Violencia y cambio político en México

José Antonio Aguilar Rivera. Doctor en Ciencia Política. Es investigador del CIDE.

Es después de un gran éxito que los más graves peligros de ruina aparecen.

Alexis de Tocqueville

El año de 1994 será recordado como un parteaguas en la historia política de México. Desde los años de la Revolución el país no había experimentado en tan breve tiempo una serie de sacudimientos tan profundos. Los cimientos del sistema político en su conjunto se cimbraron en unos cuantos meses. Sin embargo, a año y medio de iniciada la crisis, las explicaciones de lo que le ha pasado al sistema político mexicano no dan una imagen de conjunto. El inmediatismo ha impedido la reflexión sobre los factores estructurales que contribuyeron al desorden político que vive el país en la actualidad.

Lo primero que demanda una explicación es la sorpresa misma. Por años una preocupación “taxonómica” ha dominado la reflexión sobre el sistema político. Encontrarle a la rareza mexicana un nicho apropiado en la literatura de las transiciones a la democracia fue la labor analítica por excelencia. Los eventos de 1994 constituyeron un triste descalabro para la ciencia política. Cualquier explicación retrospectiva de lo que ha ocurrido deberá dar cuenta, no solamente de los acontecimientos referidos, sino también de los supuestos que nos impidieron anticipar estos desarrollos.

Hoy, es claro, las prioridades analíticas han cambiado. La reflexión sobre el futuro del sistema político ha dejado el ámbito de la especulación académica para instalarse de lleno en la lista de prioridades de la sociedad mexicana. La actual situación política requiere urgentemente de explicaciones sobre lo que está ocurriendo. El reto analítico es por ello, como pocas veces en el pasado, formidable: consiste en simultáneamente revisar las interpretaciones anteriores, descubrir en ellas las áreas grises, para después integrar en una visión coherente los acontecimientos que han sacudido al país. Mi propósito aquí es hacer una modesta contribución a esa tarea.

Intentaré responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas de la turbulencia política que el país experimenta? La turbulencia política tiene orígenes estructurales y de largo plazo vinculados al desarrollo del sistema político. Las teorías conspirativas, tan en boga en la actualidad, entorpecen la reflexión mesurada sobre los aspectos más profundos de la crisis política. La respuesta que propongo a continuación puede ser entendida como una explicación que integra tres factores: un proceso dinámico, una serie de medidas precipitatorias y un marco estructural de largo plazo para el cambio político. Aunque en realidad estos tres factores se encuentran relacionados entre sí de múltiples formas, aquí los distingo para fines del análisis.

I. El color de nuestra transicion

En México. la violencia, ciertamente, nunca ha estado ausente de las relaciones políticas y sociales. Como posibilidad latente, había estado en algunos de los análisis políticos anteriores a los acontecimientos de 1994. Sin embargo, la pax revolucionaria había establecido otras formas alternativas de dirimir las disputas más importantes por el poder político. Por ello, su regreso fue sorpresivo. La culpa no es del todo de los analistas. En general, el papel que la violencia desempeña en los procesos de transición a la democracia es muy incierto. No sabemos por qué en algunas transiciones ocurren hechos violentos mientras que en otras más el cambio político es relativamente pacífico. Contamos solamente con tipologías, más o menos aproximadas, de lo que puede ser la violencia transicional.1 Es una ironía el que los regímenes socialistas, que fueron mucho más represivos que el mexicano, se hayan colapsado pacíficamente (salvo en los casos de Yugoslavia y Rumania), mientras que en México el tránsito a la democracia ha sido ya más complejo y sangriento.2

Que en la actualidad tengan lugar eventos que en un pasado no tan lejano eran impensables es prueba de que el país sufrió un proceso que bien podría denominarse de “erosión de las certezas autoritarias”. Mecanismos de control, formas de participación política y de legitimidad, que por años estuvieron vigentes, han caducado. Estos cambios deben, a su vez, situarse en el contexto más general del proceso que ha sido denominado como la “transición” mexicana a la democracia. La primera tarea es, pues, situar las dinámicas actuales en el contexto del cambio político de más largo plazo que ha sufrido el país en las últimas décadas.

El eje central de la explicación que aquí propongo es el proceso de liberalización política que México experimentó desde mediados de los años setenta. Probablemente ningún otro país del mundo tenga una experiencia “liberalizadora” de tan largo aire y tan exitosa como México. En efecto, la estabilidad política del país había descansado en la capacidad de adaptación del régimen a nuevas circunstancias, más que en la rigidez autoritaria.3 La liberalización política, de acuerdo con Guillermo O’Donnell, puede definirse como “el proceso de hacer efectivos ciertos derechos que protegen tanto a los individuos cuanto a los grupos sociales de actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceras partes”.4

El régimen mexicano permitió discrecionalmente muchas de las libertades que se encuentran garantizadas en las democracias.5 Sin embargo, la liberalización no fue en México, como sí lo fue en otros países, el preludio a la democratización efectiva del régimen.6 La lectura que hago de la liberalización política en el caso de México sigue de cerca la interpretación propuesta por Soledad Loaeza, quien afirmó que: “la experiencia mexicana desmiente la idea de que las liberalizaciones tienen únicamente dos salidas posibles: el endurecimiento del autoritarismo -también llamado ‘normalización’- o la democratización”. De esta forma, “México cuenta con una experiencia aperturista de más de veinte años cuyo éxito ha significado la cancelación o, por lo menos, la postergación sine die de la democratización”.7 La liberalización y la democratización pueden ser fenómenos distintos, tanto “que la relación entre ambos tipos de trayectoria puede ser negativa, como parece haber ocurrido en el caso de México. Esto es, una liberalización exitosa no es necesariamente aquella que desemboca en la democratización, como afirman muchos autores, sino que su éxito también puede consistir en que se convierta en un arreglo definitivo que obedece a una lógica propia”.8

La experiencia mexicana desafiaba, así, la lógica política imperante en otros lugares del mundo, al grado que la liberalización, a la mexicana, parecía ser una alternativa, atractiva -y factible- para “las élites autoritarias que desean mantenerse en el poder y que responden a las demandas de apertura política con la ampliación de espacios a la libre acción de los individuos y grupos”.9 La liberalización también permitía a la élite en el poder mantener el control del proceso y dar marcha atrás en la reforma, de considerarlo necesario. En más de un sentido, la liberalización mexicana era el sueño hecho realidad de cualquier gobierno autoritario. Así, el paso decisivo en el proceso de transición a la democracia, que es la devolución del poder, por parte de un grupo de personas, a un conjunto de reglas pudo ser aplazado de manera indefinida. De acuerdo con Adam Przeworski, “el momento crucial de una transición es cuando nadie puede ya intervenir para alterar el resultado del proceso político formal”.10 En México, en cambio, la élite autoritaria fue capaz de preservar los privilegios del poder; por consiguiente pudo evitar someterse a las reglas e instituciones; y los actores movilizados, por su parte, hicieron lo mismo.11 La liberalización, como proceso abierto, no tenía destino preestablecido: menos aún cuando varios de los equilibrios históricos del sistema político parecían estarse transformando de manera acelerada.

Cabe señalar aquí que la literatura sobre las transiciones ha descuidado varios aspectos que para el caso mexicano son cruciales. Por ejemplo, es sólo hasta muy recientemente que algunos analistas han reconocido la necesidad de estudiar comparativamente las dinámicas políticas internas de los gobiernos autoritarios, en particular cómo es que los procesos políticos y las luchas al interior de los distintos regímenes alteran los incentivos para liberalizar de las élites autoritarias.12

Es claro, sin embargo, que la liberalización mexicana había logrado dejar la instauración de la democracia política “para después”.13 (Por qué el régimen autoritario mexicano tuvo éxito ahí donde otros muchos fracasaron? Las liberalizaciones son inherentemente inestables. Cuando desembocan en la democratización del régimen es porque sus artífices hicieron un cálculo equivocado. Como norma, los dirigentes autoritarios confían, ex ante, en su capacidad para controlar el proceso y, de ser necesario, cancelarlo. Sin embargo, en todos los casos -salvo en el de México hasta 1994- la liberalización se les fue de las manos a esos líderes.14 Esto es así, porque una vez que la liberalización da comienzo, la sociedad civil se organiza: nuevas organizaciones se declaran independientes. El régimen, por su parte, no puede incorporarlas debido a que sólo cuenta con instituciones centralizadas, no competitivas y que sólo incorporan a aquellos grupos que aceptan, a la vez, su dirección y el control de los resultados de cualquier proceso político ex post. Así, por un lado, emergen organizaciones autónomas en la sociedad civil, y por el otro no existen instituciones ante las cuales esas mismas organizaciones puedan presentar sus demandas y negociar sus intereses.15 El desenlace ocurre en las calles: o hay regresión autoritaria o bien el régimen se democratiza. Este es precisamente el patrón que México no siguió. La razón de ello es que la liberalización mexicana, a diferencia de otras liberalizaciones, no se inició en una tabula rasa.16 El régimen mexicano no fue rebasado por la sociedad civil porque ya desde antes existía una red de organizaciones autónomas o semiautónomas que fueron capaces de canalizar la participación política.17 Muchos de los movimientos sociales emergentes no sólo no minaron al régimen autoritario sino que, involuntariamente, lo fortalecieron.18 Los gobernantes mexicanos, a diferencia de sus contrapartes autoritarios en otras partes del mundo, habían calculado bien.

Sin embargo, cabe preguntarse si las exitosas liberalizaciones mexicanas tuvieron al mismo tiempo otros efectos. Mi hipótesis aquí es que la consecuencia más significativa del éxito de la liberalización política del régimen mexicano fue el aplazamiento de la dura negociación que implicaba la construcción de instituciones democráticas. En pocas palabras, el éxito de la liberalización permitió que fuera innecesario enfrentar el problema central de crear un nuevo entramado institucional. ¿Cuáles fueron las cuestiones que nunca llegaron a la mesa de la negociación, sino hasta después del primer día de enero de 1994? La más importante era saber si, dadas las preferencias de los actores políticos clave (los grupos de poder al interior del sistema, los empresarios y las élites locales), podían diseñarse nuevas instituciones capaces de acomodar los intereses vitales de todos. El viejo problema de cómo regular la transmisión pacífica del poder debía encontrar nuevos mecanismos más acordes con la democracia política. No fue así. Los malabares que por años las leyes electorales han sufrido en México no tienen nada que ver con el proceso arriba descrito. El problema central era (es) el de institucionalizar la incertidumbre.19

El resultado del aplazamiento de la institucionalización democrática del régimen fue que se creo una fragilidad política que en su momento no pudo ser apreciada cabalmente. No fue sino hasta que el país fue sacudido por la explosión de Chiapas que se hicieron esfuerzos realmente serios en la dirección de acordar una legislación electoral que ofreciera garantías a todos los actores políticos. La verdadera reforma electoral fue iniciada a marchas forzadas, en unos cuantos meses, cuando las elecciones ya estaban prácticamente en puerta. Para entonces el problema crónico de la credibilidad difícilmente podía encontrar una salida sencilla. Los límites de la liberalización pueden constatarse, de la misma manera, en el efecto que tuvo este proceso en la construcción de un sistema de partidos sólido. El resultado fue una oposición contestataria y a menudo irresponsable que interactuaba con el gobierno en una arena incierta y volátil: la de las “segundas vueltas”, La paradoja es que el sistema político se había vuelto vulnerable porque la liberalización había sido exitosa en extremo. Con razón, la élite política mexicana podría haber dicho, como alguna vez lo hizo Alexis de Tocqueville: “habríamos sido mucho más fuertes si hubiéramos sido menos exitosos”.20

A pesar de todo, el signo de la liberalización ha sido polivalente. Por un lado, como se ha visto, aplazo la adopción de instituciones clave para procesar ciertos conflictos políticos y sociales de manera pacífica, pero también abrió imperfectos, aunque significativos, espacios de libertad. De ahí que la participación política en un año de crisis tomara fundamentalmente la forma electoral: la liberalización abrió diques que podían canalizar y contener una parte significativa de la participación política, notablemente, la urbana. La liberalización también tuvo un efecto acumulativo en la ampliación de los espacios públicos. La guerrilla en Chiapas fue extraordinaria, en buena medida, no porque un grupo armado se hubiera lanzado a combatir al Estado mexicano -eso había pasado en otras partes del país dos décadas antes- sino porque, por primera vez, los mexicanos pudieron verlo en sus hogares. De la misma forma, un debate televisado entre los candidatos presidenciales hubiera sido impensable apenas hace unos años. El proceso liberalizador extendió el horizonte de lo posible, al tiempo que redefinió los márgenes de acción de los actores políticos, incluido el gobierno.

Mi análisis hasta aquí se ha limitado a rastrear las causas de la significativa fragilidad que el entramado institucional del país sufría al principio del año. Sin embargo, el origen de los eventos particulares que desestabilizaron al sistema debe buscarse en otro lugar. La segunda parte de mi argumento tiene que ver con las reformas económicas y políticas que funcionaron como detonantes de la crisis política.

II. La erosion de la certezas autoritarias

Una de las razones por las cuales la liberalización fue tan exitosa en aplazar la democracia indefinidamente es que el arreglo institucional de 1917 había permanecido fundamentalmente intacto. Sin embargo, en los últimos diez años -pero particularmente en el sexenio pasado- el país experimentó una serie de transformaciones con pocos precedentes en la historia. El Estado se redujo considerablemente, el proteccionismo comercial fue desmontado y con él todo un modelo de desarrollo. El régimen de tenencia de la tierra fue modificado y el reparto agrario se dio por concluido. Desde los años del cardenismo, la sociedad mexicana no había sufrido cambios tan importantes. El medio relativamente estable en el que se habían llevado a cabo las liberalizaciones mexicanas desapareció. Aquí propongo que, entre otras cosas, las reformas económicas y políticas emprendidas por el régimen anterior pusieron en marcha dinámicas de corto y mediano plazo que luego impactaron en la estabilidad política.21

Uno de los cambios políticos más notables que el sistema político de los últimos años experimentó fue la ampliación de aquello que Linz llamó pluralismo limitado a lo que podría denominarse como “competencia limitada”.22 El inicio del sexenio 1988‑1994 contempló lo que en ese momento fue visto como un acontecimiento inédito: el primer gobernador de oposición en la historia postrevolucionaria de México. A Baja California le siguieron otros estados, de jure o de facto. Los efectos de la competencia electoral limitada han sido diversos y una enumeración extensiva de ellos escapa al alcance de este ensayo, por lo que aquí me concentraré solamente en uno de ellos.23

La competencia limitada tuvo como consecuencia el socavamiento de las reglas del sistema autoritario que proveían certeza a los participantes. La incertidumbre propia de la competencia democrática dislocó las relaciones de obediencia, lealtad y subordinación que habían caracterizado al sistema político mexicano. Las correas que vinculaban a los diferentes estratos del régimen eran fluidas gracias a la certidumbre que proporcionaba el autoritarismo (la principal certeza era la de gobernar aunque a ésta ha de añadírsele también la de la impunidad). La competencia, así fuera limitada, trastocó esta estructura. En una palabra: la competencia limitada modificó la estructura de incentivos que los actores políticos enfrentaban. Viejos recursos volvieron a tener sentido, entre ellos, eliminar violentamente a los adversarios políticos. La descomposición política se conjuntó con otra fuente de violencia que ya estaba presente a lo largo y ancho del país: el narcotráfico. Un vector nuevo, la pugna violenta por el poder político se añadió a la corrupción existente de los cuerpos policiacos y de otras autoridades que el tráfico de drogas había provocado desde hacía ya años. La competencia limitada, sobre todo en las elecciones regionales, no provocó, como algunos creían, una serie de dominós democráticos en los estados: la democracia no llegaría de la periferia al centro. Por el contrario, ante la ausencia de un marco general de reglas democráticas en la contienda por el poder, los estados se convirtieron en focos de fermento político e inestabilidad. La incertidumbre, la posibilidad de que la impunidad desapareciera, agudizó los conflictos intraélite y les dio un nuevo cariz.24 Los grupos locales de poder, así como la élite central, sufrieron el mismo proceso de erosión de las certezas autoritarias. Los viejos mecanismos de mediación -la presidencia- y las estructuras informales que antes procesaban los conflictos ya no funcionaban. Si la competencia por el poder ya no podía llevarse de la misma forma, ésta tampoco podía ser abierta: las redes de complicidades lo impedían. El expediente del asesinato, de la intimidación, que había dejado de ser necesario cincuenta años antes, volvió a ser atractivo.

El entrecruzamiento de las reformas políticas y económicas pudo verse en Chiapas. Ahí, las reformas debilitaron las fuentes de legitimidad previas, sin que al mismo tiempo crearan nuevos canales capaces de mediar las demandas populares.25 En México, como en otros países, las reformas macroeconómicas de ajuste crearon enormes tensiones, pues originaron profundos cambios en la distribución del ingreso y en las relaciones de poder, al tiempo que generaron profundas transformaciones culturales.26

Para explicar la rebelión en Chiapas, dos factores son relevantes: las reformas institucionales que buscaban modernizar la economía de la región y la debilidad del Estado en las áreas rurales.27 Si bien es cierto que Chiapas recibió más recursos que cualquier otra región del país del gobierno federal, solamente una fracción de la inversión hecha a través del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) se dirigió al apoyo de actividades productivas. La falta de tierra y el desempleo no fueron amortiguados por el Pronasol.28 El fin de los subsidios a los granos básicos, el fin del reparto agrario, la caída de los precios internacionales del café y la retirada del Estado como agente mediador en Chiapas agudizaron las tensiones sociales. Estas críticas circunstancias se conjuntaron con la presencia en la región de un liderazgo, compuesto por propios y extraños, que favorecía la vía armada como forma de cambio político.

Las reformas no crearon nuevos canales que mediaran las demandas y las protestas populares. En general, las políticas de ajuste macroeconómico tensan el funcionamiento de las instituciones democráticas, pues la celeridad que se requiere para implementarlas entra en conflicto con los mecanismos de consulta y deliberación legislativos. En México no existía, por las razones ya mencionadas, un sistema representativo, que cortara a lo largo de los tres niveles de gobierno, que fuera capaz de canalizar las nuevas y crecientes tensiones sociales y políticas que las reformas generaron. Las estructuras tradicionales de poder en las regiones permanecieron al margen de la democratización efectiva. Como otras áreas de la geografía política del régimen, los cacicazgos locales apenas si fueron tocados por las liberalizaciones políticas.

Como variable explicativa, las reformas tampoco son completamente satisfactorias por sí solas: reformas hubieron desde 1982 y la violencia no estalló hasta 1994. Es necesario incorporar al análisis los efectos de la liberalización relativa del régimen político sobre el entramado institucional y un factor adicional: un marco altamente fragmentado de constreñimientos estructurales para el cambio político. Sin este último factor, no es posible dar cuenta de la turbulencia política que el país ha experimentado desde comienzos de 1994.

III. La geografia politica del cambio

Si México fue por mucho tiempo una rareza para los especialistas en las transiciones a la democracia, la literatura especializada sobre el tema tampoco fue de mucha utilidad para entender las dinámicas del sistema político mexicano. Las tipologías y los modelos que los “transitólogos” diseñaron sufrían de serias dificultades cuando se aplicaban a México.

Para construir nuevas teorías, más adecuadas, los especialistas han vuelto la vista hacia una serie de factores que por mucho tiempo habían permanecido fuera de los principales análisis sobre las transiciones. La atención académica ha empezado a considerar factores estructurales subyacentes en los procesos políticos. Esta es la tradición de la sociología histórica comparada.29 Este, sin embargo, es un regreso crítico. Por mucho tiempo, se adujeron causas “estructurales” para explicar por qué la democracia nunca podría echar raíces en los países de América Latina. Los deterministas postulaban que esas naciones no contaban con las “precondiciones” necesarias para tener regímenes democráticos (la riqueza era el ejemplo clásico). La implantación de regímenes democráticos en diversas partes del mundo en desarrollo echó por la borda esas hipótesis.

La respuesta intelectual al determinismo dominante fue hacer énfasis en las decisiones colectivas y en las interacciones políticas contingentes que ocurrían en las transiciones. Sin embargo muchos análisis han caído en el otro extremo, al grado que sufren de un excesivo voluntarismo. De manera inversa, evitaron considerar seriamente la relevancia de los constreñimientos histórico‑estructurales. Las estructuras, algunos parecen descubrir hoy, si bien no determinan, sí importan. La formulación de los nuevos estructuralistas es la siguiente: “aun en medio de la más tremenda incertidumbre provocada por una transición de régimen -cuando los constreñimientos parecerían ser muy laxos y cuando una amplia gama de resultados se antoja posible- las decisiones tomadas por los distintos actores responden a, y se encuentran condicionadas por, los tipos de estructuras socioeconómicas y las instituciones políticas existentes. Estas pueden ser decisivas, ya que pueden restringir, o ampliar, las opciones que los actores políticos, que intentan construir la democracia, tienen a su disposición”.30

Así, parecería que la existencia de ciertas estructuras sociales hace que la emergencia de la democracia sea muy improbable, mientras que su ausencia hace que las estrategias de acomodo sean más viables, al tiempo que refuerza la posición de los actores democráticos.31 Los constreñimientos estructurales e institucionales determinan el abanico de opciones que los tomadores de decisiones tienen a su disposición y, tal vez, hasta puedan predisponerlos a seleccionar alguna en particular.32 Las estructuras históricas pueden ser concebidas como “condiciones limitantes” que restringen -o en algunas ocasiones amplían- las opciones disponibles.

Me parece que este enfoque tiene utilidad para el caso de México. Sin embargo, dos advertencias deben hacerse antes de proceder en esta línea de análisis. La primera es que las estructuras no son estáticas; en la lógica de mi análisis los constreñimientos estructurales no son independientes de las otras dos variables que he discutido antes. El marco estructural -las condiciones limitantes- ha sido alterado por el proceso de liberalización y, más agudamente, por las reformas. La segunda es que las condiciones limitantes tampoco son uniformes. En el caso de México esto me parece crucial, porque las estructuras socioeconómicas varían dramáticamente de región a región y dentro de cada una de ellas, entre zonas urbanas y zonas rurales. Esto produce un escenario sumamente fragmentado y desigual, en el cual las oportunidades, así como los límites al cambio político, varían en extremo.33

La tarea es, pues, determinar la forma en que los cambios estructurales que el país ha sufrido recientemente han moldeado el proceso político. ¿Cuáles son los “modos” de transición que México ha seguido?34 Es posible pensar que en ciertas regiones del país las estructuras sociales imperantes han dificultado, más allá de la voluntad de los reformadores en el gobierno y de los movimientos sociales emergentes, la adopción de arreglos democráticos. Para volver al caso de Chiapas, las estructuras, agraria y de poder, imperantes en la región representan formidables obstáculos a la democratización de la sociedad local.

La desigualdad regional del país presenta un panorama sumamente irregular y las expectativas de construir arreglos democráticos duraderos varía considerablemente dependiendo del lugar que se trate. Lo mismo existen espacios de fluidez social (las ciudades y los estados ricos del norte del país) como reductos de autoritarismo y pobreza. Los cuellos de botella estructurales abundan en la geografía política de México. Ahí, las condiciones limitantes de las que he hablado obstaculizan seriamente la democratización regional.

En conjunto, el país parecería avanzar, no a dos, sino a varios ritmos distintos a la vez. Mientras que en algunas partes la democracia política es ya un hecho a nivel regional, en otras más los caciques siguen marcando el paso de la vida política. Así, se puede considerar que existen, de facto, tres subsistemas políticos en el país: reductos de autoritarismo, amplias áreas de semiclientelismo y enclaves de tolerancia pluralista.35 Sin tener en cuenta la fragmentación del país, difícilmente se podrá entender el potencial disruptivo de algunas regiones. ¿Cuál es el pronóstico que arroja esta revisión, a ojo de pájaro, del marco de constreñimientos estructurales que enfrenta el país? No muy alentador: ahí donde los subregímenes autoritarios sobreviven, dentro de un sistema electoral competitivo, las transiciones se pueden atorar y no trasponer el umbral democrático.36

IV. Conclusion: las paradojas de la esperanza

El análisis que he hecho aquí proporciona algunas pistas para entender de dónde vino la violencia y por qué. El sistema político no fue “desbordado” por la sociedad civil como en otros casos, porque en México la singular experiencia de la liberalización había logrado hacer compatibles. hasta cierto punto, la movilización social y la legitimidad del régimen. Esto explica, entre otras cosas, la reciente explosión de las ONG mexicanas. La liberalización permitió que existiera el espacio necesario para que la sociedad civil se organizara en un sinnúmero de asociaciones de todo tipo.

Una parte de la violencia fue dirigida hacia la élite política. En el caso de los asesinatos políticos, la incertidumbre que genera la competencia limitada erosiona la racionalidad política en la que se encontraban basados los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. La certidumbre anterior fue minada, pero no ha sido suplantada por otra de origen democrático. No sólo el partido más importante del país carece de mecanismos, más o menos transparentes, para escoger a sus candidatos, sino que tampoco existen instituciones nacionales confiables y robustas que sean capaces de generar una nueva legitimidad democrática. La liberalización, una vez más, las hizo innecesarias.

El estallido de Chiapas evidenció el potencial disruptivo de los cuellos de botella estructurales de los que he hablado. Ahí, donde la liberalización no liberalizó casi nada, y donde las condiciones limitantes cercaron la acción política, las reformas económicas sí crearon serias tensiones políticas y sociales que abonaron el terreno para que una de las utopías olvidadas, la revolución, resucitara. ¿Qué podemos esperar del futuro? Todavía no podemos hablar de un sistema electoral satisfactorio para todos los actores políticos relevantes. La independencia de la autoridad electoral, el financiamiento de los partidos políticos y la apertura de los medios masivos de comunicación, entre otros temas, todavía se encuentran en la mesa de la negociación. El estancamiento de la reforma política, que inició con la firma del Acuerdo Político Nacional por los partidos y el nuevo gobierno, demuestra que si las rupturas con el pasado son importantes, también lo son las continuidades.37

La democratización efectiva va más allá de las elecciones. Otros criterios importan también, por ejemplo la existencia de mecanismos que permitan a los gobernados llamar a cuentas a sus gobernantes, el que impere el estado de derecho y que las libertades políticas y los derechos humanos sean respetados.38 Es posible imaginar un escenario en el cual se celebren regularmente elecciones, más o menos competidas, pero donde los derechos y las libertades de los individuos sigan siendo restringidos. Sin embargo, ese arreglo político no sería democrático, sino “electoralista”.39 La democracia, ciertamente, no es muchas cosas (por ejemplo, no es necesariamente más eficiente económicamente que el autoritarismo) pero sí encarna un valor social fundamental: la protección contra la violencia arbitraria.40

Término con una metáfora. El sistema político en la actualidad puede verse como un gran arrecife marino. En algunas partes, el autoritarismo se ha ido, pero al igual que los pólipos en el mar, ha dejado su herencia: el coral mismo. Inercias acumuladas por años, la cultura política, los intereses y las alianzas que el autoritarismo forjó y que ahí siguen, aún sin él. En otras partes, los bichos no se han muerto y gozan de perfecta salud en sus habitáculos autoritarios. La incipiente democracia mexicana es una frágil embarcación en un mar en tempestad. Los escollos del arrecife han hecho ya algunos boquetes en su casco. La travesía es incierta, pero no podemos volver atrás: el futuro nos reclama. La nave va.

Este es el texto ganador del último certamen de ensayo político Carlos Pereyra. Propone una reflexión en torno a los cambios del panorama político nacional que se originan en los ajustes estructurales, el largo proceso de liberalización política y los catalizadores que la coyuntura ha ido soltando.

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referencias

1 Leonardo Morlino, por ejemplo, afirma que: “existen formas de violencia que, unidas a otros factores, acompañan con frecuencia el paso a otro régimen. De los varios tipos de tumultos, desórdenes espontáneos con amplia participación popular, conviene considerar sobre todo: las huelgas generales políticas, los motines violentos con choques con la policía, choques y pequeñas guerras entre grupos privados. De las conspiraciones, luchas bien organizadas con participación limitada: las conjuras de palacio, las rebeliones de militares o de la policía contra las autoridades, los episodios de terrorismo repetidos y en gran escala, los golpes de Estado. De las guerras internas: las guerrillas, las insurrecciones populares, que son a menudo luchas por la independencia nacional, las guerras civiles”. Recientemente, el sistema político en México ha experimentado casos serios de estos dos últimos tipos de violencia, -los asesinatos políticos y la guerrilla- mientras que en la actualidad no es raro que las manifestaciones urbanas y rurales acaben en tumultos. Véase Leonardo Morlino, Cómo cambian los regímenes políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 107.

2 Véase Adam Przeworski, Democracy and the market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

3 Véase Wayne A. Cornelius, “Political liberalization in an authoritarian regime: Mexico, 1976‑1985”, en Judith Gentleman (ed.), Mexican Politics in Transition, Boulder, Westview Press, 1987, p. 19.

4 Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1986, p. 7. La definición de liberalización se ha vuelto más restrictiva con el paso del tiempo. En un trabajo previo, O’Donnell consideraba como liberalización a “medidas que a pesar de representar una apertura significativa del régimen se quedaban cortas de lo que podría llamarse democracia política”. Véase Guillermo O’Donnell, “Notas para el estudio de procesos de democratización a partir del estado burocrático-autoritario”, Estudios CEDES 5, 1979, p. 8.

5 Aquí defino un régimen democrático como aquel en el cual existe una competencia, libre y justa, por los puestos públicos, basada en el sufragio universal y en las libertades de asociación y expresión, donde existe responsabilidad a través de la ley y control civil del ejército. Esta es una definición de medio rango, entre las rígidamente procedimentales y las participatorias. Jonathan Fox, “The difficult transition from clientelism to citizenship. Lessons from Mexico”, en World Politics, vol. 46, enero de 1994, p. 151.

6 Históricamente, la relativa debilidad de la oposición y lo difuso de las demandas por un cambio de régimen contribuyeron a la capacidad del ejecutivo federal para determinar los tiempos, la estructura y la velocidad del proceso de reforma. Kevin Middlebrook, “Political liberalization in an authoritarian regime: the case of Mexico”, en Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (eds.), Transition from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1986, p. 143.

7 Véase Soledad Loaeza, “La incertidumbre política mexicana”, Nexos, vol. 16, núm. 186, junio 1993, p. 48.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Adam Przeworski, Democracy and the Market… p. 14.

11 Loaeza, op. cit., p. 51

12 Véase, por ejemplo: Barbara Geddes, “Big Questions, little answers”, manuscrito sin publicar, presentado en septiembre de 1994 en la reunión anual de la American Political Science Association, p. 9. De acuerdo con Geddes, otros aspectos que han recibido poca atención sistemática son: 1) cuáles son los determinantes del apoyo de los estratos económicos altos al régimen autoritario y cuáles son los efectos de la pérdida de ese apoyo, 2) cuál es la influencia que tiene la oposición de masas en las decisiones de los gobernantes autoritarios y, por consiguiente, cuál es su impacto en la sobrevivencia del régimen, 3) cuál es la relación que existe entre las élites opositoras y las masas y, finalmente, cuál es la relación entre modernización económica y la influencia ciudadana en las opciones del régimen, por mencionar sólo algunas.

13 Mauricio Merino, ”Democracia, después”, Nexos, vol. 16, núm. 185, mayo 1993, pp. 51 ‑61.

14 Adam Przeworski, “Some problems in the study of the transition to democracy”, en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (eds.), Transition from Authoritarian Rule. Comparative Perspectives, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1986, pp. 51 ‑63.

15 Przeworski, Democracy and the Market… p. 58.

16 Loaeza, op. cit., p. 55.

17 Las aperturas contingentes desactivaron, casi siempre, el empuje de los movimientos sociales para transformar las estructuras fundamentales del régimen. Véase: Susan Eckstein, “Formal vs. substantive democracy”, en Mexican Studies / Estudios Mexicanos, vol. 6, núm. 2 (1990), pp. 213‑301.

18 La relación entre los movimientos sociales y la democratización del régimen ha sido bastante ambigua. La movilización popular, paradójicamente, podía fortalecer al autoritarismo, si éste era capaz de cumplir las demandas de los grupos movilizados. Al respecto véase Joe Foweraker, “Los movimientos populares y la transformación del sistema político mexicano”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 51, núm. 4 (1989), pp. 93‑113. Para un estudio de caso de esta dinámica véase: Diane E. Davis, “Failed democratic reform in contemporary Mexico: from social movements to the state and back”, en Journal of Latin American Studies, vol. 26, núm. 2 (mayo 1994), pp. 375‑408.

19 Przeworski, Democracy and the market… p. 66.

20 Alexis de Tocqueville, Recollections. The French Revolution of 1848, New Brunswick, Transaction Publishers, 1992, p. 214.

21 Evidentemente, las reformas también modificaron el marco de constreñimientos estructurales. Este efecto será incorporado más adelante.

22 AI respecto véase: Soledad Loaeza, “El llamado de las urnas. ¿Para qué sirven las elecciones en México?”, en Poder local, poder regional, México, El Colegio de México, 1988.

23 Sobre este tema véase: Alonso Lujambio, “Régimen presidencial, democracia mayoritaria y los dilemas de la transición a la democracia en México”, en Alicia Hernández Chávez (comp.), Presidencialismo y sistema político. México y los Estados Unidos, México, El Colegio de México / FCE, 1994, pp. 75‑106.

24 Sobre los conflictos previos de las élites véase: Rogelio Hernández, “La división de la élite política mexicana”, en Carlos Bazdresch, Nisso Bucay et al., México: auge, crisis y ajuste. I. Los tiempos del cambio, 1982‑1988, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 239‑267; Roderic A. Camp, “Camarillas in Mexican politics: The case of the Salinas Cabinet”, Mexican studies / Estudios Mexicanos. vol. 6, núm. 2, y Miguel Angel Centeno y Sylvia Maxfield, “The marriage of finance and order: changes in the Mexican political elite”, Journal of Latin American Studies, febrero de 1992.

25 Véase Nell Harvey, “Rebellion in Chiapas: rural reforms, campesino radicalism and the end of salinismo” en David Myhre (ed.), Rebellion in Chiapas: Rural Reforms, Campesino Radicalism, and the Limits to Salinismo, La Jolla, University of California‑San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, 1994, p. 7.

26 Para un suscinto análisis de los efectos políticos de las reformas económicas véase: Adam Przeworski, “The neoliberal fallacy”, en Journal of Democracy, vol. 3, núm. 3, julio de 1992, pp. 45‑59. La relación, más general, entre crecimiento económico y ajuste estructural en: Luiz Carlos Bresser Pereira, José María Maravall y Adam Przeworski, Economic Reform in New Democracies, New York, Cambridge University Press, 1992. Sobre el impacto de las crisis económicas en los procesos de apertura y democratización, véase J. Hartlyn y S. A. Morley (eds.), Latin American Political Economy: Financial Crisis and Political Change, Boulder, Colorado, 1986.

27 Neil Harvey, op. cit., p. 5. La dinámica histórica de las revueltas rurales en México ha sido explorada por John Coatsworth, “Patterns of rural rebellion in Latin America: Mexico in comparative perspective”, en Friedrich Katz (ed.), Riot, Rebellion and Revolution: Rural Social Movements in Mexico, Princeton, Princeton University Press, 1988. Sobre Chiapas véase: Neil Harvey, “Peasant strategies and corporatism in Chiapas”, en Joe Foweraker y Ann Craig (eds.), Popular Movements and Political Change in Mexico, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1990; Neil Harvey, “The difficult transition: neoliberalism and neocorporatism in Mexico”, en Neil Harvey (ed.), Mexico: Dilemmas of Transition, London, Institute of Latin American Studies and British Academic Press, 1993; Thomas Benjamin, A Rich Land, a Poor People: Politics and Society in Modern Chiapas, Alburquerque, University of New Mexico Press, 1989; Héctor Díaz Polanco, “El Estado y los indígenas” en El nuevo estado mexicano, vol. 3, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Nueva Imagen, 1992.

28 Neil Harvey, Rebellion in Chiapas…, p. 18. Sobre las complejas dinámicas políticas generadas por el programa nacional de Solidaridad, véase: Jonathan Fox, The politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization, Ithaca, Cornell University Press, 1993, y Wayne Cornelius, Ann Craig y Jonathan Fox (eds.), Transforming State‑Society Relations in Mexico: The National Solidarity Strategy, La Jolla, UCSD, Center for U.S.‑Mexican Studies, 1994.

29 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston, Beacon Press, 1966. En la misma tradición se encuentran: Theda Skocpol, States and Social Revolutions: a Comparative Analysis of France, Russia and China, New York, Cambridge University Press, 1979, y Brian M. Downing, The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe, Princeton, Princeton University Press, 1992.

30 Terry Lynn Karl, “Dilemmas of democratization in Latin America”, en Comparative Politics, vol. 23, núm. 1, p. 6

31 Las democracias políticas han durado sólo en países donde la clase terrateniente ha desempeñado un papel secundario en la economía de exportación o donde la agricultura no represiva ha predominado.

32 Terry Lynn Karl, op. cit., p. 7

33 Aquí sólo esbozo lo que podría ser una explicación en forma de los constreñimientos estructurales a la democratización del sistema político.

34 Sobre los modos de transición, como función de estructuras prestablecidas, véase: Terry Lynn Karl y Philippe Schmitter, “Modes of transitions in Latin America, Southern and Eastern Europe”, en International Social Science Journal, vol. 43, núm. 2, mayo 1991, pp. 269‑285. Un esfuerzo por incorporar factores estructurales así como desarrollos de largo plazo en el análisis de las transiciones en América Latina ha sido realizado por Marcelo Cavarozzi, “Beyond transitions to democracy in Latin America”, en Journal of Latin American Studies, vol. 24, núm. 3 (octubre 1992), pp. 665‑684.

35 Jonathan Fox, “The difficult transition from clientelism to citizenship. Lessons from Mexico”, en World Politics, vol. 46, enero de 1994, p. 207.

36 Ibid. Lynn Karl apunta: “paradójicamente, la herencia dejada por experiencias autoritarias ‘exitosas’, esto es, aquellas caracterizadas por niveles moderados de represión y éxito económico […] puede constituirse en el mayor obstáculo para la futura autotransformación democrática”. Terry Lynn Karl, “Dilemmas of…”, p. 14.

37 Por ejemplo, es ya un lugar común el que los comicios de agosto de 1994 fueron los más concurridos de la historia. Sin embargo, según las cifras oficiales, la participación del electorado en las elecciones presidenciales de 1982 fue del 74.8%, solamente unos cuantos puntos porcentuales por abajo de las elecciones de 1994.

38 Lynn Karl, op. cit., p. 2. Al respecto véase también: Phillip C. Schmitter y Terry Lynn Karl, “What democracy is… and is not”, en Journal of Democracy, vol. 2, núm. 3, p. 76.

39 Lynn Karl, Dilemmas of .., p. 15.

40 Przeworski, Democracy and the Market…, p. 31.