportunidad irrepetible para imaginar límites a estas empresas, pues si bien su músculo no era trivial a finales de esa década, todavía no alcanzaban el enorme poder con que concluyeron al finalizar el periodo presidencial de Obama. Una política pública atinada pudo haber sentado las bases regulatorias encaminadas a domesticar este capitalismo vigilante y, en ese sentido, frenar oportunamente el crecimiento desmedido que tuvo durante dicho periodo. En breve, Zuboff arguye tres responsabilidades clave de Obama y su administración: falta de transparencia respecto la alianza entre su equipo de campaña y Google, lo cual dificultó que la opinión pública conociese de los riesgos de estos ejercicios hasta ocho años después; impulso de programas de ciberseguridad que dependían enteramente del trabajo realizado por estas compañías de Internet; y omisión de siquiera intentar someter a estas empresas a la lógica liberal-constitucional de controlar el poder excesivo.

El análisis de Shoshana Zuboff no está, por supuesto, exento de críticas ni de asignaturas pendientes. Un tema de enorme relevancia que menciona de refilón es el rol de China en este nuevo capitalismo vigilante. Si como ha señalado de manera convincente el economista Branko Milanovic, las opciones de modelos económicos en el planeta se han reducido a básicamente dos versiones del capitalismo: el occidental y el chino,2 aunado al enorme desarrollo que ha impulsado este país asiático en plataformas de Internet e inteligencia artificial,3 resultaba indispensable dedicarle más páginas a China al estudiar esta industria que aprovecha la experiencia humana para acumular riqueza. Asimismo, a lo largo de las páginas de The age of surveillance capitalism flota un tufillo caricaturesco respecto a la maldad de las personas y compañías que están detrás de este modelo de negocio en Internet. Un maniqueísmo que, en ocasiones, no abona a una explicación compleja del devenir histórico que ha resultado en estas prácticas de negocio. Prueba de ello, es el casi inocuo papel que Zuboff le otorga a Lou Montulli y sus trabajos para desarrollar en 1994 un protocolo que permitiera identificar a los visitantes de los sitios web y su interacción en éstos. Invento bautizado con el nombre de cookie y que se convirtió en la piedra fundacional para transformar Internet en una infraestructura para comunicaciones comerciales. De tal manera que sin este protocolo, Google nunca hubiese podido reinventarse como empresa precursora del capitalismo vigilante en los albores del siglo XXI.

Para concluir, y más allá de éstas u otras críticas, lo cierto es que este libro de Shoshana Zuboff es hasta ahora la mejor investigación sobre este complejo modelo económico que pone en riesgo la libertad como nunca antes. Un trabajo que, con inteligencia y creatividad interdisciplinaria, conecta los estudios más novedosos sobre este capitalismo vigilante desde la trinchera de la economía, psicología, antropología, tecnología y del derecho. Asimismo, es una obra que construye sus propios lentes de análisis para ofrecer originales explicaciones de las características de empresas como Google y su impacto en cada una de las esferas sociales. Y, por último, este análisis se sostiene en un sólido basamento filosófico con miras a entender el impacto de este capitalismo en la sociedad democrática occidental y en el ethos de la humanidad —no es casualidad, en este sentido, que su autora más citada sea Hannah Arendt—. De esta manera, Zuboff ofrece la explicación más completa de la enorme asimetría de poder que representa el capitalismo vigilante, una en la que muy pocos tienen el conocimiento para apropiarse de la experiencia humana con miras a automatizar al resto de la humanidad. 

• Soshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight of a Human Future in the New Frontier of Power, Londres, Profile Books, 2019, 704 p.

 

Saúl López Noriega
Profesor e investigador de tiempo completo del CIDE.


1 Entrevista a Alejandro Navarrete, “México y el reto de la tecnología 5G”, El juego de la Suprema Corte, nexos, 12 de marzo de 2020.

2 Capitalism, alone. The future of the system that rules the world, The Belknap Press, USA, 2019.

3 Kai-Fu Lee, AI super-powers. China, Silicon Valley and the new world order, Houghton Mifflin Harcourt, USA, 2018.

Mexicanos al borde del hambre

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) define la pobreza extrema por ingresos como el “referente monetario que permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada”.  En el ámbito urbano el Coneval establece dicho referente en 1 637.07 pesos por persona al mes para mayo de 2020, es decir, se requeriría un ingreso de unos 55 pesos diarios por persona para adquirir los alimentos necesarios para una alimentación adecuada. Esta definición difiere de la de pobreza extrema pues esta última suma a la pobreza extrema por ingreso la presencia de al menos tres carencias sociales (educación, vivienda, servicios en la vivienda, seguridad social y alimentación). Con estas definiciones, y con base en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) de 2018, la última disponible, la pobreza extrema por ingresos caracterizaba a 21 millones de personas mientras que la pobreza extrema multidimensional afectaba “solo” a 9.3 millones.

Como es obvio, las personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de ese límite que los clasifica como en situación de “pobreza extrema por ingresos” difícilmente pueden dedicar la totalidad de ese magro ingreso a la adquisición de alimentos ya que deben afrontar otros gastos en materia de vestido, calzado, vivienda, transporte y un largo etcétera, de suerte que su gasto efectivo en alimentación estará lejos de esos 55 pesos diarios, lo que implica serios problemas de malnutrición y el deterioro de la salud que inevitablemente la acompañan.

El hecho de que, en “condiciones normales” 21 millones de personas se encuentren en esta situación sin que ello se considere una emergencia nacional habla muy mal de nosotros como sociedad. Todo indica que, hoy, el problema se ha exacerbado al extremo; el colapso económico provocado por la pandemia de covid-19 y las medidas sanitarias necesarias para contenerlo ha conducido a que el número total de ocupaciones en el país se haya reducido en 12.1 millones tan solo entre marzo y abril (de acuerdo con la ETOE del INEGI), esto es, hay 12.1 millones de personas que han perdido su fuente de ingreso y muchas de ellas, sin duda, han ingresado a las filas de la pobreza extrema por ingresos y por tanto enfrentan dificultades para alimentarse adecuadamente.

De cara a esta realidad, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, se planteó la pregunta de en qué medida han caído los ingresos de los hogares y en qué medida ha aumentado la pobreza extrema por ingreso. Más que una cuestión académica, las respuestas a estas preguntas constituyen el insumo básico para preguntarnos cuál sería el costo de garantizar que toda persona alcanzara un ingreso suficiente para cubrir, al menos, el costo de la canasta alimentaria, los 55 pesos diarios señalados antes.

Responder a estas interrogantes implica conocer el ingreso de los hogares y su distribución antes y después de la irrupción de la pandemia y enfrenta el problema de que la información más reciente al respecto con la que se cuenta es la de la ENIGH correspondiente a 2018 lo que parece condenar el análisis a buscar soluciones de carácter general, es decir, a imputar una caída uniforme en el ingreso a todos los hogares o bien imponer una distribución de la caída exógenamente, de manera aleatoria o con base en supuestos. Sobre la base de una estimación general, el Coneval concluye que ha habido un aumento de 10 millones de personas en situación de pobreza extrema por ingreso.

Ilustración: Víctor Solís

En el PUED se puso en práctica un método alternativo que busca capturar también el impacto del cambio en la distribución del ingreso entre los hogares y las personas. Curtis Huffman y Héctor Nájera bajo la coordinación de Fernando Cortés se dieron a la tarea de producir una estimación lo más robusta posible, en el menor tiempo posible, que capturara estos efectos.

La predicción del cambio de los ingresos laborales se basó en las técnicas propuestas recientemente por la literatura de estimación de pobreza y desigualdad de áreas pequeñas (Rao y Molina, 2015). Este campo de la estadística social se encuentra en la frontera de la modelación de datos de pobreza y busca hacer el mejor uso de la información disponible —llevando, vía modelación, los datos de una encuesta a otra fuente— para estimar indirectamente la prevalencia de pobreza en escenarios de alta incertidumbre y falta de datos.1 Echando mano de los microdatos de la ENIGH 2018, de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) del primer trimestre y de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) de mayo de 2020, se tomaron las características comunes en las tres fuentes (sexo, edad, sector de empleo —21 sectores SCIAN, Sistema de Clasificación Industria de América del Norte—, acceso a seguridad social y entidad federativa) para modelar el ingreso de febrero, el momento previo a la irrupción de la pandemia, y el de mayo que registra el primer y, probablemente más fuerte, impacto del cese de actividades no esenciales y el confinamiento.

El universo de personas considerado no fue solo el de los ocupados que perciben un ingreso ya que era necesario tomar en cuenta la pérdida total de ingresos de quienes, de manera atípica, salieron de la fuerza de trabajo (puesto que no estaban buscando activamente un trabajo) para ingresar a la Población Económicamente no Activa pero que, sin embargo, se encontraban en disponibilidad de trabajar al momento del levantamiento.

Como es sabido, el ingreso corriente de las personas se compone de su ingreso laboral (en torno a 67 % del total), de la renta de la propiedad y la vivienda —imputada— (en torno a 17 % del ingreso total en promedio) y de las transferencias (fundamentalmente del Estado y del exterior en la forma de remesas) que representan alrededor del 15 % del ingreso total. El ejercicio realizado se centra en el ingreso laboral que representa la mayor parte del ingreso que es el que más resintió, sin duda, el efecto de la recesión económica y supone que las otras dos fuentes se mantienen constantes a sus niveles de 2018 hasta mayo de 2020.2

Los resultados del ejercicio para el nivel y distribución del ingreso corriente total de las personas en febrero y mayo de 2020 se muestran gráficamente en la figura 1. El eje vertical mide el número de personas que percibe cada nivel de ingreso que es medido, a su vez, en el eje horizontal; el desplazamiento a la izquierda de la curva obedece a la reducción generalizada de los ingresos de los hogares y el cambio de su forma indica que el número de personas en los tramos más bajos de la distribución del ingreso aumentó considerablemente.

Figura 1. Ingreso corriente total per cápita (pesos por mes)

La diferencia entre las dos curvas, a la izquierda de línea que marca el límite de la pobreza extrema por ingresos, representa el aumento en el número de personas que se encuentran en esa situación entre febrero y mayo. En el cuadro 1 se presentan estos resultados cuantitativamente. Como se puede apreciar ahí, el impacto de la crisis ha sido devastador:

Cuadro 1. Evolución estimada de la pobreza extrema por ingresos

 

Población en condición de pobreza extrema por ingreso

Número de personas en condición de pobreza extrema por ingreso

Agosto, 2018

17 %

21 millones

Febrero, 2020

17 %

22 millones

Mayo, 2020

30 %

38 millones

Fuente: estimaciones propias con datos de la ENIGH 2018, ENOE, primer trimestre de 2020 y ETOE segundo trimestre de 2020.

El porcentaje de la población cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta alimentaria aumentó 12 puntos en un lapso de dos meses y el aumento absoluto de personas en esta situación alcanzó 16 millones. La situación de cada persona, por supuesto, es distinta; mientras algunos se encuentran muy lejos del límite establecido otras pueden estar muy cerca. El análisis realizado permite establecer la brecha de ingreso de cada persona en la muestra: la distancia promedio entre el ingreso total de las personas en pobreza extrema por ingreso y el necesario para cubrir el costo de la canasta es de 480 pesos por persona, es decir el 29 % de los 1 637 pesos que costaba la canasta alimentaria por persona en mayo. Cabe hacer notar que estas estimaciones se refieren al ingreso total de las personas, es decir, incluyen las transferencias —del Estado y del exterior— y por tanto sugieren que las acciones de emergencia, tales como el adelanto y ampliación de algunos programas sociales, han sido insuficientes para detener el avance de la pobreza extrema por ingresos.

Es muy probable que algunas personas hayan recurrido a sus ahorros para compensar la caída de los ingresos y que otros se hayan endeudado para sobrevivir en el corto plazo (seguramente a través de canales informales); sin embargo, un choque de la magnitud descrita en sus ingresos coloca a millones de personas en una situación en la que su alimentación es insuficiente para mantener la salud. Estamos ante una verdadera emergencia nacional de la que no han cobrado cabal conciencia la opinión pública, las fuerzas políticas y los poderes de la unión. Enfrentar esta emergencia requiere reconocer la gravedad de la situación, requiere asignar recursos económicos, y requiere capacidad administrativa por parte del Estado para diseñar y operar los mecanismos de implementación de las políticas que permitan contenerla. Los resultados del ejercicio realizado por el equipo de investigación de la pobreza del PUED dan sustento empírico a los diversos llamados hechos desde la academia, desde el congreso y desde la opinión pública en torno a la urgente necesidad de apoyar a la población afectada por la depresión de la actividad económica.

Estos resultados, además, permiten cuantificar el monto de los recursos necesarios para lidiar con el síntoma más grave de la crisis, es decir, el de la falta de ingresos para adquirir el mínimo de alimentos necesarios que enfrentan alrededor de 3 de cada 10 personas. El cuadro 2 muestra el tamaño del gasto que se requiere para garantizar que ningún mexicano esté en riesgo de padecer hambre; como ahí se puede apreciar, se trata de montos que se antojan menores y perfectamente manejables, sobre todo en vista de la magnitud del problema que se enfrenta.

Estimamos que erradicar la pobreza extrema por ingresos implicaría un costo del orden de 18 900 millones de pesos mensuales, 226 800 millones al año. Esto representa el 3.2 % del presupuesto de egresos 2020 y menos de un punto porcentual del PIB. Un programa de emergencia por seis meses, por la mitad de los montos mencionados, debería poder encajar en las finanzas públicas de este año, y el resto del programa puede incluirse en el presupuesto para 2021. La modalidad de financiamiento y la duración del mismo debe formar parte de las discusiones, pero la urgencia de un programa de esta naturaleza debería ser evidente en sí misma. Conviene recordar, además, que un gasto de esta naturaleza, en la medida en que se convierte en demanda agregada contribuiría a paliar la caída libre en la que parece estar inmersa la economía mexicana.

Desde luego los problemas de instrumentación de un programa como el que se propone son muy considerables, sobretodo porque suponen montos diferentes para distintos grupos de población y su aplicación seguramente no estará exenta de errores. Sin embargo, dichos problemas no son insuperables. Se puede pensar en la integración de un padrón universal de beneficiarios unificando los padrones de los distintos programas sociales existentes; se pueden y deben aprovechar los padrones de programas anteriores como Progresa y los que se usaban para operar el desaparecido Seguro Popular. O bien, se pueden ensayar caminos alternativos, desde esquemas de autoadscripción hasta programas de empleo temporal para realizar pequeñas obras indispensables en municipios y alcaldías. Lo único que es inadmisible es permanecer impasibles ante el grotesco espectáculo de una masa creciente de personas acercándose a una situación próxima al hambre.

Cuadro 2. Estimación del costo de eliminar la pobreza extrema por ingreso en México

Número de persona en pobreza extrema por ingresos

Costo de erradicar la pobreza extrema por ingreso, mensual (millones de pesos)

Costo de erradicar la pobreza extrema por ingreso, anual (millones de pesos)

Costo anual como proporción del Presupuesto de Egresos de la Federación

Costo anual como proporción del PIB

38 000 000

18 900

226 800

3.7 %

0.9 %

 

José I. Casar
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Universidad Nacional Autónoma de México.


1 Este enfoque ha desarrollado cuatro grandes estrategias para hacerlo: estimación sintética, con efectos aleatorios, modelos bayesianos jerárquicos y modelación para distintos puntos de la distribución como la regresión por cuantiles. Si bien la última familia de estimadores es la más robusta, el estudio utilizó la modelación sintética por ser la más factible dados los tamaños de muestra (principalmente de la ENOE) y los datos disponibles. Si se quisiera hacer inferencia para áreas específicas del país se tendría que recurrir a alguna de las variantes más avanzadas. Véase Rao, J.K. y Molina, I. (2015) Small Area Estimation. John Wiley & Sons, Inc.

2 Para la discusión técnica de los métodos utilizados y de los supuestos del análisis, véase Hufmann, C. y H. Nájera (2020): Estimación del costo de eliminar la pobreza extrema por ingreso en México, en tiempos de COVID (Documento técnico) y Estimación del costo de eliminar la pobreza extrema por ingreso en México, en tiempos de COVID (Síntesis). Disponibles aquí. Los datos y la gráfica presentados en este ensayo provienen de dichos trabajos.

3 El ingreso corriente total por persona se actualiza con el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En los documentos técnicos citados se presenta un cálculo alternativo en el cual el ingreso total se ajusta con el índice de precios de la canasta alimentaria. En dicho escenario, el aumento en el número de personas en situación de pobreza, entre febrero y mayo de 2020, es de 10 millones y no de 16 millones como se consigna en el cuadro. Este incremento es similar al reportado por Coneval recientemente. Sin embargo, aquí se presenta el cálculo actualizando el ingreso con el INPC pues, como se señala en el texto, las personas no pueden dedicar todo su ingreso al consumo de alimentos, por lo que su poder de compra se aproxima mejor actualizando el ingreso con el INPC que aplicando el índice de precios de la canasta alimentaria.

Club/Red Carpet

Desde hace años soy suscriptor de Reforma y como tal todo los viernes me llega el suplemento semanal Club/Red Carpet: una revista de sociales o de nota rosa con decenas de páginas a todo color.

Nunca lo he leído y siempre la pongo con los papeles que mes a mes viene a recoger a mi casa una organización sin fines de lucro que se ayuda con la venta de papel periódico. 

Solo a la vista, el suplemento siempre me ha molestado y parecido aberrante en sí mismo, pero todavía más en un país con los niveles de injusticia y desigualdad social como el nuestro.

Ilustración: Estelí Meza

Ahora, en los tiempos de la pandemia, con ya casi 300 000 casos positivos y más de 32 000 muertos, con dos millones de empleo formales perdidos y 12 millones más de pobres, no pude ignorar una de sus portadas que veía en la tragedia una oportunidad para ponerse físicamente en forma. Así me decidí ver la revista con más cuidado. Les comparto mi revisión de cuatro números.

El suplemento se publica desde hace 23 años. El número 1204, del viernes 12 de junio, tiene de portada a Bárbara Coppel y lleva por título: En plenitud. El pie de foto: “Desde Sevilla, su nuevo hogar, Bárbara Coppel aprovecha la cuarentena para recuperar su figura tras tres embarazos y describe cómo es su día a día”.

¿Qué importancia tiene esta información? ¿Con qué sensibilidad y ética editorial se defiende que este contenido se publique en un medio periodístico serio y en este momento? La portada es ofensiva en cualquier caso, pero todavía más en una situación como la que ahora se vive en el país. Es un grado superior de frivolidad. Es una agresión a millones de mexicanos que sufren por sus condiciones de pobreza agravadas por la pandemia. 

En el interior de las 48 páginas que tiene este suplemento, entre 17 páginas de anuncios, se intercalan eventos privados que deberían mantenerse en la intimidad y el reportaje sobre dos organizaciones de la sociedad civil: una dedicada al cuidado de animales y la otra a prevenir la violencia doméstica. Hay también una presentación sintética de siete organizaciones sin fines de lucro que se han dedicado a ofrecer apoyo durante la pandemia.

El número aborda el trabajo de organizaciones de la sociedad civil de la misma manera que la nota rosa. Así trivializa y minimiza la acción de estas organizaciones que pasa a ser una nota más de sociales. Gente nice que hace un trabajo por los demás. Se ven bien. Es cool.

El número 1205, del viernes 19 de junio, trae en portada a Michel Salas en bikini. El título es ¡Fabulosos 31! y el pié de  foto: “La hija de Luis Miguel festeja su cumpleaños en Miami, rodeada de mucho amor y una nueva manera de ver la vida”.  Eso mientras en el mundo se siguen sumando las fatalidades y en el país entramos en la peor recta de la crisis.

¿A quién importa que esta mujer joven tenga ahora una nueva manera de ver la vida? La portada es una muestra de una gran inconsciencia e insensibilidad social. En el interior de las 64 páginas que tiene este suplemento, entre las 22 páginas de anuncios, se intercalan eventos sociales que exponen a niños.

El número 1206, del viernes 26 de junio, trae en portada a una mujer joven en bikini. Es título es Vitamin Sea yel pie de foto: “La postal veraniega favorita de Ale Infante y su mascota Dalí Ignacio”. Una vez más una muestra en sí misma de frivolidad y de vivir fuera de la realidad en un país como el nuestro.   

En el interior de las 40 páginas de este número, entre las  12 páginas de anuncios, se intercalan eventos privados que exponen a niños (nacimientos y cumpleaños) y también en fotos de 14 familias celebrando el día del padre. Hay también una serie de fotografías de 12 jóvenes mujeres en la playa con bikini. Y hay un tributo de cuatro páginas con 17 fotografías a Pilar Fernández de González.

El número 1207, del viernes 3 de julio, trae de portada a una joven preparatoriana con su birrete de graduación y cubrebocas. El título es Class of 2020 y el pié de foto: “La estudiante del Instituto Irlandés de México, Paola Saro, se despide de las aulas en emotiva convivencia y guardando sana distancia”. ¿Por qué exponer a ella y a sus compañeras?    

Al interior de las 88 páginas del suplemento, entre las 30 páginas de anuncios, se intercalan eventos privados, que se hacen públicos. Hay notas de mujeres que esperan hijos, de bodas, de cumpleaños y de gente que pasa días en la playa. Mientras sigue el números de contagios y muertes por el covid-19. La nota de la graduación que se anuncia en la portada tiene ocho páginas y 25 fotografías.

El número de páginas de los suplementos varía. El contenido  son fotos con solo un pequeño texto. El propósito es verse y ser vistos. Es un acto exhibicionista. No sé si las personas paguen por aparecer. No sé cuál es la motivación de quienes deciden publicitar eventos de la vida privada e incluso íntima. No sé por qué exponen a sus hijos menores de edad. No sé por qué se arriesgan al mostrarse. No sé cuánto representan los anuncios en los ingresos del periódico. No sé tampoco cual es la concepción y lo qué anima a Reforma, para cada viernespublicar un suplemento como éste.

Lo que derivo de mi revisión de estos cuatro números es que son profundamente clasistas. Que son una bofetada a los millones de mexicanos de las clases medias y los que viven en la pobreza, que nunca tendrán acceso al nivel y tipo de vida que se expone en cada número, que subraya la abismal desigualdad social que existe en el país. El contenido de la revista, que se construye como modelo de aspiración, es ofensivo no sólo porque la gran mayoría de la población no vive así, sino porque presentarlo como algo para imitarse en un mundo que está en crisis por los excesos es inmoral. La pandemia obliga a repensar muchas cosas. Reforma debe considerar continuar con esta publicación.

 

Rubén Aguilar Valenzuela

Energía

¿Para qué alcanzan las hidroeléctricas?

Desde hace semanas, e intentando mitigar el ataque que ha hecho a la industria de renovables, el presidente ha hablado de hidroeléctricas como fuente de energía limpia y renovable con la que ya cuenta la Comisión Federal de Electricidad.

Hay que decirlo, México arrancó adelantado en la carrera de la transición energética gracias a que el inicio de la industria eléctrica mexicana se dio en hidroeléctricas y así proliferó: la generadora de Batopilas en Chihuahua fue la primera en el país, con 22 kW instalados en 1889 y la Ciudad de México se electrificó gracias al complejo hidroeléctrico de Necaxa, que entró en operación en 1905.

Ilustración: Kathia Recio

Para tener una idea, en estos momentos 22 kw equivalen a unos 44 paneles solares de 500 kwp. Así ha avanzado la tecnología.

Ahora: la única acción que el actual gobierno ha anunciado y que podría aportar al cumplimiento de los acuerdos de París es la repotenciación de las hidroeléctricas de la CFE, aunque aportará de forma marginal. Pero hay que ampliar la perspectiva.
Según el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (Prodesen) versión 2018-2032 (el último confiable que se ha publicado), a finales de 2017 había 12 642 megawatts de capacidad instalada hidroeléctrica en el país, lo que significa el 17 por ciento de la capacidad de generación total. Esa capacidad aportó en 2017 el 10 por ciento (31 848 GWh) de la energía total generada en ese año.

Según CFE, esta administración invertiría unos 9 200 millones de pesos para incrementar en 300 MW la capacidad de generación. Esto equivale a 1/8 de la capacidad que aportaban las Subastas de Energía Eléctrica de Largo Plazo ¡cada año!

Con estas acciones, el país llegaría a 12 944.3 MW de la capacidad de generación por medio de hidroeléctricas. Un aumento insignificante para el sector eléctrico. Para cumplir el compromiso de México en Paris en 2024, necesitaríamos unas 40 veces lo que proponen.

Entonces, ¿por qué le apuestan a esto? Porque es lo que tiene CFE ya instalado y porque lo entiende y le gusta al presidente.

¿Por qué le gusta esto al presidente? Seguramente por dos razones: primero es que es la forma de generación de energía que se da en su tierra y segundo que esta forma de energía es despachable, o sea que se puede “controlar” lo que aporta seguridad a la red.
¿A qué me refiero? A que de forma similar a algunas plantas de combustibles se puede echar a andar cuando se necesita y además tiene arranque rápido, sin usar combustibles.

A diferencia de la solar y eólica, que no son despachables y sólo se pueden aprovechar cuando hay sol y viento, la hidroeléctrica si lo es, pues almacena energía potencial en los vasos de las presas y se “deja caer” hacia las turbinas cuando se necesita. Además ofrece servicios a la red (regulación de frecuencia y voltaje, aportación de potencia) que sólo algunas plantas de combustión interna ofrecen y que los eólicos o solares no pueden. Pero además las de combustión interna lo hacen por máximo 30 años y se deben cambiar, mientras que las hidroeléctricas pueden hacerlo por más de 50 con buen mantenimiento.

Pero las hidroeléctricas cumplen con funciones que no son solo la de generar energía, sino que tienen que ver con regulación hídrica, funcionan como estanques para acuacultura, se usan para control de cauces y protección civil, entre otros.

Puede haber también meses enteros en que podrían no estar disponibles, por lo que Cenace debe usarlas con precauciones y no generar con agua que podría hacerle falta tanto a la agricultura como a la generación eléctrica en los meses de sequía.

De hecho, en el orden legal de prelación para el uso de agua, la generación eléctrica es el séptimo, a menos que el encargado de establecer ese orden (consejo de cuenca correspondiente) lo modifique.1

Además, se debe considerar que el cambio climático está generando alteraciones en las lluvias, grandes sequías y precipitaciones que podría modificar la disponibilidad de agua en el futuro y por lo tanto de la disponibilidad de la hidroeléctricas. Podría haber años de mucha disponibilidad, como lo fue 2013 o años sin agua, como 2017.

Es necesario decir que la mayor cantidad de agua de este país se concentra en pocas cuencas en el sureste mexicano. Esas cuencas ya han sido aprovechadas prácticamente en su totalidad, por lo que sería muy difícil agregar una nueva presa en el corredor del Grijalva, donde ya operan Malpaso, La Angostura y Chicoasén.

Nuevas grandes hidroeléctricas en este momento son impensable debido a los grandes impactos ambientales que representa, pues al construir una nueva presa se inundan grandes extensiones de territorio, ahogando vegetación y fauna por igual, la cual al descomponerse emite gases de efecto invernadero y, por ejemplo, los impactos sociales detuvieron la construcción de Chicoasén II y CFE fue condenada a pagar una indemnización por ello.

Pero hay que decir que el World Energy Council considera a las hidroeléctricas como el recurso renovable más flexible y constante que hay, además de que pueden ser la forma de energía con menos emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en el caso de las hidroeléctricas sin embalse. Complementar hidroeléctricas con sistemas de bombeo solar puede ser un mecanismo que mejore los servicios que presente al sistema eléctrico y la seguridad en la red. Complementar su operación con programas de manejo para la conservación del suelo en los sitios donde se encuentran, evitaría en el largo plazo el azolve que va mermando su capacidad de almacenamiento y disponibilidad

¿Son necesarias las hidroeléctricas? Sí. ¿Son suficientes para cumplir las obligaciones nuestro país? No. Por eso, además de repotenciar, es necesario retomar los mecanismos que se plantearon en la reforma de 2013, si es que nos interesa el futuro.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.


1 Ley de Aguas Nacionales, artículo décimo quinto transitorio de la reforma aprobada el 22 de diciembre de 2003.

Energía

Seguridad eléctrica: el mundo de posibilidades

Una de las razones para reformar la estructura del sector energético mexicano en el año 2013 fue las entonces limitadas herramientas con que contaba el monopolio eléctrico para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país, transitar a fuentes renovables o limpias y bajar los costos de electricidad o por lo menos mantenerlos en el largo plazo.

Entonces la reforma atacó esos problemas con algunas estrategias: inversión privada y competencia en el sector, pero con algunos asegunes necesarios.

Ilustración: Oldemar González

En donde por naturaleza se podía competir, se permitió que las empresas dieran soluciones de forma más o menos abierta. Por eso, por ejemplo, las subastas del Centro Nacional de Control de Energía no están cerradas a una tecnología, sino a comprar una solución. Tu entregas energía, potencia o certificados de energía limpia y la forma tecnológica la ofrece el mercado, no la limita el Estado. La forma en que se financian los proyectos tampoco está indicada, lo que permite que sea abierta esta situación.

Ahora: de nada serviría incluir más generadores privados o más energía renovable si no se aseguraba que el sistema tuviera estabilidad, seguridad y calidad, factores que, hay que decirlo, tampoco estaban asegurados con el monopolio, sino que estaban en riesgo creciente.

Entonces también se dieron herramientas al Estado para garantizarlos.

Primero, el control del sistema y los monopolios naturales están en manos del Estado.

Segundo, se repartieron responsabilidades entre los participantes. Para eso se creó un código de red que los privados debían cumplir, cada uno a la altura de su participación en el mercado o en la red (poco o nada se ha inspeccionado su cumplimiento).

Tercero, dentro de los sistemas de control, el Estado puede llamar a los privados y a CFE, como un participante mas, para competir y ofrecer productos que satisfagan las necesidades de la red (potencia, voltaje, energía, frecuencia, entre otros).

Y hay algo muy importante: las herramientas administrativas pueden y deben ir actualizándose de acuerdo a las necesidades del sistema y la disponibilidad de recursos tecnológicos. O sea: las disposiciones administrativas, la regulación, debía ir evolucionando conforme las necesidades del sistema eléctrico, que no son para nada iguales ahora a lo que muy probablemente sea en 10 años con la revolución tecnológica que vivimos.

Entonces, el gobierno ¿tenía herramientas para asegurar la inclusión de cada vez más renovables, garantizarla, bajar costos pero sobre todo garantizar la seguridad del sistema eléctrico?

La respuesta es un rotundo “¡si!”.

El problema es que desde diciembre de 2018 el Estado no las ejerció. No hay regulación nueva, por ejemplo, para agregar almancenamiento y los servicios que este puede ofrecer a la red, que no sólo es almacenar energía. Tampoco hubo subastas nuevas, sino que el estado mexicano se limitó a planear nuevas plantas desde CFE, lo cual volvió a limitar las oportunidades que podía tener el gobierno de recibir ofertas privadas ¿había opciones disponibles más baratas, más limpias o tecnológicamente mejores? Nunca lo sabremos, pues el director de CFE decidió sólo pedir dinero o tomar deuda para realizar proyectos.

Otro ejemplo: Una red de transmisión más fuerte abona a la seguridad del sistema. El estado tiene entonces dos herramientas: o realizar subastas dónde los privados ofrezcan el desarrollo de líneas, o usar, por ejemplo, los 18 000 millones de pesos que tuvo CFE Transmisión de utilidades el año pasado, en solucionar los problemas de la red.

Pero nada de eso se ha hecho. En lugar de hacer algo de esto, se ha gastado el tiempo en vendetas, en reconstruir un monopolio, en limitar por todas las vías posibles la participación de renovables y/o de la iniciativa privada.

Por eso se emitió una política que tiene dos características: primero es contraria a la Constitución y a la ley (por eso caminan los procesos legales que las suspenden) y segundo, es totalmente innecesaria.

Tan es innecesaria que, por ejemplo, desde que el juez ordenó la suspensión del acuerdo de Cenace, el sistema eléctrico no ha tenido apagones.

Y esto tira el endeble argumento de que declarar inconstitucional la política de Sener generaría un problema a la Seguridad Nacional. Es falso, y lo que genera riesgos a la seguridad del sistema es, justamente, que Sener, CRE, Cenace no ejerzan las herramientas que son constitucional y legalmente válidas, y que permitirían el desarrollo de un sector eléctrico sano. Negarse a usar lo que tienen si que es un riesgo a la seguridad nacional.

Al final, la política de Sener pone al Estado a pelear contra gigantes, que son en realidad molinos de viento y que no son un peligro sino, como en el Quijote, sólo en su imaginación.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

Cabos sueltos

Tatuajes sexuales

Cuando, a comienzos del siglo XX, los etnógrafos franceses descubrieron el Magreb, pronto se fijaron en los rituales y el folclore de las poblaciones autóctonas, sobre todo, los bereberes. Se interesaron por el tatuaje, para ellos la expresión de un lenguaje mágico-religioso entre las tribus más allá del espacio y del tiempo. En suma, un fichero clasificado, un carné de identidad prácticamente inviolable porque estaba inscrito sobre la misma piel. Algunos de estos etnógrafos, Verrier en África, Gobert en Túnez, Rivière y Faublée en Argelia, Chantre y Bertholon en el Magreb, se especializaron en él. Pero fue Herber quien, con relación a Marruecos, realizó el trabajo más completo sobre el tema. Aún hoy, todos los que escriben sobre el tatuaje en Francia le deben la mayoría de las informaciones.

Herber estudió el tatuaje facial, luego el tatuaje en los brazos y las piernas, en el cuerpo, el tatuaje de los judíos marroquíes, y luego la historia del tatuaje desde la Biblia, e incluso el gremio de los tatuadores. Finalmente, este Champollion del tatuaje clasificó por familias los signos geométricos, las líneas, los puntos, las curvas, los círculos, los rombos y las frases características, buscando en vano una explicación global. Uno de los aspectos del trabajo de Herber merece una atención especial. El etnógrafo llevó a cabo un registro meticuloso de todos los tatuajes sexuales y, para hacerlo, incluyó el medio dudoso de la prostitución urbana. Puso el acento en la localización de algunos tatuajes —los senos y el pubis femenino—, con un enfoque tan ingenuo y tan poco científico que actualmente no sólo nos produce asombro, sino que con mucha frecuencia provoca nuestra hilaridad. “Basta con ver la sonrisa de los indígenas —escribe Herber— cuando se les plantea esta pregunta [¿Cuál es la significación de los tatuajes del pubis?], para conocer su pensamiento”. Y luego añade: “Por lo demás, el nombre que le dan es significativo: toll ‘ala, ‘que está encima’; washma fugu, ‘lo que está tatuado encima’, hammaqat, ‘el tatuaje que vuelve loco’”. Cuando realizó su estudio, Herber, que no era un etnólogo propiamente dicho sino un simple cronista, retomó por su cuenta la noción muy reciente de ritos de paso para explicar lo que le perturbaba. No, los tatuajes de los senos y del pubis no eran eróticos, sino, de la misma manera que los amuletos, los cauris o los talismanes, un rito étnico. Una explicación que dice mucho sobre esos viajeros desde luego curiosos, pero incapaces de admirar una estética corporal liberadora completamente extraña a sus mentalidades. Prisioneros de sus esquemas culturales, era evidente que no podían apreciar esta “contracultura” (se podría decir también cultura undeground) que representaba entonces el tatuaje en relación con la cultura dominante, en concreto la del Corán, pero también la de la colonización. El islam, que no es favorable al tatuaje, asocia por lo demás a las tatuadoras con las brujas. El Profeta habría dicho: “Dios maldice a las que se tatúan […] porque ellas desnaturalizan la obra de Dios”.

Fuente: Malek Chebel, Diccionario del amante del islam. Traducción de Jordi Terré. Editorial Paidós, Barcelona, 2005.

Cabos sueltos

Cuándo nació Adán

En su libro La Guía Angélica, publicado en 1697, el astrólogo John Case dijo que Adán (a quien Case por cierto considera el primer astrólogo) “fue creado en aquel agradable lugar del Paraíso hacia el año 4002 antes de Cristo, el 23 de abril a las doce de la noche”.

Fuente: Louis MacNeice, Astrología. Traducción de Domingo Manfredi Cano. Luis de Caralt Editor, Barcelona, 1976.

Cabos sueltos

Un paranoico

Santa Anna es uno de los grandes paranoicos en que abunda nuestra historia. El paranoico suele prender el entusiasmo con sus genialidades. Bien que tratándose de directores de pueblos, la paranoia es inminente riesgo de fragmentar y perder esfuerzos, de obrar a saltos con grave y muchas veces irresponsable desorientación pública, de imponer caprichos desastrosos.

Santa Anna debió ser así, dueño de una simpatía contagiosa y ejecutiva, rápido en sus decisiones, amable y violento según las circunstancias, los ojos y el ademán de iluminado cuando hallara inesperadamente la idea salvadora de una situación, cuando súbitamente replicara —con majestad profética— a objeciones infranqueables; siempre inquieto, ágil, insinuante, irresistible cuando se lo propusiera, oportuno para coger la ocasión, categórico en sus caprichos; frente a él, bajo la magia del atractivo personal, resultaría difícil ver lo deleznable, fútil, absurdo, ridículo y odioso de sus ideas y determinaciones.

La paranoia de Santa Anna parece un caso de mitomanía romántica, en el que la alucinación sublima, no a objetos exteriores, sino al sujeto mismo delirante, creador y adorador del mito, en cuyo auxilio viene la exaltación popular, ávida de una providencia en quien confiar el destino manifiesto del grupo. No se trata de un delirio de grandeza común, sino de mitomanía genuina que alcanza proporciones peculiares. La paranoia de Santa Anna encuentra su equivalencia colectiva en el orgullo nacional que tiene por dogma la superioridad mexicana en todos los órdenes. El acumulado desengaño será el solo posible fin del mito, aunque todavía éste no quiera destruirse, ni acepte jamás los rigores de la realidad.

Fuente: Agustín Yáñez, Santa Anna. Espectro de una sociedad. Ediciones Océano, México, 1982.

Cabos sueltos

Las japonesas y el cubrebocas

A diferencia de otros países, Japón está acostumbrado al uso del cubrebocas. En el nuevo milenio, los cubrebocas se volvieron ubicuos. La epidemia de SARS del 2003 y la gripe aviar del 2004 fueron el catalizador. Extrapolando los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y con un énfasis en la responsabilidad individual, el gobierno japonés instó a usar cubrebocas a ciudadanos con síntomas y no a quienes no los tuvieran. Pero la gente saludable decidió usarlos también. El H1N1 en 2009 y el desastre nuclear de Fukushima incrementaron significativamente el uso del cubrebocas, sin que el gobierno lo recomendara. Con el tiempo, el cubrebocas se volvió una prenda común de uso invernal.

Algo fácil de ver en el mar de cubrebocas durante un día de invierno en Tokio es que la mayor cantidad de quienes los usan son mujeres. Podría acogerse la sospecha de que para estas mujeres el cubrebocas funcionaba como una especie de velo, ocultándolas a la mirada de otros, más que como una protección sanitaria. Una variedad de publicaciones japonesas confirman esto. Un artículo que apareció en el periódico digital Aeradot en 2016 informa sobre un sondeo en el que 53.1 por ciento de mujeres veinteañeras dijeron que habían utilizado cubrebocas por motivos distintos a la higiene: el 30.2 por ciento de ellas dijo que los utilizaban para sentirse seguras, mientras que el 51.7 por ciento dijo que lo hacía para ocultar el hecho de que no estaban usando maquillaje. Algunas japonesas incluso consideraban al cubrebocas un accesorio parte de la moda, y el término japonés para el fenómeno refleja esto: date-masuku, que significa “cubrebocas de estilo” o “cubrebocas chic”. Esto no significa, claro, que el uso del cubrebocas no sea también una protección espontánea en materia de salud.

Fuente: TLS, 4 de mayo, 2020.

Cabos sueltos

Las máscaras

Nagasaki, 3 de febrero (1931). Ayer compré tres máscaras japonesas auténticas, maravillosas. Enseguida las colgué en la pared de mi cuarto y no me sacio de mirarlas. El hombre es más artista que la naturaleza. Nuestros rostros verdaderos parecen muertos y sin carácter ante estas creaciones obtenidas con un poco de madera y laca.

Y al mirarlas pensaba: “¿Por qué el hombre cubre las partes de su cuerpo, incluso las manos (guantes) y deja desnuda la más importante, la cara? Si ocultamos todos los miembros por pudor o vergüenza, ¿por qué no esconder la cara, que es indudablemente la parte menos bella y perfecta?”.

Los antiguos y los primitivos, en muchas cosas más inteligentes que nosotros, adoptaron y adoptan las máscaras para los actos más graves y bellos de la vida. […] Me parece que las ventajas de la adopción universal de la máscara serían muchas: 1.ª Higiénica. Protección de la piel de la cara. 2.ª Estética. La máscara fabricada por encargo sería siempre mucho más bella que la cara natural y nos evitaría la vista de tantas fisonomías idiotas y deformes. 3.ª Moral. La necesidad de disimular —es decir, de componer nuestros rostros con arreglo a sentimientos que casi nunca experimentamos— se vería muy reducida, limitada únicamente a la palabra. […] 4.ª Educativa. El uso prolongado de una misma máscara […] acaba por modelar el rostro de carne y transforma incluso el carácter de quien la lleva. El colérico que lleve durante muchos años una máscara de mansedumbre y paz, acaba por perder los distintivos fisonómicos de la ira y poco a poco también la predisposición a enfurecerse. Ese punto debía ser profundizado: aplicaciones a la pedagogía, al cultivo artificial del genio, etcétera. Un hombre que llevase durante diez años sobre la cara la máscara de Rafael y viviese entre sus obras maestras, por ejemplo, en Roma, se convertiría con facilidad en un gran pintor. ¿Por qué no fundar, basándose en estos principios, un instituto para la fabricación de talentos?

Fuente: Giovanni Papini, Gog / El libro negro. Editorial Porrúa, México, 1984.

Puerto libre

Borrachitas

Lo mismo que el silencio y el océano, una de las grandes pasiones de mi vida es conversar.

De ida y vuelta. Saber oír es parte del misterio de quien escribe. Y yo lo busco cuando no se aparece y si lo tengo cerca no puedo dejarlo.

Este encierro ha puesto en mi camino a una mujer que habla como quien recupera. Si me encuentro con ella a media mañana o en la tarde, ya estuvo que caí en la red de sus historias. Las dice mientras limpia o mientras me regaña, porque si ya dejé entrar al jardinero por qué no le ordené que regara las plantas y de qué sirve que nada más haya pasado a cortar y barrer si total para mañana otra vez va a estar todo lleno de hojas.

Yo estoy segura de que esta mi tocaya debió ser mínimo secretaria de Estado de un gobierno que sí funcionara, pero se quedó en mi casa, como dijo ella, para no quedarse sola en la suya. Y me ha salvado el encierro con su gusto por la cocina y la generosidad con que me cambia las lavadas de trastes por un oído al que contarle algo de todo lo que le ocurre y se le ocurre. Siempre tiene algo que decir. Hoy, a propósito de que no vino el mismo señor de la basura a quien yo quería pagarle de más, porque está trabajando mucho más, se resistía a lo que considera las mañas de mi rumbo. Ella dice que a quien recoge la basura en su casa le paga veinte pesos a la semana. Y dice que está bien lo que cobra, porque es mucho lo que hace, que así se lo explicó ella a una señora vecina que se quejó del precio: “Piense que es mucho trabajo, todo el día en el sol, de casa en casa, tocando la campana mientras carga su carro y su burro”.

El camión de la basura no pasa por su colonia y ella tiene la certeza de que eso es porque los de ahí no quisieron darles su credencial de elector a los que estuvieron ofreciendo mil quinientos pesos por verla para tomar el número y el nombre de los dueños. Dice ella que son los de la Morena, que antes eran del PRI, porque toda esa familia siempre había sido del PRI. Ya gobernó el hermano, el tío y ahora la hermana. “Porque es mujer la que manda y no crea que por eso es más comprensiva. A mi colonia la tiene castigada. Ya lo sabe usted, siempre es lo mismo con todos. Yo le dije a la señora que se estaba quejando por lo de los veinte pesos que tuviera en consideración que el señor se lleva la basura hasta el camión. Y que la carreta hay que mantenerla y al burro hay que darle de comer”. ¿El burro es de verdad?, pregunto. Incauta de mí: el burro no es el sinónimo de un “diablito”. ¿Pasan un burro y una carreta por tu casa? “Sí”. ¿Y también pasan coches? “Sí”. Mi tocaya sería un reto para Juan Rulfo. No lo es para mí, porque me he dado por vencida. Me parece imposible recuperar su mundo. Su variado y desconcertante mundo que al tiempo abarca el mío y el de su abuela que no podrían ser más distintos. Dice, y me da permiso de decirlo, que su abuela era borrachita y que no usaba calzones, pero que ella así la quería mucho. Más que a nadie. Por eso cuando tiene un problema le dice: “Ay abuelita, si usted ve por ahí a Dios, pídale que me ayude”.

Ilustración: Gonzalo Tassier

Se quedaba a dormir con ella de sábado a domingo. Su casa estaba hecha con troncos y aunque su abuelita la llamaba jacal, dice mi tocaya que en el pueblo ya no hay casas así de bien construidas. Desde afuera se veía alta, porque hacían un cuarto grande y luego le ponían un piso a la mitad. Y en la parte de arriba guardaban el maíz. Por eso toda la noche se oían palomas volando sobre el techo del cuarto. Se metían a buscar el maíz y revoloteaban. La oscuridad y el aleteo en casa de su abuelita sí daban miedo. Pero a ella le gustaban, porque iban antes del amanecer que tanta ilusión le hacía. Su abuelita la despertaba en la penumbra, y en su casa no había luz. Así que luego de prender velas y veladoras la ponía a rezar junto a ella. Le echaba un rebozo en la cabeza, y ahí la tenía harto rato rezando hasta que salía el sol. Todavía estaba el rocío cuando empezaban a caminar rumbo a la tienda en que a ella le compraban sus dulces y a su abuelita le servían el primer vaso de mezcal de la mañana. Que su abuelita era rica, me dice. No se sabía de dónde, pero tenía unos baúles entre las gallinas y de ahí sacó tres veces una moneda de oro y se la dio para que comprara cosas. Así me dijo, para mis cosas. “Eran centenarios, luego lo supe, cuando vine a trabajar aquí y el señor de la casa me aclaró lo que costaban. Pero entonces, cuando llegué y se las enseñé a mi papá, él dijo que con eso no podía comprar en la tienda y me las cambió por otras. Luego bien que se lo discutí un día, ya grande: ‘Usted se jugó mis monedas en las cartas. Usted no es buena persona. Pero yo no soy quién para juzgarlo, nada más le digo, que no lo vea yo tocar a mi mamá porque ella fue muy bruta con usted, pero yo no’”.

Me cuenta eso y luego pasa a lo caros que están los jitomates y a cómo me ven la cara los del gas, porque si el litro está a tanto y me cobran tanto, no me pusieron todos los litros que dice en la nota. Pero que la próxima vez ella va a subir a la azotea a revisar cuánto queda y cuánto ponen. “Y si a mí usted me pagara cincuenta pesos cada vez que subo a la azotea, no le iba a alcanzar”. Por eso no subas tantas veces, hay que confiar en la gente, y ahorita estamos dando más propina, porque tienen pocos servicios. “¿Al bolero le va usted a dar? ¿Y qué zapatos va a limpiar si por ahí se mete el virus?”.

Tocaya querida, dame una tregua, le digo saliendo al patio. Pero ella me sigue. “Vea usted, como ésa era la vara con que me pegó mi papá la última vez”. Me señala una vara del ancho de un carrizo que según me ha dicho es un encino que cayó en una maceta y ha ido creciendo. ¿Pero cómo llegó un encino a la mitad de una maceta con flores? “La ha de haber traído un pájaro”, me explica. “Y sí es de encino, porque como ésta era la vara y era de encino”. Y ¿por qué te pegó? “Porque se me escapó un toro que estaba yo cuidando. Pasó una vaca y se fue tras ella y yo agarré el mecate para detenerlo, pero me ganó el animal”. ¿Y ya no lo recuperaron? “Sí, pero él de todos modos me dio con la vara para que a la próxima no me apendejara. Era malo el hombre. No sé ni cómo salió de mi abuelita que era buena. India y borracha, pero buena. A mi papá y a sus tres hermanos completos los tuvo con un español que hacía armas. Dicen que era muy guapo. Güero él. Ya se había muerto cuando yo nací, pero mi abuelita tenía su foto. Y una de sus hijas, la que nos ve menos, salió como él, de ojos verdes. Sí era malo mi papá, pero lo queríamos y así se usaba educar. A la que nunca entendí es a mi mamá. ¿Cómo dejaba que le pegara? Y a nosotros. A ella la arrastraba de las trenzas por todo el terreno. ¿Por qué? Nunca se sabía. Y ella le tenía miedo. Creo que mi mamá creció con miedo. Su mamá murió cuando ella estaba muy chiquita y su papá al poco rato. Entonces ella se quedó de tío en tía a que la maltrataran. Creo que por eso no se iba de con mi papá. ‘Ah, ¿me vas a demandar? Ándale, demándame. Y ya verás’. Y todos temblando. Malo. Con decirle que murió de ácido úrico, así es que se llama la enfermedad, y por eso él tenía todas las piernas llagadas, no podía caminar. Pero me cree usted que del suelo agarró una piedra y se la aventó a mi mamá, ya bien enfermo. Era malo, pero no siempre. A veces era cariñoso. Por eso lo queríamos. Eso sí, a todos nos sacó chiquitos de la escuela. Yo nomás llegué a segundo de primaria. Y luego que ya no, que a sembrar como los otros y a cuidar los borregos. Sí tenía hartos. Y también puercos. Ésos no tantos. Pero me los acuerdo. Cuando el que era mi marido me empujó y caí en la cama golpeada, se me apareció la cara de mi mamá toda llena de sangre, porque mi papá la aventaba una y otra vez contra el puerco recién matado que colgó del techo. No sé esa tarde por qué le pegaría, pero yo nomás me llenaba de coraje. Una vez y otra. Por eso cuando a mí me trató de pegar un hombre, yo vi la cara de mi mamá llena de sangre y así se me apareció el recuerdo, lleno de sangre, y dije: ‘No. Hasta aquí’. Y así es como me quedé sola, pero libre. Porque libre sí soy. A mí sangre no me saca nadie. Sí aguanté los apretujones de la estación Pantitlán, pero hasta ahí. Y eso ya ni cuando se acabe esto de la pandemia que dice usted que dijeron que en julio. ¿Será? ¿Usted qué cree?”. Yo creo lo que tú, tocaya, lo que tú me digas creo. Menos que sólo llegaste a segundo de primaria, porque no puede ser que sepas tantas palabras y las digas tan bien. “De oírlas las aprendí. Me gusta oír. Por eso platico con usted, para oír qué palabras me dice. Pandemia no me la sabía. Pero esa nada más sirve ahorita, ya luego sólo cuando nos acordemos. Y ni nos vamos a querer acordar de que teníamos miedo. Vamos a decir pandemia y a reírnos. Eso cuando se acabe, pero yo no sé cuándo se acabará. Y dice usted que tampoco lo sabe. Entonces sabrá Dios”. Sí, tocaya, el dios de tu abuelita. “No. Ése no sé en dónde andará, mi abuelita nada más lo veía cuando estaba tomada, pero muy tomada. Así que igual y aquí nos estamos. Hasta quedar borrachas, como mi abuelita, de tanto esperar”.

 

Ángeles Mastretta
Escritora. Autora de Yo misma. Antología, El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores y Mujeres de ojos grandes, entre otros títulos.

Tangente

La bota y los patines

La pandemia ha sido, para la política, un reto epistemológico y no solo epidemiológico. Lo plantea de ese modo el filósofo vasco Daniel Innerarity en un veloz ensayo que subraya la torpeza con que la política contemporánea gestiona la complejidad. No solamente carecemos de una vacuna, nos hacen falta asideros conceptuales. ¿Cómo enmarcar el desafío de una pandemia?, ¿con qué palabras nombrarlo?, ¿de qué forma envolver la convocatoria a la reclusión? La peste del 2020 no es, políticamente, como las previas. No es una calamidad que se sufre a solas, en familia y, tal vez, en algún centro de beneficencia. La gripe española, a pesar de su terrible estela de muerte, no concentró los titulares de los grandes diarios europeos. En el parlamento británico, por ejemplo, apenas se escuchó del contagio en un par de ocasiones. Pero lo que atendían los representantes no era el problema sanitario, sino la amenaza que significaba para la actividad industrial. No era considerado propiamente como un problema de salud pública que hubieran de encarar los gobiernos. Nadie se atreve hoy a negar el desafío político del coronavirus. Pero, para asumir esa naturaleza, es necesario darle nombre. ¿Qué es? ¿A qué se parece? ¿Qué llamado puede hacerse desde el poder?

Ilustración: José María Martínez

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ofreció la primera pista para una definición por analogía. Buscando trasmitir la gravedad del peligro, el político llamó, ni más ni menos, que a la guerra. Ésa es, a su juicio, la naturaleza del reto presente. Estamos en guerra, dijo. Tal como derrotamos al fascismo, hoy derrotaremos al virus. No será un ejército de ocupación, pero es una fuerza igualmente mortífera. El enemigo es diminuto e invisible, pero habremos de vencerlo unidos, como un regimiento. Estamos en guerra, aunque la orden sea el aislamiento y no la leva. Es la misma clave que ha empleado el presidente Trump. En su universo, lo que importa es, por un lado, presentarse como un comandante en guerra y subrayar, por el otro, la extranjería del peligro. Soy el general que defiende a la patria de la intrusión china. Antes que hablar del coronavirus; insiste en que se trata del virus chino. Se alimenta así la fantasía del pueblo puro y limpio que, gracias a una muralla, logra mantenerse a salvo del contagio que viene de fuera.

Muy distinta es la aproximación de la canciller alemana. Hay que decir que, a diferencia del mandatario francés, a la química no se le conoce por su elocuencia. Angela Merkel es una mujer de pocas palabras; una política que no es dada a la vanidad oratoria. Pero en la emergencia ha pintado una imagen que contrasta ejemplarmente con el belicismo instintivo de la retórica tradicional. El virus contagia y mata, pero no es un “enemigo”; la misión sanitaria no es, por tanto, equiparable a una guerra. Ni los médicos ni los enfermeros ni los ciudadanos son soldados. Dejemos de pensar los retos contemporáneos de la política con esos anteojos porque nos impiden concentrarnos en la tarea que tenemos frente a nosotros. Ese es, nos recuerda Merkel, a partir de la experiencia alemana, el vocabulario del extremismo. Es la ultraderecha la que apela a la guerra y a la milicia sanitaria. Angela Merkel, esa “máquina de aprender”, convoca a otra tarea: una misión de delicadísimo cuidado, de una obra de mutua protección, de extrema escucha y atención. No marchamos a la batalla, nuestra tarea histórica es otra: caminar juntos sobre el hielo más delgado. Debemos cruzar el río juntos y cuidarnos mutuamente. Para esa labor nada tan peligroso como la marcha de las botas y el grito ronco de un comandante. Cualquier rudeza puede reventar la delgada capa de hielo que nos mantiene con vida.

El contraste de imágenes sobre el poder ante la emergencia es fascinante porque ilustra tal vez la fractura más honda de la política moderna. El grito de mando militar frente a un deslizamiento atento y silencioso. La tronante bota del soldado y esa navaja de los patines que se deslizan sobre el hielo. Se trata de dos nociones políticas antiguas que adquieren hoy relevancia. Encuentro en la imagen de la patinadora ecos de la propuesta de Hannah Arendt para repensar radicalmente lo político. Reconsiderar los siglos que han asociado el poder a la fuerza y el Estado a la coacción. ¿Será que podemos pensar lo político como la capacidad para tejer el propósito común? ¿Será que podemos escapar de la inercia jerárquica y apelar a las posibilidades de la horizontalidad, del diálogo? La conciencia del peligro que llama al comedimiento cooperativo.

 

Jesús Silva-Herzog Márquez
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su más reciente libro es Por la tangente. De ensayos y ensayistas.

Pasaporte, por favor

El INAH

La semana pasada hubo noticias tristes de la grave situación por la que pasa hoy el INAH, cuyo presupuesto operativo ha sido recortado en un increíble 75 %. ¿Se puede decir alguna cosa ante semejante salvajada? Cierto, el INAH tiene mil problemas. Siempre los ha tenido. Con todo, eso sí, sigue siendo una institución fundamental para el país. Los trabajadores del instituto custodian centenares —en realidad miles— de sitios arqueológicos, iglesias, museos, bibliotecas y monumentos históricos. Están encargados de lugares que son referencia para el mundo: el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor, las ruinas de Chichén Itzá, nuestros monumentos coloniales y un larguísimo etcétera.

Ilustración: Patricio Betteo

El INAH tiene también en su haber una robusta planta de investigación, abocada a hacer nuevos descubrimientos, como el del gran cementerio de mamuts que apareció en los terrenos del aeropuerto de Santa Lucía, o las enormes ruinas mayas, hasta ahora desconocidas, que aparecieron en Aguada Fénix, Tabasco. Esos investigadores se dedican, además, al estudio de artefactos culturales, tradición oral, etnología, historia, museografía y preservación. La planta de investigación del INAH ha tenido y tiene aún investigadores de gran relevancia: Enrique Florescano y Carlos Monsiváis en sus tiempos del Castillo de Chapultepec, Beatriz Barba de Piña Chán, Eduardo Matos, Antonio Saborit, Leonardo López Luján y Antonio García de León, por nombrar algunos. El INAH es, además, una institución educativa con centros como la Escuela Nacional de Antropología e Historia que, de acuerdo con un reportaje de El Universal,se ha quedado ahora sin recursos para sostener la plataforma de comunicaciones que se necesita para que sus estudiantes terminen el semestre académico en situación de covid.

Y es a esa institución tan compleja a la que ahora se le ha reducido el presupuesto operativo a tal grado que, según Animal Político, el director de la institución, Diego Prieto, les pidió a los investigadores que escogieran un proyecto de investigación para que siguiera siendo financiado, de entre los 1600 que el instituto apoyaba cada año. En otras palabras, la investigación del INAH está moribunda. Importantes centros turísticos, como Palenque, por ejemplo, tendrán que suspender las labores de mantenimiento. Vaya, parece que ni siquiera se podrán atender las famosas goteras del Museo Nacional de Antropología ni habrá limpieza en el Templo Mayor. Para fin de año no faltarán los reportajes que relaten lo que para entonces le habrá sucedido al patrimonio histórico de México.

Se dice por ahí que en realidad no se trata de un abandono, sino de una respuesta ante una situación de emergencia que pide “únicamente” que la institución entre a un estado provisional de “hibernación”, como si el INAH fuera una especie de Bella Durmiente picada por la aguja envenenada de la Austeridad Republicana. El INAH, dicen, debe dormir tranquilo, que ya volverá la primavera, cuando nuestro príncipe lo descubra y lo despierte con un beso cargado de presupuesto. Entonces, en enero del 2021, dicen, el INAH se desperezará, sacudirá su letargo y volverá a lo suyo como siempre.

Lo previsible es otra cosa. A diferencia de la Bella Durmiente, los monumentos se deterioran y, para acabarla, muchos de ellos ya están en una situación precaria por los sismos de 2017 y no han sido restaurados justamente por falta de presupuesto. A eso se le va a agregar el abandono del INAH.

Las bibliotecas cerradas también se deterioran si no se les da mantenimiento adecuado y las investigaciones que se iban a realizar allí se habrán pospuesto o, en algunos casos, se abandonarán. Un museo tan famoso como el Museo Nacional de Antropología no debe ser un chiquero lleno de goteras y cubetas —esa clase de situación comunica mucho, demasiado— sobre la situación general de la cultura en el país, y tendrá efectos muy reales.

La Escuela Nacional de Antropología, que lleva décadas sobreviviendo en un miserabilismo paupérrimo —con una planta de profesores minúscula, y otra de profesores de asignatura realmente muy mal pagados— prácticamente tendría que cerrar sus puertas, porque no ofrece condiciones para enseñar con las nuevas normas del covid.

La imagen poética de una institución que hiberna, para luego ser despertada con un beso presidencial (manifiesto en su ejercicio del presupuesto), no es sino una fantasía narcista del poder, que cree que basta con que el señor presidente abra la llave del presupuesto y proclame: “¡Ábrete, Patrimonio Histórico!”, para que el patrimonio se abra en todo su dorado esplendor, tan rico y brillante como el altar mayor de la iglesia de Tepotzotlán. Pero esa fantasía tiene poco que ver con la realidad. El patrimonio necesita cuidados constantes porque es una cosa viva, material y se deteriora y desaparece, y también porque es un objeto de conocimiento científico y artístico. En el caso (nada seguro) de que el gobierno de México tenga en 2021 un presupuesto mayor al actual, y que entonces le abra el grifo al INAH, se encontrará con un personal desmoralizado y numéricamente mermado por la salida en masa de los trabajadores contratados con el famoso “capítulo 3000” a quienes ya no se les renovará su contrato. Se encontrará, también, con innumerables monumentos deteriorados y algunos también arruinados o saqueados; habrá, además, una menor afluencia de visitantes para museos y exposiciones, una plataforma de investigación estancada, una escuela en ruinas y una propuesta cultural rancia.

La obsesión que tiene el gobierno actual con la “soberanía” energética —que, por cierto, es también una fantasía— está siendo alimentada a costillas de una responsabilidad verdaderamente fundamental del gobierno, que es la de ser custodio del territorio y de los bienes públicos de la nación.

 

Claudio Lomnitz
Profesor de antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de Nuestra América. Utopía y persistencia de una familia judía, La nación desdibujada. México en trece ensayos y El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, entre otros libros.

Kiosco de malaquita

La vía revolucionaria al conformismo

El presidente López Obrador nos ha dicho que su objetivo es hacer una revolución. Ciertamente, ha tomado decisiones que pretenden subvertir el orden establecido. Las más notables se han traducido en agresiones contra las clases medias. No le ha preocupado expresar su desprecio por estos grupos sociales en el tratamiento que ha dado a la educación superior, el desdén que le inspiran los profesionistas, la displicencia con la que se refiere a la cultura o a cambios culturales que han sido bandera de amplios segmentos de clase media en los últimos años, por ejemplo, la igualdad de las mujeres. Es como si su paso por la universidad hubiera sido una experiencia amarga porque no alcanzó el ocho de promedio o porque no le dieron la mención honorífica que, según él, merecía su tesis de licenciatura.

El antagonismo que le provocan las clases medias al jefe del Ejecutivo se manifiesta con claridad en los esbozos que ha hecho de la sociedad que quiere construir, en la que sólo aparecen el presidente y el pueblo. No hay cabida para las clases intermedias. Es probable que le resulten tan irritantes porque son inasimilables a una posición política única y porque defienden una autonomía que el señor presidente considera una insolencia inadmisible.

Ilustración: Alma Rosa Pacheco Marcos

Las clases medias son adversarias del presidente porque de ahí provienen la supervisión ciudadana más aguda de las acciones gubernamentales, así como las críticas más severas a su desempeño. Son un adversario exasperante porque están en los medios, en las redes sociales, en la investigación científica e histórica, en las instituciones educativas y culturales; y desde ahí ofrecen interpretaciones alternativas a las presidenciales, y las cuestionan. De las clases medias —o de lo que quede de ellas al término de este gobierno— provendrán los historiadores que escribirán la historia de la presidencia de López Obrador. Como no están todas ellas dispuestas a aceptar a ciegas el discurso presidencial, él quiere quitarles el micrófono.

Lo más importante de la ofensiva contra las clases medias que ha emprendido el presidente son sus implicaciones en términos ideológicos. Las repetidas ofensas a periodistas, médicos y científicos tienden a erosionar el prestigio social que acompaña a la pertenencia a esos grupos sociales. Lo mismo ocurre con las denuncias de corrupción. Las acusaciones presidenciales no incluyen nombres, pero generalizan, así, cualquiera que haya sido funcionario de nivel medio en un gobierno pasado, se convierte de inmediato en un sospechoso. Igualmente cuestionadas han sido las instituciones que fueron hasta ahora canal de movilidad social, de por sí bastante estrechas, y han sido descartadas del proyecto lopezobradorista que promete una vida de santificada pobreza.

El proyecto lopezobradorista es extraordinariamente ambicioso también porque se ha propuesto eliminar del horizonte de millones de mexicanos una meta de largo plazo, “acceder a la clase media”, que fue un poderoso motor de cambio social desde los años cincuenta. El propósito de deshacerse de las clases medias, como categoría social y como actor político, supone extirpar de la mente, del corazón y del estómago de los mexicanos la esperanza de un futuro mejor. En nuestra historia la clase media ha representado el triunfo sobre la pobreza y la ignorancia; también ha sido la respuesta a las aspiraciones de progreso que el presidente quiere clausurar para que todos seamos iguales. A mí que me digan quién no aspira a que sus hijos vivan mejor que ella. La condición de clase media ha sido y es uno de los objetivos más claros y precisos de millones de mexicanos. Si Benito Juárez no lo hubiera perseguido, y conseguido, no sería Benito Juárez.

En repetidas ocasiones el presidente ha dicho que para ser feliz basta cubrir las necesidades básicas de techo, sustento y vestido, y que la pobreza es en sí misma tan enriquecedora que habremos de dar gracias al cielo, y al señor presidente, de que nos haya hecho a todos pobres. (Aunque no entiendo por qué no se ha propuesto hacernos a todos ricos, que es una alternativa francamente más atractiva que los uniformes grises que nos ofrece). Así también nos dice que no necesitamos saber más que lo que sabían los pueblos indígenas cuando llegaron los españoles; pues él seguro cree que nada bueno trajeron, ni siquiera la rueda. Así que, cerremos centros de investigación y construyamos canchas de beisbol. Quítenle la electricidad a las bibliotecas que al fin y al cabo los libros están llenos de mentiras.

Las palabras y las acciones del señor presidente denotan una desconfianza al progreso y a la modernización —nociones a las que jamás se refiere—, que es completamente extraña a la tradición de quienes desde la Independencia han gobernado este país, y lo han transformado. En su mensaje resuenan más que los ecos de la izquierda heredera de la Ilustración, los susurros del inmovilismo de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, quien en 1897 recordaba a los creyentes que era pecado rebelarse contra el lugar que Dios les había asignado sobre la Tierra. No debían impacientarse pues en la otra vida entrarían al coro de los Bienaventurados.

 

Soledad Loaeza
Profesora-investigadora emérita de El Colegio de México. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente libro es La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana.

Hablando de otra cosa

Exploradores

Según cuenta fray Bernardino de Sahagún, los antiguos mexicanos pensaban que las mujeres que morían de parto tenían un lugar junto al sol: “Todas ellas van a la casa del sol y residen en la parte occidental del cielo. Y así a aquella parte occidental los antiguos la llamaron cioatlampa, que es donde se pone el sol, porque allí es su habitación de las mujeres”. Es posible que en la provincia de Ciguatán le dijeran a Gonzalo de Sandoval algo así, que en el oeste está el lugar de las mujeres. La información iría mezclada con toda clase de detalles interesantes, y Sandoval anotaría todo y lo arreglaría con sus propias ideas. Cortés lo comunicó al emperador en su carta del 15 de octubre de 1524: “Se afirma mucho haber una isla toda poblada de mujeres, sin varón alguno y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres, con los cuales han acceso y las que quedan preñadas, si paren mujeres las guardan y si hombres, los echan de su compañía y que esta isla está diez jornadas de esta provincia y que muchos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas y oro; yo trabajaré, en teniendo aparejo, de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad”.

Ilustración: Estelí Meza

No era la primera vez que se hablaba de esa isla de las mujeres en América. Colón había tenido noticias parecidas, de una isla de mujeres y minas de oro, y varias veces creyó haberla encontrado. Se sabía de la isla de las amazonas desde hacía mucho tiempo. Apolonio de Rodas la había descrito bien. Y san Isidoro de Sevilla había explicado que el nombre, de origen griego, háma dsôn, quería decir que no necesitaban varones. Más que a Apolonio de Rodas, los exploradores recordaban seguramente la secuela del Amadís de Gaula, Las sergas de Esplandián, donde se dice que en las Indias hay una isla, muy cerca del Paraíso Terrenal, habitada únicamente por mujeres, ardientes de cuerpo y de corazón, que tienen armaduras de oro y cabalgan sobre bestias salvajes: la isla de California. Sólo había que cuadrar las cuentas, la isla de California estaba al Oeste. Allí se descubrió.

Se buscaban muchas otras cosas en las Indias de Colón. Para empezar, se buscaba la Atlántida. La noticia del continente sumergido venía de Platón, es decir, que no admitía dudas. Y esa nueva tierra descubierta en el extremo occidente muy bien podría ser aquel lugar perdido. En el oeste estaban también las Hespérides, las islas maravillosas donde unas ninfas cuidaban el jardín en que un gran árbol daba manzanas que hacían inmortales: Pedro Mártir de Anglería identifica a las Hespérides con las islas de Cabo Verde, pero Gonzalo Fernández de Oviedo las sitúa en el Caribe. El jardín, el árbol, las manzanas, la vida eterna forman un conjunto irresistible.

Otras cosas eran más confusas. Se sabía desde hacía siglos del reino del Preste Juan, un reino cristiano de enorme riqueza que se defendía de los infieles, aislado, y que los azares de la imaginación habían situado en el Cáucaso, en África, en las Indias. Varias expediciones salieron en busca de los reinos de Tarsis y Ophir, de riqueza legendaria, y se buscaban también las islas que habían servido de refugio a san Brandán de Clonfert: san Brendan, san Barandán o san Amaro, que había huido de los musulmanes junto con tres mil monjes benedictinos (según la tradición, una de las islas aparece cada año en el mar de las Afortunadas, entre la Pascua florida y la Ascensión, pero ésa es otra historia).

Lo primero que llamó la atención de Colón al llegar al Nuevo Mundo fue que los indígenas estuviesen desnudos, porque eso significaba que eran salvajes. Pero las descripciones van perfilando otra cosa. Los habitantes de las Indias occidentales son gente feliz, ingenua, despreocupada, que vive en pequeñas comunidades sin esfuerzo, sin envidia: son como niños, son de hecho la infancia de la humanidad, viven todavía en la Edad de Oro. Eso hay del otro lado del mar. El clima benévolo, la abundancia, la vida pacífica, sin preocupaciones, todo indica que está cerca el Paraíso Terrenal. Y por eso se busca también la Fuente de la Eterna Juventud, que dicen los isleños que existe en el norte: las leyendas americanas no hablan de una fuente, sino de un río, y por eso los exploradores lo identifican con el río Jordán, donde fue bautizado Jesucristo. Se superponen la fuente, el río, el árbol de la vida, y así todo cuadra de nuevo, y justifica el viaje de Ponce de León.

Las exploraciones descubren siempre nuevas maravillas. Fray Marcos de Niza, por ejemplo, viaja hacia el norte, donde tiene noticia de la existencia de ciudades de una riqueza inimaginable: las siete ciudades de Cíbola —un eco de antiguas leyendas portuguesas. Y estaba también la larga fantasía de Eldorado (y docenas de otras leyendas que ha ordenado Jean-Pierre Sanchez en un libro fascinante).

No eran aquellos exploradores ni más ingenuos ni más irracionales. Buscaban en realidad lo mismo que se busca siempre. Ese otro mundo posible estaba entonces al oeste, del otro lado del mar. Ya sin la esperanza de encontrarlo en algún lugar, en los siglos siguientes se ha puesto en el futuro, pero se busca con el mismo entusiasmo Eldorado, la felicidad, la sociedad sin clases o la Fuente de la Juventud.

 

Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor en El Colegio de México. Sus libros más recientes: Si persisten las molestias y Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo.

Derrotero

La ceguera de la metrópolis

Una de las carencias más lamentables del canon cultural que prevalece en México es la casi total indiferencia, por no decir desprecio, por la tradición intelectual y política del Caribe. Con la notable excepción de Cuba, prácticamente no se leen, no se enseñan y apenas se traducen obras clásicas de escritores —ni hablar de escritoras— de Haití, Martinica, Trinidad, Jamaica o Barbados.

Pero lo que realmente ha atrofiado de manera profunda nuestro sentido histórico y político es que no se enseñe en las escuelas la Revolución Haitiana de 1791. No sé si las cosas hayan cambiado, pero yo me pasé de la primaria a la licenciatura repitiendo la genealogía libertadora que va de la Independencia de Estados Unidos, a la Revolución francesa y de ahí a la Independencia mexicana. Como si en medio de todo aquello no hubiera ocurrido lo realmente impensable: los miles de esclavos que hacían funcionar las plantaciones de azúcar de lo que entonces era Saint-Domingue, una de las colonias más valiosas de Francia, no sólo se rebelaron y abolieron la esclavitud, sino que después de enfrentarse contra Inglaterra, España y Francia constituyeron el Estado soberano de Haití, independiente desde 1804. No se trata de un detalle erudito, al oscurecer un acontecimiento de esa magnitud, los siglos de racismo eurocéntrico también atrofiaron nuestra imaginación política, nuestro sentido de lo posible.

Ilustración: Raquel Moreno

En los últimos meses me ha parecido importante volver a la lectura de C. L. R. James (1901-1989), por la manera en que vinculaba la cuestión racial con la lucha de clases, por su convicción de que la batalla contra el capitalismo sólo puede ser a escala mundial y, sobre todo, por su agudo análisis de la práctica y las estrategias políticas. Me parece que en su obra, extensa y variada, hay una pregunta constante: ¿cómo se vinculan los movimientos revolucionarios de las metrópolis y las periferias? ¿Cómo triunfa una revolución?

James nació en Trinidad cuando todavía era una colonia inglesa. En 1932, se fue a Inglaterra, donde se ganaba la vida escribiendo para el Manchester Guardian sobre críquet, una pasión que nunca abandonó. En Inglaterra se encontró con toda una generación de intelectuales panafricanistas provenientes de África y el Caribe, empezó a militar a favor de las independencias, en contra de la invasión italiana de Etiopía, y sobre todo en las filas del trotskismo. En menos de tres años escribió dos libros monumentales: uno sobre el éxito de la Revolución haitiana y otro sobre el declive de la internacional comunista.

Los jacobinos negros (1938) no sólo es una historia magníficamente narrada del levantamiento de los esclavos y los primeros años de la revolución, es sobre todo un análisis incisivo de la personalidad y los dilemas del líder Toussaint —un esclavo doméstico que aprendió a leer, convirtió a las masas de sublevados en un ejército y mantuvo una prolífica correspondencia diplomática con varias potencias—. Para James, hay una encrucijada trágica en la historia de Toussaint, la virtud que le permitió ver la posibilidad de que una revolución se convertiría en la fuente de su error fatídico: su creencia ferviente en los principios de la Revolución francesa le impidió ver que Napoleón lo traicionaría y que para Francia era más importante mantener el statu quo en la colonia. En un momento clave del relato, dice Toussaint: ¿quién conoce mejor el significado de la libertad, Toussaint, esclavo de Breda, o Napoleón Bonaparte?

Tan sólo un año antes, C. L. R. James escribió La Revolución Mundial, 1917-1936: Ascenso y caída de la Internacional Comunista (1937), un tratado sobre la historia de las internacionales y las causas de su fracaso. Creo que en el fondo hay una idea similar a la elaborada en Los jacobinos negros:en el momento en que se abandona la vocación internacional del comunismo se pierde enteramente su sentido original. No es que Francia o la Unión Soviética tuvieran una misión tutelar que traicionaron, al contrario, para James el sentido de sus doctrinas políticas sólo podía realizarse plenamente en “las periferias”. Excluirlas acarreó el deterioro y empobrecimiento de la revolución en la metrópolis misma.

En 1939, C. L. R. James pasó un mes con Trotsky en Coyoacán. Sólo he podido leer fragmentos de sus conversaciones, en las que repasan la situación de los movimientos obreros en Europa. En un momento discuten si el partido debe apoyar un movimiento por la autodeterminación de la población negra de Estados Unidos —como lo hacía en África y el Caribe— o promover lo que para ambos parecía ser la opción más poderosa: una alianza de la clase trabajadora de Estados Unidos por encima de las diferencias raciales. Los biógrafos de James hablan de un desacuerdo que no he podido ubicar en las transcripciones: mientras Trotsky sugería in