LOS LÍMITES DE LA LIBERALIZACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO

Presentamos el ensayo ganador del Certamen Carlos Pereyra 1994, un ejercicio de reflexión sobre las relaciones entre la sociedad y el Estado mexicanos en los últimos años. ¿Qué ha ocurrido entre ambos en el periodo 1968-1994?

Alteraciones tan profundas -dice el autor- que obligan a redefinir nuestro desordenado y multifactorial imaginario político.

Let go into the mystery Let yourself go

Van Morrison

El sistema político mexicano se encuentra desde hace varios años atrapado por una espesa red tejida por numerosas y complejas tensiones. Las imágenes que de esta situación se desprenden son contrastantes y sus lecturas múltiples. Ellas han sido vistas como la expresión, de un lado, de viejos conflictos que se han acumulado históricamente por el carácter autoritario que ha asumido el ejercicio del poder en México. Pero, de otro lado, éstas son tensiones que también se han mirado como resultado de la erosión de un modo o estilo de desarrollo económico y de una forma de articulación de las relaciones políticas que posibilitaron la estructuración y legitimación de un conjunto básico de arreglos institucionales para el sistema político que funcionó sin alteraciones sustantivas durante casi cuatro décadas. Desde esas perspectivas, ambos factores, el ocaso del autoritarismo y la fatiga de un patrón de desarrollo económico y de articulación política, explican el surgimiento de nuevos actores y mentalidades que desafían no sólo las formas tradicionales del quehacer político en el país sino también la hasta hace poco tiempo incuestionable elasticidad y capacidad reformadora del poder público en México.

En efecto. Todo indica que los diversos acontecimientos sociales, económicos y políticos ocurridos durante los últimos años han puesto a prueba los límites de la prestigiada capacidad reformadora que caracterizaron al régimen político mexicano postrevolucionario. De manera veloz y atropellada, los “hechos” políticos y sociales que se han sucedido durante los últimos lustros revelan una suerte de aceleración del tiempo histórico que ha tomado desprevenidos a los actores políticos que operan tanto desde la cúspide como en los márgenes del sistema político mexicano. En tales circunstancias, las tendencias hacia el reforzamiento de los rasgos autoritarios del sistema, las que apuntan hacia su liberalización, o las que perfilan su democratización, coexisten de manera caótica y conflictiva en una transición cuya aspereza y opacidad vuelve difícil la construcción de certidumbres respecto a su futuro mediato e inmediato.

Explorar dentro y alrededor de estos fenómenos es el propósito de este ensayo. Es, esencialmente, un ejercicio de reflexión que intenta identificar claves para una interpretación global de lo ocurrido durante los últimos lustros en las relaciones entre la sociedad y el Estado en México. En particular, el trabajo contiene un revisión general de las características sociohistóricas esenciales y algunos de los acontecimientos que han impactado al sistema político mexicano en el periodo comprendido entre 1968 y 1994, por considerar que es durante este periodo donde ocurren alteraciones significativas en los circuitos socioeconómicos, políticos y culturales que han caracterizado el desempeño del Estado y de los actores políticos y sociales del México postdesarrollista. El propósito es ofrecer reflexiones, conjeturas e imágenes que permitan visualizar algunos de los cabos sueltos que hacen de este periodo una etapa relevante en la construcción del perfil de la sociedad y el sistema político mexicano de fin de siglo.

La idea central que servirá de hilo conductor a lo largo del ensayo es la de que en el último cuarto de siglo el sistema político mexicano ha experimentado un conjunto de cambios cuyo sentido general incorpora desordenadamente elementos tanto liberalizadores como democratizadores. Desde esta perspectiva, se intentará mostrar cómo la estructura política formal -legal y los procesos informales de legitimación del poder político se han conjugado con la mutación de las mentalidades y la aparición de cambios significativos en el imaginario político de la ciudadanía, produciendo nuevos mitos y realidades que afectan de manera decisiva el desempeño político de los actores de la transición mexicana de las últimas décadas.

Para explorar estas ideas, el trabajo se divide en tres partes. En la primera se presenta un intento por identificar factores claves que permitan construir una base explicativa a los cambios políticos que se han sucedido en el periodo 1968-1994; asimismo, se aborda el significado de los conceptos de liberalización y democratización, y sus relaciones. En la segunda, se describe y analiza de manera sucinta la estructura formal e informal en la que se sustenta el funcionamiento del régimen político mexicano, incluyendo un breve repaso de las formas en que ha sido caracterizado dicho régimen desde diversas perspectivas teóricas de la ciencia política.

En la tercera parte se analiza la trayectoria del sistema político en el último cuarto de siglo, trayectoria que es analizada a partir de algunos de los acontecimientos políticos y sociales más significativos que han ocurrido en el periodo señalado. En este último apartado se incluyen también algunas reflexiones finales a manera de conclusiones. 

I. VENDAVAL CON RUMBOS: ¿LIBERALIZACIÓN O DEMOCRATIZACIÓN?

Desde finales de la década de los sesenta las relaciones entre la sociedad y el Estado en México han entrado en una fase acelerada de cambios políticos que se han asociado a la conformación de una creciente pluralidad social e ideológica y al desvanecimiento de las identidades políticas “únicas”. La imagen (o el mito) de un país donde un partido político -el PRI- asemejaba un gigantesco espejo que reflejaba de manera nítida y homogénea las preferencias y las aspiraciones de los mexicanos, se ha hecho trizas. Dos factores parecen explicar estos fenómenos. Uno, el impacto social y político del proceso de modernización económica. Dos, el desmantelamiento de los controles corporativistas asociados al perfil autoritario del sistema político mexicano. La explicación del primero de ellos tiene soporte teórico en los trabajos de autores como Huntington, quien sostiene que la modernización, es decir, ese proceso multifacético que implica una serie de cambios en todas las zonas de pensamiento y actividad humanas, trae consigo una mayor movilidad social y una acelerada diversificación de las preferencias políticas que van ligadas muchas veces a una creciente institucionalización de la vida política de las comunidades. Cambios económicos y sociales están, así, asociados al perfil del orden -o desorden- político de una sociedad.

El segundo factor tiene que ver con la creciente capacidad de representación y con el aumento del grado de liberalización del sistema político mexicano, proceso que parece estar en relación inversa a los controles corporativos ligados al partido del Estado. Los indicadores de tal proceso son no sólo el lento aunque errático aumento del número de partidos políticos que, desde la reforma política de 1977, han transitado por presidencias municipales, congresos locales, gobiernos de los estados, las cámaras de diputados y, más recientemente, de senadores. También tiene que ver con el desplazamiento (y en algunos casos la franca exclusión) de las cúpulas dirigentes de las tradicionales organizaciones afiliadas al PRI, de los núcleos de decisiones económicas y políticas que se han ido conformando en el último cuarto de siglo, y de la aparición de nuevos centros decisorios en múltiples sectores de la sociedad civil.

Como lo ha señalado Luis F. Aguilar, estos impactos y desplazamientos han alterado de manera sustantiva dos dimensiones de las relaciones tradicionales entre sociedad y Estado. Por un lado, se ha modificado la dimensión de lo público y lo privado, y, por otro, ha cambiado la dimensión de la independencia / dependencia de la sociedad respecto del Estado tanto en el tratamiento de sus asuntos particulares como en el de los asuntos políticos generales. Estos cambios constituyen los registros de la creciente complejización de la sociedad y de los nuevos desafíos que ello plantea al Estado mexicano en un contexto social marcado por enormes rezagos y desigualdades.

El análisis de esos cambios ha orientado la producción de una muy considerable bibliografía en las diversas disciplinas de las ciencias sociales en México. Desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas, el examen sobre el sentido general o sobre aspectos específicos del periodo ha contribuido a ordenar no pocas reflexiones y discusiones sobre la lógica y el desenvolvimiento de lo que se ha dado en llamar convencionalmente como el proceso mexicano de transición política. Sin embargo, parece haber un punto de partida común, no siempre explícito, que consiste en la caracterización del sistema político mexicano contemporáneo como un sistema político autoritario (Molinar, 1993).

Esta caracterización explica, en parte, el éxito de los estudios sobre la transición. Pocos analistas se cuestionan la imagen de que lo que ha venido sucediendo en términos políticos durante los últimos años en el país es un movimiento de transición entre un régimen político y otro, tal y como es definido el concepto por autores como O’Donell y Schmitter (1986). Sin embargo, las perspectivas teóricas difieren en torno al sentido de la transición, es decir, en lo que concierne a la direccionalidad y profundidad de los cambios políticos que han ocurrido durante los últimos años.

En términos de la ciencia política contemporánea, liberalizar” y “democratizar” son conceptos utilizados para designar algunas de las formas que aparecen en el intervalo de la transición de un régimen político a otro. El primero se refiere al proceso de redefinición de los derechos individuales y sociales en un proceso de cambio. El segundo tiene como principio rector de los cambios a la ciudadanía, y está referido a aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la misma son aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios, son ampliadas y extendidas a otros individuos que estaban excluidos de tales derechos y obligaciones, o para abarcar problemas e instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana. 

Aunque los conceptos pueden ser vistos como procesos que podrían sucederse lógicamente en el tiempo -el paso de un régimen autoritario a uno democrático pasa por el camino intermedio de su liberalización antes de la plena democratización-, en el caso mexicano estos procesos han seguido trayectorias llenas de incertidumbres y contradicciones. Para algunos autores, la liberalización se ha mantenido (y utilizado) como una fórmula de estabilización política y de control de los conflictos y cambios políticos del sistema, y la democratización es una fórmula que no ha sido contemplada entre las rutas de transición. En tales circunstancias, la liberalización del sistema ha sido vista muchas veces como un “mecanismo autoritario” que se activa en coyunturas de movilización social o política (Loaeza, 1993).

II. CLAROSCUROS DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

El régimen político surgido de la Revolución Mexicana se estructuró desde sus primeros años en torno a dos procesos fundamentales: el legal-formal que se encuentra contenido en las instituciones políticas y los procedimientos de elección contemplados en la Constitución de 1917 y en el conjunto de disposiciones reglamentarias que se derivan de la misma, y el informal-legitimador que ha corrido paralelo a la estructuración de un sistema de partido casi único desde fines de la década de los veinte hasta bien entrada la década de los ochenta.

Ambos procesos (el “legal-formal” y el “informal-legitimador”) no han sido -como a veces se sugiere- expresiones irreconciliables que explican una versión macropolítica del síndrome del Dr. Jeckill y Mr. Hyde, es decir, dos caras o dimensiones radicalmente diferentes de un mismo sistema político. Por el contrario, dichos procesos han corrido de manera paralela y en muchos casos complementaria a lo largo de casi todo el siglo XX mexicano, y sus puntos de confluencia han alimentado el desarrollo de un sistema político cuyos anclajes legales e institucionales se complementan con múltiples dispositivos simbólicos construidos a lo largo de varios años (González Casanova, 1965; Córdova, 1988). Para decirlo brevemente, éstas son dos dimensiones del “arreglo institucional” que permitió al sistema político mexicano su relativa estabilidad durante casi sesenta años.

Este arreglo se construyó sobre la base de dos influencias ideológicas y sociopolíticas de corte histórico. De un lado, la lucha de los liberales decimonónicos mexicanos y de la corriente liberal que confluyó en el movimiento revolucionario de principios de siglo en México, que tuvo como uno de sus propósitos esenciales el de instaurar un gobierno de leyes y un estado de derecho para el país, donde la ciudadanización de la sociedad aparece como la finalidad primaria de la estructuración política del país. Pero, de otro lado, por el pragmatismo político de los grupos y caudillos revolucionarios, que se orientó a la construcción de un poder institucionalizado donde el presidente y un partido político -el PNR / PRM / PRI- serían las instancias, espacios y mecanismos diseñados para dirimir y encauzar los conflictos políticos. Aunque aparentemente lo escrito (constitucionalmente) y lo hecho (la realpolitik) han sido vistos como dos aspectos divorciados y hasta contradictorios, el segundo fue siempre un proceso que se ajustó formalmente a las disposiciones jurídicas y normativas nacionales, en la perspectiva de la edificación de un orden político-social estable y duradero. En estas condiciones, el sistema de partidos resultante de dicha forma de operar ha sido dominado históricamente por la presencia de uno dominante -el PRI- y un conjunto de partidos pequeños con poco peso relativo en la dinámica política. Sólo es a partir de 1977 cuando los partidos políticos son considerados como “entidades de interés público”, y cuando comienzan a aparecer las señales de tránsito de un sistema de partido prácticamente único a un sistema de partidos más abierto y competitivo.

Visto desde esta perspectiva, se puede explicar el hecho de que las características esenciales del régimen político mexicano permanecieran prácticamente inalteradas hasta mediados de la década de los setentas, cuando la reforma política emprendida por el presidente López Portillo (1976-1982) amplió los márgenes formales de la representación política, e inició lo que bien podría denominarse como la etapa más reciente de liberalización del sistema político mexicano. Sin embargo, es a partir de la conflictiva elección presidencial de 1988 cuando se ha comenzado a hablar en México de la transición de un régimen político autoritario a un régimen más abierto y competitivo. Es una transición que, a la luz de las señales observadas en los últimos años, aparece no tanto como una transición a la democracia sino como un proceso de apertura del sistema con amplias zonas de incertidumbre respecto a su futuro.

El sistema y sus alrededores

El régimen político mexicano ha sido hasta ahora, esencialmente, un régimen presidencialista que opera en el marco de un sistema político autoritario. Este rasgo se constata no sólo por las enormes facultades que aún hoy la Constitución le otorga legalmente a la figura presidencial, o por el cumplimiento de los procedimientos y poderes que diversos autores de política comparada asignan como esenciales para caracterizar a un régimen como presidencialista (Shugartt y Carey, 1992; Duverger, 1978), sino también, y quizá esencialmente, por los orígenes y el papel que la figura presidencial ha jugado en la consolidación del Estado postrevolucionario (el paso del poder del caudillo militar al del poder institucionalizado del presidente de la República) y en la estructuración de las relaciones en las cuales se basa el régimen político mexicano (árbitro supremo de los conflictos entre los grupos y clases fundamentales de la sociedad, impulsor de la organización corporativa, jefe indiscutible del partido hegemónico) (Córdova, 1978).

Desde el análisis del esquema propuesto por autores como Lijphart (1987), el caso mexicano incorpora, desde el punto de vista legal-formal, elementos tanto de modelos de democracia mayoritaria como de los de democracia consensual. Del primer modelo, el caso mexicano toma los que se refieren a la concentración del Poder ejecutivo en manos de un solo partido, y donde el presidente tiene la libertad de nombrar, sin la intervención del parlamento (salvo para aprobarlos), a los miembros de su gabinete; por otro lado, del modelo mayoritario, el régimen político de México toma su sistema electoral cuyo eje esencial es el principio de mayoría relativa, aunque desde 1977 ha incorporado el principio de representación proporcional en dicho sistema.

Los elementos que coinciden con el modelo consensual son: la separación de poderes, la existencia del bicameralismo, la presencia de un sistema multipartidista moderado (existen actualmente cuatro partidos políticos que tienen representación en el congreso, aunque es muy clara la tendencia a la concentración del voto en tres de ellos), que se asocian a cierta multidimensionalidad en el espectro ideológico que cubren dichos partidos (PRI, centro, PAN, derecha, PRD, izquierda), así como la existencia del federalismo y una constitución escrita que regula y sanciona la vida política del país.

Sin embargo, estos elementos estrictamente formales son opacados por un examen empírico del funcionamiento del sistema, examen que ha nutrido de argumentos democratizadores a las oposiciones políticas partidarias tanto de izquierda como de derecha en los últimos años. Un inventario rápido de ellas sería: la tradicional subordinación del Legislativo frente al Ejecutivo; la duplicidad de funciones de las dos cámaras e irrelevancia de muchas de ellas en el caso de la Cámara de Senadores; la predominancia de un partido por sobre los otros, en virtud de la fusión entre el gobierno y el PRI; la débil vigencia del pacto federal en virtud de un centralismo político-administrativo de facto; la lejana relación entre las normas constitucionales y las prácticas político-institucionales cotidianas.

El resultado histórico -y vigente, en términos generales, hasta la década pasada- de la articulación de estos elementos fue la presencia de un gobierno fuerte apoyado en un régimen político poco competitivo basado en un sistema electoral cuyas condiciones elementales de competitividad (recursos financieros, acceso a medios de comunicación, infraestructura partidaria) han resultado inequitativas para los partidos de oposición, no obstante que en los últimos años se han realizado importantes reformas a la legislación electoral por reducir y eliminar los efectos de dicha inequidad.

Partidos, sistema de partidos, sistema electoral

Actualmente, del total de los partidos políticos nacionales registrados legalmente ante el Instituto Federal Electoral, sólo tres de ellos constituyen alternativas partidarias consistentes y atractivas para los electores. La representatividad político-electoral de los partidos políticos en México -medida, por ejemplo, y tal y como lo sugiere Sartori (1976), a través de los escaños que tienen en el parlamento federal o en los estatales, o de su presencia en puestos de elección municipal-, gira alrededor de cuatro o cinco de ellos, existiendo una diferencia abismal entre el PRI y el resto de los partidos políticos nacionales, en términos de su peso en el conjunto de las instituciones de representación política federal, estatal y municipal.

Ello ha dado como resultado la conformación de un régimen político de partido casi único, cuyo mecanismo histórico de influencia político-electoral está basado esencialmente en el control corporativo de las masas. Sin embargo, desde hace algunos pocos años, esta situación ha comenzado a transformarse de manera vertiginosa, transformación cuyo sentido general ha sido caracterizado por algunos autores como el paso de un sistema político prácticamente monopartidista a uno pluripartidista (Woldenberg, 1992).

Por otro lado, el sistema electoral mexicano reproduce uno de los rasgos esenciales de su sistema político: la fusión del gobierno con el partido dominante y el carácter no competitivo del sistema electoral mexicano. A pesar de las reformas a la legislación electoral mexicana que se han sucedido en 1977, 1986, 1990 y 1993, el sistema electoral mexicano ha estado diseñado para consolidar este rasgo. La intervención del gobierno en la organización y sanción de los resultados electorales, la normas y procedimientos de integración de la representación proporcional en las Cámaras, o la inequidad en la aplicación de la legislación electoral a los partidos, se combina con el uso (selectivo o extenso, según el caso) del fraude electoral o la movilización clientelar a favor del PRI (Molinar, 1988; Woldenberg, 1991). 

A diferencia de otros sistemas políticos de América Latina (Nohlen y Thibaut, 1992), en México la representación política en el parlamento se configura esencialmente a través del principio de mayoría, y sólo a partir de 1977 se introduce de manera complementaria el principio de representación proporcional en el nivel municipal, estatal y federal (aunque en el caso de la elección de senadores se introduce hasta 1994 el principio de primera minoría). Ello ha dado como resultado una habitual sobrerrepresentación en el parlamento del PRI y una consiguiente subrepresentación de los partidos de oposición (históricamente del PAN y, más recientemente, del PRD).

Hasta 1993, los resultados de este funcionamiento electoral resultaron esencialmente congruentes con un diseño institucional orientado no a democratizar sino a liberalizar paulatinamente el sistema político mexicano. Es decir, se trataba de un sistema electoral concebido para ampliar los márgenes de la representación política de la oposición partidaria al PRI, pero sin que ello significara poner en riesgo la hegemonía de este partido en el sistema. El saldo de esta lógica de operación del sistema fue y ha sido la observancia de un alto grado de gobernabilidad asociado a una baja institucionalización de las prácticas democráticas en el gobierno y en la sociedad.

Con todo, la lógica autoritaria de operación del sistema político mexicano entró desde los primeros años de la década de los ochentas en un proceso de deterioro que alcanzaría su punto más alto y visible durante las elecciones presidenciales de 1988. Las reformas político-electorales que se habían implementado con el propósito de regular los conflictos del sistema sin que éste perdiera sus rasgos históricos esenciales, comenzaron a mostrar sus límites frente a una sociedad más compleja, plural, heterogénea y demandante. En estas condiciones, el sistema político ha enfrentado continuamente el dilema de continuar por el camino de la liberalización o de avanzar decididamente por el de la democratización. La historia de los últimos años ilustra las múltiples dificultades y riesgos de ese dilema.

III. DE TLATELOLCO A OCOSINGO: RUTAS Y ENCRUCIJADAS

Analizado desde una perspectiva sociológica, durante los últimos veinticinco años el sistema político mexicano ha sido sacudido por movimientos de alguna manera inesperados, en cierta medida incontrolables y, vistos desde la dominante lógica autoritaria con que opera el propio sistema, atípicos y amenazadores. De la lluviosa y trágica tarde del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en pleno corazón político y cultural del país, a la sorprendente madrugada nebulosa y fría del 1 de enero de 1994, en algunos municipios de la selva chiapaneca -el sur profundo del México moderno y ancestral-, el Estado y la sociedad mexicana han ido recomponiendo relaciones, pautas de dominación / subordinación, códigos de comportamiento y señas de identidad.

Para efectos de ordenar un análisis más específico sobre los impactos que sobre el sistema político han tenido los cambios ocurridos en el transcurso de este período, tal vez resulte útil caracterizar a este periodo en los términos que Norbert Elias denomina como un periodo de cambios en la estructura social o de sus aspectos parciales, pero cuya direccionalidad no implica una diferenciación e integración social creciente o decreciente.

Bajo esta perspectiva, puede conjeturarse que el periodo mencionado ha sido un proceso de cambios sociales y políticos parciales que han afectado de manera diversa distintas zonas del sistema político y de la estructura de poder a él asociado, pero que también han influido en la activación de transformaciones profundas en la cultura política de franjas sociales importantes, así como en la recomposición de las relaciones entre el Estado y sociedad civil. A la lógica de inclusión autoritaria que funcionó eficazmente durante cerca de cincuenta años en el régimen político mexicano, se ha opuesto en los últimos veinticinco una lógica -o la combinación de varias de ellas- que expresan un silencioso pero firme impulso liberalizador de la vida pública y del sistema político.

Estos cambios han sido a la vez reales e imaginarios. Reales en el sentido en que se han materializado en reformas parciales del sistema político (que incluyen sucesivas reformas político-electorales que datan desde 1977 hasta nuestros días), el surgimiento de nuevas organizaciones y actores políticos y sociales en no pocos sectores urbanos y rurales, el fortalecimiento de una ciudadanía atenta a los excesos -y las debilidades- del poder público, y la construcción de espacios de crítica y debate en los medios masivos. Imaginarios porque en el mundo de las representaciones y las mentalidades de extensas zonas de la sociedad mexicana contemporánea, referentes tradicionales como el Estado, la Revolución del 17, el PRI, el presidente, los partidos políticos, el nacionalismo revolucionario, parecen constituir hoy frágiles asideros simbólicos de un proceso acelerado de desvanecimiento y reinvención de las creencias y los mitos en una sociedad cada vez más compleja. La impresión que resume el impacto de este proceso es que la cultura política de los mexicanos es hoy un conjunto abigarrado de culturas políticas singulares y fragmentarias, habitadas por fantasías, deseos, creencias y mitos de muy diversa índole, que opera en un sistema político cuyas principales certidumbres se han desvanecido aceleradamente en los últimos años.

Estaciones de un itinerario inconcluso

Visto en su conjunto, el periodo que corre desde 1968 hasta nuestros días es un tiempo opaco iluminado por destellos dispersos localizados en diferentes espacios y coyunturas. De Tlatelolco al jueves de corpus, de la guerrilla urbana, la exclusión político electoral de la izquierda y la ebullición del sindicalismo universitario a la reforma política de 1976-1977, de los terremotos de 1985 a la áspera y conflictiva elección presidencial de 1988, y de ahí a la violenta y sorpresiva irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el escenario político mexicano, el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y las elecciones federales del 21 de agosto pasado, es posible encontrar algunos de los cabos sueltos que pueden atarse para comprender la extensión, alcances, y posibles direccionalidades del proceso iniciado hace un cuarto de siglo.

Mitos y realidades se confunden en la imaginería política y social mexicana. Actores y observadores, protagonistas y espectadores de este periodo de la historia nacional comparten algunos de esos mitos, creencias y preferencias explicativas, pero también han construido desavenencias, interpretaciones alternativas y cursos diversos de acción política y social. Que la permanencia de la mitología mexicana opaque las nuevas realidades, o que sobre de éstas se construyan nuevos mitos es, para algunos observadores de las relaciones entre el Estado y la sociedad mexicana finisecular, una operación esencialmente ideológica impulsada por el sistema de dominación con el propósito de reforzar las bases de su legitimidad. Para otros, los mitos y las realidades cobijadas en el gran arco del tiempo comprendido entre 1968 y 1994 son el producto de un conjunto de tensiones no resueltas entre Estado y sociedad que tienen efectos contradictorios y confusos en términos de la legitimidad política del régimen. Pero en uno y otro caso, se reconoce el valor de los mitos como sistemas de creencias e imaginarios de grupos específicos de la sociedad mexicana que integran, junto con la historia, las invenciones oficiales y las invenciones colectivas, lo que se ha dado en llamar la “identidad nacional”.

Así, 1968 es un año que evoca, al mismo tiempo y en diferentes territorios del imaginario político-social, represión y rebelión, democracia utópica e inflexibilidad estatal, despertar popular y endurecimiento político. La tragedia, madre protectora de los mitos, tendió su oscuro manto simbólico para facilitar el florecimiento de explicaciones parciales, tesis sin fundamentos empíricos suficientes, interpretaciones maniqueas que, desde el gobierno o desde la oposición a él, se han generalizado. Pero en términos políticos, el movimiento del 68 cuestionó por vez primera el mito de la unidad nacional, el sueño mexicano afianzado en el nacionalismo y el monopartidismo, y la apacible y tersa imagen de un sistema político funcionando de manera aceitada sobre los resortes y mecanismos corporativos. En estos términos, el 68 constituye uno de los primeros fenómenos modernos y modernizadores de la vida política mexicana.

La década de los setentas es pródiga en acontecimientos que sacuden las buenas conciencias gubernamentales y el sentido común que homogeneiza la normalidad mexicana. El “síndrome de Jezabel” aparece en zonas relevantes de la sociedad mexicana, poblando de terroristas, guerrilleros, sindicalistas democratizadores, activistas de izquierda, el hasta entonces aparentemente pacífico escenario político mexicano. Estos son los marginales, los losers de luchas opacas en torno a la democracia, la justicia o la libertad, que enarbolan reivindicaciones justicieras, sueños mesiánicos, o aspiraciones reformadoras, democratizadoras y nacionalistas. Los efectos de estas apariciones son, en términos de las relaciones entre la sociedad y el poder, muy parecidos: primero, exclusión, represión, guerra sucia y, en algunos casos, exterminio; después, inclusión, normalización, reformas parciales de las fronteras del sistema político.

En los ochentas, tres momentos aparecen como relevantes en la perspectiva de este recuento: el inicio de la crisis económica en 1981-1982, los terremotos de 1985, y las elecciones presidenciales de 1988. Estos acontecimientos expresan tres procesos que, por sus efectos, se encadenan para producir transformaciones sensibles en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil mexicana. El primero anunció el principio del fin del modelo desarrollista mexicano iniciado desde la década de los años cuarenta, en donde el pacto corporativo entre el Estado y el capital, entre el Estado y los enclaves organizados hegemónicos de las clases dominadas, se tradujo en una creciente expansión de la intervención estatal en la economía, en la sociedad y en la política. La crisis de la deuda fue no sólo el detonante de la crisis económica más dura y larga del México postrevolucionario, sino también la evidencia empírica de la “fatiga histórica” del Estado interventor (Aguilar Camín, 1988), y el inicio de una erosión irreversible de las bases de apoyo del autoritarismo mexicano. A partir de ahí, puede apreciarse, más de una década después, el sentido de la profunda reforma estatal y económica que caracteriza el nuevo modelo de crecimiento adoptado tras dos sexenios de administración gubernamental.

Los terremotos ocurridos en la Ciudad de México y otras regiones del país en septiembre de 1985 constituyen otro momento importante entre las modificaciones del sistema político y la sociedad mexicanas contemporáneas. Al desconcierto y la desmovilización propias de este tipo de tragedias, se sumó la débil capacidad de respuesta del sistema político y la errática intervención gubernamental para enfrentar las consecuencias sociales del desastre. En el contexto de una sociedad resentida por los efectos de la crisis económica, el terremoto se convirtió no sólo en un acontecimiento catalizador de nuevas identidades políticas -que expresan el surgimiento de organizaciones sociales de damnificados y nuevos movimientos urbano-populares-, sino también en la fuente de numerosos mitos políticos y sociales que contribuyeron a alimentar esa identidades y a conformar una cultura política antigubernamental y antipartidista en sectores importantes de la población urbana.

Estos cambios contribuyeron, por lo menos en parte, al proceso de erosión del gran pacto corporativo mexicano y la crisis de legitimidad del sistema político a él asociado, cuyo punto más conflictivo y espectacular lo constituyeron las elecciones presidenciales de julio de 1988, cuando los severos programas gubernamentales de ajuste encaminados a superar la larga crisis económica de los ochenta, la antidemocracia, la rigidez y el autoritarismo del sistema político mexicano, y la emergencia de una ciudadanía que reflejó su pluralidad en votos electorales, fueron factores cuyos efectos combinados materializaron el descontento y la irritación cívica por las formas y los contenidos no sólo del sistema político mexicano, sino también por el rumbo que por las medidas anticrisis había tomado el gobierno delamadridista. El impacto de esta rebelión cívica mostró el rostro del México que no cabe ya en el PRI, aquel que ya no cree tan firmemente en las promesas del Estado de la Revolución, ni en la generosidad y omnipresencia del presidente de la República. Es el México urbanizado y alfabetizado, habitado por los sectores clasemedieros que vieron pasar a varias de sus generaciones por las aulas de las universidades públicas y que crecieron escuchando rock, leyeron los artículos y libros que hablaban sobre los grandes mitos nacionales, que se integraron silenciosamente al anonimato que proporciona ser espectador de las medios masivos de comunicación, y se sintieron herederos de los mártires reales e inventados de los movimientos populares surgidos por fuera de las rígidas estructuras del poder político en México.

En estas condiciones, la estrategia liberalizadora que había sido utilizada con relativo éxito por el sistema político mexicano durante casi cuatro décadas mostró, por primera vez, sus límites. Lo que 1988 puso en la mesa de la discusión nacional fue la necesidad de democratizar al sistema, es decir, de transitar pacíficamente de un régimen autoritario a uno democrático, sin estaciones intermedias de apertura del mismo, viejo sistema político autoritario.

Marcas del presente, ¿rostro del futuro?

El salinismo se enfrentó al dilema de desmontar el autoritarismo y sentar las bases del tránsito pacífico para la construcción de un sistema político democrático, arriesgando con ello la hegemonía del PRI y la relevancia de la figura presidencial, o de estirar al máximo los límites del sistema autoritario a fin de mantener la estabilidad política y la gobernabilidad. En un contexto de marcada irritación social y política, el salinismo optó por la segunda alternativa.

Pero, al lado de ello, emprendió una profunda reestructuración económica combinada con una reorientación y disminución de la intervención estatal en la misma. Privatización de empresas públicas, apertura hacia el exterior, fortalecimiento de las relaciones con el sector empresarial, fueron cursos de acción gubernamental de una política económica cuyo antecedente más importante fue esa especie de “obra negra” que en el ámbito económico el delamadridismo había construido durante los años anteriores.

En términos del sistema político, durante los primeros años del salinismo la estrategia consistió en reconocer el fin de la era del partido único y el principio de un nuevo y verdadero sistema de partidos que reflejaran la pluralidad ideológica y política existente en la sociedad mexicana. Por otro lado, hacia el interior del propio PRI se iniciaron acciones destinadas a dar mayor autonomía real a la figura presidencial, liberando a ésta de los lastres (y las presiones) del viejo sindicalismo y de las figuras corporativas. El resultado fue el de la reestructuración de los términos tradicionales del autoritarismo mexicano y de una limitada pero efectiva ampliación de la representatividad e importancia política de un sector estratégico de las fuerzas políticas mexicanas: la que representa el PAN.

En el transcurso del sexenio salinista, la liberalización del sistema político mexicano apareció como una suerte de liberalización asimétrica, es decir, orientada a integrar, reconocer y estimular fundamentalmente a una parte de las fuerzas que operan en el sistema político -la representada por el PAN- mientras que excluyó, simultáneamente, a otras de las fuerzas que también operan en él (principalmente, la representada por el PRD). Durante el salinismo, el perfil de los conflictos regionales, el reconocimiento de los triunfos del PAN en dos estados de la República -Baja California Norte y Chihuahua- y la designación de un miembro de este partido como gobernador interino en otro -Guanajuato-, parecen mostrar la validez de una hipótesis como la anterior.

En alguna medida, esta liberalización asimétrica quedó plasmada en las reformas (y resultados) electorales ocurridos en la elección presidencial del pasado 21 de agosto, aunque a ello contribuyó decisivamente el desempeño de los propios partidos políticos en la promoción de sus candidatos y sus programas. Pero esas reformas y resultados no hubieran sido posibles sin el relativo éxito de las transformaciones económicas que habían redituado un genuino prestigio y legitimidad al régimen político durante el sexenio. La reestructuración de la deuda externa, la privatización de una parte enorme del sector público, el aumento del gasto social vía programas como Solidaridad, las reformas a las relaciones en el campo y con las iglesias, la firma del TLC, se constituyeron como los soportes “duros” y simbólicos de un proceso de liberalización política cuyos aspectos más álgidos y conflictivos se pensaban dejar, aparentemente y por lo menos, hasta el siguiente sexenio.

Pero en este clima de optimismo económico y de relativa certidumbre política aparece, sorpresivamente, la rebelión de Ocosingo, en Chiapas. En un escenario donde la modernización económica parecía haber devuelto buena parte de la legitimidad perdida al régimen político, cuando la mayoría de las élites empresariales y gubernamentales y la sociedad urbanizada concentraba su mirada -y sus expectativas- hacia el norte, cuando los partidos políticos (sobre todo el continente izquierdo) aparentemente habían logrado consensos mínimos en torno a la necesidad de fortalecer los procedimientos democráticos que implican los procesos electorales en el país, en el extremo sur del país irrumpe en un puñado de municipios de la selva chiapaneca un contingente armado pidiendo el derrocamiento del presidente de la República, declarando la guerra al ejército y exigiendo democracia, justicia, libertad.

Si el impacto psicológico de la noticia de lo que ocurrió en Tlatelolco en 1968 para muchos sectores de la sociedad mexicana había sido, según escribió Poniatowska en La noche de Tlatelolco, como un “mazazo en la cabeza”, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional constituyó para la sociedad mexicana lo que Octavio Paz ha denominado como una sensación de “regreso al pasado”. En un primer momento, la rebelión chiapaneca activó los resortes más profundos y enmohecidos del autoritarismo del sistema político mexicano, y cuestionó no sólo los alcances de la modernización económica salinista, sino también la vocación democrática que aparentemente se había extendido por todos los sectores del sistema político mexicano. Sin embargo, poco después, el gobierno salinista echó mano de los recursos de la negociación y el diálogo, viejas cartas de la tradición estatal postrevolucionaria, con el objeto de enfrentar con política y no con las armas la violenta acción de un grupo de perfil típicamente antisistema.

Pero la aparición del EZLN y su reivindicación de la violencia como un medio legítimo de lucha social y política, dio lugar al (re)surgimiento de mitos que se creían extinguidos. De un lado, en el izquierdo, los mitos de la revolución, de la violencia como la continuación de la política por otros medios, de la figura del héroe guerrillero, del “foquismo”; del otro lado, el derecho, la amenaza extranjera, la teoría de la conjura postcomunista; y en el centro, en el espacio simbólico y real ocupado por el Estado y el PRI, reaparecieron, por lo menos fugazmente, los mitos de la democracia y el nacionalismo, esas grandes ficciones y verdaderos mitos fundadores de la identidad mexicana.

Pero lo más grave estaba por venir. En marzo, el asesinato del candidato presidencial del PRI se constituyó como una de las más poderosas señales de que nuevas fuerzas e individuos se movían entre los sótanos y las sombras de la política y la sociedad exigiendo su cuota de sangre a un sistema al que descalificaban por muy diversos argumentos. En septiembre, el asesinato del secretario general del mismo partido confirmó la sensación de incertidumbre respecto a la capacidad reformadora ya no sólo del sistema sino del mismo PRI. No obstante, las nutridas y pacíficas elecciones de agosto proporcionaron certezas básicas a la necesidad de transitar por una institucionalización paulatina de formas y contenidos democráticos para cohesionar civilizadamente a una sociedad y un Estado en continuo y acelerado movimiento.

Ante ello, las relaciones entre el sistema político y las varias sociedades mexicanas vuelven a poblarse hoy como en otros momentos de múltiples incertidumbres y polaridades. Las creencias en la viabilidad de la democracia y el aparente consenso en la necesidad de modernizar al país, se enfrentan a los reclamos del México profundo, a los excluidos y marginados por la antidemocracia y la desigualdad, la injusticia y la corrupción. Más allá de las formas en que se resuelvan las recientes polarizaciones, las secuelas del enfrentamiento se convertirán en las cicatrices que, junto con las que se han formado en los últimos veinticinco años, marcarán el rostro del sistema político mexicano en el tramo final del siglo XX. Pero también señalarán, con alguna precisión, los límites infranqueables de la liberalización política y las nuevas rutas que hay que abrir o consolidar para la construcción de la democracia mexicana.

En este contexto, el inicio de un nuevo gobierno enfrenta una complejidad social y política cargada de nuevos y viejos desafíos. Reforma del Estado, separación entre partido y gobierno, desarrollo económico, derechos humanos, combate a la desigualdad y a la pobreza extrema, reforma del sistema de justicia, políticas públicas inclusivas y eficaces son sólo algunos de los puntos de una agenda que implica cuotas enormes de voluntad política y de imaginación institucional frente y con el nuevo gobierno para su abordaje productivo y efectivo. La accidentada, difícil historia de los últimos años, con su mezcla desordenada de haberes y saldos, de desvanecimientos y re-construcciones inconclusas, se constituirá, sin duda, en su ineludible referente.

REFERENCIAS

Aguilar Camín, Héctor. Después del milagro. Cal y Arena, México, 1988. “La invención de México”, Nexos, núm. 187, julio, 1993.

Aguilar Villanueva, Luis F. “Política pública y Gobierno del Estado”. La revista del Colegio. Año II, núm. 4, octubre de 1990.

Aziz Nassif, Alberto. “Los partidos políticos en México: una mirada frente a 1994″. Perfiles Latinoamericanos. Año 2, núm. 3, diciembre de 1993. FLACSO-México.

Bartra, Roger. La jaula de la melancolía. ERA, México, 1987. Las redes imaginarias del poder político. ERA, México, 1981.

Córdova, Arnaldo. La formación del poder político en México. Ed ERA, Serie popular, 6a edición, México, 1978.

“La Constitución y la Democracia”. En: Cordera, R, Trejo, R, Vega, J. (coords.) México: el reclamo democrático. Siglo XXI, México, 1988.

Dahl, Robert A. La Poliarquía Participación y oposición. Rei, México, 1993.

Duverger, Maurice. Instituciones políticas y Derecho constitucional. Ed. Ariel, Col. Demos, Barcelona, 1978.

Elguea, Javier. “Los sismos de 1985 y el comportamiento de ayuda entre los mexicanos: mitos y realidades”. En Bazdresch, C., Bucay, N., Loaeza, S., y Lustig, N. (comps.) México. Auge, crisis y ajuste. FCE, Col. El Trimestre Económico. Núm. 73, México, 1992.

Elias, Norbert. El proceso de la civilización. FCE, 2a. ed., México, 1989.

Escalante, Fernando. Ciudadanos imaginarios. El Colegio de México, México, 1992.

González Casanova Pablo. La democracia en México. ERA, México, 1965.

Huntington, Samuel. El orden político en las sociedades en cambio. Paidós, Argentina 2a reimp., 1992.

Lijphart, Arend. Las democracias contemporáneas. Un estudio comparativo. Ed. Ariel, Barcelona 1987.

Loaeza Soledad. “La incertidumbre política mexicana”. Nexos, núm. 186, junio, 1993.

“Delamadridismo: la segunda modernización mexicana”. En Bazsdresch, C., et. al. op. cit.

Molinar Horcasitas, Juan. “La asfixia electoral”. En R. Cordera, Raúl Trejo, J. E. Vega (coords.). México: el reclamo democrático. Ed. Siglo XXI, México, 1988.

“Escuelas de interpretación del sistema político mexicano”. Revista Mexicana de Sociología. Año LV, núm. 2, abril junio de 1993.

Nohlen, Dieter y Thibaut, Bernhard. “Sistemas electorales y representación política”. Publicado en el semanario Etcétera. Núm. 10, 8 de abril, 1993. México.

O’Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe C. Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Paidós, Argentina, 1a. reimp., 1991.

Sartori, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis. Vol. 1, Alianza Ed., Madrid, 1976.

Shugartt, Matthew y Carey, John. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge y New York: Cambridge University Press, 1992.

Weber, Max. Economía y Sociedad. FCE, 7a. reimp., México, 1984.

Woldenberg, José. “Democracia y sistema electoral”. En J. L. Barros, J. Hurtado, G. Pérez (comps.) Transición a la democracia y reforma del Estado en México. Ed. Porrúa, México, 1992.

“¿Del monopartidismo al pluripartidismo?”. En Garretón, Manuel A. (coord.) Los partidos políticos en el inicio de los noventa. FLACSO-Chile, Santiago, 1992 (mimeo.)