CUADERNO DE NEXOS

LA TRANSICIÓN INTERMINABLE

POR LUIS SALAZAR C.

A la luz del desolador espectáculo ofrecido cotidianamente por los principales actores políticos y sociales del país, es difícil compartir la opinión formulada por el presidente Zedillo según la cual hemos alcanzado ya una plena normalidad democrática. Sólo reduciendo dicha normalidad a la cuestión de las reglas y los procedimientos electorales podría quizá sustentarse esa tesis, aunque no sin reservas si se considera que cada triunfo priista es denunciado como fraudulento por sus adversarios. Tampoco es aceptable la idea de que la democracia sólo será realidad cuando el Revolucionario Institucional sea derrotado contundentemente por la verdadera oposición (donde “verdadera” significa simplemente la que le gusta al comentarista en turno). Si la primera concepción peca de optimismo, soslayando las tareas de la construcción de una nueva gobernabilidad. la segunda no sólo desconoce esas tareas sino que identifica la democracia con un mero cambio de personal en el gobierno.

La transición mexicana, como cualquier otra, debiera verse en cambio como un proceso a través del cual los protagonistas de la vida pública llegan a acuerdos básicos atinentes tanto a las reglas e instituciones electorales (lo que de alguna manera ya se ha logrado en lo fundamental), como a las reglas e instituciones de una gobernabilidad eficaz, compatible con la competencia y la pluralidad partidistas (lo que al parecer todavía somos incapaces siquiera de plantear correctamente). Lo de menos es si esto último debe llamarse “consolidación” o “culminación” o “final” de la transición. Lo relevante es que no puede ser el resultado espontáneo de la mera competencia electoral, del solo mercado político, sino de acuerdos, de pactos y de proyectos generalizables capaces de crear un horizonte civilizado y compatible para la mayor parte de los actores públicos.

En este sentido la paradoja de nuestra dilatada y accidentada transición reside en que uno de los factores que obstaculizan la conquista de dichos acuerdos y compromisos básicos es precisamente el mercado electoral, es decir, el temor de todas las fuerzas políticas de perder su capital político si asumen cabalmente pactos vinculantes recíprocos. En efecto, la polarización del incipiente y frágil sistema de partidos que padecemos no obedece, hasta donde es posible comprenderla, a razones programáticas o ideológicas (la miseria de todos los partidos en este aspecto es monumental), sino a consideraciones puramente estratégicas relativas a los costos y beneficios electorales de dicha polarización artificiosa. Los comicios y los votos se convierten así en el único referente, interpretado además en los términos de un código simplista según el cual toda cooperación es traición, toda negociación es concertacesión y todo acuerdo es mera táctica oportunista. La llamada opinión pública, configurada esencialmente por medios políticos y legalmente irresponsables que confunden lo relevante con lo estridente, retroalimenta ese código enrarecedor y polarizador.

De esta manera, los triunfos del PRD y las derrotas del PAN son interpretados como consecuencia directa de la intransigencia perredista y de la actitud vacilante del panismo frente a las negociaciones, aun si en los hechos estos fenómenos más bien se relacionan con factores que poco tienen que ver con Fobaproa, los impuestos o el presupuesto. Lo que se agrava en un horizonte dominado por las expectativas y las in- certidumbres generadas por la “inminencia” de los comicios federales del año dos mil. ¿Cómo coadyuvar a resolver algún problema, cómo cooperar y llegar a acuerdos, cómo proponer verdaderas soluciones, si esto puede significar no sólo fortalecer a los “enemigos” sino, lo que es más grave, perder identidad y atractivo para los electores? Sobre todo cuando esa identidad y ese atractivo se sustentan casi exclusivamente en la polarización antes mencionada, esto es. en la idea de que las mayores virtudes de cada partido residen en los vicios de sus contrarios.

La responsabilidad principal de esta situación recae sin duda alguna en el tozudo conservadurismo de las fuerzas oficialistas. Incapaces de comprender la gravedad y profundidad del desprestigio del priismo, no sólo como partido sino como cultura; tercamente convencidos de que sus derrotas y su decadencia son el resultado de conjuras del salinismo o del zedillismo; insensibles a los estragos provocados por la impunidad y la corrupción; impotentes para autotransformarse y dotarse de reglas y propuestas propias, las fuerzas de esta coalición de intereses parecen apostar todo si no a una restauración, sí por lo menos a sobrevivir conservando el poder presidencial como su único factor de unidad y cohesión. Más que afrontar los problemas del país, más que preparar las condiciones de una gobernabilidad compatible con el pluralismo irreversible, su preocupación obsesiva es exclusivamente no perder en el 2000. Y con tal de no perder, tomar de rehén a la gobernabilidad del futuro. (Después de todo, ¿por qué estarían dispuestos a abandonar uno de sus mayores recursos, el voto del miedo, pactando las reglas nuevas que garantizasen la estabilidad con independencia del partido que gobierne?)

Pero los partidos de oposición también son en mucho responsables de nuestro estancamiento y descomposición institucionales. Su presunta y celebrada mayoría en la Cámara de Diputados sólo ha servido hasta ahora como poder de obstrucción, como obstáculo a la resolución de los ingentes problemas que padece la sociedad, desde el de la seguridad hasta el de las finanzas públicas. Tampoco para ellos parece haber “incentivos” (ni por supuesto principios) que los conduzcan a superar la anormalidad protodemocrática que sufrimos. Reacios a preguntarse cómo piensan gobernar si el azar de los sufragios los llevara al poder, siguen apostando todo a que el desprestigio priista y la agravación de las dificultades los transforme en salvadores providenciales de la patria. El PAN creyendo que todo se reduce a una cuestión de honestidad y de cerrar secretarías; el PRD asumiendo que su papel es alimentarse de los despojos de la descomposición priista y llevar a su caudillo nato a la presidencia.

Todo apunta, pues, a que seguiremos teniendo gobiernos “fuertes” (más bien prepotentes) basados en un Estado débil, impotente para cumplir y hacer cumplir las leyes, incapaz para siquiera cobrar los impuestos necesarios, ya no digamos para encarnar y promover un verdadero proyecto nacional. El costo de una transición votada y no pactada es, según parece, una transición interminable… n

Luis Salazar C Filósofo. Profesor e investigador de la UAM.