Angeles Mastretta. Escritora. Su último libro es Puerto libre (Cal y arena).

Muchas veces el mundo es ingrato. Pero habiendo tantos otros que se dedican a contamos cuán ruin e insoportable resulta, este puerto ha querido albergar mercancías y viajeros cuyo empeño sea mostrarnos lo agradecible y esperanzada que la vida merece ser a pesar de todo lo que va y viene contra ella.

Conozco a alguien, cuya sabiduría no acabare nunca de bendecir, que a mitad de una de las peores desdichas que un hombre puede padecer, me enseñó un pasaje de El Mahabarata, libro hindú equivalente para ese pueblo a lo que la Biblia ha sido para otros, en el que un muchacho, urgido de beber de una fuente que le prohibe tocar su agua antes de contestar un interrogatorio, responde a la pregunta ¿Qué es lo inevitable para todos nosotros?, con la breve sentencia: La felicidad.

El muchacho pudo beber de la fuente, como nosotros todos abrevamos de la felicidad cuando aparece. En cualquier parte, a la hora más inusitada, en contra de todo lo que la estorba, como la necia humedad, se cuela la ventura. Y tal vez, nuestra primera y más cierta obligación sea abrirle paso, buscarla, dejar que llegue sin tropiezo hasta donde se proponga ir llegando.

Por supuesto, la desdicha y la infamia habitan nuestro mundo incluso con más escándalo que la inevitable dicha. Pero no por saberlo, ni siquiera por haber aceptado que no es suficiente lo que puede hacerse para conseguir mermarlas, perdemos la obligación o el derecho a empeñarnos en hacerlo. Es por eso que hoy, a pesar de que no es especialidad de este puerto explicar sino hacer preguntas, he querido traer a esta orilla una breve reflexión sobre lo que ha dado en llamarse los derechos humanos.

Hay asuntos de moral pública que uno imagina capaces de provocar consenso en torno a la razón, la justicia, la necesidad y las bondades de su existencia. Sucede, sin embargo, que en los últimos tiempos he llegado a escuchar más de dos o tres voces, descalificando a las comisiones de derechos humanos por defender criminales o por empeñarse, escrupulosas y molestas, en vigilar y entorpecer con su meticulosidad presuntuosa, el modo en que se ejerce el poder desde el gobierno.

Regir una parte de las vidas, las fortunas o infortunios de quienes viven en un país, acogidos a su régimen legal, es una responsabilidad que entre más se comparta y mejor se cuide, menos problemas y desgracias acarreará. El poder, se sabe de siempre, coloca a los hombres en el riesgo de ejercer sin más los designios de su arbitrariedad. Riesgo que, para nuestra vergüenza, se enfrenta todavía en nuestro país con más frecuencia de lo que nos gusta notarlo. No sólo desde el poder público, sino también desde el privado. Aunque se escandalice más en contra del público y tenga menos coto el privado. Esto parece ser así porque muchos de nuestros impulsos tienen arraigo y formación en una sociedad que desde siempre ha tendido al autoritarismo. La democracia y sus bondades más cercanas, por ejemplo el hábito de tolerar y condescender, son todavía novedad que nos sorprende. Acostumbramos reaccionar con más ira que cordura y con menos tolerancia que intransigencia, no sólo frente a los crímenes o delitos mayores, sino aun frente a las ideas y opiniones contrarias. De ahí la utilidad de instituciones como las encargadas de ver por los derechos humanos. Mismos que no se llaman así por torpeza verbal de sus usuarios -se corrige diciendo que todos los derechos son humanos-, sino porque su especificación y defensa surgieron cuando el poder estaba en manos de los reyes y existía tal cosa como la creencia en su derecho divino.

Quienes hace más de dos siglos empezaron a hablar de los derechos de los particulares frente al gobierno, defendían a los simples mortales, a los humanos, de la intransigencia o ferocidad de quienes tenían el derecho a considerar que sus decisiones, entre las que se incluían la tortura y el asesinato, estaban inspiradas nada menos que por Dios. De ahí que, ahora, quienes buscan atemperar y combatir los abusos de poder, de un poder que todavía ejercen algunos como si fueran dioses, llamen derechos humanos a los derechos de los simples mortales frente al Estado que a veces puede un dios colérico. 

Cuando un crimen nos agravia en lo personal, la lógica de nuestros más irracionales, pero no por eso menos vigentes impulsos, nos lleva a desear que al autor le tuerzan el pescuezo, lo volteen al revés, lo estiren y lo encojan, le quiten una pierna, le corten una mano, lo hagan pedacitos, lo echen a una fosa, lo ahoguen en un río, le peguen, le vejen, le desaparezcan.

Por eso es que la ley no está en manos de cada agraviado, sino en manos del poder público, del que hay que esperar la prudencia, la imparcialidad, el espíritu de justicia y el conocimiento preciso de cada delito y de la pena que a éste le corresponde. Por desgracia, como todos sabemos, aunque no falten quienes preferirían ignorarlo, no ha sido fácil construir gobiernos y miembros de éstos, a los que no se les antoje cada tanto excederse y abusar del poder. Justo para combatir esos ataques a la felicidad colectiva que pueden ser los agravios del Estado, existen las comisiones de derechos humanos. Mismas que a veces defienden, hay que decirlo, incluso los derechos de criminales, porque justamente su quehacer es evitar que el gobierno cometa crímenes. En contra de inocentes por supuesto, pero aun en contra de criminales. Porque vivimos y pretendemos vivir cada día más, regidos por leyes, no por nuestros impulsos ni por los de quienes gobiernan. Tienen que ser las leyes las que impongan penas iguales para delitos iguales, y no uno, cinco, diez o mil precisos ejecutores quienes decidan castigos diversos para iguales delitos. Y esto que parece tan simple, que se supone que hace tanto tiempo está superado por el solo hecho de haber sido escrito y formalmente aceptado por todos nosotros, no sucede todavía a cabalidad.

Como una manera sensata y plausible de aceptar, que tan sabida sentencia resulta difícil de llevar a la práctica, pero que es correcta y necesaria, el gobierno de nuestro país decidió en 1990, crear y financiar organismos públicos defensores de los derechos humanos. Cuidadores de los cuidadores, vigilantes de los vigilantes, voceros de quienes no tienen voz, entre más se les respete y aprecie, menos impunidad y mal gobierno tendremos.

Que tal cosa la hayan entendido muchos de los que gobiernan, sin que otros logren entenderla y quieran acatarla, es lamentable aunque a veces incluso lógico, pero que haya entre los gobernados quienes la cuestionen, es de un desatino que acongoja.

- ¿Cuál es tu contrario?- preguntó la fuente.

- Yo mismo- dijo el muchacho.