Las otras enseñanzas

Oscar Aguilar Ascencio. Candidato al Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame.

La homilía del arzobispo Norberto Rivera y la tensión política que dio lugar con el gobierno, nos muestra la miopía política con que a menudo se interpretan las acciones de la Iglesia. En primer lugar, condenar su participación en la esfera pública cuando ésta es inevitable para defender sus intereses como institución, y cuando estima necesario definir su posición frente al gobierno y la sociedad. En segundo lugar, se hace evidente la ausencia de una estrategia del gobierno con las iglesias, en particular con la católica, cuando ésta tiene un peso social y político todavía considerable. Finalmente, se hace patente la inutilidad de invocar a las sanciones de un marco legal que no logra disuadir a las iglesias de ejercer lo que se han ganado: un peso social y una influencia política propia -acrecentada por los medios informativos- que logra sustraerse del control del Estado.

Acusar a la Iglesia de que participa o de que “hace” política es como acusar a los sindicatos de que hacen lo mismo, en lugar de defender los derechos de los trabajadores. ¿Cómo puede explicarse la sobrevivencia de una institución con dos mil años de antigüedad sin reconocer que, en gran medida, lo ha hecho gracias a su capacidad para hacer política?

¿Cómo fue posible que la iglesia católica, y las demás, recobraran su personalidad jurídica? Naturalmente como resultado de un proceso político en el que la Iglesia fue una fuerza participante. ¿Por qué razón el Presidente recibe a los obispos en Los Pinos? Porque son una fuerza política cuyos pronunciamientos no se han distinguido de los sindicatos, ni de empresarios, ni de los partidos políticos, incluido el PRI, cuando por ejemplo condena el modelo económico actual y llama a un cambio del mismo. De manera que condenar el hecho de que la iglesia católica haga política no tiene mayor sentido si no fuera porque se intenta en vano reducir las acciones de una institución religiosa a la esfera del culto. Si la iglesia sólo se hubiese dedicado a éste, quizá hubiese desaparecido hace mucho tiempo.

Mientras existan las condiciones políticas y económicas para realizar pronunciamientos adversos al gobierno, en esa medida existen las condiciones para que la Iglesia se pronuncie. En este sentido, el mejor antídoto para evitar las declaraciones “ofensivas” de los obispos es trabajar para que no existan las condiciones que dan lugar a las críticas de la Iglesia. De otro modo hay que vivir con ellas y tomarlas como lo que realmente son: una opinión más de una fuerza política a menudo sobrestimada por la carga de la memoria histórica y el jacobinismo.

En segundo lugar, el enfrentamiento político que siguió a la homilía nos indica la ausencia de una estrategia del gobierno con la Iglesia que produce, entre otras cosas, precipitación y poca claridad en la conducción e interlocución política con actores influyentes. ¿Debe el gobierno tener una estrategia con la Iglesia? Si un régimen democrático no puede disuadir a ningún actor de tener una presencia política, y éste tiene una presencia política inevitable, sus declaraciones públicas incomodan a las autoridades y éstas consideran a la Iglesia una fuerza influyente, no se explicaría por qué el gobierno no tiene una estrategia con estos actores.

En lugar de ponderar con frialdad los caminos que pueden tomarse frente al contenido de la homilía, el gobierno cometió el grave error de descontextualizarla y sentirse obligado a llamar “al orden”. Uno de los dos párrafos que dio lugar a todo el embrollo decía: “Siendo la Iglesia continuadora de Jesús en la historia, podemos concluir que puede y debe participar en política como lo hizo Jesús. Es decir, recordando a los cristianos y a los hombres en general que deben obedecer y respetar a la autoridad en todo y sólo aquello que se dirija al bien de la comunidad”. Si el gobierno actual es legítimo, tal y como lo reconocen los partidos y la sociedad después de las elecciones de 1994, ¿por qué no se aprovechó este pasaje para inferir que la Iglesia apoya al gobierno al condenar al EPR y los zapatistas?, ambos levantados en armas, aunque el segundo en el limbo político entre la conversión de fuerza política y la guerrilla que no entrega armas.

El otro párrafo señala que “cuando la autoridad se sale del marco legal desde donde puede y debe gobernar, no hay obligación de tributarle obediencia y si se opone abiertamente a los derechos fundamentales entonces hay que negarle obediencia”. ¿Quién puede objetar con seriedad este párrafo?, ¿por qué sentirse aludido cuando no hay motivo para hacerlo? La precipitación se hace más patente cuando la acción de Gobernación contradice al propio subsecretario de Asuntos Religiosos, quien días antes había afirmado: “si hubiéramos de escoger entre la hipertolerancia y el autoritarismo, nos quedamos con la primera porque la libertad de expresión es un derecho muy apreciado por los mexicanos”.

Por último, si otros obispos han hecho declaraciones mucho más fuertes en contra de la situación política y económica del país, ¿por qué empezar con un documento que en todo caso pudo ser aprovechado a favor del mismo gobierno? Ni siquiera Samuel Ruiz ha merecido una amenaza formal de la Secretaría de Gobernación. A menos que la reacción de Gobernación haya respondido a una maniobra distractora para desviar la atención de la aprobación del esquema de venta de la petroquímica en la Cámara de Diputados tres días después de la homilía, quedaría la posibilidad de que la presión de los sectores duros y jacobinos haya sido tan intensa sobre Gobernación que ésta se sintió obligada a recurrir a un oficio de una dirección de área para “poner en cintura” a un arzobispo que salió fortalecido en su propia Iglesia y frente a los medios al no retractarse y no recibir ninguna sanción por parte del gobierno.

Lo cual nos lleva a la tercera enseñanza de todo el asunto, es decir, a lo inútil que resulta en la práctica invocar el marco legal que rige a las Asociaciones Religiosas cuando se busca disuadir a éstas de hacer declaraciones sobre la situación social o política, o de criticar los programas económicos del gobierno o al mismo partido en el poder. La razón es que las sanciones de esa legislación resultan políticamente inaplicables. ¿Clausurar un templo como la catedral porque su arzobispo hizo declaraciones públicas y no se retracta de ellas y hasta las vuelve a repetir a los medios? ¿Retirar el registro a una asociación religiosa que tiene dos mil anos de existencia? Es claro que ni a la Iglesia ni al gobierno les conviene un enfrentamiento prolongado porque saben que ninguno puede ganarlo, salvo los medios informativos que pueden incrementar sus ventas. De ahí que las salidas a estos conflictos se hagan por la vía política sin recurrir en ningún momento al marco legal, aunque éste se invoque en las declaraciones públicas de políticos y autoridades.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el gobierno pierde al enfrentarse a la Iglesia mientras no consiga tener un apoyo propio que le permita exhibir la debilidad o inconsistencia de las posiciones de sus obispos. En el caso de la homilía, es clara la precipitación e inconsistencia de la posición gubernamental, a pesar de que se haya querido vender como la defensa de un orden jurídico que en la práctica no puede limitar la influencia política de la Iglesia. Al gobierno no le queda claro que esta influencia es en realidad independiente de su influencia religiosa. En la medida en que las condiciones políticas del país consoliden a la democracia como régimen político y mientras las condiciones económicas y sociales no reflejen notorias mejorías en las condiciones de vida de la población, el terreno estará fértil para que los pronunciamientos de los obispos tengan un sesgo antigobiernista. Después de todo, lo relevante no es lo que los obispos digan, sino lo que hagan en la práctica. En este sentido, para el régimen actual es mucho mejor tener a varios norbertos riveras, que a varios como el de San Cristóbal de las Casas.