Gilberto Rincón Gallardo. Ensayista. Miembro del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática.

“Son estos algunos de los componentes de un proyecto coherente democrático que cambie el rumbo de México, un país cuyo estatismo politizó a la sociedad y que ahora necesita reformar el poder para socializar la política”.

Sin mayores pretensiones hagamos un esfuerzo por ubicar el momento en que se encuentra la polémica, pues hay temas suficientemente rebasados, por ejemplo, a estas alturas no se sostiene, con mínimo de credibilidad, que el Estado representa a una sola clase. La suposición del Estado proletario y del Estado burgués alimentó nuestro caudal de dogmas Hoy, podemos ver sin tanta dificultad en el Estado la expresión de todas las clases en lucha por el poder político; es el representante general de la sociedad, pues al ordenar el poder de las clases dominantes, se ve en la necesidad de garantizar también intereses de los grupos sociales dominados. Esto es lo que le da capacidad para satisfacer o bloquear las demandas de los diferentes sectores y agrupamientos de la sociedad. El Estado se orienta generalmente por la unificación de intereses de las fracciones dominantes, aunque no siempre tiene esa capacidad frente a la creciente necesidad de conciliar intereses sociales e individuales. La función de expresar los intereses políticos de las distintas clases sociales se cumple mediante la administración pública a la cual se le asigna la responsabilidad de mediar entre clases, sectores y grupos y dar cauce a sus demandas y necesidades.

La sociedad cambia, adquiere expresiones nuevas, propias, es cada vez más plural y diversa, mientras en la administración pública el peso de las inercias la hace ineficiente y sin correspondencia con las novedades sociales. Se produce así el divorcio entre administración pública y sociedad. Entonces, se hace indispensable acelerar el ritmo de las reformas del Estado, pero, sobre todo, integrados coherentemente en un proyecto global, pues las medidas de coyuntura, aisladas, sólo posponen las soluciones. Eso fue lo que ocurrió a nuestro país durante 20 años, entre 1968 y 1988.

1968: EL MOVIMIENTO

En las relaciones Norte-Sur del viejo orden internacional nuestro país era y es parte del sur. Desde 1945, cuando se organizó el anterior sistema económico mundial, la estabilidad política de México correspondió a la que logró ese sistema para administrar la prosperidad del capitalismo internacional: más o menos 25 años, en los que se desplegaron todas las condiciones para abrir el abismo entre el Norte poderoso y el Sur dependiente.

Así, llegó a México el momento en que todo lo concebido como estabilidad de las instituciones modernas, exhibió su quiebra.

El movimiento estudiantil, el más importante en varias décadas, hizo acto de presencia y puso al desnudo la verdadera naturaleza del pacto social que alimentó al Estado desde los años cuarenta y descubrió el rostro del desarrollo estabilizador y la política excluyente del país.

El fin de la paz social llevó a los gobiernos en el México de los setenta a reformar la vida política, con medidas coyunturales y carentes de un proyecto global, lo que hizo de estas reformas soluciones diferidas con las que renovaron el sistema y se convirtieron, al mismo tiempo, en detonantes postdatados. Las reformas empezaron a afectar la estructura política, pero no previeron y, menos aún, controlaron sus efectos.

Durante las décadas de los setentas y ochentas, se hizo patente la lucha entre los diferentes proyectos al interior de los grupos de poder.

A partir de la sangrienta aparición de los “halcones” aquel 10 de junio, el régimen sintió la necesidad de cerrar el capítulo abierto por el movimiento estudiantil, y Luis Echeverría inició el discurso de la “apertura democrática”. Con algunas medidas políticas buscó aminorar tensiones. Atemperó la crisis, pero reprodujo las contradicciones y atizó las causas. La empresa pública subrayó su papel de protagonista de la acumulación privada, el gobierno subsidió la ineficiencia. Sin una estrategia integral, el presidente Luis Echeverría se enfrentó a la derecha en el discurso. Esos años se convirtieron en la década del rumor, el rentismo, la desinversión productiva y la especulación. El 31 de agosto de 1976 terminó abruptamente, además, la estabilidad cambiaria Después de esa devaluación pudimos ver la lucha por afectar el propio poder del Estado y conocimos la novedad de una derecha en plena táctica por desestabilizar al país.

El gobierno siguiente encabezó una reforma política trascendente; la pluralidad llegó a la vida institucional. Fue un acierto visionario de consecuencias a largo plazo que, sin embargo, se intentó como una medida de renovación y paz social para administrar mejor la crisis. Otra vez estaba ausente la idea de un proyecto global para reformar la relación entre el Estado y la sociedad. A pesar de ello, esa relación estaba cambiando.

Pasada la recuperación que produjo el auge petrolero, la crisis tocó el fondo. La planificación, tan importante en cualquier reforma del Estado, fue tardía y con acento propagandístico. Apenas se logró marcar a la crisis. El petróleo se redujo a la condición de pedal único para el desarrollo que, además, se volvió botín adentro y afuera. Los cambios de estructura fueron pospuestos una vez más. Se veía claro el carácter coyuntural de las reformas, por eso, más tarde podían ser revertidas y reducidas a la intrascendencia. Así sucedió con la nacionalización de la Banca que sin estar integrada a un proyecto global, coherente, jugó el papel de una respuesta política que jamás se consumó y fue rápidamente desprestigiada.

El proyecto de país que se prefiguró a partir de los años cuarenta estaba resquebrajado. La función política de la administración pública de convertir la necesidad social en el resultado de la participación democrática sucumbió ante la inercia del autoritarismo; ante los ciclos sexenales con que cierran las crisis en México; sucumbió ante el incesante debilitamiento de los Poderes Legislativo y Judicial; ante el peso del burocratismo y la centralización; pero sobre todo, ante la falta de proyecto alternativo cuando llegó el fin del desarrollo estabilizador.

Así entraron los años grises de la indiferencia. Administrar la crisis sin cambiar casi nada, posponerlo todo. Ese fue el rasgo distintivo del sexenio de Miguel de la Madrid, periodo en que se acumuló más la necesidad de reformar al Estado. Muy poco cambió la política; muy poco la economía. No avanzó la democracia, pero la sociedad continuó su transformación. Mientras tanto, se acuñó el neopriísmo salinista que los distintos grupos del capitalismo mexicano aceptaron más tarde como síntesis de la lucha por la hegemonía del proyecto político durante el periodo de 1970 a 1988.

1988: EL SALINISMO

Con un nuevo grupo en el poder, inició el gobierno frente a una monopolización creciente de la economía; a la inminente desnacionalización de las ramas más dinámicas de la industria; en busca de la solución de los más graves problemas económicos dependiendo en alto grado del apoyo del capitalismo extranjero; y ante un pacto social agotado.

Por otro lado, la crisis había vuelto irreal y anticonstitucional nuestro sistema jurídico; produjo la separación entre Estado, sociedad y constitución, y un clima social de descontento e inconformidad de los sectores populares. La crisis generó conductas políticas intransigentes, arterioesclerosis en las vías de negociación y deterioro del orden jurídico. La necesidad empujaba la reforma, pero también un proyecto global. El salinismo se propuso eso: un proyecto de reforma del Estado con el cual muchos mexicanos no estamos de acuerdo, principalmente por la polarización social que ha propiciado y por sus grandes carencias en materia democrática, pero no hay duda de que se trata de un proyecto con la coherencia indispensable. Al modificar la estructura socioeconómica, el gobierno emprendió una alternativa bajo la influencia de las tendencias neoliberales internacionales.

1995: LA SOCIEDAD

Hoy, lo más importante es la lucha por reencauzar el rumbo de esas reformas. Las privatizaciones no cumplen más el papel de cobertura ideológica de una desproporcionada acumulación del capital, ni podrán ser, como fueron para la izquierda, sólo motivo de rechazo y arma para la contestación. La política de privatizaciones puede estar al servicio del enriquecimiento de unos cuantos y de la especulación, pero también puede ser palanca para democratizar la economía y promover la eficiencia en el Estado y la sociedad. Lo que requieren las privatizaciones es deshacerse de la carga ideológica que encubre los propósitos, oculta los distintos ángulos de uno de los temas cruciales del mundo de nuestros días.

Las reformas que guardan relación con la soberanía han de tomar en cuenta las nuevas necesidades de los procesos de integración regional. Por otra parte, nuestro histórico nacionalismo, de fuerte contenido popular tiene que verse ahora en la búsqueda de que el nuevo orden económico mundial, menos tenso, sea también menos injusto, más compartido y más homogéneamente democrático. Hemos entrado a un periodo de nuevos ordenamientos políticos multinacionales, lo que exige reformas, por ejemplo, para la elección de representantes ante esos organismos. Ojalá que México pronto forme parte de la organización internacional para las elecciones de un nuevo parlamento latinoamericano.

Las reformas salinistas se sustentan en tres premisas que explican su complejidad.

1. Los resultados de la crisis dieron marco a las profundas reformas jurídicas.

El divorcio entre vida real y vida legal representó un re-ordenamiento del sistema jurídico-constitucional a partir del cuadro resultante de la crisis. Con la interpretación de que las crisis afectan a todos, los mexicanos, todos, somos parte y culpa de la crisis. Este enfoque ignora el carácter excluyente de la crisis, elitista y diferenciado en sus efectos.

2. El proceso de integración económica con Estados Unidos fue la palanca decisiva para salir de la crisis.

En la lucha por la hegemonía política que caracterizó las dos décadas pasadas, se encontraban poderosos sectores del capitalismo industrial y especulador. Estos conforman una derecha que se proclama triunfadora por haber sido artífices y vanguardia de la subordinación económica; representan un capitalismo acumulado al calor del Estado, especulador en muchos casos, y / o asociado a la economía norteamericana a la que nos hemos ido integrando en un proceso cada vez más diverso, complejo y profundo. Más de quince años lleva este camino en el que han intervenido factores gubernamentales y no gubernamentales. Ello propició que el salinismo buscara salida a la crisis por las puertas de los organismos del capitalismo internacional, al que a su vez se le permitió penetrar sin cortapisas en nuestra economía desnacionalizada. Este régimen anduvo los seis años bajo la cobertura que le brindó el apoyo de los recursos extranjeros como tabla de salvación para ordenar a una sociedad fuertemente erosionada por la crisis.

3. Ampliación de la participación social.

Durante dos décadas hizo acto de presencia un movimiento en ascenso que desde la calle y el trabajo exigía su lugar en la vida política y en la participación social; de los obreros, los campesinos, las universidades, y el impetuoso crecimiento ciudadano de las grandes urbes.

Hay otros factores que influyeron en el ritmo y el curso de la reforma salinista del Estado, sin embargo, estas tres fueron las premisas principales.

A pesar de que las herencias dogmáticas retroalimentan el enfrentamiento y la dureza de la vida política nacional, a estas alturas es insostenible la idea de los cambios sociales como grandes momentos estelares del “movimiento de masas”. Ni la violencia es hoy la partera de la historia, ni la toma del Palacio de Invierno o el asalto al Cuartel Moncada son parte de la nueva historia que escriben los actuales procesos democráticos comprometidos a fondo con la legalidad. Cambiar la ley con la ley se ha vuelto un principio democrático que caracteriza la contemporaneidad. La lucha democrática, por eso, tiene hoy complejidades distintas a las que se escribieron en las páginas anteriores a la caída del muro de Berlín. Por otro lado tampoco podemos inferir que partimos de cero cada vez que hablamos de reformas democráticas. La democracia es un proceso impuro que exige permanente renovación y se va integrando con componentes híbridos resultantes del equilibrio hegemónico entre la vitalidad social y las instituciones del Estado.

La reforma salinista del Estado se conformó en un proyecto aferrado a la coyuntura internacional a la que llamó “la oportunidad”. Ideológicamente es crítica al Estado benefactor, al estatismo burocrático y al populismo latinoamericano. Tomó las medidas jurídicas y políticas para pasar de una economía protegida y más o menos cerrada, con un amplio sector paraestatal, a otra abierta a la competencia externa e interna. Puso el acento en la privatización y en la reducción del tamaño del Estado y de sus funciones en la economía. Acató el crecimiento de la inequidad social y aun la auspició como consecuencia obligada de la alternativa que emprendió. Legalizó sin mayor protección las asimetrías de la dependencia económica en un bloque regional con todos los riesgos de la absorción, y emprendió así, un nuevo capítulo en la zigzagueante historia de la reforma del Estado mexicano. En ese camino quedó impreso el color de las tres premisas que encuadran las reformas salinistas y sientan las bases de la lucha posterior por el rumbo de estas reformas y por otras nuevas de carácter democrático.

En “La democratización del Estado”, Juan Carlos Portantiero escribe:

El dilema de la democracia en las condiciones actuales no consiste en organizar una unidad a partir de un principio de racionalidad prefigurado, sino en ordenar muchas diferencias. En el límite, ella se plantea, no como la construcción política de una mayoría, sino como la ordenación de muchas minorías. La democracia se presentaría como resultado de un pluralismo conflictivo en contraste permanente con un pluralismo corporativo, marcando la atención productiva entre movimientos sociales y orden político.

Así como en los años de la ideología del “Estado fuerte”, predominó la tendencia a politizar lo social, en la nueva etapa que abre la necesaria reforma del Estado está la posibilidad de impulsar la democracia participativa. En esta, la calidad importa más que la cantidad y adquieren toda su importancia cada una de las fases del proceso, no así la concepción finalista de la democracia. Estamos hablando de posibilidades políticas que surgen de la moderna sociedad, y estamos hablando de fases de un proceso que entrará en un espacio social complejo y aun adverso, donde pesan las inercias clientelares, las tendencias políticas que genera la centralización, y los cotos que crean los poderes políticos y económicos nacionales y trasnacionales.

En el actual proceso democratizador de la sociedad actúa una diversidad de movimientos que son actores externo al sistema político. En la reforma democrática del Estado, que está pendiente, el Estado no es más el protagonista, sino la sociedad. Tanto Estado como sea necesario; tanta sociedad como sea posible. La democracia participativa es por eso lo central en esta reforma. Su principal reto es lograr un nuevo pacto que dé a la moderna sociedad la capacidad de negociación entre todos sus componentes para que sean artífices de las soluciones pendientes. Como ejemplo señalaremos que los niveles salariales se han convertido en dique para la reactivación de la economía. La sociedad en su conjunto necesita que esos niveles sean superados. ¿Debemos quedarnos a la espera de un cambio en la voluntad presidencial? ¿Podrán superarse con enfrentamientos y tensiones sociales? ¿O deberemos pensar en la elevación de los niveles de vida como parte de un proyecto nacional en el que todos los actores sociales estén comprometidos? La necesidad democrática nos inclina por esta tercera opción. Un pacto social que descanse sobre un sistema donde la negociación preceda una autolimitación de los actores. Pero además, es necesario que la autolimitación tenga lugar en un escenario político que deje atrás las viejas concepciones partidistas de los enfrentamientos o gados por la naturaleza misma de las clases.

El Estado debe disminuir su tamaño para combatir el burocratismo de la gestión estatal, pero principalmente para dar paso a la pluralidad de intereses y a la negociación social. La descentralización no es vía que debilite al Estado, potencia en cambio las capacidades de la sociedad, de ahí que la reforma deba privilegiar la construcción de espacios para la interrelación social.

La democracia como proceso de negociación y acuerdos, más que como sucesión de rupturas y enfrentamientos es un objetivo central de la reforma del Estado, pero ésta no será si no hay al mismo tiempo una reforma de fondo en los partidos políticos.

Los partidos y las corrientes ideológicas tienen su propia historia, pero no pueden cobijarse hoy en el continuismo. Las pasadas elecciones mostraron el verdadero potencial de partidos desde el momento mismo en que el PRI, el PAN y el PRD fueron capaces de lograr el sufragio del 75% de los mexicanos en edad de votar. La contradicción es evidente: el sistema de partidos está en crisis, al mismo tiempo que demuestra su capacidad de convocatoria. Los partidos han cambiado su condición y son ahora instituciones de interés público con capacidades que derivan cada vez más de su aptitud como interlocutores entre el Estado y la ciudadanía.

Los partidos tienen que reformarse y eliminar cargos vitalicios; no realizar elecciones indirectas; renovar periódicamente todos los cargos de dirección; establecer el referéndum para decisiones cruciales; equilibrar la presencia de mujeres y de hombres en los órganos de dirección; hacer elecciones primarias para elegir candidatos a los cargos representación popular; limitar al máximo el porcentaje de candidatos que las direcciones pueden colocar en las listas de representación proporcional; etc. Pero más que la reforma de la vida partidaria se requiere un cambio político de fondo que corresponda al proyecto de democracia y civilidad que el país necesita construir.

El PRI debe dejar de ser parte del sistema presidencialista, actuar con recursos propios y pasar a elegir a su propio presidente en lugar de ser el partido del Presidente.

La idea que existe en Acción Nacional, pero sobre todo en el PRD acerca del sistema de partido de Estado en México no deja de tener su grado de error. El concepto clásico de partido de Estado no corresponde estrictamente a lo que es el PRI. Quienes conocimos por dentro estos mecanismos en el llamado socialismo real, podemos decir que el nuestro es más bien un sistema híbrido al que acertaríamos llamándolo sistema de partido oficial. El PRI es un complejo andamiaje electoral de reproducción del poder político; es parte de los mecanismos presidenciales que actúan en la sociedad a través de vastas formas clientelares de gestión. Nació del poder y se alimenta del poder, pero vive para un sistema con márgenes de libertad y una pluralidad política restringida, muy distinto al que conocieron los países del socialismo real. El sistema mexicano de partido oficial es, sin embargo, uno de los mayores obstáculos a la democratización de las relaciones políticas, al libre juego de la sociedad y a la posibilidad de alternancia en el poder. El PRI tiene su historia, su lugar y su proporción política real, a ellas debe atenerse para que avance el proceso democrático en nuestro país.

El PRD debe pasar por la democratización de su vida interna, que no ha logrado, pero está necesitado principalmente de una reforma política que lo defina como interlocutor entre las instituciones estatales y los grupos sociales a los que representa. La negociación política es muy importante en la lucha por el poder. No son elementos contrapuestos, como aparecen ante los ojos del sectarismo que obstruye a ese partido. Quienes buscamos contribuir a hacer del PRD una organización tolerante, plural y de tendencia socialdemócrata, hemos fracasado, pero hablemos no del PRD ideal sino real, y éste en su lucha por conquistar el centro desde su ubicación en la amplia izquierda nacional no puede negar la importancia de su papel de intermediación entre los distintos actores de la sociedad y el Estado, por confrontado que se encuentre con el gobierno. El peso que a su interior tiene el sectarismo sigue poco a poco deteriorando la imagen democrática con que nació ese partido. La reforma del PRD empieza por cambiar de raíz su conducta frente a la legitimidad de las instituciones. Una actitud respetuosa no se riñe con las definiciones claras de la izquierda democrática ni con la firmeza en la oposición.

El reconocimiento de las instituciones del poder público, es parte de la congruencia con la participación en instituciones estatales como el Congreso de la Unión. Esta es la consecuencia necesaria frente a resoluciones como las que adoptara el Colegio que califico la elección presidencial. El PAN necesita también una reforma que lo aleje de sus tentaciones y lo introduzca de lleno por el camino de la pluralidad que da capacidad para reconocer los distintos aportes que dan otras fuerzas sociales y políticas a la democracia.

Reforma electoral y reforma de los partidos son parte indispensable del proyecto democrático pendiente para nuestra nación. La reforma global, además, debe comprender al sistema de justicia, la implantación del equilibrio y la independencia de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; revisión del presidencialismo; reforma de la administración pública y creación del servicio civil de carrera; reforma de las instituciones que tienen a su cargo la política social. Son éstos algunos de los componentes de un proyecto coherente democrático que cambie el rumbo de México, un país cuyo estatismo politizó a la sociedad y que ahora necesita reformar el poder para socializar la política. 

EL FIN DE A PAZ SOCIAL LLEVO A LOS GOBIERNOS EN EL MEXICO DE LOS SETENTAS A REFORMAR LA VIDA POLITICA.

AL MODIFICAR LA ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA, EL GOBIERNO EMPRENDIO UNA ALTERNATIVA BAJO LA INFLUENCIA DE LAS TENDENCIAS NEOLIBERALES INTERNACIONALES.

EN LA NUEVA ETAPA QUE ABRE LA NECESARIA REFORMA DEL ESTADO ESTA LA POSIBILIDAD DE IMPULSAR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

LA REFORMA DEL PRD EMPIEZA POR CAMBIAR DE RAIZ SU CONDUCTA FRENTE A LA LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES.