Humberto Roque Villanueva: Sí Es – No Es

Humberto Roque Villanueva: Sí es – No es

Por Gustavo Hirales

A las preguntas de Nexos sobre cuáles serían sus prioridades en caso de llegar a la presidencia de la república, Humberto Roque Villanueva respondió breve, aunque de manera no muy precisa. Sus prioridades de gobierno son. si nos atenemos al orden en que las enumeró, seguridad (corregir las causas estructurales de la delincuencia), gobernabilidad (más concertada y “menos en un sentido autoritario del ejercicio del poder”) y democracia. La preocupación por la seguridad pública es de lejos el mayor acierto de Roque, que al destacarla muestra sentido común y lo favorece en la comparación con las respuestas, a veces grandilocuentes, de los otros precandidatos.

A la pregunta de si cambiaría la política económica seguida por la actual administración, el todavía director general de Aseguradora Hidalgo respondió elusiva y alusivamente, diciendo por ejemplo que “se tendrá que impulsar un mejor equilibrio entre la participación de los mercados y la del Estado”. Quien habla es un precandidato autoasumido, que además ha sido presidente nacional de su partido y líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, entre otros cargos, por lo que de él se esperan ideas más fuertes, más definidas. A la opinión pública se le pueden ofrecer baratijas, cierto, pero a riesgo de que nadie tome en serio las aspiraciones presidenciales del precandidato.

¿Qué quiere decir con que “se tendrá que impulsar un mejor equilibrio entre la participación de los mercados y la del Estado”? En concreto, ¿se inclina por más Estado o por más mercado? ¿Y cómo? Por el contexto declarativo, parece que Roque quisiera “más Estado” del pasado reciente, echeverrista o lopezportillista, más allá de la apuntada necesidad de seguir siendo muy cuidadosos en lo que se refiere a finanzas públicas sanas.

Lo mismo se puede decir de su afirmación de que “debemos combinar democracia, justicia social y gobernabilidad para, a través de la política económica del Estado, obtener lo que este país requiere con más urgencia: los criterios de justicia social”. Pregunto, ¿quién estaría en contra de “combinar” democracia, justicia social y gobernabilidad para que México avance? Creo que nadie, ni siquiera Vicente Fox. El problema surge cuando hay que precisar las formas y caminos concretos como se daría esa feliz combinación, formas y caminos que están determinados por lo históricamente acumulado, a favor y en contra, y contaminados por las ideologías peculiares de cada partido y, dentro de los partidos, por las posturas políticas de sus diversas corrientes.

Roque desliza una frase que —al parecer— tiene el propósito de aclarar el sentido de sus lugares comunes: “a través de la política económica del Estado”. Sin embargo, la frase en sí es equívoca, pues la política económica del Estado puede ser. ella misma, “estatista” (como en el echeverrismo) o “neoliberal” (como se supone que ha lo sido en México al menos desde Miguel de la Madrid). Y remata con que todo ello se haría para obtener los criterios de justicia social.

Pero, ¿cuáles serían estos criterios?

¿Criterios como los que animan, por ejemplo, al Progresa? ¿O se está hablando de otros criterios? No queda claro, aunque entre alusiones y elipsis parece insinuarse la necesidad de una rectificación, en el espíritu del viejo priismo de corte echeverrista. ¿No estará Roque confundiendo criterios con “políticas”, o con “acciones” de política social?

Sea de ello lo que fuere, para mí Humberto Roque es una total decepción, porque ni aun ahora cuando, según todas las apariencias, tiene poco que perder, se arriesga a decir una palabra políticamente sincera, una posición con organicidad mínima: todo se resuelve en un sí es-no es. entre guiños que insinúan disidencia ante la política dominante y gestos que parecen garantizar fidelidad. Y así. hasta donde yo recuerdo, en México no se construyen las candidaturas presidenciales triunfantes, o siquiera verosímiles.   n

Gustavo Hirales. Analista político. Su último libro es Chiapas. otra mirada. 1994-1998.

Notas para un 1o. de Mayo

Parabólica

Notas para un 1o. de mayo

Por Carlos Castillo Peraza

Hace más de diez años que trato de seguir las crónicas que Jacques Julliard —católico de formación, militante de la izquierda socialista francesa—entrega semana tras semana al semanario parisiense Le Nouvel Observateur. El autor es historiador de profesión y ha sido director de estudios en la famosa Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Hoy es director delegado de la redacción del semanario mencionado líneas arriba. Sus libros en torno de Clemenceau, los orígenes del sindicalismo, George Sorel, el movimiento obrero y otros temas ocupan vitrinas y lectores desde 1965. Algunos de los más recientes son Ce fascisme qui vient… (Seuil, 1994), Pour la Bosnie y L’Année des Dupes (ambos editados por Seuil en 1996) y, bajo los auspicios de Gallimard, en 1997, La faute aux élites, que es una revisión crítica del pensamiento y las actitudes de los intelectuales de “izquierda” y los movimiento obreros y populares, a partir del naufragio del llamado “socialismo real” y del auge de los fenómenos de “globalización” y sus concomitantes: los avances científicos y técnicos, el capitalismo sin fronteras, las nuevas injusticias y las nuevas esperanzas.

Fue precisamente en las páginas de La faute aux élites (El pecado de las élites), donde espigué algunos párrafos llenos de perspicacia, realismo y pasión. Aquí van, espero que en beneficio de los lectores de Nexos:

• Me hice, durante toda mi vida, de una cierta visión de la izquierda. Para mí es la alianza del progreso científico y la justicia social o, si se prefiere, de las élites intelectuales y el pueblo. Ahora bien, ante nuestros ojos está en curso un doble divorcio: entre el pueblo y ¡as élites, por un lado, y entre el pueblo y el progreso por el otro. Constato que una alianza histórica se encuentra en trance de romperse. Me pregunto si puede renacer y a qué precio.

• Las élites se desvían de la democracia y el pueblo del progreso. El foso entre aquéllas y éste se ha vuelto tan hondo que tiende, en los análisis más comunes, a sustituir a la vieja lucha de clases que, desde el alba de la revolución industrial, opone el proletariado al capitalismo, los obreros a los patronos, los asalariados a sus empleadores. Estamos en esto. Elitismo y populismo están proliferando como dos cánceres gemelos por toda la superficie de nuestro universo político y social. Cada uno se nutre de las derivas del otro. Nuestras élites, cerradas en ellas mismas, son cada vez más perentorias e impotentes; las capas populares dejan cada vez más en el olvido la solidaridad que fue otrora su fuerza y están dispuestas a entregarse al primer demagogo que llegue.

• En las huelgas ofensivas del pasado, detrás de las reivindicaciones particulares se perfilaba más o menos una crítica radical del capitalismo, y especialmente de la condición asalariada. Extraño retorno: en las huelgas defensivas de ahora es, por el contrario, su condición de asalariado la que el asalariado defiende contra un empleador del que sospecha que la quiere acabar.

• Esta inversión de los papeles en el conflicto social es de una importancia central: todo sucede como si los asalariados se hubieran vuelto los defensores encarnizados de las formas arcaicas del capitalismo, contra las formas modernas de éste; como si se colgaran de los jirones del capitalismo nacional contra la mundialización de la economía.

• El anticapitalismo se transforma en antiplutocracia. ¿Cuál es la diferencia? Es considerable. El anticapitalismo es, en su principio, la crítica de un sistema fundado sobre la explotación del hombre por el hombre. La antiplutocracia, por el contrario, es una actitud sicológica fundada en el odio al dinero y en la envidia social. Cada vez que la izquierda cede a ésta, por moralismo y por demagogia, le hace la cama a la extrema derecha, como fue tantas veces el caso del partido comunista.

• En los países anglosajones, la producción de riquezas está en el origen de un acto moral. Falta aún entenderse en lo que atañe a la famosa “ética protestante” exaltada por Max Weber. Ella sirvió no tanto para desarrollar el capitalismo cuanto para moralizarlo. En Francia, por el contrario, la hostilidad al dinero es denominador común de los tres grandes sistemas éticos que hicieron el país: la moral aristocrática, la moral católica y la moral socialista. La primera dejó de reinar hace mucho tiempo; pero cuando las otras dos se desmoronaron ya no hubo freno a la ideología del enriquecimiento… Cuando una moral se muere, los prejuicios que engendró le sobreviven largo tiempo. Es lo que ha sucedido con el catolicismo y con el socialismo.

• Cuando estalla un conflicto entre los empleados públicos y el Estado-patrón, ¡cómo es grande para ambos la tentación de entenderse sobre las espaldas del tercero que paga, y que es también el tercero ausente: el contribuyente! Entonces, se deja correr los déficit. Si el Estado-patrón es mal administrador, es sencillamente porque puede contar siempre con el Estado-fisco para horrar sus errores de gestión.

Es así como se llega a la aberración de los ferrocarriles nacionales, cuyos gastos de personal absorben casi todos los ingresos de explotación.

• La corrupción ha invadido el mundo de los negocios en todos los países como si, al perder a sus enemigos, el capitalismo hubiese perdido también su moralidad… Si altos funcionarios caen, si el medio empresarial sucumbe a la corrupción es porque el mundo político—gobierno y Parlamento incluidos— renunciaron a su misión de control. Peor aún, si es porque, en la mayoría de los casos, se hubiesen vuelto agentes activos de esa corrupción… Al descentralizar el poder, se descentralizó sobre todo la corrupción.

• Los líderes de los movimientos sociales se atrincheran hoy en acciones simbólicas que no tienen el propósito de establecer una correlación de fuerzas favorable a su causa en el terreno social, sino sólo en la opinión pública… Esta es el único campo de batalla. Las huelgas no tienen como objetivo hacer ceder al patronato atacándole la cartera, sino de suscitar en la opinión sentimientos de reprobación que le hagan la situación insostenible.

•  Al optar por repercutir el grito de las víctimas, los intelectuales populistas… renaudan una tradición anterior a que el socialismo y el marxismo los invitaran a ir más allá… al privilegiar el testimonio sobre las reformas, se conforman además con el doble imperativo de pureza y no-responsabilidad que es el centro de la actitud revolucionaria y que subsiste como reflejo moral cuando la moral ya fue abandonada. Al hacer esto, dejan totalmente en manos de los tecnócratas —a los que maldicen— la propuesta de soluciones… El intelectual populista (“moral mejor que reforma”, “testimonio mejor que negociación”, “impotentes mejor que comprometidos”) no hace más que adaptar su ética revolucionaria a una situación de penuria… Esta es la base del conservadurismo revolucionario.

• Lo único peor que el horror económico es el oscurantismo antieconómico.

• Desde el inicio de su historia, el socialismo

se constituyó en Internacional y siempre denunció al nacionalismo como una mistificación de la burguesía… La incapacidad de las fuerzas de izquierda y, sobre todo, de los sindicatos, para organizarse seriamente en el ámbito internacional y enfrentar el desafío liberal… es una declaración de impotencia y una renuncia al ideal progresista del movimiento obrero. Este corre hoy el riesgo de ser menos ambicioso que el mundo de los negocios y de abandonar en manos de éste la organización del futuro.

• La mundialización de la economía, como ayer la industrialización de los países occidentales, es una esperanza para el mundo entero, a pesar de los sufrimientos que engendra. Es bueno que haya intelectuales moralistas para denunciar su brutalidad. El intelectual de izquierda es al capitalista depredador lo que el misionero al colonizador. Camina detrás, a distancia respetuosa, para reparar los daños de la conquista y, sin saberlo, para darle sentido a ésta.

• ¿Qué es finalmente la mundialización, si no la introducción de los países pobres en el conjunto de la economía moderna? Hace un cuarto de siglo, ese era el deseo más ardiente de los tercermundistas. Nos explicaron que los países pobres no querían limosnas, que tenían necesidad de pedidos y de mercados para convertirse en iguales. Esto, en efecto, es lo que está sucediendo.

• No pidamos al capitalismo regresar a las lámparas de aceite. No lo sabe hacer. Pero no contemos con él para redistribuir más justamente la riqueza que produce, porque tampoco lo sabe hacer… El verdadero problema del socialismo actual—una vez admitido que no es un modo de producción— es saber cómo podría volverse un modo moderno de redistribución, es decir, adaptado a las condiciones actuales de producción. Esto fue lo que en su tiempo entendió la socialdemocracia.

• El consenso democrático elimina la hipótesis revolucionaria… La revolución no es más que un medio. La república es un régimen.     n

Carlos Castillo Peraza. Periodista. Es autor del libro Disiento.

PRI: Un Rompecabezas

PRI: Un rompecabezas

Por Rogelio Hernández Rodríguez

A la hora de elegir a! candidato a la presidencia de la República, la conformación del Consejo Político Nacional del PRI se ha convertido en asunto imprescindible. ¿Cómo está integrado? ¿Quiénes forman parte de él? ¿De qué manera funciona? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuál es su genealogía? Este ensayo tiene las respuestas.

Ahora que está tan cercana la hora en que el PRI tenga que decidir su candidato a la presidencia, en condiciones de competencia externa, pero en especial interna, nunca antes conocidas, y cuando parece empeñado en poner en práctica medidas de participación democrática para elegir dirigentes y candidatos, un órgano del partido, normalmente ignorado, ha cobrado relevancia: el Consejo Político Nacional (CPN). Si bien el CPN ha existido siempre en el partido, su conformación y atribuciones actuales son recientes y, lo más curioso, constituyen, junto con las modificaciones al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), los únicos cambios profundos que alcanzó la reforma promovida por Luis Donaldo Colosio en los primeros años del salinismo. Antes de describir esas nuevas características y analizar los problemas que llevan consigo, es necesario precisar cuáles eran las funciones anteriores, así como las peculiares circunstancias que hicieron posible que el antiguo Consejo Nacional se convirtiera en el centro del proyecto de Colosio y Salinas en su enfrentamiento con las corporaciones priistas.

Que vengan las corporaciones

Hasta la realización de la XIV Asamblea en 1990, el PRI contó con dos instancias de dirección que reflejaban claramente el perfil corporativo del partido y, al mismo tiempo, la autoridad de su presidente. Al anterior Consejo Nacional lo constituían el presidente y secretario general del CEN, los presidentes de los comités directivos estatales, incluido el del Distrito Federal, y los representantes de los sectores agrario, obrero y popular. Aunque a simple vista parecen muy equitativas las proporciones, la realidad era distinta y favorecía plenamente a los sectores pues a cada uno correspondía un voto, mientras que todos los comités directivos en su conjunto apenas alcanzaban uno, el cual se decidía entre ellos por mayoría simple. Sólo en caso de empate (bastante improbable entre sectores) el presidente del CEN tenía voto de calidad. No había duda alguna de que, tal como lo señalaban los estatutos de aquella época, el PRI era un partido de organizaciones agrupadas en sectores.

El Consejo Nacional tenía atribuciones restringidas y formales, como conocer el informe anual del CEN, preparar resoluciones ideológicas sobre los documentos básicos, o expedir convocatorias para la asamblea y convención nacionales. Tal vez su atribución más importante haya sido la de elegir al presidente y al secretario general cuando alguno de ellos faltara definitivamente, pero sólo en calidad de interinos, porque hasta 1990 la Asamblea Nacional era la autoridad encargada de designar ambos dirigentes. La dirección real, el órgano ejecutivo del PRI era, como hasta ahora, el CEN y, concretamente, su presidente. Aun así, y pese a que éste tenía la facultad para nombrar a los secretarios que lo auxiliarían, había al menos una secretaría para cada sector (incluso una para senadores y otra para diputados federales), con lo cual las corporaciones ratificaban su predominio en el partido.

Naturalmente, esa superioridad no se traducía en el control del partido, que como es bien sabido siempre ha contado con una autoridad indiscutible en el presidente del CEN y, mediante él, en el jefe del Ejecutivo. Quizá no haya un cambio más importante en la transformación que sufrió el PRM en 1946 al convertirse en PRI, que la concentración del poder en la figura del presidente del CEN, con una estructura vertical que lograba la plena subordinación del partido con todo y sus muy activas corporaciones.

Este perfil cambiará paulatinamente hasta que en 1988, con aquella importante derrota electoral en varias plazas, las corporaciones demostraron que ya no controlaban el voto de sus agremiados y por ende ya no eran una garantía de triunfo para los candidatos del partido. Fue entonces cuando el principal perjudicado por aquella derrota electoral, el presidente Salinas, encomendó a Colosio la hasta ahora más ambiciosa reforma del partido. Tal vez sea necesario recordar que la principal propuesta de aquella reforma era modernizar al PRI para poder enfrentar con éxito a la oposición en las cada vez más competidas elecciones. La puesta al día debía pasar por una profunda modificación del PRI que diera cabida a los nuevos grupos, sectores y organizaciones que la sociedad mexicana, más compleja y participativa, había creado.

Basta revisar los primeros discursos de Colosio y Salinas para descubrir una tenaz insistencia en que el PRI, con su estructura corporativa, era incapaz de representar a la sociedad. Una sociedad que tenía una traducción específica: los nuevos movimientos sociales, enclavados en las zonas urbanas y que, en buena medida, determinaron el voto contrario a Salinas en 1988. Desde ese momento se desarrolló la idea de “ciudadanizar” o, como gustaban decir Colosio y sus colaboradores, fortalecer la “territorialización” del PRI. Con esa bárbara palabra los dirigentes querían indicar que la afiliación colectiva, obligadamente corporativa, debía, si no eliminarse, al menos disminuirse al mínimo y transformar al partido en una institución de individuos. La llamada “estructura territorial” (que con menos retórica no es otra cosa que el conjunto de comités directivos, estatales, municipales y seccionales) fue convertida en el medio para lograr la afiliación individual porque, se decía, era tanto el alma organizativa del partido, como el ámbito más cercano al individuo, en la medida que es el lugar donde vive el ciudadano común. Poco a poco, sin embargo, el carácter organizativo de la “estructura territorial” fue sustituido por la falsa idea de que sería el representante de los ciudadanos frente a los sectores.

No es éste el lugar adecuado para abundar en el tema, pero los sindicatos y, en general, las corporaciones, fueron considerados por el gobierno de Salinas como uno de los peores lastres del sistema, que lo mismo representaban un obstáculo para la productividad y la modernización de las empresas (lo que se traducía en incompetencia económica), que el principal impedimento de cualquier cambio dentro del PRI por la simple preservación de intereses. En rigor, la lucha contra las corporaciones en el PRI fue una extensión del amplio programa de transformaciones sociales e institucionales que el presidente Salinas desarrolló en su gobierno. Sea como fuere, la propuesta de Colosio, una y otra vez respaldada por Salinas, por democratizar los procedimientos internos y “ciudadanizar” al partido, se convirtió en un enfrentamiento abierto con los sectores, hasta ese momento principales beneficiarios del partido, pero también sus pilares electorales. Al final, Colosio tuvo éxito al asociar a las corporaciones con el conservadurismo y presentarlas como el principal obstáculo a la democracia interna.

Ya llegaron los gobernadores

La XIV Asamblea ha sido la primera gran rebelión en la que los delegados le tomaron la palabra a Colosio en cuanto a la democratización y trataron de imponer medidas que estaban lejos de los propósitos oficiales. Las crónicas y los estudios de aquella asamblea han dado cuenta de la rebelión pero, con algunas excepciones, la mayoría se ha ocupado de los cambios en la declaración de principios o en las modificaciones negadas a los delegados en la asamblea o escamoteadas en la redacción final. Por el contrario, los cambios en la estructura directiva no han sido suficientemente apreciados. Los estatutos aprobados en septiembre de 1990 establecen la representación paritaria de corporaciones y la estructura territorial en asambleas, consejos y convenciones, con lo cual si bien se disminuye considerablemente el tradicional predominio de los sectores, no gana poder el militante individual sino un actor hasta entonces marginado de las actividades del partido: los gobernadores.

El Consejo Nacional desapareció para dar lugar al actual CPN, un órgano muy complejo construido deliberadamente para someter a los sectores. El CPN de la XIV Asamblea estaba compuesto de la siguiente manera:

a)   El presidente y secretario general del CEN.

b)   Las organizaciones que integran cada sector, de acuerdo con el número de sus agremiados.

c)   La estructura territorial, integrada por:

• Todos los comités directivos estatales y del DF.

• 16 presidentes de comités municipales.

• 1 presidente de comité distrital del DF.

•5 senadores.

• 10 diputados federales.

•1 diputado local por cada circunscripción plurinominal.

•      1 representante de la Asamblea de Representantes del DF. d) 15 cuadros distinguidos.

Organo complejo, con una representación corporativa diluida, pero de la cual resultaba favorecida una ambigua estructura de dirección local en la que predomina indudablemente cada gobernador. Ya fuera deliberadamente o como el resultado de una equivocada interpretación de sus funciones, pero los dirigentes del PRI, en su afán por anular a las organizaciones, inventaron a la estructura territorial —con más precisión, la estructura directiva del partido— como una forma de representación particular. Por supuesto, también es posible que esta idea no haya sido más que una forma de ocultar las verdaderas intenciones de fortalecer a la dirección nacional bajo la premisa de que los comités directivos representan homogéneamente los intereses institucionales. En cualquiera de los casos, el error fue enorme porque la estructura local del partido tiende a someterse al gobernador y no al dirigente nacional del PRI.

Naturalmente que en casos extremos, en particular cuando el presidente de la República o alguna de sus medidas se ven comprometidas, el presidente del partido logra imponerse, pero en la política cotidiana la estructura local se subordina a los intereses de cada gobernador. De hecho, el continuo conflicto de los órganos locales (encabezados por sus mandatarios) con el CEN por la injerencia de los delegados, se debía precisamente a que perjudicaban los planes del gobernador por apoyar una política nacional, partidaria o presidencial. No por casualidad la misma XIV Asamblea impuso la desaparición de los delegados, lo que al final no prosperó gracias a una tramposa redacción de los encargados, que transformaron la palabra delegado por coordinador estatal.

Colosio y sus asesores lograron el retiro de los sectores pero no a cambio de la representación individual. Las modificaciones posteriores a los estatutos del PRI revelan que la presencia de los gobernadores se ha extendido y fortalecido. Los estatutos hasta ahora vigentes consideran al CPN integrado de la siguiente forma:

a) El presidente y el secretario general del CEN.

b) Los expresidentes del CEN.

c) Representantes de la estructura territorial:

• Todos los presidentes de comités directivos estatales y del DF.

• 31 presidentes de comités municipales y distritales del DF.

• 7 senadores.

•     10 diputados federales.

•     2 diputados locales.

•     2 diputados de la Asamblea Legislativa del DF.

•     4 representantes del Movimiento Territorial por cada una de las cinco circunscripciones plurinominales.

•     2 presidentes municipales por cada una de las cinco circunscripciones plurinominales.

d)   La estructura sectorial, con representantes de las organizaciones nacionales que integran cada sector, según el número de sus afiliados, así como de las organizaciones juveniles y de mujeres.

e) 5 gobernadores, uno por cada circunscripción plurinominal,

f)   2 representantes de la Fundación Colosio.

g)  40 cuadros distinguidos, a propuesta del CEN.

h)   Representante del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político.

i)  Secretario Técnico.

Como se aprecia con claridad, el propósito ha sido tanto aumentar la representación de los órganos directivos locales (ahora son más los miembros de los comités municipales, senadores y diputados, del movimiento territorial, los presidentes municipales y explícitamente cinco gobernadores), así como la propia influencia del CEN a través de la Fundación Colosio y el Instituto de Capacitación, los cuarenta cuadros distinguidos (designados por el mismo CEN), y el secretario técnico. Al final, si el supuesto de que la estructura territorial sería fiel al CEN era correcta, y que eso motivó el cambio en 1990, los dirigentes poco tuvieron que esperar para comprobar que era un error. De todas formas la decisión estaba tomada y por eso al mismo tiempo que la presencia de los gobernadores aumenta, se advierten claros ejemplos de que el CEN trata de compensar su influencia.

Desde la XIV Asamblea el CPN se ha vuelto un órgano con funciones decisivas en la política partidaria. Si bien conserva todas las anteriores, ahora tiene dos esenciales: nombrar al presidente y secretario general del CEN, atribución que antes tenía la Asamblea, y establecer los procedimientos específicos para postular candidatos a los puestos de elección, incluida la presidencia de la República. Dicho en pocas palabras, las decisiones fundamentales del PRI recaen en la dirección interna y los consejos directivos locales, es decir, entre el presidente de la República y los mandatarios estatales. Esta composición, sin embargo, no tiene nada de sencilla porque los gobernadores no constituyen un cuerpo homogéneo capaz de actuar unitariamente. Por el contrario, las posiciones de los mandatarios varían enormemente debido a varios factores que han incrementado su autonomía frente al jefe del ejecutivo federal y el propio PRI nacional.

Uno de los cambios más importantes en la política nacional tiene que ver con el mayor grado de independencia que demuestran los gobernadores y que en lo que va del sexenio de Zedillo han probado contar con la suficiente fuerza para impedir acciones presidenciales. Los casos notables de los gobernadores Roberto Madrazo y Manuel Bartlett, uno negándose activamente a una renuncia pactada en el centro y con recurrentes conflictos legales con la PGR, y el otro oponiéndose a una ley fiscal y a aceptar exigencias del PAN acordadas con el gobierno federal, demuestran que los mandatarios cuentan con márgenes políticos mucho más amplios, suficientes como para enfrentar, a veces con éxito, al Presidente, lo que hasta hace unos años era del todo impensable.

Las causas de este cambio son diversas. Por un lado, se encuentra el pluralismo político que se ha expresado más en los comicios locales que en los federales, lo que provoca presiones a los gobernadores que deben satisfacer a su partido y al mismo tiempo atender la necesidad presidencial de probar su vocación democrática. Más de una vez esa competencia entre el PRI local y la oposición ha provocado enfrentamientos que tarde o temprano comprometen a la presidencia y la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, el incremento de la competencia política ha propiciado que los gobernadores refuercen sus relaciones con las estructuras locales del PRI. La mayor cercanía, por supuesto, busca mejorar la eficiencia electoral del PRI y obliga a los mandatarios a actuar abiertamente a su favor. Los ejemplos siguen siendo Bartlett y Madrazo, que acostumbran (el primero ya concluyó su mandato) giras frecuentes en sus entidades no sólo para promover obras de gobierno sino para fortalecer a su partido frente a la oposición. Este contacto permanente es lo que en parte explica tanto las victorias aplastantes del PRI contra el PRD en Tabasco, y el PAN en Puebla, como la presencia política de ambos personajes en su búsqueda de la candidatura presidencial. Lo último que puede olvidarse es que ambos son conocidos por la militancia priista, esa que en las asambleas nacionales ha probado ser capaz de rebelarse a los deseos presidenciales.

Pero ese acercamiento también tiene otra expresión. En la medida que la competencia aumenta y el PRI no puede confiar en sus sectores o en las prácticas tradicionales para seleccionar candidatos, en especial, a las gubernaturas, se ha fortalecido la tendencia a promover candidatos locales que se afianzan en la estructura partidaria estatal y en el gobernador en funciones. El desempeño electoral reciente del PRI en los estados demuestra que sus triunfos han dependido de presentar candidatos locales con arraigo y sin que el partido se divida, lo que mucho ha dependido de la habilidad y experiencia del gobernador saliente, y no necesariamente de la participación del CEN y, por esa vía, del presidente. En todos los casos, el triunfo del candidato local reafirma sus vínculos con el PRI del estado y su lejanía con la dirigencia nacional.

Todo ello si bien muestra que los gobernadores no son los funcionarios sometidos dócilmente al presidente, a los cuales en cualquier momento se les podía ser objeto de una arbitrariedad federal, también revela que actúan individualmente, si acaso con alianzas circunstanciales. En estas condiciones, a pesar de que la presencia de los gobernadores es importante dentro el CPN, la estructura directiva del PRI es mucho más homogénea y consistente para vencerla, como bien se probó en la últiuma selección de los dirigentes nacionales, José Antonio González Fernández y Dulce María Sauri. Las cifras de la votación prueban el dominio de la estructura vertical, que no se mueve sin la voluntad del presidente, pero al mismo tiempo indican que no hay la unanimidad acostumbrada a su mandato. De los 344 miembros del CPN, 56 simplemente no asistieron y 26 de los que estuvieron presentes se abstuvieron. González Fernández y Sauri obtuvieron 262 votos, el 75% del total, cifra que sin duda es, como suele ocurrir dentro del PRI, abrumadora pero muy lejana a la docilidad de otros tiempos.

Ante unas preferencias divididas, una militancia que ha dado pruebas de rebelión y disgusto (dentro del mismo CPN) ante la élite gobernante, y que parece decidida a impedir su continuación con un candidato del mismo perfil de Zedillo, y que se remonta hasta 1982, con la selección de Miguel de la Madrid, el nuevo dirigente y su equipo en el CEN tienen una tarea vital: hacer avanzar al candidato presidencial sin provocar una fisura partidaria que o bien se convierta en división o que provoque la pasividad de una buena parte del partido. Sobran experiencias, como en 1988, con la elección presidencial para el primer caso, o la elección para el DF en 1997, para el segundo. El PRI cuenta con una larga historia de intolerancias presidenciales y falta de habilidad política de los dirigentes, que por empeñarse a toda costa en hacer candidatos a sus preferidos, han provocado fracturas cuyos beneficiarios han sido los partidos de oposición. Si se tiene interés en preservar ese partido, los actuales dirigentes, formales y reales, no deberían olvidar el pasado.  n

Rogelio Hernández Rodríguez. Es doctor en Ciencia Política e investigador de El Colegio de México. Entre sus obras se encuentran La formación del político mexicano. El caso de Carlos A. Madrazo (El Colegio de México, 1991) y, recientemente, Amistades, compromisos y lealtades. Líderes y grupos políticos en el Estado de México, 1942-1991 (El Colegio de México, 1998).

Miguel Alemán: Tópicos y eufemismos tropicales

II. Los precandidatos

Miguel Alemán: Tópicos y eufemismos tropicales

Por Jorge Javier Romero

Cuando no se tiene nada que decir siempre queda el lugar común, el tópico descarnado. El gobernador de Veracruz se cuida, en el mejor estilo críptico de la política mexicana, de decir que quiere ser candidato del PRI a la presidencia, pero el mero hecho de haber aceptado la invitación de Nexos demuestra que se imagina en la contienda, se considera precandidato (aunque ahora a todo el mundo le guste decir que se asume, con notable pérdida para el castellano), le hace ilusión la idea y, con fondo musical de cumbancha, proyecta su incipiente gobierno veracruzano a la totalidad del país.

A Miguel Alemán le puede pasar lo que a aquel candidato encarnado por Robert Redford en una película de hace años: le prometieron que jugaba para no ganar y acabó ganando: por supuesto no tenía ni idea de qué iba a hacer. Si bien su precandidatura se antoja más como una fórmula para crear contrapesos en el juego interno del PRI y evitar que ya desde hoy exista sólo una carta, es posible que de pronto, en un escenario de equilibrio catastrófico entre los demás aspirantes, su candidatura aparezca como la única posibilidad de mantener la unidad interna del viejo aparato, cada vez más quebradizo. Entonces la visión política provinciana del otrora empresario cosmopolita tendría que convertirse en plataforma real. Lo expuesto en Nexos, sin embargo, deja dudas sobre la capacidad de sus asesores para ver más allá de las palmeras borrachas del malecón del puerto.

La tímida crítica se envuelve en eufemismos. Los dilemas que tendrá que enfrentar el país son —según su dicho, tópico entre los tópicos compartido por muchos políticos a los que mil años les quedan cortos frente a la magnitud de sus pretensiones históricas— los del próximo milenio, pero las respuestas esbozadas apenas si alcanzan para los retos de la aldea durante su sexenio. Incluso se le nota alguna nostalgia por la vieja autarquía económica de los tiempos paternos. El único vislumbre de la revolución tecnológica que se encuentra en su artículo es la necesidad de que en las escuelas los niños puedan tener computadores para qué, entonces sí, puedan construir un país mejor. Enunciados omnímodos sin proposiciones sustantivas.

En fin, que al más viejo de los presidenciables, entre una cohorte de candidatos bastante envejecida, no se le ve la talla para la pelea, pero el PRI puede acabar haciendo de la necesidad virtud.  n

Jorge Javier Romero. Profesor de la  UAM-Xochimilco y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el premio del Certamen de ensayo político Carlos Pereyra en 1993.

José Angel Gurría: Sonidos y silencios

José Angel Gurría: Sonidos y silencios

Por Ricardo Raphael de la Madrid

No cabe duda, si los candados en el PRI no estuvieran tan firmemente colocados, José Angel Gurría sería un aspirante con fuertes posibilidades para ganar la candidatura de su partido. No sólo porque se trata de un hombre brillante, capaz de continuar el proyecto económico que ha prevalecido durante los últimos tres sexenios, sino porque hubiera contado ni más ni menos que con toda la simpatía y apoyo del presidente Zedillo. Esta es una prueba evidente de que los deseos y las facultades del inquilino de Los Pinos se han visto acotadas.

Sin embargo, a pesar de su triste circunstancia o quizá por ello, el Secretario de Hacienda no renuncia a hacer pública su aspiración. No se esconde, como lo hicieran Francisco Labastida o José Antonio González, tras una carta de papel celofán que les permite esconder lo que todos sabemos. Gurría, más adaptado a los tiempos que corren, dice claramente: yo quiero. Quiero y mi ventaja competitiva frente a los demás aspirantes es mi conocimiento de las cuestiones económicas. Sin duda que le acompañe, el experto defiende la política económica del actual gobierno porque sólo ella, argumenta, puede garantizar un desarrollo sólido y estable. Sin embargo, el señor aspirante no se anima a hacer variaciones sobre el discurso que los mexicanos hemos escuchado durante los últimos tres lustros. Los términos y las referencias son los mismos. Hasta el triunfalismo es el mismo.

Si bien Gurría comienza el texto hablando de la necesidad de superar la pobreza extrema, se extraña alguna frase en la que haga referencia a su fórmula para enfrentar este fenómeno. Desde luego que aborda políticas generales para el desarrollo del país, pero deja un hueco, un vacío de imaginación frente al tema más criticable de la actual política económica. No habla de la concentración de los índices de pobreza entre los grupos étnicos, no toca las enormes disparidades que existen entre el norte y el sur del país. No habla de ese México que se está quedando fuera de la globalización. Ni siquiera aborda el tema de la política fiscal. En fin, como todos los economistas en el poder — compañeros de su generación— Gurría no se atreve a escribir el capítulo faltante a su proyecto económico.

En la misma línea de los silencios, y asumiendo que siempre el silencio es parte medular de cualquier discurso, llama la atención que José Angel Gurría haya menospreciado el tema de la seguridad y la justicia. Ese tema que hoy aparece en las encuestas como el más relevante para los ciudadanos. Nadie que realmente viva en esta geografía podría, si realmente quiere gobernar, hacer abstracción de esta cuestión; dedicarle al menos un par de líneas hubiera sido oportuno, sobre todo porque —siguiendo la lógica que impera en el texto de Gurría— la inseguridad física, el incumplimiento de la ley y la debilidad de los derechos de propiedad han convertido a nuestro país en un territorio poco atractivo para la inversión y por lo tanto para el desarrollo. Se trata, en efecto, para hablar en términos economicistas, de una variable que incrementa notablemente el riesgo-país.

No cabe duda, México ha cambiado y con él los mecanismos de sucesión. José Angel Gurría podrá considerarse como una víctima de esta última transformación. El partido por el que podría contender ya no quiere ser más el animal domesticado para llevar al jinete designado por el presidente. Ahora pone condiciones y esas condiciones no le favorecen al actual secretario de Hacienda quien, si el perfil de los últimos tres candidatos del PRI se hubiera mantenido, tendría altas probabilidades para suceder al presidente Zedillo.  n

Ricardo Raphael de la Madrid. Politólogo. Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa. Candidato a Doctor por la Universidad de Claremot. Colaborador de las revistas Epoca y Voz y voto

Numeralia

Numeralia

Por Roberto Pliego

1.   Precio máximo en dólares de una tarjeta telefónica, suficiente para una llamada de diez minutos, en un campo de refugiados kosovares: 13

2.       Desplazados kosovares: 710,000

3.       Desplazados kosovares que han sido enviados por avión a países que no tienen frontera con Yugoslavia: 18,000

4.       Inmigrantes albaneses en Grecia: 400,000

5.       Tanques serbios destruidos por fuerzas de la OTAN: 1,300

6.   Porcentaje de franceses que piensan que la intervención de EU en Yugoslavia responde a su interés por los derechos humanos y la democracia: 25

7.       Vuelos necesarios para localizar y destruir un blanco militar: 40

8.       Marineros y marines estadunidenses que fueron heridos en la Segunda Guerra mundial: 104,985

9.       Marineros y marines estadunidenses que murieron en la Segunda Guerra mundial: 56,683

10.    Niños que mueren al día en EU por accidentes con armas de fuego: 14

11.    Investigadores de la reciente matanza en una escuela de Denver: 150

12.    Menores en cárceles de adultos en EU: 3,700

13.    Porcentaje de reos en EU que son considerados enfermos mentales: 8

14.    Estaciones piratas de radio clausuradas en EU de octubre de 1997 a la fecha: 431

15.    Estaciones piratas de radio que siguen operando: 1,000

16.    Millones de dólares que la industria satelital generó el año anterior: 66,000

17.    Computadoras en EU que fueron infectadas por el virus Melissa: 300,000

18.    Años que el creador de este virus puede pasar en la cárcel: 40

19.    Millones de rusos que vivirán en la extrema pobreza en el año 2,000: 30

20.    Toneladas de materia nuclear producida por reactores desde 1960: 200,000

Fuentes: . Reforma: 25 de abril de 1999; 2-3. La Jornada: 25 de abril de 1999; 4-6. The Economist: 17-23 de abril de 1999; 7. Proceso: 18de abril de 1999; 8-9. The Atlantic Monthly: marzo de 1999: 10. Reforma: 25 de abril de 1999; 11. La Jornada: 24de abril de 1999; 12- 13. El País semanal: 25 de abril de 1999: 14-15. La Jornada: 15de abril de 1999; 16. Etcétera: 15de abril de 1999; 17-18. Milenio: 12de abril de 1999; 19. The Economist: 17-23 de abril de 1999: 20. Time: 26 de abril de 1999.

¿Qué son?

1 5 Los millones de discos que Bruce Springsteen vende al año.   

20 Velocidad promedio en el Periférico a horas pico.

300 Lenguas que se hablan en los suburbios de Londres. 

50 Porcentaje de la producción de cebadaque sirve para producir cerveza.

600,000 Cálculos por segundo que realiza una supercomputadora recién diseñada.    

100 El precio de la botella de tequila Pedro Infante. 

Roberto Pliego. Escritor. Es Jefe de Edición de la revista nexos.

El litigio en el IFE

El litigio en el IFE

Por Raúl Trejo Delarbre

¿Qué es el IFE? Un árbitro. ¿Es un promotor de cambios políticos? No, es un árbitro. Pero, como aquí escribe Raúl Trejo Delarbre, no todos sus consejeros respetan esta cualidad. “Si se mantienen cohesionados”, sostiene, ” y cumplen con la ley, seguirán teniendo la confianza del mundo político y la sociedad. Si no, que dios nos ampare en las elecciones del 2000″.

En el transcurso de año y medio, el Instituto Federal Electoral ha estado cuatro meses sin la presencia del partido político que recibe más votos en México permaneció tres meses sin secretario general y muchos más sin la designación de otros funcionarios; cuatro de sus nueve consejeros electorales fueron acusados por excederse en las atribuciones y el ejercicio de recursos financieros que les permite la ley.

La crisis dentro del IFE ha sido menos escandalosa que otras calamidades en la vida política mexicana, pero ha permanecido sin solución a poco más de un año de las elecciones del 2000. Mientras tanto, los preparativos para esos comicios prosiguen. Se avanza en la depuración y en la actualización del padrón electoral: en abril el IFE registró a 32 nuevas agrupaciones políticas y se disponía a dictaminar las solicitudes de registro de nuevos partidos: recientemente 897 empleados lograron su titularidad como miembros del Servicio Profesional del Instituto. Junto con las riñas internas, el IFE ha seguido funcionando aunque sus principales directivos reconocen que las tensiones domésticas minan el patrimonio más importante de la autoridad electoral que es la confianza de la sociedad.

Cotidianas tensiones y confrontaciones

EI litigio en el IFE se manifestó de forma abierta después de las elecciones de 1997. A pesar del éxito de aquellos comicios, cuya transparencia y eficiencia fueron reconocidas por todos los actores políticos, dentro del Instituto seis de los nueve consejeros electorales asumieron posiciones cada vez más exigentes y rígidas acerca de la estructura y el funcionamiento del IFE, incluso por encima de las prerrogativas que la ley les asigna.

Los nueve miembros ciudadanos del Consejo General del IFE fueron designados el 31 de octubre de 1996, unas horas antes de que venciera el plazo señalado por las reformas constitucionales aprobadas tres meses antes. Aunque la ley establece que los consejeros no pueden tener militancia partidista, casi todos fueron escogidos a partir de cuotas que los partidos se distribuyeron entre ellos mismos. Varios de esos consejeros han actuado con clara independencia respecto de los partidos. Otros más han considerado que su papel no es el de árbitros de las elecciones sino el de promotores de cambios políticos. Esas dos concepciones, se han enfrentado dentro del IFE.

Los consejeros tienen la responsabilidad de tomar las decisiones cardinales de la institución electoral, pero no están legalmente facultados para ejecutar ellos mismos las tareas del IFE. Esas son responsabilidad de la estructura administrativa que encabeza la Junta General Ejecutiva. El consejero presidente del IFE, José Woldenberg, encabeza tanto al Consejo General como a la Junta Ejecutiva del Instituto.

Esa división del trabajo que establece la ley ha sido sustituida por el propósito de seis consejeros para ocuparse de algunas actividades ejecutivas, con todo y el presupuesto para ellas. Además, se han enfrentado con la estructura profesional del IFE de la cual desconfían porque muchos de sus integrantes formaban parte de ella desde antes de la conformación del actual Consejo General.

En octubre de 1997 los consejeros Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio, Mauricio Merino, Juan Molinar y Emilio Zebadúa sugirieron la destitución del secretario general del Instituto, Felipe Solís Acero, a quien consideraban “una cuña del gobierno” en la estructura del IFE. Solís, reconocido por los partidos políticos como funcionario competente, había formado parte del Instituto desde antes de la llegada de los actuales consejeros. El regateo en torno a esa y otras pretensiones se extendió por varios meses. En enero de 1998, Solís presentó su renuncia pero no fue sustituido sino hasta tres meses más tarde cuando, después de nuevas negociaciones internas, los consejeros aceptaron la designación de Fernando Zertuche, quien años atrás fue consejero electoral.

Durante todo 1998, el clima de trabajo dentro del IFE fue de tirantez. El trabajo profesional era dificultado por constantes requerimientos de información presentados por el mencionado bloque de seis consejeros. Varios funcionarios, algunos de ellos de experiencia y trayectoria en esos asuntos, renunciaron en todos los niveles de la estructura electoral. Mientras tanto, varios de los consejeros manifestaban simpatías por los partidos de oposición en la misma medida que expresaban animosidad antipriista. Una de las afirmaciones más crudas en tal sentido fue del consejero Jaime Cárdenas el 14 de octubre en la Universidad de Oaxaca, cuando dijo que la transición democrática en México sólo culminará si el PRI pierde las elecciones del 2000 como resultado de que la oposición “se coaligara para enfrentarse al partido en el poder y pudiera una vez en el mando modificar las reglas del juego”.

El PRI, ausente del Consejo General

En septiembre de 1998, el Partido de la Revolución Democrática solicitó que el IFE volviera a examinar los gastos del PRI en la campaña electoral de 1994. La autoridad electoral ya dictaminó los gastos de ese y el resto de los partidos, al año siguiente de aquellos comicios. Sin embargo, el PRD insistió en la reapertura del tema y así lo solicitó ante la Junta General Ejecutiva. La Junta no tiene facultades para decidir sobre un asunto de esa índole y lo turnó a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos, integrada por consejeros electorales.

Disgustados por esa decisión, los consejeros del multicitado bloque incorporaron la discusión de ese asunto en una reunión extraordinaria del Consejo General del IFE, el 16 de noviembre. Según las reglas del Instituto, en las sesiones extraordinarias sólo pueden ventilarse los temas para los que han sido convocadas, de tal manera que no era legítimo discutir la propuesta del PRD. Los seis mencionados consejeros, además con el voto de su colega José Barragán, aprobaron abrir la discusión del tema. La consejera Jacqueline Peschard se abstuvo y el consejero presidente, José Woldenberg, votó en contra.

El asunto era de procedimiento, pero implicaba la transgresión de las normas del IFE. En la discusión así aprobada no se dijo ni se resolvió nada sustantivo, pero en protesta por ventilar de esa manera un tema que era competencia de otro órgano del IFE, el representante del PRI, Enrique Ibarra, abandonó aquella sesión del Consejo General.

No era asunto menor la ausencia, del organismo electoral, del representante de un partido político. Sin embargo, algunos de los consejeros desdeñaron el retiro de Ibarra. El consejero Jaime Cárdenas declaró al día siguiente a El Financiero que tal ausencia “no significa nada grave, ni por esa protesta priista se pone en riesgo la elección del 2000″. Un día más tarde, según Reforma del 20 de noviembre, el consejero Juan Molinar consideró que la salida del PRI era “irreflexiva y desproporcionada” pero además, dijo, “el IFE puede vivir sin el PRI”.

Molinar trataría de restarle importancia a esas palabras. El 25 de noviembre dijo a Crónica que su comentario había sido “bastante inocente”. Para entonces, lo habían refutado la consejera Peschard (“no puedo pensar el próximo proceso electoral sin el PRI o sin otro de los partidos políticos”. El Día, 26 de noviembre) y el consejero presidente José Woldenberg: el IFE “no debe ni puede vivir sin ninguno de los partidos” (Reforma, 25 de noviembre).

El PRI se tomó en serio la actitud de Molinar y otros de los consejeros. El Comité Ejecutivo Nacional de ese partido acusó al PRD de ejercer acciones de “manipulación y distorsión” en la demanda sobre el financiamiento de su campaña cuatro años antes y exigió neutralidad y objetividad a los consejeros. Varios de ellos fueron parciales al “quitarse la careta y mostrar un rostro perredista”. dijo el diputado del PRI en el Distrito Federal Oscar Levín. El 17 de noviembre el senador Eduardo Andrade, coordinador de Asuntos Jurídicos del Revolucionario Institucional, anunció que se prepararía una demanda de juicio político contra varios de los consejeros electorales.

Sueldos, excesos y presupuesto

Varios medios destacaron a fines de noviembre el monto de los sueldos de los consejeros del IFE, que para esas fechas eran de 115 mil pesos al mes. Tales remuneraciones no las fija el Instituto; el artículo 41 de la Constitución señala que la retribución de los consejeros del IFE debe ser “igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Sin embargo, en el contexto de quejas y errores como los antes mencionados, la imagen pública que comenzó a crearse fue la de una institución en donde se cometen excesos. Tales remuneraciones fueron discutidas en una comisión de la Cámara de Diputados. También comenzó a circular información sobre presuntos abusos de algunos consejeros en el ejercicio del presupuesto: se mencionaba especialmente que el consejero Jesús Cantú había realizado 40 viajes a Monterrey —en donde radica su familia— sin motivos de trabajo.

Por esas fechas los legisladores preparaban la aprobación del Presupuesto de Egresos para 1999, que estaría determinado por una inflexible austeridad. A comienzos de diciembre, se consideraba que el presupuesto del IFE sería recortado en un 7%, en términos reales (según el coordinador parlamentario del PAN, Carlos Medina Plascencia. en un artículo para Reforma del 11 de diciembre). Sin embargo, ya en la fase final del año, el presupuesto para el IFE sufrió una nueva disminución, equivalente al 17% respecto de los recursos que había tenido en el anterior ejercicio.

También en los días postreros de diciembre, horas antes de la Navidad, el Tribunal Federal Electoral avaló la decisión de la Junta General Ejecutiva (aquella que causó la discusión del 13 de noviembre) que se negó a resolver sobre la queja del PRD acerca de los gastos del PRI en la campaña de 1994. De esa manera quedaba claro cuál debía ser la autoridad electoral encargada de atender esa petición del PRD: no la Junta General, sino la Comisión de Fiscalización integrada por cinco consejeros.

Denuncia contra cuatro consejeros

La ausencia del PRI en el Consejo General se mantuvo casi todo el invierno. El 16 de marzo el representante de ese partido, Enrique Ibarra, volvió a ocupar su sitio en la sala de sesiones del Consejo pero fundamentalmente para presentar, a nombre del PRI y los partidos Verde y del Trabajo, una demanda de responsabilidad administrativa en contra de cuatro consejeros electorales —Cantú, Cárdenas, Lujambio y Zebadúa—. Además, anunció que esos partidos promoverían juicio político en la Cámara de Diputados contra los mismos consejeros. No queremos socavar la fortaleza y credibilidad del IFE, pero sí que quienes lo conforman se conduzcan con imparcialidad, legalidad y objetividad. dijo el representante priista.

La denuncia administrativa debe ser atendida por el Contralor interno del IFE. A ese funcionario Ibarra entregó la documentación que, de acuerdo con La Jornada del 17 de marzo, “presenta 49 pruebas de las conductas ‘atípicas e ilegales’ de los cuatro consejeros que las sustentan: Emilio Zebadúa, por autorizar un estudio sobre funcionarios electorales, que realizó la hermana de su coordinador de asesores, con un costo de 848 mil 347 pesos, así como del alquiler no autorizado por el IFE de una avioneta para sobrevolar la zona afectada por las inundaciones en Chiapas; Jesús Cantú. por ‘los exorbitantes gastos en bebidas alcohólicas’ durante la Segunda Reunión Nacional de Consejeros Electorales en Jurica, Querétaro, en septiembre de 1997. En esa ocasión, cita el alegato, se gastaron 145,000 pesos en bebidas alcohólicas, casi una cuarta parte de la erogación total del encuentro, que ascendió a 641,100 pesos. Además, abunda, se organizó una noche mexicana y se rentaron sombreros de charro, que no tienen ninguna relación con la tarea electoral. A Cantú, agrega, se le autorizaron 101,000 pesos para gastos en Nuevo León, ‘sin que exista comisión oficial que los justifique’… A Jaime Cárdenas lo acusa de ‘violentar los principios de imparcialidad y objetividad’ cuando declaró que la democratización del país pasaba por la derrota, a manos de una coalición opositora, del PRI en las elecciones presidenciales, y a Alonso Lujambio, junto con Jaime Cárdenas, de pretender que los partidos políticos en los estados de la República informaran al IFE de todos los recursos públicos que recibían, cuando —asegura respaldado en una resolución de la Suprema Corte de Justicia— la competencia del instituto es exclusivamente en el ámbito federal y no local”.

La operación política contra los consejeros encontró de inmediato tres circunstancias adversas. A la mañana siguiente, el Partido Verde se desdijo y aseguró que no la respaldaba; con esa ausencia se dejaban de alcanzar los votos suficientes para que pudiese prosperar una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados. Ese mismo día, convocados por Manuel Camacho, dirigente del nuevo Partido del Centro Democrático, los líderes nacionales del PAN y el PRD defendieron a los consejeros. Por la tarde de ese 17 de marzo, el presidente y el secretario general del PRI renunciaron, con lo cual se abrió un paréntesis en el activismo de ese partido contra algunos de los consejeros del IFE.

La reacción dentro del Instituto Electoral fue de respaldo a los consejeros impugnados. Varias de las decisiones por las cuales el PRI acusaba a los consejeros habían sido tomadas por todo el Consejo General del IFE, así que la queja de dicho partido los alcanzaba a todos y no solamente a cuatro. El 22 de marzo, José Woldenberg declaró para Crónica: “Ahí estamos involucrados todos. Pero más allá del terreno de la formalidad legal, si asumimos que el Consejo General surgió de un acuerdo político que forjaron los partidos en la Cámara de Diputados, en la eventualidad de que cuatro consejeros salieran del consejo, éstos o cualquier otro, parecería que existiría la necesidad de recomponer no cuatro, sino quizá los nueve”.

Dos semanas después, el 6 de abril, en la entrega de constancias a los miembros de la estructura profesional del IFE, Woldenberg hizo este llamado a la cohesión y la confianza: “El IFE gana cuando produce, cuando genera acuerdos, cuando sus iniciativas son el resultado del consenso. Nada hace más fuerte, nada hace más defendible a la institución y a los que trabajamos en ella, que el trabajo por el acuerdo. Y al contrario, nada la debilita más, nada la hace más vulnerable que la falta de acuerdo, el antagonismo y la discordia”.

El mensaje era claro, para los de adentro y los de afuera. Estos últimos, los partidos políticos —incluso el PRI— no parecían tener especial interés en desgastar y desgastarse en un tortuoso litigio contra algunos miembros del IFE. Pero no hay certezas de que, dentro del Instituto Electoral, todos los consejeros hayan aprendido la lección. Si se mantienen cohesionados y cumplen con la ley seguirán teniendo la confianza del mundo político y la sociedad. Si no, que dios nos ampare en las elecciones del 2000.   n

Raúl Trejo Delarbre. Director de Etcétera. Es autor de Volver a los medios y La nueva alfombra mágica.

Sobre El mundo iluminado de Ángeles Mastretta

La tarea de escribir

Ángeles Mastretta

El mundo iluminado

Cal y Arena

México, 1998

Por Gabriella de Beer

En El mundo iluminado. Angeles Mastretta esboza un retrato íntimo. Estos ensayos y relatos personales nos ofrecen una mirada a su oficio de escritora.

Un nuevo libro de Angeles Mastretta siempre es buena noticia para los lectores interesados en la literatura mexicana contemporánea. Mastretta, cuya obra narrativa—Arráncame la vida (1985), Mujeres de ojos grandes (1990) y Mal de amores (1996)—la ha convertido en una de las escritoras actuales más leídas y comentadas, incursiona nuevamente en el género ensayístico. El mundo iluminado, colección de treinta y cinco trabajos de variada extensión, tiene mucho en común con Puerto libre (1993) pues tanto ese primer volumen de ensayos como el ahora comentado nos revelan a una voz introspectiva que comparte con el lector recuerdos, dudas, relaciones con familia y amigos, preocupaciones y momentos ordinarios e insignificantes de la vida. Los treinta y cinco ensayos de El mundo iluminado, independientes unos de los otros, abordan temas diversos. Asimismo, están marcados por un tono nostálgico cuando Mastretta intenta explicar por qué es como es. La narradora expresa su amor por México y por el Distrito Federal que, a pesar de sus problemas tanto políticos como ambientales, sigue fascinándola; al mismo tiempo, se muestra muy modesta ante la atención que sus novelas han suscitado y algo incrédula cuando en las muchas entrevistas le hacen preguntas sobre temas completamente ajenos a sus intereses y conocimientos. Igualmente instructivos son los comentarios sobre la magia de su mundo narrativo y el gusto de vivir las vidas de sus personajes quienes nos dan a entender el esfuerzo, el dolor y la alegría de crear un mundo a través de la palabra. Algunos ensayos estremecen, conmueven y entristecen; otros son ligeros, divertidos e ingeniosos. Todos revelan el carácter de Angeles Mastretta, mujer y madre, hija y amiga, mexicana y ciudadana del mundo, escritora de fama internacional que día por día comparte idénticos problemas con sus lectores.

Si bien los artículos carecen de un tema que los una, ciertos temas relacionados se asoman una y otra vez. Entre ellos están el transcurrir del tiempo, el miedo a envejecer y morir y el recuerdo de los seres queridos cuya existencia ha mejorado la vida de otros. En “A ojos cerrados” Mastretta cierra los ojos para ver mejor y llenarlos de sus fantasías, mientras en “Adelantos de la propia muerte” especula en un tono entre serio y divertido sobre todo lo que se perdería si muriera el próximo mes. Recuerda a varios amigos y conocidos cuyo contacto afectó a tantos: la amiga Cinthia que bailaba como una golondrina; el escritor Renato Leduc que a diez años de su muerte no deja de inspirarla; el cardiólogo Teodoro Césarman, médico hábil y sensitivo: el actor Marcelo Mastroiani. símbolo del padre y el amante: y Emma Rizo, amiga íntima con quien compartió alegrías y tristezas.

Quizá los artículos más conmovedores son los que nos retratan a Angeles Mastretta. mujer contemporánea, en la lucha diaria por acomodar las muchas responsabilidades e intereses que compiten por su tiempo y atención. En “Perro mar y ladrones” nos describe el robo de su camioneta pero concluye que el incidente hubiera podido ser peor; “Contar las bendiciones” también nos pinta a una Mastretta optimista cuando sufre de insomnio y rememora las pérdidas, las cosas por terminar, las buenas obras por realizar y se da cuenta de que es mejor pensar en lo positivo; “La manía de viajar” describe a una autora nerviosa al emprender uno de muchos periplos como si fuera el primero —citas con varios médicos, compras compulsivas, listas de todo, preocupaciones por olvidar mil cosas—. En “¿Usted es la escritora?”, uno de los artículos más logrados, describe las caminatas diurnas con su perro y el diario encuentro con un señor mayor. A él le habla abiertamente de su obra, de sus viajes y entrevistas y de qué la motiva a dedicarse a la narrativa—porque la historia que cuenta la apasiona y desea apasionar a otros con ella—. De especial interés son los artículos en que nos habla de su oficio. En “Soñar una novela” describe la creación de Mal de amores, cómo vivió los episodios, cómo se identificó con los personajes, cómo estudió las costumbres de la época y cómo, finalmente, se separó de ese mundo ficticio. Mastretta nos explica sus dudas, sus investigaciones históricas con el propósito de crear un mundo verosímil, su obsesión por las palabras y su sonido así como su dedicación a escribir diariamente y evocar el pasado con el firme deseo de mejorar el presente.

El ensayo “El mundo iluminado” cierra la obra y a la vez le da título. Este artículo recoge el discurso pronunciado por Mastretta cuando en 1997 recibió el Premio Rómulo Gallegos por Mal de amores. Aquí Mastretta se mira con modestia: acepta el galardón como un reconocimiento a quienes escriben, a los muchos que la antecedieron y le inculcaron la paciencia y la tenacidad necesarias para crear a través de la palabra. Rinde homenaje a sor Juana Inés de la Cruz, icono de las letras mexicanas, que escribió para entender el universo. En este ensayo Mastretta explica que es un privilegio contar una historia, penetrar un mundo que ni los sociólogos ni los médicos han explicado, soñar y vivir otras vidas. Al mismo tiempo, reconoce que desempeña su oficio con miedo y esperanza, como quien camina al borde de un precipicio.

El mundo iluminado de Angeles Mastretta nos recuerda que esta escritora empezó su carrera como periodista, profesión que ejerció por muchos años antes de iniciarse como narradora. Los artículos recopilados en este volumen son ejemplo de su habilidad para captar imágenes e ideas con el mismo estilo tan gustado por los lectores de su ficción. En esta colección es notable cómo lo insignificante adquiere inusitada importancia, ya sea una noche de insomnio, una caminata por el Bosque de Chapultepec, una conversación con su hija o la tendencia a olvidar o extraviar las cosas. La autora se mira fríamente y de ese análisis surge la imagen de una mujer común, con debilidades y defectos. Así, Mastretta nos permite penetrar en su intimidad.  Pero más que nada nos permite contemplar y comprender el duro oficio de escribir.   n

Gabriella de Beer. Ensayista. Miembro del departamento de lenguas romances del City College de Nueva York.

El fin del super-presidencialismo mexicano

El fin del super-presidencialismo mexicano

Por Ricardo Espinoza Toledo

Una super presidencia erosionada, que no ha concluido el ciclo de su democratización, corre el riesgo de conducir en México a la impotencia presidencial. Sin embargo, la democratización del presidencialismo no parece resolver los problemas derivados de un sistema pluripartidista.

La presidencia de la República fue construida para hacerse cargo de los grandes problemas nacionales que estuvieron en el origen de la Revolución. En el principio, se buscaba la eficacia por encima de la democracia y no se diga de la pluralidad. La fortaleza y la energía del presidente constituyeron la premisa básica. Disposiciones constitucionales y desarrollo político se conjuntaron en el tiempo para dar paso a un sistema super-presidencial. El senado restaurado, el federalismo minimizado, legisladores limitados en el tiempo a causa de la no reelección inmediata y un sistema de partido no competitivo, contribuyeron decisivamente al logro del objetivo original: crear una super-presidencia (el término es de Arnaldo Córdova: La Nación y la Constitución. La lucha por la democracia en México, Claves Latinoamericanas, 1989, pp. 395-396). En ese esquema, todo funcionaba con mucha coherencia y prontitud.

Una sociedad cada vez más diversificada y fuerte, mejor organizada y autónoma del Estado, con partidos también autónomos y en un sistema electoral en el que el poder se encuentra en juego en elecciones más libres, equitativas y transparentes, con un sector privado desarrollado y una prensa independiente, han venido a erosionar las bases del sistema super-presidencial. Si a ello se agregan la fortaleza actual de los contrapoderes —el narcotráfico y la delincuencia—, el rezago electoral y político del PRI así como el anticipado y espectacular desarrollo de la carrera por la presidencia de la República, se comprende por qué el super-presidencialismo ha visto diluidos sus fundamentos: la eficacia en su gestión y la legitimidad de su función.

Con esa base, si ciertamente México no entra ya en la esfera del super-presidencialismo. tampoco ha acabado de aterrizar en un auténtico sistema presidencial. Este último se caracteriza por la existencia de balances y contrapesos institucionales y políticos, en los cuales el presidente tiene el freno del Congreso, ambos están limitados por el principio federal y los tres se encuentran regulados por la Suprema Corte de Justicia. El motor de todo ello lo constituye el sistema de partidos cuyo asiento se encuentra en los estados de la federación.

En México, sin embargo, aún no se han construido los contrapesos institucionales que deben cobijar a los emergentes equilibrios políticos. La progresiva construcción de un sistema de partidos y de un sistema electoral competitivos ha transformado el estilo de gobernar, pero no se ha traducido en una mejor relación entre los poderes. Desde la perspectiva institucional, subsisten fuertes carencias en la separación y equilibrio horizontal y vertical de poderes. El sistema judicial, por su parte, adolece de muy serias deficiencias. El Estado democrático de derecho sigue siendo una asignatura pendiente. No obstante, en la práctica el super-presidencialismo enfrenta nuevos equilibrios.

El super-presidencialismo corre el riesgo de convertirse en un diseño infuncional. Su escasa asociación con la democracia, el histórico predominio de la presidencia de la República, un pluripartidismo fuerte inducido por el principio de representación proporcional que le garantiza a la oposición espacios en el Congreso, la falta de incentivos a la cooperación de la oposición, un sistema político centralizado, una economía débil y desigual y un sistema judicial ineficaz pueden transformar la original omnipotencia super-presidencial en impotencia presidencial.

El problema estriba en evitar la presencia de presidentes minoritarios. De otro modo, es inevitable asistir a un conflicto abierto entre el presidente y un Congreso donde el primero tampoco dispone de una mayoría afín. Un presidente sin un partido fuerte que lo sostenga en el poder, enfrentado además a los otros partidos representados en el Congreso, se debilita en extremo, iniciándose así una competencia destructiva: cada uno trata de derrotar al otro, porque cada uno se siente la encarnación de la soberanía popular. De los conflictos irresolubles se pasa inmediatamente al bloqueo institucional. La solución está en la parlamentarización del presidencialismo.  n

Ricardo Espinoza Toledo. Doctor de Estado en Ciencia Política por la Universidad Paris I-Sorbona y profesor-investigador de la UAM-I. Coordinó el volumen sobre presidencialismo, del 1er Congreso Nacional de Ciencia Política.

La sucesión: indecision y resistencia

La sucesión: indecisa y resistencia

Por Rafael Segovia

IV

¿En qué momento se encuentra la carrera a la presidencia, cuando los relojes políticos marchan de modo acelerado? En un momento que sólo admite las subidas de tono, escribe Rafael Segovia. Y agrega: se vive un clima “de semirrebelión y candidaturas ajenas a las directivas, a lo que se debe añadir una desorganización generalizada y unos combates de jefes y jefecillos de efectos igualmente paralizadores”.

Entre los numerosos problemas planteados por la sucesión presidencial, la designación del candidato, el manejo de la campaña y de la votación, su calificación y otros pasos y requisitos legales, son conocidos a través de anécdotas, chistes y rumores. No hay un solo testimonio, un documento —uno solo— al que se pueda conferir una confiabilidad aunque no sea más que mediana, donde todo esto quede presentado de manera aceptable para el investigador y para el hombre de la calle. Ese complicadísimo proceso está rodeado por el misterio absoluto: no ha habido ningún participante directo que se haya decidido a exponer la sucesión como él la vivió. Y sin embargo encontramos una aceptación general sobre los mecanismos puestos a funcionar e incluso sobre los operadores que los ponen en marcha y vigilan hasta conseguir los resultados propuestos. Existe en México una colección de especialistas en semiótica electoral, casi infalibles en sus lecturas e interpretaciones, oráculos respetados por todos los políticos, a quienes se escucha y halaga como a los sabios del sistema.

Desde la periferia del sistema político, los signos observados permiten construir o más exactamente reconstruir el proceso de sucesión e intentar prever su desenlace, sabiéndose perfectamente los riesgos encarados por quien lo intenta: las probabilidades de equivocarse son enormes.

Los conflictos electorales de 1988, la rebelión de los neozapatistas, la subida de la oposición y, junto a todo esto, una crisis económica y financiera, condujeron al gobierno federal a emprender una reforma que en un principio pretendió ser política. Después quiso ser del Estado y terminó por quedarse en un fenómeno reducido pero de importancia decisiva debida en primer lugar a ser el fundamento de cualquier sistema democrático. Estamos hablando de la reforma electoral, que permitió superar la imagen autoritaria de los gobiernos priistas, al ser las consultas electorales aceptadas tanto por los gobiernos, organismos y medios de comunicación internacionales, como hechos democráticos. Desde la elección de Ernesto Zedillo, pese a las quejas permanentes del PRD, no hay una queja sobre la organización electoral mexicana. Los problemas procedieron de un horizonte político diferente: la duración de la rebelión zapatista y el narcotráfico, a los que el gobierno no ha sabido dar respuesta. El perfeccionamiento y la democratización electorales han encontrado un público no sólo receptivo sino entusiasta, mitigada esta recepción por la actuación de los partidos políticos, retrasados desde cualquier punto de vista.

El deseo de preservar el poder depositado en los comités ejecutivos nacionales se enfrenta con la apertura reclamada por los ciudadanos interesados en la política nacional. Todos los partidos nacionales son, desde la llamada reforma política, víctima de quejas que terminan por concentrarse y cristalizar en la sucesión presidencial. Es allá donde afiliados, simpatizantes y electores ven el núcleo de la reforma. La imagen de tener México un sistema político autoritario no ha sido superada; todo depende, para los ojos populares, del presidente de la república, imagen que sigue determinando al resto de la vida e instituciones políticas. La apertura de la participación implica, para el mexicano común, una nueva forma de designación de los candidatos, que reduzca y de ser posible elimine el poder de la cúpula de los partidos en este primer paso. No fue otra la razón que impulsó en los Estados Unidos, a principios de este siglo, a implantar un proceso de selección —las elecciones primarias— capaz de eliminar el poder absoluto de los caucus, sustituido en México por el Comité Ejecutivo Nacional, con una salvedad, que este comité lo podemos considerar designado por el presidente de la República mientras que en los Estados Unidos era consecuencia “natural” de los caciques (bosses) de las regiones, los estados o las ciudades. El reclamo aquí y ahora es tener elecciones primarias abiertas, donde puedan participar todos cuantos tengan una credencial de elector y no sólo los afiliados a un partido. Una razón decisiva subyace en esta elección, y es el temor de ver a los miembros de un partido que no tiene ni un asomo de padrón, controlar la elección interna con ayuda de los cuadros y de la burocracia, pero sobre todo con el arma que es la nómina.

Las dudas, regateos, trampas y amenazas se originaron precisamente en la incapacidad de imponer un procedimiento de selección que no conduzca a una escisión. Los intentos de apertura anteriores cayeron en el descrédito y el fracaso. La pasarela inventada para encontrar al hombre providencial para 1988, por todo el mundo conocida, fue un remedo de democratización que a la larga hubo de pagar el PRI. En el 94 no hubo ni remedo —las circunstancias no lo permitían.

Los logros conquistados por la reforma política son mucho más amplios que una simple recopilación y promulgación de una nueva legislación electoral. El Congreso de la Unión tiene hoy una fuerza insospechada hace cinco años. Ha llegado a posponer y modificar las propuestas del Ejecutivo, cuando no responden a una demanda o al menos a una preocupación popular como son los casos del Fobaproa o de la privatización de la industria eléctrica. Las tensiones entre los estados y el Ejecutivo federal han sido permanentes y se reflejan en los rechazos a este último cuando se advierte una intervención para modificar la decisión tomada por las fuerzas locales. Los cuatro presidentes que el Presidente de hecho ha nombrado para dirigir al PRI en sólo seis años son una de las mejores pruebas para calibrar la oposición encontrada por su política. La recuperación electoral del PRI, presente en todos los discursos, se ha dado en las elecciones locales, pero se debe señalar una salvedad decisiva: el PRI ha triunfado cuando el juego político se presenta como exclusivo del partido local, sin las conocidas interferencias del centro. Fueron los casos de Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Baja California ejemplo de las consecuencias fatales acarreadas por las intervenciones del CEN.

Las decisiones tomadas por la XVII Asamblea (candados) siguen pesando en la política actual del PRI y, dado el peso de este partido dentro del sistema político, en los demás partidos, donde la idea de enfrentarse con los advenedizos y tránsfugas es compartida por amplios sectores de sus bases. Estas actitudes, combinadas con la necesidad de adecuar la organización de los partidos a las nuevas condiciones generadas por la reforma política, han producido, por ahora, una parálisis de las instancias centrales y un hecho nuevo: el surgimiento de las fuerzas periféricas del partido, líderes ajenos al aparato central, inclusive opuestos a él, que modifican de manera casi radical las elecciones internas y las sucesiones. Los mandos superiores han sido retados en todos los partidos. Acosados, se han refugiado en la posposición de las decisiones en materia electoral y en la interpretación de unos reglamentos que ya no responden ante las demandas de los afiliados. El otro punto de apoyo ha sido, como era de esperarse, la retórica.

El cumplimiento de los plazos establecidos por los reglamentos del PRI obligó al presidente Zedillo a volver la vista a los problemas políticos, de los que se había desentendido al hablar de una “sana distancia” y de un muy imaginativo “corte de dedo”, es decir, de dejar al PRI la solución de sus decisiones y problemas internos. En cierta manera, prometió dar un paso más en la construcción de una modernidad política. El surgimiento de candidaturas ajenas a su voluntad le llevó a recoger velas, aunque previamente había advertido el peligro y eliminado a la directiva priista autora del desaguisado de la XVII Asamblea. El intento de recuperar el poder dentro del partido sin que parezca un acto autoritario es el avispero donde se agita la política interna del PRI. De hecho, sólo se ha conseguido envenenar más la situación: no sólo no se han rendido los aspirantes (Bartlett, Madrazo y Roque Villanueva), sino que las corrientes internas han subido el tono y las creadas para combatirlas son un fiasco total. Una retirada paso a paso del presidente Palacios Alcocer, repitiendo sin cesar los mismos argumentos apoyados en reglamentos con los que pretende justificar sus funciones, le han restado no sólo la poca autoridad de que disponía sino que en él se ve a un hombre del Presidente dispuesto a beberse el cáliz hasta las heces. Por un lado tiene que combatir a los candidatos periféricos, por otro está obligado a construir otro del gusto y voluntad del Presidente, mientras niega todo. Los procedimientos imaginados por los encargados de la segunda operación —la invención de un candidato— están, por lo que se transluce, en manos de Palacios Alcocer, Briebich y Martínez Corbalá, que han encontrado muchos más inconvenientes que apoyos en esta empresa. Hacer un reglamento que a la par les deje las manos libres y las bocas de sus opositores cerradas es, hasta este momento, un fracaso: los globos sonda lanzados a través de una prensa más que obediente se han desinflado pese a los apoyos de todo tipo concedidos a los operadores. Respuestas reiterativas, carentes de pegue, explicaciones embarazosas donde ¡otra vez! se recurre a los tiempos; la obsequiosidad ante el Presidente alcanza límites patológicos que, en el caso de ganar la candidatura, se volverán contra el vencedor. Lo único que les puede animar es la contemplación de los fracasos reiterados de la oposición, en la cual conviene detenerse para observar otro fracaso.

PAN y PRD —los otros son punto menos que inexistentes— han sufrido los mismos embates que el PRI: un estado de semirrebelión, candidaturas ajenas a las directivas, a lo que se debe añadir una desorganización generalizada y unos combates de jefes y jefecillos de efectos igualmente paralizadores. Los portavoces son maestros en el arte de contradecirse y, especialmente en el PRD, no sólo la línea con el jefe moral está interrumpida sino que se oye una cacofonía de jefes que defienden la legitimidad de sus ambiciones. Una vez más la candidatura única de la oposición se malogró. Imaginada más por grupos intelectuales que por los partidos, su tufo frentista no puede ser del agrado ni de la base de los partidos ni del elector medio, menos aún de los cuadros políticos del país. Presentándose en orden disperso, sólo una fractura profunda del PRI —no bastaría un simple desprendimiento como en el caso del PRD— puede ofrecer una posibilidad de tiempo a la oposición, incapaz de construir un programa político y social incluso simplemente cultural aceptable por formaciones tan opuestas en todo y para todo como el PAN y el PRD, que tienen ya candidatos a la presidencia tan claramente perfilados, que el retiro de uno de ellos sería inadmisible para su partido. Súmese a esto el poder decisivo de la presidencia de la república, que por sí sola puede decidir la conducción política de la nación, eliminando cualquier oposición desde su gobierno. ¿Qué partido o líder nacional se atrevería a disolverse o retirarse en aras de una hipotética coalición?

La elección primaria, de hecho un plebiscito, propuesta por Cárdenas, es una maniobra con la que se pretende acallar al grupo ansioso de un frente único y liberarse de un fracaso más en la competencia con el PRI, mientras se busca poner un obstáculo no demasiado grande ante la candidatura de Fox. El avance tomado por el gobernador de Guanajuato, alimentado financieramente por empresas u hombres desconocidos, se equilibrará tan pronto como los candidatos de los demás partidos inicien sus campañas. La oposición está pues hipotecada por su diversidad y por la posición central del PRI en el sistema político.

La prueba de fuego de la reforma política se dará de manera inevitable en la próxima elección federal. El Cofipe, consecuencia de una transacción entre partidos por personas interpuestas pero dominada por las necesidades del PRI que se extendieron a los demás partidos, consagra el poder de las instancias centrales y, por lo tanto, de los candidatos fuertes que, con ayuda de la ley, se hacen de hecho invulnerables. La parcela de poder que el IFE rescata para su uso particular —el registro— no puede afectar, antes bien refuerza a los grandes candidatos, es decir, a los del PRI, PAN y PRD, al no admitir más candidaturas que las presentadas por los partidos. La escisión, si no puede combatirse dentro del partido, tampoco puede presentar un candidato. El hombre cabeza de la escisión debe pues acogerse a un partido menor con posibilidades muy remotas de ganar.

Este auténtico candado, mucho más efectivo que los impuestos por los partidos en sus reglamentos internos, empieza a perder fuerza, con la ampliación de la participación política manifestada como opinión pública. La prensa, los otros medios, las encuestas conocidas o reservadas, imponen límites a la voluntad soberana y arbitraria de los comités ejecutivos. Las elecciones primarias pueden ser un correctivo democrático decisivo en caso de respetarse no sólo la forma, la letra y la apariencia de los textos, sino el espíritu y la voluntad de dar con el hombre verdaderamente deseado por afiliados y simpatizantes. Es quizá la última oportunidad de superar una minoría que tuvo sus momentos de gloria pero hoy por hoy está convertida en un obstáculo que impide el acceso al campo de la modernidad política.

Dentro del PRI se encuentra ya un proyecto de reglamento propuesto por el presidente de la república, donde se especifican tanto el método de selección como quiénes pueden participar en el proceso. Se plantean una serie de correctivos y controles que reducen el alcance de un voto universal, igual y directo con ayuda de un sistema de elecciones primarias reducidas a la simple selección de un candidato a la presidencia. Serán unas elecciones, de aceptarse el proyecto presidencial, indirectas y ponderadas, donde el aparato del PRI puede tener un peso decisivo. El peso del poder Ejecutivo federal se niega a abrir el juego político del partido que controla y utiliza como moneda de cambio. Qué puede suceder en el PRI es completamente imprevisible.  n

Rafael Segovia. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Fondation Nationale de Sciences Politiques,

en París. Es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Editorialista del diario Reforma. Autor, entre otros libros, de El Estado contemporáneo, México 1940-1970 y de Lapidaria política.

Pulgarcito en el país de la ortodoxia

Pulgarcito en el país de la ortodoxia

Por Fernando Escalante Gonzalbo

En el cuento de Pulgarcito, según lo recuerdo, el pequeño y heroico líder de la oposición, a fuerza de astucia, consigue vencer al ogro y rescatar a sus hermanitos. Después viven todos muy felices durante muchos, muchos años. Podría ser.

Freud lo cuenta de un modo algo distinto. Dice que en una primitiva horda, los hermanos se conjuraron para asesinar al padre. Que lo despedazaron y comulgaron con trozos de su cuerpo. Desde entonces, unidos por la feliz conciencia del crimen común, veneran al padre muerto, más poderoso que nunca. También podría ser.

La ortodoxia democrática quiere que no haya en México más que un problema: el desmedido poder del Presidente. Y una solución: limitar el poder del Presidente. Podría ser que no.  n

Fernando Escalante Gonzalbo. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Sociología. Es autor de La política del terror. Ciudadanos imaginarios, El principito y Una idea de las ciencias sociales.

Viejos y nuevos derroteros

Viejos y nuevos derroteros

Por José Antonio Crespo

EI presidencialismo ha sido uno de los dos ejes centrales del sistema político postrevolucionario. El otro eje, el partido gubernamental, también ha girado en torno a la figura presidencial, su jefe nato y árbitro natural. Por ello puede decirse que el fuerte presidencialismo que ha prevalecido en México se ha constituido como gozne fundamental de las diversas fuerzas políticas y punto de conversión del complejo entramado institucional. De ahí que muchos autores consideren de alto riesgo el actual sistema de sustitución de un presidente que por cualquier razón llegue a faltar, pues teniendo el sustituto (o interino) que ser electo por mayoría calificada del Congreso, se podría caer fácilmente en la parálisis gubernamental o, peor aún, en un grave conflicto por el poder entre distintos partidos y facciones dentro de cada partido.

El presidencialismo no democrático que ha regido la vida política del país se ha ido desgastando en los últimos años como consecuencia de un gradual debilitamiento institucional de todo el régimen. Evidentemente, la presidencia, institución central, no podía escapar a este constante deterioro. Por otra parte, ese mismo desgaste fue generando nuevas reglas y procedimientos más democráticos que, por definición, han ido acotando el amplísimo margen de acción y discrecionalidad presidencial. Ese doble proceso ha provocado un fenómeno cruzado, que resulta muy desconcertante para diversos ciudadanos, analistas y políticos, que se hacen la siguiente pregunta: la menor presencia del presidente en algunos ámbitos de la vida política ¿se debe al debilitamiento de la institución presidencial, o al fortalecimiento de las instituciones que sirven para contener, controlar y supervisar al poder ejecutivo? Evidentemente, no es lo mismo una presidencia débil que una presidencia más acotada; lo primero es característico de un sistema institucionalmente frágil (sea autoritario o democrático); lo segundo es propio de una democracia, aunque se muestre sólida y firme. Lo primero es perjudicial para la vida política en general, pues puede derivar en una situación de ingobernabilidad y, eventualmente, de inestabilidad política. Lo segundo no es en sí mismo riesgoso pues, por el contrario, reduce las probabilidades de un abuso del poder y fomenta la rendición de cuentas del jefe de gobierno, elementos esenciales de la democracia política.

En México —y en particular durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo—, en el debate sobre la presidencia (en el cual el propio presidente ha sido frecuente participante) se confunde a menudo una presidencia débil con otra acotada. Pero la distinción entre una y otra no es clara. Los cambios que se han observado en la acción presidencial, en las decisiones en las que interviene o deja de intervenir, no son fáciles de ser clasificados y explicados como resultado del debilitamiento institucional de la presidencia, o del fortalecimiento de otras instituciones democráticas. El país vive ambos procesos de manera simultánea (lo que es típico de cualquier proceso de democratización), que se proyectan sobre la institución presidencial.

El propio presidente Zedillo insistió varias veces en que la suya no era una presidencia débil, sino acotada, producto de la democratización que vive el país. Es natural que el presidente deseara proyectar esa imagen, y no una de fragilidad institucional o personal. Pero no siempre eso ha sido resultado de una auténtica democratización, aunque en muchas ocasiones sí. Por ejemplo, sin duda alguna las inusitadas dificultades que ha encontrado el Ejecutivo para hacer pasar sus iniciativas en el Congreso desde 1997, se deben a la nueva composición de la Cámara Baja, en la que por primera vez el PRI ya no detenta la mayoría absoluta. Desde luego, ello no se ha traducido aún en la capacidad institucional para llamar a cuentas al jefe de gobierno; se percibe todavía un trecho que no parece pequeño, para alcanzar esa posibilidad. En cambio, otros movimientos responden más a un creciente vacío presidencial, que está siendo colmado por fuerzas que poco o nada tienen de democráticas. Varios gobernadores han desafiado abiertamente la autoridad presidencial, haciendo caso omiso de ciertos lineamientos surgidos desde el poder ejecutivo, lo que recuerda las primeras etapas de la institucionalización política de la postrevolución, cuando el poder se encontraba disperso entre caudillos y caciques regionales.

De cualquier manera, la presidencia sigue siendo un eje a partir del cual el proceso de cambio político podría lograr un cauce institucional —en caso de que se ejerza un liderazgo adecuado—, o salirse de él —si los hilos presidenciales son manejados de manera insuficiente o inadecuada—. No puede prescindirse, en todo caso, del arbitraje y conducción del presidente, pero ello tendría que hacerse no para frenar la democratización (como ocurrió durante décadas) sino para impulsarla, conducirla, y “protegerla”, de alguna manera, de las fuerzas y personajes que no se encuentran muy a gusto con el derrotero de cambio político por el que se ha enfilado el país en los últimos años.   n

José Antonio Crespo. Profesor del CIDE. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México.

Maestría en Sociología y Doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana. Su más reciente libro es Fronteras democráticas en México: Retos, peculiaridades y comparaciones (Océano-CIDE).

Engañando a un candidato

Engañando a un candidato

Por Jorge G. Castañeda

Próximamente aparecerá el nuevo libro de Jorge G. Castañeda, bajo el sello de Alfaguara. Se trata de La herencia, un estudio sobre los procesos sucesorios, a partir de las declaraciones y los relatos de los últimos cuatro ex presidentes de México y de los excandidatos derrotados. Ofrecemos uno de sus capítulos, aquel que cuenta bajo qué circunstancias ocurrió la designación de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia. Además, ofrecemos una entrevista donde Jorge G. Castañeda analiza tos aspectos más importantes de su estudio.

A principios de septiembre. Luis Donaldo Colosio se permitió un pequeño desplante revelador de su estado de ánimo. Normalmente cuidadoso al extremo en evitar signos ostentosos de gasto u opulencia, decidió regalarle un automóvil de lujo a Diana Laura en su cumpleaños; los colaboradores de uno y otro integrante del matrimonio se asombraron ante el gesto; algo ha de haber empezado a sospechar Colosio. Y algo ha de haber comenzado a telegrafiar Carlos Salinas, para que Colosio, con su enorme sensibilidad frente a los humores presidenciales, incrementara su certeza de ser “el bueno”. Al aproximarse las fechas, se intensificaba no obstante la necesidad del engaño del rival; Salinas procedió entonces a hilar con mayor esmero y malicia la malla de mensajes y claves equívocas o falsas en la que va a envolver a Manuel Camacho entre principios de septiembre y finales de noviembre. Resultará tanto más delicada la faena porque la fijación de la fecha del destape escapaba al mandatario: dependía de la Cámara de Representantes en Washington y de la ratificación del TLC.

Una primera señal a Camacho emana del almuerzo organizado por el presidente en Los Pinos el 2 de septiembre: frente a Fidel Velázquez y medio gabinete, Salinas despliega sus conocimientos de los temas nacionales y de la personalidad de cada uno de los precandidatos. Según Camacho, se expresa tan favorablemente de él, que a pesar de declaraciones vehementes en su contra por varios de los comensales, dos vaticinaron por lo menos su nominación al salir de la residencia presidencial. De acuerdo con el propio Camacho, “saliendo de Los Pinos aquella tarde, Fidel Velázquez habló con alguien que lo acompañó en su carro y le dijo: ‘va a ser Camacho’. A mí me pareció que no había duda, Salinas me estaba mandando el mensaje de que yo era el más probable, tanto por lo que dijo como por las deferencias”. Pero en las semanas subsiguientes, el ambiente para su candidatura se deterioró; Salinas desistió de consultarle el contenido de su quinto informe presidencial y fue tentado por los consejos de varios colaboradores de no pronunciarlo personalmente, limitándose a remitirlo al Congreso. Camacho se opuso vigorosamente a la idea, sin percibir la simpatía salinista al respecto; los bonos de Camacho se desplomaban. Al mismo tiempo, los de Colosio subían: en la prensa nacional proliferaban notas y columnas favorables al secretario de Desarrollo Social, junto con referencias escépticas o francamente críticas al regente. Alfonso Durazo, el secretario particular de Colosio, anota cómo desde principios de noviembre fluyeron fondos de la Presidencia para orientar a la prensa en dirección de Colosio. Hoy Camacho reconoce con resignación: “Desde el informe presidencial, Salinas ya había decidido por Colosio”. En la señal tal vez más visible de todas, Colosio busca a Camacho días después del informe, en vísperas de la votación en Estados Unidos, y por ende del destape. Resulta difícil, pero no imposible, creer que en esos momentos Colosio haya tomado la iniciativa de entrevistarse con su rival más peligroso sin una indicación presidencial correspondiente. Para Colosio únicamente permanecían Camacho y él en la contienda; a la protesta de Camacho a propósito de Zedillo, subrayó con cierta autosuficiencia la completa falta de perspectivas del secretario de Educación. Según Camacho, Colosio concluyó la tertulia afirmando su certeza frente a la inminente victoria de Camacho. Cabe cualquier interpretación del encuentro y de la conversación; José Luis Soberanes, subsecretario y amigo de Colosio en Sedesol, y uno de los responsables ulteriores de su campaña, recuerda cómo en efecto Camacho y Colosio se reunían una vez al mes; en uno de los últimos conciliábulos previos al destape —posiblemente el mismo evocado por Camacho— Colosio compartió con Camacho su evaluación, favorable al regente, entregándole una lista de cinco colaboradores suyos, para los cuales solicitaba apoyo.

Pero la discrepancia del Jefe del Departamento con Salinas a propósito del informe presidencial, aunado a la obvia necesidad de Salinas de preparar a Camacho para su derrota y a Colosio para su victoria, generó asperezas crecientes entre los dos viejos amigos de facultad. Las tensiones se extreman el 20 de noviembre, en el desfile tradicional del día de la Revolución, dos días después de la ratificación del TLC en Washington y ocho días antes de la proclamación de la candidatura priista. En el balcón presidencial. Camacho siente el frío presidencial: allí cobra conciencia de que la decisión estaba tomada, lo cual desencadena una dinámica que tardará años en apaciguarse. Al concluir el desfile. Salinas convoca a una junta de gabinete en Palacio para festejar la aprobación del TLC, y externa un reconocimiento público a Jaime Serra y a José Córdoba. En la opinión de Camacho, las señales de sustancia y de forma se tornaban inequívocas, incluyendo una ostensible invitación al secretario de Desarrollo Social por un ayudante presidencial para almorzar a solas ese día con Salinas en Los Pinos. Para Camacho, y sin duda para otros miembros del gabinete igualmente sensibles pero tal vez menos valientes, extrovertidos o ambiciosos, celebrar la consumación del TLC el día de la Revolución, y atribuirle el éxito de la gestión a José Córdoba equivalía a un acto lindando en lo insultante, revelador del afán desbordado de poder y de trascendencia transexenal del salinismo. El Tratado de Libre Comercio dejaba de ser un instrumento de política económica, objeto de acuerdo o no, para convertirse en la pieza esencial de un dispositivo cuyas dimensiones y ramificaciones sólo aparecerían más adelante, si bien algunos de sus ingredientes —como los recurrentes globos de ensayo sobre la reelección lanzados durante el sexenio— daban una pauta de la magnitud del proyecto.

Camacho, como todo aspirante finalista vencido, ponderó sus opciones en la víspera del desenlace. El tiempo apremiaba: el de Salinas, ya que seguramente tendría que develar a su candidato antes de la próxima visita del vice-presidente Al Gore de los Estados Unidos, programada para fines de mes; para el propio Camacho, cuya comparecencia ante la Cámara de diputados el miércoles 24 de noviembre representaba la última oportunidad de influir públicamente en la sucesión presidencial, en un sentido u otro. Decidió buscar una confrontación privada con Salinas, para exponer los argumentos a favor de su candidatura y contra la línea política que reflejaría la designación de Colosio. Se propuso también objetar ciertas declaraciones de Salinas y responder a algunas de las críticas dirigidas en su contra. Recuerda hoy cómo “antes de hablar ese lunes con Salinas, pensé seriamente en lanzar mi candidatura a la presidencia el día de mi comparecencia. Decidí que era correcto hablar antes con Salinas. Todo indica que lo que siguió fue un engaño para controlar la situación”. En efecto, es probable que alguien del equipo cercano del regente le comunicó al mandatario la eventual intención de Camacho de adelantarse, mediante un clásico madruguete, o a través de un anuncio novedoso y adelantado de su propia aspiración. Si faltara algo, la conversación del día siguiente convenció a Salinas del tremendo peligro enfrentado por la pulcra e indolora sucesión de sus sueños.

Camacho reproduce en sus Memorias el guión de los comentarios destinados a ser expuestos a Salinas; el expresidente se limita, en su entrevista para estas páginas, a corroborar la esencia de la conversación, sin admitir que los detalles proporcionados por Camacho concuerden necesariamente con sus reminiscencias. En donde Salinas sí coincide con Camacho es a propósito de la respuesta escueta, sin contemplaciones, esgrimida frente a la tesis central de Camacho sobre las dos líneas confrontadas a lo largo del sexenio: una de apertura y otra de retroceso autoritario; una dura, y otra de conciliación, una decidida a abrir el sistema político, otra a cerrarlo. Salinas concluye la discusión y se despide con un remate inapelable: “En este sexenio sólo ha habido una línea, Camacho: la del Presidente”. Fracasa la tentativa del regente de introducir el tema del futuro personal y político de su amigo. (“Contigo”, le había dicho, “habrá un cierre menos difícil, una buena elección y un país en paz. Sabré mantener tu prestigio nacional e internacional; no al retiro, sino formas nuevas de aprovechar tu capital político en beneficio de México; admiración por tu talento y tu trabajo”: compromisos que hoy tal vez añore Salinas.) Camacho se acuerda todavía de las últimas palabras del presidente al salir del despacho: “En la puerta, al despedirse, Salinas dijo: ‘La decisión sobre el candidato no está tomada’ “. La realidad era otra, pero Salinas debió moverse ágil y rápidamente para atajar el desborde de su amigo.

Arranca ese mismo lunes; en la tarde, Patrocinio González, ya con la ratificación del TLC, resignado a ser únicamente el custodio de la sucesión y no su protagonista principal, invita a Camacho a una cena la noche siguiente, con los colaboradores más cercanos del presidente. Acudirán los mismos de la comida en Los Pinos de principios de septiembre, con la excepción de Fidel Velázquez, Aspe, Lozoya, Colosio, Fernando del Villar del CISEN, Camacho, Zedillo, Jaime Serra. La cena se desenvuelve de manera previsible: los partidarios de José Córdoba, principalmente Ernesto Zedillo, sostuvieron una acendrada e inteligente defensa del papel del asesor presidencial en la negociación del TLC; Jaime Serra advirtió que los ataques al equipo negociador se debían a desacuerdos fundamentales con el modelo económico. Camacho se limitó a exponer los mismos argumentos esbozados ante Salinas el 20 de noviembre en Palacio, con un pequeño matiz: no era conveniente atribuir el mérito del TLC a Córdoba y no a Salinas. En eso llegó, justamente, Salinas. Asistía a la sobremesa para perseverar en el engaño, e impedir que Camacho aprovechara la tribuna del Congreso al día siguiente para su autodestape. Su objetivo era uno solo: convencer al regente de la vigencia de su candidatura, insinuándole que si se atenía a las reglas, podía ganar, mientras que una ruptura con las tradiciones lo condenaría a la derrota y al ostracismo. Para lograr este propósito, el mandatario echó mano de toda la seducción y simulación de las que era capaz. Reprodujo en sus intervenciones los razonamientos de Camacho; exhibió un cariño y respeto excepcionales hacia él; al hablar de cada uno de los presuntos precandidatos, se mostró especialmente elogioso de Camacho, y en alguna medida humillante frente a Colosio. Según Camacho: “En la cena, Salinas dijo de Colosio: ‘Su mayor mérito es haber trabajado con Camacho’. Salió Salinas un momento y Donaldo se abatió, se puso a mirar las luces del candil a través de su copa. Se sentía ofendido”.

No sabemos si ese Colosio era ya un candidato ungido, desenvolviéndose con la absoluta certeza de su triunfo, dedicado en cuerpo y alma a disimular su regocijo, o un aspirante deprimido, objeto del mismo engaño de Salinas. José Luis Soberanes cree que su jefe fue informado de su victoria desde el miércoles, es decir el día siguiente (otros colosistas citan el jueves o incluso el viernes como día del anuncio privado), pero confirma lo esencial de la descripción de Camacho: “Salinas elogió a todos”, y luego a Camacho más que a Colosio. Otras fuentes convienen en un punto: Colosio terminó la velada desconsolado, convencido de su derrota.

En todo caso, el mismo miércoles, Colosio y Camacho acompañan al Presidente a una acto de vivienda en la Magdalena Mixhuca; allí, según Camacho, Colosio lamenta (en relación a la cena de la noche anterior) que “estas cosas sean demasiado duras; Manuel, para el futuro, esto ya no debe volver a suceder”. Del acto, los dos finalistas se trasladan al aeropuerto en la camonieta presidencial; en el camino, de acuerdo con la versión de Camacho, “Salinas no hizo otra cosa más que felicitarme por mi comparecencia (llevada a cabo esa misma mañana en la Cámara) y preguntarle a Colosio si no le había parecido magnífica”.

Salinas tenía de qué felicitarse a sí mismo: Camacho había perdido su última oportunidad para saltarse las trancas. A partir de ese preciso instante, al iniciar Salinas su gira por el Pacífico, se dedica a la otra vertiente de la doble tarea en curso: contentar a Colosio y acabar de izar la capucha. El miércoles en la noche tiene lugar una cena en Ciudad Obregón con don Luis Colosio, el padre de Donaldo, y toda la familia del hijo predilecto de Sonora. Asisten también José Carreño, encargado de Comunicación Social de la presidencia, y el gobernador del estado y furibundo colosista, Manlio Fabio Beltrones. Ya en la tarde Salinas, al llegar a Ciudad Obregón, había recurrido a dos nuevos guiños: referirse a Sonora en su discurso como una tierra de triunfadores, y aconsejarle a dos periodistas incluidos en la gira y especialmente allegados al mandatario. Fidel Samaniego y Joaquín López Doriga, tratar bien a Colosio: “Les conviene”.

Salinas rebosa de afecto por los familiares de Colosio; según Soberanes, allí fue cuando Colosio tuvo conocimiento de su designación, y donde se restañaron las posibles heridas abiertas durante los días anteriores. Beltrones retiene una impresión ligeramente distinta: la comitiva se retiró temprano esa noche, porque habían sido requeridos por Salinas la mañana siguiente a las siete para correr en la Laguna del Nainari, de donde Alvaro Obregón lanzó su gesta reeleccionista en 1927. Al comenzar los tres la carrera matinal, Salinas y Colosio aprietan el paso; Beltrones por tacto o impreparación fisica se rezaga; en su opinión fue en el transcurso de esos minutos solos cuando Salinas pronuncia las palabras mayores. Sin coincidir del todo con la versión expuesta por el ex presidente en su entrevista, no la contradice; como le confió Colosio a Samuel Palma en Guadalajara el viernes de esa semana, volviendo a la Ciudad de México: “Ahora sí, Palma, ya me llegó la capucha hasta aquí”, apuntando a sus ojos. Salinas debe haber verbalizado lo posible el jueves en la mañana, sin formalizar el anuncio; la señal definitiva vino el sábado en la tarde en México, si seguimos el relato salinista. Colosio regresa de viaje el viernes en la noche, y ordena a Durazo citar a una reunión de delegados de Solidaridad para el lunes. Se desaparece el sábado entero; parte del tiempo lo consagra a visitar a Salinas; la otra, aparentemente, a preparar a su familia y redactar su discurso de toma de protesta.

El domingo se produce la postulación de Colosio; Camacho piensa en insubordinarse, procura buscar a Salinas, y se rehusa a felicitar a Colosio antes de hablar con el presidente. Salinas accede, pero se niega a ofrecerle explicaciones a su colaborador y compañero. Se limita a solicitarle a Camacho su salida de la regencia, proponiéndole las dos carteras mencionadas por el mismo Camacho al principio del sexenio: Relaciones Exteriores o Educación. El Jefe saliente del Departamento reflexiona, consulta con sus colaboradores más próximos, y acepta la Cancillería. Ante el desconcierto de los colosistas, el presidente le brindará a Beltrones tres semanas después, en Osaka, una explicación: “Conozco bien a Manuel; es mejor tenerlo dentro del gabinete que fuera. Un secretario de Estado a seis meses de la elección ya no puede ser presidente”. En efecto, Salinas seguía temiendo la reacción de Camacho a su derrota y engaño, porque había sufrido en carne propia el desahogo equivalente de Manuel Bartlett, seis años antes. Por ello releva a Camacho del Distrito Federal: de ninguna manera deseaba dejar la organización de los comicios en el Valle de México en manos del aspirante vencido, frustrado, amargado. Pero nunca imaginó Salinas que sus propias culpas ante los excesos de manipulación y malicia presidencial con Camacho lo conducirían a extremos desmesurados de reconciliación y compensación, y a fuentes de infinitos malentendidos. n

Jorge G. Castañeda. Crítico y analista de política internacional. Doctor de Historia Económica por la Universidad de París. Es autor, entre otros libros, de Límites en la amistad México-EU y La utopía desarmada.

LA HERENCIA SUCESORIA

UNA ENTREVISTA CON JORGE G. CASTAÑEDA

¿Tu investigación de las últimas sucesiones presidenciales confirma que los últimos presidentes mexicanos eligen como quieren a su sucesor sin otra restricción que su voluntad?

Sí y no. Creo que al final es como ellos quieren. Creo que no hay vetos y no hay consultas. Nunca las hubo, aunque de eso tengo menos certeza, pero por lo menos desde López Mateos, según Humberto Romero, es decir, desde 1964. no hay consulta, no hay realmente vetos formales o explícitos. Tampoco hay consenso: es al que quieren. Ahora bien, es al que quieren entre un grupo ya preseleccionado, los integrantes del gabinete y de secretarías de cierto tipo. En teoría, podría entrar el de la Reforma Agraria o el de Turismo, o el de Recursos Hidráulicos, o uno así, pero en principio no. Es decir, hay un universo limitado, acotado, preseleccionado, y es en esa preselección donde sí creo que se presentan las restricciones o los acotamientos al poder presidencial. El presidente no nombra al que quiera, o si quiere poner a alguien raro, tiene que colocarlo. La mejor prueba, por supuesto, es López Portillo. Echeverría lo inventa, pero para inventarlo tiene que pastorearlo por distintas dependencias: es subsecretario de Patrimonio, director de la Comisión Federal de Electricidad y finalmente secretario de Hacienda. Echeverría no hubiera podido nombrar como candidato a un subsecretario de Patrimonio, ni siquiera a un director de la Comisión Federal de Electricidad. Tenía que llevarlo hasta que llegara al gabinete y, en efecto, los vetos, acotamientos o las restricciones se hubieran ejercido en el camino para llevarlo a esas posiciones de gabinete. Hasta donde yo lo entiendo, ese es el mecanismo. Si un presidente se empeña en llevar a alguien, se da el tiempo y el trabajo necesario para hacerlo; prácticamente puede meter al que quiera. ¿Cuales son las constantes políticas de los procesos sucesorios incluidos en La herencia?

Más que constantes hay una alternancia, un campo de variaciones, entre lo que llamo las sucesiones por descarte y las sucesiones por decisión. Las primeras se dan cuando al final el presidente se ve obligado a escoger a alguien porque es el único que queda, no porque es el que quiere. Hay una alternancia entre eso y la sucesión por decisión que ocurre cuando el Presidente decide desde temprano (el primer año, el segundo año) a cuál quiere, y básicamente se empeña, se ocupa de hacerlo llegar, en el entendido de que, por supuesto, se puede matar en el camino, tropezarse, descalabrarse, equivocarse. Pero el Presidente se dedicará a que eso no suceda; lo protegerá. Me parece que en ambos casos, como describo, figura siempre el engaño. En el caso de las sucesiones por descarte, los precandidatos engañan al Presidente, haciendo quedar mal a los demás para descartarlos y para que al final sólo quede uno, él. Y está el engaño del Presidente a los rivales no viables, en el caso de las sucesiones por decisión, haciéndoles creer que pueden ser cuando en realidad no. Por eso en el libro se nota una peculiaridad: los presidentes, los cuatro expresidentes, nunca quieren reconocer que uno de los precandidatos que les tocó, en realidad nunca estuvo porque no quieren ofenderlo. Pensemos en Echeverría. Los engañados, Moya Palencia y Muñoz Ledo, no quieren reconocer que fueron engañados, pero eso no quita que el engaño sea una pieza central del dispositivo. Cada sucesión tiene costos, ventajas y desventajas, y son constantes.

¿Cómo valoras históricamente el mecanismo de sucesión presidencial que has estudiado? ¿Te parece que ha traído más males que bienes a la vida pública? Visto históricamente, ¿cuáles son los males mayores?, ¿cuáles son los bienes, si alguno?

Fue una pieza indispensable, central, del sistema político. Sin ese mecanismo no se hubiera logrado la estabilidad ni la continuidad en la transferencia del poder que viene a partir de 1934, la primera transferencia realmente pacífica y ordenada. Desde entonces, todas lo han sido. No se puede estar a favor de la continuidad y de la estabilidad mexicana de estos últimos sesenta y cinco años sin reconocer que fue posible gracias al mecanismo sucesorio, y esa es su virtud principal. Preguntarse si hubiera sido posible establecer, escoger, construir un mecanismo sucesorio diferente que no comprometiera la estabilidad y la continuidad ordenadas, es hasta cierto punto ocioso. Es de esas preguntas “contrafactuales”, como dicen los economistas. Ahora bien, lo que me parece importante destacar es que aún aceptando que sin ese mecanismo no se hubiera producido la estabilidad que conocimos y que tantos beneficios reales le trajo al país, ese mecanismo ya encerraba una serie enorme de desventajas, costos e inconvenientes. Entre ellos, como he dicho, el engaño, las trampas que se hacían unos a otros y que siempre involucraban a la política económica, la represión, la corrupción, etc. Entre ellos también figura el desperdicio de la mejor gente, la entrega de la presidencia y del poder a individuos que no necesariamente están capacitados para ejercerlo porque las virtudes que aquí se deben tener para llegar a la presidencia no son las virtudes que se valoran en otros países, ni son necesariamente las virtudes para gobernar. Pueden salir presidentes muy malos, o buenos en algunas cosas pero muy malos en otras, gracias a este mecanismo. El mecanismo sucesorio le fue quedando chico al país, y sin duda debió abandonarlo en los años setenta, o en todo caso en los ochenta. La coincidencia casi perfecta entre crisis económica y fin de sexenio, es decir, funcionamiento del mecanismo sucesorio, esa coincidencia casi perfecta, como digo, no lo es. No es algo aleatorio, pues existe una relación causal entre el mecanismo sucesorio y las crisis económicas a partir de 1976. En mis ensayos trato de explicar, por ejemplo, cómo la insistencia de Echeverría de colocar a José López Portillo y al mismo tiempo de ubicarlo en Hacienda impidió que se devaluara la moneda a tiempo en México antes del 76. Eso a su vez trajo la crisis de 76. Lo mismo sucedió con la de 82. Si lo que planteo en mi ensayo es cierto, a saber, que SPP, y hay una discusión sobre quién en SPP, si SPP subestimó deliberadamente la magnitud de la crisis a ojos del presidente, para que el presidente no procediera a un recorte presupuestal y a un ajuste a tiempo, el ajuste habría perjudicado o anulado las posibilidades de llegar a la candidatura de Miguel de la Madrid. En conclusión, me parece que con el tiempo el mecanismo fue desgastándose y economizándose, y por tanto entrañó un costo cada vez más elevado y ahora exorbitante para el país.

¿Qué ha cambiado en México en materia de sucesión presidencial?

Es un poco lo que he dicho. El aspecto económico se ha conjugado con la sucesión presidencial de una manera demasiado precisa y exacta, a un costo muy elevado. Ahora bien, la emergencia de una oposición a partir de 88 ha cambiado las reglas del juego. Por razones conocidas, ya no gana necesariamente el del PRI. y las virtudes o las características que requiere el PRI para tener al mejor candidato ya no son las mismas.

Tres preguntas en una. De los presidentes que has estudiado, ¿cuál presidente hubieras preferido tener como jefe? ¿Poiqué? Si hubieras sido presidente, ¿a cuál de los presidentes hubieras escogido como sucesor? ¿Por qué? Si hubieras sido precandidato a la presidencia, ¿a cuál hubieras querido tener como presidente? ¿Por qué?

Quisiera hacer una breve reflexión sobre cada uno de los cuatro ex presidentes con los que pude conversar y cuyos periodos y desempeños pude estudiar hasta cierto punto. Me parece que el político puro, intuitivo, más calculador, más hábil, más arraigado en la realidad mexicana, fue Luis Echeverría, sin la menor duda. Fue un presidente tremendamente calculador, frío; un estratega, un ajedrecista, que condujo así su propia llegada a la candidatura a la presidencia y su propia sucesión.

López Portillo era el más ingenuo de los candidatos y de los presidentes, y también el que tenía el mayor bagaje intelectual, la mayor capacidad de abstracción para entender lo que estaba haciendo, pero era el menos político de los cuatro. No diría que era un candidato y un presidente accidental ni mucho menos, pero sí un político accidental, aunque tenía ciertas virtudes de político sobresaliente. Era el mejor orador, el más carismático de los cuatro presidentes, sin la menor vacilación.

Miguel de la Madrid fue quizás el más ordenado, el que llevó su propia campaña para la candidatura con el mayor empeño y orden, pero también sin demasiada imaginación, sin gran vuelo. De la Madrid: un hombre muy inteligente, y obviamente muy organizado, muy escrupuloso en su borde mental práctico-administrativo, pero que no mostró la imaginación necesaria para conducir una sucesión como la de 1988. que se daba en condiciones muy difíciles. En sentido estricto, la de 88 es la primera sucesión y campaña que se dan en condiciones de adversidad económica. En 82, y aun en 76, el destape se da todavía en momentos de auge económico; la crisis viene después. Para 88 la situación era de cinco años de estancamiento económico. En ese sentido. De la Madrid no tuvo la imaginación necesaria para adecuar el mecanismo a una situación inédita; trató con la “pasarela”, no fue una mala idea, pero no funcionó.

   Por último, Salinas me parece muy semejante a Echeverría en cuanto a su carácter de político puro, de animal político, pero más emotivo. Aunque podía conmoverse por la situación de la gente, por la pobreza y la desigualdad, Echeverría era un hombre frío. Tengo la impresión de que Salinas se conmovía con las cosas; era un hombre más emotivo, para bien y para mal. Y aunque en materia sucesoria calculó todo con mucho cuidado, terminó siendo un hombre muy vulnerable. Hay una frase que me suena apta para describir a Salinas; la tengo en el libro: “No sufrió tanto de su perversidad para con los débiles sino de su debilidad para con los perversos”. En el fondo, Salinas no era un hombre, en la presidencia, en la política, tan duro, tan calculador, como parece. Era un hombre con grandes debilidades afectivas por sus amigos, por las influencias de unos y otros, y al final de cuentas eso le hizo mucho daño. Su selección de Ernesto Zedillo como candidato sustituto de Luis Donaldo Colosio muestra esa debilidad.

¿Cual es la lección fundamental de tu libro? ¿Qué es, a tu juicio, lo que hay que leer en La herencia, que no puede leerse en ningún otro libro sobre la presidencia mexicana?

Eso le corresponde decidirlo a los lectores, críticos y estudiosos. Lo que el libro trata de aportar, por un lado, es la visión de los vencedores, es decir, de los cuatro ex presidentes que por definición ganaron sus propias contiendas y fueron los que condujeron la sucesión hacia sí mismos. Dudo que cuenten todo, pero creo que cuentan más de lo que habían contado. En cada uno de los cuatro casos hay un documento muy importante; insisto, insuficiente, pero muy importante porque ofrece una visión para entender el mecanismo de la sucesión presidencial. La segunda parte del libro da, por otro lado, lo que podemos llamar “la visión de los vencidos”. Muestra una visión interna, de cocina, anecdótica en ocasiones, pero con tesis conceptuales intercaladas a lo largo del texto, que cuenta cómo ha sido la lucha por el poder político presidencial en México. No cuenta todo, hay grandes lagunas, hay sin duda errores, hay temas de difícil interpretación, pero sí es una mirada distinta, basada en lo que cuentan los protagonistas con mayor o menor franqueza y confianza, pero ya no desde fuera, sino desde dentro. Si hay alguna novedad es que este es un relato interno. También hay un cierto intento de conceptualizar lo que se cuenta desde adentro, aunque no al nivel de una teoría general de la sucesión presidencial en México. No la puede haber. Insisto, en mi libro hay un intento de conceptualización del relato ofrecido por los protagonistas, en su mayoría excandidatos derrotados, y algunos personajes, grandes personalidades de la política en México de los últimos treinta años, que no necesariamente fueron competidores o no necesariamente perdieron.  n

Evolución política

Evolución política

Por Luis Echeverría Álvarez

El presidencialismo ha sido uno de los pilares del sistema político mexicano. De hecho, alrededor de su órbita han girado los principales reclamos democráticos, que no dejan de tener presente que constituye una de las fortalezas históricas del país. Nexos invitó a Luis Echeverría (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a que respondieran a la siguiente pregunta: “¿qué ha cambiado en la presidencia de México desde que usted dejó de ser presidente?”. Las respuestas llegaron por escrito. Aquí están, para dar cuenta de los cambios ocurridos en México durante los últimos años.

En lo interior:

Una trascendental evolución política: la presencia de partidos de oposición que al canalizar diversas actitudes ideológicas y la expresión de intereses contrapuestos puedan contribuir, ahora, en mucho, al establecimiento de principios comunes para una política general patriótica, de Estado, acorde con la preservación de la soberanía.

Ha cambiado ahora también, la urgencia de profundizar el ineludible significado histórico de la Independencia, la Reforma y la Revolución de este siglo, para permitir a México afrontar mejor, simultáneamente, problemas en lo económico, lo cultural y lo moral, derivados de la “globalización” que hace veinte años no se percibía en el mundo con la magnitud de su actual expansión.

En lo internacional:

Durante 1970-1976 tuvimos la afortunada oportunidad de convivir, intercambiar experiencias y combinar estrategias con los países No Alineados que, en su mayor parte, habían sido colonias de un imperialismo territorial, aún no financiero, anterior a la Organización de las Naciones Unidas.

Nos fue posible, entonces, por ejemplo, crear la zona económica exclusiva para preservar el actual uso soberano de las riquezas del subsuelo marino, particularmente

los yacimientos petroleros, tan codiciados en el mundo.  n

Las puertas del desarrollo

Las puestas del desarrollo

Por José Angel Gurría

Primero, redoblar los esfuerzos en materia de política social con especial énfasis en la superación de la pobreza extrema. La disminución de la pobreza requiere un enfoque integral, sostenido y de largo plazo, con énfasis en el desarrollo del capital humano (sobre todo en educación, salud, alimentación y capacitación), la generación de mayores oportunidades de ingreso y la ampliación de la infraestructura social básica.

Segundo, avanzar hacia una democracia en la que la construcción de acuerdos sea cada vez más la norma y no la excepción. La democracia requiere análisis, diálogo, debate, pero requiere también de corresponsabilidad en la toma de decisiones para cumplir con las expectativas sociales.

Tercero, consolidar los avances en materia económica. Es indispensable continuar trabajando para dotar al país de una estructura económica estable, eficiente y sólida, que permita que continuemos creciendo y que se sigan generando empleos suficientes y bien remunerados. Para ello, se requiere mantener una visión de largo plazo, con instituciones sólidas que le den permanencia a las transformaciones emprendidas, a fin de evitar las crisis recurrentes.

Estas tres prioridades se pueden resumir en crear más y mejores oportunidades de desarrollo para todos y cada uno de los mexicanos.

Todo esfuerzo o actividad humana es perfectible. No se puede construir un mejor país con base en dogmas o en recetas infalibles. Aun así, estoy convencido de que, en sus principales rasgos, la política económica actual de nuestro país es la adecuada a nuestra realidad. Esta política ha permitido importantes avances estructurales que nos dan la oportunidad de mantener altas tasa de crecimiento de manera sostenida.

Entre los logros de la política económica podemos contar un crecimiento sostenido, aun en la adversidad, como en 1998 o en este año, impulsado por nuestros propios recursos y esfuerzos; una importante generación de empleos; una mayor participación de los estados y municipios en el desarrollo nacional; una más intensa participación de nuestro país en la globalidad; una reforma estructural que permite que los mexicanos tengan acceso a más y mejores bienes y servicios; es, en suma, una política económica que concilia la libertad y la equidad a través de la acción solidaria del Estado.

Ahora bien, es indispensable profundizar la reforma estructural en un mayor número de actividades. Se debe avanzar en la desregulación responsable, mejorando la supervisión pública en aquellas áreas que así lo requieran. El consumo de los particulares en nuestro país (personas y empresas) es ocho veces más grande que el consumo del sector público; la inversión privada es seis veces más grande que la pública. El papel principal del Estado es, por tanto, un papel de rector, de orientador del desarrollo social con equidad.  n

José Angel Gurría. Nació en 1950. Licenciado en Economía por la UNAM. Maestría en Desarrollo Económico y Finanzas Públicas por la Universidad de Leeds. Fue director del Banco Mexicano de Comercio Exterior y secretario de Relaciones Exteriores. Desde 1998, es secretario de Hacienda.

La silla y la casa

V

UNA NUEVA MIRADA

En los últimos años, una nueva generación de analistas políticos ha renovado y enriquecido el estudio de la realidad mexicana. La mirada de este grupo de intelectuales ha sabido combinar—en sus libros, sus ensayos y su labor periodística— el rigor de pensamiento con la novedad de ideas. Ante una nueva realidad, es necesaria una nueva mirada; ellos la tienen. Testigos de las reformas electorales, del avance de la competencia partidista, de los gobiernos divididos en distintas regiones del país, de los tiempos largos y pacíficos de la transición mexicana y de los riesgos de la violencia política, estos ensayistas son hijos de las transformaciones democráticas que México ha experimentado en los últimos años. Colaboradores asiduos de nuestras páginas, Nexos los ha invitado de nueva cuenta para que respondan tres preguntas: “¿Hay una erosión en la presidencia?, ¿sigue siendo México un país presidencialista? y ¿cúales son los riesgos y ventajas de una presidencia acotada?”.

La silla y la casa

Por Adrián Acosta Silva

El “paradigma del poder presidencial” en México estuvo anclado durante mucho tiempo en el triple rostro de la figura presidencial: jefe del partido único, jefe de Estado y jefe de gobierno, lo que dio como resultado la formación de un hiperpresidencialismo situado justo en el vértice del doble poder “despótico” e “infraestructural” de los Estados nacionales contemporáneos, para decirlo en palabras de Mann. Esa fue la “normalidad” del régimen presidencialista durante muchos años. Pero con el incremento de la competencia política partidista, resultado de las reformas electorales de 1977 a 1996, la lenta conformación de un sistema de partidos, y los intentos recientes aunque finalmente infructuosos por separar al presidente en turno de las decisiones del partido mayoritario, esos equilibrios han cambiado. Estamos en una fase de transición del paradigma del poder del presidente donde aparecen como factores novedosos: 1) partidos que disputan la mayoría al PRI a escala regional y nacional, 2) presiones para redefinir las relaciones entre el presidente y su partido, y 3) cambios en las reglas de relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Es decir, con el proceso transicional, el tradicional one-party system dio paso a un emergente sistema de partidos que ha significado un desafío creciente al poder presidencial y al diseño institucional del equilibrio de los poderes de la república. La hipótesis de que el régimen político postrevolucionario se encuentra en el umbral de una crisis severa dadas las modificaciones al sistema de partidos que han impulsado las sucesivas reformas electorales desde 1977, no es descabellada. El Ejecutivo debe negociar ya no sólo con los miembros de su partido, sino también con otros partidos políticos, lo que ha incrementado exponencialmente los riesgos y conflictos entre los poderes, en un sistema político donde las tradiciones cooperativas institucionalizadas, abiertas y públicas entre los poderes (más allá de los inevitables juegos de lobby político), no han sido parte de las señas de identidad del régimen político. Ello ha llevado a un desgaste “anormal” del ejercicio de los poderes y facultades del titular del Ejecutivo.

Por supuesto, el factor más importante que explica esa erosión es el desvanecimiento paulatino, persistente e irreversible del sistema de partido casi único. Como ha sido observado insistentemente, la pérdida de la centralidad del poder presidencial ha ido de la mano de la creciente competitividad entre los partidos políticos, lo que ha llevado a la conformación de un incipiente, inestable y complicado sistema de partidos, que a través de la alternancia política y de la aparición frecuente y ya rutinaria de gobiernos divididos en distintas regiones del país, ha significado una pérdida de la centralidad simbólica o efectiva del presidente de la república. La realidad mexicana de los últimos años, tal y como se ha demostrado con el estudio comparado de los regímenes presidencialistas en el mundo, confirma que un sistema multipartidista desafía constantemente la estabilidad y eficacia de un régimen presidencialista, y un sistema de partidos controlado (bi o tripartidista) ofrece mejores posibilidades para el ejercicio de un poder presidencial efectivo.

Pero existe otro factor en la erosión del poder presidencial: los cambios en el comportamiento de los principales actores políticos, es decir, de los partidos. Uno de los saldos cada vez más claros de la larga transición mexicana es que existen cada vez más incentivos a ejercer el poder de bloqueo o apoyo que pueden jugar los partidos políticos representados en el congreso federal o en los congresos locales, acentuándose con ello los riesgos de juegos de suma cero entre el parlamento y el Ejecutivo. Ante la alta competitividad política interpartidaria que ha venido presentándose desde 1988.1a composición del congreso se ha transformado dramáticamente, y el poder presidencial tiene cada vez mayores dificultades para actuar eficazmente, pero ello también se refleja en la reducción de los umbrales de estabilidad y crisis que afectan al delicado vínculo entre la política y la economía en nuestro país. Tomar decisiones clave se ha convertido en un asunto demasiado complicado para el hiperpresidencialismo sin contrapesos que vivimos hasta no hace mucho tiempo, pero también para un parlamento plural que ha aprendido rápidamente a lograr aplazar o bloquear continuamente varias de esas decisiones.

En estas circunstancias, la viabilidad del régimen presidencialista en nuestro país requiere de nuevos arreglos institucionales, es decir, de un conjunto de reformas a la relación entre los poderes, al sistema de partidos y al comportamiento político de los actores. Esa necesidad se vuelve apremiante conforme se acerca uno a los momentos clave del denso proceso de cambios espectaculares y silenciosos que ha sufrido el régimen político en los últimos años.

La silla presidencial sigue ocupando un lugar relevante de la sala del poder político-institucional en México. Lo que ha cambiado es la casa y sus habitantes. Rediseñar el papel de las instituciones y de los actores políticos para reubicar la función y el papel de la presidencia es una tarea de ingeniería constitucional que devería llevar a una redistribución de las facultades, poderes y atribuciones presidenciales, no sólo porque muchas de ellas se han perdido, sino porque se han convertido en un verdadero obstáculo para construir una gobernabilidad democrática en México, que introduzca nuevos mecanismos de check and balances entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que incentive la responsabilidad y la cooperación entre ellos, y que inhiba razonablemente la ineficacia y los juegos de suma cero entre los actores y entre los poderes. El problema central, sin embargo, es que no parece existir un clima político adecuado para el procesamiento ordenado de esos cambios. El espíritu de la coyuntura, nuestro zeitgeist político, dominado abrumadoramente por las prisas y los desacuerdos en casi todo, ha instalado la incertidumbre y el riesgo como parte de los activos fijos del proceso transicional mexicano. Y ya se sabe que en la política, como en el amor, la incertidumbre no mata pero, ay, como fastidia. Reformar el presidencialismo y construir una gobernabilidad democrática significa reducir las incertidumbres y sus efectos corrosivos sobre la confianza política entre los actores, pero ello requiere de un esquema de transacciones políticas que genere compromisos y expectativas que favorezcan la convivencia y la racionalidad de nuestras comunidades políticas. Un esquema que, por lo que se ve, está ausente desde hace ya varios, demasiados años.  n

Adrián Acosta Silva. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, sede México. Ganador del Certamen de ensayo político Carlos Pereyra en 1994. Profesor-investigador en la Universidad de Guadalajara. Miembro del Spanish Languaje Editorial Board de la Education Policy Analysis Archives.

Dispersión no es ingobernabilidad

Dispersión no es ingobernabilidad

Por María Amparo Casar

La idea de erosión tiende a tener una connotación negativa. Por lo general, se refiere al desgaste, al deterioro, a la destrucción lenta y continua producida por un conjunto de factores o agentes. Sin embargo, cuando la erosión se refiere a un poder desmedido, puede cambiar su valencia y convertirse en algo positivo. Es el caso del presidencialismo mexicano.

Después de haber acumulado enormes poderes, tanto la institución como la figura presidencial han visto disminuidas sus facultades y campos de acción y el poder político se ha dispersado en un esquema más acorde con la democracia representativa. De hecho, los cargos contra el presidencialismo mexicano tradicionalmente han sido que aun cuando cumple con los requisitos formales de cualquier sistema presidencial, nunca ha estado realmente fundado en los principios que conforman a este arreglo institucional: la división de poderes y los pesos y contrapesos.

La erosión del presidencialismo en México ha provenido de dos fuentes principales: el fortalecimiento de la oposición y la creciente competencia electoral. El potencial transformador de estos agentes ha sido enorme. Uno de sus efectos principales fue acabar con la estructura tremendamente desigual de accesos y distribución del poder establecida y reproducida por el control que el Ejecutivo había ejercido sobre el proceso electoral, por el control del Ejecutivo sobre los participantes en la competencia, sobre las reglas de la competencia, sobre el conteo de votos y sobre la calificación de las elecciones. Lo que las sucesivas reformas políticas (especialmente las de los años noventa) han hecho es establecer condiciones de competencia electoral cada vez más equitativas y sustraer de manos del Ejecutivo el control sobre los diferentes aspectos del proceso electoral. Hoy por hoy, la mayor parte de los actores políticos reconocen que aun cuando hay áreas que todavía requieren de reformas, México cuenta con reglas electorales si no totalmente equitativas y justas, sí reglas que permiten la alternancia en el poder a los diferentes niveles de gobierno.

La erosión del presidencialismo mexicano puede inferirse entonces del debilitamiento, y en algunos casos de la disolución, de algunos de los supuestos políticos bajo los cuales el presidencialismo se estructuró y operó.

El primero de ellos era que el crecimiento de la oposición podía mantenerse bajo control. Las cifras electorales muestran que esta condición ya no está vigente. El segundo supuesto sobre el que el presidencialismo operó era que el PRI se mantendría como partido hegemónico. Es cierto que ese partido todavía controla la mayor parte de los puestos de elección popular. Sin embargo, hoy el mapa de distribución política del país indica que cerca del 40% de la población está gobernada por un partido distinto al PRI, y que en el Cámara de diputados no hay mayoría para ningún partido. Esto significa que el gobierno unitario se ha desvanecido y que el Ejecutivo ya no tiene la posibilidad real de mantener subordinados a las diferentes ramas y niveles del gobierno aun en condiciones en las que logre mantener la lealtad y disciplina de su partido.

El tercer supuesto sobre el que se estructuró el hiperpresidencialismo fue el de la lealtad y disciplina incuestionables del partido hacia el presidente en turno. También ese supuesto se ha debilitado. Cada vez es mayor la dificultad para mantener la disciplina y unidad. La razón de ello está en que la lealtad, disciplina y unidad estuvieron basadas fundamentalmente en: a) el poder de nombramiento del Ejecutivo en relación tanto a la estructura administrativa como a la partidaria, b) su poder de selección de los candidatos a los puestos de elección, y c) la garantía de que, una vez nominados, estos candidatos obtendrían el puesto de elección.

El tránsito hacia un sistema más competitivo también ha dañado al cuarto supuesto: que el presidente siempre provendría del PRI. La consecuencia política más grave de la desaparición de esta condición es que el presidente queda desprovisto de una herramienta fundamental para ejercer su poder vis a vis el partido. Esto es, en ausencia de la certeza de que el próximo presidente será también un priista, el presidente o candidato presidencial no puede “amenazar” a los miembros de su propio partido en el sentido de que si no se disciplinan su carrera habrá llegado a su fin. Dicho de otra manera, no puede comprar la lealtad o disciplina a cambio de prometer puestos futuros pues ya no puede garantizar que el PRI seguirá en el poder.

Erosionados los anteriores poderes del presidente, hoy tenemos una presidencia mucho más acotada que la que conocimos en las décadas de estabilidad del sistema político mexicano y un sistema presidencial que comienza a respetar los principios de la división de poderes y los pesos y contrapesos. Este feliz acontecimiento no está, sin embargo, exento de riesgos. Riesgos que derivan, por una parte, de la escasa cultura democrática —tolerancia, reconocimiento, negociación— que ha prevalecido en México y, por la otra, del hecho de que el presidencialismo mexicano tuvo como uno de sus principales ejes la inquebrantable unidad de la élite política en torno a la figura del presidente. No es que el tipo de unidad de la élite que conocimos sea saludable en un sistema democrático, pero es necesario reconocer que ante una historia de concentración del poder, necesitaremos un periodo de ajuste para que su dispersión no se traduzca en ingobernabilidad.  n

María Amparo Casar. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es directora de la División de Estudios Políticos del CIDE. Colaboradora de diversas publicaciones académicas. Muy pronto aparecerá su libro. Las bases político-institucionales del presidencialismo mexicano.

¿Tiene remedio nuestro presidencialismo?

¿Tiene remedio nuestro presidencialismo?

Por Carlos Casillas

Al inicio de la presente década Juan Linz abrió el debate sobre el presidencialismo para la ciencia política, con su trabajo ya clásico “The Perils of Presidencialism”. Discutiendo los peligros potenciales del sistema presidencial, Linz subrayó la necesidad de que los países con regímenes políticos en cambio transitaran hacia un modelo de gobierno más acabado y saludable, el parlamentarismo. En estos mismos años, el debate sobre nuestro presidencialismo ha tenido dos rostros. Por una parte la crítica sistemática hacia la institución presidencial, y por la otra la evidencia política de una transformación real de nuestro sistema presidencial. Varios seguidores de Linz en nuestro país han sostenido que el presidencialismo mexicano vive una etapa de franca erosión; para otros, sin embargo, se trata de una polémica más de los círculos académicos que de la realidad política. Cualquier discusión debe partir de un examen previo de cuáles son los indicadores que mostrarían el debilitamiento del sistema presidencial en México.

En el terreno formal y desde el inicio del presente sexenio, el poder ejecutivo ha visto minadas algunas de sus facultades en favor del legislativo y el judicial. El nombramiento del titular del IFE, de los ministros de la Suprema Corte y del Procurador General de la República son ejemplo de una nueva institucionalidad donde el Ejecutivo comparte y hace corresponsables a las otras ramas del gobierno. Otra perspectiva nos indica que los cambios más sustantivos se han dado en el terreno político, específicamente en los poderes defacto que antes se encontraban en manos de la presidencia. En efecto, el Ejecutivo ha dejado de utilizar de manera directa buena parte de las llamadas facultades metaconstitucionales, que Jorge Carpizo señalaba, en 1976, como característica sustantiva de nuestro sistema presidencial. Una tercera interpretación indicaría que el Presidente ha dejado de ser “el monopolio de iniciativas” y el “Gran Legislador”, como producto de la competencia política y de la nueva conformación de fuerzas políticas en la Cámara de diputados tras las elecciones federales de 1997.

En todo caso, si por erosión del presidencialismo se entiende un poder ejecutivo sujeto a límites y contrapesos, en efecto existe un debilitamiento de la institución presidencial. Si, por el contrario, la erosión significa un viraje del presidencialismo autoritario hacia una presidencia republicana y democrática, lo que hemos vivido en los últimos años no es sino la expresión de una nueva relación entre las fuerzas políticas y los poderes de la Unión. Se trata entonces de la paradoja del vaso semi-vacío o semi-lleno. Para quienes añoran el presidencialismo absolutista, el hecho de que el Ejecutivo federal sea criticado por la prensa o no haga proselitismo permanente a favor de su partido, que deje en manos del PRI la selección de sus candidatos o que tenga que negociar cada proyecto de ley con las fuerzas opositoras y aun con sus correligionarios, es la muestra más significativa de la erosión presidencial. Para quienes pensamos, en cambio, que todos estos cambios han significado la parte más sustantiva de la democratización del país, se trata de mirar que lo que la presidencia ha perdido, lo ha ganado el sistema de partidos, el sistema electoral, el Poder Legislativo y el Judicial. Es pensar que el cambio político necesariamente debía pasar, como en efecto sucedió. por la Presidencia.

Una presidencia acotada no debe entenderse como frágil. En todo caso, la fortaleza del Ejecutivo depende de los recursos institucionales y legales de que disponga. Un presidente es fuerte en la medida que los electores deciden apoyarlo con legisladores de su partido y los representantes populares se mantengan disciplinados y unidos en torno al Ejecutivo; un presidente es fuerte si cuenta con los instrumentos constitucionales para evitar que el presupuesto sea rechazado. Pero lo es también por su capacidad para generar consensos a favor de sus propuestas de ley, en el caso de que no cuente con una mayoría parlamentaria, y por la madurez de los partidos para entender las alianzas legislativas como cálculos racionales y proyectos de largo plazo.

El mayor capital del presidencialismo, y paradójicamente su principal debilidad, es ser unipersonal. Un presidente puede ser un gran líder político, con la fuerza suficiente para llevar adelante grandes transformaciones, aquellas que en el parlamentarismo requerirían de muchos años y varias elecciones que podrían incluir que el poder cambie de manos. Pero esta característica unipersonal vuelve también a la institución presidencial blanco de ataques y críticas continuas. En el presidencialismo, el Ejecutivo siempre será responsable de algo, siempre estará sujeto al escrutinio de la popularidad. En tal caso, un presidente acosado por un legislativo hostil y con espíritu de persecución puede ser el peor escenario para la continuidad de la democracia, como bien lo señaló Linz. Ejemplos sobran: Perú con Fujimori. Brasil con Collor de Mello, y aun los Estados Unidos con el affair Clinton-Lewinsky.

El futuro de nuestro presidencialismo está en la capacidad de los partidos para dejar de pensar en la sucesión del año 2000 y continuar el rediseño de las instituciones, para cubrir los vacíos legales que han generado incertidumbre. La formación de mayorías, bajo cualquier esquema electoral, es también la gatantía de un presidencialismo estable. Si los legisladores abandonan su tarea fundamental, el veredicto quedará entonces en manos de los electores. Ellos le darán viabilidad al presidencialismo, su voto en el 2000 producirá un presidente fuerte o débil. La democracia en el presidencialismo es el juego donde el ganador se lleva todo, donde las mayorías pueden aplastar a las minorías, pero también donde los electores pueden fragmentar tanto su voto que pulvericen el sistema de partidos. El camino para evitar estos excesos descansa en la generación de instrumentos constitucionales que fortalezcan a un tiempo al Ejecutivo y a las otras ramas del gobierno. Es, en síntesis, compartir el poder más que dividirlo.  n

Carlos Casillas. Estudió la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM y la maestría en administración y políticas públicas en el CIDE. Ganador del Certamen de ensayo político Carlos Pereyra en 1997. Entre sus artículos destaca “Perspectivas del gobierno dividido en México”.

Razones y sinrazones del presidencialismo

Razones y sinrazones del presidencialismo

Por Luis Salazar C.

Una de las banderas más socorridas pero también menos seriamente estudiadas de nuestra transición a la democracia ha sido el acotamiento legal e institucional del poder ejecutivo. A partir del decreto presidencial de estatización de la banca, diversas fuerzas sociales y políticas han exigido, aunque de manera asaz inconsistente, que se ponga fin a los excesos de un poder personal que, en los hechos, cancelaba la división y el equilibrio de poderes presuntamente consagrado por la Constitución. Un poder parcial y paradójicamente sustentado en la letra y el espíritu de esa Constitución, bajo el supuesto de que sólo así, otorgándole capacidades extraordinarias permanentes, era posible realizar “el programa social de la Revolución mexicana”. Pero también un poder basado en la existencia del partido prácticamente único, capaz de contener y disciplinar a la inmensa mayoría de la clase política y a los líderes de las principales organizaciones obreras, campesinas y populares. Más allá de la letra constitucional, el cuasi monopolio de la política legítima por parte del PRI y sus antecesores fue la clave de bóveda de una lógica ultrapresidencialista que dominó por décadas al sistema político y al propio funcionamiento de la sociedad civil.

Lógica autoritaria, vertical, en ocasiones depredadora, que posibilitó la extraña combinación de un régimen formalmente representativo, democrático y federal con un sistema pragmático de corte absolutista que convirtió por muchos años a las elecciones en rituales vacíos, al poder legislativo en mera caja de resonancia de las decisiones del Ejecutivo en la que. Cuando más, se expresaba una oposición testimonial, y al poder judicial en dócil instrumento de las necesidades y caprichos del señor presidente en turno. Pero por perversa y antidemocrática que fuera esta lógica sistémica, habría que reconocer que su fuerza no sólo se fundaba en la astucia y en la malevolencia de sus titulares, y que tampoco expresaba, como han dicho diversos historiadores y analistas, un Estado fuerte abusando de una sociedad débil.

Muy por el contrario, el presidencialismo extremo fue, ciertamente, expresión y condensación de una sociedad civil desgarrada y degradada por sus desigualdades abismales, pero también y sobre todo manifestación de una institucionalidad estatal precaria, débil e ineficiente. El ogro filantrópico, el oso dadivoso, el Leviatán mexicano, ha sido siempre un Estado profundamente débil e ineficiente en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones esenciales: desde la de imponer y cobrar contribuciones fiscales (de ahí la preferencia por las estatizaciones y el saqueo de las industrias públicas) hasta la de garantizar el imperio de la legalidad y, por ende, la seguridad y los derechos elementales de los ciudadanos (de donde la preferencia por negociaciones casuísticas por debajo o por encima de la ley).

La lógica presidencialista, centralizadora y concentradora de decisiones y responsabilidades, fue el modo en que el sistema logró por mucho tiempo, con éxito, ocultar la debilidad de un Estado, de unas instituciones y de una burocracia totalmente incapaces de funcionar con una mínima autonomía. Pero también fue el modo en que se reprodujeron y ampliaron los vicios de una “República” en la que no podía haber más que un responsable de todo, el presidente en turno, con el agravante de que no era responsable ante nadie (al menos durante el transcurso de su sexenio).

Hoy esta lógica está claramente agotada. Sólo que cabe preguntarse si la distribución de poderes y funciones que ha implicado nuestra transición nos conducirá a una democracia ciudadana (lo que exigiría el fortalecimiento fiscal y legal del Estado), o en virtud de la herencia de ineficiencias, irresponsabilidades y corruptelas del autoritarismo, nos llevará a un pluralismo de corte feudal en el que “señores de la guerra” de diversa índole se disputarán impunemente los restos de una República y de un Estado que fuimos finalmente incapaces de construir y fortalecer.  n

Luis Salazar C. Doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor Titular del Departamento de Filosofía de la UAM (Iztapalapa). Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. A.C. Su libro más reciente es El  síndrome de Platón:  ¿Hobbes o Spinoza? UAM-Azcapotzalco, 1997.

¿Quién tomaria todo?

¿Quién tomaría todo?

Por Yolanda Meyenberg Leycegui

En México se ha exacerbado una de las características que se atribuye a los sistemas presidencialistas: que el ganador “toma todo”. El hecho de que por casi sesenta años la construcción de la autoridad se haya asentado en una dinámica presidente-hegemonía de un solo partido no hace más que suponer que, a pesar de que la Constitución otorga al Ejecutivo provisiones relativamente limitadas, la estructura de representación resulta determinante para explicar el origen tanto de su poder como de su capacidad de control.

Si esto es así, cabría preguntarse: en las condiciones actuales de representación política, ¿cuáles serían los peligros del establecimiento de contrapesos legislativos a las atribuciones del poder ejecutivo?

El que aparece más evidente es al que Linz alude en la definición de la legitimidad en torno a las facultades de los poderes. Dado que el ganador ha “tomado todo” a través de una permanente mayoría legislativa del PRI, con la apertura a una mayor competencia se ha fomentado un discurso en el que la legitimidad del poder legislativo se ha asentado en el descrédito de la oposición a las iniciativas del Ejecutivo. Hasta ahora los representantes en la Cámara de diputados no han sido capaces de emprender una evaluación de la coherencia del ejercicio presidencial en función del programa de gobierno, ni de supervisar la correspondencia entre objetivos y resultados.

El fenómeno de competencia cerrada ha impedido que el caso mexicano se ajuste a los parámetros diseñados para explicar la relación entre el sistema de partidos y la autoridad presidencial. Observar la disciplina de partido, analizar el grado de fragmentación partidista o evaluar el carácter fuerte o débil de los partidos no son, por el momento, elementos contundentes que dicten alguna pista sobre cómo lograr un sano ejercicio del poder presidencial en el país. Se precisan dos condiciones previas para proceder a una ponderación de tal naturaleza:

1)  La transformación del ambivalente perfil de los partidos que se desliza entre una postura leal, manifiesta en su disposición a aceptar los acuerdos institucionales vigentes, en lo que se supone un apoyo al gobierno y un obstinado disenso que emerge del resentimiento de los partidos por el limitado papel que la misma dinámica institucional les impuso por muchos años.

2) El despliegue responsable de sus labores de supervisión; hasta ahora la modalidad adoptada por la tarea legislativa de la oposición de llamar a cuentas al Ejecutivo se muestra no sólo inmadura, sino movida por negociaciones partidistas extraparlamentarias cuyos resultados se encuentran lejos de acotar y mesurar el poder del Ejecutivo.

De no cumplirse esto sería muy probable que al modificarse la correlación de fuerzas de los partidos se derive en uno de los peligros que se atribuyen a los gobiernos presidenciales, el de la ingobernabilidad. En la actualidad la suma de los asientos de las dos principales fuerzas de oposición en la Cámara de diputados (PAN, PRD) representa 49.5%, y si se toma en cuenta que su porcentaje de votos ha aumentado 10% con respecto al total en cada una de las tres últimas legislaturas, puede pensarse que pese a que ahora el PRI es el partido mayoritario no lo será en el futuro.

Sin una cómoda mayoría parlamentaria el presidente ¿podría seguir “tomando todo”? Si no es así, ¿esto significaría el fin de la lógica del ganador “toma todo” o su permanencia en manos de otros actores?

Si la gobernabilidad significa capacidad de hacer gobierno, con un previsible tercio en la representación parlamentaria del PRI, el PAN y el PRD, los acuerdos en la Asamblea de representantes, dadas las características actuales de la oposición, se anuncian problemáticos en un escenario en el que el Ejecutivo tendrá que negociar el apoyo legislativo (hecho que a mi parecer no variaría demasiado en el caso de que la oposición ganara las próximas elecciones generales).

Es cierto que cualquier pronóstico resulta prematuro; sin embargo, de mantenerse la lógica actual, es muy factible que un gobierno fundado en acuerdos efímeros entre coaliciones no corresponsables ponga en riesgo una de las premisas de la democracia en los sistemas presidencialistas: que el Ejecutivo pueda presumir el apoyo habitual del Legislativo hacia su programa. En tal caso la amenaza del inmovilismo y la impertinencia institucional podría resultar el signo del cambio.  n

Yolanda Meyenberg Leycegui. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Especialista en historia política de España, cultura política y política comparada. Doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Coautora del libro Los mexicanos de los noventa.

Funciones por cumplir

Funciones por cumplir

Por Francisco Labastida Ochoa

Señores

Héctor Aguilar Camín, Luis Miguel Aguilar y Rafael Pérez Gay.

Directivos de Nexos – Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.

PRESENTE.

Muy estimados señores:

En respuesta a su amable invitación a participar con mis respuestas en el número especial que Nexos prepara sobre la sucesión presidencial mexicana, me permito expresarles lo siguiente:

En este momento, no me asumo como precandidato de mi partido para la contienda por la Presidencia de la República. Por otra parte, estoy consciente de que algunos representantes de la opinión pública me señalan como uno de los precandidatos.

Sin embargo, aceptar públicamente tal señalamiento, equivaldría de hecho a asumirme como precandidato, en detrimento de las funciones que ahora tengo la obligación de cumplir, por el honroso encargo que me hiciera el señor Presidente de la República.

Por tanto, les ruego que acepten mis disculpas por no poder aceptar ahora la invitación que me han hecho, y que entiendo como una amable consideración de parte de ustedes a mi carrera de servidor público y de priista.

Con respeto y afecto.  n

Francisco Labastida Ochoa. Nació en 1942. Licenciado en Economía por la UNAM. Ha sido secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, secretario de Energía y de Agricultura. Fue gobernador de Sinaloa. Desde 1998, es secretario de Gobernación.

Antes de la certidumbre

Antes de la certidumbre

Por Ricardo Raphael de la Madrid

Más que de erosión de la presidencia, valdría la pena hablar de una profunda metamorfosis institucional que abarca toda la estructura de poder del sistema político mexicano. Una transformación sustancial de los ejes a partir de los cuales se articula la política nacional. Aquí menciono tres de los cambios más sobresalientes.

El Congreso ya no es ese amable lugar cuya única misión era darle legitimidad a la voluntad del Ejecutivo. Muy por el contrario, nuestro poder legislativo se ha visto robustecido como el foro más destacado para la deliberación nacional y, sobre todo, como un espacio privilegiado para la negociación. Baste mencionar que la construcción de acuerdos no se hace más en la Secretaría de Gobernación. Hoy las leyes y las políticas relevantes se negocian sobre todo en San Lázaro. Si bien el Congreso no ha alcanzado toda la estatura para la que está llamado, nadie podría dudar de la energía que la pluralidad democrática ha inyectado en esta institución y la repercusión que este hecho ha tenido para la relación entre poderes.

Otro eje que durante los últimos años ha modificado su comportamiento es el que define las relaciones de poder entre las instituciones que componen a la Federación. Por una parte, durante cada elección local se ha incrementado el número de gubernaturas ganadas por la oposición. Por el otro, el presidente ha dejado de ser el gran decididor de las candidaturas de su partido. Ambos fenómenos han modificado, a su vez, la dinámica de las lealtades entre los gobernadores y el Ejecutivo federal. Digamos que la tácita subordinación que otrora era regla ineludible, se ha modificado para convertirse en una relación más respetuosa y equilibrada entre ambos ámbitos de gobierno.

El tercer eje sobre el cual vale la pena hacer mención es el de la distancia que, por lo pronto, el actual jefe del Ejecutivo ha establecido con su partido. Una distancia que, más allá de los buenos deseos del presidente, tiene que ver con diferencias ideológicas, políticas y programáticas. Cada día menos priistas reconocen al actual gobierno como uno emanado de sus filas. Esta situación ha debilitado la posibilidad que en el pasado tenía el presidente para tejer y movilizar las voluntades de aquellas fuerzas políticas vinculadas al tricolor.

Sin embargo, vale la pena subrayar que este es un rasgo que quizá sólo caracterice a la relación del actual gobierno con su partido. La lógica política en la mayoría de los sistemas democráticos del mundo obliga al jefe del Ejecutivo a mantener un elevado grado de coherencia política entre su actuación y los postulados del partido que le llevó al poder.

Sin lugar a dudas los cambios en la estructura de poder de nuestro sistema político han transformado el papel que juega el presidente de la República. Sin haber abandonado el sistema presidencial, en el actual entramado institucional el presidente tiene un rol más ligero, menos presente en el espectáculo político. Su papel definitorio sobre la política mexicana se ha visto, en efecto, limitado, acotado.

Sin embargo, las ventajas implícitas en el robustecimiento de los demás poderes todavía no expresan sus mejores beneficios. A diferencia de la arbitrariedad con la que se ejerce el poder en un sistema autoritario, el control democrático del poder tiene como principal atributo crear certidumbres, es decir, otorgar credibilidad a las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos. Ese debería ser el puerto de llegada de cualquier transición a la democracia.

Hasta el día de hoy, la transformación que ha sufrido nuestro sistema político no ha podido garantizar esa credibilidad. Los avances democráticos no han reducido la incertidumbre. Peor aún, han paralizado, en diversas ocasiones, el ejercicio de gobierno de los tres poderes. De ahí que podamos hablar de riesgos y posibles descalabros. Quizá se trate de un periodo de adaptación. Quizá nos estemos enfrentando a la disfuncionalidad que caracteriza al sistema presidencial en sí mismo. Todavía es pronto para poder despejar esta interrogante.  n

Ricardo Raphael de la Madrid. Politólogo. Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa. Candidato a Doctor por la Universidad de Claremot. Colaborador de las revistas Epoca y Voz y voto.

Presidencialismo a la mexicana

Presidencialismo a la mexicana

Por José López Portillo

Además de la concepción misma de la Presidencia y la función económica del estatismo y como consecuencia y conexión, hay cambios sustanciales de carácter ideológico, que nos acercan, tal vez fatalmente, a la globalidad imperante y, en esa medida afectan al nacionalismo que, parece, le va quedando chico a las soluciones globales.

Para entender cabalmente las consecuencias, hay que recordar que el Estado-nación se origina en la verdad sociológica del concepto nación que, históricamente, se expresa políticamente a partir del siglo XV. Dentro de las nacionalidades liberadas del Imperio y Papado, surgen las características específicas del Estado moderno; una de ellas, fundamental, la soberanía, es la que más estorba a la globalización, que bien pudiera confundirse con la internacionalización; las demás características se refieren a los derechos individuales, o a la democracia, hacia donde, desde nuestra independencia, nos dirigimos, no sin sobresaltos.

Esto y el fenómeno conexo que resultó de la reforma política como proceso permanente y de los cambios habidos en el tiempo, que de algún modo pueden expresarse como maduración de la democracia y que naturalmente tienen que expresarse como anécdotas, cosas que suceden. Esto va derivando en el cambio de concepciones. Todo lo humano está puesto en la historia. Nuestra obligación es encontrar la estructura en el devenir.

Todo esto lo digo por el presidencialismo a la mexicana: todavía es un sistema político histórico, no un régimen jurídico; nace en este siglo después de la Revolución de 1910 y sustituye al caudillaje del siglo pasado. Inicialmente concebido para resolver problemas por conflictos electorales entre los triunfadores, se ha consolidado a lo largo de este siglo desde Calles y Cárdenas, hasta encontrar su expresión más acabada con Ruiz Cortines y López Mateos.

Sirvió en este siglo XX como expresión del gobierno de la Revolución que la supone, y para concluir la modernización y conducción del país, hasta el punto de formar, con muchos otros, un contexto internacional regido por el capitalismo, que establece su orden y que necesariamente, es a imagen, semejanza y conveniencia de los países poderosos; dentro de él no cabe, claramente, nuestra revolución social, con todas sus consecuencias, como factor de cambio.

En razón del prestigio de Calles, que ya no es caudillo, sino Jefe Máximo, y de Cárdenas, que lo consuma, el presidencialismo, además de las atribuciones constitucionales, como el federalismo, tomado también de la experiencia política norteamericana, va históricamente añadiendo otras atribuciones que no están en la ley, sino en la función pragmática y operativa. La primera atribución es la de actuar como fiel de la balanza en la nominación del candidato del PRI, del que es jefe nato, habida cuenta que el partido apoya al Presidente y se apoya en él, y es un broche que cierra el sistema, dentro del cual el partido ha sido el de las mayorías a lo largo de este siglo, situación que empieza a cambiar por el proceso de la reforma política y sus aportaciones electorales, muchas de ellas presidenciales.

La historia y un consenso pragmático de conveniencia nacional otorgan al Presidente esa función que ha resuelto muchos problemas.

Otra función del presidencialismo que no está en la ley y sí en la historia, es el esfuerzo para organizar las clases sociales de un país sui gèneris, con pasado colonial, sujeto a distintas acciones imperiales que lo obligó a llegar un tanto amorfo a este siglo que acaba. Cárdenas, con la inercia del callismo, organiza a los trabajadores, campesinos y obreros; Alemán impulsa la organización de los empresarios al inducirlos a convertir sus riquezas en bienes de capital y, en consecuencia, impulsa a la burguesía y a su importante función social.

Formadas y organizadas las clases como una de las funciones del presidencialismo, deriva otra para los que seguimos: conducir la lucha de clases. Para esto, entre otros medios, disponíamos del partido.

Hay otras funciones en esta situación, pero haría prolija estas notas con lo que se tiene dicho. Ahora podré ser breve al referirme a los cambios.

Como era de esperarse, el presidencialismo sólo puede ser cambiado por un presidente. El actual Presidente marcó distancia con el partido y renunció, abiertamente, a ejercer la función dentro del proceso electoral. El partido se contrajo y la reforma política (que también hicieron los presidentes) abrió espacios a otras fuerzas políticas. Esa es una diferencia.

Otra diferencia: por su función social indispensable en el financiamiento del desarrollo, los organismos internacionales, que administran y operan el capitalismo, reprimieron implícitamente a la Revolución mexicana y sus concepciones como ideología nacional. Y dejó de hablarse de la Revolución.

Por otro lado el concepto mismo de nación empieza a cambir en el mundo, porque estorba al que probablemente va a ser el perfil global del futuro.

Fuera del presidencialismo y como uno más de los cambios, hay una consecuencia sensible: el Estado ya no es directamente responsable del desarrollo, tan sólo aspira a regirlo. Ahora se confía este desarrollo a la iniciativa privada. Esto ha tenido muchas consecuencias, ha cambiado la concepción de las paraestatales, la economía mixta, su privatización y la política de empleo. No califico, consigno. Es otro concepto.

En suma, hay un cambio en el ejercicio de participación del proceso electoral y de otras funciones consensúales por parte del Presidente, en mengua de la Revolución mexicana.

Hay un olvido del estatismo y de la economía mixta. Hay un cambio en la concepción del sector paraestatal. Hay la privatización de la economía.  n

El ejercicio del Poder Ejecutivo

El ejercicio del Poder Ejecutivo

Por Miguel de la Madrid Hurtado

1 • a partir de 1988, el presidente de la república ha sido electo por una mayoría ligeramente superior al 50% de la votación total, frente a la elección de 1982, que se ganó con el 72%.

2. ha existido la tendencia a que el pr1 disminuya su representación en el congreso de la unión y las legislaturas de los estados. En algunas entidades federativas y en la ciudad de méxico, el PRI ha quedado en minoría.

3. el PRI y el presidente ya no pueden, por sí solos, lograr la aprobación de reformas constitucionales por lo que requieren del apoyo de otros partidos políticos. La misma tendencia se observa en la legislación ordinaria.

4. en general, se observa un pluralismo político más vigente y dinámico.

5. el ejecutivo federal ha dejado de participar en los órganos electorales.

6. la creación de la comisión nacional de derechos humanos constituye una nueva instancia de vigilancia y control de los poderes ejecutivo y judicial.

7. se han limitado las facultades de nombramiento del presidente respecto a los ministros de la suprema corte de justicia, al exigir que se proponga una terna en vez de una propuesta única.

8. se ha condicionado la facultad del presidente de nombrar al procurador general de justicia de la república y al del distrito federal a la aprobación del senado y de la asamblea de representantes de la Ciudad de México.

9. los partidos de oposición han ganado las elecciones en varias entidades federativas y municipios.

10. se ha reducido notablemente el tamaño del sector público paraestatal.

11. se ha diluido el liderazgo presidencial del PRI y su intervención en decisiones de este partido.

12. el poder ejecutivo ya no cuenta con órganos de comunicación social propios en el periodismo escrito y en la televisión, excepto las televisiones de carácter cultural.

13. se han adquirido compromisos internacionales en materia de comercio e inversiones (OMC-TLC) y de orden financiero (FMI) que han limitado el margen de maniobra de    la política económica.  n

Las encuestas: ¿cómo van?

Las encuestas: ¿cómo van?

La carrera hacia las candidaturas presidenciales ya se adelantó; también las encuestas que registran las preferencias de la población por aquellos que hasta hoy aún son aspirantes. Las encuestas que presentarnos miden tan sólo el pulso que se vive en esta hora de sucesión adelantada.

Al abrirse la sucesión presidencial proliferan las encuestas. Para observar este proceso de manera continua, Nexos llevará a partir de este número un seguimiento de las encuestas publicadas con motivo de las elecciones presidenciales del año 2000. Se busca que los lectores cuenten con un marco de referencia adecuado para determinar el estado de las preferencias electorales en un momento dado.

En estos momentos hay más confusión que certidumbres. Algunos estudios señalan que Vicente Fox va al frente, otros aseguran que cualquier priista llevaría la delantera y no faltan los sondeos que encuentran todavía a Cárdenas como el aspirante con mayor popularidad. ¿Quién está mal, los encuestados o los encuestadores? Un poco unos y otro poco los otros.

Para interpretar correctamente una encuesta es necesario observar cuidadosamente cuatro aspectos: la representatividad geográfica de la muestra (nacional o local), qué población está representada y cómo se llegó a ella (la entrevista se hizo por teléfono o cara a cara), si la encuesta es probabilística1, y con base en qué preguntas y cómo llegó el investigador a las conclusiones que presenta. Conocer el desempeño que ha tenido la agencia encuestadora termina siendo la evaluación más importante de los resultados que se están observando.

La mayoría de las investigaciones publicadas no son representativas de la población nacional. Asimismo, la manera de preguntar las preferencias electorales es distinta, lo que influye notoriamente en el resultado obtenido. Además, en algunos casos los tamaños de muestra son insuficientes, o bien los criterios de selección de quien responde no son probabilísticos.

El único seguimiento sistemático de las preferencias con representatividad nacional es el que realiza cada tres meses Re- forma-El Norte, en colaboración con otros diarios locales. La última publicación se hizo en diciembre. En las preferencias por partidos, en esos momentos el PRI estaba al frente, con un porcentaje de intenciones efectivas de voto (44%) algo superior a su votación de 1997. El PAN aparece como segunda fuerza (27%), mientras que el PRD ha disminuido ligeramente su fuerza electoral (22%). No obstante, la holgada ventaja del PRI casi desaparece cuando se cuestiona a los electores sobre su preferencia por alguno de cuatro posibles candidatos. En ese caso, la inclinación por los precandidatos priistas, Francisco Labastida, Manuel Bartlett, Esteban Moctezuma o José Angel Gurría, se sitúa siempre alrededor de 35%, con Vicente Fox apenas por debajo, en torno a 33%, y Cuauhtémoc Cárdenas con un 30%. Si Manuel Camacho se postulara captaría una porción mínima de la votación. A diferencia de lo que ocurre entre los tentativos aspirantes para la candidatura del PRI o del PAN, la inclinación por Cárdenas o por Porfirio Muñoz Ledo sí hace una diferencia que favorece al primero. En términos de tendencias, el Jefe de Gobierno del DF ha descendido significativamente en beneficio de Fox o cualquiera de los priistas puestos a consideración.

Se han difundido resultados de otras encuestas nacionales, pero con representatividad sólo para la población con teléfono. Esta población tiene un sesgo hacia los sectores socioeconómicos medios y altos. Por eso, usualmente el PAN obtiene preferencias ligeramente más altas en estos estudios. En efecto, las encuestas telefónicas levantadas por Alduncin-El Universal y el CEO de la Universidad de Guadalajara en los últimos meses parecen reflejar ciertamente un mayor grado de inclinación por el partido blanquiazul o por sus candidatos que lo reflejado por Reforma- El Norte. Así, por ejemplo, Alduncin-El Universal encuentra que el PRI va a la cabeza en preferencias partidistas (44%), pero seguido por el PAN con más de un tercio de las intenciones efectivas de voto (35%). El PRD se ubica rezagado con menos de 20%. Cuando esta misma encuesta se refiere a candidatos concretos, el panista Fox supera a todos los posibles contrincantes del PRI y del PRD.

Como se puede apreciar, los escenarios electorales pueden ser distintos si hablamos de preferencias por partidos o por candidatos. Ciertamente, la pregunta electoral que incluye los nombres de los probables aspirantes es más realista, pues serán ellos quienes marcarán el paso de las campañas. No obstante, deben tomarse ciertas precauciones. Una primera consideración es que la inclusión de posibles contendientes en la pregunta electoral, por ejemplo, Fox contra Labastida y Cárdenas, implica un escenario hipotético, pues todavía no son los contendientes reales.

La agencia encuestadora escoge los nombres que pone a competir, lo que puede forzar la realidad. Esto afecta básicamente al PRI, para el que todavía no queda claro quién será su abanderado, mientras que tanto en el PAN como en el PRD hay bastante definición. Por otra parte, se obliga a los votantes de partidos “pequeños” a elegir entre personas de las organizaciones más fuertes, lo cual puede traducirse en presentar una fuerza electoral sobrestimada para uno o varios candidatos.

Otra consideración importante es que las encuestas asumen que el proceso sucesorio ya está plenamente instalado en la mente de los ciudadanos comunes, lo que todavía no es cierto. La población común atiende las campañas electorales hasta que están definidos los candidatos. Por eso, antes de que se sepa quiénes van a competir, las preferencias electorales por candidatos reflejan básicamente el reconocimiento de los nombres que los encuestadores les muestran. Por eso no sorprende que durante buena parte del año pasado Cárdenas llevara ventaja en algunos sondeos pues, entre otras cosas, era el único aspirante ampliamente conocido por el electorado. Así, también Fox ha avanzado en la medida en que ha irrumpido con su publicidad en los medios masivos de comunicación. En realidad, habrá que esperar a que el PRI inicie su proceso abierto de selección para que sus prospectos estén en igualdad de condiciones que sus rivales de oposición y, entonces sí. determinar más objetivamente el impacto que tienen entre los votantes.

Algunas preguntas electorales confunden. Por ejemplo, el CEO, Indemerc-Louis Harris y El Universal sacan su conclusión principal preguntando al entrevistado quién es el candidato que le gustaría más o por el que votaría para presidente de la República. La respuesta es a veces abierta y otras está enmarcada en listados de varios precandidatos para un mismo partido. Tales preguntas pueden ser sumamente útiles en la medida en que reflejan las inclinaciones espontáneas de la población, sin circunscribir a la gente a un único contendiente por partido. Sin embargo, su lectura descuidada da pie a interpretaciones ligeras.

El problema de este tipo de preguntas es la posibilidad de que, efectivamente, se mencionen numerosos prospectos para un mismo partido, especialmente cuando no se perfila claramente ningún aspirante. Así, Cárdenas y ahora Fox destacan por el consenso que existe alrededor de ellos en sus propias organizaciones. mientras que, en contraste, surge una lista de varios priistas (Labastida, Alemán, Bartlett, Madrazo, Moctezuma) con menores porcentajes de menciones. Algunos analistas políticos interpretan este hecho como que el PRI está débil y dividido, cuando lo que ocurre es que su proceso nominatorio está menos avanzado. Si se suman los porcentajes de menciones para precandidatos de un partido, se tendrá una idea más fiel de su fuerza. Es de esperar que la mayoría de los ciudadanos que prefieren a priistas respalden a quien finalmente quede como candidato.

Como se mencionó, la mayoría de los estudios publicados sólo tienen representatividad local. Su utilidad principal es proporcionar información que ayude a explicar en términos regionales las variaciones que se den a nivel nacional. Tales encuestas se han concentrado en medir las preferencias en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara o en los estados de los gobernadores que son aspirantes de algún partido. Por ejemplo, según Indemerc-Louis Harris, en el DF Fox ya supera ligeramente a un menguante Cárdenas, en tanto que en la vecina zona conurbada del Estado de México, el jefe de Gobierno capitalino se encuentra apenas por encima de su homólogo guanajuatense. Cualquier posible candidato del PRI se ubica en tercera posición, aunque no muy distante de los punteros. En Guadalajara, el CEO y Berumen dicen que Fox lleva la delantera en ese bastión panista. En sus entidades. Manuel Bartlett y Roberto Madrazo superaban a Fox y a Cárdenas, de acuerdo con Reforma para el caso de Puebla, así como con el CEO y CIOPS para Tabasco.

Sería conveniente que las agencias de investigación en opinión pública y las instituciones interesadas en estudiar el próximo proceso electoral federal realizaran un esfuerzo especial para efectuar encuestas de carácter nacional que permitan subsanar la carencia de investigaciones públicas de ese alcance. Si no aumenta la oferta de estudios nacionales, quienes analizan la contienda presidencial seguirán recurriendo a las encuestas locales para explicar lo que ocurre en todo México. Así, no extrañará ver que, como ya ha ocurrido, se empleen sondeos en Iztapalapa o alguna otra localidad para demostrar el ascenso imparable de algún candidato.  n

1Es probabilístico el método de selección de muestra que asegura que todos los miembros de la población objetivo tengan alguna posibilidad de estar en la muestra y que la probabilidad de seleccionar a cada individuo sea conocida. Las encuestas en viviendas aseguran, por lo menos, que todas las viviendas de la población objetivo tengan una probabilidad conocida de ser escogidas. En cambio, las encuestas levantadas en puntos de afluencia no son probabilísticas. Las encuestas telefónicas que se basan en directorios como marco muestral pueden ser probabilísticas, pero tienen sesgos poblacionales (no toda la población tiene teléfono) y márgenes de error grandes, porque los directorios están siempre desactualizados. Las muestras telefónicas que obtienen la muestra por selección aleatoria del número telefónico son las menos malas, pero hay que recordar siempre que tienen un sesgo hacia estratos altos.

Una nueva República

Una nueva República

Por Porfirio Muñoz Ledo

Preferiría hablar de las prioridades del Estado y de la sociedad mexicana, más que del gobierno, que no es sino una parte del todo en un país democrático. Esas prioridades son, a mi entender, primero, la reconstrucción de las instituciones públicas. A ese respecto, es evidente que un proceso de transición democrática como el que de modo tan lento y accidentado estamos viviendo, debe culminar en una reordenación institucional que genéricamente se llama reforma del Estado y que tiene como fundamento la elaboración de una nueva constitución.

A pesar de las resistencias que este proyecto ha encontrado, nadie ha podido argumentar en su contra suficientes razones. Es fácil probar que todo cambio en un régimen autoritario a un sistema plural representativo de gobierno implica una nueva constitución. Sólo se oponen a ella, quienes no creen que México requiere un cambio de tal profundidad y coinciden con la vía gubernamental de que lo único que el país necesita es el “perfeccionamiento” de su democracia.

Ese cambio constitucional exige revisar a profundidad el funcionamiento del sistema presidencial. Propondríamos un sistema distinto de equilibrio de poderes más cercano a las repúblicas parlamentarias que a los presidencialismos clásicos. Esto es, con una jefatura del Estado garante de la unidad del sistema federal y de la imparcialidad de las instituciones incluyendo al ejército y a la diplomacia y una jefatura de gobierno responsable políticamente frente al Congreso.

Exigiría una profunda reforma de la justicia y del andamiaje legislativo del país; sería una constitución eminentemente federalista; reconocería a su vez la soberanía original de los municipios y los derechos autónomos de las comunidades étnicas y culturales.

Sería una constitución que descentralizara el poder hacia órganos autónomos del Estado, desarrollara legislativamente la independencia de las asociaciones civiles, gremiales y profesionales y transfiriera, a través de métodos de consulta directa y de participación ciudadana en las decisiones públicas, el poder a los ciudadanos. Sería una constitución que definiera con toda claridad cuáles son los derechos humanos a los que estamos comprometidos como nación civilizada y los métodos que garantizarían su eficaz cumplimiento.

Coadyuvaría, en suma, a redefinir los derechos y los objetivos de la nación en tiempos de cambio, con nuevas instituciones democráticas eficaces, representativas, claramente responsables frente a los ciudadanos y respetables frente al exterior. México podría así, cumplir mejor las grandes tareas que requiere en el siglo que viene.

La segunda gran actividad reside en la reformulación de su modelo productivo y distributivo. El país no puede seguir asumiendo una posición subordinada en el proceso de la globalización. Es necesario que se entienda con claridad que la internacionalización de los procesos económicos no implica necesariamente supeditación, sino redefinición de las prioridades nacionales para actuar en consecuencia con el apoyo y consenso de los actores sociales.

2• Los grandes problemas económicos a los que el país deberá hacer frente son los siguientes:

La revisión del marco de sus relaciones financieras y monetarias con el exterior, su papel en la definición del nuevo orden que se gesta en el mundo, mayor control de los flujos de capital y una solución a fondo de la cuestión de la deuda, así como una mayor soberanía monetaria de las naciones. Debe también revisar el marco de sus relaciones con América del Norte en materia comercial, demográfica y política. La evaluación del Tratado de Libre Comercio es obligada, al igual que la consideración de los flujos de inmigrantes en la relación bilateral como factores económicos preponderantes que merecen un trato al menos semejante al intercambio de mercancías y servicios. Ha de revisarse el concepto de frontera en el sentido de que debe haber plena responsabilidad del Estado nacional con los mexicanos en el extranjero, fortalecer sus vínculos culturales, políticos y económicos con todos aquellos que pertenecen al gran México y hacer valer esos derechos frente a las autoridades de todos los países en los que los mexicanos habitan. En el sur, también se deben precisar nuestros compromisos con la comunidad latinoamericana y promover la creación de una unidad política y económica —como acaba de sugerir el director del BID Enrique Iglesias—, también de una unidad monetaria.

México debe definir su política energética de cara al siglo XXI para evitar el agotamiento de sus recursos naturales. Transitar del empleo de energías no renovables a energías nuevas y renovables reduciendo las plataformas de exportación de hidrocarburos de modo que influya en el alza de los precios, y manteniendo como prioridad estratégica la rectoría del Estado nacional sobre la energía.

La cuestión del salario, del mercado interno, de la protección a la pequeña y mediana industria y la transferencia de recursos masivos para la modernización del campo son cuestiones que no se pueden soslayar. México debiera volver la vista de nuevo a sus propias potencialidades productivas y ampliar constantemente su propio mercado de consumidores. Debe, finalmente, replantearse el concepto de desarrollo como desenvolvimiento de capacidades de todo género y apostar al mejoramiento del capital humano como principal activo de la nación.

En tercer término, el país debe plantearse un nuevo pacto social. Uno en el cual, los mexicanos nos comprometamos antes que nada a disminuir las enormes desigualdades que nos han convertido en el país más injusto del planeta y, por lo tanto, en el menos respetuoso de la suerte de sus propios compatriotas.

México requiere adoptar como primera prioridad nacional, en serio y para siempre, la educación. Cumplida prácticamente la obligatoriedad de la escuela secundaria, el país debe comprometerse para el primer decenio del siglo próximo a la escuela de doce grados y a la educación continua para toda la población. Elevar sustantivamente la capacidad de sus docentes e introducir, mediante la cooperación social y un decidido apoyo fiscal, los avances científicos y tecnológicos, que permiten hoy la expansión del conocimiento.

El saber compartido por todos es hoy nuestra mejor arma para un mundo competitivo. La atención a las minorías, a los minusválidos, el respeto a los derechos de las mujeres, horizontes efectivos de empleo, educación y recreación para los jóvenes, así como la integración de un sistema efectivo de salud y la recuperación de la seguridad social en todos sus ámbitos como tarea pública primordial son parte de ese pacto social.

En México debe acabarse la guerra larvada entre los distintos sectores de la sociedad y entre los componentes de la comunidad nacional para arribar a una era de paz y cooperación que sólo será posible mediante el respeto de los derechos de todos.  n

Porfirio Muñoz Ledo. Nació en 1933. Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestría y Doctorado en París. Secretario del Trabajo de 1972 a 1975, presidente del CEN del PRI de 1975 a 1976, secretario de Educación de 1976 a 1977. Senador de 1988 a 1994. Fue presidente del PRD y diputado federal.

Renovar el presidencialismo

Renovar el precidencialismo

Por Jorge Carpizo

El sistema presidencial mexicano se caracteriza por una falta casi absoluta de controles, y por el desequilibrio colosal que se da entre los poderes. En pocas palabras, el sistema presidencial mexicano goza de enormes poderes “metaconstitucionales”, ¿Qué hacer para renovarlo, para que funcionen los pesos y contrapesos constitucionales y para acabar con un régimen autoritario cuyo eje ha sido el presidente de la república ? El siguiente ensayo se ocupa de encauzar estas interrogantes. Se trata de una versión condensada de un texto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicará de manera integral.

En los tiempos antiguos, los griegos solían preguntar al sabio Solón: “¿Cuál es la mejor Constitución?”. El solía contestar: “Decidme primero para qué pueblo y para qué época”. Charles de Gaulle en 1946

En algunos sectores de la sociedad mexicana existe una profunda preocupación por diversos temas  político-constitucionales. Uno de ellos se refiere al sistema de gobierno: si de nuestro sistema presidencial debemos transitar a uno parlamentario. Es decir, existe la inquietud real de conocer si nuestro sistema presidencial es el más adecuado para el México de hoy y para el de los años venideros.

¿Por qué esta inquietud? Porque en las últimas decadas: a) el equilibrio de poderes se ha inclinado decididamente a favor del Ejecutivo, b) el poder legislativo no ha ejercido muchas de sus facultades constitucionales, c) el presidente de la república ha realizado atribuciones metaconstitucionales que lo convierten en la columna vertebral de todo el sistema político, d) los pesos y contrapesos constitucionales no han operado y, e) las libertades y derechos de los mexicanos han quedado en ocasiones a la discreción del poder ejecutivo. ¿Es posible que resolvamos esos y otros problemas con un cambio al sistema parlamentario? En los últimos diez años, dos de los más importantes países de América Latina, Argentina y Brasil, también se plantearon la misma posibilidad, por causas parecidas a las de México, que se pueden sintetizar en el anhelo de mayores y mejores controles al Ejecutivo federal para alcanzar un verdadero equilibrio de poderes que fortalezca a los sistemas democráticos.

La discusión en Brasil fue muy importante. La Asamblea Constituyente de 1987, basada en el proyecto de reformas de la Comisión Arinos, se inclinaba por el sistema parlamentario. Sin embargo, la Asamblea ratificó el sistema presidencial, aunque no en forma definitiva, ya que las fuerzas políticas que se inclinaban por el régimen parlamentario no podían ser ignoradas. El artículo segundo transitorio de la Constitución brasileña de 1988 ordenó que el día 7 de septiembre de 1993 el electorado definiría a través de un referendo la forma y sistema de gobierno: monarquía o república, sistema parlamentario o presidencial. El pueblo brasileño se decidió por las segundas posibilidades: república y presidencial.

En Argentina la reforma constitucional de 1994 también se inclinó por el sistema presidencial pero atenuado o con sujeción parlamentaria —en la expresión de Nogueira Alcalá1—, primordialmente con la creación, en el artículo 100 constitucional, de un jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el congreso federal y cuyas principales facultades se relacionan con la administración general del país y los expedientes de los proyectos de ley.

Nogueira Alcalá subraya algunas ideas ciertas y muy extendidas: el tipo de gobierno de un país no lo definen únicamente los preceptos constitucionales, sino que es necesario considerar también la “Constitución extrajurídica”, la que se basa en prácticas, tradiciones culturales, actitudes y expectativas de los actores políticos, el sistema electoral y el régimen de los partidos políticos.2

El constitucionalista Jorge Reinaldo Vanossi nos alerta con agudeza:

En los sistemas constitucionales hay una regla de oro subyacente, no necesariamente escrita pero que se infiere de la propia estructura de equilibrio que suponen los sistemas de democracia constitucional, según la cual a todo acrecentamiento del poder debe corresponder un vigorizamiento de los controles, un mejoramiento de las garantías y un acentuamiento de las responsabilidades. Dicho con otras palabras: a más poder, más control, mejores garantías y superiores responsabilidades. Esta regla, que exige un correlato entre los problemas de dimensionamiento del poder y los problemas de cualificación de las garantías que hacen al equilibrio de ese poder, está señalando la necesidad de una equivalencia que si se rompe altera la funcionalidad del sistema y ésta entra en una pendiente. Es eso que los sociólogos llaman propiamente casos de anomia, en los cuales va gradualmente desapareciendo el marco de referencia, la sociedad se desencanta, se desmotiva, se desentiende. Hasta la suerte misma que pueda correr el sistema deja de interesarle y se termina en lo que los niños con su inocencia, pero con su gran y certera claridad, dicen en dos palabras: todo vale. Es decir, no hay ya marco de referencia o parámetro entre el bien y el mal, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo permitido y lo prohibido. Estos son los procesos de deslegitimación que tienen por lo general un punto de arranque en el debilitamiento de los sistemas de garantías.3

Aquí se encuentra el gran problema del sistema presidencial mexicano: la falta casi absoluta de controles y el desequilibrio colosal que se da entre los poderes.

Ahora bien, el sistema de gobierno4 —presidencial, parlamentario o

semi-presidencial— opera con la misma Constitución en forma muy diferente de acuerdo al número real de partidos políticos, y en ese número influye el sistema electoral de manera determinante. Es decir, el funcionamiento de los poderes, sobre todo el del Ejecutivo y el Legislativo, asentado en la Constitución, operará en forma diversa según sea el sistema de partido o partidos políticos en esa sociedad. O sea, el sistema de gobierno es una estructura en la cual se desarrolla un proceso político que está en una muy buena parte marcado por el número de los partidos políticos y el sistema electoral. Así, ese sistema de gobierno funcionará de distinta manera si hay bi o multipartidismo, un solo partido o un partido predominante.5

Por décadas, En México hemos conocido el sistema de un partido predominante o hegemónico, en el que la abrumadora mayoría de los legisladores federales y locales pertenecían a ese partido del cual el presidente de la República era el jefe real. Este solo dato es más que suficiente para explicar la carencia de controles por parte del poder legislativo respecto al ejecutivo y el notorio desequilibrio entre ellos.

Aún no está claro como quedará definido el nuevo sistema de partidos en México, pero al existir tres grandes partidos políticos y otros pequeños y al no contar el PRI con la mayoría absoluta en la Cámara federal de diputados, estamos viendo cómo comienzan a ejercerse algunos de los controles que establece la Constitución desde 1917, como es el caso del denominado “poder de la bolsa”, que es tan importante. En otras palabras, todavía no sabemos con precisión cómo operará en la realidad nuestra actual ley fundamental y su sistema presidencial con un sistema tripartito de partidos sumados a otros de tamaño pequeño.

A su vez, cualquier sistema presidencial funcionará muy diferente, dependiendo de si:

a)      El presidente y la mayoría de los legisladores en las dos cámaras legislativas donde existen dos son del mismo partido.

b)      En las dos cámaras legislativas el partido del presidente no cuenta con la mayoría legislativa.

c)      El presidente y la mayoría de los legisladores en una de las cámaras legislativas pertenecen al mismo partido pero eso no ocurre en la segunda cámara. Aquí tiene relevancia si se trata de la cámara alta o de la baja. Esta es la situación que se presenta en México, el presidente de la república y la mayoría de los senadores pertenecen al mismo partido, pero en la otra cámara —la de diputados, que es la más importante por sus facultades respecto al “poder de la bolsa”— ningún partido tiene la mayoría: una coalición de partidos distintos al del presidente puede configurarla.

En las dos cámaras legislativas federales de Estados Unidos la mayoría de los legisladores pertenece al partido contrario al del presidente Clinton. Claro está que ese sistema funciona en forma diversa en caso de que la situación sea contraria a la señalada. Se dan dos diferencias: los controles legislativos que indica la Constitución operan con mayor rigidez y con toda plenitud, y el Ejecutivo está obligado a negociar mucho más con el congreso y a tomar en cuenta a éste en forma tal que sea factible que logre sacar adelante su agenda legislativa. Negociación y más negociación, y el resultado es un mejor equilibrio entre los poderes.

En el sistema parlamentario acontece identica situación que en el presidencial. La operación real del sistema depende del número de partidos existentes en el país —dos, tres, cuatro o más—, y si el partido político que integra el gobierno cuenta o no con la mayoría de los legisladores en el poder legislativo, específicamente en la cámara baja.

En el sistema parlamentario clásico, el inglés, que en realidad es bipartita, si uno de los partidos tiene la mayoría de los legisladores en la Cámara de los Comunes, entonces el primer ministro —que es una parte del poder ejecutivo— es el líder de ese partido y, por ese carácter, por la disciplina de partido y porque los legisladores del partido mayoritario no desean elecciones anticipadas, tiene el control del parlamento6 o, si se quiere, no existe ningún control del Legislativo respecto al Ejecutivo,7 algo que se atenúa si ninguno de los dos grandes partidos consigue la mayoría en la Cámara de los Comunes y resulta necesario coaligarse con un tercer partido pequeño para conseguirla. Entonces, la negociación real se da entre los dos líderes de los partidos que se coaligan para poder formar un gobierno y dentro del marco de la fuerza política que sus partidos tienen en esa cámara.

En estos momentos, ya quisiera el señor Clinton poseer el 10% del control efectivo que el señor Blair tiene respecto al poder legislativo de su país.

Por el contrario, si en el sistema parlamentario existen múltiples partidos, y para poder formar gobierno es indispensable la conformación de coaliciones que no resultan estables, entonces surgirá un gabinete tras del otro, creándose una inestabilidad política que repercute negativamente en el país, como aconteció en la Francia de la IV República y en Italia a partir de la Segunda Guerra mundial. La preocupación en esos países fue introducir elementos del régimen presidencial en sus sistemas, con el fin de otorgarles estabilidad.

Lo mismo que he afirmado de los regímenes presidenciales y de los parlamentarios respecto al sistema de partidos, es válido en lo referente al llamado régimen semi-presidencial cuyo actual ejemplo clásico es la Constitución francesa de la V República de 1958,8 que ha funcionado bien en la realidad y para las circunstancias políticas. Pero esa Constitución funciona en ocasiones casi como un sistema presidencial y en otras casi como un sistema parlamentario.9 Quizá fuera más acertado suprimir el “casi”.

Funciona casi como un sistema presidencial cuando el partido político o partidos afines al presidente de la república cuenta o cuentan con la mayoría de legisladores en la Asamblea Nacional, porque entonces él designa con libertad al primer ministro, quien es de su propio partido y quien le reconoce jerarquía política. Es el presidente quien encabeza el gabinete y quien toma las decisiones de gobierno más importantes.

Pero la misma Constitución francesa de 1958 funciona como un sistema casi parlamentario, cuando el partido político y los afines al presidente de la república no cuenta o cuentan con la mayoría de los legisladores en la Asamblea Nacional o no puede configurar una coalición; entonces el presidente tendrá que designar como primer ministro al líder del partido que tiene esa mayoría o al líder que pueda formar un gobierno; en este caso, es el primer ministro quien gobierna. El presidente, ciertamente, tiene sus facultades enumeradas —reservadas— en la Constitución, pero muchas de ellas se vuelven más virtuales que reales porque quien formula y controla el presupuesto es el jefe del gobierno —el primer ministro— y no el presidente, y si este último no cuenta con recursos económicos para ejercer sus facultades, entonces su papel se parece al de un jefe de Estado en un sistema parlamentario. Desde luego no puede desconocerse que la personalidad del presidente de la república es un factor que influye en todo este esquema.

Ahora paso a las razones de mi postura y a mis proposiciones para alcanzar un sistema presidencial renovado o reformado, en el que exista realmente un equilibrio de los órganos del poder, que los pesos y los contrapesos constitucionales funcionen correctamente, y que el sistema de partidos y electoral fortalezcan al sistema político para que continúe nuestra evolución democrática y el tránsito a un sistema político que elimine vicios y errores de décadas que han tenido como consecuencia un régimen autoritario, con algunos elementos democráticos, cuyo eje y columna vertebral ha sido el presidente de la República.

En México, estoy:

1)  A favor de un sistema presidencial de gobierno.

2)  En contra del presidencialismo.

3)  A favor de un sistema presidencial renovado.

Trato de explicar mis anteriores afirmaciones.

1.   Estoy a favor de un sistema presidencial de gobierno porque:

a)  La experiencia del derecho constitucional comparado demuestra que con él es posible lograr el equilibrio entre los órganos del poder, un control adecuado del poder legistativo respecto al ejecutivo y el fortalecimiento de la democracia. Las actuales democracias en América Latina tienen como uno de sus fundamentos a este sistema de gobierno.

b)  Es posible la negociación entre los poderes y, por tanto, la propia gobernabilidad.

c) Es el sistema que conoce la evolución constitucional de nuestro país, y en estos aspectos tan importantes para la estabilidad política no hay que andar haciendo experimentos teóricos. Ahí están los ejemplos de Estados con un sistema presidencial que de modo artificial pasaron a uno parlamentario y regresaron al presidencial porque la medicina resultó peor que la enfermedad. Un ejemplo es el caso de Brasil en tiempos de Goulart.

d) No encuentro para México ninguna ventaja del sistema parlamentario sobre el presidencial. Al contrario, si en realidad llegamos a configurar un sistema múltiple de partidos, el sistema presidencial garantiza mejor la división de poderes y los pesos y contrapesos entre ellos.

2.   Estoy en contra del presidencialismo, porque:

a)  Es una degeneración del sistema presidencial, en donde se avasalla a los otros poderes y se tiende al caudillismo y a la arbitrariedad.

b) Lesiona al régimen democrático al reducir a los actores políticos reales, concentrando las principales facultades en el poder ejecutivo.

c) Generalmente el presidente ejerce funciones que le corresponden al Legislativo e incluso las que no le corresponden a ningún poder, sino al electorado.

d) Las libertades de las personas pueden peligrar porque en la realidad es difícil detener la arbitrariedad de los administradores.

En las últimas décadas no ha operado el sistema presidencial construido por la Constitución de 1917, sino una forma de presidencialismo que traté de analizar en mi libro El presidencialismo mexicano. A lo que llamo presidencialismo, Karl Loewenstein lo ha denominado neopresidencialismo. Sus rasgos relevantes son, de acuerdo con este autor, la existencia de un gobierno autoritario, la concentración de las atribuciones legislativas y ejecutivas en el presidente, y la subordinación del Legislativo al Ejecutivo, y se diferencia de la autocracia por la existencia de procedimientos constitucionales.10

3. Estoy a favor de un sistema presidencial renovado, porque:

a) Nuestro país es muy diferente de aquel que conocieron los constituyentes de 1916-1917, quienes conformaron un sistema presidencial con sus mecanismos clásicos y sus controles respectivos, dándole amplias atribuciones al presidente de la república.

b) Es necesario lograr un mejor equilibrio de poderes que el que actualmente estructura nuestra Constitución, otorgando algunos controles adicionales al poder legislativo. Aclaro que no estoy en favor de un Ejecutivo débil ni de que la predominancia del Ejecutivo la traslademos al Legislativo. Ni hegemonía ni superioridad de ninguno de los poderes sino equilibrio, pesos y contrapesos. Entre ellos, c) Es indispensable devolver a la sociedad y a los otros poderes las facultades que el Ejecutivo federal les ha usurpado en los últimos decenios. Aquel sólo puede actuar con las facultades que expresamente le señala la Constitución y las leyes y con ninguna otra.

d) La sociedad mexicana desea perfeccionar y fortalecer nuestra democracia y al sistema político que está cambiando y que es imposible que vuelva a ser lo que fue. La sociedad no lo permitiría.

Dentro del esquema de renovación de nuestro sistema presidencial, deben realizarse una serie de reformas constitucionales. Señalo algunas que deben discutirse, porque en este aspecto no habrá de alterarse nuestra ley fundamental sino hasta después de una verdadera discusión nacional que exprese cuál es la voluntad de la sociedad mexicana. Sugiero que entre algunos de esos temas se incluyan los siguientes:

a) Que el congreso posea la atribución de ratificación de algunos de los nombramientos del gabinete presidencial, tal y como acontece en Estados Unidos.

b)       La revisión de la facultad del veto presidencial para que no exista ninguna duda cuando el presidente de la república no posee esta atribución, o con qué modalidad la tiene.

c) La introducción de la figura de jefe de gabinete de ministros, como acontece en Argentina a partir de 1994, quien es nombrado por el presidente de la república; aquél es responsable políticamente ante el propio presidente y ante el congreso nacional que lo puede remover con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de sus cámaras.11

d)       La revisión de las facultades legislativas del presidente de la república para precisar estos aspectos: si tiene atribución para crear organismos descentralizados y desconcentrados como lo ha realizado; los alcances de las normas sobre salubridad general expedidas por el Ejecutivo y la extensión de los “acuerdos ejecutivos” en el ámbito internacional.

e)       La revisión del proceso legislativo para que en la nueva realidad política mexicana no vaya a darse una “parálisis legislativa”, mucho menos respecto al proyecto de presupuesto. El derecho comparado puede ser muy útil en este aspecto.12

f)       La creación de un verdadero y eficiente órgano de control dependiente del congreso respecto a todas aquellas facultades que se refieren al “poder de la bolsa”.

g)       La creación de cuerpos técnicos de alto nivel en diversas disciplinas que auxilien a los legisladores, y a quienes se les asegure estabilidad en el trabajo para fomentar su experiencia. Desde luego serían cuerpos de técnicos apartidistas hasta donde ello es humanamente posible.

h)       La revisión del sistema constitucional de responsabilidad del presidente de la república para que ya no ejerza funciones que no son suyas.

i)       Alguna fórmula que permita la reelección de los legisladores pero con ciertos límites.

j)       La introducción de mecanismos de gobierno semi-directo como el referendo y la iniciativa popular.  n

1 Humberto Nogueira Alcalá: “Los presidencialismos puros y atenuados. Los casos de Chile y la Argentina” en Boletín informativo. Asociación Argentina de Derecho Constitucional, año XIV, número 144. Buenos Aires, 1998, p. 5.

2 Humberto Nogueira Alcalá: op. cit., p. 3.

3 Jorge Reinaldo Vanossi: “El ‘Habeas data’: no puede ni debe contraponerse a la libertad de los medios de prensa” en El Derecho, año XXXII. número 8580, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 1.

4 Respecto a las características de los sistemas presidencial y parlamentario, véase Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución. Ediciones Ariel, Barcelona, 1965, pp. 105-107. Jorge Carpizo: “Derecho constitucional” en Las Humanidades en el Siglo XX. El Derecho. UNAM. México, 1976, pp. 120-121. Jorge Carpizo. El presidencialismo mexicano. Siglo XXI Editores. México, 1978, p. 14. Maurice Duverger: Instituciones políticas y Derecho constitucional. Ediciones Ariel, Barcelona, 1962, p. 319.

5 Jorge Carpizo: “Derecho constitucional”, p. 124.

6 W. Ivor Jennings: The British Constitution. University of London Press.

Londres, 1966, pp. 179-184. E.C.S. Wade y G. G. Phillips: Constitutional Law, séptima edición corregida por Longmans A.W. Bradley. Londres, 1966, pp. 95. 102, 123, 125, 126, 191 y 192. Jorge Carpizo: Lineamientos constitucionales de la Commonwealth. UNAM.

México, 1971, pp. 37-45.

7 Maurice Duverger: La Monarchie Républicaine. Editions Robert Laffont. Paris, 1974. A partir de la pág. 109 se refiere al gran poder que tiene el primer ministro inglés quien encabeza una monarquía republicana más eficaz que la de Estados Unidos. Actualmente en Gran Bretaña —sostiene— las elecciones legislativas se han convertido en elección por el primer ministro, el cual posee una gran autoridad sobre el parlamento a través de su partido mayoritario y la disciplina del propio partido. El parlamento aprobará o desechará los proyectos de ley de acuerdo a la voluntad del primer ministro, p. 118.

8 Véase Philippe Ardant: Institutions politiques et droit constitutionnel. L.G.D.J. Paris, 1996, pp. 432-519. Pedro Planas: Regímenes Políticos Contemporáneos. Fondo de Cultura Económica. México, 1997, pp. 293- 320. Marcel Prélot y Jean Boulouis: Institutions politiques et droit constitutionnel. Dalloz. Paris, 1980, pp. 663-721, 805-810 y 845-856. Anddré Hauriou: Derecho constitucional e instituciones políticas. Editorial Ariel, Barcelona, 1971, pp. 532-609.

9 Giovanni Sartori: Ingeniería constitucional comparada. Fondo de Cultura Económica. México, 1994, pp. 148-149. Sartori realiza una caracterización de los sistemas semipresidenciales. Arend Lijphart: “Presidencialismo y democracia mayoritaria: observaciones teóricas” en Las crisis del presidencialismo ( 1 ). Perspectivas comparativas, Juan J. Linz y Arturo Valenzuela (comps). Alianza Universidad. Madrid, 1997; pp. 153-154. Lijphart cita a diversos autores que concluyen que el sistema semipresidencial en la realidad es una alternancia de sistema presidencial y sistema parlamentario pero no un sistema mixto o híbrido.

10 (lKarl Loewenstein: “La ‘presidencia’ fuera de los Estados Unidos” en

Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. UNAM. México, 1949, año 11, núm. 5. p. 55.

11 Calogero Pizzolo: “Argentina y Chile. Dos modelos de presidencialismo”, en Boletín informativo. Asociación Argentina de Derecho constitucional, año XIV, número 145. Buenos Aires, 1998: p. 6. Humberto Nogueira Alcalá: op. cit.. p. 5.

12 Ulises Carrillo y Alonso Lujambio: Op. cit., pp. 247-249. Diego Valadés en un artículo titulado “Agenda para la reforma del Estado” en Excélsior del 20 de julio de 1998, propuso: “Fijar reglas claras y predecibles para la aprobación del presupuesto. Una cosa es la discusión y definición de las políticas de gasto público y otra utilizar al presupuesto como amenaza política para desarticular el funcionamiento de las instituciones. El estado democrático de Derecho se debilita cuando periódicamente se cierne el peligro de la paralización total de las instituciones”.

Ofrecer menos y lograr más

Ofrecer menos y lograr más

Por Manuel Camacho Solís

Reconciliar a la sociedad, sin cacería de brujas; reconstruir la autoridad sobre bases morales (legales), y adecuar las instituciones y las prácticas de gobierno para que cuando mejoren las condiciones económicas tengamos un desarrollo sólido y mejor equilibrado socialmente.

 La política económica de los últimos veinte años ha fracasado. Llegaremos con un ingreso per cápita menor, con salarios más reducidos y con una economía que pudo haber sido la séptima u octava del mundo que sigue teniendo enormes fragilidades.

¿Qué cambio?

Lo que se necesita es aumentar la productividad, pero no nada más con enclaves, sino con un proyecto general que incluya a los sectores y a las regiones más depauperadas. Si no aumenta la productividad, nunca vamos a poder cerrar la brecha entre crecimiento interno alto y déficit inmanejable de la cuenta corriente.

¿Cómo?

1. Salir del dogmatismo y, también, de la mera denuncia. México necesita una verdadera economía de mercado y no un sistema patrimonialista como el que hoy seguimos teniendo en buena medida. Al mismo tiempo, necesitamos un Estado eficaz pensado para las nuevas necesidades, que permita proteger el interés público, promover el desarrollo y cuidar el futuro del país (recursos naturales, ahorros, educación y salud). De un Estado con un servicio civil crecientemente calificado, sometido a la ley y a la revisión de cuentas.

2. A principio del nuevo gobierno habrá márgenes muy reducidos para crecer por la herencia que se recibirá y por la previsible retracción en el crecimiento de la economía global.

Esa situación abre la oportunidad de adecuar las leyes, la regulación y las instituciones, para que podamos tener un sistema financiero sólido, un mejor sistema fiscal y los instrumentos de protección de los intereses de la economía nacional y de los consumidores dentro de las realidades del mundo globalizado. Así, cuando vuelva el crecimiento, se reducirán las probabilidades de volverse a tropezar con las mismas piedras del pasado (sobrevaluación, quiebra bancaria, destrucción de los ahorros y de las pequeñas y medianas empresas).

3. Hay que aprovechar las ventajas que tiene nuestro país: la industria maquiladora, con una política industrial; desarrollar el potencial energético del país; y contar con un programa educativo y de salud de largo plazo que permita levantar la calidad de nuestros recursos humanos, reducir desigualdades y recuperar la identidad y el orgullo nacional.

4. No puede seguirse dejando al campo en la situación de abandono en la que se encuentra. Aun con las enormes dificultades que representa revertir ese proceso, con políticas que tendrán que adecuarse a la enorme diversidad regional, se necesitará aumentar la inversión pública, volver a llevar crédito y seguros, aprovechar nichos, fomentar cultivos intensivos en mano de obra (aun y cuando no toda la producción sea comercializable) y desarrollar políticas de diversificación en pequeña escala de acuerdo con lo que la gente ya sabe hacer y puede hacer, pero que por la falta de apoyos mínimos y la multitud de obstáculos, no logra aprovechar; y llevar a cabo políticas sociales más ambiciosas y efectivas.

5. Descartar de entrada cualquier oferta de milagro, trátese de una dolarización inmediata o de una privatización de Pemex. Es indispensable construir una política monetaria con anclas más sólidas. Pero de ello, a pensar que nosotros podemos hacer una copia de lo que los europeos construyeron con tanto tiempo, responsabilidad, resultados escalonados, instituciones libres y eficientes y equilibrios para disminuir las desigualdades entre los países que se unieron, primero en un mercado común y después en una unión monetaria, me parece no sólo arriesgado, sino peligroso.

Habría que evitar los milagros que después se convierten en tragedias. Aprovechar las experiencias, los avances (que los hay) y los errores, para ofrecer menos y lograr más. El único objetivo que vale la pena para la economía nacional es aumentar, sin tantos pares y sigas, los empleos y los ingresos del mayor número posible de mexicanos.  n

Manuel Camacho Solís. Nació en 1946. Licenciado en Economía por la UNAM y Maestría en Asuntos Públicos por la Universidad de Princeton. Ha desempeñado los siguientes cargos: secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, secretario general del CEN del PRI, Jefe del DDF. secretario de Relaciones Exteriores y Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Es presidente del Partido del Centro Democrático.

Acotado y efectivo

Acotado y efectivo

Por Carlos Elizondo Mayer-Serra

Para bien, y para mal, el presidencialismo mexicano ya no es el de antes. El partido del presidente ya no controla al Congreso y ha perdido el gobierno en diez entidades federativas. Sin un PRI dominante, el presidente debe negociar en el Congreso sus propuestas, además de perder una buena parte de las llamadas facultades metaconstitucionales que le daba la discreción para repartir costos y beneficios. Sin embargo, México sigue siendo un país presidencialista, tanto por evidentes razones constitucionales como por historia, ya que estamos acostumbrados a ver en el jefe del ejecutivo un eje ordenador de la vida nacional.

La falta de mayoría en el Congreso por parte del partido del presidente, el llamado gobierno dividido, hace a los sistemas presidencialistas poco efectivos para impulsar las reformas legales que permiten gobernar, incluida la aprobación del presupuesto y la ley de ingresos de la federación. Esto es aún más grave cuando los partidos políticos son disciplinados, votando en general en bloque, como es nuestro caso.

Sin embargo, presidencialismo con gobierno dividido es la forma como, dadas nuestras instituciones, se expresan ahora las demandas del electorado. Quien gane la presidencia en el año 2000 difícilmente controlará el Congreso. Quizá ni siquiera controle el Senado.

Esto tiene un indudable lado positivo: se termina con esa presidencia todopoderosa donde el destino nacional quedaba en manos de la voluntad (o arbitrariedad) de un solo hombre, donde el gran poder de la presidencia se podía usar para los intereses personales más abyectos. Sin embargo, el gobierno deberá ser capaz de implementar las políticas públicas que se requieren para hacer posible un mayor bienestar social, o arriesgarse a enfrentar altos costos políticos.

Lograr un presidencialismo con la fuerza para impulsar todas aquellas políticas que el país requiere, pero con límites que eviten la impunidad y el capricho propios del pasado es el reto que tenemos enfrente. El presidencialismo tiene que estar acotado para evitar el abuso, pero ser efectivo para evitar la parálisis del país. Este punto medio no es fácil. Cualquier extremo conlleva riesgos altos. La parálisis lleva al desprestigio de la democracia y a la concomitante tentación autoritaria. Una presidencia sin límites fácilmente puede terminar por alienar a importantes sectores sociales que ya no están dispuestos a vivir bajo las reglas del pasado.

Para lograr este justo medio ayudaría, sin duda, una mayor disposición a la negociación entre los tres principales partidos políticos, los tres con poco deseo de hacer los intercambios políticos propios de una democracia donde no existe una mayoría absoluta. Pero desear humanos bien intencionados e iluminados es un mal punto de partida en el diseño de instituciones políticas.

Las leyes deben propiciar que aun los peores individuos tengan incentivos para colaborar.

Todavía estamos a tiempo de estudiar y reformar en su caso las reglas internas de operación del Congreso, los mecanismos de representación ciudadana, la reelección de los legisladores, la transparencia en las decisiones públicas, la profesionalización de la administración pública. Un punto crucial se refiere a fortalecer las atribuciones del presidente para evitar la parálisis con el Legislativo, sobre todo en leyes anuales, como la de presupuesto e ingreso. Pero debemos, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de vigilancia dentro del Congreso sobre los actos del Ejecutivo.

Una salida aparentemente fácil a las tensiones que enfrenta nuestro presidencialismo es plantear cambios radicales en nuestra forma de gobierno; por ejemplo, crear un parlamentarismo a la europea. Sin embargo, la actual distribución de votos haría difícil generar mayorías estables en el parlamento. En ausencia de una burocracia profesional no es fácil imaginar el costo político y económico de un gobierno parlamentario sin mayoría que tuviese que dimitir.

Las grandes transformaciones institucionales son difíciles y no exentas de grandes riesgos. Suelen lograrse, cuando se logran, después de terribles convulsiones sociales. Por eso, a partir de nuestra historia y nuestras instituciones, vale la pena pensar con cuidado cómo podemos lograr un presidencialismo acotado y efectivo.  n

Carlos Elizondo Mayer-Serra. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Inglaterra. Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde 1991 y Director General desde 1995. Editorialista en Reforma desde 1993. Entre sus últimas publicaciones destaca “Financial Globalization and Democracy in Emerging Markets” en Leslie E. Armijo: Mexico: Foreign Investment and Democracy, London Macmillan Press, 1999. pp. 133-150.

La responsabilidad social del Estado

La responsabilidad social del Estado

Por Cuauhtémoc Cárdenas

En la visión de mi partido, el PRD, el primer gobierno de México en el siglo XXI deberá satisfacer una condición previa a cualquier otra prioridad: ser un gobierno de leyes, un gobierno comprometido con la ley y obligado a cumplirla, con una justicia independiente y honrada, que garantice ese cumplimiento y goce de la confianza y el respeto de todos. Sin un gobierno de leyes que restablezca la legitimidad perdida, no habrá paz, respeto a los derechos humanos y estabilidad ni habrá combate creíble contra los males consuetudinarios de los gobiernos del PRI: corrupción administrativa, fraude electoral, tráficos ilegales, uso patrimonial y partidario de los recursos públicos, evasión fiscal y arbitrariedad policial.

Si estos males no son eliminados de raíz, cualquier compromiso o promesa de modernidad y eficiencia institucional para el siglo XXI, será una mentira lisa y llana. Para dar dos ejemplos: ni gobiernos, ni inversores, ni ciudadanos pueden depositar su confianza en un gobierno que no haga honor a su propia firma en acuerdos entre partes, como los de San Andrés, o que continúe legitimando fraudes electorales como el reciente de Guerrero.

A partir de esa premisa, veo tres prioridades de importancia equivalente.

1. Recuperar la responsabilidad social del Estado. Esta no es una política pasajera sino la clave maestra, inscrita en los textos constitucionales, que aun con periodos muy conflictivos permitió estabilizar las relaciones entre gobierno y sociedad. Al igual que en los países más avanzados, esa función estatal ha sido en México un logro de la civilización en el siglo XX. Esta responsabilidad implica, como lo propuse en enero pasado en el Foro de Davos, desplazar esfuerzos y recursos hacia la salud, sus médicos y sus enfermeras; hacia el empleo y las empresas productivas eficientes; hacia el campo; hacia el salario y el ingreso familiar; y hacia la educación y la investigación, de las cuales me ocupo en el punto siguiente.

2.   Extender y fortalecer la educación en todos sus niveles. El patrimonio humano es la riqueza mayor de una nación. Sus sustentos son la salud, la alimentación y la nutrición, la equidad y el conocimiento. Así como la educación primaria gratuita y universal estaba en nuestro horizonte civilizatorio al terminar el siglo XIX. hoy deben estarlo la educación superior gratuita y la investigación de alto nivel. El Estado democrático, administrado con honradez y con una fiscalidad eficiente, transparente y equitativa, debe tener recursos suficientes para asegurar el acceso de todos los niños y jóvenes a la educación, elevar la calidad de ésta en todos sus grados, remunerando con justicia al personal docente, asegurar la capacitación y la actualización permanente de los conocimientos del magisterio y establecer mecanismos e instituciones de formación continua para trabajadores, empleados, técnicos y profesionistas. Estado y empresas tendrán que llegar a los acuerdos necesarios, con el descargo correlativo de obligaciones fiscales como sucede en otros países, para incrementar fuertemente los recursos financieros destinados a investigación y desarrollo, asignados según capacidad del investigador y necesidad del proyecto y no según clientelismo político o amiguismo personal.

3.   Rescatar el ejercicio de la soberanía nacional. México debe restablecer una política exterior autónoma en función de los intereses del país y de sus habitantes, como lo hacen las naciones soberanas del mundo, sin tutelas militares ni subordinaciones económicas. Reitero aquí las propuestas expresadas en el documento que llevé al reciente Foro de Davos: renegociación y revitalización democrática del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: protección de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos; fortalecimiento de la relación histórica con Centroamérica y el Caribe: acuerdos económicos y políticos para avanzar hacia la integración con la comunidad de naciones de América Latina: cooperación y acuerdos de libre comercio con la Unión Europea: presencia de México en la cuenca del Pacífico; defensa y protección de la soberanía nacional sobre el territorio mexicano como cruce estratégico entre los dos océanos y entre el norte y el sur del continente americano.

Nuestro punto de partida es que no existe algo denominado “política económica” como variable aislada e independiente del conjunto de las políticas de Estado; o, peor, como política específica a la cual deben subordinarse todas las demás. En este economicismo simplón parecen coincidir los estatismos de todos los colores.

Por eso creemos que los puntos precedentes, y muy en especial el establecimiento de un gobierno de leyes y sujeto a la ley, el respeto a las garantías individuales, la seguridad jurídica de los bienes y propiedades y la erradicación de la corrupción administrativa y de los tráficos ilegales, son condiciones indispensables de una recuperación de la economía y de la confianza que ésta debe inspirar. En la crisis mexicana de 1995, las crisis asiáticas de 1997 y la crisis rusa de 1998 la ausencia de estas condiciones elementales fue factor decisivo de su desencadenamiento y profundidad. Las crisis de esos Estados bajo las formas de la corrupción, la violencia y la impunidad reinantes, determinaron la profundidad de las crisis económicas, y no al revés.

En México hemos soportado una variedad de estatismo muy peculiar: aquella que invoca la libertad del mercado para encubrir una intervención estatal que distorsiona permanentemente el juego de los factores económicos en favor de los intereses de una pequeña oligarquía financiera fortalecida (y en buena parte formada) al amparo de la protección brindada desde el poder por sus socios y padrinos políticos.

El poder del Estado y la política de los gobiernos han intervenido repetidamente para mantener comprimidos los salarios; para promover la privatización improvisada y fraudulenta del sistema bancario; para rescatar bancos, financieras y empresas constructoras de la ruina provocada por su ineficiencia en el mercado; y últimamente, para financiar con fondos públicos el nuevo rescate del sistema bancario de su quiebra inminente. Ha sido política de Estado succionar recursos de Pemex mucho más allá de lo razonable y obstruir así su capitalización y modernización. Así como dejar descapitalizarse a la industria eléctrica para justificar su privatización con supuestos argumentos técnicos.

Este estatismo, que no se atreve a decir su nombre, ha dado resultados negativos para la economía real, para el sistema bancario y para el nivel de vida de la población. Uno de los ejemplos de esa intervención estatal perversa fue la creciente sobrevaluación del peso entre 1993 y 1994. forzada por el gobierno de Carlos Salinas por razones políticas y electorales ligadas a la sucesión presidencial, que contribuyó en gran medida al desastre de diciembre de 1994 que todavía está pagando toda la población y todo el país.

Todo esto debe cambiar. Nuestro país debe insertarse en el mundo globalizado, que es una realidad insoslayable, con una política integral —no solamente económica— que le permita utilizar en favor del país todos nuestros recursos humanos, económicos. Políticos, culturales y geopolíticos.

Hoy. Los tres pilares del llamado Consenso de Washington: privatización, desregulación y apertura comercial, tomados como dogma, han entrado en crisis, como puede verse en la realidad mundial y se pudo constatar en los intercambios del reciente Foro de Davos.

El juego del mercado es un elemento indispensable en la convivencia de las sociedades humanas. Este juego tiene lugar en una realidad mundial abierta e interconectada, no en economías cerradas. Pero la asignación de los recursos productivos —capitales, mercancías, mano de obra— exclusivamente por el mercado, y más todavía por el mercado global, es un dogma neoliberal que las grandes naciones son las primeras en rechazar en su vida práctica. Esos mercados supuestamente libres están conduciendo a las gigantescas fusiones entre un puñado de empresas oligopólicas en los sectores financiero, energético y productivo, que estamos viendo en estos años, es decir a una concentración de poder financiero y de poder a secas como nunca antes se había experimentado. Son finalmente estos poderes, y no el supuesto juego del libre mercado, los que terminan asignando esos recursos según sus propias necesidades e intereses.

Compartimos la opinión que ha comenzado a extenderse en el sentido de que es preciso, en el mundo global, construir nuevos acuerdos que preserven los derechos y los recursos de las naciones y sus sociedades; que regulen la circulación transfronteriza irrestricta de los capitales de corto plazo; que faciliten una circulación más libre de la mano de obra como elemento de equilibrio entre mercados y sociedades; que corrijan la fragilidad y la ineficiencia de los sistemas financieros y banca- rios en los llamados “mercados emergentes”; que transparenten las zonas más y más opacas de los sistemas financieros donde operan los mercados de drogas, de armas y de seres humanos, todos ellos integrados en una gigantesca red global del crimen organizado que penetra y carcome gobiernos y sociedades como nunca en el pasado: y que garanticen los derechos humanos por encima de las fronteras como derechos inalienables e inherentes a cada individuo desde su nacimiento.

Dentro de estos marcos, nuestro punto de partida para la política económica son las necesidades de los mexicanos y las mexicanas. Responder a esas necesidades en la vida cotidiana y no sólo en el espejo mágico de las cifras macroeconómicas, requiere ante todo el fortalecimiento de la economía real y de las empresas productivas; el saneamiento del sistema bancario y el castigo a los desfalcadores y a sus cómplices, porque la impunidad es la primera fuente de toda inseguridad: un régimen fiscal transparente y equitativo; garantías jurídicas efectivas (no sólo en el papel) para los inversionistas; saneamiento, modernización y capitalización de Pemex y de la CFE como empresas estratégicas de la nación; y renovación de la infraestructura y de las comunicaciones.

Aquí volvemos, sin embargo, al punto de partida: un gobierno de México que pueda inaugurar en estas condiciones el siglo XXI deberá ser, antes que nada, un gobierno democrático, legítimamente elegido y constituido, que se sujete estrictamente a la ley y a los mandatos de la ciudadanía y que ante ésta rinda cuentas escrupulosas de sus decisiones y acciones.  n

Cuauhtémoc Cárdenas. Nació en 1934. Fue electo senador en 1976 y gobernador de Michoacán de 1980 a 1986. En 1988 encabezó la Corriente Democrática y se lanzó como candidato a la presidencia por el Frente Democrático Nacional. Fundador y presidente del PRD. En 1994 contendió de nuevo a la presidencia. Es Jefe de Gobierno del DF.

Tocqueville Y México

Tocqueville y México

Por José Antonio Aguilar Rivera

Alexis de Tocqueville, uno de los pensadores políticos del siglo XIX que aún siguen fascinando al presente, visitó Estados Unidos entre 1831 y 1832. Por desgracia no viajó a México, aunque se ocupó de él con atención y curiosidad. El ensayo que presentamos le rinde tributo a ese Tocqueville que supo de México sin conocerlo. para Adolfo Castañón Alexis de Tocqueville tenía 26 años cuando se embarcó junto con su entrañable amigo Gustave de Beaumont para América en una misión cuasi-oficial: estudiar el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Ese era sólo un pretexto para que el joven magistrado hiciera el viaje. La Monarquía de Julio, que había terminado con la segunda restauración borbónica, no era bien vista ni por Tocqueville ni por su familia, que consideraban al rey Luis Felipe de Orleans un usurpador. Por esa razón la idea del viaje del joven Tocqueville a América era conveniente. Eso sí, el gobierno francés no sufragaría los viáticos: solamente extendería una licencia. La familia de Tocqueville le tenía un pánico muy entendible a la Revolución porque en ella muchos de sus miembros habían perdido la cabeza. El pariente descabezado más famoso fue el abuelo materno, Malesherbes, quien defendió —obviamente sin éxito— a Luis XVI ante un tribunal revolucionario. Ambos, cliente y abogado, acabaron en la guillotina. Y, con todo, para Tocqueville estas eran historias, no vivencias. Había nacido en 1805, después de la Revolución, y por ello la sentía a un tiempo propia y ajena.

En los diez meses que Tocqueville pasó en América (de mayo de 1831 a febrero de 1832), jamás se le ocurrió viajar a México. Sin embargo, la frontera que dividía a los dos países debió parecerle la línea divisoria entre un mundo nuevo, epitomizado por la sociedad norteamericana, y un resquicio malogrado de Europa. En La democracia en América se encuentran desperdigadas notas sobre México e Hispanoamérica.

¿Cuál es el origen de estas ideas?

¿Quiénes fueron las fuentes de Tocqueville sobre México? ¿Cuál es la originalidad de sus observaciones?

La democracia en el espejo

Para la tercera década del siglo XIX el contraste entre las dos Américas, la anglosajona y la hispánica, era ya evidente. Antes de 1828, las dos Américas habían sido una fuente común de esperanza e inspiración para los liberales europeos. Las nuevas naciones de Hispanoamérica parecían seguir valientemente el camino inaugurado por los Estados Unidos. En medio del conservadurismo producido por la Restauración en Europa, Simón Bolívar, junto con Washington, era considerado un héroe republicano.

El Terror y la aventura napoleónica parecían confirmar la imposibilidad de hacer realidad el sueño de la Revolución francesa. Para el espíritu del tiempo, 1789 había sido una pesadilla de la cual era preciso despertar. América se negaba a abrir los ojos y obcecada persistía en su ensueño libertario. Y a ella se aferraban quienes se resistían a dejarse arrastrar por la ola restauradora. En 1796, decididamente fastidiado, el célebre reaccionario Joseph de Maistre afirmó en sus Consideraciones sobre Francia: “Se nos cita América; yo no conozco nada que impaciente más que las alabanzas otorgadas a este niño en mantillas: dejadlo crecer”. De Maistre incluso dudaba que la tan cacareada capital de los Estados Unidos llegara a construirse algún día: en ese proyecto había “demasiada humanidad”. Se podría apostar, afirmaba con muy mala leche, “mil contra uno a que la ciudad no se construirá, o que no se llamará Washington o que el Congreso no residirá ahí”. De Maistre, pues, se equivocó en todo. Sin embargo, su presunción se debía a la probada incapacidad de los franceses para construir repúblicas estables a partir de principios abstractos.

Por un momento, entre 1805 y 1828, las naciones de Hispanoamérica —que se habían emancipado del yugo español— parecieron venir en auxilio de los “partidarios de la libertad”. De pronto, en el sur del continente americano los gobiernos constitucionales proliferaron como hongos. Reivindicados, los descorazonados liberales podían hacerle una seña obscena a De Maistre y a sus amigos reaccionarios. Los Estados Unidos no eran una rareza; eran, más bien, los precursores de una nueva era cuyo advenimiento estaba siendo constatado por las repúblicas de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México. Los empeños imperialistas de Iturbide, es cierto, metieron por un instante algo de ruido en esta prístina escena republicana.

Sin embargo, las revoluciones hispánicas tuvieron un efecto pirotécnico: su esplendor fue intenso, pero efímero. Ante los estupefactos ojos de los liberales parisinos las brillantes luces que habían iniciado prácticamente al unísono comenzaron a apagarse más rápidamente de lo que habían aparecido. Las flamantes repúblicas caían estrepitosamente una tras otra en una sucesión interminable de revoluciones, pronunciamientos y guerras intestinas. Los hispanoamericanos parecían decididos a hacer un uso decidido de su inalienable derecho a pronunciarse. La amargura producida por el fiasco constitucional se encuentra magistralmente encapsulada en la famosa línea de Simón Bolívar: “No hay fe en América, ni entre los hombres ni entre las naciones. Los tratados son papeles; las Constituciones libros; las elecciones combates; la libertad anarquía; y la vida un tormento”.

La polémica que sostuvieron el ídolo del constitucionalismo liberal de la época. Benjamín Constant, y el Abate de Pradt —un fan de Bolívar— en 1829 sobre la última dictadura del Libertador fue una muestra del desencuentro que se había producido entre Hispanoamérica y los liberales europeos. En el mismo diario en que habían sido publicadas loas al vencedor del León de Castilla —El Correo Francés— ahora se le criticaba acremente. El juicio condenatorio de Constat era paradigmático. Al igual que Bolívar, la América española había sido un embuste, un espejismo. Nada nuevo bajo el sol había en las orillas del Orinoco: sólo despotismo y arbitrariedad. Así, los liberales europeos voltearon la mirada a otro lado, al Norte de América, donde la anomalía democrática se volvía cada vez más, bueno, anómala. En 1831, de haber estado vivo, De Maistre seguramente habría guiñado socarronamente el ojo. La América española podía ser provechosamente abonada a su teoría sobre la imposibilidad del gobierno constitucional: la república era, después de todo, una quimera y las naciones hispanoamericanas eran prueba de ello.

Y los padres fundadores de la democracia norteamericana tampoco tenían palabras de aliento para sus desafortunados émulos hispanoamericanos. Eso de pensar que los Estados Unidos y las repúblicas del sur pudieran formar parte de una misma familia era realmente una barbaridad. Según John Adams, la noción de que gobiernos libres pudiesen arraigar entre los sudamericanos era “tan absurda como el tratar de establecer democracias entre las aves, las bestias y los peces”.1 Por su parte, en 1817 Jefferson le escribió a su amigo el marqués de Lafayette: “nuestros hermanos del sur, analfabetas y pisoteados por sacerdotes, no se encuentran listos para la independencia. Si se hallasen de pronto libres del yugo español caerían en el despotismo militar y se convertirían en los instrumentos asesinos de las ambiciones de sus respectivos Bonapartes”. 2

Las notas de Tocqueville sobre México y América del Sur capturan el desencanto reinante entre los liberales franceses. La prensa parisina había seguido con interés los eventos en Hispanoamérica, y para 1831 se había convertiendo en un memorial de desventuras. Golpe aquí, y caída del gobierno allá: confusión y anarquía reinaban por doquier.

La gente —escribió Tocqueville en La Democracia en América— está atónita de ver en el último cuarto de siglo a las nuevas naciones de América del Sur convulsionadas por una revolución tras otra y a diario espera que regresen al que ha sido llamado su estado natural. Pero, hoy en día, ¿quién puede estar seguro? ¿No será tal vez que la revolución sea el estado más natural para los españoles de América del Sur? En ese lugar la sociedad da tumbos en el fondo de un abismo del cual es incapaz de salir por sus propios esfuerzos. La gente que habita la mitad de este hermoso continente parece estar obstinadamente determinada a sacarse las entrañas los unos a los otros: nada los aparta de ese objetivo. Sólo el cansancio induce momentos de breve respiro, que apenas si son el preludio de nuevos ímpetus. Al ver el miserable estado en el que se encuentran, y que se alterna con episodios criminales, me siento tentado a creer que para ellos el despotismo sería una bendición. Pero en mi cabeza esas dos palabras, “despotismo” y “bendición” nunca podrán ir juntas.

Apuntes mexicanos

Hasta aquí, Tocqueville repetía un lugar común: Hispanoamérica era un desastre. Sin embargo, las notas sobre México son más específicas. El caso le era útil a Tocqueville para controlar el efecto que tenían las instituciones políticas. “México”, escribió, “situado tan felizmente como la Unión Americana, ha adoptado las mismas leyes, pero es incapaz de acostumbrarse al gobierno democrático”. Por tanto, concluía, debía haber otra razón, además de la geografía y las leyes, que hacía posible que la democracia gobernara en los Estados Unidos. Tocqueville formuló dos argumentos interdependientes: por un lado afirmaba que las leyes no eran la principal variable explicativa de la excepcionalidad norteamericana. La diferencia más importante entre México y los Estados Unidos no era geográfica; ambos países habían sido dotados de extensos territorios. Tampoco era legal: las dos naciones tenían las mismas leyes. La explicación, de acuerdo con Tocqueville. debía buscarse en los diferentes hábitos, opiniones, usos y creencias de cada pueblo. En una palabra, eran las costumbres (mores) el elemento crucial. Y las costumbres habitan en la sociedad civil. Por el otro, sostenía que las instituciones sólo funcionaban adecuadamente gracias a ese capital social. Las leyes de los Estados Unidos únicamente eran adecuadas para un pueblo “largamente acostumbrado a manejar sus propios asuntos y donde los estratos más bajos de la sociedad tienen un entendimiento de la ciencia política”. La constitución de los Estados Unidos, afirmaba Tocqueville. “es una de esas hermosas creaciones de la diligencia humana que le da a sus inventores gloria y riquezas, pero que es estéril en otras manos”. Vaya, como la lámpara de Aladino. “El México contemporáneo”, sentenció, “lo ha demostrado”.

Los mexicanos, deseando establecer un sistema federal, tomaron la constitución federal de sus vecinos anglosajones como modelo y la copiaron casi al pie de la letra. Sin embargo, cuando tomaron prestada la letra de la ley no fueron capaces, al mismo tiempo, de transferir el espíritu que le había dado vida. Como resultado, uno los ve [a los mexicanos] constantemente enredados en el mecanismo de doble gobierno. La soberanía de los estados y la de la Unión —yendo más allá de las esferas que la constitución les ha asignado— transgrediendo continuamente el territorio de la otra. De hecho, México en la actualidad transita de la anarquía al despotismo militar y del despotismo militar 6 a la anarquía de nuevo.

¿Por qué creía Tocqueville que México había copiado “casi al pie de la letra” la constitución de los Estados Unidos? En una nota Tocqueville refería a sus lectores a la constitución mexicana de 1824. Con todo, es poco claro que el propio Tocqueville la haya consultado. Los apuntes sobre México tienen una fuente que ha pasado desapercibida: el ex embajador Joel Roberts Poinsett. de infausta memoria para los mexicanos. Intrigante y naturalista, Poinsett le dio su nombre a la flor de nochebuena, que los anglosajones conocen hoy como poinsettia. Poinsett fue el primer ministro plenipotenciario de los Estados Unidos y aprovechó su estancia en la nueva república para inmiscuirse activamente en la política mexicana organizando a la logia yorkina. Tocqueville, en buena medida, sabía lo que sabía de México gracias a Poinsett.

Las notas de Tocqueville sobre (México y América delSur capturan el desencanto reinante entre los liberales franceses. La prensa parisina Había seguido con interés los eventos en Hispanoamérica, y para 1831 se había convertido en un memorial de desventuras. Golpe aquí, y caída del gobierno allá: confusión y anarquía reinaban por doquier.

El 12 de enero de 1832 Tocqueville se encontró en algún lugar de Carolina del Sur al antiguo embajador. El y su amigo Beaumont esperaban en una taberna a causa de algún percance sufrido en el camino. Se encontraban en la última etapa de su viaje a los Estados Unidos y se dirigían a Washington donde pensaban escuchar las sesiones del Congreso norteamericano. Meses antes Poinsett les había sido presentado en Filadelfia. En aquella ocasión, recordó Tocqueville en su diario, Poinsett les había descrito vividamente la marcha de los norteamericanos hacia el oeste. Poinsett también se dirigía a Washington y por tanto sería el compañero de viaje de los franceses hasta Norfolk y el Chesapeake. La travesía duró cinco días, mismos que Tocqueville aprovechó para interrogar diligentemente a Poinsett. Las conversaciones entre ambos personajes quedaron registradas en uno de los diarios que Tocqueville llevaba acuciosamente. En el transcurso del viaje hablaron sobre el futuro poderío marítimo de los Estados Unidos, de los navios, del polémico asunto del proteccionismo comercial y del estado de la moral entre los norteamericanos. A la pregunta expresa “¿Es la moral en América tan buena como se dice?”, Poinsett respondió: “el lazo del matrimonio es tan prodigiosamente respetado entre nosotros que el amante de una mujer casada se deshonra a sí mismo aun más que aquella que cede ante sus avances”. Poinsett ofrecía como explicación de esta pureza moral el que en los Estados Unidos no hubieran hombres con el tiempo y los recursos suficientes para “atacar la virtud de las mujeres”.

El segundo día de viaje Tocqueville y Poinsett charlaron sobre los conflictos entre los estados del sur y el norte de la Unión y de otros asuntos tan graves como la esclavitud, los indios y la compostura de los caminos. Cuando los temas importantes se habían agotado el joven francés interrogó finalmente a su interlocutor sobre “el país y la gente de México”. “Todo lo que vi en México”, le dijo el antiguo embajador, “me lleva a creer que los habitantes de ese hermoso país habían alcanzado, a la llegada de los españoles, un estadio de civilización por lo menos tan avanzado como el de éstos últimos. Pero la superioridad en el arte de la guerra primero y la opresión después lo destruyeron todo”. A la pregunta, “¿cómo está hoy compuesta la población de México?” Poinsett respondió: “De españoles, para quienes una piel blanca constituye una especie de nobleza, y de indios, pobres e ignorantes cultivadores de la tierra. En la ley son libres e iguales a los españoles, pero en la realidad no cuentan para nada en la balanza política. Apenas si hay negros o mulatos”. En el antiguo embajador Tocqueville buscó confirmación de los lugares comunes que había escuchado. Cuando le interrogó sobre el futuro de ese país, Poinsett contestó condescendiente:

Espero que acabe por establecerse sobre cimientos sólidos. Ciertamente está progresando. No debe juzgar a los españoles del Nuevo Mundo con demasiada severidad. Cuando la Revolución los sorprendió estaban todavía en el siglo dieciséis, pero desprovistos de las virtudes salvajes que la independencia, tan ampliamente disfrutada en ese siglo, le daba a la gente. Con frecuencia esta interpretación me ha sido útil en los negocios. A menudo me he preguntado: qué es lo que hombres del siglo dieciséis hubieran hecho en tal o cual situación, qué habrían pensado. La respuesta a estas preguntas me permitió prever el futuro casi con certeza. No puede usted concebir una ignorancia mayor de todos los descubrimientos de la civilización moderna. Empezaron, al igual que en Sudamérica, queriendo construir una gran república indivisa. No tuvieron éxito y, por mi parte, dudo que una gran república pueda durar a menos que ésta sea una federación.

Y aquí encontramos el origen de la creencia de Tocqueville de que la constitución de 1824 era una copia de la norteamericana. Poinsett afirmó entonces: “Los mexicanos finalmente adoptaron, salvo por algunas excepciones insignificantes, la constitución de los Estados Unidos pero, a diferencia de nosotros, no se encuentran lo suficientemente avanzados como para hacer un buen uso de ella. Es un instrumento difícil y complicado”.

Tocqueville se había convencido de que las expectativas europeas sobre las nuevas naciones hispanoamericanas habían sido exageradas en todos los ámbitos. En Poinsett buscó confirmación de esta idea: “¿No cree que las naciones de Europa cometieron un gran desatino al suponer que la independencia de las colonias españolas les abriría grandes mercados?”. La respuesta fue: “Sí, sin duda. Las necesidades que la civilización trae consigo todavía no se hacen sentir en la América española. Ese momento no ha llegado aún, aunque se está acercando”. Cuando le interrogó sobre la posición del clero en México, Poinsett respondió: “Está perdiendo progresivamente su influencia. Apenas si conserva algún apoyo entre la gente. Uno se percata de que este estado de cosas no se parece en nada a las condiciones reinantes en España. El clero mexicano, sin embargo, todavía conserva sus propiedades. Estas comprenden una enorme riqueza, que nadie ha osado tocar aún. Fue el clero el que comenzó la Revolución en México. Temía que las Cortes de España confiscaran sus propiedades y por eso alborotó a la gente. Sólo deseaba que tuviera lugar una pequeña revolución, pero dado el ímpetu que cobró el movimiento no fue posible detenerla”.

Tocqueville terminó la conversación interrogando a Poinsett sobre el estado de las costumbres en la América española. Riéndose, el ex embajador respondió: “Ese no es el lado bonito del asunto. He pasado una parte de mi vida en la América española y puedo decir que, del Cabo de Hornos a los treinta y cinco grados de latitud norte, jamás conocí a una mujer que le fuera fiel a su marido. Las nociones de bien y mal se encuentran tan enrevesadas en este respecto que una mujer considera una desgracia el no tener amante”.

Esta singular propensión de las mujeres hispanoamericanas no indujo, desgraciadamente, a Tocqueville a viajar al sur para comprobar por sí mismo el estado de las costumbres amorosas. Nunca viajó a México, pero bien pudiera haberlo hecho: entre el 24 de noviembre de 1831 y el 18 de enero de 1832 recorrió el sur de la Unión Americana. De Nueva Orleans hubiera requerido apenas unos cuantos días de buen viento para atracar en Veracruz. Mientras Tocqueville charlaba con Poinsett en la diligencia rumbo a Washington, Santa Anna se pronunciaba, una vez más, en Veracruz y el ministro de Relaciones del vicepresidente Anastasio Bustamente, Lucas Alamán, se ponía circunspecto.

La influencia que ejerció Poinsett sobre Tocqueville en lo relacionado con México tuvo algunas implicaciones negativas. Asuntos serios se quedaron sin una investigación más profunda. De haber leído la constitución mexicana de 1824 con el mismo detenimiento con el que leyó la norteamericana. Tocqueville se habría percatado de que ambas diferían en aspectos clave, como el sistema de separación de poderes. México no era un buen caso para controlar el efecto institucional porque había diferencias significativas entre ambas constituciones.8 Sin embargo, es cierto que la hipótesis central de Tocqueville sobre los orígenes sociales del orden político es hoy tan sugerente como entonces. Sin duda, de haber venido a México tendríamos un diagnóstico agudo y descorazonado de la joven república.

Fue en los Estados Unidos que Tocqueville intuyó la vulnerabilidad de México frente a su poderoso vecino. Tal vez en los ojos de Poinsett y Houston, y muchos otros norteamericanos con los que se topó, advirtió el destino de la pobre y contrahecha república mexicana. “La república de México”, escribió proféticamente, “tiene por vecino a Estados Unidos, las fronteras entre estos pueblos han sido fijadas por un tratado, sin embargo no importa que tan favorables hayan sido los términos de este acuerdo para los angloamericanos. no me cabe la menor duda de que pronto lo infringirán. La provincia de Texas se encuentra aún bajo el dominio de México, pero pronto no habrá, por decirlo así, más mexicanos ahí”.9 De haber visto a Santa Anna jugando a los gallos en Manga de Clavo y conspirando en Veracruz, Tocqueville probablemente habría reafirmado su augurio. Al final de la primera parte de La Democracia en América, tuvo una premonición: “Al sur, en un punto, la Unión toca al Imperio Mexicano; es ahí donde un día grandes guerras probablemente sobrevendrán. Pero, por un largo tiempo por venir el atrasado estado de civilización, la corrupción de las costumbres y la pobreza impedirán que México ocupe su alto lugar entre las naciones”.10 ¿Cuánto tiempo es un largo tiempo?

José Ortega y Gasset no se equivocaba cuando, en plena guerra mundial, afirmó: “antes que todo y sobre todo —sobre el subsuelo de fe cristiana heredada—, Tocqueville fue liberal. Lo fue en forma más consciente y depurada que solían serlo sus contemporáneos. Creía que si la historia en cuanto acontecimiento intrahumano tiene un destino y si la evolución de las sociedades tiene una meta, esta meta y aquel destino sólo pueden consistir en establecer una armazón de instituciones políticas y de usos cotidianos que hagan posibles existencias libres”.11

Tocqueville fue, después de todo, el pensador político “más seguro, riguroso y responsable” del siglo XIX. Es una lástima que no viniera a México.   n

1 Citado por David Bushnell: “The Independence of Spanish South America”, en Leslie Bethell (ed.): The Cambridge History of Latin America. Vol. III. Cambridge University Press, Cambridge, 1985. p 168.

2 Thomas Jefferson: Writings. Library of America. Cambridge. 1984. p. 1408, citado por Pagden: Spanish Imperialism and the Political Imagination, Yale University Press, New Haven, 1990. p. 140.

3 Alexis de Tocqueville: Democracy in America. Harper & Row. Publishers, New York. 1988. p. 226. De aquí en adelante esta obra será designada como DA. Todas las notas de pie se refieren a esta edición en particular. En español, véase la traducción de Alianza.

4 DA. p. 30.

5 DA. p. 308.

6 DA. p. 165.

7 Los apuntes y las entradas del diario de Tocqueville a que hago referencia fueron reproducidos por Pierson. Véase: George Wilson Pierson: Tocqueville and Beaumont in América. Oxford University Press. Nueva York, 1938. pp. 643-655.

8 He explorado este tema en otro lugar. José Antonio Aguilar Rivera: “En pos de la quimera: reflexiones sobre el experimento constitucional Atlántico”, manuscrito sin publicar, 1998.

9 DA p. 409.

10 DA p. 169.

11 José Ortega y Gasset: “Tocqueville y su tiempo”, en Obras completas, vol. IX, Alianza / Revista de Occidente, Madrid, 1983. pp. 327-331.

Bienvenida la erosión

Bienvenida la erosión

Por Alberto Begné

Más que una presidencia en tránsito, en busca de una nueva sustancia, hay una nueva fisonomía, un nuevo espacio. Quiero sugerir con ello la posibilidad de una lectura no negativa de la palabra erosión, y es que de los efectos erosivos de la pluralidad política, la diversidad social, la libertad de expresión y el crecimiento del mercado sobre la vieja institución presidencial, desde luego reductores de la eficacia y la extensión de su poder, se ha pasado ya al moldeado inédito, original, aún informe, de una presidencia capaz de convivir con las instituciones y las prácticas democráticas, a la vez en pleno proceso de construcción y normalización. El fenómeno trasciende, pues, el mero desgaste de la erosión y, al hacerlo, abre la posibilidad de formar una institución presidencial en armonía con los vientos democráticos. La presidencia, la piedra angular del régimen político que va quedando atrás, ha sufrido, en efecto, una reducción, pero al mismo tiempo se recrea con nuevas formas y nuevos rasgos que responden, no sin extravíos, a las exigencias de la democracia.

La erosión se manifiesta en distintos aspectos del poder presidencial. Cinco me parecen claves: la sensible disminución de su injerencia sobre las decisiones de legisladores y jueces; la reducción al mínimo de su capacidad para repartir y garantizar cargos de elección popular; la pérdida de control sobre los medios de comunicación; el acotamiento de los márgenes para determinar las relaciones comerciales y financieras con el exterior; y, como consecuencia de esta última y del crecimiento del mercado nacional, las limitaciones para decidir desde Los Pinos —valga el recuerdo de tan infausta expresión— la política económica del país.

El balance de la erosión no es negativo, siempre y cuando sea leído en código democrático: la independencia de los poderes legislativo y judicial respecto al Ejecutivo, si se quiere incipiente, es por fin un principio constitucional que cobra vida; la competencia electoral, la pluralidad en los órganos de representación y la posibilidad efectiva de la alternancia, se asientan por primera vez en territorio nacional; la libertad de expresión, hace apenas unos años comprada o ultrajada con la mayor normalidad, hoy vive, al margen de la calidad de su ejercicio, sus mejores momentos desde los tiempos de Madero; las relaciones comerciales y financieras con el exterior, la compleja interacción entre el Estado y el mercado, y la definición de la política económica, independientemente de las críticas y opciones que cada quien formule o suscriba, dejan cada día de ser menos la decisión de una persona, el señor presidente, para dar paso a la participación de muy diversos actores políticos e instituciones públicas, así como de factores y agentes económicos privados. Todas estas son manifestaciones de la erosión de la presidencia. Así que bienvenida la erosión.

Sobre si México sigue siendo un país presidencialista: en su obra magistral, La Constitución y la dictadura, Emilio Rabasa advirtió que si se quería evitar la dictadura la única opción efectiva era dotar al presidente de poderes extraordinarios en la propia Constitución; sólo así el gran poder que requería ejercer el presidente para asegurar un gobierno fuerte, dejaría de ser de facto y devendría poder constitucional. El Primer Jefe, Venustiano Carranza, siguió al pie de la letra la tesis, y el 1 de diciembre de 1916, en su discurso de instalación del Constituyente, trazó con firmeza el perfil de una presidencia fuerte, dotada de facultades extraordinarias. Con el paso de los años y la formación y consolidación del régimen postrevolucionario, esos rasgos se acentuaron y, finalmente, se deformaron: el liderazgo indiscutible del presidente sobre el partido y la ausencia prácticamente absoluta de condiciones para la expresión de la pluralidad política y la competencia electoral, sumaron a las facultades formales del titular del Ejecutivo (de por sí muchas) otras más, éstas de facto, que derivaban de su dominio sobre los poderes Legislativo y Judicial y sobre los gobiernos locales y municipales, como consecuencia de su control sobre el aparato del partido, hacedor de cuanto candidato triunfante se quisiera tener, por las buenas o por las malas.

Si el presidencialismo mexicano se levantó, en efecto, sobre esos dos cimientos, hoy se puede decir, a la luz del despliegue de la pluralidad y la alternancia, que ha quedado irremediablemente dañado el segundo de sus soportes, el de los poderes de facto. Así, del presidencialismo autoritario se está transitando a un sistema presidencial constitucional. La consolidación de este tránsito, es decir, la erradicación definitiva del poder o las facultades metaconstitucionales de la presidencia, supondrá la superación del tiempo histórico del presidencialismo mexicano. La discusión sobre las facultades constitucionales del presidente es otra cosa. Pero ese es un tema que no merece un trato ligero.

Y sobre los riesgos y las ventajas de una presidencia acotada: la clave de esta cuestión reside, una vez más, en la distinción entre poder de facto y facultades de iure. Si por presidencia acotada se alude a una presidencia sin el poder metaconstitucional que caracterizó a esta institución en México por décadas, sólo veo ventajas: todas las que son inherentes a la eficacia del orden constitucional. Si por presidencia acotada, en cambio, se entiende una presidencia con menos facultades constitucionales de las que hoy tiene, entonces la cuestión debe inscribirse en el debate sobre el sistema y los mecanismos constitucionales para la toma de decisiones y las relaciones entre los poderes. Las ventajas y los riesgos en este caso dependerían de los términos de las reformas correspondientes. Pero cabe advertir, eso sí, el peligro que significaría para la gobernabilidad del país una presidencia cercenada y cercada, sobre todo si se considera que el principal problema por resolver ante el escenario más que probable de que el próximo presidente no cuente con mayoría de su partido en el Congreso, no será tanto el de las facultades del Ejecutivo como el de los mecanismos e instrumentos constitucionales para evitar situaciones de parálisis de gobierno, y éstas, sin los mecanismos e instrumentos adecuados para asegurar relaciones entre los poderes que sean favorables para la gobernabilidad, pueden presentarse al margen de que la presidencia tenga más o menos facultades.  n

Alberto Begné. Consultor privado. Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Profesor en el CIDE y en el ITAM. Ganador del Certamen de ensayo político Carlos Pereyra en 1996. Es coautor de los libros Sistemas políticos, partidos y elecciones. Estudios Comparados y Elecciones, diálogo y reforma. México 1994.

Un nuevo presidencialismo

¿Un nuevo presidencialismo?

Por Jorge Buendía Laredo

En los últimos años hemos sido testigos de una pérdida relativa del poder presidencial. Hoy en día, Ernesto Zedillo no sólo tiene una difícil y compleja relación con su partido sino que debe negociar prácticamente toda su agenda legislativa con la Cámara de diputados. Ambos fenómenos son nuevos. ¿Estamos atisbando el futuro del presidencialismo mexicano o estamos ante una situación meramente coyuntural?

La posibilidad de que el deterioro del presidencialismo mexicano

sea coyuntural tiene que ver con la posibilidad de que, en los comicios del año próximo, un partido gane tanto la presidencia de la república como la mayoría absoluta en la Cámara de diputados, situación que es un tanto común cuando se trata de elecciones simultáneas. Y, en caso de ganar un partido opositor, no parece haber razones para pensar que la relación Ejecutivo- Legislativo sea diferente a la observada en la historia reciente del país: la disciplina partidista ha sido tan fuerte en el PAN y el PRD como en el PRI.

Sin embargo, aun si el PRI retoma el control de la presidencia y la Cámara de diputados, los cambios políticos durante el gobierno zedillista sugieren que el presidencialismo mexicano no volverá a ser el mismo de antes. La razón principal de ello es la pérdida del monopolio priista sobre el poder público. Dicho monopolio permitió, gracias a la disciplina partidista, romper los esquemas constitucionales de federalismo y división de poderes. La combinación de monopolio político con disciplina partidista generó una institución sin contrapesos. Pero, debido al nuevo escenario electoral del país, la disciplina priista ya no está garantizada. Anteriormente, las posibilidades de éxito político fuera del entorno priista eran muy limitadas. El presidente de la república, como líder del partido, tenía la prerrogativa de nominar a quienes competirían por las principales posiciones políticas en el país. Este era quizás el mayor incentivo de los priistas para seguir la línea presidencial, ya que al obtener la nominación prácticamente aseguraban el puesto. Ahora, ante la perspectiva de una derrota electoral en el año 2000. la situación es radicalmente distinta. Mientras que el horizonte político de Ernesto Zedillo no va más allá del año 2000. la clase política priista tiene que pensar en sus intereses de largo plazo. De ahí que el apoyo incondicional a la gestión presidencial pueda ser un arma de dos filos: puede generar beneficios temporales pero, más allá de este sexenio, puede traducirse en una mancha curricular. Y, a diferencia del pasado, ya no hay la garantía de un gobierno priista que recompense la disciplina de partido.

Del mismo modo, la introducción de elecciones primarias en el PRI le resta una facultad más al presidente de la República. Ya no es tan fácil premiar a sus seguidores ni castigar a los disidentes, lo que obviamente repercute en el grado de disciplina partidista. Si bien la influencia presidencial es un factor a tener en cuenta, los gobernadores tienen ahora un papel más relevante y, en última instancia, el poder de nominación tiende a quedar en manos del electorado. En la medida en que se mantengan estos dos factores, competitividad electoral y elecciones primarias, el presidencialismo mexicano no volverá a ser el de antes. Por ello el último tramo del gobierno zedillista es poco envidiable.

Ya sea que en nuestro futuro nos espere un gobierno dividido. como el actual, o un gobierno monolítico como antaño, es indispensable que el sistema presidencial mexicano se reforme sustantivamente. La experiencia pre-1997 nos mostró en muchas ocasiones los peligros de un poder presidencial con pocas restricciones y, por otra parte, la experiencia desde 1997 nos ha mostrado los inconvenientes de un poder presidencial que. sin el respaldo de una mayoría legislativa, está supeditado en muchas ocasiones a facultades constitucionales de alcance limitado. La ausencia de veto presidencial en torno al presupuesto de egresos es la mejor prueba de esta vulnerabilidad.

Cualquier reforma institucional que se discuta en el futuro deberá tomar en cuenta que alcanzar y conservar el poder público es el leit motiv de todo político. Atribuirles otras motivaciones es una invitación al desastre. Como sugiere Hamilton en Los escritos federalistas (No. 72), el éxito de todo diseño institucional probablemente radica en hacer coincidir los intereses de los políticos con sus responsabilidades constitucionales y con sus obligaciones hacia la ciudadanía.

Las voces entusiastas que llaman por un poder ejecutivo débil son poco convincentes. Se debe controlar el poder presidencial, no debilitarlo; está en el interés del país contar con un Ejecutivo fuerte y eficaz. Un Ejecutivo débil no propicia el buen gobierno: Como escribe Hamilton: “Un Ejecutivo débil implica una débil ejecución gubernamental. Una débil ejecución es sinónimo de una mala ejecución; y un gobierno mal lidereado, al margen de lo que sea en teoría, tiene que ser en la práctica un mal gobierno”.  n

Jorge Buendía Laredo. Investigador de la División de Estudios

Políticos del CIDE y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Ha publicado diversos artículos sobre comportamiento electoral y opinión pública en revistas como Comparative Studies, Desarrollo económico y Política y gobierno.

Sólo ventajas

Sólo ventajas

Por Carlos Tello Díaz

La institución de la presidencia se ha erosionado, sin duda, durante la administración del presidente Zedillo. Entre las razones que lo explican destacaría yo las siguientes:

a)  El presidente ha dejado de cumplir—por voluntad propia y por la fuerza de las circunstancias— con las funciones metaconstitucionales que tradicionalmente ejercía el presidente de México.

b)  El doctor Zedillo no ha querido —o no ha podido— asumir el liderazgo que, sin menoscabo de la ley, le corresponde como jefe de Estado y de gobierno en México.

c) El diseño constitucional de México obstaculiza la capacidad de gobernar del titular del Ejecutivo cuando no tiene, como es el caso, el apoyo del Legislativo.

En un sentido técnico. México sigue siendo un país con un sistema de gobierno presidencial (o sea, con un sistema que no es parlamentario ni semipresidencial). En un sentido político, sin embargo, México no es ya un país presidencialista (es decir, un país donde el presidente asume, con el consenso de la sociedad y de la clase política, atribuciones por encima de la que le otorga la ley).

Veo sólo ventajas en una presidencia acotada. No veo riesgos, a condición de que todos asumamos que la presidencia, al compartir el poder con las otras instancias de gobierno, y con la sociedad organizada en su conjunto, comparte también la responsabilidad que va unida al ejercicio de todo poder.  n

Carlos Tello Díaz. Estudió la licenciatura y la maestría en Filosofía y Letras en la Universidad de Oxford. Ha publicado Apuntes de un brigadista (1985). El exilio: Un relato de familia (1993). La rebelión de las Cañadas (1995) e Historias del olvido (1998).

La confianza recíproca

II

Si ellos fueran presidentes

Entre las novedades de la vida política mexicana, destaca el hecho inédito de que los tiempos de la sucesión presidencial se han abierto y adelantado. Esta es una novedad que enfrentan los partidos políticos, los medios de comunicación, el gobierno y la sociedad misma. Nexos convocó a los políticos que se han asumido como precandidatos de su partido a la nominación presidencial, así como a quienes han sido mencionados en distintos espacios públicos como posibles precandidatos, para que respondieran a las siguientes preguntas: “¿Cuáles serían las tres prioridades de su gobierno?”, y “¿Cambiaría la política económica? ¿En qué?”. A nuestra invitación respondieron Miguel Alemán Velasco, Manuel Bartlett, Manuel Camacho, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, José Antonio González Fernández, José Angel Gurría, Francisco Labastida Ochoa, Roberto Madrazo, Porfirio Muñoz Ledo, Humberto Roque Villanueva y Jesús Silva-Herzog F. Dos de ellos declinaron: Esteban Moctezuma y María de los Angeles Moreno. Las respuestas de los precandidatos no sólo importan y pesan para el debate político; entre ellas está, a grandes rasgos, el programa de gobierno del próximo presidente de México.

La confianza recíproca

Por Miguel Alemán Velasco

Es evidente que mi visión de estos temas obedece a la perspectiva que emana de mi responsabilidad al frente del gobierno del estado de Veracruz.

Mi gobierno se ha distinguido por hacer recíproca la gran demostración de confianza del pueblo veracruzano expresada en las elecciones estatales de agosto pasado. El reto es ampliar esa confianza durante los próximos seis años.

Veracruz es un estado que, por su gran diversidad y fortaleza económica, se ve beneficiado cuando la economía del país crece y se fortalece y es una entidad donde se manifiestan, en forma aguda, las crisis que de tiempo en tiempo enfrentamos como nación.

Tenemos que valorar, en primer lugar, todo lo que hemos avanzado, los grandes logros que le debemos a la Revolución mexicana. En el año 2010 cumpliremos cien años de iniciado este gran movimiento social del que los veracruzanos estamos muy orgullosos.

La Revolución cambió a México y le dio un nuevo valor a la idea de soberanía y a nuestro concepto de nación. Además, le dio a la sociedad participación en la definición del rumbo del país, y creo que estos factores son distintivos del carácter veracruzano.

Este movimiento social sentó las bases para la continua transformación del país. Hemos avanzado en materia de educación, infraestructura, servicios básicos, salud, democracia, división de poderes, federalismo. Además, se elevó significativamente el nivel de vida de la población.

La economía nos permitió impulsar estos cambios pero es evidente la necesidad de reorientar y profundizar aspectos de las transformaciones recientes.

El país tendrá que enfrentar diversos dilemas que determinarán su destino en el milenio por venir. Entre las tres principales prioridades para el nuevo milenio, en mi opinión están:

• Garantizar el mejoramiento constante de las condiciones de vida de la población, en los términos del artículo tercero de la Constitución, procurando atenuar las desigualdades más extremas.

En particular, la gran apuesta del nuevo milenio tendrá que ser la educación, porque sólo con un capital humano suficientemente capacitado y comprometido con el desarrollo, podremos generar la prosperidad y los empleos que se requieren.

Tenemos que incorporar las nuevas tecnologías, el uso de las computadoras para garantizar que nuestros niños puedan construir un país todavía mejor que el extraordinario país que hemos hecho juntos hasta ahora, en donde podamos ir resolviendo insuficiencias, injusticias y rezagos.

• La consolidación de la democracia y el desarrollo de una cultura política democrática en la sociedad que garantice el respeto a las libertades, que fomente el pluralismo, el respeto y la tolerancia.

Se trata de que se le dé suficiente importancia a lo que significa ser ciudadano, no sólo en términos electorales sino de derechos y libertades pero también de responsabilidades. Sobre todo, porque las nuevas tecnologías están obligando a redefinir conceptos como identidad, democracia y soberanía.

En este sentido, fortalecer el federalismo contribuirá significativamente a resolver el reto de dejar de ser una sociedad estandarizada para incorporar y atender a los múltiples grupos e intereses de minorías legítimas.

En el próximo milenio tendremos que resolver el debate de cómo enfrentar la desigualdad y cómo generar las oportunidades que la población demanda.

• El crecimiento económico. Necesitamos crecer rápido, sobre bases firmes, generando inversión, empleos y ahorro interno y procurando disminuir las desigualdades.

Como gobernador de Veracruz me parece fundamental mantener una política económica responsable que promueva la inversión y la generación de empleos y que aliente el desarrollo tecnológico y la creación de oportunidades. Desde luego, la entidad debe seguir contribuyendo al esfuerzo nacional de crecer y desarrollarse. Para ello, es necesario promover una cultura empresarial flexible, que permita a las familias y a las microempresas ser autosuficientes. Debemos impulsar la capacidad creativa, consciente de los retos de la globalización y que sepa aprovechar las condiciones favorables que hay. Aun en los delicados escenarios internacionales que estamos viviendo.

Por ejemplo, hay una gran oportunidad para incrementar el comercio de bienes y servicios en la cuenca del Golfo de México, aprovechando la riqueza y el poder de compra que tienen los estados de Texas, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Campeche. Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y. desde luego, Veracruz. Estamos hablando de más de 30 millones de habitantes con poder de compra y ganas de progresar.

Esta debe ser entendida como una estrategia que prepara a México para poder acceder, en forma competitiva, al gran escenario que ofrece la Cuenca del Atlántico norte y sur.

Claro que Veracruz ha aprendido ya lo que significa transformar su economía para poder competir, ha sido duro y se han pagado costos altos, pero ahora tenemos todo un potencial para aprovechar las oportunidades que existen en el mundo.

Por ejemplo, con el TLC las exportaciones veracruzanas han crecido de manera muy importante, aunque surgen dificultades como el caso del azúcar, que obliga a plantear alternativas y buscar nuevas soluciones.

Es complicado, pero con una política de finanzas sanas, de gasto público responsable, de intensa promoción del crecimiento económico, de la inversión y del empleo, con una política económica que fortalezca el mercado interno, para que los veracruzanos produzcan lo que consumen, se generarán los recursos para atender los rezagos que enfrentan muchas regiones de Veracruz.

Tenemos todos, gobierno, empresarios, trabajadores, campesinos, las mujeres, los jóvenes, todos, tenemos que ser más productivos, generar más riqueza, y construir un ambiente y un entorno de confianza recíproca, de respeto a las libertades y de confianza en el progreso y el futuro.

El reto es diversificar, innovar y agregarle valor a lo que producimos, comercializarlo, difundirlo con gran imaginación y con una estrategia integral. Tenemos la fuerza de nuestra cultura, y en esto Veracruz es un ejemplo interesante, que nos permite aprovechar lo mejor de nuestro pasado, de nuestro presente e ir incorporando nuevas cosas que son necesarias y valiosas.

Necesitamos fortalecer un sistema de economías regionales que nos permita hacer posible las expectativas de progreso, de bienestar y de prosperidad que tenemos hoy y tenemos que empezar a hacerlas realidad ahora, con hechos y acciones concretas, específicas y prácticas. Creo que sólo así mejorarán las condiciones de vida de la población. Además, enfrentamos el reto de poder atender una población mundial en expansión constante, y en tanto tengamos un sistema en que las parejas deciden libremente los ritmos de la reproducción y del crecimiento de la población, es necesario contar con una economía que se transforme y genere más producción.

Sin embargo, valdrá la pena replantear con seriedad cuáles son los hábitos de consumo de la sociedad y contribuir a generar un modelo sustentable de desarrollo mundial a partir de economías regionales que recupere los valores del humanismo.  n

Miguel Alemán Velasco. Nació en 1932. Licenciado en Derecho por la UNAM. Fue presidente ejecutivo de Televisa y electo senador por el estado de Veracruz en 1991. Es gobernador del estado de Veracruz.

Acótame, acótame mucho

Acótame, acótame mucho…

Por Jean-François Prud’Homme

Como si fuera (…) la última vez… Hay algo paradójico en la manera de percibir la institución presidencial en estos tiempos de cambio. Por un lado, se ha vuelto un lugar común hacer del hiperpresidencialismo la clave institucional que explica más de cincuenta años de régimen autoritario. Por otro lado, la angustia y la decepción afloran ante cualquier acto del poder ejecutivo que parezca expresar debilidad. En la mente de muchos, incluyendo a los opositores al régimen, una mal definida voluntad de cambio que supone restricciones a las facultades del Ejecutivo se mezcla extrañamente con la nostalgia por una presidencia fuerte.

No conozco muchos países donde el electorado manifieste su satisfacción ante la debilidad de sus jefes de Estado o de gobierno. En general, los ciudadanos buscan liderazgos fuertes. Quizás el problema reside en la manera en que se concibe la fuerza de la autoridad política. Hace algunos años, un conocido sociólogo británico estableció, reinterpretando a Max Weber, una distinción entre dos tipos de fuerza estatal: el poder despótico y el infraestructural. A grosso modo, el primero corresponde a la capacidad de la autoridad política de concentrar y controlar recursos para imponer su voluntad; el segundo supone más bien coordinar y canalizar, a través de las instituciones estatales, recursos dispersos para orientar el curso de la vida pública. Ambos tipos no se excluyen mutuamente aunque, según las épocas y regímenes políticos, tiende a predominar alguno de ellos. En sí, ninguno de esos tipos constituye una mayor garantía de acumulación de poder. Sin embargo, ambos requieren de condiciones y habilidades distintas para el ejercicio de la autoridad. Me imagino que por allí pasa la solución a la paradoja del cambio y la nostalgia.

¿ Qué queda del presidencialismo mexicano tradicional? En un rigoroso y extenso estudio sobre el tema cuya publicación se espera todavía. María Amparo Casar especifica la diferencia del presidencialismo mexicano a partir de la paulatina colonización de los poderes judicial y legislativo por parte del ejecutivo. En lugar de apoyarse en una más o menos rígida separación de poderes, el régimen presidencialista mexicano se habría caracterizado por una virtual fusión de dichos poderes. El control ejercido por el presidente sobre el sistema de partidos, y desde luego sobre las ambiciones y oportunidades de carreras políticas, tuvo un papel central en ese proceso.

Cualquier observador de la vida política nacional actual puede constatar el desmoronamiento de las condiciones que. en la época del presidente Cárdenas, confluyeron para crear ese presidencialismo diferente. La pérdida de control del partido de gobierno sobre la Cámara baja del Congreso, el notable incremento de la competitividad en el sistema de partidos, la alegre deserción de las filas del PRI por políticos ambiciosos que vieron mejores oportunidades de victoria compitiendo bajo otra franquicia electoral y las complicaciones a que da lugar, ya no la designación, sino el apoyo indirecto al favorito presidencial para las elecciones del año 2000, constituyen indicaciones de que las bases del presidencialismo diferente se fueron paulatinamente minando. Y si subsisten algunos residuos de los atributos informales que conferían una fuerza desmedida a la institución presidencial, no está dado por seguro que en la actualidad contribuyan a una mayor acumulación de poder. Dichos residuos parecen ser más bien una mayor fuente de vulnerabilidad.

Los liderazgos políticos debilitados y desprovistos de los recursos necesarios para el ejerció del poder no permiten la consolidación de una vida democrática sana. Hace algunos años se discurría mucho acerca del acotamiento del poder presidencial como una vía de mejoramiento de las instituciones políticas nacionales. Muy pocos imaginaban entonces la posibilidad de que dicho acotamiento podía eventualmente llevar a la ineficiencia o hasta a la parálisis institucional. Ahora se sabe que el riesgo existe. Esas situaciones suelen conllevar a la devaluación de la esfera pública y de sus profesionales ante la ciudadanía.

La discusión en torno al futuro del presidencialismo en México debe reorientarse hacia la creación de condiciones que permitan el ejercicio de un liderazgo presidencial fuerte con separación de poderes y alto grado de competencia partidista. Esto significa cambiar la manera de pensar el problema pasando de la perspectiva reactiva del acotamiento a una más dinámica que se centre en el intercambio político y la negociación. Quizás habría que explorar una posible revisión del embrionario sistema de vetos entre poderes.

Tal cambio de perspectiva implicaría asimismo acentuar algunos aspectos del rol político del presidente. Si bien es cierto que el presidente es electo bajo una bandera partidista y que tiene responsabilidades hacia su formación política —cercanía que en sí es muy sana—, tiene también una legitimidad propia frente al poder legislativo derivada de su mandato electoral. Esa legitimidad propia podría ser utilizada de manera provechosa especialmente en la relación con la opinión pública. Esto obligaría al despliegue de habilidades políticas que contribuirían al fortalecimiento de la figura presidencial.

Mucho puede ser dicho en una perspectiva de reforma de las relaciones entre poderes. Sin embargo, hay que tener cuidado de no perder de vista las razones históricas concretas que explican la naturaleza de las instituciones políticas. Con frecuencia, cuando la “nueva” ciencia de las instituciones formula leyes universales sobre el funcionamiento de los sistemas presidencialistas termina dando un carácter general al funcionamiento de un modelo nacional en particular: el estadunidense. Creo que es una vía a evitar para pensar el futuro de la institución presidencial en México.  n

Jean-François Prud’homme. Politologo. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Licenciatura y Maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Montreal. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad York en Canadá. Es autor, entre otros ensayos, de “The IFE: Building Impartial Electoral Authority”. en Monica Serrano (ed.): GoverniliMexico: Politicai Parties an Elections. Londres, 1998.

Libertades de fuego

Libertades de fuego

De su lectura de La democracia en América y Del antiguo régimen y la revolución, Héctor Aguilar Camín seleccionó una galería de subrayados sobre los letrados, la libertad de prensa y las ideas, libertades de fuego que se ejercen en la vida pública.

Los letrados

Continuamente se ocupaban de materias relacionadas con el gobierno, siendo ésta relamente su verdadera ocupación. A diario se les oía discurrir acerca del origen de las sociedades y de sus formas primitivas, de los derechos primordiales de los ciudadanos y de los de la autoridad de las relaciones naturales y artificiales de los hombres entre sí, del error o la legitimidad de la costumbre, y de los principios mismos de las leyes. Penetrando de este modo hasta las bases de la organización general de su época, examinaban minuciosamente su estructura y criticaban su plan general. Cierto que no todos hacían de estos grandes problemas un objeto de estudio particular y profundo; la mayoría incluso no los trataban sino de paso y a la ligera; pero todos se ocupaban de ellos. Esta especie de política abstracta y literaria estaba repartida en dosis desiguales por todas las obras de dicha época, y no hay una, desde el tratado pesado hasta la canción, que no contenga algo de ella.

• Sentían aversión por todo lo antiguo y tradicional, y el deseo de querer reedificar la sociedad de su tiempo con arreglo a un plan enteramente nuevo que cada uno de ellos trazaba guiándose únicamente por su razón. La misma condición de estos escritores les predisponía en favor de las teorías generales y abstractas en materia de gobierno y les hacía confiar en ellas ciegamente. Viviendo como vivían tan alejados de la práctica, ninguna experiencia podía entibiar su ardor natural.

• No obstante, conservábamos una libertad en medio de la ruina de todas las demás: podíamos filosofar casi sin temor sobre el origen de las sociedades, sobre la naturaleza esencial de los gobiernos y sobre los derechos primordiales del género humano.

• No hubo contribuyente, lesionado por el desigual reparto de las impuestos, que no se enardeciese ante la idea de que todos los hombres debían ser iguales; ni pequeño propietario, cuyos campos devastaran los conejos de los nobles de su distrito, que no se complaciese en oír que todos los privilegios estaban indistintamente condenados por la razón. Cada pasión pública se disfrazó así de filosofía; la vida política refluyó violentamente hacia la literatura; y los escritores, arrogándose la dirección de la opinión pública, se vieron por un momento ocupando el lugar que de ordinario ocupan los jefes de partido en los países libres.

• Cuando una aristocracia está en su apogeo, no sólo dirige los asuntos públicos, sino la opinión; da la pauta a los escritores, y autoridad a las ideas. En el siglo XVIII la nobleza francesa había perdido por entero esta parte de su imperio, y su crédito había seguido la suerte de su poder: pues el lugar que ocupaba en el gobierno de los espíritus estaba vacío, y los escritores podían ocuparlo a sus anchas y llenarlo ellos solos.

•  ¡Desgraciados!, han olvidado hasta aquella máxima expresada por sus padres cuatrocientos años antes en el francés ingenuo y enérgico de la época: Por pedir muchas franquicias y libertades se cae en gran servidumbre.

• En relación con esa gran ciencia de gobierno que enseña a comprender el movimiento general de la sociedad, a juzgar lo que pasa en el espíritu de las masas y a prever sus resultados, eran tan ignorantes como el pueblo mismo. Y es que el juego de las instituciones libres es el único capaz de enseñar completamente a los hombres de Estado esa parte principalísima de su arte.

• Una nación cansada de largos debates consiente de buen grado que se la engañe con tal de descansar, y la hisoria nos enseña que en tal caso basta para contentarla con reunir un cierto número de hombres oscuros o dependientes y hacerles representar ante ella el papel de una asamblea política, mediante un salario.

• Así como en Inglaterra se confundían los que escribían sobre el gobierno y los que gobernaban —los unos introduciendo ideas nuevas para ser puestas en práctica y los otros ajustando y circunscribiendo las teorías a los hechos—, en Francia el mundo político quedó como dividido en dos provincias separadas y sin trato entre sí. En la primera se administraba, y en la segunda se establecían los principios abstractos sobre los cuales debía fundarse toda administración. En la primera, se adoptaban medidas particulares indicadas por la rutina; en ésta se proclamaban leyes generales, sin pensar en los medios de aplicarlas. Unos tenían la dirección de los negocios; otros, la de las inteligencias.

•  Por encima de la sociedad monárquica, cuya organización era aún tradicional, confusa e irregular, donde las leyes eran diversas y contradictorias, los rangos estaban separados y las condiciones eran fijas y desiguales las cargas, se iba edificando poco a poco una sociedad imaginaria en la que todo parecía sencillo y coordinado, uniforme, equitativo y razonable. La imaginación de la muchedumbre fue desertando gradualmente de la primera y pasándose a la segunda. Se desinteresó de lo que era. para no pensar sino en lo que podría ser. y se vivió, en fin. espiritualmente en aquella ciudad ideal construida por los escritores.

• Cuando se estudia la historia de nuesta revolución se ve que fue llevada precisamente con el mismo espíritu que inspiró tantos libros abstractos sobre el gobierno. Destaca en ella la misma afición a las teorías generales, a los sistemas completos de legislación y a la exacta simetría en las leyes; el mismo desprecio por los hechos existentes: la misma confianza en la teoría; el mismo afán de orginalidad, ingenio y novedad en las instituciones, el mismo deseo de rehacer de una vez toda organización estatal conforme a las reglas de la lógica y según un plan único, en lugar de tratar de corregirla por partes. ¡Terrible espectáculo!, pues lo que es cualidad en el escritor puede ser vicio en el hombre de Estado, y las mismas cosas que han dado origen a excelentes libros pueden conducir a grandes revoluciones.

•  Hasta el lenguaje político adquirió algo del que hablaban los escritores; se llenó de expresiones generales, de términos abstractos, de palabras ambiciosas, de giros literarios. Fomentado por las pasiones políticas de quienes lo empleaban, este estilo penetró en todas las clases y llegó con singular facilidad hasta las más bajas. Mucho antes de la Revolución, los adictos al rey Luis XVI hablan a menudo de la ley natural y de los derechos del hombre. Los campesinos llaman en sus solicitudes conciudadanos a sus vecinos; al intendente, respetable magistrado; al cura de la parroquia, ministro del altar: y a Dios, el Ser Supremo: para ser unos muy malos escritores no les faltaba más que saber ortografía.

La prensa

El mayor problema de las sociedades modernas es el de saber cuál es el empleo de la libertad de prensa.

• Confieso que no siento por la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se concede a las cosas soberanamente buenas por naturaleza… La quiero por consideración de los males que evita mucho más que por los bienes que aporta.

•  En algunas naciones que se pretenden libres, todos los agentes del poder pueden violar la ley impunemente sin que la Constitución del país otorgue a los oprimidos el derecho de quejarse ante la justicia. En estos pueblos, la independencia de la prensa no es una garantía más, sino la única garantía que queda de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos. Así, si los hombres que gobiernan estas naciones hablan de suprimir la libertad de prensa, el pueblo entero podría responder: Déjenos perseguir sus crímenes ante los jueces ordinarios, y quizás entonces consintamos en no apelar a tribunal de la opinión.

• Cuando se concede a cada ciudadano el derecho de gobernar la sociedad, es preciso reconocerle una capacidad de elegir entre las distintas opiniones que agitan a sus contemporáneos, y permitir apreciar los diferentes hechos cuyo conocimiento puede guiarle.

• La soberanía del pueblo y la libertad de prensa son, pues, dos cosas enteramente correlativas. La censura y el sufragio universal son, por el contrario, dos cosas que se contradicen, y no pueden mantenerse largo tiempo en las instituciones políticas de un mismo pueblo.

• Mucha gente en Francia se imagina que la violencia de la prensa afecta entre nosotros a la inestabilidad en el estado social, a nuestras pasiones políticas y al malestar general que sigue. Esperan una época en la que, al recobrar la sociedad una posición tranquila, también se calme la prensa… La prensa periódica me parece tener instintos y pasiones propios, independientemente de las circunstancias en las que actúa.

• En este momento, Estados Unidos es quizás el país del mundo que encierra en su seno menos gérmenes de revolución. Y sin embargo, en Estados Unidos la prensa tiene las mismas aficiones destructivas que en Francia y emplea la misma violencia sin las mismas causas para la cólera. Lo más a menudo se nutre de odio y de envidia. Se dirige más a las pasiones que a la razón. Reparte a su alrededor confusamente la mentira y la verdad. En Estados Unidos, como en Francia, la prensa es ese extraordinario poder, tan extrañamente combinado de bienes y males, sin el cual la libertad no podría vivir, y con el cual apenas puede mantenerse. La prensa estadunidense, como la nuestra, es un poder que se denigra en voz baja y delante del cual se postra uno en público, que se puede atacar por sorpresa, pero que ningún poder sabría atacar de frente.

• En materia de prensa no hay realmente término medio entre la servidumbre y la libertad total. Para recoger los bienes inestimables que la libertad de prensa asegura es preciso saber someterse a los inevitables males que origina. Querer obtener unos y eludir los otros es entregarse a una de esas ilusiones en que de ordinario se entretienen las naciones enfermas cuando, cansadas de luchas y agotadas por los esfuerzos, buscan medios para hacer coexistir

a la vez, sobre el mismo suelo, opiniones enemigas y principios contrarios.

•La libertad de prensa, como todas las demás, es tanto más temible cuanto más nueva. Un pueblo que nunca ha oído tratar ante él de los asuntos de Estado cree al primer tribuno que se presenta… Lo que alimenta a la libertad de prensa, lo que le da imperio sobre la voluntad humana son las pasiones políticas.

•Es un axioma de la ciencia política en Estados Unidos, que el único medio de neutralizar los efectos de los periódicos es multiplicar su número. Parece mentira que una verdad tan evidente no se haya divulgado aún entre nosotros. Comprendo sin esfuerzo que quienes quieran hacer revoluciones con la ayuda de la prensa traten de no dar a ésta más que algunos órganos poderosos, pero que los partidarios oficiales del orden establecido y protectores naturales de las leyes existentes crean atenuar la acción de la prensa concentrándola, eso me parece inconcebible.

• El espíritu del periodista en Francia consiste en discutir de un modo violento pero elevado y a menudo elocuente, los grandes intereses del Estado; si no siempre es así, es porque toda regla tiene excepción. El espíritu del periodista en América es el de atacar groseramente, sin ambages ni arte, las pasiones del público al que se dirige; abandonar los principios para asirse a los hombres; seguirles en su vida privada y poner al desnudo sus flaquezas y sus vicios, aborda los secretos del hogar doméstico o el honor del lecho conyugal. Semejante abuso con el pensamiento es deplorable.

• No se puede disimular que los efectos políticos de este libertinaje total de la prensa no contribuyen al mantenimiento de la tranquilidad pública, pues resulta que los hombres que ya gozan de cierto prestigio entre sus conciudadanos no se atreven a escribir en los periódicos, y pierden así el arma más temible de que pueden servirse para agitar en su provecho las pasiones populares. Resulta entonces que las opiniones personales expresadas por los periodistas no son, digamos, de ningún peso para los lectores. Lo que éstos buscan en un periódico es el conocimiento de los hechos; y sólo alterando o desnaturalizando estos hechos puede el periodista lograr cierta influencia sobre su opinión.

•Ahora bien, se ha observado que en los siglos de fervor religioso los hombres cambian algunas veces de creencia, mientras que en los siglos de duda todos conservaban obstinadamente la suya. Así sucede en la política bajo el reinado de la libertad de prensa. Al haber sido ya discutidas y combatidas una tras otra todas las teorías sociales, aquellos que se adhieren a una de ellas la conservan, no tanto porque estén seguros de que sea buena, sino porque no están seguros de que hayan otra mejor. En esos siglos, la gente no muere fácilmente en defensa de sus opiniones, pero no las cambia, y en ellos se encuentran a un tiempo menos mártires y menos apóstatas. Añadamos a esta razón otra más poderosa todavía: en la duda de las opiniones los hombres acaban por aferrarse únicamente a los instintos y a los intereses materiales, que son mucho más visibles, más concretos y más permanentes por naturaleza que las opiniones.

• Cuando la libertad de prensa se combina, como a menudo sucede, con la soberanía del pueblo, se ve a veces a la mayoría pronunciarse claramente en favor de una opinión. La opinión opuesta no encuentra entonces ya medio de expresarse y los que la comparten se callan mientras sus adversarios triunfan en voz alta. Se produce entonces de golpe un silencio inconcebible, del que nosotros o los demás europeos no sabríamos hacernos idea. Ciertos pensamientos dan la impresión de desaparecer de repente de la memoria de los hombres. La libertad de prensa existe entonces de palabra, pero de hecho reina la censura, y una censura mil veces más poderosa que la ejercida por el poder.

Las ideas

No hay que juzgar el estado de un pueblo por algunos espíritus aventureros que aparecen en su interior, pues podría suceder que fuesen tan generalizadores como poco lo es el pueblo y que la imposibilidad de establecer nada que les plazca en el mundo real sea lo que tan enérgicamente les empuja hacia regiones completamente imaginarias. Dudo que Moro hubiese escrito su Utopía si hubiese podido realizar algunos sueños en el gobierno de Inglaterra y pienso que los alemanes de nuestros días no se abandonarían con tanto arrebato a la búsqueda de la verdad general en filosofía si les estuviera permitido generalizar algunas de sus ideas en política.

• Cuando algunos hombres emiten ideas muy generales, no es una prueba de que el estado social sea ya democrático. es solamente un indicio de que comienza a serlo.

•  Pero si descubres en un pueblo una tendencia visible a aplicar las mismas reglas a todas las cosas, si permaneciendo por completo en lo practicable y lo real, se esfuerza

en extender la misma condición moral, intelectual y política a todos los hombres a la vez, no dudes más. puedes decir sin temor: aquí se ha consumado la revolución y ya no se trata de destruir la democracia, sino solamente de regularla.

•  Las ideas generales no expresan la fuerza de la inteligencia humana, sino más bien su impotencia, ya que no existen seres exactamente iguales en la naturaleza, no hay hechos idénticos, ni leyes aplicables indistintamente y de la misma manera a varios objetos a la vez.

•  Se diría que en los ingleses el espíritu humano no se aparta sino con pesar y dolor de la contemplación de los hechos particulares para remontarse hasta sus causas, y que sólo generaliza contra sus deseos. Por el contrario, parece que entre nosotros el gusto por las ideas generales ha llegado a ser una pasión tan desenfrenada que es preciso satisfacerla a toda costa. Cada mañana, al despertarme me entero de que se acaba de descubrir cierta ley general y eterna de la que nunca había oído hablar hasta entonces. Y “se me asegura” que obedezco con todo el resto de mis semejantes, a unas causas primeras que ignoraba. No hay escritor, por mediocre que sea, que se contente en su proyecto con descubrir verdades aplicables a un gran reino, y que no quede descontento consigo mismo si no ha podido introducir a todo el género humano en el objeto de su discurso. Los hombres hacen en cuestión de gobierno lo que hacen en materia de lenguaje. A principio sólo perciben los casos particulares. Después, cuando empiezan a conocer las ideas generales quieren generalizar demasiado. A medida que se vuelven más eruditos, complican sus ciencias y establecen clasificaciones, distinciones que no habían percibido al principio. Lo mismo sucede con el gobierno. La idea de la centralización pertenece a la edad intermedia de la inteligencia humana.

•  Los hombres que viven en tiempos de igualdad tienen mucha curiosidad y poco tiempo libre: su vida es tan práctica. tan complicada, tan agitada, tan activa, que les queda poco tiempo para pensar. Los hombres de los siglos democráticos aman las ideas generales porque se eximen de estudiar las cosas particulares… Quieren lograr de inmediato el éxito, pero evitan el esfuerzo. Estos instintos contrarios les conducen directamente a la búsqueda de ideas generales. con cuya ayuda se ufanan de describir extensos objetos con poco esfuerzo y de atraer las miradas del público sin dificultad. No sabría decir si se equivocan al pensar así: pues sus lectores temen tanto como ellos la profundidad, y por lo general no buscan en los trabajos del espíritu más que el placer fácil y la instrucción sin trabajo.   n

La silla apolillada

La silla apolillada

Por Jorge Javier Romero

La silla presidencial mexicana, esa versión republicana del viejo trono monárquico que en la imaginación popular es el símbolo del poder total, se ha vuelto incómoda; los resortes comienzan a molestar a quien la ocupa, el tapiz muestra ya lamparones y desgarraduras y la madera se quiebra a la menor presión. Lejos están los tiempos en que sus ocupantes querían estar “pegados como con cola en el dorado sillón”, como decía una letrilla sobre don Porfirio. Durante la época clásica del régimen postrevolucionario sólo la fortaleza del pacto que limitó el ejercicio del poder a un sexenio hizo que algunos de sus ocupantes la abandonaran sin violencia, pero no faltó quien se imaginara sentado ahí durante tanto tiempo como el viejo general de no malos bigotes.

Claro que hubo cambios del sillón dorado de don Porfirio a las más austeras sillas de los presidentes posteriores; pero a pesar de no tener la enorme águila dorada y las patas en forma de garra, que probablemente servían para aferrado a la tierra, la silla postrevolucionaria no carecía de atractivo: desde ahí se controlaba al gobierno, al legislativo, al judicial, a los poderes locales, a las corporaciones sociales. Un poder acotado tan sólo por su temporalidad, que tenía enormes facultades distributivas y que no conocía contestación interna. De verdad se veía confortables a quienes acostumbraban sentarse de tal manera que se viera el águila dorada en el respaldo de cuero.

Pero algo ha pasado que al actual ocupante se le ve incómodo. Como si algo le lastimara cada vez que intenta acomodarse en su asiento. El otrora mullido cojín donde se han posado egregios glúteos ha cedido y ya no permite ver toda la perspectiva; se le ve desvencijado y ya no impone la obediencia de antaño. El árbitro de las controversias se ha quedado sin la autoridad que le daba la posibilidad de acabar con las carreras políticas de los díscolos o de los indisciplinados. Su voluntad ya no se acata en el Legislativo, que ha adquirido vida propia, y muchos gobernadores no tienen razón alguna para obedecer, cuando mucho escucharán instrucciones: la vieja actitud lacayuna sólo se puede encontrar en las hemerotecas.

Con todo, y a pesar de que muchos clavos clave se le han caído, no tenemos otra silla, otra forma de poder que sustituya a la presidencia antes omnipotente y ahora deteriorada. A todos les parece que hay que cambiar el mueble, pero nadie tiene una idea del nuevo diseño del asiento. Unos creen que debe ser muy parecida, pero más austera, menos pretenciosa, más republicana, otros se inclinan por algún atractivo diseño europeo que a lo mejor no pega con el resto del viejo mobiliario. Algo hay que hacer, pero es seguro que sería una tontería cambiar una sólida silla por un endeble banquito de tres patas que difícilmente pueda guardar el equilibrio. Por mi parte, creo que ha llegado el momento de cambiar una buena parte del menaje de la casa.  n

Jorge Javier Romero. Profesor de la UAM-Xochimilco y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el premio del Certamen de ensayo político Carlos Pereyra en 1993.

Las responsabilidades compartidas

Las responsabilidades compartidas

Por Manuel Bartlett Díaz

Concluí recientemente mi gestión en el gobierno de Puebla. Goberné articulando la acción pública mediante tres ejes fundamentales: el impulso a la justicia social, la recuperación del crecimiento económico y la construcción de una nueva forma de gobierno. Esas eran claramente, hace seis años, las prioridades de los ciudadanos y los grupos sociales de Puebla. Sus objetivos y los programas para alcanzarlos son obviamente interdependientes. Afirmo que esas tres prioridades definen también la agenda del primer gobierno mexicano del siglo XXI.

La justicia social es un mandato definitorio de nuestro pacto fundamental, la Constitución. Cumplir dicho mandato implica ofrecer oportunidades de vida digna, productiva, plena a todos los mexicanos. El artículo 3° constitucional postula la democracia como una estructura jurídica, un régimen electoral equitativo y competitivo y “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento (…) del pueblo”. En este orden, los derechos sociales básicos son cláusulas de nuestro contrato social: la educación, la salud, la vivienda, la tierra, el trabajo digno y socialmente útil, el salario remunerador. La Constitución es la base de nuestra cohesión social y el soporte de nuestra seguridad. Es imperativo cumplir sus cláusulas.

El crecimiento económico es la clave de la calidad de vida de los mexicanos. Promoví en Puebla un crecimiento económico con estabilidad y con realismo. El estado no tiene deudas. La calidad de las finanzas públicas fue acreditada por un arbitraje internacional sin precedente. Alcanzamos niveles históricos de inversión pública y privada. Cambió la geografía humana de la zona metropolitana. Los rezagos fueron contenidos. No hay desempleo. El sector exportador es de los más dinámicos de México. El modelo de crecimiento se propuso hacer de Puebla un centro competitivo mundial para la inversión y un espacio dinámico para el crecimiento del sector moderno. Simultáneamente, se impulsó la incorporación de las regiones y los sectores marginados al desarrollo económico del estado. El gobierno promovió a su servicio caminos, electricidad, capacitación, salud, infraestructura urbana. Hoy todos los municipios están comunicados, el 97% de la población tiene acceso a la electricidad, el 97% a los servicios de salud y el 90% al agua potable. El rezago educativo fue disminuido. El producto interno del estado creció más rápidamente que el nacional. El resultado fue entonces muy positivo.

Realizar este esfuerzo requirió construir una nueva forma de gobierno. Alentamos una gran coalición de fuerzas sociales, y abrimos canales de partipación e instrumentos de poder para todos los sectores sociales. Realizamos una reforma electoral de consenso. Establecimos un gobierno participativo. En todos los sectores de la economía y de la sociedad se impulsó la participación de los actores sociales. El resultado está a la vista. Tuvimos un estado con una gran cohesión, con responsabilidades compartidas y con márgenes comparativamente altos de seguridad pública. Puebla tuvo una alta participación electoral y un intenso nivel de competencia democrática y tolerancia civil. Lo esencial de la nueva forma de gobierno consistió en hacer del Estado un activo constructor de acuerdos y un garante del derecho, como condición para promover las oportunidades, impulsar la participación y garantizar la expansión del empleo y del producto. Nos aplicamos a captar las demandas y las aspiraciones de la gente y proveerla con instrumentos y recursos para satisfacerlas. Pienso, repito, que estas prioridades reflejan las dentadas contemporáneas de México, y el núcleo básico sobre el que debe versar una amplísima discusión nacional.

Prácticamente desde el primer día, el gobierno mexicano se ha enfrentado a una muy grave crisis económica. Resolverla fue una prioridad asumida eficaz y responsablemente. Lo fundamental ahora es preservar el crecimiento con estabilidad y hacer de la política económica el más importante instrumento de la política social. Hoy se impone claramente generar un consenso que permita definir las responsabilidades económicas del Estado, el alcance de su capacidad de promoción y regulación, y los instrumentos a su disposición para garantizar la eficacia y la equidad del crecimiento. Es evidente que el empleo, el acceso de todos a oportunidades reales y la asunción correlativa de responsabilidades compartidas son prioridades y demandas de la sociedad.

No hay recetas para el futuro. Sobre la base del realismo, propongo, reitero, construir un gran consenso sobre una política económica incluyente, al servicio de la calidad de vida de todos los mexicanos, basada en responsabilidades compartidas y en la participación democrática. Lograrlo será la mejor garantía para la gobernabilidad y la seguridad de los mexicanos.  n

Manuel Bartlett Díaz. Nació en 1936. Licenciado en Derecho por la UNAM y con un postgrado en la Universidad de Victoria.

Inglaterra. Ha desempeñado los siguientes cargos: secretario de Gobernación de 1982 a 1988. secretario de Educación Pública de 1988 a 1992 y gobernador de Puebla de 1993 a 1999.

México: 1988 – 1994

México: 1988-1994

Por Carlos Salinas de Gortari

Tal vez la mejor manera de permitirle al lector establecer las modificaciones que ha tenido el ejercicio de la responsabilidad presidencial, sería intentar una descripción de cómo se procuró desempeñarla, y que el propio lector pueda decidir cuánto y cómo ha cambiado.

No pretende ser éste un recuento detallado de las facultades constitucionales de la presidencia ni sobre el sistema político al momento de ejercerlas. Por eso no están incluidas las relaciones con los otros dos poderes de la federación. Tampoco lo referente a la delicada responsabilidad respecto de las fuerzas armadas, o de la conducción de la política exterior, por destacar algunas. Por ahora, sólo se presentan estas reflexiones que intentan contribuir al diálogo al que Nexos nos invita.

La responsabilidad y el privilegio de servir a los mexicanos desde la presidencia de la República exigió como razón vital fortalecer la soberanía de México. Esta no dependía de que el Estado dispusiera de mayor fuerza física o de más presencia en la economía. La soberanía dependía del fortalecimiento de sus instituciones y de la legitimidad del gobierno entre los mexicanos. particularmente entre los que menos tenían.

Para fortalecer la soberanía, entre 1988 y 1994 se desarrolló una etapa de profundos cambios, que implicaron una intensa lucha frente a los intereses afectados. La política fue el medio para la construcción de consensos y el recurso para enfrentar lo inesperado.

Los cambios y la modernización entrañaban riesgos. Al promover los cambios se abrían oportunidades y también se corrían riesgos. Sin duda se cometieron errores.

La intensa negociación se reflejó en el proceso de iniciativas cruciales, como las reformas a los artículos 3°, 27 y 130 de la Constitución, aprobadas por el Constituyente Permanente, la descentralización de la educación y la negociación del TLC, aprobada por el Senado de la República, entre otras. Todas implicaron intensas negociaciones con los diferentes sectores involucrados. Las más intensas fueron al interior del aparato del Estado, frente a los tradicionalistas que vieron afectados sus intereses. Las disputas por el poder y por las reformas se dieron principalmente a su interior. Fue una lucha intensa, sobre todo al momento de la sucesión presidencial, pues sabían que el candidato y su equipo definían la perspectiva de posiciones y reformas.

Es un error pensar que lo sucedido en 1994 fue ajeno e independiente de los cambios introducidos durante los cinco años anteriores. Los terribles acontecimientos de 1994 no pueden entenderse sin vincularlos con las profundas reformas realizadas anteriormente y frente a los intereses afectados por ellas.

La oposición más tenaz a los cambios vino de la nomenklatura. Esta estaba integrada por los tradicionalistas que eran miembros del partido o formaban parte del gobierno, tanto al nivel federal como estatal. Se encontraban en posiciones destacadas, y se habían vinculado durante decenios al sistema de partido prácticamente único, con políticas clientelares y populistas, en una economía cerrada, protegida, con privilegios.

En lo que se refiere a la liberalización económica, los grupos afectados fueron muy numerosos, muy poderosos y sin duda no dejaron libre el espacio para la introducción de las reformas.

Las reformas se dieron en el marco de una nueva realidad internacional. La caída del muro de Berlín y la desaparición del campo socialista abrieron la puerta a la era de la globalizacion económica y la democratización internacional. El siglo XX finalizaba en el marco de la ausencia de conflictos bélicos mundiales y amplios procesos integradores. Si a lo largo de este siglo se fueron consolidando los Estados nacionales, al final de él se generaban notables fuerzas económicas que estaban llevando a borrar fronteras económicas y algunas nacionales.

La globalización se volvió inevitable; la democratización, indispensable. Actuamos frente a la globalización y también ante el reclamo democrático. Para México, el fin de la guerra fría significó que la única superpotencia que quedó en el mundo resultó ser nuestro vecino. Dado su nuevo carácter hegemónico y la historia de conflictos y desencuentros con Estados Unidos, esta realidad exigía que la soberanía se convirtiera en el valor fundamental de los mexicanos.

Las preguntas que tuvimos que responder fueron: ¿cómo se fortalece la soberanía al final del siglo XX, frente a un mundo en el que la globalización se propone derribar fronteras y crear grandes regiones unificadas?, ¿cómo se fortalece la soberanía dentro de un país con una de las peores concentraciones de la riqueza en el mundo y con tremendos grupos de poder económico y político?

El fortalecimiento de la soberanía exigía un mayor sustento popular del Estado. Para ello se estableció una estrategia social diferente, renovada. Su esencia estuvo en que los que menos tenían, organizaran sus propias fuerzas, por ellos mismos y para su propio beneficio.

En ese contexto se inscribió el Programa Nacional de Solidaridad. Este contribuyó a edificar una base social con empuje político frente a la lucha por el poder. Los programas que abría esta participación popular de nuevo tipo, tenían que ser financiados con recursos sanos, no inflacionarios. El Estado tuvo que disponer de los bienes que había acumulado a lo largo de años para venderlos, reducir la deuda y con esos ahorros financiar el gasto social. La privatización de empresas públicas no fue una decisión ideológica para más libre mercado, sino un instrumento esencial para las reformas políticas y sociales. Con esos fondos se redujo la deuda y se abrió espacio en el presupuesto para apoyar la estrategia social de nuevo tipo.

Parte importante de la labor presidencial estuvo en promover la movilización popular. Rechacé dar mensajes de desánimo mediante un pretendido “realismo” que hubiera exhibido incompetencia para construir una vida mejor.

Solidaridad fue una parte del esfuerzo para fortalecer la legitimidad social del Estado. Mediante la formación de más de medio millón de comités de base, abrió espacios a la participación popular organizada e independiente. Por eso fue objeto de una intensa oposición por parte de la nomenklatura. Así lo entendía Luis Donaldo Colosio. Por eso declaró en septiembre de 1993: “Sea quien sea el próximo titular del Ejecutivo, Solidaridad tendría que seguir adelante, porque más que un programa, es una forma de organización social. Por ello precisamente el pueblo ya no permitiría que las decisiones regresen a los escritorios, a las burocracias o a las cúpulas”.1

Los resultados de este esfuerzo social están documentados. Estudios de CEPAL basados en las encuestas levantadas por el INEGI han permitido establecer, con base en información seria y confiable que entre 1989 y 1994 se frenó el proceso de concentración de la riqueza ocurrido en los ochenta. Sin embargo, no nos quedamos ahí; se inició también su reducción, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Así lo ha confirmado el índice acordado internacionalmente para medir la concentración del ingreso, el de Gini. En las áreas urbanas, este índice se redujo de 0.42 en 1989 a 0.40 en 1994, y en las rurales de 0.34 a 0.33. Es decir, se había iniciado la reducción de la concentración de la riqueza en México, gracias a las políticas que implementamos, y que se apoyaron en los esfuerzos de corrección y saneamiento de finanzas públicas iniciado en la anterior administración. Esto prueba que mediante el liberalismo social logramos hacer más equitativa la distribución del ingreso en México.2

El estudio de CEPAL también confirma que entre 1989 y 1994 se redujo el porcentaje de hogares debajo de la línea de pobreza, al pasar de 39% en 1989 a 36% en 1994. En las zonas urbanas se redujo de 34% a 29% y en las rurales de 49% a 47%. Esto muestra que a lo largo de mi administración la mejoría en la distribución del ingreso y el mayor crecimiento económico permitieron una reducción de la pobreza.3

Ahora el BID ha probado que México fue la nación de América Latina en la que los salarios reales aumentaron más entre 1989 y 1994. En esos años sólo dos países de América Latina lograron que los salarios reales crecieran cada año, en términos reales: México y Chile. El aumento acumulado de salarios reales en México se elevó a 45%, y representó el doble del de Chile. Fue un logro notable de la política social mexicana.4 Durante esos años ni los modelos neoliberales que se aplicaban en la región ni los populistas que subsistían, lograron proporcionar aumentos de los salarios reales como los que en la época del liberalismo social se registraron en México.

Se ha venido construyendo el estereotipo de que en México el Presidente de la República ha ejercido a lo largo de los años una presidencia “absolutista y omnipotente”. En realidad para construir consensos se ha recurrido históricamente a las facultades que la Constitución le da. También, en cada caso, a su liderazgo político.

En la construcción de consensos, procuré no dejar de escuchar opinión discordante de un crítico público. El diálogo desde el gobierno se dio con todas las fuerzas políticas del país. En primer lugar con los miembros y dirigentes del PRI en el Congreso, en los estados, con sus estructuras y su dirigencia. Horas de diálogo, convencimiento, negociación y pactos; giras de trabajo cada semana a lo largo de la República para explicar, negociar y convencer desde las bases hasta las cúpulas. Además se dialogó y negoció con todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión; con organizaciones sociales afines, opositoras y contestatarias del Estado. Y a lo largo de mi administración tuve diálogos personales con los dirigentes de todos los partidos.

Los cambios fueron realizados abiertamente, no de manera oculta. Además de la negociación y la movilización popular, su realización requirió abrir el gobierno a un grupo de reformadores que trabajaron al interior del Estado; muchos de ellos habían estado vinculados a movimientos populares reales. Participaron en la lucha para enfrentar a los tradicionalistas dentro del aparato. incluso enfrentaron a otros reformadores.

Procuré mantener una relación respetuosa con quienes me habían antecedido en la honorable responsabilidad de la presidencia de la República. Con todos, si bien con varios de ellos tenía diferencias fundamentales en el proyecto promovido. Difícilmente podía convocar a la unidad por la vía de la exclusión. Fui especialmente cordial con quien me brindó la oportunidad de participar en la candidatura del PRI a la presidencia; lo fui por convicción, por elemental educación, y para no fracturar al Partido.

Parte importante de la tarea de gobierno estuvo precisamente en tratar de comunicar adecuadamente la tarea gubernamental. La comunicación y las encuestas venían después de las decisiones de política. Es decir, utilizábamos la comunicación para avanzar en la construcción de consensos y no para definir la política a partir de lo que mostrara algún sondeo de opinión.

Se fortalecieron límites al poder presidencial. En la relación con los medios impresos, al liberar la importación de papel periódico, lo que dio libertad total a cualquier medio para adquirirlo fuera del monopolio que el Estado había tenido por decenios. Con mas federalismo, con las nuevas fórmulas de distribución de las participaciones, y la participación de los municipios en los programas sociales federales. De manera especial, el regreso al espíritu original del artículo tercero constitucional relativo a la educación. La reforma al artículo 27 devolvió a los campesinos poder de decisión en su ejido, y terminó la acentuada intervención del Estado en su vida interna. El Presidente dejó de ser autoridad agraria. La ciudadanización del IFE fue un paso sin precedente en el fortalecimiento de la sociedad civil. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió puertas a la acción de las ONGs frente a los abusos del Estado. Al promover la autonomía del Banco de México, para terminar con la facilidad gubernamental de imprimir billetes para financiar obras.

Otra parte importante de la tarea presidencial estuvo en mantener la cohesión y el ánimo en el PRI, mi partido, el que me llevó a la presidencia. Hice evidente que mi compromiso con la democracia estaba en garantizar una elección presidencial limpia y transparente en 1994. Y se cumplió. Para alcanzar ese propósito se introdujeron cambios inéditos, los cuales generaron grandes resistencias de la nomenklatura. Por primera vez en la historia del país se puso la organización de la elección en manos de un órgano independiente, bajo el control de ciudadanos. Se estableció, por fin. un mecanismo para dar resultados el mismo día de la elección, mediante encuestas a la salida de casillas y conteo rápido. También, por primera vez se dieron debates en televisión entre los tres candidatos presidenciales. Se elevó la equidad en la difusión a través de medios masivos. Se alentó la participación de observadores nacionales y no se impidió la de visitantes extranjeros. Un hecho notable fue que por primera vez en la historia se tuvo un padrón electoral confiable y se acudió a votar mediante una credencial con la fotografía del elector.

Fortalecida la democracia, no dudé en dar al partido mi respaldo como Presidente. Es decir, se hizo política y más política, mucha política. Se recogieron voces desde adentro para emprender el cambio que se requería. Sabíamos que dejarlo a la deriva sólo podía conducir a su derrota segura o a su desmembramiento y dominio por facciones.

Al conmemorarse el LXIII aniversario del PRI, ante más de 5,000 priistas bajo la conducción de Luis Donaldo Colosio, congregados al aire libre en la explanada de la sede nacional del Partido —el gabinete legal y ampliado, los gobernadores, todos los diputados y senadores, políticos prominentes e integrantes del Consejo Político Nacional, así como los órganos estatales y del DF— propuse como vía el liberalismo social y rechacé las dos vías del neoliberalismo y el populismo. La realización de un programa de gobierno con gran respaldo popular permitió que los votantes valoraran positivamente al PRI. y con ello se logró en 1991 recuperar la ciudad de México y ganar la mayoría calificada en el Congreso. Se clarificó la oferta partidaria y la del gobierno, con lo que se convirtió en propuesta de futuro. El partido, a pesar de resistencias y lucha interna, apoyó las políticas de mi gobierno; en su Declaración de Principios incluyó al liberalismo social.

Para 1994, a pesar de los acontecimientos terribles que ocurrieron, sobre todo la tragedia que significó la muerte de Luis Donaldo Colosio, la obra de gobierno realizada logró que los votantes ratificaran su respaldo al PRI. Contra los vaticinios, el resultado electoral no desembocó en una crisis nacional, sino en una fiesta cívica con la participación histórica del 80% del electorado y el reconocimiento nacional e internacional al carácter democrático de la elección presidencial. Por cierto, con esto también se respondió en los hechos a medios y opinadores extranjeros, algunos intelectuales nacionales, y sobre todo opositores que sabían ofrecer seguridad personal y familiar a cambio del poder nacional, y que actuaban en una especie de canto de las “sirenas”, ofreciendo al Presidente en turno “pasar a la historia como demócrata haciendo que pierda el PRI”. En la elección presidencial de 1994 probamos que se podía ser demócrata sin que la derrota del PRI fuera su requisito.

El ánimo social que se construyó durante esos años no provino de una construcción artificial, mucho menos de un engaño colectivo. Tuvo como basamento real los resultados alcanzados mediante el notable esfuerzo del pueblo mexicano. Compárese la conducción de la presidencia entonces como realmente se llevó a cabo, no como el inconsciente colectivo la imagina hoy, o como deliberadamente la distorsionan diversos y tenaces comentarios de prensa. n

1 Citado en El Norte, enero 24 de 1994.

2 La fuente es CEPAL, Panorama Social de América Latina. Edición 1996. Santiago de Chile, 1997. Anexo Cuadro 23.

3 Idib. Anexo, Cuadro 16.

4 Véase BID: América Latina frente a la desigualdad. Washington, 1998. Apéndice Estadístico, pp. 278-303.

Criterios de justicia social

Criterios de justicia social

Por Humberto Roque Villanueva

Lamentablemente, el tema de la seguridad pública ocupará un lugar primordial en las prioridades de gobierno. Gobierno que no sea capaz de reducir los índices de inseguridad no estará cumpliendo con el mandato esencial implícito en el contrato social de cualquier Estado democrático. La sociedad se encuentra ante el apremio de corregir las causas estructurales de la delincuencia, entre las que ocupan lugar destacado la pobreza y el desempleo, y la urgencia de recuperar los espacios de libertad de las personas, las familias y la comunidad.

El modelo de gobernabilidad que se mantuvo vigente por muchos años tendrá que ser ajustado para lograr un mejor equilibrio de poderes y evitar que la partidocracia secuestre virtualmente la voluntad de la sociedad. El nuevo modelo tendrá que basarse en una nueva capacidad de concertación de intereses y menos en un sentido autoritario del ejercicio del poder.

En México existe gobierno en todas sus expresiones y hay presencia de la sociedad en diversas formas, por lo que no estamos carentes de gobernabilidad, lo que socialmente se demanda es mejorar su calidad en un ambiente de la más comprometida democratización.

Los nuevos retos de la sociedad mexicana tienen que ver con la democracia, con la gobernabilidad, con el crecimiento económico sostenido, pero sobre todo con la justicia social.

Sin tasas de crecimiento económico superiores al 5% anual y un esfuerzo redistributivo del ingreso con un nuevo proceso democrático de presupuestación no será posible fomentar la justicia social.

La política económica tendrá que seguir siendo muy cuidadosa en lo que se refiere a finanzas públicas sanas, libre comercio y rectoría efectiva del Estado en la economía. Sin embargo, se tendrá que impulsar un mejor equilibrio entre la participación de los mercados y la del Estado.

Debemos combinar democracia, justicia social y gobernabilidad, para poder, a través de la política económica del Estado, obtener lo que este país requiere con más urgencia: los criterios de justicia social.  n

Humberto Roque Villanueva. Nació en 1943. Licenciado en Economía por la UNAM. Diputado de 1994 a 1997 y presidente del PRI. Es director general de Aseguradora Hidalgo.

A la hora de la alternancia

A la hora de la alternancia

Por Guillermo Trejo

Las elecciones federales de 1997 abrieron un nuevo capítulo en la historia política del presidencialismo mexicano. Al perder el PRI la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el presidente perdió por primera vez desde finales de los años treinta el control absoluto del poder legislativo. Con una mayoría simple en la cámara baja, el presidencialismo mexicano se ha visto mermado, pero el poder ejecutivo todavía tiene en sus manos enormes recursos económicos, administrativos, judiciales y regulatorios para doblegar al poder legislativo, a los gobiernos estatales y municipales y en menor medida al poder judicial. El sistema político mexicano aún no cuenta con un auténtico sistema de pesos y contrapesos, análogo al de las democracias presidenciales. Frente a los poderes omnímodos del zarismo presidencial del pasado, hoy tenemos un presidencialismo sin corona imperial, pero no un sistema cooperativo y equitativo de pesos y contrapesos con una presidencia democráticamente acotada.

De cara a las elecciones presidenciales del año 2000 se antoja pertinente preguntar si la alternancia partidista en el poder ejecutivo es una condición necesaria para la construcción democrática de una presidencia fuerte pero acotada. En otras palabras, ¿debe el PRI perder la presidencia de la República para que los mexicanos podamos construir un sistema efectivo y equitativo de pesos y contrapesos? ¿Qué incentivos tendría un presidente surgido del partido oficial para abdicar a los todavía enormes poderes en manos del Ejecutivo? ¿Qué motivaría a un presidente surgido de la oposición a democratizar la institución presidencial? En estas líneas quisiera sugerir que la alternancia en la presidencia es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la democratización del poder ejecutivo. Si bien una reforma integral del actual sistema de pesos y contrapesos sería un evento muy remoto bajo una presidencia priista, un Ejecutivo surgido de las filas de la oposición no es garantía de reforma: sólo bajo condiciones muy específicas de competencia política tendría incentivos a renunciar al botín presidencial y coadyuvar a la reforma del sistema.

Los estudiosos de las democracias presidenciales sostienen que el sistema de partidos es uno de los factores determinantes del poder presidencial. En México, un sistema de partido hegemónico y un partido oficial leninistamente disciplinado, posibilitaron por cerca de sesenta años el dominio del Ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial y sobre los estados “soberanos” y los municipios “libres”. El avance reciente de la competencia electoral en el país nos obliga a revaluar los poderes en manos de la presidencia. Ante la erosión acelerada del sistema de partido hegemónico, las facultades constitucionales del Ejecutivo empiezan a cobrar enorme relevancia. Los estudiosos del presidencialismo difieren, sin embargo, en cuanto a los poderes constitucionales del Ejecutivo mexicano. Quienes consideran las facultades legislativas del poder ejecutivo como el factor más relevante en la definición del poder presidencial, concluyen que. en relación al resto de América Latina, la presidencia mexicana es relativamente débil. Es decir, en ausencia de una mayoría absoluta en el congreso, el presidente se encuentra institucionalmente debilitado frente al poder legislativo. Quienes más allá de las facultades legislativas enfatizan las facultades administrativas, económicas, financieras, judiciales y regulatorias del poder ejecutivo, no observan una presidencia débil.

La experiencia reciente de la aprobación de las leyes de ingresos y egresos de 1998 y 1999 es muy ilustrativa para analizar el poder relativo del Ejecutivo mexicano. En materia de impuestos y presupuesto, aunque el Ejecutivo tiene la primera palabra, el Legislativo tiene la última. Sus facultades constitucionales son mayores a las del Ejecutivo. Y, sin embargo, aún sin la ayuda de la vieja aplanadora priista, el presidente Zedillo fue capaz de negociar sendos paquetes legislativos que resultaron ser no muy distintos de lo propuesto originalmente por sus secretarios de Hacienda.1 Esta es una manifestación muy clara de la enorme capacidad de coerción y persuasión con la que todavía cuenta la presidencia. Si bien las divisiones legislativas entre las bancadas del PAN y del PRD fortalecen la posición del presidente, el inmenso aparato burocrático federal y los vastos recursos financieros y humanos todavía centralizados en manos del gobierno, lo dotan con un enorme poder de negociación. El presidente trasciende sus debilidades legislativas mediante el uso estratégico de sus capacidades regulatorias y de los puestos y los dineros federales. Poderoso caballero don dinero, amo y señor del Leviatán, el Ejecutivo mexicano todavía puede doblegar legisladores, gobernadores y presidentes municipales.

¿Qué incentivos tendría un presidente surgido de las filas del PRI a renunciar al botín presidencial? ¿Estaría dispuesto a impulsar una nueva división y distribución de poderes y dineros y otorgarle la autonomía a la burocracia federal mediante la instauración de un servicio civil de carrera? Las razones por las cuales un presidente surgido del PRI no estaría dispuesto a llevar a cabo estas reformas son muy similares a las razones que desincentivan hoy al presidente Zedillo a impulsar la tan cacareada reforma del Estado. Al estar inhabilitado constitucional- mente para la reelección, Zedillo maximiza la probabilidad de trascender en la historia como un presidente exitoso. Y esto, para él, significa una sucesión presidencial sin colapso macroeconómico. El presidente ha optado por la austeridad económica y, contra viento y marea, su gobierno está dispuesto a mantener un superávit fiscal hasta finales del sexenio. Para ello necesita alimentar la lealtad de los priistas inconformes y persuadir a los panistas a su favor. El apartado administrativo del Estado y los recursos económicos a su disposición permitirán una negociación ventajosa. Reformas como la reelección de los legisladores o un servicio civil de carrera, mermarían el poder relativo de negociación del presidente. Zedillo y los priistas estarían dispuestas a llevar a cabo reformas de esta índole siempre y cuando estuvieran convencidos de que la probabilidad de un triunfo presidencial de la oposición fuera muy alta. De lo contrario, no habría razones para cortarle los brazos al Leviatán. Por ello la reforma del Estado no avanza.

Con elecciones simultáneas del poder ejecutivo y el legislativo, el candidato presidencial ganador en el 2000 obtendrá, por lo menos, una mayoría simple en el congreso. De resultar triunfador el candidato del PRI, una vez en el poder tendría todos los incentivos para utilizar los recursos financieros y administrativos a disposición del Ejecutivo, en una cruzada por reconstruir la mayoría absoluta del PRI en el Legislativo. Como Zedillo lo ha hecho en los últimos años, la gobernabilidad económica tendría que negociarse con alguno de los dos partidos opositores, a cambio de reformas incrementales en áreas como el federalismo fiscal o el combate a la pobreza. En esta empresa será de enorme valía una relación cooperativa entre el ejecutivo y los gobernadores del PRI. Para el año 2000. el PRI mantendrá en su poder por lo menos tres cuartas partes de los estados de la República.

No es en balde que los punteros en la carrera por la candidatura del PRI a la presidencia cortejen activamente a los diferentes “sindicatos” de gobernadores y ex gobernadores. Un presidente surgido del PRI, con fuertes amarres en los estados, tendría toda la fuerza del aparato administrativo nacional y local para desde la periferia reconstruir la tristemente célebre aplanadora priista en San Lázaro. Sería el regreso del presidencialismo mexicano pero por la vía democrática.

¿Tendría un presidente surgido de la oposición incentivos a introducir una profunda reforma del Estado? Más allá de consideraciones normativas, no encuentro un argumento racional convincente para justificar que un presidente surgido de la oposición se comporte de manera diferente a uno del PRI. Un presidente surgido de la oposición tendría todos los incentivos para doblegar a los otros poderes de la Unión y utilizar los enormes recursos económicos y administrativos en manos del Ejecutivo para asegurarse una mayoría absoluta en el congreso. A diferencia de un presidente surgido del PRI, sin embargo, un presidente del PAN o del PRD tendría que librar una batalla feroz en contra de los gobernadores del PRI. Al perder el PRI la presidencia de la República, los gobernadores se convertirían en los nuevos puntos focales para el priismo nacional. El tricolor, de hecho, se transformaría en una confederación de oligarcas locales dispuestos a reconstruir el PRI nacional por la vía del congreso federal. Los legisladores y los gobernadores priistas pugnarían por introducir la reelección de diputados y gobernadores. De estas batallas entre el centro y la periferia, y entre el Ejecutivo y el Legislativo, podrían surgir acuerdos compensatorios de cooperación mediante los cuales se limitarían las facultades financieras y administrativas del Ejecutivo, a cambio del fortalecimiento de sus facultades legislativas. Paradójicamente, serían los mismísimos gobernadores del PRI los que en pos del fortalecimiento de sus nichos locales terminarían impulsando, a contrapelo de sus viejas prácticas e intereses centralistas, la construcción de un sistema de pesos y contrapesos más equitativo.

A final de cuentas el futuro del presidencialismo mexicano estará en manos de los electores. Serán ellos quienes en julio del 2000 decidirán el partido que ocupará la silla presidencial y la composición de las cámaras. El fin del presidencialismo mexicano requiere de la alternancia en el poder ejecutivo. La democracia no solamente implica la institucionalización de la incertidumbre electoral; la democracia es, también, gobierno a tempore. Como sugiere Adam Przeworski, en las democracias los partidos políticos pierden elecciones. Pero la derrota del PRI. hay que subrayarlo, no representa ninguna garantía de una profunda reforma del Estado. En todo caso, serían las condiciones de competencia política y las rivalidades entre el Ejecutivo, el Legislativo y la periferia priista, las que abrirían las puertas para la eventual democratización de la presidencia y la instauración de un verdadero sistema de pesos y contrapesos.   n

Guillermo Trejo. Politólogo. Profesor-Investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Candidato al Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Prepara un estudio comparativo sobre movilizaciones indígenas en América Latina.

1 Debo este punto a Alain de Remes.

Reingeniería de la administracion pública

Reingeniería de la administración pública

Por Vicente Fox

En primer lugar, hay que echar a andar un amplio proceso de reingeniería en la administración pública que nos lleve a contar con un gobierno ágil, productivo, de pronta respuesta, que gaste menos y que genere mayores beneficios a la sociedad. Hay que contar con un gobierno donde la calidad en el servicio y la atención prioritaria a los núcleos de población excluidos, sean las divisas más importantes. También deberemos meternos de lleno al federalismo, a la descentralización, al trabajo con base en proyectos socialmente rentables, y a la rendición permanente de cuentas.

En segundo lugar, necesitaremos hacer de la educación la prioridad número uno, porque ya está demostrado que a mayor educación, mayor desarrollo. En este sentido, será indispensable orientar la mayor parte de los recursos tanto a esta área, como a aquellas que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y sus familias, en pocas palabras, con el desarrollo humano. Necesitamos, en síntesis, contar con una agresiva política social donde la divisa sea abrir oportunidades de desarrollo sin caer en el paternalismo.

En tercer lugar, hay que reorientar la política económica. Deberemos trabajar en la ampliación de oportunidades de empleo y esto se consigue dando oportunidades a la inversión, generando tecnología, modernizando la política fiscal para que no inhiba la creación de nuevas empresas. Necesitamos que nuestra economía crezca, pero que lo haga con calidad, es decir, que no sólo atienda el renglón de lo macro, sino que también ofrezca oportunidades a ese gran mundo de la micro y pequeña empresas. Desde luego que la seguridad pública y el Estado de derecho serán elementos vitales, pues nadie quiere invertir su dinero donde imperan el crimen y la corrupción.

Sí, creo que la política económica debe reorientarse, y considero que para ello deberemos afrontar, entre otros, los siguientes desafíos:

Conducir el desarrollo económico en armonía con el mercado, sin olvidar el carácter rector que debe tener el gobierno. Se deberá promover un crecimiento con calidad que democratice la economía a través de la generación de oportunidades para todos.

Asegurar la estabilidad macroeconómica. Para ello será necesario un equilibrio fiscal que disminuya la vulnerabilidad de nuestra economía y no eleve la carga a futuras generaciones. Otro elemento es la estabilidad en las cuentas externas. Necesitamos mantener un tipo de cambio real y transformar a los inversionistas de corto plazo del presente, en inversionistas de largo plazo del nuevo México. Hay que dar. también, una autonomía real al Banco de México, modernizar el sistema bancario y promover una amplia cultura del ahorro.

Dar competitividad a la pequeña y mediana empresa. La política industrial debe estar enfocada a mejorar la competitividad de la industria local, a fin de que disponga de los elementos para incorporarse a la internacionalización de los procesos productivos.

Instituciones que aceleren los procesos de absorción tecnológica, la cultura de la calidad, la penetración de mercados externos y el acceso a la información son vitales; como también lo es contar con un sistema financiero moderno que canalice recursos a la sociedad; y un gobierno que no ponga trabas burocráticas a las iniciativas de la sociedad.

Impulsar un desarrollo regional equilibrado. Es necesario el fortalecimiento de los estados a través de un auténtico federalismo y el mejoramiento sustancial de la competitividad para que los estados se incorporen favorablemente en el nuevo entorno de competencia. En el campo es esencial dar mayor valor agregado a los productos e implementar una estrategia de diversificación hacia productos de mayor rentabilidad e incluso la sustitución por agroindustrias y empresas industriales, comerciales y de servicios que hagan menos vulnerables a las comunidades rurales.  n

Vicente Fox. Nació en 1942. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Fue presidente de Coca Cola en México y diputado federal. Desde 1995 es gobernador del estado de Guanajuato.

Una explicación

Una explicación

Por José Antonio González Fernández

Héctor Aguilar Camín

Director General de Nexos

PRESENTE

En relación con tu amable comunicación del 15 de febrero, en la que Nexos y Cal y Arena me hacen una formal invitación, por tu conducto y el de los señores Luis Miguel Aguilar y Rafael Pérez Gay, para contestar algunas preguntas y conceder una entrevista sobre la sucesión presidencial, te quiero dar las gracias por haberme considerado, pero, como te lo comenté vía telefónica, no puedo aceptar tan cordial invitación.

La explicación es muy simple. En primer lugar, no me asumo como precandidato de mi partido a la Presidencia de la República, y las diversas menciones que se han hecho en los medios de comunicación, sobre mi persona, me parecen muy honrosas, pero no son producto de una definición política personal.

Soy un servidor público que colabora directamente con el Presidente de la República, y considero que mientras se me permita desempeñar este cargo, debo hacerlo con toda lealtad y sin distracciones. Pienso que ser secretario de Estado con el presidente Ernesto Zedillo es una gran oportunidad, y por lo pronto, para un servidor, no es momento de pensar en los temas de la sucesión presidencial.

Te agradezco el hecho de haberme considerado, y sobre todo, la gentileza y amistad con que siempre me has distinguido. n

José Antonio González Fernández. Nació en 1952. Licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Diputado federal de 1991 a 1994. Se desempeñó como Procurador de Justicia del DF. director del ISSSTE y secretario del Trabajo.

Tareas concluyentes

Tareas Concluyentes

Por Roberto Madrazo Pintado

1 • Cumplir con un amplio proceso de conciliación de intereses entre todos los mexicanos, que permita colocar un piso de consenso en lo fundamental, para que juntos, en forma plural y descentralizada, reorganicemos y ampliemos la capacidad de inclusión política, económica y social del nuevo sistema mexicano en gestación. Se debe lograr un nuevo acuerdo político nacional, que otorgue representatividad y certeza al cambio que todavía los mexicanos tenemos que realizar en nuestras instituciones, actitudes y conductas públicas y civiles y devuelva así a la política, su sentido constructivo y creador.

2.   Dotar al país de un clima de seguridad pública y confianza jurídica que proteja el esfuerzo diario de los mexicanos, otorgue certidumbre económica e incremente las ventajas de México en el concierto global. Se debe fortalecer el Estado mexicano con un claro sentido social, republicano y democrático, para asegurar gobernabilidad, estabilidad y progreso.

3.   Poner en el centro de las prioridades del desarrollo nacional a la gente y primero a los que menos tienen. Se deben redoblar los esfuerzos en materia de política social y asistencial integrando las acciones públicas con las acciones filantrópicas de la sociedad para conformar una sola respuesta de solidaridad entre los mexicanos. La educación debe ser el eje de la política social y la capacitación para el automejoramiento constante de la calidad de vida, el eje de las acciones asistenciales.

1• Es necesario realizar un análisis objetivo, con una actitud abierta y constructiva de las fortalezas y debilidades de la política económica nacional, para mantener aquello que resulta bien y cambiar lo que no funciona. Nuestra macroeconomía tiene cifras reconocidas y ha mostrado avances para captar ahorro externo y hacer frente a los complejos problemas de la volatilidad financiera mundial. Hay que conservar el rumbo.

2.   Sin embargo, el sector real de la economía ha carecido de una política de competitividad que permita detonar el esfuerzo de los mexicanos, articulando regionalmente las cadenas productivas nacionales y globales para integrar en ellas y a través de ellas, a la pequeña y mediana empresa y de esta manera crear los empleos que necesitamos. En síntesis, debemos democratizar el mercado y armonizar la acción del Estado con el trabajo de los empresarios para apoyarlos y facilitar el cumplimiento de su papel motor de la economía.

3.   Es necesario garantizar que los beneficios del posicionamiento de México en el mercado global, se difundan ampliamente entre todos los mexicanos. Es poco viable que México progrese con mayor equidad si sólo veinte millones de mexicanos se encuentran bien integrados a los sectores modernos de la economía, pero ochenta millones no lo están y dentro de éstos, cuarenta millones viven atrapados en un círculo interminable de pobreza.

4.   Tenemos que seguir avanzando en materia de acuerdos globales de comercio y en particular, respecto del TLC, profundizar regionalmente sus alcances, para conectar a los empresarios de cada región con sus similares y apoyarlos en sus negociaciones. La relación entre países, al interior de este tratado, es cada vez más una relación entre regiones que exige fortalecer los foros birregionales como la Conferencia de gobernadores del Golfo de México o la Conferencia de gobernadores de la frontera, entre otros.

5. Debemos terminar las tareas inconclusas de la reforma económica que emprendimos hace varios lustros. Entre ellas: la reforma fiscal, la reforma del sistema bancario y financiero nacional y la salida del Estado de actividades no estratégicas, para que pueda avanzar en una reforma integral de la administración pública, acorde con la nueva realidad nacional y concentrarse en sus tareas de gobierno, promoción económica y desarrollo humano integral.  n

Roberto Madrazo Pintado. Nació en 1952. Licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido dos veces diputado y senador en una ocasión. Desde 1994, es gobernador del estado de Tabasco.

La cuestion presidencial en 1999

La cuestión presidencial en 1999

Por Jesús Silva-Herzog Márquez

Lo que en verdad importa —dice el autor de estas páginas— no es quién sucederá a Ernesto Zedillo, sino la marcha del pluralismo mexicano. El problema, sin embargo, es que buena parte del país mira hacia otro lado. “Que la mayoría legislativa del PRI haya desaparecido, que el PRD gobierne la Ciudad de México, que partidos distintos al del Presidente gobiernen a millones de mexicanos parece irrelevante porque no ha habido una mudanza en la sede del gran poder: Los Pinos”.

No  muerdo el anzuelo. Lo importante no es la sucesión presidencial sino la cuestión presidencial en 1999. Contrastar este par de enunciados es referirnos, quizás, al núcleo de un debate mal perfilado. El problema puede situarse en el enfoque del libro famoso: La sucesión presidencial en 1910. De no ser porque sus páginas provocaron una revolución, la obra hubiera sido justamente olvidada en unos cuantas repisas de biblioteca. Ningún historiador de las ideas podría sacar provecho de sus párrafos: su relevancia está en lo causado, no en lo razonado. Su mirada se dirige al instante electoral y se concentra en el modo de relevar a Porfirio Díaz. Después del dictador, la felicidad. La grandilocuente convocatoria de Francisco I. Madero a los buenos mexicanos no da un paso más allá de la salida del general. Las delicias de la democracia llegarían en el momento en que la libertad del sufragio y la no reelección estuvieran aseguradas.

El otro texto es, por el contrario, uno de los grandes momentos de la inteligencia política mexicana del siglo XIX. Me refiero a La cuestión presidencial de 1876, de José María Iglesias, un libro que, para desgracia de todos nosotros, no se edita y no se lee. El libro funde biografía e historia en 430 páginas intensas. “No hay documento más condenatorio de Porfirio Díaz, y mucho menos escrito por una persona de tanta autoridad moral, como este libro”, dice Cosío Villegas. El tono de azucarado optimismo de Madero tiene, en Iglesias, un aire doloroso ante la decisión del pueblo de apartarse del camino de la legalidad y, al mismo tiempo, un soplo vehemente en la defensa de la convicción constitucional. Es cierto: ambos escritos se incrustan, desde el título, en una fecha. La diferencia es que Madero piensa en el instante como la catapulta para sustituir a un presidente, y que Iglesias se concentra en el evento como la puerta para acceder al régimen constitucional. Vale la pena, pues, tratar de separar los temas: el sucesor de Ernesto Zedillo y la marcha del pluralismo mexicano. Esto último es lo importante.

Todavía se oye en el discurso público que el arranque de la transición está adelante. Cuauhtémoc Cárdenas lo ha reiterado recientemente: la elección del año 2000 puede ser, si es que las cosas se acomodan a sus diseños, el inicio de la transición a la democracia. Notable: el hombre que es prueba de la inmensa transformación política de México sigue negando la materialidad de la transición. Quienes piden epopeya a los tiempos, ven nuestra época como el prefacio de un drama que aún no se enciende. Pero, a pesar de este anhelo de espectacularidad, a pesar de este apetito de ruptura, la transición ha dado ya sus frutos: la diversidad se ha instalado entre nosotros, las elecciones reparten el poder en tiempo y espacio (unos ganan hoy, otros mañana, unos ganan aquí y pierden allá), los contrapesos empiezan a activarse, la atmósfera se carga de in- certidumbre. La transición es un hecho. Puede ser un acontecimiento incompleto pero, en todo caso, su huella es innegable. Por lo menos para quien le guste caminar con los ojos abiertos.

Lenta y errática, exhibidora de la pobreza de nuestra sociedad política, la transición está cansada. Necesita impulsar su segunda agenda, la de la consolidación, pero no tiene la claridad ni el ánimo para hacerlo. Cuando era indispensable dar un salto a la frescura de las ideas, y el tejido de los acuerdos, México dio un salto generacional hacia atrás. México cruzará el siglo de la mano de hombres viejos con pesadas obsesiones. Lo detectaba hace poco Héctor Aguilar Camín en Proceso: estamos viendo el regreso de una generación desplazada. Quizá por eso la propuesta política de 1999 está cubierta de óxido. Rechina con lugares comunes, frases hechas, nociones adquiridas.

El país se entretiene con el circo de las precandidaturas pero no encuentra, en el aparador de ambiciones, ideas para encarar el futuro. A los candidatos se les conoce por sus chistes, por sus atuendos, por su ingenio en la esgrima con los periodistas. De sus propuestas, nada que desborde los tópicos. Lo que se analiza en la prensa son los reflejos de los candidatos, no sus proyectos. El debate público se convierte de este modo en un pueril peloteo de ocurrencias. Fulano se pone el sombrero y de inmediato Mengano fustiga a los cobardes que se cubren la cabeza. Los pretendientes son dueños de la pelota, están convencidos que ellos son el tema de México. El drama es que los verdaderos temas del país —la cuestión demográfica, la nueva forma institucional, la fiscalidad, el agua, las exigencias educativas, el imperativo de crecimiento, la necesidad de rearmar la unidad del país— siguen sin nombrarse. Podemos analizar lo que se está discutiendo en estos días, pero lo importante es lo que no se está discutiendo: ese vacío gobernará el futuro.

La cuestión presidencial en 1999 está cruzada por dos impulsos en sentido contrario. Por un lado hay un ánimo de despresidencializar a México. No se sabe muy bien qué forma debe adoptar ese anhelo, pero es creencia generalizada que la democratización demanda la atenuación de los poderes presidenciales. La intuición es que la nueva agenda ha de mitigar las facultades del Ejecutivo, ensanchando la órbita de sus contrapoderes. Dos acicates de nuestra memoria histórica tienen este propósito: el registro de los excesos presidenciales y la fresca cronología de fracasos gubernamentales. La presidencia como despotismo y como frustración. Pero lo curioso es que, al lado de este impulso despresidencializador, se confiesa con frecuencia la supervivencia del culto solar.

La fascinación por el voto del 2000 revela que, en la conciencia profunda de México, lo único que cuenta es la presidencia de México. Que la mayoría legislativa del PRI haya desaparecido, que el PRD gobierne la Ciudad de México, que partidos distintos al del presidente gobiernen a millones de mexicanos parece irrelevante porque no ha habido una mudanza en la sede del gran poder: Los Pinos. Por eso se sigue diciendo que hay que iniciar la transición. Tal parece que en nuestro país la presidencia es el sinónimo político del ser; del ser en exclusiva. Nada que no sea presidencial, es. Las diputaciones, las alcaldías, las gubernaturas son botana.

A los ánimos cruzados habría que agregar las reglas flojas. El estatuto constitucional del presidencialismo acumula críticas. Algunos siguen viendo ahí permisos para el despotismo, mientras otros advierten el sendero de la impotencia. El caso es que el régimen institucional de la presidencia se ubica ya como uno de los puntos centrales de la nueva agenda. Algunos proponen una marcha hacia el semipresidencialismo, otros sugieren una adecuación más modesta. Crece, de cualquier manera, la convicción de que el pluralismo demanda una reforma profunda del sistema presidencial. Sólo los más ingenuos suponen que hemos llegado a una democracia normal que se asienta sobre rieles firmes.

Los partidos no son extranjeros en la provincia presidencial. Su consistencia institucional, su ubicación ideológica y su dispersión son componentes vitales para la gobernabilidad de una democracia presidencial. Puede adelantarse que la multiplicación de los partidos y su notable incapacidad para entablar acuerdos dificulta enormemente la pavimentación de la eficacia. La cuestión presidencial está enmarcada por una severa crisis del sistema de partidos. Más bien, debería decir, por la inexistencia de un verdadero sistema de partidos. Es que el arreglo partidista no ha alcanzado estabilidad, ni en su número ni en la conformación organizativa de sus componentes, ni en su trato rutinario. Tenemos lo que podría llamarse una situación de partidos, no un sistema. El Partido Acción Nacional ha sido en los últimos años un partido vacilante que no acierta a definir y defender sus posturas, sobre todo en lo que respecta a su relación con el gobierno federal. El PAN ha sido desbordado, al parecer irremediablemente, por un populista que, en buena medida, significa la negación de sus tesis fundamentales. El PRI es un partido que ha perdido el dueño pero no ha ganado reglas. Es un partido que sigue posponiendo decisiones cruciales para su sobrevivencia, bajo ese extraño supuesto de que las cosas, cuando se sueltan al juego libre de la fortuna y se dejan añejar, se solucionan mágicamente. El PRD es un partido que se ha convertido en ganador sin que se haya vuelto partido. Al mismo tiempo, se abren nuevas opciones y presisten los partidos bananeros. El escenario partidista para el año 2000 se ve sobrepoblado, además de endeble. Existe la certeza en el país de que el hombre que obtenga más votos vivirá en Los Pinos. Lo que no resulta evidente es si ese hombre gobernará.

El interrogante de la gobernabilidad brota en muchos frentes: han muerto las mayorías francas y la cultura del acuerdo no ha logrado asentarse; el Congreso se ha vuelto definitivamente protagonista y no tiene los instrumentos para cumplir su responsabilidad; el Estado es crecientemente incapaz de aplicar derecho; los partidos no logran dar el gran salto hacia la madurez institucional y el diálogo constructivo; carecemos de una administración eficiente, profesional, apartidista que pavimente el camino hacia la alternancia.

Al escribir estas notas vuelve a tomar impulso la vieja consigna de la unidad opositora. El PRI no se ha desplomado en caída libre y se planta con posibilidades de ganar la primera elección del nuevo siglo. Se oye, así, que la unión opositora es la única vía para garantizar la alternancia. Hay razón en ese cálculo y, por supuesto, derecho en plantear la alianza. El problema es que la propuesta impone un guión a la transición mexicana que le es ajeno y tiende a despreciar el tejido programático de una oferta política. Lo que importa, se dice con esa simpleza que nos inunda, es la democracia, lo demás es lo de menos. No: no es lo de menos. Una asociación política no puede ser una simple colección de adhesiones personales y antipatías concurrentes; tiene que ser un acuerdo explícito sobre coincidencias fundamentales, el mapa de un gobierno posible.

Lo que está detrás de esta iniciativa es la convicción de que el PRI es un tumor que hay que extirpar de la anatomía nacional. Se arranca el fibroma y punto: la felicidad democrática llegará en seguida, como creía Madero. Las cosas, sin embargo, parecen un poquitín más difíciles. Armar una Gran Coalición Opositora sin una Gran Coalición Prepositiva es levantar un edificio sin cimientos. Tal vez esté en pie para la fiesta de la inauguración, pero no resistiría el primer portazo.   n

Jesús Silva-Herzog Márquez. Ensayista. Maestro del Departamento de Derecho del ITAM. Columnista del diario Reforma. Obtuvo mención en el Certamen de ensayo político Carlos Pereyra en 1993. Es autor de Esferas de la democracia. Pronto publicará un libro sobre la transición bajo el sello de Planeta.

Cómo vivir en pluralidad

Cómo vivir en pluralidad

Una entrevista con José Woldenberg por Rodrigo Morales

¿Cómo será la noche de las elecciones en el 2000? ¿Cómo se construyen las prácticas y la normalidad democrática?

¿Cuál es la labor del árbitro? José Woldenberg aborda en esta entrevista el tema de la responsabilidad de la institución electoral en el proceso de la transición democrática y propone algunas claves para enfrentar y dejar atrás la incertidumbre política.

¿Cuál es el estado del arbitro en esta competencia adelantada? ¿Qué tan preparado está el árbitro para la contienda, y dónde están sus zonas de riesgo?

¿Cuáles son sus pasivos?

En México, sus partidos, su gobierno y sus ciudadanos hemos venido edificando una autoridad electoral con una finalidad esencial: darle garantías de imparcialidad a todos los contendientes. Esta ha sido una construcción lenta, errática, pero ha dado frutos. En la última década, de 1990 a la fecha, con la creación del IFE, se rompió con una larga tradición. La Secretaría de Gobernación organizaba realmente los comicios a través de la Comisión Federal Electoral y todo el proceso transcurría ante los ojos de partidos diferentes al PRI como una operación sesgada de inicio. La construcción de una institución autónoma con un servicio electoral profesional, con un padrón con múltiples mecanismos de seguridad, con una revisión minuciosa de todos los eslabones del proceso electoral, y con una independencia total del gobierno, ha construido un árbitro que ha demostrado que puede organizar elecciones en 1991, 1994 y 1997, cumpliendo con un principio fundamental, que los votos se cuenten, y que sólo los votos decidan quiénes van a gobernar y quiénes van a legislar. Además de la autoridad electoral, hay un contexto más general, que hace muy difícil alguna operación fraudulenta de carácter masivo en general. ¿A qué me refiero? Hay partidos fuertes, como no los había en el pasado, que pueden vigilar todos y cada uno de los pasos de la autoridad electoral. Hay una gran cantidad de agrupaciones cívicas que siguen el proceso electoral y lo vigilan. Hay una prensa, una televisión y una radio más abierta, una opinión pública cruzada por la pluralidad que sigue los asuntos electorales, y hay incluso un contexto internacional, que posibilita que un país que quiera vivir en el mundo democrático occidental tenga que realizar elecciones limpias, transparentes y legales.

Tanto el contexto como el árbitro, y los procedimientos y la legislación, pueden darnos garantías de que la elección puede transcurrir bien. No ubico zonas de riesgo excesivas. ¿Dónde podría haberlas? No tanto en la preparación o en el desarrollo de las elecciones, sino en la reacción de los actores políticos, una vez que se conozcan los resultados. En ese momento, lo que la autoridad electoral tiene que hacer, como los árbitros de fútbol, radica en no estar interesada en el resultado del encuentro; debe estar preocupada por cómo se desarrolla la jornada, y si al final alguien gana por goliza, quedan empatados o a muy escasa diferencia, eso no lo decide el árbitro, sino la gente al ir a votar. La autoridad tiene que estar capacitada para asimilar la votación, gane quien gane, por el margen de votos que sea. El 1FE está capacitado para eso. Pero en el caso de una elección muy competida. ¿cómo reaccionará el segundo lugar? Eso dependerá también de que el IFE demuestre que todo fue hecho correctamente, de manera imparcial, y que la gente crea en la autoridad. La reacción del segundo siempre es muy importante. ¿Por qué el segundo? El primero por definición va a estar contento, y es muy probable que el tercero, el cuarto o el quinto queden a una distancia mayor. En toda elección, el problema real es cómo va a reaccionar el segundo. Pero si le damos garantías, no debería haber mayor problema. No veo zonas de riesgo en materia operativa, instrumental o logística. Tenemos un buen padrón, sabemos generar las rutinas que llevan a la elección, sabemos organizar las elecciones y capacitar a la gente.

Siguiendo con la metáfora del fútbol, en las últimas fechas se ha insistido en que los árbitros marcan mal, que no corren a tiempo, que están lejos de la jugada. En esta evolución institucional, ¿cuáles son los riesgos, ya no provenientes del contexto, que sin duda es favorable, ni de la logística que sin duda está resuelta? ¿Qué haría vulnerable a este árbitro en una dinámica más interna?

Siguiendo con la metáfora, éste es un árbitro que difícilmente puede equivocarse. Todas las decisiones que tome el IFE, las toma en consejos, sean generales, locales o distritales. A esos consejos asisten no sólo los consejeros, sino también los representantes de los partidos, y en el caso del general, también el poder legislativo. Son acuerdos que tienen una socialización, una discusión muy amplia pero, eventualmente, quienes votamos nos podemos equivocar. Esos acuerdos son públicos. Están fundados y están motivados. Si algún partido político está inconforme, puede impugnarlos ante el tribunal electoral y el tribunal dice la última palabra. Esta construcción institucional es muy importante de retener. El IFE no es una autoridad omnipotente, y que bueno que no lo sea, si nos equivocamos, el partido A, el B o el C, van ante el tribunal y exponen. Y el tribunal pude reponer la legalidad. Más que la virtud de quienes integramos el Consejo General, está este mecanismo institucional que hace muy difícil tomar alguna decisión, ya no digamos arbitraria, sino incluso discrecional. Otro de los candados es la ley electoral. Un código de procesos electorales donde todos y cada uno de los pasos de la elección están previamente diseñados. Nuestros márgenes de discrecionalidad son cercanos a cero. Desde la confección de las boletas, el registro de los partidos, el acceso a los medios masivos de comunicación, etcétera, todos los eslabones están claramente diseñados. Alguien podrá estar en contra del diseño normativo, pero eso es otro asunto. Si nos apegamos a lo que se desprende del código de procedimientos podemos ofrecer mucha certeza. Estos dos elementos: una legislación, muy barroca si se quiere, pero muy abarcante, que deja muy poco espacio a la discrecionalidad, y el hecho de que todas nuestras resoluciones puedan ser impugnadas ante el tribunal, son dos buenos candados: el árbitro se puede equivocar, pero también puede reparar sus equivocaciones.

Hubo tanta desconfianza sobre los árbitros en materia electoral, que fue necesaria una legislación y una construcción institucional muy barroca, muy abarcante, que no deja prácticamente ninguna decisión a la discreción de quienes estamos en el IFE. A nadie escapa que todo lo que hacemos es para que los partidos, sus candidatos y los ciudadanos digan: “el proceso electoral va bien” y “esa autoridad es confiable”.

¿Cómo te imaginas la noche de la elección, el 2 de julio de 2000?

Me imagino la noche de la elección con una enorme expectativa por parte de la ciudadanía, luego de una afluencia muy grande a las urnas. Las elecciones van a ser muy competidas. Van a estar muy animadas, porque tenemos partidos fuertes. Habrá candidatos con mucho imán, es decir, habrá mucha efervescencia. Me imagino una jornada electoral que transcurre bien. La gente asiste a votar, se encuentra en el padrón, los votos los reciben sus vecinos que son los funcionarios de casilla, que han salido insaculados y han sido capacitados para esa labor. Se vota, se cuentan los votos, se va a los distritales, y desde los distritales se empiezan a mandar los resultados al centro de cómputo del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Y esperamos que funcione como funcionó en 1997. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Toda esa información va a ser un flujo continuo, que esperemos no se detenga en ningún momento, un flujo desagregado, es decir, no vamos a dar solamente el agregado nacional, sino que hay que ir casilla por casilla, distrito por distrito, circunscripción por circunscripción, estado por estado, contabilizando los votos y las tendencias. Entonces habrá un flujo continuo que. además, seguramente estará precedido por encuestas de salida o por conteos rápidos que realicen las televisoras, las estaciones de radio, organizaciones civiles, cámaras patronales. Si se actúa de manera profesional, objetiva, tendremos en la noche tendencias más o menos consolidadas que emergerán sin duda de los resultados de la autoridad, pero que estarán acompañadas por otra serie de ejercicios de este tipo que van a confirmar los resultados que salen de las casillas. Esperaría que esa misma noche, si las tendencias son muy abiertas, los que pierdan feliciten al ganador, el ganador dé un mensaje, y si las tendencias son muy cerradas y hay que esperar al cómputo de la última casilla, que todo el mundo guarde serenidad y tenga confianza en que se van a contar todos y cada uno de los votos, que nadie se diga ganador si faltan casillas por contar. En cualquiera de los dos escenarios, con la certeza de que todos y cada uno de los votos serán contados de manera escrupulosa. Claro, los escenarios planteados son escenarios extremos. En uno donde las tendencias sean muy cerradas, todos debemos de actuar prudentemente, y en un escenario también posible donde un candidato se despega en relación con todos los demás, gana por una cantidad de votos que ya es irremontable y, seguramente, festeja, esperando que los otros reconozcan su derrota y le den la mano.

Como muchas otras instituciones en el país, el IFE ha sufrido un recorte presupuestal. ¿Cómo ha sentido este recorte en relación con los recursos para cubrir todo el proceso electoral?

El recorte lo resentimos en todas las áreas y en todos los programas. El Instituto Federal Electoral hizo un presupuesto, su Consejo General aprobó un presupuesto mucho muy ceñido para 1999. Sabíamos de las dificultades económicas que vive el país, y el presupuesto se había confeccionado luego de un programa de retiro voluntario, por el cual salieron de la institución más de 400 personas, y después de un proceso de reestructuración, que significó que otras 800 salieran, es decir. 1200 personas. Presupuestamos haciéndonos cargo de que ya había un recorte muy importante,

y sobre ese presupuesto se nos aplicó un recorte del 17%. ¿Por qué dije que era inequitativo? Porque el promedio de los recortes fue del 29%. Si uno va dependencia por dependencia, se da cuenta de que algunas sufrieron menos del 2%. y las más altas, dependientes del ejecutivo, menos de siete puntos porcentuales. El Congreso tuvo una reducción del 2.10%. el Poder Judicial del 9%, y al IFE, el 17%, lo que significó para nosotros, insisto, que todos los programas y todas las áreas sufrieran un nuevo recorte.

Ahora bien, tenemos que preservar que todas y cada una de las áreas funcionen bien y funcionen para el año 2000. Haremos los mayores esfuerzos de actualización del padrón e iremos con un padrón actualizado mejor que el del 1997, pero con más recursos podríamos ir mejor. Vamos a cuidar todos los eslabones del proceso electoral. Vamos a hacer una buena campaña de capacitación de los funcionarios de casilla. No quiero decir que el recorte vaya a impactar la calidad de la elección, pero sí afecta algunos de los programas que eventualmente se iban a desarrollar. Pongo un ejemplo, quizá más gráfico y más fácil de entender: el 60% de los recursos del IFE van al Registro Federal de Electores, para actualizar el padrón, como hemos venido trabajando, se requieren una serie de módulos, a lo largo y ancho del país, si no, no se puede hacer, con menos recursos instalaremos menos módulos, y eso tendrá un impacto en la actualización del padrón. Esto no quiere decir que sea un padrón sesgado, ni con rasurados, ni con fantasmas, no. El padrón es un padrón correcto, al que hay que invertirle mucho, porque si no tenemos una estructura permanente para actualizar esas realidades —los cambios de domicilio, los fallecidos, las migraciones y los jóvenes que llegan a la edad de 18 años—el padrón se nos va desgastando. Acabaré diciendo: éste es el presupuesto más bajo de esta institución desde que se creó, y ésta es una institución que es como una especie de acordeón, tiene años —yo los llamo así— no electorales, preelectorales y electorales. Este año es preelectoral y tenemos menos recursos que en un año no electoral. Podrán imaginar el impacto de este recorte. Nada más en términos del personal del IFE, además de que ya 1200 gentes habían salido, ahora saldrán otras 250 o 300. así que llegaremos como a 1500.

Y esta inequidad en el recorte, ¿no tendrá que ver también con una imagen de que esta es una institución ya muy costosa, es decir, que la idea de que cualquier inversión en democracia ya empieza a ir a la baja?

Quizá, pero quizá de manera prematura. Ciertamente nuestras elecciones son muy caras, y debemos tener en el horizonte hacerlas más baratas. El problema es los tiempos. ¿Por qué son muy caras? En primer lugar por los enormes candados para darle seguridad al proceso. Hay uno que me parece espectacular: la ley dice que tenemos que hacer un listado nominal con fotografía. pero no uno, sino uno para cada uno de los partidos, para que el día de la elección sus representantes en la casilla tengan un listado con la foto del elector para que puedan verificar. En 1997 hicimos 11 listados nominales con fotografía, cada uno con 52 millones de fotos. Tuvimos que imprimir 570 millones de fotos. ¿Eso cuesta? ¡Claro que cuesta! ¿Se hace en otros países? No, no se hace en otros países. Ahora, ¿eso es un buen gasto? Hoy yo digo que sí, porque irradia confianza y da seguridad. La operación de las elecciones mexicanas son costosas porque está llena de candados. Visto de aquí a veinticinco años, muchos de estos candados se pueden ir quitando. ¿Vale la pena quitarlos antes del 2000? No. Debemos de pasar una, dos, tres elecciones más, para que se asiente esta rutina, y entonces todo el mundo empezará a ver que es muy costoso y que hay que quitarlo, que los dados no están cargados.

En términos de imagen se han acortado los tiempos. Hay quien dice que podemos hacer más baratas las elecciones, pero tal y como está la ley no hay mucho lugar para moverse.

La columna vertebral del IFE es un sistema profesional electoral. que consiste en 32 juntas locales y 300 juntas distritales, cada una compuesta por un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal del registro, un vocal de organización y un vocal de capacitación. Ellos son personal permanente, profesional, y son 1600, que además necesitan una cierta infraestructura secretarial, y de intendencia y apoyos. Es lo mínimo para funcionar. ¿Qué es lo que está detrás de la ley para tener una estructura tan grande y no funcionarios de temporada? Se requería un cuerpo, con la camiseta de la institución, que sirviera única y exclusivamente a los fines de una elección transparente, bien hecha, por eso se diseñó un sistema profesional electoral. Ese sistema ha sido una muy buena inversión, nos ayuda a despejar dudas sobre las elecciones. Claro, alguien podría decir: “se pueden hacer elecciones con personal contratado exprofeso y se acabó”. Quizá, pero cuando los partidos y el poder legislativo decidieron hacer un sistema profesional electoral, estaban pensando en que se requería un tipo específico de operador electoral o de funcionario electoral, alguien que le cumpliera a la institución a sabiendas de que la institución le iba a cumplir a él y que estando dentro de ese servicio profesional electoral sus lealtades iban a estar con la institución y no con ningún partido. Entonces, ¿ha llegado el momento de tener otra cosa que no sea un sistema profesional electoral? Creo que no. y quizás ése sí llegue en muchos años. Todo eso cuesta, pues sí.

En España se recurre a personas de la administración pública para que atienda las casillas, se les ofrece un sobresueldo y todo funciona bien. El IFE tiene que insacular al 10% del padrón, y notificarles que pueden ser funcionarios de casilla. En 1997 notificamos a más de cinco millones de ciudadanos. De esas cinco millones de gentes contestó el 40%, dos millones. Se capacitó a dos millones de personas para tener setecientos y tantos mil funcionarios el día de la elección y que atendieran las casillas. ¿Este es un método muy caro? Claro que sí. Contratamos a doce mil capacitadores para hacer esa tarea, pero es un método que ha funcionado. ¿Por qué? Porque el vecino llega, ve que el presidente, el secretario, los escrutadores es gente que conoce, pero es carísimo. Se podrían hacer otras cosas. En Colombia se les encarga esa misión a los jóvenes de preparatoria y de universidad. Hay fórmulas más sencillas. Cuando se disipe la desconfianza, podremos integrar las mesas directivas de manera más sencilla.

Esta sucesión adelantada también ha producido nuevos hechos políticos. Hay tantos personajes que expresan públicamente su intención de ser candidatos que dejan a la autoridad sin posibilidad de regular todas estas precampañas y los gastos, que ya se advierte que no son menores. ¿En qué están incurriendo algunos de estos personajes, ¿qué tanto puede afectar, sobre todo, el tema de la equidad?

Que diferentes políticos, de muy distintos partidos, estén realizando campañas es un signo de los nuevos tiempos, incluso debería verse como un signo venturoso. Algunos dicen: “yo quiero ser candidato a la Presidencia de la República, voy a trabajar en ese sentido y espero que mi partido me postule”. Hasta ahí veo todo normal y como un signo de la transformación o de la democratización del país. Sin embargo, aflora un problema: el de los dineros y la política, y ese es un problema no de México, sino de todo sistema democrático. ¿Cómo regular el impacto del financiamiento sobre los políticos y sobre los partidos? El asunto es que no es sencillo regular esto que estamos viendo. Por ejemplo, regular una precampañana quizá sí se podría hacer, pero curiosamente lo que estamos viendo hoy difícilmente cabría bajo el concepto de precampaña. ¿Qué es una precampaña? Cuando un partido político saca una convocatoria para decir: “los que quieran ser mis candidatos tienen que registrarse y harán una campaña de esta naturaleza, bajo estas reglas, y de ahí saldrá nuestro candidato”. Ningún partido político lo ha hecho hasta la fecha. Sin embargo, vemos a personajes de la vida pública y decimos: “están en precampaña”. Este tipo de regulación es difícil. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que no se pueda hacer nada. Eso está en el terreno del poder legislativo, si quisiera regular todos estos asuntos. Por lo pronto, el IFE no tiene ningún instrumento para entrarle a esto, incluso se podría decir algo más: quizá toda la legislación está construida bajo la idea de que hay un sujeto fundamental dentro de los procesos electorales, que son los partidos, y los partidos tienen que reportarnos sus ingresos, sus gastos. La legislación no dice prácticamente nada sobre los candidatos, porque asume que todos los ingresos, así lo entiendo, todos los gastos que se hagan en una campaña deben ser atribuidos al partido. Hay una preocupación muy grande en toda América Latina por los dineros de la política, porque en torno a éstos gravitan no solamente poderes corporados sino dineros ilícitos también. Es un tema mayor, y no resuelto, y no fácil de solucionar.

Con la tendencia que estamos viendo al bipartidismo regional o a un tripartidismo ya más agregado, donde ya pasa del 80% los votos que concentran dos partidos, vemos cómo hay ocho partidos que están solicitando registro. ¿Caben tantos partidos en México? ¿Si los admiten a todos tendremos una boleta con trece partidos?

En este caso, la ley está bien construida, es decir, hay una puerta de entrada, pero que fija una serie de requisitos: tener un cierto perfil a través de los estatutos, una declaración de principios, un programa de acción, pero sobre todo tener una cierta implantación social a través de afiliados. La ley habla del 0.13% del padrón, alrededor de 70,000 afiliados y, además, la capacidad de hacer una serie de asambleas estatales o distritales. ¿De qué dependerá que esos partidos se queden o no? Afortunadamente no de la autoridad, sino de los votos que logren. Si no logran el 2% de la votación pierden su registro. Pierden sus prerrogativas. Es una buena opción, deja en los electores la decisión de cuántos partidos deben sobrevivir. En las elecciones de 1997, ocho partidos fueron a la elección y tres perdieron su registro. Los electores les dieron la espalda y salieron del escenario político. A estas alturas, no sabría decir de los ocho cuántos van a alcanzar su registro. Eso lo está viendo una comisión del Consejo. Pero creo que el diseño es correcto. Entran a la boleta, reciben prerrogativas y una serie de derechos, y el 2 de julio del año 2000 los votantes, al ir a las urnas, dirán: “nos quedamos con estos partidos”, y los que no logren el 2% van para afuera. Vamos a tener una votación de alrededor de unos —me puedo equivocar— 40 millones de gentes. Para que un partido mantenga su registro, va a necesitar más de 800,000 votos. No es poca cosa. Dada la fluidez de la vida política mexicana, está muy bien que haya una puerta de ingreso a nuevas opciones. Es notorio que existan franjas de ciudadanos y de políticos que no se sienten representados con la actual oferta de partidos. Si hay otras opciones, pues que aparezcan y que los ciudadanos decidan.

¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en la definición de preferencias? ¿Habría algo por hacer?

En primer lugar está el derecho que tienen los partidos a un determinado tiempo de radio y televisión, una buena medida que pone una especie de piso mínimo de presencia de los partidos en los medios. La ley hace además que esos tiempos se multipliquen en época electoral. Segundo, como el financiamiento de los partidos políticos se ha multiplicado, los partidos hoy tienen muchas mayores posibilidades y más equitativas de comprar tiempo en radio y televisión. Eso hace que la publicidad de los partidos, a diferencia del pasado, sea mayor, pero sobre todo mucho más equilibrada; lo vimos en el 97. Además, el propio IFE compra spots en radio y televisión para los partidos de acuerdo a lo que señala la ley, y son los partidos los que dicen en qué canales de televisión, en qué estaciones de radio. Eso logra que en materia de publicidad haya una mayor equidad.

La otra parte es más compleja. El comportamiento de los medios en el seguimiento de las campañas electorales, los comentarios que se emiten, las tomas de posición; ahí estamos ante un verdadero problema que no es fácil de resolver. Hay algunos que quisieran inducir a través de una ley más o menos dura la objetividad, el profesionalismo, y dicen: “dado que existe el derecho a la información entonces reglamentemos”. El problema es que una posición como ésa puede impactar la libertad de expresión y de crítica. Reglamentar esto me parece muy complicado, quizá indeseable. ¿Cómo podemos avanzar? Quizá creando por un lado un contexto de exigencia a los medios, que en materia electoral se está creando. Que los partidos sean más fuertes, más equilibrados, que los ciudadanos estén votando, hace también que los medios no puedan actuar de manera absolutamente sesgada, parcial. En ese contexto de exigencia, quizá, como lo han planteado algunos legisladores, es posible modernizar todo lo que se refiere a las eventuales transgresiones a la ley que se puedan llevar a cabo desde los medios, fórmulas como el derecho de réplica, a lo mejor reglamentar lo que ya aparece en el Código Penal como delitos de calumnia, difamación, quizá revisar lo que aparece en el Código Civil como daño moral, hay muchas cosas que se pueden hacer. También están los códigos de ética.

¿Cómo veo el día de hoy a algunos medios? Tenemos medios que recrean la pluralidad de mejor manera que en el pasado. Las diferentes corrientes de opinión encuentran algún espacio en estos medios. Creo que se ha avanzado mucho y ahora el reto consiste en que esa pluralidad sea acompañada también con un trato profesional, objetivo, serio de los eventos políticos. Visto en conjunto, los medios también están acompañando y están viviendo su propia transición, bastaría ver lo que es la prensa hoy y compararla con la de hace treinta años, o lo que es la radio hoy, o la televisión con la de hace veinticinco, para ver que sí hay una recreación de las diferentes posiciones políticas con una intensidad que antes no había. Los problemas están en otra esfera, en la del profesionalismo, e incluso en el acompañamiento pedagógico de la propia transición: eso es, quizás, algo en lo que todos hemos fallado. Los propios cambios que ha vivido el país, que son muy profundos, se viven con enorme incertidumbre, porque se cambian pautas de comportamiento, fórmulas, lenguajes, etcétera, y mucha gente no entiende el sentido del cambio, el horizonte del cambio. Lo que para mí ha sido un cambio muy promisorio, el cambio democratizador, mucha gente lo vive como pura incertidumbre. Y ahí los medios podrían jugar un papel muy importante, es decir, pedagógico.

Como presidente del IFE dices que habrá varios millones de votantes que participarán en las urnas. ¿Cómo percibes esta voluntad democrática y una cultura democrática? ¿Ha avanzado esta cultura democrática junto con esta voluntad de votar?

La cultura política se va transformando no por virtud, sino por necesidad. La gente aprende en su contacto con otra gente, con la vida política, que ya no hay un solo código de entendimiento de la realidad, sino varios, que los mexicanos tienen diferentes diagnósticos políticos, diferentes recetas para solucionar los problemas nacionales, y que esa pluralidad de opciones es legítima y no puede ser exorcizada, está ahí, llegó para quedarse. Unos no pueden acabar con los otros, entonces se organizan en partidos, unos ganan en un lugar, otros ganan en otro, quien ganó ayer hoy pierde, quien perdió ayer hoy gana. Los ciudadanos empiezan a darse cuenta de que vivir en pluralidad es lo normal, que nadie puede pretender tener la única voz y el único dictado sobre las cosas, que le puede o no gustar lo que diga el otro, pero que el otro tiene derecho para hacer eso. En algunas ocasiones votará y su candidato ganará, en otras votará y su candidato perderá. La gente va cambiando sus percepciones de la realidad y paulatinamente asume los códigos de comportamiento democrático, no como un ejercicio de reflexión, sino más bien de práctica cotidiana que lo pone en contacto con otras realidades. Para decirlo de manera más categórica, la cultura democrática no antecede a las prácticas democráticas, sino que la mecánica democrática va modificando los referentes, las imágenes, las ideas, que la gente tiene en esa materia.

Durante muchos años se especuló si los mexicanos, o los japoneses, o los alemanes, estábamos capacitados para la democracia, pero creo que la democracia es un mecanismo que se va imponiendo por la emergencia de diversas fuerzas, ninguna de las cuales puede derrotar a la otra, y la gente acaba tomando conciencia de que eso es una virtud. Si no tampoco nos podríamos imaginar el tránsito tan radical en Japón y en Alemania; después de la Segunda Guerra mundial lograron que se instauraran regímenes democrático. Si cinco años antes se hubiera hecho una encuesta en ambos países, seguramente los códigos de entendimiento de la realidad habrían resultado muy autoritarios. Pero en ambos casos se diseñaron instituciones democráticas, parlamentos, partidos, es decir, empezó una mecánica. Esa misma sociedad quizás habría sido precedida de códigos autoritarios, pero acabó funcionando con códigos democráticos. Hoy en México, por lo menos en el terreno del lenguaje, no encontraríamos una corriente o un político significativo que no hablara de pluralidad, de tolerancia, de legalidad, de coexistencia de lo diverso, esto es una gran adquisición. Hace unos años, los códigos de carácter revolucionario eran absolutamente hegemónicos. Los códigos revolucionarios en esa materia sí son muy claros: hay un partido, o una clase, o un grupo, o una corriente que es la poseedora de toda la verdad, todas las virtudes y lo otro no es más que la antipatria o el antipueblo. Se piensa la política como una guerra, una guerra casi de exterminio. Hoy no, por lo menos en el terreno del lenguaje, insisto que es una gran adquisición. Todo el mundo está dispuesto a coexistir con el otro, y a competir con el otro. En el terreno cultural hay avances muy significativos. A veces, cuando uno habla con algunos políticos le rasca un poquito, y bajo ese código aparece un autoritario hecho y derecho; pero si una gente habla como pato, se mueve como pato, pues a lo mejor es un pato. También en materia de democracia hablar como demócrata, referirse a los valores de la democracia, acaba convirtiendo a la gente en demócrata quiera o no, o por lo menos se da cuenta que no puede acabar con el otro, aunque sea por resignación.

¿Crees que los modales de los políticos han mejorado?

Los modales no sé. Pero en el terreno específico de los valores, de los principios de la democracia, sin duda. Hoy sería absolutamente excéntrico una frase como la que en su momento dijo Fidel Velázquez: “Al poder llegamos con las armas, y sólo con las armas nos quitarán de ahí”. A lo mejor en su fuero interno hay gente que piensa eso, pero ya no se oye a nadie decirlo en público, lo cual es una ventaja, porque si lo dicen aparecería como súper excéntrico. Hoy todos somos demócratas. Hay una enorme hegemonía del ideal democrático, y eso es una construcción no mexicana sino de todo el continente, que pasó la década de los setenta organizando su vida política con códigos no suficientemente democráticos.

¿Crees que la elección del 2000 será la instauración definitiva de esta normalidad democrática?

Yo esperaría que sí. Ahora, en esto nunca existe nada definitivo. Ya son muchos años y muchas elecciones que están saliendo bien: 1991,94 y 97, y si uno revisa las elecciones en los estados (que además tenemos elecciones en los estados a cada rato), la inmensa mayoría ha salido bien. Claro, ha habido y hay problemas en algunas, pero los platos de la balanza se han invertido, antes salía una bien y seis mal, y hoy quizá salgan diez bien y una mal. Hay una mecánica de normalización de las rutinas electorales. Se puede dar un buen jalón en el 2000, y luego seguramente necesitará otros jalones hasta que eso se estabilice, e incluso lleguemos a una autoridad electoral que sea prácticamente invisible. El gran éxito del IFE será cuando no se vuelva a hablar de la autoridad electoral. Si uno observa a los países de las democracias consolidadas, uno se encuentra que nadie sabe quién las organiza; entonces, lo que está en el centro del escenario político son los partidos, los candidatos, sus campañas, sus pronunciamientos, y lo demás se entiende que es una tarea administrativa, importante, pero poco espectacular. Se trata al fin de cuentas de armar una infraestructura para que la gente vote y decida quién debe gobernar y quién debe legislar. Ese sería el gran éxito, no solamente del IFE, sino de las instituciones electorales locales: que ya nadie se acordara de nosotros. Incluso puestos a soñar, los institutos electorales serían organizaciones a donde ya no concurrirían los partidos. Lo estoy diciendo para un futuro, hoy es imprescindible que los partidos políticos estén en los Consejos, nos vigilen, y nos vean. Pero a lo mejor un día los partidos dicen: “esta es una tarea técnica, administrativa; nosotros, los partidos haremos política, para eso fuimos creados”. Ese sería el enorme éxito de una institución como ésta, y para México sería la consolidación, la estabilización de rutinas electorales, y entonces serían normales, con menos incertidumbre y tensiones para bien de todos.

El PRl regresó al Consejo General pero, como se ha dicho, con una bomba bajo el brazo, impugnando fuertemente a cuatro consejeros electorales. ¿Qué ha cambiado en el IFE después de eso? ¿Cuál es el balance de esa circunstancia?

En primer lugar, debo decir que la situación es grave, difícil: la postura del PRI implica un diagnóstico muy duro del Consejo General, sobre todo muestra un déficit de confianza de ese partido para con la institución. Debo decir, también, que muchas de los temas en las cuales el PRI se inconforma no son obra de cuatro consejeros sino del Consejo en su conjunto, yo incluido, por supuesto. Nuestro trabajo refiere a una actividad muy colegiada, de mucha deliberación, convencimiento y búsqueda de consenso. Lo hacemos así porque lo impone el diseño legal e institucional.

Advierto también que la impugnación a cuatro consejeros es demasiado grande, tiene demasiadas consecuencias; una eventual remoción de cuatro consejeros, cuatro de nueve, nos tendría que hacer pensar a todos, especialmente a los partidos políticos, en recomponer la totalidad del pacto que hizo posible este Consejo General. Sólo desde una visión formalista se puede decir que es un asunto que compete a cuatro y no que compete al conjunto del Consejo General.

Es una situación extraordinariamente delicada. Soy perfectamente consciente que el Consejo fue designado gracias a un acuerdo apoyado por todos los partidos. Tenemos una misión encomendada, que es cultivar y reproducir en cada decisión esa confianza. La actitud del PRI es un cuestionamiento a esa misión y eso lo lamento.

Pero del mismo modo que la confianza es un intangible que no está dado de una vez y para siempre, que se cultiva o se pierde, del mismo modo, digo, la desconfianza que hoy muestra el PRI puede ser atemperada y disminuida. A eso apostamos hoy: a que podamos trascender los diferendos, a que podamos resanar las inconformidades. La queja administrativa que interpuso el PRI, y que está siendo atendida por la Contraloría Interna del IFE, servirá para eso: para desechar lo que sea infundado, para aclarar muchas exageraciones, para dictaminar en base a la ley, la pertinencia o no de las inconformidades del PRI. Repito: la ley es el único rasero que guiará el dictamen de la Contraloría.

Creo que la actitud de mis compañeros ha sido muy sana y loable: en una carta abierta los propios consejeros impugnados reconocen el derecho del PRI a vigilar su actuación en tanto servidores públicos, y reiteran su sujeción a los procedimientos de ley. Allí está, pues, con todas sus letras, la actitud abierta y el conducto adecuado para trascender la situación.

Esa confianza en las elecciones y en sus instituciones es la piedra angular del cambio político en México. Creo que todos los partidos, que todas las fuerzas políticas relevantes, sin excepción, han tenido pruebas fehacientes de la limpieza electoral y de la consistencia con la que trabaja la institución electoral.

Termino queriendo abrir el foco de visión: en el fin de siglo el gran cambio político de México consiste en tener un sólido sistema pluralista de partidos. Venimos de una realidad distinta: de una coalición en el gobierno, de un gran arco de fuerzas e intereses que procesaba internamente las principales decisiones de la política en México. Vamos a un sistema en el cual esas decisiones y, sobre todo, la decisión de quien gobierna, será puesta en manos de los electores. Es un cambio drástico y profundo. Y para que tenga lugar de un modo pacífico y legal, todas las fuerzas involucradas, todas sin excepción, deben confiar en las reglas y deben confiar en los árbitros. Los árbitros, a su vez, tienen como tarea nodal ganar, sostener, reproducirla. Por eso he insistido tanto, y tantas veces, en la importancia de las reglas, de las instituciones y de la confianza. Son ideas a las que no sabría ni podría renunciar.  n

José Woldenberg. Presidente del IFE. Es autor de los libros de ensayo Violenc ia y política. Memoria de la izquierda, entre otros, y Las ausencias presentes (novela).

Todavía el país del presidencialismo

¿Todavía el país del presidencialismo?

Por José Antonio Aguilar Rivera

La transición mexicana a la democracia tiene una agenda de reforma institucional pendiente. Existe la creencia compartida de que la Constitución de 1917, emblema de la pax postrevolucionaria, requiere ser enmendada o sustituida del todo. Pero más allá del reconocimiento de que algo debe hacerse, no hay acuerdo ni sobre la naturaleza ni sobre el alcance de los cambios necesarios. ¿Qué tan importantes son las instituciones? Esta es una pregunta presente desde la fundación misma del Estado-nación que es México. Históricamente, las respuestas han oscilado entre dos extremos: las constituciones son instrumentos mágicos capaces por sí solas de transformar a la sociedad (los liberales decimonónicos) o, por el contrario, son artefactos normativos irrelevantes ante los arreglos sociales imperantes que usualmente acaban por cancelarlas en la práctica. ¿Son panaceas o meros adornos? Puesto que la maquinaria institucional requiere ajustes, es natural que la atención se haya fijado en uno de sus componentes básicos: el presidencialismo, elemento constitutivo del autoritarismo mexicano.  ¿Cómo acotarlo? ¿Es el presidencialismo mexicano un fenómeno “metaconstitucional” o es, por el contrario, resultado de la estructura constitucional? Como ha ocurrido en el pasado, las respuestas a esta interrogante usualmente han caído en uno de los dos extremos mencionados. Algunos creen que la presidencia concentra formalmente facultades excesivas para el ejercicio democrático del poder. Otros no consideran que constitucionalmente los presidentes mexicanos tengan más poderes que sus contrapartes latinoamericanos. Es más, nos dicen, los presidentes mexicanos tienen menos facultades legislativas (veto, veto parcial, decreto, referéndum y derechos exclusivos para iniciar ciertas legislaciones), que otros ejecutivos. El presidencialismo es el producto de factores extrainstitucionales, como la estructura de partido hegemónico. Dependiendo de la explicación que se prefiera, las recomendaciones de reforma institucional serán distintas. Unos proponen una vasta reingeniería constitucional que reconfigure las facultades ejecutivas formales, mientras que otros la consideran innecesaria o, en el peor de los casos, contraproducente: las razones del presidencialismo se encuentran fuera de la presidencia.

Es posible que ambas explicaciones tengan algo de razón. Sin embargo, ninguna captura del todo las causas del presidencialismo

La existencia del PRI sin duda tiene que ver con el control que los presidentes mexicanos —simultáneamente jefes de gobierno, Estado y partido hegemónico— han ejercido sobre distintas áreas de la vida política y social del país. Los orígenes sociales del presidencialismo nos dicen mucho sobre sus posibles futuros. Una mayor pluralidad partidista, una mejor distribución del poder económico y regional, minará las bases sobre las cuales históricamente se ha erigido la presidencia palenquera mexicana. Sin embargo, la presidencia mexicana no sólo tiene poderes de facto, también cuenta con facultades constitucionales que le confieren una preeminencia innegable en el sistema político. Apunto sólo dos: la inexistencia de juicio político (impeachment) para el presidente en funciones y la existencia de amplios poderes de emergencia (artículo 29). La primera, al tiempo que genera un déficit de responsabilidad del Ejecutivo garantiza la impunidad política. De la misma forma, no debe perderse de vista que presidentes como Calles utilizaron las facultades extraordinarias del artículo 29 para legislar sobre asuntos ordinarios por encima del congreso. El que dichas facultades no hayan sido empleadas desde la Segunda Guerra no debe hacernos olvidar que ahí están, como una espada de Damocles. Los poderes de emergencia son necesarios para enfrentar circunstancias críticas, pero un mal diseño institucional fácilmente lleva a su abuso. El artículo 29 no es particularmente afortunado, aun después de las reformas que ha sufrido.

En el grado en que las bases sociales del presidencialismo se han modificado en los últimos años (mayor competencia electoral, divisiones internas en el PRI, etc.), su poder se ha erosionado. Sin embargo, los componentes institucionales que apuntalan al presidente como un actor hegemónico e irresponsable están intactos. ¿Cuáles son los riesgos y ventajas de una presidencia acotada? En el ámbito social hay que recordar que la presidencia desempeñó un papel importante como árbitro y moderador de un gran número de conflictos entre grupos muy diversos. Si otras instituciones y mecanismos no suplen esta función de manera eficaz esos conflictos podrían agudizarse, como de hecho ocurre ya. El resultado de una presidencia acotada tal vez sea una sociedad más contenciosa. A la larga, el efecto podría ser benéfico, pues se fortalecerían otras formas de resolución de conflictos, más horizontales. Desde el punto de vista institucional, el riesgo está en crear una presidencia inerme. En realidad, el problema no reside tanto en quitar facultades al Ejecutivo sino en crear un verdadero sistema constitucional de pesos y contrapesos, que le otorgue a cada rama de gobierno una injerencia parcial en los asuntos de las otras. Eso es lo que finalmente mantiene el equilibrio entre poderes. Hasta ahora hemos adoptado un sistema de límites funcionales. En un sistema presidencial el Ejecutivo tiene un papel muy importante —y legítimo— que desempeñar. No se trata de hacer una presidencia más débil sino una más eficaz y responsable. La mera eliminación de facultades no ayudará a esa tarea. Una mirada al siglo pasado nos convencerá de ello.  n

José Antonio Aguilar Rivera. Estudió la licenciatura en relaciones internacionales en El Colegio de México. Es maestro y doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago. Desde 1995 es profesor investigador del CIDE. Obtuvo los premios Carlos Pereyra (1995). Francisco I. Madero (1996) y Alfonso Reyes (1997) de ensayo político. Es autor de La sombra de Ulises. Ensayo sobre intelectuales mexicanos y norteamericanos (1998).

Puntos cardinales

Puntos cardinales

Por Jesús Silva-Hérzog F.

1• Contribuir en un esfuerzo colectivo y con un claro liderazgo, a recuperar la confianza y el optimismo del mexicano. Ninguna nación puede avanzar con la mirada baja y puesta en el pasado; necesita mirar para adelante y a los cuatro puntos cardinales.

2.   Aprovechar el nuevo entorno político para lograr consensos fundamentales, que permitan cimentar una plataforma sólida para, de ahí, hacer los cambios que el país requiere. Hay que alentar la participación de todos los actores y reconocer que la verdad y el mejor camino estarán más cerca si sabemos escuchar a los demás. Un clima de encono social impide avanzar a la sociedad.

3.   Reconocer, en el proceso de globalización, oportunidades y riesgos. Evitar que sus dictados nos hagan olvidar las necesidades internas, lo nuestro.

El comportamiento de la economía mexicana durante los últimos 15 años no ha sido satisfactorio. El ritmo de crecimiento ha sido menor que el registrado en el periodo anterior, hay un número creciente de desempleados y los problemas sociales han sufrido un deterioro. Es necesario crecer más para atender mejor las necesidades del país. Para ello, todos los instrumentos de política económica deben estar dirigidos a ese objetivo. Asimismo, se requiere poner mayor atención a las cuestiones sociales, incluyendo la pésima distribución del ingreso que padecemos. Empleo y educación son las mejores armas para atacar este problema. Por otro lado, es necesario redefinir el papel del Estado y del mercado, evitar dogmas y no olvidar un buen consejo: “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.   n

Jesús Silva-Herzog F. Nació en 1935. Licenciado en Economía por la UNAM. Maestría en Economía por la Universidad de Yale. Secretario de Hacienda entre 1982 y 1986. Embajador en España de 1991 a 1994. Fue secretario de Turismo. Embajador de México en EU hasta 1998.

De Los Pinos a San Lázaro

De Los Pinos a San Lázaro

Por Rogelio Hernández Rodríguez

El presidencialismo ha sido un elemento distintivo del sistema político mexicano al que se le ha responsabilizado prácticamente de su existencia y funcionamiento. Su peculiar manera de actuar y la más o menos reciente interpretación que considera a este tipo de régimen no sólo impropio sino contrario a la democracia, ha convertido al presidencialismo mexicano en sinónimo de autoritarismo y ha dado origen a una permanente demanda de cambio o sustitución. La imagen generalizada de un presidencialismo que todo decidía y que, además, había atrofiado otros poderes en su provecho, ha ido modificándose conforme los estudios especializados —no los compendios de anécdotas de los mandatarios, tan demandados ahora, que se preocupan más por detallar las frivolidades personales que las facultades institucionales de la presidencia— han mostrado que el presidencialismo mexicano no ha sido más arbitrario que otros ni tampoco tan omnipotente para actuar y decidir.

Si algo han revelado los estudios especializados es que la manera de actuar del Ejecutivo no dependió tanto de que poseyera atribuciones exageradas, como de la falta de intervención de otros factores —principalmente el Congreso y las gubernaturas—, diseñadas desde su origen para controlar los excesos. Dicho en otras palabras, los problemas del presidencialismo se han derivado de determinadas prácticas políticas del sistema que restaron presencia o anularon por completo los controles del Ejecutivo. La conclusión no es de matiz. Aceptar que los controles no han funcionado de manera debida supone revalorar el presidencialismo como una forma válida y legítima de arreglo institucional que en sí misma no es incompatible con la democracia y, sobre todo, con un adecuado equilibrio de poderes. Significa también preocuparse por modificar aquellos factores del sistema más que proponer limitar las facultades del poder ejecutivo.

Una revisión cuidadosa de las atribuciones del Congreso y de los fundamentos de la autonomía de las gubernaturas, indica que siempre han estado dotados para intervenir en asuntos de política nacional y de gobierno, así como para controlar al poder ejecutivo. Si la presidencia fue capaz por muchos años de hacer virtualmente cualquier cosa, lo que más de una vez supuso arbitrariedades y excesos políticos, fue porque el sistema careció de competencia electoral que hiciera posible un auténtico pluralismo. En la medida que el PRI tenía aseguradas las victorias en todas las contiendas electorales no sólo uniformaba la conducta política que, por definición, determinaba el jefe del Ejecutivo, sino que monopolizaba el desarrollo de las carreras políticas. Si lo primero hacía posible la subordinación de las instituciones —congresos, gubernaturas, alcaldías—, lo segundo garantizaba el sometimiento de los individuos que no podían arriesgarse a una discrepancia.

Como es obvio, ambas condiciones han desaparecido en los últimos años debido a los cambios en los procesos electorales. El pluralismo y el fortalecimiento de los partidos de oposición han revitalizado a las instituciones al hacer posible que las facultades originales puedan aplicarse sin que los responsables tengan que atender las opiniones o deseos del Ejecutivo. Pero también han hecho posible que el PRI ya no sea el único conducto para tener éxito en la política. Ahora cualquier priista puede rebelarse contra una decisión presidencial sin temer un castigo. Perdido el control de los comicios y de los políticos, el PRI ya no puede ser el instrumento que manipule congresos y ejecutivos locales.

Las facultades presidenciales también han resentido limitaciones legales. Desde el sexenio anterior el Ejecutivo ha perdido el control del IFE, el órgano regulador de los comicios, y el gobierno del DF, cuyos titulares son designados por el Congreso o elegidos por los ciudadanos. A estas pérdidas se suman las designaciones del procurador General de la República y el gobernador del Banco de México, que deben ser aprobados por el Senado. Más allá del efecto inmediato de estos cambios, lo importante es que abren la posibilidad de que en el futuro la designación de miembros del gabinete cuente con la opinión del Legislativo. Otro cambio, acaso el más visible pero el menos analizado, ha sido la renuncia voluntaria a actuar, incluso a emplear las facultades constitucionales, por parte del actual mandatario. Sin duda por el recuerdo del sexenio anterior, en el que Salinas llevó los excesos presidenciales al límite de sus posibilidades, Zedillo ha decidido mantener una extrema pulcritud legal que, al margen de sus deseos, ha provocado errores que acentúan conflictos políticos. Más de una vez, Zedillo ha confundido autoritarismo con aplicación de atribuciones.

En pocos años y por causas diversas el presidencialismo mexicano se ha transformado. Ya no es una institución que intervenga en cualquier asunto, pero aun así el saldo no es del todo positivo porque las restricciones no cancelan la arbitrariedad ni garantizan la democracia. El riesgo se encuentra en la tentación, circunstancial y partidaria, de emplear las atribuciones ahora disponibles para saldar agravios, o de incurrir en la inmovilidad invocando la Constitución. El vacío que poco a poco ha ido dejando la presidencia tradicional, no se ha llenado con actores sensatos, sino con partidos inmaduros e incapaces de ver más allá del corto plazo electoral, como lo demuestra la actual legislatura federal. El control del Ejecutivo o, en un sentido más amplio, el equilibrio de poderes no se consigue con participantes imprudentes o temerosos de aplicar sus facultades. Con miras tan cortas, sólo será esperable que los abusos cambien de sede, de Los Pinos a San Lázaro.  n

Rogelio Hernández Rodríguez. Investigador de El Colegio de México. Entre sus obras se encuentran La formación del político mexicano. El caso de Carlos A. Madrazo (El Colegio de México. 1991) y, recientemente. Amistades, compromisos y lealtades. Líderes y grupos políticos en el Estado de México. 1942-1991 (El Colegio de México, 1998).

El nuevo equilibrio de poderes

El nuevo equilibrio de poderes

Por Benito Nacif

La erosión del sistema de partido hegemónico ha provocado cambios sustanciales en el funcionamiento del régimen presidencialista mexicano. El crecimiento de los partidos de oposición ha activado mecanismos institucionales de frenos y contrapesos que por mucho tiempo fueron letra muerta de la Constitución. Durante el largo periodo de dominio unipartidista, la capacidad de imponer la disciplina entre los legisladores del PRI permitió a los presidentes controlar prácticamente todo el circuito constitucional de producción de políticas gubernamentales; circuito que empezaba regularmente en el propio Ejecutivo pero que por necesidad tenía que pasar por la Cámara de diputados y el Senado. Los instrumentos de disciplina partidista, basados en el control centralizado de las carreras políticas de diputados y senadores, pusieron en manos de los presidentes la capacidad de realizar cambios radicales de política ignorando todo tipo de oposición institucional a sus iniciativas.

El primer contrapeso efectivo al poder presidencial se activó en 1988 cuando el PRI sufrió una pérdida importante de escaños en la Cámara de diputados que lo despojó de la capacidad de modificar la Constitución por cuenta propia. La activación de este contrapeso ha sido particularmente significativa. En México, la Constitución regula importantes áreas de política y restringe la capacidad de los gobiernos para realizar cambios, imponiéndoles la obligación de conseguir el respaldo de dos tercios del Congreso y la mayoría de las legislaturas estatales para sacar adelante sus iniciativas. Antes de 1988, los presidentes tenían la habilidad de formar mayorías constitucionales simplemente movilizando el voto disciplinado de los legisladores de su partido. A partir de la administración del presidente Salinas, el poder disciplinario sobre los contingentes del PRI en el Congreso dejó de ser suficiente para conseguir modificaciones a la Constitución. Este hecho a menudo se subestima. Sin embargo, varios de los cambios de política más importantes emprendidos por la administración del presidente Salinas sólo fueron posibles porque contaron con el respaldo de parte de la oposición —notablemente, aunque no de forma exclusiva, del PAN—. Sin el apoyo de la oposición no se habrían formado las mayorías constitucionales que aprobaron la reprivatización de la banca, el relajamiento de la legislación anticlerical o la liberalización del régimen de propiedad ejidal.

Una nueva caída en el apoyo electoral en las elecciones intermedias de 1997 ha dejado al PRI sin la mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Con ello, el electorado ha activado contrapesos aún más poderosos al poder presidencial. Durante toda la segunda mitad de la administración del presidente Zedillo, el Ejecutivo se ha visto obligado a conseguir el respaldo de la oposición para realizar cambios en todas las áreas de la política, no solamente aquellas reguladas por la Constitución. Más todavía, el apoyo de la oposición se ha vuelto indispensable para mantener en curso el programa de la administración y garantizar la continuidad de sus políticas. Primero, los partidos de oposición en conjunto han adquirido un poder de veto sobre algunas políticas en operación que requieren cambios legislativos adicionales para sobrevivir. Tal fue el caso del rescate bancario, orquestado originalmente en 1995, pero que no podía seguir adelante sin que el Congreso diera una garantía explícita a los pagarés emitidos por el Fobaproa. Segundo, este poder de veto puede extenderse a cada uno de los programas gubernamentales porque todos son sometidos en bloque a la ratificación de la Cámara de diputados cada vez que se aprueba el presupuesto.

Sin el control sobre la toma de decisiones en la Cámara de diputados, la presidencia ha perdido la capacidad de efectuar cambios de política con la verticalidad y la rapidez que se acostumbraba en el pasado. Durante el largo periodo de predominio unipartidista, una vez que el presidente se pronunciaba no había fuerza que pudiera detener su iniciativa. A partir de 1997, toda iniciativa presidencial debe conseguir aliados entre los partidos de oposición para convertirse en política del gobierno. Particularmente cuando la opinión pública se divide, el proceso puede resultar lento e incierto.

La activación de contrapesos al poder presidencial ha alterado el equilibrio sobre el que descansaba la gobernabilidad en México. En áreas donde la administración necesita el respaldo del Congreso, el gobierno ha perdido capacidad de responder rápidamente a situaciones de emergencia. Por ejemplo, la negociación en torno al Fobaproa prolongó la incertidumbre acerca del futuro del sistema bancario mexicano y aumentó la vulnerabilidad de la economía a las turbulencias financieras internacionales que se registraron en 1998. Sin embargo, la pérdida de capacidad de respuesta se ha mantenido dentro de límites aceptables para la opinión pública gracias a dos factores. Por un lado, el Ejecutivo cuenta con márgenes legales de discreción que le permiten al gobierno reaccionar rápidamente ante cambios repentinos. La capacidad del Ejecutivo para introducir recortes al gasto público sin necesidad de ponerse de acuerdo con el Congreso facilitó el ajuste oportuno en las finanzas del gobierno ante la brusca caída de los precios del petróleo en 1998. Por otro, se ha evitado la polarización entre los partidos políticos y ha sido posible la construcción de acuerdos para aprobar la legislación necesaria para mantener al gobierno en funcionamiento.

La activación de contrapesos al poder presidencial tiene, por otro lado, efectos positivos sobre la calidad de las políticas adoptadas por el gobierno, pues proporciona mayor transparencia al proceso de toma de decisiones y obliga al Ejecutivo a revisar sustancialmente sus iniciativas cuando carecen de respaldo suficiente en la opinión pública. Para conseguir el apoyo de potenciales aliados en el Congreso, el Ejecutivo se ve obligado a divulgar información que antes podía ocultar a su conveniencia e incorporar las demandas de la oposición. Por ejemplo, la desastrosa secuencia de errores de política que se cometieron al final de la administración de López Portillo son menos probables en presencia de los actuales contrapesos al poder presidencial. Asimismo, el nuevo poder de los partidos de oposición se refleja en una capacidad sin precedentes de modificar las iniciativas del presidente una vez que llegan al Congreso y de influir en las políticas del gobierno.

Por ejemplo, la introducción del Ramo 33 y el notable crecimiento de los recursos asignados a los gobiernos estatales y municipales a partir de 1997 sólo se explican por el fortalecimiento de la posición negociadora del PAN ante una administración que necesita aliados para aprobar su presupuesto.

Los actuales contrapesos al poder presidencial se activaron gracias a que ningún partido logró obtener más del 42% de la votación en 1997. Este equilibrio fue producto de una combinación muy peculiar de factores. Entre ellos hay que destacar que se trató de una elección intermedia y que el desastre económico de 1995 estaba muy presente en la mente de los electores. Nadie puede asegurar el mantenimiento de este equilibrio en las elecciones del año 2000. Ciertamente, si la oposición continúa creciendo, lo más probable es que se produzca una administración sin mayoría en el Congreso. Sin embargo, tampoco se puede descartar una recuperación del PRI que le permita capturar la presidencia y las mayorías en la Cámara de diputados y el Congreso. De ser así, el sistema de contrapesos que ha operado a partir de 1997 muy probablemente se volverá a desactivar. Entonces, la presidencia acotada que hemos conocido durante la segunda mitad de la actual administración podría ser una experiencia pasajera que los partidarios de la separación de poderes estaremos echando de menos muy pronto. n

Benito Nacif. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Profesor-Investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Director de la revista Política y gobierno. Es autor de diversos artículos.

Viaje Alrededor de Cortázar

Viaje alrededor de Cortázar

Un paso hacia Cortázar

Mario Goloboff

Norma Bogotá, 1998 184 pp.

Por Mónica Molina

Mario Goloboff ha seguido la pista de uno de los narradores más importantes del siglo XX latinoamericano Julio Cortázar. El resultado de su pesquiza es una biografía intelectual y cultural del eterno perseguidor.

Cuando en una ocasión un periodista le preguntó a Ernesto Sábato quién era Ernesto Sábato, el mismo escritor afirmó: “mis libros han sido un intento de responder a esa pregunta; no quiero obligarlo a leerlos, pero si quiere conocer la respuesta tendría que hacerlo”. ¿Vale esa respuesta para Cortázar? ¿Quién fue Julio Cortázar? ¿Sólo está en la obra —en este caso literaria— la única y más certera explicación del hombre?

¿Basta con leer los libros de Cortázar para entrar en el mundo Cortázar o es necesario recurrir a otros elementos que aclaren el contexto en el cual el artista se ha desarrollado para así “entender” mejor su obra (si esta palabra cabe en la lógica del arte)?

Para qué y por qué, entonces, una biografía. Cuál es en definitiva el ideal que la lleva a ser. Mario Goloboff, poeta y novelista argentino, da a conocer una (editorialmente, se nos presenta como la primera biografía de Julio Cortázar), valiéndose de las técnicas más recurrentes para estos casos: fragmentos de entrevistas, comentarios de gente que alguna vez estuvo cerca de Cortázar, opiniones del biógrafo, lugares, fechas, etcétera. Goloboff arma el rompecabezas capaz de descifrar al escritor y al hombre, al político y al poeta.

De este modo vemos al niño triste de excesiva sensibilidad y lector precoz, al polémico escritor que se declara socialista y revolucionario, y al Cortázar “de vida egoístamente solitaria e independiente, lector a jornada completa, burguesito ciego a todo lo que pasaba más allá de la esfera de lo estético” (según se definió él mismo).

Y en ese “más allá” estaba la Argentina de Perón y Evita, un complejo escenario de enfrentamientos culturales y políticos propios de aquella época apasionadamente peronista frente a un Cortázar antiperonista: “dentro de la Argentina, los choques, las fricciones, la sensación de violación que padecíamos cotidianamente frente a ese desborde popular, nuestra condición de jóvenes burgueses que leíamos en vairos idiomas, nos impidió entender ese fenómeno”. Y ese fenómeno hizo que, al final, en 1951, Cortázar optara por irse del país.

Más tarde, defendiéndose de las críticas respecto a que él “encarnaba el viejo mito argentino de la santificación de París”, Córtazar respondió: “Yo no me vine a París a santificar nada, me vine porque me ahogaba dentro de un peronismo que era incapaz de comprender en 1951, cuando un altoparlante en la esquina de mi casa me impedía escuchar los cuartetos de Bela Bartok; hoy puedo muy bien escuchar a Bartok”.

Goloboff no aporta nada nuevo. A cambio, propone abordar la obra de Cortázar desde otros ángulos: explorar los momentos históricos y los acontecimientos personales en los cuales se desarrollaron sus cuentos y novelas.

El hombre se explica, en gran medida, a través de sus circunstancias y muchas veces las circunstancias —política, cultural y psicológica— se explican a través del hombre. Hombre y artista son dos caminos paralelos que en algún punto fundamental convergen; la biografía es, muchas veces, un intento de captar e interpretar esa única y compleja realidad que se manifiesta en dos lenguajes diferentes. La biografía está contada a la manera clásica. Goloboff exhibe la ventaja de haber conocido personalmente al biografiado (nunca aclara si tuvo algún trato especial con Cortázar o si fueron amigos); al menos le tocó compartir parte del escenario político y cultural de una época en que, sin duda, Cortázar no pasó inadvertido.

Esta biografía es un pequeño salto hacia adelante en esa rayuela vital y estética que Julio Cortázar trazó para recorrer su destino; el mismo lo dice: “un escritor que merezca ese nombre no tiene ‘un costado verbal’; todo su ser converge a su obra, incluida su conducta humana y política”.  n

Mónica Molina. Periodista.

Ardiente Paciencia

Ardiente paciencia

Por María Tarriba

En marzo se estrena Ardiente Paciencia, bajo la dirección de Raúl Quintanilla. Es una versión para teatro de la novela de Antonio Skármeta que en el cine se dio a conocer como El cartero.

Hace apenas unos años se abrió al público la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Es lugar común decir que Isla Negra es un mito, pero nada más exacto. Para empezar no es una isla, sino una playa rocosa cerca de Santiago de Chile. La “negrura” de la isla se la confieren más bien algunos taxistas que se niegan a acercarse demasiado a la casa del poeta y dejan que el turista empecinado ejercite sus piernas. Al regreso hay que resignarse a los sarcasmos y las miradas desconfiadas del susodicho taxista, quien finalmente consigue que nos sintamos vagamente culpables de quién- sabe-qué.

Otro mito: no hay nada negro en la casa de Isla Negra de Pablo Neruda. La luz entra a raudales por los múltiples ventanales multicolores: el poeta, obsesionado con el mar, no se conformaba con observarlo en sus tonalidades habituales, por lo que tenemos oportunidad de ver mares rojos, morados, verdes y amarillos. Al caminar por esta “casa- barco”, uno comienza a perdonar las odas a Stalin y va cediendo a un estado lacrimoso que llega al climax cuando aparece la escena congelada de su bar privado, donde podemos observar vasos, ceniceros y botellas que Neruda y sus amigos no tuvieron tiempo de acabar, en lo que imaginamos una salida intempestiva.

La estancia de Neruda en Isla Negra inspiró a Antonio Skármeta a escribir una novela —Ardiente paciencia— que fue llevada con gran éxito al cine bajo el nombre de El cartero. Para quienes nos aturdimos ante el monstruo ególatra de Confieso que he vivido, esta película nos reveló un Neruda afectuoso y sencillo, quien establece una amistad muy especial con el testarudo y simpático cartero de Isla Negra.

Para el mes de marzo, el texto dramático de Ardiente paciencia se representará en la ciudad de México bajo la dirección de Raúl Quintanilla. De este director recordamos con especial interés su puesta en escena de Los negros pájaros del adiós de Oscar Liera, así como Playa azul de Víctor Hugo Rascón Banda. En ambas representaciones, Quintanilla dejó claro su dominio del difícil oficio de director, así como un especial talento para la dirección de actores. También perfiló una línea estilística que parte de un texto dramático de corte realista, el cual no excluye el lenguaje poético logrado en escena. A estas alturas. Raúl Quintanilla cuenta con numerosos reconocimientos a su labor como director, la cual combina con la docencia en la escuela actoral Casa del Teatro y como director de la escuela de formación de actores de TV Azteca.        n

María Tarriba Unger. Directora de teatro.

Numeralia

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Numeralia

Por Roberto Pliego

1.   Porcentaje del subsidio a la UNAM destinado al salario de maestros y trabajadores: 80

2.   Porcentaje del subsidio a la UNAM destinado a la investigación: 1.2

3.   Inversión pública anual por alumno de educación superior en América Latina (en dólares): 1,500

4.   Inversión pública anual por alumno de educación superior en países de la OCDE (en dólares): 8,000

5.   Ferraris que serán vendidos en México este año: 14

6.   Precio austero en dólares por uno de estos automóviles: 280,000

7.   Convictos rusos condenados a muerte: 1,000

8.   Convictos rusos que han sido ejecutados en los últimos siete años: 163

9.   Niños rusos que cada año son entregados por su familia a la custodia estatal: 113,000

10. Porcentaje de niños rusos recluidos en orfelinatos que tienen al menos un pariente vivo: 90

11. Veces al día que los habitantes de Kabul, Afganistán, deben atender sus oraciones: 5

12. Presuntos endemoniados, de cada mil, que según monseñor Corrado Balducci presentan cuadros auténticos de posesión: 5

13. Porcentaje de las cuencas que distribuyen agua en México y presentan un “alto grado” de contaminación: 80

14. Años necesarios para revertir ese deterioro ecológico: 30

15. Años de duración del ciclo de Plutón para estar más cerca del Sol que de Neptuno: 200

16. Porcentaje de la población israelí que practica el judaismo ultraortodoxo: 10

17. Niños y adolescentes que se emplean como “diableros” en la Central de Abasto del DF: 2,000

18. Nacimientos anuales por fecundación in vitro en Francia: 5,000

19. Británicos veteranos de la guerra del Golfo Pérsico que se suicidan al mes: 2

20. Porcentaje de las revistas mexicanas de arte y cultura que se editan en el DF: 49

Fuentes: 1-4. Enfoque: 14 de febrero de 1999; 5-6. Milenio: 14 de febrero de 1999; 7-8. El País: 3 de febrero de 1999; 9. La Jornada: 14 de febrero de 1999; 10-11. Time: 8 de febrero de 1999; 12. Proceso: 7 de febrero de 1999; 13-14. Reforma: 15 de febrero de 1999; 15. La Crónica: 8 de febrero de 1999; 16 .Unomásuno: 15 de febrero de 1999; 17. La Jornada: 7 de febrero de 1999; 18. Cuadernos Interdisciplinarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 19. Unomásuno: 20 de febrero de 1999; 20. Etcétera: 18 de febrero de 1999.

¿Qué son?

500 Funciones que el hígado puede realizar de manera simultánea.

400 Las obras de Rembrandt, de entre las mil que se le atribuyen, que son auténticas.

50 Reuniones internacionales de espiritismo realizadas a lo largo de su historia.

40 Millones de dólares que el fiscal Starr gastó para hurgar en la vida privada de Clinton.

1 Pantalones de mezclilla que pueden darse a cambio de un arma en el mercado negro de Sao Paulo.

3 Gramos de proteína por kilo y día que requiere un ciclista en una competencia de alto nivel.

Roberto Pliego. Escritor. Es Jefe de Edición de la revista nexos.

Los Bowles: Relatos para poetas

Retratos con paisaje

Por José Joaquín Blanco

Los Bowles: Relatos para poetas

La leyenda de Jane Bowles (1917-1973), que llega a superar a la ficción, especialmente durante sus últimas décadas de amante y víctima de brujas marroquíes, desvanece una y otra vez la importancia y el mensaje de sus obras.

No faltan autores importantes, de Tennessee Williams y Truman Capote a John Ashbery, que la encomien a la altura de Virginia Woolf, Carson McCullers o Jean Rhys, o más alto todavía. Pero sus escasos escritos fueron tempranos, entre sus 25 y 35 años (la novela Dos damas señas, la obra de teatro In the Summer House, además de una docena de cuentos, especialmente los recopilados en Plain Pleasures) y resultan harto difíciles y extraños, mientras su leyenda reviste toda la estructura de una tragedia exótica, muy parecida a las historias que su marido Paul ha narrado en varios libros: la fatal atracción de lo antioccidental (latinoamericano, norafricano o asiático) para norteamericanos desencontrados en su cultura o conciencia modernas.

Lo curioso es que la escritora de talento, durante toda su juventud, era ella y no Paul Bowles. Éste, desestimulado como poeta por Gertrude Stein, se había dado por vencido demasiado pronto, y trataba de consolarse con un destino musical, tras las huellas de sus amigos Aaron Copland y Silvestre Revueltas. Se dedicó muchos años sobre todo a estimular y proteger a Jane, “la escritora de la familia”.

Ahora sabemos que Paul Bowles es uno de los mejores narradores del siglo en cualquier lengua. Sus relatos extraños y terroríficos aparecen escritos con una mano madura, lírica, clásica. No solamente gozan de una amenidad y claridad supremas, son también inolvidables. Jane resulta perdidiza, como apéndice suyo, salvo para ciertos poetas y escritores muy selectos que alcanzan a sentirla, a descifrarla, a pesar de los laberintos y oleajes subterráneos de su prosa.

En muchos sentidos, los relatos de Jane Bowles se parecen a los de su marido, pero sin control ni deliberación. Son la obra de una muchacha, mientras que los de Paul muestran el temple del hombre maduro. Los terrores, las intuiciones, los contrastes, la curiosidad del mundo se presentan en Jane con un alto voltaje sin paliativos. También son la crónica de quien se asoma al peligro precisamente para caer en él, mientras que los de Paul narran la experiencia del peligro con voz (todavía trémula) de sobreviviente. No asombra que, para muchos de sus lectores, Jean resulte surrealista.

Más que de narradora, ofrece el perfil de un poeta maldito. Entregó todo su mensaje en plena juventud, temblando bajo el ramalazo de sus inspiraciones y terrores vivos. Luego, durante décadas, la desolación y la locura.

Dos damas serias, relato más que confuso en cuanto trama y caracterización de personajes, pero sumamente eficaz como poesía, por sus recursos verbales y simbólicos, tiene la fuerza de un descubrimiento espiritual, de un viaje religioso a las fronteras del peligro. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer en su búsqueda de la verdad, de la autenticidad, de la intensidad? El sacrilegio, la prostitución, la suciedad, la crueldad, los bordes de la muerte. Y Panamá como uno de sus escenarios.

Las cosas pequeñas, más insignificantes, intercambian guiños infernales o monstruosos. El Mal y el Terror existen, materiales y concretos. como descargas inclementes, en las mujeres de esa novela —todas ellas la propia Jane Bowles, aunque acepten algún exterior rasgo prestado— , las cuales buscan escaparse del infierno de la conciencia y del pensamiento, y no hacen sino caer más y más en ellos, en sus analogías y sibilinos oráculos.

Truman Capote celebró en Jane Bowles, como si se tratara de un Blake, su vocación de visionaria: extraños relatos donde se mezclaban “una sofisticación felina con cierto humorismo de teatro de títeres”. Se asombró ante su don lingüístico: el encuentro invariable de la expresión precisa y a la vez asombrosa. La prosa que ofrecía “un sabor jamás antes gustado”, una especie de “amargura reconfortante”. Su búsqueda de los caminos más torturados y pedregosos para descifrar las situaciones aparentemente más sencillas y cotidianas; el talante cómico ante el terror y la condenación.

¿Qué tanto se deben uno a otro, estos cónyuges? ¿Los estremecimientos de Paul algo adquirieron de la precoz fatalidad de Jane, o ambos los fueron aprehendiendo brazo con brazo?

Una sibilina, otro clásico, los dos Bowles admiten una rara categoría: la de narradores para poetas. En este sentido, Jane parece conservar su primacía, de los años treinta, cuando Paul se creía negado para la escritura: sus páginas confusas y plurivalentes seducen a los poetas que no suelen gustar de la prosa. Le conceden una magia que regatean incluso a Paul Bowles. Y claro: la leyenda, el misterio.

Ese raro matrimonio desencontrado conforma por sí solo un capítulo entero de la literatura mundial de mediados de siglo.  n

Fuentes: Jane Bowles: My Sister’s Hand in Mine. The Collected Works of…, prólogo de Truman Capote, Nueva York, The Ecco Press, 1978 (hay traducción española de Dos damas serias, en Anagrama). Millicent Dillon: A Little Original Sin. The Life and Works of Jane Bowles, Nueva York, Holt. Rinehart and Winston. 1981. Hay varias obras de Paul Bowles traducidas al castellano. especialmente en Alfaguara.

José Joaquín Blanco. Escritor. Su más reciente libro es Pastor y ninfa. Ensayos de literatura moderna (Cal y arena).

La Transición Vulnerable

La transición vulnerable

Por Carlos Castillo Peraza

Mayorías parlamentarias que se comportan como si fueran minorías, gobernantes que miran al pasado cuando los gobernados exigen el futuro, una clase política que desconoce la mesura, leyes que avanzan en sentido contrario, un sindicalismo que no es fuerte ni moderno : estas son las piedras con las que la transición tropieza a cada paso.

En México sí hay una transición política, pero está llena de escollos y problemas.

Tanto en 1993 como en 1996, el PAN propuso que se estableciera un pacto entre los tres partidos mayores o, en una mirada más optimista, que se llegara a una ley, a la definición de una institución para regular las relaciones entre un Congreso en el que no tuviera mayoría el partido del Presidente.

Al último llamado, que fue en 96, el PRI y el gobierno respondieron que no, aduciendo que aceptar una ley consensada o un pacto expreso a este respecto equivaldría a anticipar, a anunciar que el PRI iba a perder la mayoría. Este partido obviamente no quería anunciar su derrota por anticipado.

No se hizo el pacto. Por eso no hay ley, no hay institución para regular las relaciones entre un Congreso con mayoría distinta a la del partido del Presidente. Además, el PRI perdió la mayoría, y entramos así al peor de los mundos posibles. En un país como Francia hay presidente de un partido con mayoría parlamentaria de otro partido, pero las cosas no se atoran. Sencillamente hay un mecanismo conocido como “la guillotina francesa” que le pone al Congreso ciertos plazos para resolver en favor o en contra de una propuesta presidencial, del Ejecutivo, y si no se llega a un acuerdo se da por aprobado y adelante.

En México no hay mecanismos de esta naturaleza y por tanto estamos en situación de peligro constante, de parálisis o de tumbos cotidianos en la vida política del país. Para decirlo con una metáfora: el tren de la transición está caminando, pero sin rieles; avanza sobre los durmientes en los dos sentidos de la palabra: pedazos de madera sobre los cuales va uno dando saltos y personas como dormidas, que no ven lo que la misma realidad, que ellos mismos cambiaron, les está imponiendo.

Es una paradoja. Cuando termina el proceso electoral de 1997 resulta que la suma de PAN y PRD en la Cámara es mayoría; el PRI, que es la minoría mayor, en lugar de encabezar un esfuerzo de acuerdo con alguno de los otros socios posibles en el Congreso, actúa como si todavía tuviese su mayoría antigua y quiere apoderarse de todo. La reacción es una unidad de los presuntos agraviados y una derrota estrepitosa, política y parlamentaria del PRI, pero con el gorgojo metido: México es el único país del mundo en que la mayoría del Congreso se autonombra bloque opositor. Lo cual nos lleva a pensar que en el PAN y el PRD hay una especie de ADN, de código genético de oposición que les impide, teniendo el poder, ejercerlo y los conduce a actuar como oposición cuando realmente son mayoría. Yo no he visto una paradoja semejante en ningún país del planeta.

Y por eso, por la falta de pacto y por este ADN opositor, no tenemos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo una relación fluida que permita de algún modo ir resolviendo las cosas. No hay pacto y sobre todo no hay método; es decir, no hay un método formal, legal o cuando menos consensado para resolver este problema. Y sin el método no se puede llegar a nada, sencillamente porque cada quien juega sus canicas en términos de posición política coyuntural, con la mirada puesta en elecciones locales inmediatas o en la mediata elección presidencial.

Esto ha generado la gran improductividad político-práctica del avance democrático que significa tener en el Congreso una mayoría distinta al PRI. En las urnas se hizo el cambio, pero los autores y beneficiarios del cambio no están aprovechando lo que los electores les dieron. Estos partidos, que podrían teóricamente definir el rumbo del país, no son capaces de acordar algo pero sí son capaces de obstaculizar todo. Y esta situación, frente al electorado, me parece una vulnerabilidad grave del proceso democrático.

Esto también se manifiesta en una relación muy curiosa entre los discursos políticos y las realidades políticas. Tengo para mí que el Presidente de la República es el único político que hoy habla sincrónicamente con su propia realidad; es decir, el presidente dice: “soy débil” (y lo dice a cada rato), y si no lo dice expresamente así lo manifiesta cuando se dirige al Congreso y dice: “ahí está mi iniciativa, a ver si me la aprueban”.

Es una confesión de debilidad. En tanto, el Congreso, esta mayoría opositora, teniendo la mayoría, habla como si no la tuviera y como si su tarea fuera la de presentar un memorial perpetuo de agravios que ya nadie les hace. La población dice: “miren al Presidente, está débil”. Supuestamente era lo que todos queríamos, que se debilitara. Pero al ver que en el Congreso, con la fortaleza del Congreso, no pasa nada, la reacción natural es decir: “¿por qué no volvemos al Presidente fuerte?”.

Yo creo que esta será una ventaja propagandístico-publicitaria del PRI en los próximos comicios federales. Si el PRI no está haciendo todo lo posible por desprestigiar a este Congreso de mayoría opositora, el Congreso está haciendo todo lo posible para desprestigiarse a él mismo, porque en el Congreso el gran silencioso es el PRI. Es un PRI catatónico, tieso, que deja que este barullo “opositor” se perpetúe todo lo que se pueda.

Para el PRI la edad de oro es el pasado. Al PRI nunca le va a pasar algo mejor de lo que le pasó antes. Nunca más va a tener todo lo que tuvo. Para el PRD, también la edad de oro está en el pasado, porque es el PRI del pasado. Si ustedes observan, el PRD no ha ganado una sola elección con un hombre de izquierda; todas las elecciones que ha ganado las ha ganado con expriistas. Y el PAN, que podría ser el partido que esté diciendo el futuro, cuando se ve en ese doble espejo “preteritista”, se olvida de que llevaba años anunciando lo que seguía y se une, realmente “gravitado” por todo este pasado, y empieza a hablar ya ni siquiera como el PRI sino como el PRD: hacia atrás.

Estamos ante un fenómeno político realmente paradójico, en el que los electores plantearon el futuro y los elegidos plantean el pasado.

Otro punto consiste en que, a pesar de que como nunca se habla de negociación, casi nada se negocia. Estamos en estos días ante posiciones que cotidianamente se vuelven más irreductibles y rígidas, y el problema del lenguaje político es que conduce a situaciones en que nadie puede dar marcha atrás porque ya lo dijo. ¿Cómo se va a tragar lo que ya dijo un político? Entonces, a lo largo de la “negociación” se va elevando el tono de la exigencia, hasta que no es posible negociar, porque la exigencia verbalizada es completamente desmesurada en relación con lo que sí se podría acordar en una negociación.

Cuando se lleva el lenguaje a ese punto, ocurre lo que Arturo Valenzuela analizaba en relación con el golpe de Estado en Chile: en privado, todos los partidos estaban de acuerdo en las cosas que había que resolver para que el gobierno de Allende transitara bien; sin embargo, en público y ante su clientela, o ante los medios, decían lo contrario de lo que decían en privado, hasta que el lenguaje público no pudo ser alcanzado por el lenguaje de la negociación privada. Recuerdo que algún amigo chileno, alguna vez del lado de los marxistas, me dijo: “Nosotros nos pasamos discutiendo seis meses si Allende era Lenin o era Kerensky, para saber si lo apoyábamos. La discusión la terminamos de hacer en el estadio, todos encarcelados, todos a punto de ser torturados y todos a punto de ser fusilados”. En México, es una gran vulnerabilidad no tener una clase política mesurada en el discurso, de manera tal y en grado tal que facilite la negociación.

Esto también tiene que ver con lo que yo llamo la lógica política de los delfines. En los acuarios, donde saltan los delfines y hacen sus monerías, hay un entrenador con un silbatito ultrasónico que sólo oyen los delfines; también lleva unas sardinas. Cuando el delfín salta bien,el entrenador le da su sardina. ¿Cuál es el entrenador que le da la sardina al delfín legislador opositor? Los medios. Un título grande es la sardina para el delfín, el premio por la cabriola bien ejecutada.

Pero ahora estamos en un sistema de relación entre los medios y los políticos, en que la sardina es para el que diga lo que peor o lo que menos sirva para una transición política. Se premian la ruptura, la crítica desorbitada, la exigencia, el apetito de linchamiento, el radicalismo, que son completamente distintos de lo que se requiere para una transición política que vaya, si no sobre rieles, cuando menos sobre unos durmientes bien puestos. Y tenemos, en este caso, que el estímulo “mediático” es para quien se opone u obstaculiza la transición, el arreglo político, la negociación o el acuerdo. En esta perversa relación del entrenador con el delfín no hay delfín que no quiera la sardina de las ocho columnas y, como se le vuelve a dar la sardina cuando hace lo que al periódico o al medio le sirve para vender, entonces todos los delfines están saltando contra la transición; no están saltando a favor de ella, de los acuerdos, de los pactos, de las negociaciones.

Una de las vulnerabilidades de la transición política está, pues, en los medios de información que alientan lo contrario de lo que se requiere para una transición.

A esto hay que sumar un notable desordenamiento de los partidos políticos. A mí me llama mucho la atención que si alguien quiere hablar hoy en nombre del PAN tiene que preguntar ¿de cuál PAN? ¿Del de Fox, del de Medina, del de Calderón, del de Fernández de Cevallos? Hay un desordenamiento. Lo hay en el PRD, pero eso como que es natural en una confederación de resentimientos. En el caso del PAN es nuevo, extraño y creo que muy dañino para el conjunto, porque el PAN jugaba el papel de ser una especie de homeóstato de la política mexicana, que mantenía las posibilidades de articular soluciones. Ahora esto parece estar relativamente perdido o cuando menos extraviado por ahí. Y este desordenamiento genera más vulnerabilidad en el camino de la transición, porque si la minoría mayor, que es el PRI, está catatónica y además todavía sueña con que es mayoría siendo minoría mayor, sucede lo que decía Lenin: lo peor que le puede pasar a un político es hacer lo que hace un pez que al saltar cae fuera del agua y en vez de dedicarse a regresar al agua se consagra a soñar que es pájaro; entonces se muere, se ahoga en la arena. Análogamente, los comportamientos descritos no están siendo funcionales para la toma de decisiones que urgen al país.

Si uno se pone a ver la productividad legislativa en términos de aquellas leyes imprescindibles para ponerle rieles a la transición, el del método de trabajo legislativo y de la relación de éste con el Ejecutivo, difícilmente podrá concluirse que prospera a la velocidad que tendría que avanzar para que México pueda embonar con el resto del mundo en una etapa de globalización. Si no podemos adaptar o cuando menos dejar nuestras leyes penales y administrativas en posibilidad de articularse con las leyes de nuestros socios reales o posibles, México está siendo verdaderamente un elemento disfuncional en todo este ámbito.

Otra vulnerabilidad es que en México no hay un sindicalismo fuerte y moderno. Conversando con uno de los actores quizá no tan visibles como otros de la transición española, Pedro de Silva, socialista que fue dos veces presidente de Asturias y que luego se retiró de la política, sostuvo que la transición política española se asentó sobre una mesa que tenía tres patas importantísimas. Una, la situación económica relativamente aceptable por la gran mayoría de los españoles, con una clase media fuerte. Dos, unos sindicatos que supieron aceptar la paz social como método para construir la transición política. Y tres, unas fuerzas armadas que aceptaron lo mismo. Sobre todo esto los políticos pudieron pactar lo demás.

Vemos, empero, que nuestra transición política sólo tiene una de esas tres patas, que es la de las fuerzas armadas. Es decir, no contamos con el sindicalismo que se requeriría ni con el relativo bienestar material necesario. Y sí hay, como dije, ejército, cosa que en caso de que se caigan de la mesa los que hablan sentados encima de ella, nos deja con una pata: verde olivo. Y eso no es bueno. No es bueno que la última fuerza a la que pueda recurrir un país sea ésta, para el caso de que las cosas se echaran a perder más.

En este ámbito yo diría que la cuestión sindical es muy importante. También añadiría que no hay sindicatos modernos sin empresas modernas. La empresa moderna, la exportadora, la que está afrontando con relativo buen éxito la competencia internacional, obliga al sindicalista a cambiar de mentalidad. El problema de Hernández Juárez no es derrotar a Slim, sino que Teléfonos de México le gane a ATT. Eso le cambia la mentalidad. Pero eso se da en Teléfonos de México, puede que se dé en las cervecerías que están exportando, en las empresas grandes; ahí hay una renovación sindical. Pero no es la mayoría del sindicalismo mexicano.

Otro punto tiene que ver con el lenguaje de los políticos y el lenguaje de la economía. En el mundo de los mercados se registra de manera instantánea el lenguaje político y se reacciona también instantáneamente. En cambio, los políticos no están entendiendo el lenguaje del mundo económico. Hablan como si el mundo económico no existiera o tuviera que reaccionar de un modo ideal, romántico, independientemente de lo que ellos digan, y no es así. La velocidad de reacción del mundo económico frente al lenguaje político es de segundos, y la del mundo político hacia el mundo económico es de meses. A este ritmo la política poco puede ayudar a la resolución de los asuntos económicos que afectan a todos.

Por último, parece que los políticos no han entendido que la democracia es cara. No hay régimen más costoso que una democracia. La democracia genera la posibilidad de plantear cada vez mayores demandas y, por tanto, exigencias que tienen que ver con las bases materiales del Estado mismo, con el dinero, con los recursos que tenga el Estado. Una transición política siempre es una aceleración de las demandas de la población hacia el Estado. El IFE es carísimo, pero necesario para que tengamos elecciones limpias; el Congreso es y será carísimo, pero requerimos de un Poder Legislativo adecuado; el Poder Judicial tendrá que ser también carísimo; la policía también. La democracia con Estado de derecho es cara y si los políticos no registran la carestía que impera sobre la democracia, se dedican a la demagogia de exigir que no haya impuestos. Esto produce un corto circuito para la democracia. Porque sin impuestos la democracia fracasa como un intento, aunque no sea universal ni total, de atención a ciertas demandas de la población. La clase política mexicana está atrás de sus electores y también atrás de las urgencias que tiene el país en un mundo que se globaliza. n

Carlos Castillo Peraza. Periodista. Es autor del libro Disiento.

Fortalezas internas y externas

Si hay transición, es obvio que no puede deberse a los eslabones débiles de la cadena social, económica, política y cultural mexicana. El país tiene un conjunto de pilotes que sostienen el puente que une el pasado con el futuro. No son pocos, ni son despreciables.

Cada vez son menos los conflictos postelectorales. Falta poco por hacer en materia de leyes e instituciones para la materia. Las protestas e impugnaciones relativas a los resultados oficiales han disminuido más que sensiblemente, y los partidos aceptan, cada vez con menos quejas, las decisiones de los órganos competentes. Además, pese a las dificultades para superar el caudillismo y los procedimientos poco o nada democráticos para la elección de dirigentes y candidatos, los partidos crecen, actúan y consiguen votos reales. Aquí, el hábito y la cultura democráticos son mucho más vivos y operantes en el PAN que en el PRI y el PRD. En el caso de este último partido, el triste desenlace del “destape” de Porfirio Muñoz Ledo muestra que aún se está lejos de la modernización interna deseable. Sin embargo, la mirada vigilante y crítica de observadores y medios de información va acotando poco a poco las viejas prácticas antidemocráticas.

Parece confirmarse paulatinamente la tendencia a una sana independencia de los poderes del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado pruebas claras de ser cada día más estricta en sus acciones de control constitucional y menos sumisa al Ejecutivo. Del mismo modo, el Congreso —a pesar de que no cuenta con instrumentos adecuados y de que incurre en desmesuras inútiles o improductivas— va trazando su perfil propio de contrapeso político al Ejecutivo. Este, por su parte, va ciñéndose progresivamente a las facultades escritas que le asigna la Constitución.

  Es digno de señalarse, además, el hecho de que empezamos a contar con estadísticas electorales confiables. Hasta hace muy poco tiempo, no había modo de efectuar estudios comparativos de participación ciudadana en los comicios, ni de volúmenes de votación. puesto que se inflaban o desinflaban arbitrariamente los números de los votantes y los de los sufragios emitidos. Esto permite a los partidos y al gobierno hacer estudios estadísticos para trazar diversas estrategias, y no sólo de acción político-electoral.

No es de significación menor el hecho de que, a pesar de las crisis (petrolera, asiática, rusa y brasileña), los datos de la economía mexicana son alentadores o cuando menos no son lo catastróficos que se supuso que serían. Comparando los efectos de la crisis de 1986 —que fue petrolera, pero no asiática ni rusa ni brasileña, y que dejó los precios del crudo más arriba de lo que ahora quedaron— tenemos los siguientes datos: en el 86 el PIB descendió por abajo de cero, al -3.1%, en tanto que en 98 logró mantenerse en positivo del 4.9%; la inversión privada que en 86 se desplomó a -10.3%, en 98 alcanzó un crecimiento de 17.2%; la inflación que se empinó en 86 hasta 105.7%, en 98 fue contenida en 18.6% y así sucesivamente. Ningún cliente de banco se topó —como en Indonesia— con que su dinero ya no existía. No hubo violencia callejera. Parece asimismo que, en materia de clandestinidad armada, la seducción inicial de los alzados de Chiapas ha ido perdiendo impacto y aura. Los cauces de la acción social y política, así como los del recurso a las instituciones de justicia, son cada día más y mejor transitados. La lógica moderna de la participación organizada parece imponerse sobre la vieja lógica del movimientismo agresivo, transgresor de la ley, que encontraba en la impunidad la palanca de sus éxitos y el engrane principal de sus mecanismos de control político. La sociedad es cada día más consciente de que la corrupción y el crimen organizado no deben apoderarse de ella ni del Estado.

Todo lo anterior permite asegurar, aunque sea con cautela, que, si bien no estamos en el cielo del desarrollo y de la justicia, sí hay con qué afrontar las tormentas económicas exteriores e internas. Ni al más pesimista de los mexicanos se le ocurriría pensar o decir que el país está petrolizado. Quizá lo estén las finanzas públicas, pero no la economía en su conjunto: las exportaciones no petroleras han crecido y los empresarios mexicanos compiten con buen éxito en los mercados internacionales del cemento, la cerveza, la agroindustria de punta y otros ramos de la producción. Se pueden corregir errores o deficiencias de lo hecho, pero lo hecho ya está rindiendo frutos: en 1986 la crisis produjo la pérdida de 163,000 empleos; en 1998, con todo y crisis, nacieron 942.000 puestos de trabajo. Quedan sin duda no pocas deudas sociales por pagar, pero lo importante es que comienza a haber condiciones para generar los recursos que permitan ir cubriendo ese importante, cruel y corrosivo quebranto.  n

Cinco imágenes de Jerjes

Cinco imágenes de Jerjes

Por Carlos Tello Díaz

En este ensayo, Carlos Tello regresa a los autores clásicos en busca de una nueva forma de narrar el pasado, para recuperar así la trama de la historia en el presente.

Herodoto consagra los libros VIl y VIII de sus Historias a la invasión de Grecia por los ejércitos de Jerjes, el hijo de Darío. Jerjes era tan poderoso —dominaba tantos pueblos— que él mismo llegó a creer que era un dios. El imperio persa abarcaba entonces lo que ahora es Irán, Irak, Turquía, Georgia, Armenia, Afganistán, Siria, Jordania, Egipto, parte de la India (el Punjab). Soldados provenientes de todas las provincias del Imperio —libios vestidos con armaduras de cuero, indios ataviados con túnicas de algodón, etiopes cubiertos con pieles de león y de pantera, medos adornados con tocas de lana, asirios protegidos con cascos de bronce— fueron citados por Jerjes en la ciudad de Sardes para comenzar allí, luego de tres años de preparativos, la invasión a Grecia, culpable de la derrota de los persas en Maratón.

Al salir de Susa, los persas cruzaron el río Meandro, para continuar hacia la ciudad de Sardes. Dos días antes de llegar, en una región donde los lidios fabricaban miel con el tamarisco, la mirada de Jerjes se detuvo largo tiempo en un árbol gigantesco, con sus ramas como brazos extendidos hacia el horizonte. Su corteza era café ocre y sus hojas verde claro: un plátano. A causa de su belleza, rara incluso en esa tierra, Jerjes ordenó rodearlo con cadenas de oro y protegerlo con una guardia de su cuerpo de élite, los inmortales persas. (Jünger, en sus Diarios, comprende la reacción de Jerjes: “un árbol como ése”, dice, “es el más bello símbolo de la actitud que, por su puro existir, hace presentes el poder y la dignidad”.) Los persas, que veneraban la naturaleza, les llevaron a los griegos, junto con sus armas, un árbol más que sería después parte del paisaje del Mediterráneo: el ciprés.

Luego de partir de Sardes, el ejército de Jerjes fue sorprendido por un eclipse de sol en la llanura de Lidia. Al ver aquello, que tuvo por un mal presagio, uno de los hombres que lo seguían, Pitio, temeroso de morir con sus cinco hijos, le pidió al rey que le dejara conservar al menos a su primogénito. Jerjes reaccionó sin piedad. ¡Cómo osaba exigir aquello ese vasallo cuando él, su rey, iba a la guerra con todo lo que tenía: sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus súbditos, sus riquezas! Entonces ordenó a su guardia buscar al hijo de Pitio. El muchacho murió partido en dos por una cimitarra: una mitad fue colocada a la derecha del camino, la otra a la izquierda, y por en medio marcharon, uno por uno, todos los hombres —más de un millón— que formaban el ejército de Jerjes.

Una vez en Abidos, los fenicios (con lazos de lino) y los egipcios (con tiras de “byblus”) amarraron los navios de la flota persa para formar un puente por el mar, con el objeto de llegar a Tracia. Ya unidos, el mar los hizo naufragar en una tempestad. Ello produjo la cólera del rey. Jerjes, en efecto, ordenó azotar las aguas del Helesponto. “Oh, mar amargo”, exclamaban los persas mientras azotaban sus aguas, “mi amo te inflige este castigo porque le has hecho daño cuando él en nada te había ofendido”. Herodoto añade que después de azotar sus aguas, Jerjes las mandó marcar con un hierro ardiente. (Proust, en su novela, evoca la escena para señalar el rasgo que la distingue: su belleza.) Más tarde, luego de orar en la playa, el rey ofreció al mar una copa de oro y una cimitarra, arrepentido por haber fustigado de tal suerte aquellas aguas. Herodoto no descarta la posibilidad de que, en venganza por esa afrenta, el mar castigó a Jerjes, hundiendo sus barcos con una tormenta frente a Artemisium y cercándolos en la batalla naval de Salamina.

Antes de cruzar el Helesponto, Jerjes ordenó a sus hombres construir una tribuna con piedras blancas sobre la colina de Abidos. Allí contempló su inmensa flota, que cubría las aguas del Helesponto, y su descomunal ejército, que ocultaba los campos de Abidos. Jerjes se declaró feliz y luego —dice Herodoto— se puso a llorar. Su tío Artabanes, hermano de Darío, que sería luego su asesino, le preguntó la razón. “Es verdad que sentí una gran tristeza en el corazón”, contestó Jerjes, “al ver lo breve que son las cosas humanas, pues de todos esos soldados que forman mi ejército, que es tan grande, ninguno estará vivo dentro de cien años”. (Schopenhauer, en los Parerga, evoca la tristeza de Jerjes y se pregunta sobre la suerte de los libros: ¿es mejor que la de los hombres?)

Al llegar a Grecia, Jerjes venció a los trescientos espartanos de Leónidas en el desfiladero de las Termopilas, y después arrasó Atenas. Pero sus naves fueron aniquiladas por Temístocles en el estrecho de Salamina. Aquel rey soberbio, que había convocado a los hombres de todo el mundo para destruir a Grecia, regresó derrotado a Susa, cuyas calles recorrió ante la mirada de las mujeres y de los ancianos, para después enfrentar los reproches de su madre, la reina Atosa. n

Carlos Tello Díaz. Escritor. Acaba de aparecer su libro Historias del olvido.

La Reforma Eléctrica

La reforma eléctrica

Luis Téllez Kuenzler

Nuestro país se ha transformado profundamente en las últimas décadas. El proceso de cambio estructural que hemos vivido nos permite aprovechar las oportunidades de un entorno mundial caracterizado por una creciente apertura y competencia. Este cambio ha sentado las bases para mantener un crecimiento económico sostenido y un aumento constante en las condiciones de vida de todos los mexicanos. En este marco de cambio estructural. ahora se requiere emprender una reforma que nos permita seguir asegurando el abasto de la electricidad que demanda el desarrollo sostenido de nuestro país, en las mejores condiciones de calidad y precio.

El crecimiento de todos los sectores económicos depende de un suministro eléctrico en condiciones competitivas. Con la industrialización del país y el crecimiento del sector servicios, la actividad económica en general se ha vuelto más intensiva en el uso de electricidad. Esto significa que es necesaria cada vez más electricidad para generar mayor valor agregado. Por otro lado, la electricidad al mismo tiempo que impulsa el desarrollo económico, satisface las necesidades cotidianas de la población. La energía eléctrica desempeña un papel fundamental como sustento de las más diversas actividades diarias de toda la población, de su seguridad y de su bienestar.

Con la finalidad de que el sector eléctrico evolucione de acuerdo con las transformaciones más recientes del país y con las exigencias del México del siglo XXI. en días pasados el Presidente de la República sometió a la consideración del Constituyente Permanente una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa busca impulsar una profunda reforma del sector eléctrico, que afiance a la electricidad como un factor seguro y eficaz del desarrollo de México.

Garantizar un suministro adecuado y confiable de energía eléctrica ha sido una prioridad histórica para el Estado mexicano. Durante muchos años, las características técnicas de la industria eléctrica demandaron. por razones de economías de escala, grandes proyectos. El fInanciamiento requirió la participación del sector público con el apoyo de la banca internacional de desarrollo. En estas condiciones, fue necesario que el crecimiento de la industria eléctrica se sustentara en la centralización de los instrumentos necesarios para su desarrollo en el sector público. Así, en 1960, se nacionalizó la industria eléctrica para cumplir los objetivos de integrar los distintos sistemas existentes, unificar la frecuencia del servicio y ampliar la cobertura. Hoy podemos afirmar que los objetivos que llevaron a la nacionalización de la industria eléctrica han sido plenamente cumplidos.

Actualmente, gracias al trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), alrededor de 95% de la población tiene acceso al servicio eléctrico. Esto sólo ha sido posible con el esfuerzo y compromiso de trabajadores, técnicos e ingenieros electricistas, con gran experiencia y capacidad en la operación y el mantenimiento de sistemas eléctricos, cuya participación ha sido esencial en el crecimiento y modernización de un sector decisivo en el progreso del país.

En los últimos años, el gobierno de la República ha dirigido recursos crecientes al desarrollo de la infraestructura eléctrica. Durante la actual administración, la inversión pública en el sector observa una tendencia creciente. En 1995, se destinaron 15,640 millones de pesos a precios de 1999, mientras que este año se dedicarán 19,571 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, en el presente año, se invertirán cerca de 26,000 millones de pesos en proyectos financiados con recursos privados, bajo el esquema PIDIREGA.

A pesar de la magnitud de los recursos públicos invertidos en la industria eléctrica, los requerimientos financieros son cada día mayores y será cada vez más difícil que el Estado pueda hacerles frente por sí solo, sin desviar recursos que podrían ser destinados a programas prioritarios de desarrollo social.

Actualmente, enfrentamos un incremento sin precedentes de la demanda de electricidad, en un marco de limitaciones presupuestales y crecientes necesidades sociales. Este crecimiento de la demanda de electricidad se espera que sea de cerca de 6% anual, incluso bajo proyecciones moderadas de crecimiento económico para los siguientes años. El aumento de la población, la actividad económica y el uso de tecnologías cada vez más intensivas en el uso de electricidad sustentan esta situación.

Sólo en los próximos seis años tendremos que aumentar en más de una tercera parte la capacidad eléctrica instalada creada a lo largo de todo el siglo. Ello implicará inversiones por más de 250,000 millones de pesos actuales. Este monto equivale, aproximadamente, a una cuarta parte del total del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 1999. La generación deberá aumentar en un mínimo de 13,000 megawatts y los sistemas de transmisión y distribución requerirán fuertes inversiones para garantizar el abasto continuo, suficiente y de calidad de energía eléctrica.

El gobierno no puede seguir siendo el sustento único de la expansión eléctrica del país. Para contar con electricidad suficiente en el futuro, en las mejores condiciones de precio y calidad, es indispensable abrir cauces a la participación del sector privado.

Importantes transformaciones en los ámbitos tecnológico y regulatorio han creado la posibilidad de establecer esta participación. Desde los años ochenta, la generación eléctrica ha experimentado cambios importantes como resultado de recientes avances tecnológicos. Estos cambios han reducido la escala óptima de las centrales eléctricas y han disminuido los costos de generación de energía. Gracias a estos avances tecnológicos, la generación se ha vuelto más competitiva y, paralelamente, se han promovido importantes avances en materia de regulación en transmisión y distribución. Las posibilidades de concurrencia de todos los sectores económicos en la industria eléctrica han aumentado.

Un primer paso para esta concurrencia fueron las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, realizadas en 1992. Estas reformas abrieron un espacio para la participación de la inversión privada en esquemas de autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente. Sin embargo, es necesario reconocer que dadas las restricciones que todavía impone la estructura institucional a los inversionistas, el número de participantes privados es limitado y sucede bajo condiciones que exigen, en muchos casos, compromisos de largo plazo a cargo de la CFE e incluso del gobierno federal.

La escasez de recursos públicos ha obligado a recurrir al desarrollo de un gran número de proyectos de generación, transmisión y transformación financiados con recursos privados, utilizando esquemas de arrendamiento financiero. A éstos se les han sumado en los últimos años nuevos proyectos de generación que se están llevando a cabo bajo la modalidad de productor independiente de electricidad.

Gracias al desarrollo de estos proyectos, financiados con recursos privados, ha sido posible incrementar notablemente las inversiones en el sector eléctrico en los últimos años, hasta alcanzar en 1999 un nivel tres veces superior, en términos reales, al que se tuvo en 1995.

Si esos proyectos se hubieran desarrollado con recursos presupuestales, la CFE habría incurrido en un déficit considerable, el cual habría tenido un impacto significativo sobre las finanzas públicas y la situación financiera de la entidad. Sólo como ejemplo, cabe señalar que en 1999 se contempla una inversión en PIDIREGAS de 25,851 millones de pesos, cifra cuatro veces superior al superávit presupuesta!, programado en 6,434 millones de pesos.

Aun así, estos proyectos financiados con recursos privados implican obligaciones de largo plazo para CFE. las cuales tendrán que ser cubiertas con recursos propios de la entidad y, por consiguiente, gravitarán sobre su presupuesto en el futuro inmediato.

La reforma propuesta busca abrir mayores espacios a la participación privada, pero sin que las inversiones impliquen obligaciones de largo plazo a cargo de los suministradores públicos o que tengan que estar garantizadas por el gobierno.

La apertura que se plantea no implica que el Estado se retire de la industria eléctrica. Por el contrario, significaría un reforzamiento de la rectoría del Estado, que asegure que los beneficios de una mayor competencia lleguen a todos los usuarios. Como lo señaló el Presidente Zedillo, la participación del Estado en la industria eléctrica comprendería la conducción de la política energética del país; la realización de los programas de electrificación en el campo y en las colonias populares; el otorgamiento de subsidios transparentes y directos en los casos socialmente justificables; la generación de energía eléctrica nuclear; la operación de algunas plantas hidroeléctricas y la de otras para respaldo de todo el sistema eléctrico; el control operativo de la red nacional de transmisión en forma exclusiva, y la regulación de la industria eléctrica en general.

En este contexto, el esfuerzo inicial estaría orientado a atraer inversión privada hacia proyectos nuevos, bajo modalidades que no impliquen la utilización de recursos públicos, ya sea en forma inmediata o a través del cumplimiento de obligaciones de largo plazo. Hasta después del año 2000, cuando se haya establecido el marco institucional y regulatorio apropiado, nuestro país estaría en condiciones de promover la participación privada en las empresas existentes, que surgirían de la reorganización de CFE y LFC.

Como resultado de la apertura, la industria eléctrica viviría un proceso de expansión y modernización que la convertiría en uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía nacional. Esto crearía mayores y mejores oportunidades laborales, tanto para los trabajadores de la industria eléctrica como para los de los demás sectores económicos, cuyo crecimiento depende en gran medida de la electricidad. No habría afectación alguna a los derechos de los trabajadores electricistas en activo o a sus organizaciones sindicales, y se establecerían mecanismos que aseguren los derechos de los jubilados.

En estos momentos, muchos países en el mundo están desarrollando reformas a sus sistemas eléctricos para introducir esquemas de mayor competencia. El cambio estructural en la industria eléctrica de otros países ha permitido que los costos de la electricidad para otras ramas industriales disminuyeran paulatinamente.

En conclusión, la propuesta de reforma de la industria eléctrica en México forma parte del esfuerzo de cambio estructural que ha promovido la presente administración. La reforma que el Poder Ejecutivo propuso a la consideración del Congreso de la Unión sienta las bases para el crecimiento futuro de México. Con ella, prevemos las fuertes presiones que ejercerá el crecimiento acelerado de la demanda sobre la industria eléctrica en el futuro inmediato. Debemos actuar ahora para garantizar una expansión constante de la industria eléctrica que sirva de sustento para el desarrollo sostenido de nuestro país.

También debemos aprovechar la oportunidad de dedicar mayores recursos a programas sociales. El sector eléctrico debe estar a la vanguardia para apoyar la competitividad de la economía nacional y el bienestar de todos los mexicanos. No promover una apertura eléctrica en México nos rezagaría ante la competencia internacional y limitaría sustancialmente nuestras posibilidades de desarrollo.  n

Luis Téllez Kuenzler. Doctor en Economía. Secretario de Energía.

La economía vulnerable y sus opciones

La economía vulnerable y sus opciones

Por Luis Rubio

La pregunta crucial que pretende examinar este ensayo “es si podremos aprovechar estos años para construir las bases que permitan afianzar el terreno para el desarrollo o si, por el contrario, continuaremos postergando las reformas que permitirían liberar las fuerzas y recursos tan extraordinarios con que cuenta el país”.

El país se encuentra en una encrucijada. El potencial de crecimiento industrial y económico es, en general, literalmente infinito. Contamos con recursos naturales, capacidad empresarial, mano de obra calificada y productiva, acceso garantizado a los principales mercados del mundo y una población creciente y demandante de satisfactores de la más diversa índole, todo lo cual constituye el conjunto de ingredientes necesario para el desarrollo de un país. Desafortunadamente también contamos con interminables obstáculos, limitantes y desventajas diversas, sobre todo autoimpuestas, que impiden que el país en su conjunto se levante y satisfaga tanto sus necesidades como su enorme potencial. La gran mayoría de esos obstáculos es susceptible de ser eliminada, lo que abriría las puertas a un desarrollo equilibrado y generalizado.

Los próximos dos o tres años van a ser cruciales para determinar la capacidad que tenga el país de alcanzar elevados índices de crecimiento económico en general e industrial en lo particular. La pregunta crucial que este ensayo pretende examinar es si podremos aprovechar estos años para construir las bases que permitan afianzar el terreno para ese desarrollo o si, por el contrario, continuaremos postergando las reformas que permitirían liberar las fuerzas y recursos tan extraordinarios con que cuenta el país.

Esta no es una interrogante ociosa. A lo largo de la última década, el país ha demostrado, una y otra vez, que cuenta con la capacidad de transformarse y construir una plataforma impresionante de desarrollo económico. El país ha dejado de ser un territorio inhóspito para el comercio internacional al convertirse en uno de los principales exportadores del mundo. Esa realidad la han construido centenares de empresas mexicanas que cuentan con millones de los trabajadores más competitivos y productivos del mundo. Pero no todas las empresas mexicanas han logrado transformarse de esa manera. Muchas de esas empresas se han rezagado por razones de sus propios empresarios o por circunstancias coyunturales de un tipo u otro. La gran mayoría, sin embargo, se ha rezagado porque no han existido las condiciones idóneas para transformarse y, con ello, incorporarse en los círculos virtuosos que produce el crecimiento económico.

Este ensayo se divide en cuatro segmentos. El primero presenta una visión del conjunto para apreciar las fuentes de certidumbre e incertidumbre en la escena nacional. El segundo hace una evaluación del punto de partida: de dónde venimos. El tercero elabora una aproximación a los factores que generan la creciente complejidad de la economía; y, finalmente, el último sugiere lo que todo esto implica para la compleja dinámica de transición política y para el desarrollo del país.

No existe país sin dificultades. Todos cuentan con vulnerabilidades y fortalezas. El factor central del desarrollo no reside únicamente en qué tanto se tiene de lo uno o lo otro, sino en la capacidad de una nación de apalancarse en sus fortalezas y disminuir sus debilidades o vulnerabilidades. Algo de eso hemos hecho en los últimos años, pero estamos muy lejos de haber logrado el objetivo de afianzar una base sólida de crecimiento económico sostenido y duradero.

Las grandes certidumbres e incertidumbres que enfrenta hoy la economía mexicana en su conjunto, tienen mucho más que ver con temas políticos que con dificultades propias de la economía, aunque por supuesto también hay muchas de éstas. En lo político, el que finalmente se llegara a un acuerdo en los mecanismos de selección de gobernantes constituye una fuente trascendental de certidumbre que antes no existía. En este tema ya no hay disputas fundamentales. Pero la contraparte de esto es que sigue sin definirse la forma en que nos vamos a gobernar, lo que genera un clima de incertidumbre que tiende a paralizarlo todo. Esta última constituye una enorme fuente de vulnerabilidad.

La incertidumbre no es algo nuevo en nuestra economía. La acumulación de crisis en el curso de las décadas ha creado una cultura de inversión de muy corto plazo, de una demanda de extraordinarios niveles de rentabilidad en las inversiones productivas y de una casi total ausencia de inversiones de largo plazo. El Tratado de Libre Comercio es, precisamente, la consumación de un esfuerzo por disminuir esa incertidumbre y alterar los patrones de conducta de los agentes económicos. La estructura y las características del Tratado obviamente tienen una naturaleza económica, pero su concepción original tuvo un profundo contenido político. El objetivo esencial del Tratado era de carácter político: se perseguía la creación de un mecanismo institucional —fuente intrínseca de certidumbre— que evitara los altibajos que inevitablemente produciría el proceso de cambio político, económico, social tan profundo como el que el país estaba experimentando y que va a experimentar todavía por muchos años, aun si las cosas no se descarrilan.

En la vida real lo que importa, lo esencial, es cómo elevar los niveles de vida de los mexicanos. Para ello se requiere, como mínimo, elevados niveles de inversión y un sistema político transparente, plural, equitativo y competitivo. El hecho de contar ya con procesos electorales limpios y competidos indica que hemos librado el primer escollo de la democracia. Es decir, hemos trascendido el primer umbral de una transformación política. Pero estamos lejos de haber alcanzado un estadio propiamente democrático. De hecho, ni siquiera está claro qué clase de democracia va a ser la mexicana, lo que inevitablemente constituye otra fuente de incertidumbre permanente. ¿Va a ser una democracia representativa? ¿Va a ser una democracia autoritaria? O para ir a lo más simple: ¿va a funcionar, va a permitir que se tomen las decisiones que la sociedad y la economía requieren para poder operar?

Lo anterior es patente en el actuar diario del Congreso luego de que desapareció el control férreo de un partido sobre las decisiones en la Cámara de Diputados. El mecanismo actual de elecciones de nuestros representantes puede ser impecable en términos democráticos, pero eso, por sí solo, no garantiza que se puedan tomar decisiones en el proceso cotidiano del actuar legislativo o de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las decisiones son difíciles, la información inadecuada. la percepción de un riesgo más alto y la ausencia de conceptos básicos que unifiquen posturas o, al menos, los criterios de decisión, se traduce en menores inversiones, mayores tasas reales de interés y, en general, una sensación amplia de que no hay un rumbo definido para el futuro del país.

Una simple extrapolación de la primera experiencia de una mayoría de oposición en la Cámara de Diputados indica que. en el futuro mediato—con una muy probable fragmentación adicional de la oposición— estaremos viendo que la capacidad de elaborar, construir, desarrollar y acordar puntos básicos y de llegar a consensos, irá mermando. Sin atribuirle responsabilidades al Ejecutivo o al Congreso, la interacción entre ambos poderes a partir de 1997 no ha sido exactamente encomiable ni productiva. Tenemos un gobierno dividido y, a menos que cambien algunas de las características básicas del sistema político actual —como la unidad del PRI o la fragmentación de la oposición—. todo parece indicar que esa será la tónica que prevalezca en los próximos años: los incentivos para que. de los tres partidos grandes, los dos no ganadores de la elección presidencial se unan en contra del que esté en la presidencia son infinitos y cualquiera de las tres combinaciones es posible (es decir, los dos partidos perdedores tienen en la actualidad mayores incentivos para oponerse, desde el Legislativo, al que está en el poder, que a aliarse en una coalición gobernante amplia). Esto nos habla de una polarización casi inevitable, en un contexto en el que los acuerdos políticos van a ser relativamente pequeños, a menos de que la economía mexicana experimente un boom tan grande como la chilena, que evite la confrontación de posturas, de ideas, de objetivos. Desafortunadamente los pronósticos apuntan en otra dirección, por lo menos en el corto plazo.

El otro lado de la ecuación de un Congreso fragmentado entraña otra evidente vulnerabilidad: el próximo presidente probablemente no va a tener mucho más de 38, 40,42 por ciento del voto popular, muy lejos de las amplias mayorías del pasado. Y, dada la inexistencia de un Estado de derecho pleno y de una amplia legitimidad de la idea misma de la legalidad, no es nada difícil que domine la propensión a que los partidos no gobernantes, y muchos mexicanos, no se sientan obligados a respetar a un presidente por el cual no votaron o que ni siquiera gozó de la mayoría de los votos. Ya hemos visto innumerables ocasiones en que miembros del PRD argumentan que, como se opusieron a una determinada legislación (que sí fue aprobada por mayoría en el Congreso), no se sienten obligados por ella.

Estos no son temas irrelevantes. Cuando un presidente norteamericano, como Clinton, gana con 40 ó 42 por ciento del voto nadie discute que sea un presidente legítimo. En México esto seguramente será un tema de disputa y de discusión permanente. Si en la actualidad la legitimidad de un presidente que obtuvo una mayoría absoluta es sujeta a toda clase de discusiones, ¿cómo va a evitarse que eso ocurra con uno que no la obtenga?

A lo anterior se suma el hecho de que la descentralización administrativa y política será cada vez mayor. Este hecho va a liberar fuerzas, recursos y capacidad de decisión a todo el país. En algunos casos serán los gobernadores quienes reciban la responsabilidad y puedan ejercerla. En otros casos serán grupos empresariales, en otros casos serán grupos de narcotraficantes, en otros casos será la sociedad civil. En algunos lugares se van a dar combinaciones muy adecuadas de beneficiarios de la descentralización, lo que sin duda se traducirá en oportunidades efectivas de construir procesos políticos democráticos más o menos sólidos, como ya es patente en algunos estados norteños. Ahí la fortaleza relativa de todos estos factores permitirá una competencia política que conduzca a algo positivo. Pero en otros lugares vamos a tener a caciques y minidictadores controlando a sus respectivas regiones. Las enormes diferencias que caracterizan al país serán fuente inexorable de problemas y conflictos.

El origen de nuestros dilemas actuales se remonta, paradójicamente, al intento de modernización que hemos experimentado en los últimos lustros. Las reformas de los últimos quince años eran inevitables porque el país enfrentaba la ruina económica. Si bien las reformas se presentaron siempre como respuestas a problemas de carácter estrictamente económico, la lógica que las animó era esencialmente política: se trataba de salvar al sistema político que existía, de mantener el statu quo. En los años ochenta se inician las reformas económicas ante la posibilidad de un inminente desplome político que acarrearía la crisis económica y el empobrecimiento generalizado. Es decir, las reformas económicas se emprendieron porque se reconoció que esa era (y sigue siendo) la única vía de reactivar la economía. Sin embargo, en forma claramente contradictoria, las reformas económicas también buscaban mantener el statu quo político. Esta contradicción de origen persiste y, en buena medida, esa lógica sigue prevaleciendo. Esto es, seguimos operando bajo las premisas del viejo sistema político a pesar de que la realidad ha cambiado, y esta contradicción de origen la seguimos arrastrando en todos los ámbitos de la vida nacional.

Las reformas económicas fueron minando al sistema político cada vez más profundamente. A final de cuentas el sistema político mexicano se creó en los años veinte para las realidades de entonces, intercambiando lealtades por beneficios como la ecuación esencial del sistema. El sistema se fundaba en la noción de que los grupos políticos, sindicales, militares, etcétera, iban a ser leales al sistema en general, y al presidente en lo particular, a cambio de acceso al poder (o de la promesa de acceso al poder) y a la riqueza.

La corrupción fue el pegamento que permitía mantener al sistema unido. Aunque obviamente la corrupción no ha desaparecido, ya no constituye un factor de unidad alrededor del PRI, toda vez que la libe- ralización económica y política que ha experimentado el país sigue una dinámica que tiende a pulverizar al antiguo corporativismo y acentuar una lógica de “sálvese quien pueda”. Con la erosión de los mecanismos que aseguraban lealtad al sistema, los cambios han sido vertiginosos, aunque no siempre positivos. Buena parte de lo que ha sucedido en la política mexicana ha sido mucho más trascendental y mucho más veloz de lo que hubiéramos podido pensar en su origen. Sin embargo, los costos aparentes de este proceso también son igualmente notables. Lo vemos en la dinámica de un gobierno dividido, como se llama técnicamente; lo vemos en la política de exclusión que ejercen, sobre todo, el PRI y el PRD respecto al PAN; en la manera como los diputados siguen jugando juegos maniqueos de buenos y malos en lugar de buscar maneras de formar coaliciones que permitan aprobar leyes de un tipo o de otro en un momento dado. Al gobierno se le sigue demandando que salve al país y que decida por todos, a la vez que se le acotan las facultades para hacerlo.

Una manera de caracterizar a la política mexicana y reconocer sus vulnerabilidades en la parte económica es comparándola con la norteamericana. Cada vez vemos a más diputados y senadores mexicanos saliendo a la palestra, con discursos cada vez más inflamantes, con críticas al Presidente (algo inusual en el pasado) y con planteamientos totalmente distintos a la línea de su partido o a los que ellos mismos esgrimían en el pasado, todo ello prototípico de la política americana. Las campañas electorales son cada vez más parecidas y, en general, las formas de la política nacional se han norteamericanizado. Pero más que ver las semejanzas, es crucial observar las diferencias. El hecho de que la política norteamericana esté extraordinariamente institucionalizada y que la sociedad de ese país cuente con un pleno Estado de derecho, con una verdadera división de poderes y con una fuerte e independiente Suprema Corte de Justicia, tiene consecuencias muy específicas para la política cotidiana que están ausentes en nuestra realidad. Allá realmente no importa la locura que pueda afectar a algún miembro del Congreso, a un senador norteamericano o a un candidato, dado que el daño que le puede hacer a su país o al proceso económico es virtualmente cero. El sistema de pesos y contrapesos garantiza que haya procedimientos perfectamente determinados para proteger los derechos de cada ciudadano, lo cual permite que los miembros de esa sociedad gocen de una amplia protección respecto a cualquier abuso potencial de la autoridad. Esto lleva a que un norteamericano cualquiera reconozca que si falla en su voto o si el presidente electo resulta desastroso, lo peor que le puede suceder es que sus impuestos suban o bajen en uno o un medio por ciento y nada más. En cambio, la concentración y la estructura del poder, la falta de acuerdos sobre cuestiones esenciales para la operación de la economía y de la institucionalización de los poderes públicos en México, lleva a que un error de política económica pueda implicar que la población pierda el 50% de sus ingresos reales disponibles en cuestión de dos semanas, como vimos a finales de 1994.

El proceso de sucesión presidencial en el que ya estamos inmersos con tanta antelación, evidencia los riesgos que tiene un proceso tan poco institucionalizado. A nadie le queda la menor duda de que el vector de la política mexicana en este momento, y desde hace un buen rato, es el año 2000. Todo mundo piensa que ahí vamos súbitamente a trascender la cortina de la redención y vamos a poder resolver todos los problemas del país en una madrugada. Esa elección va a ser traumática si gana o si pierde el PRI. y, sin embargo, no va a resolver el problema de cómo nos vamos a gobernar, con lo que volvemos al círculo vicioso.

Por primera vez en la historia, el Presidente no controla el proceso de sucesión. No lo controla por una mezcla tanto de convicción como de falta de visión y habilidad para construir los andamiajes que se requieren para poder conducirlo. Este nuevo factor de complejidad —la ausencia del Presidente controlando el proceso— es claramente necesario para poder lograr un sistema democrático en el país, pero es insuficiente. Cada partido está siguiendo una lógica de reforma o de cambio interno, algunas veces inducido por la realidad, otras por una nueva visión, o por un intento de visión hacia adelante. El PRI, que será el partido que más tendrá que cambiar para poder competir, enfrenta ahora la extraordinaria dificultad de construir una candidatura de unidad que sea a la vez legítima, todo ello sin un conductor con capacidad de repartir premios y castigos, además de salvar vidas. Inevitablemente, la complejidad política contamina las percepciones y, por lo tanto, las decisiones económicas.

El desempate entre los cambios económicos y los políticos es patente. El choque se da entre una economía que cambia aceleradamente y un sistema político que, a pesar de haberse transformado de una manera impresionante, sigue operando bajo un paradigma que, además de ser incompatible con la realidad económica del país, paraliza el proceso de cambio político. De esta manera, mientas que los partidos y los políticos siguen operando bajo un paradigma de antaño —el paradigma de un partido dominante— que niega y fustiga la competencia, la realidad cotidiana de la mayoría de los mexicanos es una de competencia a muerte. De lo anterior se deriva otro choque, éste entre lo que era la fuente de legitimación, la estructura de valores, del viejo sistema, y una realidad que ya se apartó de ahí pero que sigue oprimida por la imposición de ese viejo paradigma. En este contexto es inevitable que se acentúe todavía más la complejidad económica.

Hay tres fuentes específicas de complejidad —y, por lo tanto, de incertidumbre— económica. La primera que se maneja sobre todo a nivel del debate político respecto a la economía, se refiere a la poca credibilidad de que goza la retórica gubernamental. En otras palabras, se percibe una gran incongruencia entre las cifras de desempeño que presenta el gobierno y la aparente realidad para la mayor parte de la población, particularmente la que es políticamente más activa. Si escuchamos lo que la población dice y lo que los partidos dicen que dice la población, nos encontramos con una total incredulidad respecto a las cifras que publica el gobierno sobre temas tan elementales como la tasa de crecimiento de la economía o de la inflación. La realidad es que la economía muestra un desempeño muy diferenciado a lo largo y ancho del país y, ciertamente, no toda la población está beneficiándose de este proceso. Es evidente el fuerte contraste que se observa en el desempeño económico entre diversas regiones del país, entre diversas industrias y diversas empresas. Los problemas en Jalisco son muy distintos a los de Yucatán y los de Oaxaca nada tienen que ver con los de Nuevo León. En ausencia de un liderazgo político fuerte que convenza a la población del rumbo que sigue y debe seguir la economía, esta fuente de incertidumbre será permanente.

La segunda fuente de complejidad e incertidumbre surge de los enormes altibajos que han experimentado los mercados financieros, a lo que se suma la extraordinaria dependencia de las finanzas públicas a los precios petroleros. Finalmente, la tercera fuente de incertidumbre se refiere a la percepción, y en muchos sentidos la realidad, de que existe una total incapacidad de presentar, negociar y lograr que se aprueben iniciativas de ley, tan elementales como el presupuesto, en el proceso legislativo. En parte, esto es resultado de la estructura de incentivos que enfrentan los legisladores en la actualidad, pero también es resultado de la enorme arrogancia con que con frecuencia el Ejecutivo presenta iniciativas y demanda acción por parte del legislativo.

Si tomamos una perspectiva de largo plazo, es imposible no reconocer lo vulnerable que es el país. Para empezar, la estrategia de desarrollo se sustenta, en su esencia, en la permanencia de salarios bajos, por lo que es muy poco probable que logre romper el círculo vicioso de la desigualdad y expectativas insatisfechas. Con una población con los niveles de educación que tenemos quizá sea inevitable pensar así, pero si persistimos en esa idea jamás vamos a cambiar la realidad. Tenemos que empezar a dilucidar qué es lo que nos va a permitir generar las condiciones para elevar los niveles de productividad en el largo plazo y con ello incrementar también los niveles de ingresos. Ahí tenemos un gran desafío, pues no están empatadas las estrategias de educación, las estrategias de infraestructura y las estrategias de desarrollo económico en general con la construcción de una sociedad rica y pudiente.

El segundo tema es el de productividad. La productividad es la condición elemental que permite que un país genere riqueza; es lo que determina el número de empleos que se pueden crear y los ingresos que la población puede tener. Desde una perspectiva estrictamente económica, dejando a un lado temas vitales como los relativos a la estabilidad política y cambiaría y al Estado de derecho, no hay nada más importante que la productividad de una economía cuando se habla de la estrategia de desarrollo. Si la estrategia gubernamental no va orientada a crear condiciones para que se eleve la productividad, la economía no puede prosperar en el largo plazo. Aunque las empresas pueden hacer mucho para elevar la productividad de sus procesos —y los logros en este rubro son espectaculares en los últimos años—, el crecimiento de la productividad no nada más depende de las empresas, sino de la estrategia general de desarrollo nacional.

El tercer tema de largo plazo es el de la desigualdad, que va de la mano con los dos anteriores. El tema de la desigualdad consume a las sociedades, las divide y les imposibilita prosperar. La visión simplista del tema de la desigualdad es que hay que redistribuir la riqueza. Sin embargo, cualquier intento de avanzar en esa dirección, como lo hemos visto una y otra vez en la historia, acaba con una distribución de la pobreza y no al revés. El tema de la desigualdad no implica quitarles a unos por darles a los otros, sino el concebir una estrategia de desarrollo a nivel nacional que contemple la posibilidad de ir disminuyendo esa desigualdad para crear un entorno de estabilidad en lo político y un mercado interno que permita tener la capacidad de crecimiento sostenido y sostenible en el largo plazo. Acabar con la desigualdad extrema también implica, como precondición, romper con los obstáculos políticos al desarrollo, como aquel que preserva una educación primitiva como mecanismo de control político.

Una cuarta vulnerabilidad de largo plazo se refiere al problema fiscal del gobierno. Si comparamos al gobierno mexicano con los de otros países similares, y Brasil es el más atractivo en esta comparación, el gobierno mexicano tiene ingresos directamente fiscales, sin contar los petroleros, varios puntos porcentuales por debajo de otros países de semejante nivel de desarrollo. El ingreso fiscal del gobierno mexicano es como ocho puntos porcentuales menor, respecto al PIB, de los que tiene el gobierno de Brasil. No es posible pensar en financiar un proceso de desarrollo de largo plazo, comenzando por la educación, la infraestructura y demás, sin resolver el problema fiscal que hoy caracteriza al gobierno, que lo hace dependiente de los recursos petroleros y, al hacerlo, mina las posibilidades de desarrollo saludable de esa industria. Es imperativo cambiar la lógica del financiamiento del gobierno, pero esto es algo que sólo es manejable en el contexto de la existencia de pesos y contrapesos efectivos, pues, de otra manera, mayores ingresos fiscales no se traducirían en una mejor y más estable administración económica, sino en una mayor corrupción política y de las decisiones gubernamentales.

Por último, el tema de la transición política. Aquí hay dos dimensiones importantes: una es la que se refiere a los cambios políticos que nadie controla y la otra a las condiciones e instituciones que son necesarias para que los cambios políticos se encaucen y no se traduzcan en una fuente de volatilidad permanente que atente contra la estabilidad económica y política del país.

Hay una serie de cambios políticos que han tenido lugar en el país, cambios que nadie controla, que nadie tiene capacidad de imponer y que. poco a poco, le van dando forma a una nueva estructura política al país. Por ejemplo, la manera en que ha cambiado la dinámica de interacción entre los partidos en el Congreso y entre el Congreso y el Ejecutivo a partir de las elecciones de 1997, poco a poco ha venido imprimiendo una estampa sobre la manera de hacer política, sobre lo que se vale y lo que no se vale, sobre el comportamiento de los partidos, de los candidatos y no candidatos, etcétera. Hay partidos que ya tienen una historia institucional, como el PAN. en tanto que otros se han desarrollado al calor de las circunstancias, fortaleciendo, como en el caso del PRD. sus estructuras caudillistas. Todas y cada una de estas cosas tienen una dinámica propia que nadie en sentido estricto controla. El futuro nos dirá si la algarabía del presente estuvo justificada y si sirvió de fundamento para la construcción de un país fuerte y exitoso.

Por otro lado, se encuentran todas aquellas acciones posibles, necesarias y útiles para poder ir reduciendo la volatilidad tanto política como económica, y con ello ir avanzando en el camino de la estabilidad. La ausencia de instituciones fuertes, los incentivos que dominan el comportamiento político y que premian el radicalismo y la polarización son factores que no hacen sino elevar dramáticamente la vulnerabilidad económica del país. Una manera de medir lo anterior es observando que. a pesar del TLC y las garantías para la inversión que lo acompañan, el país no logra capturar más de una cuarta parte de los procesos de manufactura que empresas estadunidenses trasladan fuera de sus fronteras. Puesto en otros términos, una estrategia gubernamental distinta para la inversión extranjera y una menor volatilidad política podrían hasta cuadruplicar los flujos anuales de inversión extranjera que llegan al país.

No hay que perder de vista que el cambio político en México, por más que muchos políticos y muchos partidos se atribuyan el mérito, lo han venido conduciendo los electores. Hay un porcentaje creciente, de entre el 30% y el 40% de los electores, dependiendo de la encuesta que se utilice, que ya constituye una fuerza política crucial, capaz de determinar el resultado de elecciones federales y que está integrada por individuos que ya no expresan una preferencia fija de voto por un determinado partido. Es decir, como dicen los especialistas, se trata de un electorado volátil, dispuesto a jugar con cualquier candidato o partido que contribuya a lograr sus objetivos. Muchos de estos electores votan en forma estratégica, decidiendo en una dirección o en otra, según como crean que van a cambiar más o menos al país. Esos votantes bien pueden ser el factor determinante en las elecciones del año 2000. En el año 1994 ese fue el voto que le dio el triunfo al PRI y también el que le dio la mayoría al grupo combinado de partidos de oposición en 1997. No es evidente qué va a suceder en el 2000.

El proceso de sucesión presidencial que se avecina se caracteriza por un hecho inédito: la decisión del Presidente de abstenerse de conducir e, inclusive, de construir los andamiajes legislativos para poder darle cauce al proceso político. En ese sentido, es inevitable el crecimiento de la incertidumbre económica de aquí a las elecciones federales, a menos que todos los partidos y candidatos suscriban un conjunto de candados, de amarres que garanticen la continuidad económica.

Las consecuencias de una mayor incertidumbre son mucho más predecibles de lo que podría parecer a primera vista. En ausencia de un consenso respecto al futuro, de acuerdos explícitos en materia de gobernabilidad y sobre procedimientos —esto es, sobre la manera de decidir en todos los órdenes y no solamente en el electoral—, los agentes económicos concluyen, inevitablemente, que el riesgo de invertir o ahorrar se eleva sensiblemente. Además, la enorme rigidez política y los enormes rezagos en todos los ámbitos hacen inevitable que el tema predominante en cualquier discusión sobre el futuro de la economía se mezcle con la noción de crisis. De hecho, el primero que menciona el vocablo con gran frecuencia es el propio Presidente de la República. Ante esta circunstancia, dado que el tema crisis permea todo el discurso y el debate político y el pensamiento de todo el mundo, lo más probable es que acabemos no teniendo una crisis, pero no por las razones que frecuentemente se invocan.

En las circunstancias actuales una crisis es imposible, paradójicamente, porque todo mundo la espera. Lo que es más peligroso, más riesgoso es que acabemos teniendo una terrible parálisis en las decisiones de inversión desde este momento hasta que el panorama político y de política económica sea más claro para los ahorradores e inversionistas. Es decir, ante la incertidumbre, las decisiones personales de cada individuo y empresa, nacional y extranjera, van a tender a ser sumamente conservadoras: nadie querrá arriesgar su patrimonio en un momento de convulsión política. Este escenario es sumamente preocupante no sólo por lo que dejará de hacerse en los próximos meses o años, sino porque la ausencia (o insuficiencia) de inversión implica que la economía tardará mucho en reactivarse una vez que el panorama político vaya haciéndose menos preocupante para los inversionistas y ahorradores. Para el año 2000 no habrá crisis sino parálisis y estancamiento producto de la falta de inversión. Este rezago en la inversión se va a traducir, inevitablemente, en menor crecimiento en los años posteriores.

¿Cuáles son los principales factores que van a determinar lo que pase en el futuro? Las decisiones clave que orienten al país en el futuro probablemente van a girar en torno a un conjunto de factores muy específicos. Por un lado es plausible que el proceso de descentralización del poder, que lleva años cobrando forma, termine por consolidarse. En segundo lugar, vamos a enfrentar las consecuencias de las reformas emprendidas a lo largo de la última década, no todas las cuales fueron siempre adecuadas, pero sí casi siempre insuficientes para lograr su cometido, excepto en la retórica que las acompañó. Mucho de lo que ocurra en el país en el futuro va a depender de los avances que se logren en un tema muy específico: el cambio en el paradigma que guía las acciones gubernamentales. En tanto siga dominando un paradigma que niega e impide la competencia, que privilegia a los monopolios, públicos o privados, las reformas tendrán un efecto parcial y muy limitado. Es decir, en tanto no adoptemos un paradigma de competencia tanto en el ámbito político como en el económico, la sociedad, y los propios partidos políticos, van a tener un incentivo permanente a juzgar las reformas de la última década como inadecuadas para poder modernizar a la economía y avanzar en el desarrollo del país. La incredulidad respecto al futuro del país va a ser muy elevada y esto va a traer consecuencias en todos los ámbitos. En este contexto, la duda es si será posible lograr en los próximos años niveles de crecimiento suficientemente elevados como para poder enfrentar los problemas sociales que tenemos en la mira.

Enunciar las debilidades y desafíos que enfrenta la economía mexicana y el país en general es un ejercicio por demás interminable. Si uno quiere encontrar debilidades, es imposible ocultarlas y nuestro país tiene más que de las que necesita. Pero es imperativo comprender las vulnerabilidades para vencerlas. Uno de los factores cruciales del desarrollo, por ejemplo, reside en la calidad de la educación: no hay país alguno que haya logrado tasas elevadas y sostenidas de crecimiento que no cuente con un sistema educativo excepcional. Ahí están Corea y Taiwán como los ejemplos más patentes, para no hablar de los obvios, como Japón. Sin embargo, por más que se hable de reformas educativas en el país, es más que evidente que ahí seguimos teniendo una vulnerabilidad en lugar de la fortaleza que requerimos.

Las fortalezas de un país son de dos tipos: las de origen, provistas por la naturaleza, como la geografía y los recursos naturales, y las creadas. Las fortalezas naturales normalmente no aumentan ni disminuyen más que con el paso de los siglos en que los cambios políticos cambian las ventajas o desventajas de la geografía, o cuando un recurso se agota u otro súbitamente cobra importancia. Pero las fortalezas que realmente generan riqueza, sobre todo en países con poblaciones grandes, son normalmente las que se crean, y que típicamente tienen que ver con la infraestructura, la educación y la productividad. Es decir, las fortalezas creadas dependen de la calidad del gobierno, de la solidez institucional de un país, de la funcionalidad y credibilidad del sistema legal y así sucesivamente. Mientras que México es un país sumamente rico en sus fortalezas naturales, es particularmente pobre en el desarrollo de fortalezas artificiales.

Una de las grandes paradojas del momento actual reside en que quizá la mayor fortaleza con que cuenta la economía mexicana reside en el Tratado de Libre Comercio norteamericano. Se trata de una creación humana, no de una ventaja natural que resume las debilidades que el país enfrenta: el Tratado crea un marco institucional, desarrolla instrumentos legales para la inversión y el comercio y genera certidumbre. No es casualidad que la abrumadora mayoría de lo que funciona bien en el país en la actualidad esté vinculado con el Tratado. El éxito rotundo de este instrumento evidencia que la capacidad de crecimiento de la economía mexicana es literalmente infinita: lo que la limita es la ausencia de condiciones apropiadas para atraer y hacer prosperar la inversión y el ahorro.

La economía mexicana muestra un desempeño sumamente contrastante. Algunas empresas, regiones y sectores han logrado avances notables, pero otros han sufrido gravemente. Lo importante es menos el balance de lo anterior que el reconocer que la capacidad de transformación de la planta productiva es verdaderamente extraordinaria. La parte que se ha modernizado lo ha hecho porque cuenta con condiciones propicias para hacerlo. Quizá la mayor de nuestras debilidades reside en la incapacidad colectiva de comprender esta lección tan singular.  n

Luis Rubio. Es director de CIDAC. Su último libro se intitula México en el umbral del nuevo siglo.

Colosio: Para poder hablar después

Parabólica

Colosio: Para poder hablar después

Por Carlos Castillo Peraza

Luis Aguilar Villanueva, con quien me une una amistad anterior al trabajo político y más honda que las que suscita la política, me preguntó un día del tercer trimestre de 1992 si conocía a Luis Donaldo Colosio. Le respondí que no. Yo era entonces un miembro del Comité Nacional del PAN que andaba en los prolegómenos de una campaña interna por la presidencia nacional de mi partido. “Sería bueno que lo conocieras y, si lo consideras prudente, puedo presentarlos”, sugirió Luis.

La cita fue a comer. En la casa-oficina que Colosio utilizaba —calle de Aniceto Ortega, colonia del Valle— como sitio de descanso, de reflexión y de encuentros informales. Acudí solo y a pie. Luis me esperaba a la puerta. Pasamos a una sala pequeña. Llegó Colosio y tomamos un aperitivo, como prólogo para la comida. Presentaciones, evocación de conocidos o amigos comunes. Luego, a la mesa, en el comedor vecino. Terminada la sopa, Luis Aguilar Villanueva acudió a un pretexto para no ostentar su prudencia, y nos dejó solos.

Colosio tenía una sonrisa fácil, como natural. También unos ojos como naturalmente tristes. Entraba sin dificultades en relación con sus interlocutores, al menos en lo que a mí me tocó atestiguar. Transitamos rápidamente del usted al tú. La prolongada conversación comenzó —y podría decirse, en síntesis, que terminó— con este diálogo:

—¿Por qué crees tú, Carlos, que deben hablar un mexicano que podría ser el candidato presidencial del PRI y otro mexicano que tal vez llegue a ser el presidente nacional del PAN?

—Porque sólo quienes hablan antes pueden hablar después.

Fui electo presidente de Acción Nacional el 6 de marzo de 1993. Me dirigí a casa para bañarme. Me encontraba exactamente bajo el chorro de agua de la regadera cuando irrumpió mi hijo Julio, de 12 años, con el teléfono inalámbrico en la mano:

—Te llama un tal Colono. —No conozco a nadie que se apellide así… —Creo que es Coloro, Coloso… Me imaginé quién era y tome el aparato. Luis Donaldo había escuchado los errores de retransmisión y me dijo:

—Debo andar mal. Tu hijo no sabe quién soy. Pero tú andas bien. Te felicito por la elección. Estuvo difícil, ¿no? Para ti, ahora ya es después. Tendremos que hablar.

Le di las gracias y le dije que sí. De entonces en adelante, conversamos al menos una vez cada quince días, en la casa de Aniceto Ortega. Yo iba a pie, desde Angel Urraza, a unas cuantas cuadras, antes o después de nadar una media hora en la alberca del Club Suizo. Comíamos o sólo conversábamos. Algunas noches cenamos. El país caminaba a tumbos. Cualquier consenso era visto con desconfianza y juzgado con dureza. Resultaba caro apostar por cualquier acuerdo que favoreciera otros modos de hacer política. La cultura priista del pasado imponía su asfixiante todo o nada a muchos, a demasiados, a veces a todos. Colosio hablaba de la necesidad de negociar, de pactar. De cambio urgente de mentalidad. De las resistencias aquí, allá y acullá. De su solidaridad con Manuel Camacho Solís en los días que agonizaba la esposa de éste. De su hijo y del tiempo que le faltaba para convivir con él. Yo insistía en que parte de esa cultura añeja tenía que ver con el uso partidista de “Solidaridad”, con la persistencia de las irregularidades electorales, con la imposibilidad de convencer a los mexicanos de una apertura democrática negada por caciques locales, todos priistas. En ocasiones, anotaba trozos de la conversación en tarjetas. Siempre las tenía cerca, a la mano.

  Un día le pregunté si él sería el candidato presidencial. Cauteloso, me dijo que estaba en la pelea, que sus probabilidades eran altas pero que eso no lo sabría hasta que fuese un hecho. “No puedo decir que voy mal, pero no puedo jurar que me irá bien”, dijo como queriendo aclarar. Le dije que, por lo que podía verse desde fuera, el dueño de la casa le mostraba a él no sólo la sala y la biblioteca, sino hasta el tablero de las conexiones eléctricas y los pasillos más recónditos. El contestó que preferiría ganar la candidatura “como tú ganaste tu presidencia”,

Porque así “nadie se siente maltratado ni traicionado”. Eso, comenté, “implicaría la democratización del PRI”. Coincidió y añadió: “No va a poder ser esta vez. Es una lástima. Nos va a costar mucho a todos”, acotó.

El día de su designación le llamé por teléfono. “Buena suerte, adversario. Haré todo lo que pueda para que gane Diego Fernández de Cevallos. Mi candidato no eres tú”, le dije. El me respondió que pensaba ganar, pero que en aquella elección todo podría suceder. “De mi parte, será una contienda de caballeros. Sin golpes bajos. Si hay algo que a tu juicio la encochine, háblame. No faltará quien, para quedar bien conmigo, haga de las suyas. Y no está México para barbaridades. Tenemos que seguir conversando. Ahora ya es después para los dos”, se despidió.

Luego rendiría protesta. Mantuvimos el compromiso de hablar, aunque no pudimos sostener la frecuencia de las reuniones. A veces nos veíamos unos cuantos minutos, por la noche, en la casa de siempre, los dos extenuados por los trajines de las respectivas campañas.

Los sucesos de Chiapas nos obligaron a vemos varios días seguidos o a llamarnos dos o tres veces en un solo día. Sus intervenciones personales —por teléfono, por escrito— fueron decisivas para modificar algunas actitudes de su partido en las diferentes mesas de negociación. Le dije que el PAN no iría a diálogo alguno con los levantados en armas. Me preguntó por qué. Le di nuestras razones: “Un partido político que postula el Estado de derecho y cuyos dirigentes tienen nombre, rostro y domicilio conocidos, no habla de igual a igual con los directivos de un grupo que porta armas y las usan, viven clandestinamente, declaran la guerra, embozan los rostros y ocultan sus nombres. El diálogo político sólo es aceptable, válido y valioso entre iguales”. No insistió.

Le dolió especialmente la actitud de Manuel Camacho. “No lo entiendo. Aceptamos las mismas reglas e hicimos el juego atenidos a ellas. En todo caso, el problema no tendría que ser conmigo. Además, mi mujer y yo compartimos de la manera más cercana con él los horribles días de la enfermedad de su esposa. Lo entiendo y no estoy muy seguro de cómo habría actuado yo, si me hubiese visto en su caso. Pero creo que no me merezco lo que aunque sea indirectamente me hace”.

—¿Has tratado de tender algún puente?

—En eso estoy.

Gozaba el vino. Disfrutaba la música y las letras de las óperas. Se le llenaba el escritorio de papeles. Trataba bien, con afabilidad sin empalagos, a quienes eran los responsables de su seguridad. “Ellos trabajan más que yo. Ellos siguen cuando yo acabo y están aquí antes de que yo empiece. Es gente leal. A veces hasta excesiva en el cumplimiento al pie de la letra de las órdenes”, me dijo una madrugada al despedirnos y pedir a dos de ellos que me siguieran en un automóvil hasta las puertas de mi casa.

Otras veces le reclamé la presencia de conocidos alquimistas en algunos estados de la República. También le mostré las pruebas del intento de fraude electoral en Mérida, en diciembre de 1993. Me prometió que tomaría cartas en el asunto. Una noche de ese mes me habló al celular. Fue lacónico. “Lo que tratan de hacer no se vale. Es el viejo método que no sirve para construir el México de mañana. Ya no es posible seguir así. Duérmete tranquilo. No se van a salir con la suya”. El 1 de enero de 1994 tomó posesión Luis Correa Mena, panista, como alcalde de la capital de Yucatán.

Le llamé para darle las gracias. Me contestó que no había que agradecer a nadie la lucha por el respeto a la ley. “Si esto pasa en mi campaña, nadie creería que no pasará en mi presidencia”, me dijo. Le respondí que presidente iba a ser Diego. Soltó una carcajada y concluyó con un “nos vemos”.

Nos vimos varias veces más.

Marzo. Ultimos días de la segunda semana o algo más. Quedamos de encontrarnos en su casa de Tlacopac, en San Angel. A las cinco de la tarde. Llegué a la hora convenida. Nunca había estado en el que era su hogar. Luis Donaldo no estaba, pero un ayudante me informó que había avisado del retraso y que me pedía, si era posible, esperarlo. Lancé la vista a los estantes de la biblioteca mientras endulzaba y sorbía un buen café. Entró con el saco en la mano y la corbata floja, acalorado. Pidió un refresco y trajo a su hijo Luis. Me lo presentó. Pidió disculpas:

—Tuve una comida con los intelectuales. Se prolongó y no podía retirarme. Son primas donas demasiado sensibles.

Hablamos de las campañas. Coincidimos en que ninguna “agarraba vapor”. También en que una participación ciudadana masiva sería si mejor medio de condenar el uso de la violencia como método de acción política, y en que urgía integrar a los indígenas al desarrollo nacional si no queríamos que el país retrocediera tres cuartos de siglo.

Caminamos hacia la puerta. Me acompañó hasta el Volkswagen Golf, blanco, en que fui por primera y última vez a su casa. Nos despedimos, sobre el poco más o menos, con estas frases:

—¿Tú manejas? ¿En este carrito andas? Te van a matar, Carlos, cuídate. Nos vemos cuando vuelva de Tijuana. Seguimos hablando en nuestro después.

— Cuídate tú, Donaldo. No creo que nadie quiera matar al presidente del PAN, pero sí debe haber —aventuré en tono de broma— quien quiera matar al candidato del PRI.

Sí lo hubo. No hubo después.            n

Carlos Castillo Peraza. Periodista. Es autor del libro Disiento.

Atisbos de Colosio

Puerto libre

Atisbos de Colosio

Por Ángeles Mastretta

A cada tanto me encuentro a Colosio. Alguna extraña manía me hace ver en el aire de ciertos mexicanos un parecido repentino y escurridizo que sale a mi paso cuando menos lo espero. “Ahí va Donaldo” siento cuando cruza a unos metros un hombre de aspecto joven y cabeza ensortijada manejando una camioneta. Y sí, ahí podría ir Donaldo, porque así solía ir por la calle, solo, al volante de su camioneta blanca, como muchos otros, como un repartidor de queso y mantequilla, como una señora que se dirige a recoger niños al colegio, como un hombre inofensivo y libre.

Recuerdo bien la primera vez que conversamos largo, fue durante un recorrido por Puebla, el estado en que nací, era 1987. Luis Donaldo parecía entonces un muchacho reservado, usaba una camisa a cuadros, tenía la cabeza alegre despeinándose con el aire que movía las alas del helicóptero al que nos subiríamos tras saludamos. Al dar la mano extendía una sonrisa clara, poco frecuente entre quienes se dedican a la política. Volamos en aquel pájaro incómodo y ruidoso desde Atlixco hasta Tehuacán. Yo preguntándome qué tenía mi alma que andar haciendo ahí arriba, en el cielo de mi tierra que para el riesgo podía ser el infierno, él hablándome de Puebla como si el nativo fuera él y estuviéramos caminando por un valle. Mejor aún, como si él fuera mínimo gobernador de la por su lengua tan conocida entidad. Sabía cuántas hectáreas de maíz se cultivaban en sus terregales de temporal, cuántas estaciones de radio AM y cuántas de FM lanzaban al aire sus mensajes desorbitados o devotos, cuánta energía eléctrica consumían qué zonas, cuántos campesinos acudían a qué instancias gubernamentales, cuántas mujeres en edad de parir y cuántos niños con qué enfermedades curables en edad de ser vacunados había en cada cabecera municipal. Sabía las cosas más extrañas, tanto que llegué a creer que alguna inventaba. Cuando sobrevolamos el desierto cercano a Tehuacán sabía incluso los nombres de los cactus irrepetibles que alberga ese santuario ecológico. Era grato escucharlo, porque todos los datos que iba dando aparecían como parte de la conversación, no abrumaba con ellos. No parecía un niño aplicado repitiendo una lección que nadie quiere preguntarle. ni tampoco un político artificioso tratando de llamar la atención con sus conocimientos sobre la nada que se propone gobernar algún día. Era sólo lo que era. un sonorense de la sierra, ensimismado y al mismo tiempo elocuente, hablando casi para sí de las debacles del altiplano como si hubiera nacido bajo los volcanes. Tanto fue así que terminó por hacerme sentir agradecida con su interés por lo mío. Fui tan amable como supe ser. aunque no pude evitar un comentario mordaz cuando llegamos a Tehuacán y nos enfrentamos al tedio de un mitin predecible. El no dijo ni sí ni no. ni tienes razón ni te falta. Se limitó a abrir de nuevo su sonrisa de Pedro Infante.

No volvimos a vernos sino unos meses después en Chetumal. Era de noche, un grupo de periodistas burlones tratábamos de mal cenar en el restorán de un hotel que duerme a unos pasos de la impasible bahía, siempre igual a sí mismo, húmedo y feo, tocado sin embargo por la gracia de los parajes inexpugnables. Por ahí cruzó Colosio llevando del brazo a Diana Laura, su mujer. Parecían presos de un encanto, tenían prisa, una prisa como de novios que nos hizo murmurar a su paso. Diana Laura era entonces por fuera lo que después aprendí que era también por dentro, una mujer fuerte, brava, intensa, bonita. Al aliento de esa mujer iba prendido Luis Donaldo aquella noche de calor en Quintana Roo. Inclinó la cabeza para saludar a los periodistas y desapareció entre las palmeras y la oscuridad del jardín.

Los vi otras veces antes, pero recuerdo con intensidad una cena en casa de Luis Tod. un mutuo amigo regiomontano. Para entonces Luis Donaldo era presidente del PRI, institución poco glamorosa si alguna entonces y ahora. Me sorprendió por eso la vehemencia con que habló Diana Laura aquella noche del trabajo que hacía ahí su marido. Los invitados estábamos lejos de ser priistas. Sin embargo, ella no disimuló su pasión política por la precisa política en que estaba comprometido Luis Donaldo, y ella con él. Mientras ella hablaba moviendo las manos y enfatizando la urgencia de conseguir fondos para ayudas específicas. Donaldo la observaba complacido, como si la considerara su vocera para el asunto. En ningún momento puso el gesto que algunos maridos suelen poner cuando sus mujeres protagonizan demasiado y los hacen sentir menos tomados en cuenta.

A los pocos meses oí que Diana Laura estaba en el hospital con un cáncer feroz. Oí que se moría, que Donaldo pasaba las noches junto a su cama esperando perderla de un día para otro. Llamé a Colosio que oyó paciente mis inútiles consuelos y me dio las gracias una y otra vez sin poder decir más.

Cuando volvimos a vernos en una cena larga, Diana Laura era ya la delgadísima sobreviviente de una guerra infame. Nos habíamos vuelto amigas, yo le había declarado mi admiración y ella había leído mis libros. Nos veíamos para comer sin los maridos y para cenar con los maridos. Aquella era una cena con maridos e intelectuales. Una cena que empezó tarde y terminó en la madrugada. Comimos y conversamos en desorden hasta que alguien sacó una guitarra y a todos nos dio por cantar a José Alfredo. Como se hace en esos casos evocamos a los malos amores, revivimos la gloria de los buenos amantes, lloramos y antes de despedirnos Diana Laura quiso que Guadalupe Pineda cantara sola con su voz de milagro. Pero Guadalupe, que en privado es tímida, se resistía.

—Tú dile que somos de confianza —me pidió Diana.

—Claro que somos de confianza —dijo Donaldo abriendo su risa.

—Si la que no es confianzuda es ella —dije yo—. Tampoco es fácil actuar en público estando en privado. Pero en calidad de su representante te propongo que mi gallo canta si el tuyo declama.

—¿Declamas, gallo? —le preguntó Diana a Donaldo.

—Hace años que no declamo —dijo Donaldo, que había sido locutor cuando era muy joven en Sonora.

—Este es un asunto de agentes —dije yo—. Diana: mi gallo canta si el tuyo declama.

—Declama, gallo —decidió Diana Laura.

—Canta, gallo —le pedí a Guadalupe.

Un ángel pasó con su silencio a cuestas. Después Guadalupe cantó y en retribución Luis Donaldo recitó “La Chacha Micaila”, un poema de no muy alta reputación entre los poetas con el que lloró él y todos los presentes.

Aún me conmueve recordarlo, entregado a la tarea de repasar versos ingratos, puesto con todo el cuerpo en el papel de un campesino borracho arrepentido por la muerte de su mujer.

La tertulia aplaudió entusiasta cuando él terminó de decir el largo poema y luego volvimos al cante y cante hasta que empezó a amanecer.

Me gusta invocar esa noche, quién sabe qué azares, qué generosa providencia nos la regalaron.

Hubo otras cenas, otros mediodías, largas conversaciones hacia ninguna parte y todas. Una vez hasta caminamos por Viena ayudados por su imaginación y las nostalgias del doctor Pérez Gay.

Ya no me acuerdo cuándo lo presenté con mi hermana Verónica. Recuerdo sí que congeniaron rápido. Ella tiene entre sus obsesiones la de la ecología. Colosio tenía entre sus obsesiones la de asumir las obsesiones ajenas. Se hicieron amigos. Donaldo fue a Puebla y quiso ir a correr a la laguna de San Baltazar. Un paraje en el que solíamos buscar ajolotes cuando niñas, que había desaparecido para convertirse en una ciénaga harta de basura que se desparramaba sobre la ciudad con las lluvias. “Puebla Verde” se había empeñado en recuperarla y llevaba varios años de trabajar para convertirla en el lago rodeado de árboles que terminó siendo. Donaldo insistió en verla. Para entonces ya era secretario de estado. Llegó a la laguna acompañado por un ayudante, le dio seis vueltas a la pista que tiene mil seiscientos metros de diámetro y luego se sentó en el suelo a descansar conversando. Y no sé qué pasó, ni qué dijeron, pero el caso es que la del diario escéptica Verónica se volvió colosista. Y Colosio se volvió partidario de Verónica. Sin semejante amistad no existiría el programa de crianza de venados que hoy existe en las faldas del Popocatépetl.

—Dile a tu hermana que me aguante —pedía Colosio cuando alguna de las cosas necesarias para que un problema se destrabara tardaba en resolverse.

Después de un tiempo y algunos malabarismos, el problema se destrababa. Y el programa de Verónica volvía a caminar.

—A esa venadito le pusimos el Colosio —me dijo mi hermana cuando visité el rancho.

—Por qué —pregunté yo.

—Míralo bien —pidió Verónica.

Yo lo miré un rato. Era un venado alegre y altivo, con los ojos inquietos y un andar rápido.

—¿Ya entendiste por qué le llamamos el Colosio? —me preguntó Verónica.

—Ya —tuve a bien contestarle, aliviada por el gusto de saber que no soy la única que a cada tanto, y sin más, se encuentra con Colosio. n

Angeles Mastretta. Escritora. Su último libro es El mundo iluminado.

La Cofradía de los Espadas

La Cofradía de los Espadas

Por Rubem Fonseca

Tomado del libro más reciente de Rubem Fonseca —La Cofradía de los Espadas, inédito en español— este cuento puede leerse como un concentrado de virtudes narrativas. Ninguna le es ajena: ni la precisión, ni el rigor imaginativo, ni la destreza humorística.

Fui miembro de la Cofradía de los Espadas. Recuerdo la reunión destinada a elegir un nombre para nuestra Hermandad. En tal ocasión argumenté qué tan importante era para nuestra supervivencia que tuviéramos un nombre y objetivo respetables, citando como ejemplo lo ocurrido con la Cofradía de San Martín, esa sociedad de amantes del vino —dispuestos, como el personaje de Eca, a vender su alma al diablo por una botella de Romanée-Conti 1858— que sólo ganó fama como una fraternidad de borrachínes y, desmoralizada, tuvo que disolverse; en tanto que la Cofradía del Santísimo, con el fin declarado de fomentar la adoración del Señor bajo la advocación del Santísimo Sacramento, continuó existiendo. Es decir, requeríamos apelativo y finalidad dignos. Mis colegas replicaron que nuestra sociedad era secreta; que, en cierta forma, surgía ya desmoralizada (dicho no sin ironía), y que, como no sería divulgado, su nombre carecería de importancia. Agregaron que, aunque al principio disponían de nombres atractivos y objetivos filantrópicos laudables, la masonería y los rosacruces acabaron siendo acusados, a diestra y siniestra, de manipulaciones políticas por medio del secuestro y el asesinato. Insistí, pidiendo que se sugirieran nombres para la Cofradía, lo que en efecto ocurrió. Consideramos enseguida las diferentes propuestas que estaban sobre la mesa. Tras acalorados debates, nos ceñimos a cuatro nombres: el de Cofradía de la Buena Cama fue desechado pues insinuaba que se trataba de una sociedad de dormilones; el de Cofradía de Apreciadores de la Belleza Femenina no sólo era demasiado largo, sino que fue considerado limitativo y esteticista, pues estábamos lejos de vernos a nosotros mismos como estetas, en sentido estricto; no dejaba de tener razón Picasso al despreciar lo que denominaba juego estético de la mirada y la mente, al que se dedicaban los connaisseurs que “apreciaban” la belleza, pues, a fin de cuentas, ¿qué es “belleza”? La nuestra era una cofradía de Cogelones y, como el poeta Whitman dijo en un poema adecuadamente titulado “A Woman Waits for Me”, el sexo lo abarca todo: cuerpos, almas, significados, desafíos, purezas, delicadezas, resultados, declaraciones, canciones, órdenes, salud, orgullo, misterio maternal, líquido seminal; todas las esperanzas, beneficios, dones y concesiones; todas las pasiones, bellezas y delicias de la tierra. Sugerido por uno de los poetas de nuestro grupo (en el que, como es claro, habíamos muchos poetas), que ilustró su propuesta con un poema de John Donne —”Seduction. License my roving hands, and let them go before, behind, between, above, below” — el de Cofradía de las Manos Inquietas fue también descartado, a pesar de la ventaja de su sencillez al privilegiar el conocimiento a través del tacto, por considerarlo un símbolo primitivo de nuestros objetivos. Después de muchas discusiones, se terminó adoptando el nombre de Cofradía de los Espadas. Los Hermanos más ricos fueron quienes más lo defendieron, pues es conocida la atracción que sienten los aristócratas por las cosas del bajo mundo, su fascinación por los delincuentes, y el término Espada, como sinónimo de Cogelón, procedía del mundo marginal; la espada perfora y agrede, al igual que el pene, conforme consideran erróneamente bandidos e ignorantes en general. Había sugerido que, de inclinarnos por algún nombre simbólico, deberíamos buscar el de algún árbol de ornato, apreciado por sus flores, ya que el pene es conocido con los nombres vulgares de palo o garrote, y palo es el nombre genérico de cualquier árbol en muchos lugares de Brasil (aunque no, en rigor, de los arbustos, cuyo tronco es frágil), pero mi razonamiento no resultó sostenible cuando fui incapaz de responder a quien me preguntó qué nombre asumiría la Cofradía. ¿Cofradía de los Palos, de los Troncos? Espada, según mis contendientes, tenía fuerza vernácula; una vez más la plebe contribuía con honor al enriquecimiento de la lengua portuguesa.

Como miembro de la Cofradía de los Espadas consideraba, como aún considero, que lo único que importa al ser humano es la cópula. Coger es vivir, nada más —como bien saben los poetas—. ¿Se requería, realmente, de una Hermandad para defender ese axioma absoluto? Desde luego que no. Había, sin duda, prejuicios, pero no nos interesaban; represiones sociales y religiosas, pero no nos afectaban. ¿Cuál fue, entonces, el objetivo de la creación de la Cofradía? Muy simple: descubrir la manera de alcanzar el orgasmo, plenamente, prescindiendo de la eyaculación. Como cuenta Montaigne, la Reina de Aragón, mucho antes de que ese antiguo reino se uniera al de Castilla, en el siglo XV, tras puntuales deliberaciones de su Consejo Privado y tomando en cuenta la moderación que la modestia exige de los matrimonios, estableció como norma que seis era el límite legal, necesario y pertinente para el número diario de cópulas. Es decir, en aquel tiempo un hombre y una mujer se ayuntaban, de manera competente y modesta, seis veces al día. Flaubert, para quien une once de sperme perdue fatigue plus que trois litres de sang (me he referido a esto en uno de mis libros), consideraba seis cópulas por día más de lo humanamente posible, pero Flaubert no era, que sepamos, un Espada. Incluso en nuestros días, se cree que el goce sólo proviene de la eyaculación, a pesar de que, hace más de tres mil años, los chinos afirmaron que el varón es capaz de experimentar varios orgasmos sucesivos sin venirse, evitando así la pérdida de la onza de esperma que fatiga más que la de tres litros de sangre. (Los franceses llaman petitte morte al cansancio que sigue a la cópula, por lo que uno de sus poetas afirmó que la carne era triste, pero los brasileños entienden que la carne es débil, en todos los sentidos, lo que me parece más angustiante: es peor ser débil que triste.) Se calcula que, a lo largo de su vida, un hombre se viene, en promedio, cinco mil veces, expulsando un total de un billón de espermatozoides. ¿Para qué y por qué tanta cosa? Porque, a decir verdad, somos aún una especie de mono y, aunque sería suficiente que sólo unos cuantos lo hicieran, todos actuamos como un depósito genético rudimentario. Nosotros, en la Cofradía de los Espadas, estábamos convencidos de que el hombre, al librarse de su atrofia simiesca y apoyado en las peculiares virtudes de su mente (ya que nuestro cerebro, repito, dista de ser el de un orangután), podría tener varios orgasmos seguidos sin venirse, momentos de climax que le producirían mayor placer aún que los de naturaleza seminal, que hacen del hombre un mero instrumento ciego del instinto de preservación de la especie. Ese resultado nos colmó de alegría y orgullo: mediante complicados y penosos ejercicios físicos y mentales, habíamos logrado alcanzar el Orgasmo Múltiple Sin Eyaculación, que pronto fue conocido por su acrónimo: OMSE. No estoy en condiciones de revelar cuáles fueron esos “ejercicios”, pues me lo impide el juramento de mantener el secreto. En rigor, no debería hablar siquiera del tema, incluso de esta manera tan vaga.

En los seis meses siguientes a nuestro descubrimiento, la Cofradía de los Espadas funcionó a las mil maravillas. Pero llegó el día en que uno de nuestros cofrades, poeta como yo mismo, demandó que se convocara a una Asamblea General de la Cofradía para dar a conocer un asunto al que atribuía la máxima importancia. Su mujer, advirtiendo la ausencia de emissio seminis durante el acto, había llegado a la conclusión que ello podía obedecer a diversas razones, que se resumirían en las siguientes: o bien él estaba almacenando el esperma para otra mujer, o bien fingía sentir placer cuando en realidad actuaba mecánicamente, como un robot desprovisto de alma. La mujer llegó incluso a sospechar que nuestro colega se había hecho un implante en el pene, para mantenerlo siempre erecto, alegato cuya falta de fundamento él pudo demostrar sin dificultad. Sin embargo, la mujer del poeta dejó de experimentar placer en la cópula, en realidad ella deseaba la viscosidad del esperma dentro de su vagina o sobre su piel, esa secreción blanca y pegajosa le parecía un símbolo poderoso de la vida. El sexo, como quería Whitman, también incluye el líquido seminal. La mujer no lo dijo, pero parece evidente que el desmedro de él, el macho, representaba el fortalecimiento de ella, la hembra. Sin tales ingredientes, ella no sentía placer y, aquí viene lo más grave, si ella no experimentaba placer nuestro cofrade tampoco lo sentía, ya que nosotros, los de la Cofradía de los Espadas, necesitamos que nuestras mujeres disfruten también. Ese es nuestro lema (no lo cito en latín para no parecer presuntuoso, ya usé antes esa lengua): Gozar Haciendo Gozar.

La Asamblea quedó silenciosa tras la explicación de nuestro hermano. La mayor parte de los miembros de la Cofradía estaba presente. Acabábamos de escuchar palabras inquietantes. Yo, por ejemplo, ya no me venía. Desde que había logrado dominar el Gran Secreto de la Cofradía, o EMSO, ya no producía ni una gota de semen, aunque todos mis orgasmos fueran mucho más placenteros. ¿Pero si mi mujer, a quien yo tanto amaba, me pidiera —y ella bien podía hacerlo en cualquier momento— que me viniera sobre sus delicados senos alabastrinos? Pregunté a uno de los médicos de la Cofradía —pues había varios entre nosotros— si podría recuperar la capacidad de eyacular. Es una verdad lamentable que la medicina nada sabe de sexo, y mi colega respondió que eso sería en extremo difícil, debido a que yo, como todos los demás, dependíamos sin remedio de aquel condicionamiento físico y espiritual; que él ya había intentado, echando mano de todos los recursos científicos a su disposición, anular ese reflejo sin conseguirlo. Al oír la terrible respuesta, todos quedamos consternados en extremo. En seguida, otros Cofrades dijeron que hacían frente al mismo problema, que sus mujeres empezaban a encontrar artificial y, por tanto, espantable aquel ardor inagotable. Creo que me volví un monstruo, dijo el poeta que nos había convocado para el examen colectivo del problema.

Fue así como desapareció la Cofradía de los Espadas. Antes de desbandarnos, juramos con sangre que jamás reveleríamos el secreto del Orgasmo Múltiple Sin Eyaculación, llevándonlo con nosotros a la tumba. Continuamos teniendo mujeres que nos esperaban, pero debían ser cambiadas constantemente, antes de que descubrieran que éramos diferentes, extraños, capaces de gozar con infinita energía sin derramamiento de semen. Nos está vedado enamorarnos, pues nuestras relaciones son efímeras. Yo también me volví un monstruo y mi único deseo en la vida es volver a ser un mono.      n

Rubem Fonseca. Escritor. Su más reciente libro es Historias de amor y Del fondo del mundo prostituto sólo amores guardé para mi puro.

Traducción de Jorge Eduardo Navarrete

Homo Videns: ¿Amenaza para la democracia?

Homo Videns: ¿Amenaza para la democracia?

Por Ulises Beltrán y José Hernández

Como ningún otro medio de comunicación masiva, la televisión ha llevado siempre el estigma de ser una caja idiota y perniciosa que amenaza la buena formación de las personas porque las aleja de la experiencia superior de la cultura escrita. La mayor preocupación se ha centrado en dos efectos atribuidos a la televisión sobre la cultura moderna: su nociva influencia sobre la educación de los niños por su reiterada vocación por la violencia1, y su perniciosa simplificación del discurso político que termina por reducir las ofertas políticas a un vacuo ejercicio de mercadotecnia.

Con esta nota nos proponemos iniciar una serie centrada en el propósito de aportar lecturas y evidencias que iluminen el complejo mundo de los medios de comunicación en la sociedad mexicana. La vocación de esta serie es básicamente empírica; es decir, trataremos siempre, aunque no exclusivamente, de ofrecer al lector evidencias sobre el tema.

El lúcido ensayo de Giovanni Sartori, Homo videns; la sociedad teledirigida,2 ofrece una inmejorable oportunidad para iniciar esta serie, ya que constituye una destacada aportación al tema. El diagnóstico de Sartori es contundente: al tiempo que aumenta la importancia de la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales por la acción misma de los medios en la formación de consensos y disensos sobre las decisiones de gobierno y las acciones públicas, la televisión forma una ciudadanía poco interesada en leer, superficialmente informada, carente de juicios propios y, por ello mismo, más dependiente de los juicios que los medios le ofrecen.

La televisión ocupa en la edad moderna la blanca pared de la caverna platónica. En el famoso mito de la caverna, Platón ve a los mortales comunes como seres encadenados en una caverna con su atención fija a una pared sobre la cual se proyectan las sombras de los objetos reales. Como siempre han vivido encadenados, toman las sombras por la realidad misma y adquieren un conocimiento infundado, doxa, el mundo de las apariencias previo a la reflexión, cuando, en verdad, si pudieran salir de la caverna podrían alzarse a la episteme y ver las ideas, que son la realidad genuina, de la cual sólo perciben las sombras. Finalmente, Homo Videns puede leerse como la amenaza de la televisión a la paideia de la modernidad.

¿Es realmente la televisión capaz de modelar por sí sola las opiniones y actitudes de la población hacia la cosa pública? ¿Hasta qué punto forma o deforma efectivamente la capacidad de los ciudadanos para comprender e interesarse en los asuntos de su comunidad? ¿Es inevitable la despolitización de los individuos que consumen sólo televisión como fuente de información y entretenimiento?

El propósito de esta nota es examinar con evidencia empírica3 la validez de algunas tesis de Homo Videns y señalar sus límites. La hipótesis principal de Sartori propone que el mayor uso de la televisión genera menor interés en los asuntos públicos. La encuesta del CIDE contiene una serie de preguntas que permiten resumir en un índice el grado de interés e información de los individuos sobre política.4 El índice se construyó con tres preguntas sobre información política básica, una sobre el conocimiento de un tema de discusión pública y seis sobre la identificación de personajes con cargos públicos o de reconocida participación en la política. El índice asignado a cada individuo es una medida estandarizada al conocimiento global de la población entrevistada, ya que considera el distinto grado de dificultad relativo de cada pregunta al ponderar cada acierto de acuerdo al porcentaje de individuos que lo obtuvieron, y asume valores en un rango de 0 a 10 puntos. El promedio obtenido en el conjunto de individuos fue de 6.4 puntos.

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, el uso de la televisión como fuente exclusiva de información se asocia con un nivel de interés y conocimiento político inferior al promedio de la población. Incluso después de descontar los efectos de la escolaridad, las calificaciones obtenidas por quienes sólo ven televisión son inferiores a las que obtienen las personas que diversifican sus fuentes de información. Sin embargo, aun los individuos mejor informados sobre política incluyen a la televisión en su canasta de consumo de medios (esto se aprecia con más claridad en el Cuadro 2). La diferencia no está en usar o no usar la televisión, sino en que las personas menos informadas dependen exclusivamente de medios electrónicos, mientras que las más informadas suelen combinar algún medio electrónico, o ambos, con la prensa. Esto corrobora sólo parcialmente la preocupación de Sartori.

Por otra parte, en Homo Videns se advierte que la educación de nuestros días no logra revertir el daño que hace la televisión a la capacidad de los individuos para manejar conceptos abstractos —causa última de la incompetencia política de los ciudadanos—.5 La evidencia no respalda esta afirmación: la escolaridad modifica el interés de los ciudadanos sobre la política, aun entre aquellos que utilizan la televisión como fuente principal de información política. El consumo de fuentes diversas tiene un efecto complementario a la educación sobre la habilidad para manejar la información política obtenida de los medios: los individuos con escolaridad superior a primaria que leen periódicos tienen un nivel de conocimiento político superior tanto al promedio como al de quienes, con la misma escolaridad, sólo atienden medios electrónicos —esto se observa bien en el Cuadro 1.

Asimismo, como puede apreciarse en el Cuadro 3, el perfil del consumo de medios de cada estrato de escolaridad cambia conforme a un patrón claro. El uso de medios impresos se asocia claramente con un nivel de escolaridad de al menos secundaria; y entre las personas con más escolaridad que sustituyen algún medio, se prefiere abandonar la radio.6 Variables como la atención frecuente a las noticias sobre política, la disposición a comentar con amigos sobre ese tema —y el consecuente nivel de conocimiento e interés en la política— también aumentan con la escolaridad.

La escolaridad influye pero no define por completo el consumo de medios y el nivel de conocimiento político de la población (véase Cuadro 2): hay individuos con alta escolaridad que sólo ven televisión y tienen un nivel de información bajo, así como individuos con baja escolaridad que suelen complementar sus fuentes de información, lo que les permite estar bien informados; no obstante, ambos grupos son minoritarios en cada categoría. Esto sugiere que no es la escolaridad en sí el elemento determinante del interés de los ciudadanos en la política. Una hipótesis, que merece exploración más detallada, es la que asocia la adquisición de los hábitos de consumo de medios y el interés en los asuntos públicos al comportamiento y los intereses de los grupos de referencia en los que cada individuo participa: principalmente en la escuela para los sectores informados y fuera de ella para los menos informados.7

El interés de los individuos sobre algún tema está en función directa de su conocimiento y habilidad para manejar información nueva sobre el mismo. Por ello no sorprende que los individuos con menos escolaridad tiendan a mostrar un acervo de conocimientos políticos inferior al promedio (véase Cuadro 1). Esto es reflejo de su escaso interés en la de por sí limitada información que transmiten los medios que más frecuentemente emplean: radio y televisión, o sólo televisión. ¿Por qué habrían de interesarse más en un tema del que conocen poco cuando hay otros asuntos más relevantes y manejables que atender? Por su bajo nivel de interés y conocimientos políticos, este sector de la población suele mantener un bajo umbral de satisfacción de necesidades informativas, lo que a su vez perpetúa el ciclo: bajo interés: poca información: bajo interés.

La pregunta relevante es ahora por qué un individuo prefiere la televisión como medio principal de información. La respuesta tiene que ver con la forma como cada quien minimiza el costo de adquirir información. Los miembros de toda sociedad están condenados a tomar sus decisiones en un contexto imperfecto y limitado de información.8 El costo de obtener información sobre la cual basar sus juicios políticos es muy grande. Para disminuir este costo, los ciudadanos basan sus juicios en atajos informativos o heurísticos9 basados en creencias y valores arraigados como la identificación partidista al momento de votar. La televisión es un instrumento que por su naturaleza misma proporciona información, limitada si se quiere, a un bajo costo.

¿La televisión realmente determina las opiniones y actitudes de los individuos? Probablemente sí. pero sólo para aquellos que se informan exclusivamente por ese medio. La televisión es principalmente una fuente de entretenimiento para los grupos menos informados, pero también es el medio de comunicación en el que confía la mayor parte de la gente.10 Las opiniones de la población sobre la política y los políticos tienen fuentes diversas: sus propias experiencias, el comentario de sus amigos y familiares, los medios de información, cuando los emplean cotidianamente con ese fin. Los efectos de la televisión en estos casos se modifican cuando las fuentes de información se diversifican: como ya se ha mencionado, los grupos más informados suelen confiar más en la prensa o en el radio, pero no prescinden de la televisión (cuadros 2 y 3).

Siempre han existido importantes grupos de población con un reducido nivel de conocimiento y competencia política. El riesgo para la democracia de una masa ignorante estriba en la forma de gobierno que le da poder de decisión y veto: una ciudadanía ignorante y políticamente incompetente es peligrosa sólo en un gobierno democrático, que le da poder suficiente para poner en riesgo a la comunidad. Una sociedad que ofrece nuevas y amplias oportunidades de participación para que la opinión de los ciudadanos se refleje en las decisiones de gobierno tiene problemas cuando sus ciudadanos no pueden formarse opiniones propias y dependen de las que los medios les transmiten.”

Según Sartori, la televisión disminuye la capacidad de abstracción de los individuos, minando su competencia para el ejercicio de los deberes cívicos, que requieren al menos la comprensión de los conceptos abstractos que fundamentan la existencia y funcionamiento de las instituciones gubernamentales en la democracia. La información de la encuesta muestra que la televisión es una fuente insustituible de información y entretenimiento, que los grupos de población más interesados en participar en política suelen complementar con otras fuentes. El grupo de ciudadanos dependientes exclusivamente de la televisión suele ser apático y resulta al menos dudoso que éste sea el grupo que pueda aprovechar mejor las oportunidades de participación que se le ofrecen.

El problema de una ciudadanía desinformada y con poco interés en la política no tiene su causa fundamental en los límites que el formato de la televisión impone a la información que transmite. El verdadero problema se halla en las condiciones que llevan a un grupo importante de la población a satisfacer sus necesidades informativas con los datos limitados, carentes de contexto, que obtienen de la televisión. Si esas condiciones han de resumirse en un elemento principal, aunque no determinante, éste sería el bajo nivel educativo de los individuos, no el uso de la televisión en su edad temprana.

Aumentar el nivel educativo y las oportunidades para adquirir experiencias que aumenten el interés por los asuntos públicos puede reducir y hasta revertir los efectos nocivos de la televisión. La educación permite a los individuos utilizar la televisión como fuente de información. no sólo de entretenimiento, y emplearla en combinación con otros medios, particularmente fuentes escritas. Sólo entonces las imágenes de la pantalla chica dejan de ser sombras reflejadas en la pared de la caverna y aparecen las ideas, de las que son sólo reflejo. Sólo así se fortalece el demos debilitado. n

1 Destaca en esta corriente el último trabajo de Karl Popper quien pocos días antes de morir dictó un lúcido llamado a regular la difusión de programas infantiles para evitar este nocivo efecto de la televisión en los niños. El texto se encuentra, junto con otros de Karol Wojtyla. John Condry y Charles S. Lark. en Karl Popper. Karl R.. et al.: La televisión es mala maestra. FCE. México, 1998.

2 Taurus, Madrid. 1998.

3 Para el presente análisis se empleó la base de datos de la encuesta post-electoral realizada por el CIDE y la Presidencia de la República en 1997. Para una presentación más detallada de esta encuesta y de sus tabulados básicos, véase Ulises Beltrán: “Encuesta nacional sobre el votante mexicano: Primeros resultados”, Política y gobierno (1997) IV:2, pp. 407-468.

4 Zaller propone que la mejor medida de la atención cotidiana de la gente hacia los medios de comunicación es su nivel de conocimiento sobre temas públicos, en lugar de los reportes de frecuencia de uso de medios. A mayor atención cotidiana, mejor desempeño en los indicadores de conocimiento. Por ello es que aquí se toma el índice de conocimientos sobre política también como un indicador del interés sobre ese tema. Véase John Zaller: “The myth of massive media impact revived: New support for a discredited idea”, en Diana Mutz et al. (eds.): Political Persuation and Attitude Change. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1996. principalmente pp. 21 a 29.

Ulises Beltrán. Es Asesor Técnico de la Presidencia de la República. José Hernández. Es investigador en la Asesoría Técnica de la Presidencia.

5 Sartori: Op. cit., pp. 38 s. y, particularmente, pp. 125 ss.

6 Este patrón ya había sido previamente detectado. Véase Ulises Beltrán y Alberto Cinta: “Medios de comunicación y agenda pública”, en Femando Serrano (coord.): Homenaje a Rafael Segovia. El Colegio de México-FCE- CONACYT, México, 1998, pp. 312 ss.

7 En el campo de la sociología política se ha explorado desde hace tiempo el papel de la educación y de la interacción con grupos distintos de la familia en la adquisición de hábitos políticos: informarse sobre asuntos públicos es uno de ellos, aunque no necesariamente el más elemental. Para una breve revisión de este tema véase Robert E. Dowse y John A. Hughes: Sociología política, trad. J.M Rolland. Alianza, Madrid, 1975, pp. 230-245 y 259-260.

8 Anthony Downs: An Economic Theory of Democracy. Harper, Nueva York, 1957,passim.

9 Samuel Popkin: The Reasoning Voter: Communication and Persuation in Presidential Campaigns, University of Chicago Press, Chicago, 1991 y Paul Sniderman et al.: Reasoning and Choice: Explorations in Political Psichology, Cambridge University Press, Cambdrige (Inglaterra), 1991.

l0 Del total de entrevistados, 69% reportó la televisión como el medio más confiable, vs. 11% que apoyó a los periódicos, 10% a la radio y un porcentaje similar que dijo no confiar en medio alguno.

11 Sartori: “El demos debilitado”, en Op. cit., pp. 123-128.

Sobre la Tragicomedia mexicana de José Agustín

Por amor al lugar común

José Agustín

Tragicomedia mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994

Planeta, 1998.

368 pp.

Por Jaime Ramírez Garrido

Con la Tragicomedia mexicana.

José Agustín quiso escribir la crónica del presente. Sin embargo, como aclara Jaime Ramírez Garrido, en esta historia “no hay hechos sino interpretaciones conspirativas y tampoco existen las ideas y las reflexiones”. Se trata apenas de la consagración de los lugares comunes.

Detrás de la gran piedra y del pasto, está el mundo en que habito. Siempre vengo a esta parte del jardín por algo que no puedo explicar claramente, aunque lo comprendo. José Agustín, De perfil Contar la historia reciente de México tiene su historia. Muchas veces ha estado de moda. Martín Luis Guzmán. por ejemplo, afirmó en su novela El águila y la serpiente que José Vasconcelos fue villista, y Vasconcelos negó la imputación en sus memorias, en las cuales recordó otros hechos que. a su vez, motivaron respuestas de Alberto J. Pañi y de Félix Palavicini, en sus respectivas memorias revolucionarias. A las réplicas y las mutuas acusaciones se sumaron los procesos judiciales para aclarar ciertos hechos como la matanza de Huitzilac o la muerte de Carranza; los protagonistas y testigos dieron sus versiones bien a la imprenta o bien a los periodistas. También muchos militares revolucionarios comenzaron a escribir sus memorias de campaña para establecer su papel durante la gesta armada y que sus méritos fueran reconocidos de manera oficial. Francisco J. Santamaría contaba cómo sobrevivió en Huitzilac, Alfonso Taracena escribía un recuento diario de sus lecturas del periódico y sus impresiones, Querido Moheno defendía su colaboración con el régimen de Victoriano Huerta, Vasconcelos escribía apasionadas páginas de nostalgia y rencor… De esta forma, las memorias revolucionarias se convirtieron en un subgénero —menospreciado por los académicos— de la literatura mexicana que quedó sintetizado y satirizado, en forma y en fondo, en Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia.

Estos textos generaron a sus propios lectores, que hicieron de Vasconcelos el narrador más leído. Su lugar sería ocupado años más tarde por Luis Spota, quien con sus novelas, entre la ficción y una realidad que respondía a cierto imaginario social de la política mexicana, logró con eficiencia narrativa aquello que los lectores buscaban: constatar por escrito los dichos populares sobre los entretelones de la política nacional; descubrir las manos que manipulan las sombras chinas que observan los ciudadanos de a pie; rascar el palimpsesto.

El chisme, el rumor, la inferencia y hasta las fantasías conspirativas se convertían en el material del que estaba hecha la “verdadera” historia reciente del país. José Revueltas proponía recurrir al análisis histórico para comprender el presente al tiempo que explicaba la política mexicana oficial como un palimpsesto al cual había que rascar para encontrar el discurso verdadero que subyace tras la retórica. Un historiador tan serio como Daniel Cosío Villegas proponía un esquema general para comprender El sistema político mexicano e inmediatamente descendía al nivel anecdótico para ilustrar en El estilo personal de gobernar los modos que el poder adquiría a través de la ridiculización de Luis Echeverría.

La ilusión de penetrar el halo de misterio que cubre el poder confirmando las sospechas personales y las pláticas de café y de cantina convirtieron la reconstrucción de la historia reciente —que subsanaba de alguna forma el hermetismo oficial y la censura y autocensura de los medios— en una mercancía apreciada en ciertos círculos y hasta en un producto necesario para buscadores de pequeñas verdades irrefutables.

A la gradual liberación de la censura correspondió la publicación de libros y libelos (pienso en Lo negro del negro Durazo, así como las colecciones “México Vivo ” de editorial Planeta o Con una “Cierta Mirada” de editorial Océano) y columnas en los diarios que continuaron, entre el análisis y el chisme, con la tradición emancipadora de los misterios del poder mediante la reconstrucción documental, la revelación de información poco conocida o hasta de “secretos”, cuando no con la exaltación de los rumores o los lugares comunes.

En esa transición, José Agustín publicó el primer tomo de su Tragicomedia mexicana, un proyecto que pretende ser “una crónica histórica para un público amplio”.

“Ni remotamente —afirma el narrador sobre la Tragicomedia— es una versión oficial de los acontecimientos recientes, sino la visión de un observador que cuando menos no pertenece a ningún partido político, a ninguna institución o corporación, que no es propagador de ninguna ideología ni representa ningún tipo de intereses. Esto podrá no parecer gran cosa para algunos, pero a mí me permitió trabajar con una libertad notable. Además, mi propia naturaleza narrativa me indujo a escribir desde un punto de vista crítico, si no es que irreverente, irónico y divertido; es decir, en cierta forma, contracultural”.

En 1990 apareció la Tragicomedia mexicana 1. La vida en México de 1940 a 1970. Originalmente, el autor planeaba un segundo tomo que abarcaría de 1970 a 1988. Pero, de acuerdo con su “Nota final”, el desarrollo del sexenio de Salinas le impuso un nuevo tomo y la colección siguió con Tragicomedia mexicana 2. La vida en México de 1970 a 1982 y en octubre apareció la tercera parte, que abarca de 1982 a 1994. En este último tomo, la tragicomedia se realiza por completo en el sexenio de Salinas, mientras el de Miguel de la Madrid sólo serviría como antesala a la hipostización de la tragicomedia como el espíritu absoluto que rige nuestra historia. Y la tragicomedia como género queda disminuida al convertir los posibles diálogos en un monólogo incesante con saltos cronológicos y temáticos.

En la “Nota final”, el autor, tras aclarar que la eliminación de referencias se debe a la amplitud del público que pretende, confiesa su propósito de ignorar la jerarquización o la pertinencia de la información obtenida: “intenté, hasta donde me fue posible, consignar lo que se sabía, lo que se decía en voz baja o de plano lo que se ocultaba”.

El afán de ir contra la historia oficial y buscar la irreverencia y la contracultura implicó darle más peso a las versiones de la historia y velar una posible objetividad entre la “revelación” de rumores, lugares comunes y menosprecio por cualquier intento por comprender las versiones o las razones oficiales, mucho menos por refutarlas en un juego limpio.

El narrador de De perfil se impuso sobre el gran cronista en potencia que podría ser José Agustín. Pero además este narrador adquirió un inconveniente y hasta desagradable disfraz: una vez abandonado el diálogo, toda la información que nos transmite el narrador está dada en el nombre de “la gente” explícitamente o, implícitamente, cediendo la palabra a una suerte de dioses del chisme y demiurgos escapados de la conciencia de los políticos, deidades que, regocijados en el lugar común —el modo predilecto de expresión de sus oráculos—, elevan las opiniones, las interpretaciones, y hasta las más íntimas intenciones, a nivel de verdad histórica.

Además de su interpretación crítica, intrínseca a su “propia naturaleza narrativa”, el autor advierte que no está ausente su “propia visión de las cosas”: “Por supuesto, como he sido testigo presencial de buena parte del periodo, no quise prescindir de mi propia visión de las cosas, que, como era de esperarse, iba impregnada de mi concepción de la vida y del país”.

Sin embargo, no hay un solo relato en primera persona y las opiniones son imputadas a “la gente”, “los priistas”, o son simple y tajantemente sentenciadas por un narrador omnisapiente que nos priva del sabor personal de una auténtica crónica. De hecho, cuando José Agustín habla de sí mismo toma la misma actitud que registra en Manuel Camacho cuando “se refería a sí mismo en tercera persona”. José Agustín afirma que tomó como referencia La vida en México de Salvador Novo, por eso toma el subtítulo y por eso divide en sexenios. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales: Novo nunca elude la primera persona para expresar sus opiniones y, con detalles, anécdotas, interpretaciones, muestra la riqueza y la complejidad de la vida en México, mientras que José Agustín se entrega por completo a simplificarla.

Ese “público amplio” seguramente, no merece una versión de la historia reciente que surque el “hielo frágil” de las “numerosas versiones de los hechos que muchas veces se oponen entre sí ya que ven las cosas desde su perspectiva e interés”; sino una versión que le permita asirse de la punta de un iceberg que siempre tendrá mucha materia bajo el agua, una gran masa de hielo sólido que no conocemos pero que podemos inferir.

Si en el primer tomo de La vida en México Salvador Novo adopta un tono impersonal para comentar noticias, muy pronto descubre para fortuna de sus lectores que le conviene afirmar su personalidad y su vida en la prosa. Me atrevería, incluso, a afirmar que las mejores páginas de los cuatro sexenios publicados hasta ahora de La vida en México de Salvador Novo son sus páginas más íntimas. Por otra parte, cuando se refiere a asuntos públicos, generales, su ironía funciona porque da la vuelta a los lugares comunes, o los utiliza, retorciéndolos; o bien consigue los rasgos esenciales de un personaje en un retrato satírico que está lejos de la caricatura simplificadora, que tanto gusta a José Agustín en este libro, y que tan lejos está de sus cuentos y novelas.

La historia de José Agustín no está poblada por personajes sino por apodos. No hay hechos sino interpretaciones conspirativas y tampoco existen las ideas y las reflexiones, sino la mera justificación de las artimañas de los poderosos.

Jolopo, Huevos de Paloma, el ángel de la dependencia, la Cimitarra, Babalucas, todo gobernante debe ser sobrenombrado antes de cumplir con esa misión histórica que de acuerdo con José Agustín sería conspirar contra el pueblo en aras de un proyecto neoliberal que sólo se estaría cumpliendo por mera necedad ideológica. Tampoco hay triunfos de la oposición, sino concesiones; sólo de vez en cuando, la “sociedad” logra arrancarle algo al gobierno. Pero sólo de vez en cuando.

La consignación de lo que se dice y lo que se oculta termina por dejar de lado lo que se sabe o lo que se puede llegar a saber. José Agustín nos ofrece, así, la posibilidad de confirmar por escrito los chismes y dichos de café o de cantina; con un “gran público” potencial conformado por todos aquellos —al menos los 120,000 que han comprado los primeros dos tomos de la trilogía— que están dispuestos a llorar o a reír antes de comprender. Como en toda historia que avanza por tramas conspirativas, se descalifican las explicaciones simples y el sentido común.

José Agustín alimenta su falsa sabiduría política popular, a la cual considera quizá la voz del pueblo —divina e infalible, o democráticamente veraz, al menos—, pero blasfema al aportarle a esta subcultura una teleología fundada en la antidemocrática certeza de que “la gente” o “la sociedad”, en el nombre de la cual pretende hablar el narrador de la Tragicomedia…, está siempre dispuesta a la manipulación, populista o neoliberal.

Entre los hechos, los dichos y las suposiciones no hay una pertinencia ni una jerarquía. Tiene el mismo valor para José Agustín el contenido de un acuerdo publicado que decir que Adela Noriega era amante de Carlos Salinas de Gortari.

Precisamente por sus carencias, la Tragicomedia mexicana de José Agustín tiene la virtud de establecer la pauta para que otros narradores emprendan la crónica de los años recientes —un ejercicio interesante, sobre todo si asume una voz propia, sin recurrir a entelequias populares o sociales o civiles—. Esa historia está por escribirse.  n

Jaime Ramírez Garrido. Escritor. Es coordinador de Cultura del diario La Crónica. Prepara una biografía sobre Martín Luis Guzmán.

Barómetro

Barómetro

Por Rolando Cordera Campos

No se puede decir que las fuerzas y las voluntades que hacen vibrar el Congreso de la Unión estén en sintonía con las inquietudes y angustias de los grupos más importantes que forman y dan sentido a la sociedad civil mexicana. Sus tormentas se resuelven dentro del nicho creado por esa extraña gobernabilidad compartida y ahora partida que crearon los dirigentes de la oposición hecha gobierno, pero nadie puede asegurar que un día cualquiera no se vayan a salir de madre y provoquen verdaderos ciclones, sin que incluso el barómetro dé cuenta de sus bajas presiones.

Este es. sin duda, uno de los hiatos principales que bloquea la consolidación democrática del país, que sólo puede empezar a considerarse como un hecho en la medida en que sea capaz de producir conducción y cooperación social y política por encima de desconcierto, estabilidad por sobre crispación. Nada de esto ocurre hoy en el órgano por excelencia de la democracia representativa, donde se acaba de anunciar que por falta de acuerdos sobre la agenda legislativa no habrá periodo extraordinario de sesiones.

    Para algunos podrá ser ésta una buena noticia. A falta de consistencia legislativa, más vale el receso que por lo menos mantiene fuera de las candilejas al Congreso y por esa triste vía lo cuida de un desgaste mayor. Sin embargo, este es un pensamiento que poco tiene que ver con la agenda de la democracia y su normalización. Poner en receso un Congreso que sólo puede afirmarse mediante su desarrollo como tal. deliberando y legislando, es en realidad contribuir a un deterioro mayor del mismo.

Si algo hay de sobra es agenda para el trabajo de los diputados. Desde luego, y sin excusas, todo lo que tiene que ver con su gobierno interior y la preparación y superación de sus tareas de fiscalización del Estado. Luego, la revisión constitucional de su papel en el presupuesto de egresos y el inicio formal de las deliberaciones sobre la reforma fiscal, a punto de iniciarse en el foro Ejecutivo-empresarios. Se anuncia la presencia del PRI y el PAN, quedando al día de hoy la del PRD en veremos. Sobre este partido, El Economista consigna una declaración que no tiene desperdicio: “sobre la reforma fiscal diputados del PRD explicaron que ‘no ofrendarán el regalito de un éxito en este rubro a un gobierno como el de Zedillo’ “(10/02/98). ¿Postmodernismo revolucionario?

Siguen en el archivo, además, reformas legislativas trascendentes que no deberían ser dejadas a la discusión mediática que tanto confunde: la referente a la energía, la siempre postergada sobre la o las reformas laborales, las decisivas leyes financieras, etc.

Aludir a una “politización” de las tareas legislativas como explicación de esta parálisis es, por lo menos, pueril. No es la política sino su ausencia la que está detrás de esta lamentable parálisis legislativa, a la que suelen seguir, por exigencias vitales del Estado interpretadas silvestremente por las cúpulas de partidos y fracciones, febriles jornadas de negociación y aprobación al vapor de las que son vergonzosos ejemplos el presupuesto de este año, el tristemente célebre “punto final” para los deudores y otros pecadillos bochornosos.

El Congreso tiene que hacer política, pero lo que hoy se pide de él es que la haga en un nuevo código y dentro de formatos diferentes a los que privaron en la época autoritaria. Su escala de valores e intereses debe estar regida por la exigencia central de consolidar la democracia, más que por el aprovechamiento utilitario de la misma en una lectura pedestre del individualismo, metodológico o no. La democracia, al fin de cuentas, es obra colectiva o pronto se vuelve arena y casino.

En su dimensión normativa, los legisladores tienen que desplegar un verdadero poder de investigación de la realidad y sus tendencias principales, porque ahí se encuentra la contraparte en los hechos del método autoritario. En el mismo sentido, en su vertiente articuladora del debate nacional los diputados tendrían que dar muestras de una verdadera eficacia para la síntesis. El Congreso tiene que atraer el interés popular por la calidad y la profundidad de sus deliberaciones y no por la necedad o la desfachatez de algunos de sus miembros. Sin esto, en efecto, los diputados estarán conspirando contra ellos mismos y contra el nuevo sistema político que algunos buscan incluso convertir en nuevo régimen. Como en toda transición que se respete, habrá que decir que la moneda sigue en el aire, así los héroes del pasado estén super agotados. Alguien vendrá, que no quepa duda.

Ayuda de memoria

El Presidente convocó el 5 de febrero a forjar una plataforma común entre partidos y organismos de la sociedad civil, que abra la puerta a un tránsito tranquilo y sin turbulencias en el 2000. Sin precisar los términos de su convocatoria y los tiempos para desplegarla, la invitación al diálogo sigue imprecisa y puede correr la misma suerte que han corrido los llamados a la política económica de Estado. Lo que no se merece el llamado presidencial es la banalidad con que se le ha recibido por parte de los partidos opositores. Desde el PAN, su vocero no encontró mejor respuesta que la de la “pérdida” de la confianza del panismo en el Presidente, con cuyo partido acaba de actuar en coalición para la aprobación del presupuesto y las otras leyes financieras aprobadas al fin de 1998. El PRD reclamó la paternidad de la idea pero desechó su viabilidad recurriendo al mismo argumento de la confianza. Podrían, por lo menos, arriesgar una opinión sobre la validez e importancia de la propuesta. Arroparse en la desconfianza que les motiva el Presidente no es más que presidencialismo al revés, y muy pueril por cierto.

El no debate como costumbre de la política democrática. No ha habido una verdadera solución a la cuestión financiera nacional. La extranjerización bancaria no convenció a muchos y los dispositivos para su regulación siguen en la bruma. Tampoco es asunto de consenso el que en el Banco de México queden depositados los poderes cambiados y las otras agencias reguladoras que son indispensables para la reforma del sistema. Sigue por ahí, como sonámbula, la banca de desarrollo que vaya que es vital para acometer las tareas de reconstrucción de los tejidos industriales del país, que el mercado no ha hecho surgir ni hará como por arte de magia. Hace unas semanas, la Corriente Renovadora del PRI puso a circular un folleto con el título de “Otra vez la reforma financiera”. Breve y accesible, las críticas y sugerencias de estos priistas a su gobierno deberían haber provocado una discusión mayor en la prensa, los círculos financieros y el gobierno, para no hablar de su propio partido. Se optó por la callada por respuesta. Si de empobrecer el debate se trata…

Los libros sobre la mesa

El Fondo de Cultura Económica puso a circular en 1998 el libro de don Antonio Ortiz Mena. El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época. Los recuerdos y conceptos de Ortiz Mena, su visión del contexto internacional y su interpretación de la Guerra Fría, junto con la documentación que acompaña su trabajo, deberían servir para acometer una revisión crítica a fondo de aquellos tiempos que no hemos logrado volver pasado ni historia, como lo mostró la conmemoración de los treinta años del 68. Para esta reconstrucción sería de gran utilidad la lectura de los trabajos de Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1950-1994 (FCE. 1996). y de Rafael Izquierdo, Política hacendaría del desarrollo estabilizador. 1958-1970 (FCE, 1995), así como el obligado, un tanto olvidado de Raymond Vernon. El dilema del desarrollo de México. n

Rolando Cordera Campos. Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Es director de Nexos TV.