CUADERNO NEXOS

Carta desde Washington

Nora Lustig. Economista. Investigadora de la Brookings Institution de Washington.

Los resultados de las elecciones estadunidenses del pasado 8 de noviembre han despertado múltiples especulaciones y pronósticos sobre sus causas y efectos. Para México hay, probablemente, una mezcla de buenas y malas noticias, aunque tal vez predominen las malas. Entre las noticias buenas, se tiene el hecho de que el triunfo republicano (independientemente de preferencias partidarias) reduce la fuerza de las presiones anti-TLC dentro y fuera del congreso, presiones que se hubiesen manifestado en iniciativas dirigidas a dificultar la plena implementación del tratado.

Entre las malas noticias destacan dos: el nombramiento de Jesse Helms como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y la aprobación de la proposición 187 y su papel en el triunfo de Wilson en California. El ascenso de Helms es verdaderamente desafortunado por su pensamiento conservador retrógrado y su estilo maniqueo de hacer política. Esperemos que no cometa la tontería de volver a los días del México Bashing y, si lo hace, que sus compañeros de partido lo detengan.

La aprobación de la proposición 187 es ominosa. Más allá de las consideraciones éticas o morales, su aprobación es un anticipo de lo que posiblemente se constituya en el factor de mayor fricción en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos y que además no tiene fácil solución. Significa que tomar una posición firme en contra de los inmigrantes indocumentados genera claros dividendos políticos y, por ello, muchos candidatos se verán tentados a utilizar ese recurso. Peor aún, como ha ocurrido con la posición llamada anticrimen, puede ocurrir que los candidatos entren en una asidua competencia para demostrar quien es más “cabrón” con respecto a los indocumentados. La desgracia es que esta posición apela a sentimientos de bajo calibre de la población y exacerba tendencias racistas.

No obstante, sería erróneo que en México se tomara la aprobación de la 187 como una afrenta nacional ejercida por los Estados Unidos como un todo. En primer lugar, la iniciativa y su fuerza -por ahora- estuvo localizada casi exclusivamente en California. Es curioso, pero durante mucho tiempo en que el tema adquiría enormes proporciones en la prensa mexicana, ni el Washington Post ni el New York Times le dedicaban atención. Es más, el tema no apareció entre las preocupaciones del establishment político e intelectual de Washington sino hasta casi el final. En los Estados Unidos no es un problema de proporciones nacionales. Es interesante notar que, por ejemplo, en Washington, D. C., donde hay una población inmigrante no trivial, está prohibido por ley averiguar el status legal de las personas cuando demandan servicios públicos. En segundo lugar, la administración Clinton y, en particular, la comisionada de los servicios de inmigración y naturalización tienen una posición decente y empática frente al problema. Doris Meissner, la comisionada, dedicó muchos años a estudiar el problema migratorio desde su posición como investigadora del Carnegie Endowment y es conocida por la profundidad, integridad y espíritu de justicia con que los enfrenta. Pero tanto ella como Clinton se mueven dentro de fuertes restricciones determinadas por las preferencias de la población y el uso político que candidatos como Wilson hacen del tema. Un ejemplo de las limitaciones a las que se enfrenta Doris Meissner es lo que ocurrió con la operación bloqueo en El Paso. La decisión de llevar a cabo dicha operación fue hecha por un funcionario local sin consultarlo con las autoridades en Washington. La comisionada se enteró ex-post factum porque en sentido estricto el funcionario local estaba cumpliendo con su deber. No obstante, a pesar de las limitaciones la administración de Clinton presenta la oportunidad de trabajar sobre el problema con espíritu cooperativo y buena fe.

En tercer lugar, la reacción en contra del flujo migratorio indocumentado no es exclusiva de los Estados Unidos. Según un reporte reciente de la OCDE, todos los países avanzados han endurecido sus políticas para frenar la migración, incluyendo países otrora exportadores de mano de obra como Grecia, están interesados en reducir la inmigración de indocumentados.

Por último, hay que recordar que la población de Estados Unidos es poco generosa incluso con sus mismos desvalidos económicamente. Las dificultades que ha tenido Clinton para poder armar una propuesta de salud pública son evidencia de la reticencia del pueblo estadunidense de otorgar beneficios gratuitos. Ni siquiera se aprobó la iniciativa de Clinton de proveer las imnunizaciones contra enfermedades contagiosas de manera universal y gratuita. El consabido cliché de que la ética protestante exige que uno todo se lo gane con el esfuerzo forma parte entrañable de la sociedad vecina.

En Estados Unidos (así como en otros países) la intensificación de los esfuerzos para reducir el flujo de inmigrantes indocumentados responde a un creciente sentimiento anti-inmigrante en muchos sectores de la población basado principalmente en la percepción de que los inmigrantes ilegales tienen un costo económico. Dicha percepción se transforma en intolerancia cuando la situación económica local se torna precaria, como ha sido el caso en California. Los argumentos más comunes son que la presencia de los indocumentados aumenta el desempleo y baja las remuneraciones de la población local o que hacen uso “ilegítimo” (porque son ilegales y no pagan el impuesto sobre la renta ni contribuyen a la seguridad Social) de los servicios públicos gratuitos o subsidiados sobre todo en educación y salud.

Estos argumentos han sido sujetos a análisis empírico, pero los estudios no abundan y sufren de limitaciones importantes sobre todo por la falta de información de buena calidad. Un reporte de la OCDE dedicado al tema de migración que resume los resultados de las investigaciones disponibles muestra que aunque en algunos casos el incremento del flujo migratorio puede llegar a tener un efecto negativo sobre los salarios y el empleo de los trabajadores locales, sistemáticamente, ese efecto es muy pequeño. En algunos estudios el efecto es nulo y en otros es positivo. El único grupo que puede llegar a sufrir efectos negativos mayores son los inmigrantes mismos.

El reporte de la OCDE también resume los resultados de analizar el impacto neto sobre la carga fiscal. Con la poca información disponible la conclusión parece ser que a nivel federal el impacto de los inmigrantes es nulo o positivo. Sin embargo, algunos autores han encontrado que el gasto público “asignado” a los inmigrantes recae más en los estados y en los gobiernos locales que en el federal.

Una primera conclusión es que urge una cuantificación seria de los impactos de la migración indocumentada en el mercado de trabajo y la carga fiscal de los Estados Unidos, tanto nacional como regional, así como el impacto sobre el mercado de trabajo, la pobreza y la cuenta corriente de la balanza de pagos de México. Si bien contar con estimaciones objetivas de la dimensión del problema no significa que se evite el uso maniqueo de la inmigración ilegal por parte de políticos (sobre todo aquellos con pocos escrúpulos), la información puede contribuir a debilitarlo. En segundo término, una cuantificación de los impactos puede dar una idea más clara sobre los costos económicos de solucionarlos o, mejor dicho, mitigar la irritación política. Los gobiernos de Estados Unidos y México de hecho ya se comprometieron a llevar a cabo dicho análisis, entre 1995 y 1997, con la ayuda de centros académicos en ambos países.

Eventualmente, a medida que en México el ingreso per capita crezca y la transición demográfica se asiente, el problema desaparecerá. Este fue el caso, por ejemplo, de Grecia. Durante muchos años Grecia fue exportadora de mano de obra hasta que alcanzó niveles de vida suficientemente altos como para disminuir el interés o la necesidad de sus habitantes de migrar. En el caso de México, esto puede ocurrir en un lapso de quince o veinte años. No quiere decir que en ese lapso el ingreso per capita o el salario medio de México alcance el de los Estados Unidos. Pero es factible que al cabo de ese lapso lo que gane un trabajador en México sea suficiente para vivir fuera de la pobreza y la brecha de ingresos entre los dos países se achique lo suficiente como para que no compense el esfuerzo de emigrar.

Mientras tanto es imprescindible encontrar formas para que la respuesta a la irritación de la población de los Estados Unidos no descanse principalmente en mecanismos represivos como son la intensificación de las barreras, vigilancia y persecución en la frontera o negar el acceso de los inmigrantes ilegales a los servicios públicos, como lo propone la iniciativa 187. De aplicarse en serio, la 187 puede tener una serie de efectos indeseables para el propio estado de California como son convertir a parte de los empleados públicos en escuelas y centros de salud en policías y, peor aún, propagar enfermedades contagiosas y el analfabetismo.

Una estrategia constructiva tendrá que trabajar en varios frentes: el económico, el político y el social, y contar con la cooperación de ambos gobiernos. En el frente económico se tendrán que explorar formas de usar fondos de, por ejemplo, el recientemente creado Banco de Desarrollo de Norteamérica para financiar proyectos en ambos países. Proyectos que creen alicientes para que la población permanezca en México en la frontera y en las zonas de emigración fuerte y proyectos que compensen de alguna manera la “sobrecarga” fiscal de los inmigrantes ilegales cuando se justifique. También sería conveniente explorar la posibilidad de instrumentar programas de migración legal temporal. En el frente político, es importante identificar en los Estados Unidos las coaliciones que se oponen a las medidas anti-inmigrante represivas y movilizarlas. En el frente social se pueden explorar formas para influir sobre la opinión pública con el objeto de destruir mitos, prejuicios y tendencias racistas.

La cooperación de ambos gobiernos para encontrar soluciones es central. Sería un error convertir el tema en una forma de reavivar la suspicacia y tensiones que han caracterizado la relación bilateral en el pasado. Tampoco es conveniente utilizar el problema migratorio como arma de negociación o tratar de resolverlo con un apego estricto al quid pro quo. Lo mejor es que ambos gobiernos analicen la gama de costos económicos y políticos asociados a las diferentes opciones y propongan formas justas y prácticas de compartirlos.