Democracia, después es el ensayo ganador del Premio Carlos Pereyra 1992. Una preocupación lo ánima: ¿cuáles son los cambios que, en los últimos años, ha experimentado el sistema político mexicano? Es decir: ¿cuál es el camino que ha comenzado, y puede seguir, una democracia en tránsito que no se cansa de tropezar y aturdirse ante una realidad nacional que parece dejar sus necesidades más apremiantes siempre para mañana?

Mauricio Melino. Politólogo. Actualmente es investigador y profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

En agosto de 1991 México vivió un proceso electoral equivalente, por su importancia, al de julio de 1988. Pero sus resultados fueron distintos: si uno operó como catalizador de un cambio que parecía inevitable, el otro fue antídoto; uno hizo creer que la transición mexicana a la democracia se aceleraba y el otro detuvo su salto y prolongó la hegemonía sexagenaria del PRI. Más tarde, esa hegemonía se ha asentado en una calculada generosidad hacia los candidatos del PAN en elecciones locales, que no sólo ha servido para delinear tendencias sino para disputar, cada vez con mayor fuerza, los espacios que ha reclamado para sí el PRD. Pero siendo muy importantes, cabe preguntar si esos comicios locales han hecho algo más que continuar los trazos de 1991. Mi respuesta sería negativa creo que el 18 de agosto de ese año quedaron plasmados los contornos del conflicto político mexicano, al menos, hasta 1994. De modo que el análisis no debe desviarse del punto fundamental, que a pesar de todo sigue siendo el momento crucial de la sucesión en la presidencia de la República.

¿Pero acaso todo volverá, en ella, a los escenarios tradicionales, como si nada esencial hubiera ocurrido en la lógica del sistema político mexicano? Esa es la pregunta que anima estas notas. Tomando en cuenta las diferencias entre las elecciones cataclísmicas de 1988 y las (cataplásmicas) de 1991 (1), este artículo intentará subrayar algunos de los rasgos que se han perfilado en los últimos años para proponer, con la ayuda fundamental de tres “transitólogos” de distintos lugares y tiempos -Robert Dahl, Dankwart A. Rustow y Leonardo Morlino-, un juego de cinco escenarios construidos alrededor de una idea democrática clara, que tropieza y se aturde con la obstinación de la realidad nacional.

EL CONTRASTE ENTRE DOS ELECCIONES

Cuatro rasgos hicieron peculiares a las elecciones de 1988: 1) La abierta competencia por el poder presidencial entre tres opciones políticas que compartieron, por vez primera, una capacidad indudable de movilización popular. 2) Las enormes dudas sobre la claridad de sus resultados, no sólo entre los partidos opuestos al PRI, sino aun entre buena parte de la opinión pública nacional e internacional. 3) La unidad de (casi) todas las fuerzas de izquierda, tradicionalmente divididas, en torno de un candidato común. 4) La muy considerable reducción de votos a favor del PRI. La falta de credibilidad de aquellos comicios, la fuerza demostrada por la izquierda y la probabilidad de que el PRI se viera forzado a gobernar con la oposición, parecieron anunciar el comienzo de una transición definitiva en las prácticas del régimen político mexicano.

Sin embargo, ninguno de esos rasgos se repitió en 1991. Las de ese año fueron elecciones intermedias, en las que no estuvo en juego la presidencia de la República. Los comicios fueron vigilados a la luz de una legislación electoral mucho más rígida que instauró controles inéditos y, sobre todo, sus resultados fueron creídos por la mayor parte de los mexicanos.(2) La izquierda, además, se presentó desintegrada y sin el respaldo de un programa claro como alternativa y el PRI ganó las elecciones con mayoría absoluta de los votos emitidos en el país.

En suma el PRI volvió a ganar y su triunfo no dejó sitio para formular una acusación de fraude generalizado. La gente realmente votó por el PRI. De modo que la apariencia, de acuerdo con los hechos visibles, es que todo volvía a la “normalidad” en el sistema político mexicano.

LA VISIÓN DE LOS ACTORES

Todos los partidos políticos, incluido el PRI, hablan de la transición a la democracia: de la necesidad de forjar un régimen pluralista que deje atrás el dominio casi exclusivo del partido creado por el gobierno hace 63 años. La comunidad política del país dice que el cambio es indispensable, aunque las interpretaciones sobre su forma sean muy distintas.

Para el PRI, las elecciones de 1991 representaron un paso más en un proceso que comenzó años antes. Con una legislación renovada, que permitió una mayor transparencia en las contiendas electorales, se habría satisfecho la demanda principal que provocó la movilización de 1988. En adelante, todo consistiría en perfeccionar la transparencia del voto pero, sobre todo, en vencer la intransigencia de los partidos de oposición, carentes de una cultura democrática suficiente como para aceptar sus derrotas en elecciones vigiladas y transparentes. Para el PRI, la consolidación de la democracia no dependería tanto de una transformación nueva desde el Estado, cuanto de la posibilidad de asegurar el respecto de los partidos a la validez de los métodos vigentes (3).

Para la oposición, en cambio, la transición mexicana sólo culminará cuando el PRI deje de ser el partido mayoritario. Desde el mirador del PAN, ese objetivo exige un mayor trabajo electoral por parte de todos los partidos en pugna, pero también la más amplia movilización popular posible. Elecciones limpias y presión social serían las dos consignas que sintetizarían la estrategia seguida por ese partido: ganar el poder palmo a palmo, no sólo en elecciones vigiladas sino con sus partidarios tomando la calle, en caso de dudas sobre la limpieza de los comicios. Pero tampoco ha descartado la negociación: su deseo de poder y su simpatía por la estrategia económica que ha seguido el gobierno desde 1983, le han permitido contar con el diálogo como un recurso adicional para conquistar posiciones. Y sin embargo, el PAN ha reiterado que la transición política no culminará sino hasta el momento en que el PRI deje de gobernar.

Y la izquierda, por su parte, ha vuelto al doble perfil que tuvo durante años: una parte ligada en buena medida al régimen dominado por el PRI; y otra independiente, pero claramente minoritaria La primera -formada por partidos que han respaldado la política del gobierno en muy diversas ocasiones y que se han beneficiado de ello- recuperó el sitio que tenía antes de 1988: un lugar marginal, pero presente en el escenario político. (4) Esos partidos crecieron con la alianza de izquierdas que permitió la formación del Frente Democrático Nacional en las elecciones presidenciales de 1988, pero al mismo tiempo perdieron su identidad propia y sacrificaron sus nexos con el gobierno. Cuando ese frente hubo de trascenderse a sí mismo en busca de una formación política más estable, renunciaron a la posibilidad de reunirse y han vuelto, paulatinamente, a la situación ambigua que les caracterizó mucho tiempo.

La otra parte de la izquierda está aglutinada en el PRD, el partido que ha intentado cosechar los resultados electorales de 1988, a través de la figura central de Cuauhtémoc Cárdenas y de una estrategia de abierta ruptura con el gobierno. Pero si el PRD nació con la idea de continuar el impulso ganado por el Frente Democrático Nacional, y aspiró desde un principio a convertirse en el parteaguas de la transición democrática, ha sido incapaz, en cambio, de convocar la unidad de toda la izquierda e incluso de superar sus propias contradicciones. Partió de una demanda de fraude y del liderazgo aglutinador de Cárdenas como elementos cohesionadores de su discurso y de su estrategia, y se ha mantenido igual a lo largo de los años que han transcurrido desde 1988. De ahí que desde su mirador la transición política esté estancada. Y de ahí también que, de acuerdo con sus propios criterios, las elecciones de agosto de 1991 hayan sido, otra vez, las más fraudulentas de toda la historia de México y no hayan hecho sino confirmar las tendencias autoritarias del régimen mexicano.

UNA DESVIACIÓN NECESARIA: MÍNIMOS Y MODELOS

¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de democracia? Como tantas otras palabras que navegan los ríos de la política mexicana, ésta también va a la deriva. Cada quien le asigna un valor diferente según las circunstancias y, a veces, hasta una connotación propia. Si ya la idea de la transición es ambigua, (5) el puerto de arribo lo es aún más.

Por eso antes de seguir adelante conviene tener un punto de referencia los requisitos mínimos “para que se dé la democracia entre un gran número de habitantes (y) para recibir igualdad de trato por parte del gobierno en la ponderación de las preferencias, que sugirió Robert Dahl en 1971 (6) A saber: 1) libertad de asociación; 2) libertad de expresión; 3) libertad de voto; 4) elegibilidad para el servicio público; 5) derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, y derecho a luchar por los votos; 6) diversidad de fuentes de información; 7) elecciones libres e imparciales; 8) instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos, y de las demás formas de expresar las preferencias. (7).

¿Cuántos de estos requisitos se cumplen a plenitud en nuestra actualidad nacional? Desde luego no todos. O al menos, no a plenitud. De ahí que no sobre tomarlos como punto de referencia de aquí en adelante, para darle cierto sentido a la otra orilla de la transición.

Otro investigador norteamericano propuso, por otra parte, un modelo “dinámico” para estudiar transiciones, que podría ofrecer luces adicionales a nuestro tema, más allá de las interpretaciones parciales de los partidos políticos. Según Dankwart A. Rustow (8) no pueden establecerse relaciones causales únicas que expliquen, por sí mismas, el resultado de un cambio político. Los factores económicos, sociales o de liderazgo político pueden ser tan relevantes como las creencias o las actitudes de una comunidad política ninguna causa, aislada, suele ser definitiva en una transición. Entre las bases económicas y sociales, las características de la cultura cívica o el comportamiento de los actores políticos deben hallarse, más bien, fenómenos de influencia recíproca Durante el cambio, nos dice Rustow, todos los factores tienen peso específico: todo está en juego. (9)

Pero propone, enseguida, un modelo que sin olvidar las dificultades de cualquier predicción social, ayude al menos a evaluar el sentido del cambio:

El modelo presentado plantea tres propuestas. Primero, dice que dos ingredientes son indispensables para la génesis de la democracia un sentido de unidad nacional, y un conflicto político complicado y profundo. Más tarde, tiene que haber una adopción consciente de las reglas democráticas del gobierno. Y, finalmente, tanto los políticos como los electores deben habituarse a esas reglas.

En segundo lugar, el modelo propone que esos ingredientes deben situarse por orden. Cada uno posee una lógica propia y sus propios protagonistas -por ejemplo, un cuadro de administradores y un grupo de literatos nacionalistas para el punto de la unificación nacional-; un movimiento de masas, quizá lidereado por disidentes de clases más altas para el punto del conflicto preparatorio; un pequeño círculo de líderes políticos abocados a la negociación y a la formulación de reglas democráticas; y una variedad de organizaciones y organizadores para el punto de la habituación a la democracia.(10).

Rustow sugiere, pues, que el proceso de democratización comienza gracias a una prolongada lucha política, cuyos protagonistas deben representar fuerzas claramente enfrentadas. El conflicto político sin solución, entre grupos que se neutralizan mutuamente, sería la clave de la “fase preparatoria” propuesta por Rustow, sin perder de vista que ese conflicto no ha de relacionarse necesariamente con la violencia ni que puede evolucionar sin que los protagonistas encuentren ningún tipo de solución democrática. El conflicto no es una llave maestra a la democracia, pero sí es el umbral que debe cruzarse.

Lo que hace trascender esa “fase preparatoria” es la decisión deliberada -al menos de una parte de los líderes en pugna- de aceptar la existencia de la diversidad política dentro de la unidad nacional. Y, en consecuencia, su voluntad de fijar algunos aspectos cruciales del método democrático. Esa decisión significaría, para Rustow, el comienzo de la “fase decisiva”, aunque ésta no sea protagonizada por los mismos líderes que pusieron en marcha el conflicto inicial.

Para que la democracia se consolide más tarde, hace falta sin embargo que esos métodos democráticos se pongan a prueba mediante un proceso inevitable de aprendizaje, de ensayo y error, pues “una falla constante en la solución de algunas cuestiones urgentes dañaría el prospecto democrático. Y si éstas fallas ocurren demasiado temprano dentro de la fase final de habituación, pueden ser, sencillamente, fatales”.

El modelo de Rustow sugiere, pues, que una vez que se ha consolidado la unidad nacional -lo que puede ocurrir centurias antes de la transición a la democracia- dos o más fuerzas representativas tienen que protagonizar un conflicto, del que partirá la necesidad de formular pactos. De modo que la democracia aparece como una solución necesaria, frente a una disputa estancada. Sin embargo, agrega Rustow, para ser necesaria la democracia también ha de ser eficaz; de lo contrario, otras soluciones autoritarias pueden imponerse como alternativa a la estabilidad de un sistema político.

¿LA FASE PREPARATORIA?

El modelo propuesto por Rustow podría servir para explicar la situación en la que se encuentra la transición mexicana, siempre que se acepte que el desgajamiento del PRI en 1987 y la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 significaron, en efecto, el principio de un conflicto entre las filas de la élite gobernante. Un conflicto al que se sumaron otras tendencias de cambio que venían de atrás, y en el que el PAN ha ganado el sitio de cuña entre la presión y el acuerdo.

Y es que las elecciones de 1988 plantearon tres puntos clave sobre los que descansa buena parte de los matices que complican los escenarios del cambio. El primero tiene que ver con las causas que explican la permanencia del PRI en el poder, y con las posibilidades de sobrevivencia de ese partido al cabo de una mudanza de mayorías. ¿Acaso todo se origina y concluye en un fraude? El segundo punto es una consecuencia del anterior, y podría resumirse en otra pregunta: ¿la lucha por la transición es una lucha contra el gobierno, o a favor de un régimen de partidos? Y el tercero, en fin, alude a los tiempos y a los instrumentos de la transición: ¿concluirá todo con un triunfo definitivo de los partidos de oposición, o el cambio debe asumirse como un proceso gradual, en el que el régimen se irá transformando con cada elección, sin sobresaltos?

En esos tres puntos descansan las diferencias que han dividido a la oposición. De ellos parte una visión dicotómica, por así decir, no sólo acerca de la estrategia de acuerdos que están definiendo el quehacer político nacional, sino sobre los escenarios del cambio. Pero para ser más explícitos hace falta detenerse en cada uno de ellos.

Primero: para el PRD, los resultados de agosto de 1991 no modificaron su lectura del pasado inmediato, en la medida en que el PRI habría ganado las elecciones mediante un fraude sofisticado. Quienes sostienen esa postura han concluido, en consecuencia, que es indispensable insistir en la limpieza de los comicios, porque están persuadidos de que el PRI será derrotado tan pronto como los votos se cuenten con total transparencia. Las elecciones locales de Guanajuato y San Luis Potosí, en las que el PRI reconoció de facto el manejo poco escrupuloso de los sufragios, dieron visos de realidad a esa creencia y acentuaron las diferencias entre la oposición: el PAN ganó posiciones negociando con el gobierno, mientras que el PRD perdió votos legales y poder real.

El PAN ha seguido otra ruta para ese partido las elecciones de agosto de 1991 demostraron que la transición no prosperará sino mediante una estrategia de pactos que, al mismo tiempo, garantice la limpieza de los votos y la alternancia en el mando, sobre una base de respeto común, en la que el PRI también tendría un sitio. De ahí pues, la primera diferencia central: ¿la transición supone la destrucción previa del PRI, o sólo su derrota como partido hegemónico?

Segundo: esa diferencia lleva a otra, de igual importancia: si el PRI ganó los comicios con un fraude, ¿para qué buscar otras explicaciones? Pero si el PRI efectivamente ganó, la oposición se encuentra en un dilema que no admite descuido. Para unos, cualquier explicación que se ofrezca no conduciría sino a “legitimar” los triunfos del PRI; para otros, las elecciones de agosto de 1991 exigen una evolución de los planteamientos de 1988: ya no sólo se trataría de exigir la mayor transparencia en las elecciones, sino de buscar el equilibrio en el empleo de recursos durante las campañas políticas y la igualdad en el ámbito de la comunicación. Y desde esa óptica, el paso siguiente de la transición habría de consistir en el uso igualitario de los medios al alcance de cada una de las opciones políticas. Pero ese paso exigiría, también, una definición nítida de los programas de cada partido, como alternativa al proyecto del PRI. Se trata, pues, de una diferencia fundamental.

Tercero: en cuanto a los alcances de la transición, hay de nuevo dos posiciones distintas: una de ellas, representada también por el PRD, apuntaría hacia un cambio total que tendría como objetivo la conquista de la presidencia de la República. La otra, que parece animar la estrategia del PAN, preferiría entender la transición como un proceso gradual, que iría de la periferia al centro: de la conquista paulatina de presidencias municipales, curules legislativas y gubernaturas locales, a la mayoría nacional en elecciones federales más o menos cercanas.

La suma de esas diferencias podría resumirse en dos interpretaciones distintas sobre el curso de la transición: una parte de considerar el predominio del PRI como secuela de un fraude electoral reiterado, y supone que la derrota de ese partido llevaría a su desaparición. Entiende las elecciones como una lucha plebiscitaria contra el gobierno, en la que no cabe negociación alguna, y asume que la transición no terminará sino cuando la oposición, unida o no, conquiste la presidencia de la República y expulse al PRI del gobierno.

La otra se explica el predominio del PRI como secuela de una lucha partidaria desigual, pero considera que ese partido también tiene un sitio en el abanico plural del país. Aspira a que las elecciones sean cada vez más transparentes y asume la transición como un proceso gradual, del que no cabe descartar la negociación como un instrumento más para apresurar el cambio hacia un régimen pluralista.

OTRAS IDEAS

Ambas interpretaciones ayudan a definir los contornos del conflicto político en curso: las bases de la “fase preparatoria”, si nos atuviéramos al modelo de Rustow. Pero hay que agregar otro instrumento de análisis: el de los vínculos entre el gobierno y la comunidad política nacional, para tratar de imaginar la potencia de esa fase preparatoria. Leonardo Morlino, otro de los autores citados en estas páginas, (11) sugiere que cualquier cambio de régimen político debe estudiarse a la luz de tres niveles relacionados: en primer lugar, el de la comunidad política, entendida como la porción organizada de la sociedad que es capaz de influir en las decisiones que atañen al régimen. La comunidad política no representa ni abarca a toda la sociedad, pero actúa por ella frente al poder. En segundo sitio, Morlino destaca las estructuras políticas -el régimen de gobierno, propiamente dicho-, considerando su eficacia en la solución de los conflictos planteados por aquella comunidad. Y finalmente, se refiere al nivel de los nexos entre gobierno y comunidad: a la legitimidad que los enlaza, sin riesgos para la estabilidad probable del sistema político en su conjunto. Para Morlino, pues, la movilización de una parte considerable de la comunidad política, la eficacia del régimen y la legitimidad que constituye el puente de unión entre ambos constituyen los datos clave para explicar una mudanza en las estructuras políticas, sin perder de vista que los tres se condicionan recíprocamente.

Ansí por ejemplo, la pérdida de eficacia en el régimen podría ser causa de una movilización política que, a su vez, transtornaría las bases de su legitimidad. ¿Y no fue esto lo que ocurrió durante los años de crisis en México? De acuerdo con este autor, la pérdida de legitimidad puede ser el factor detonante del cambio, pero siempre que se cumplan también otras dos condiciones la movilización de la comunidad política, y una sensible caída en la eficacia del régimen.

Con esos supuestos, y la visión dicotómica que prevalece en México sobre las posibilidades del cambio, propongo un juego de cinco escenarios, tomando en cuenta que sólo bajo una hipótesis de conflicto, en la que los actores políticos asuman la decisión de pactar una democracia verosímil, podría considerarse que las elecciones de 1991 no han significado, en efecto, un retraso en el proceso de transición del país.

PRIMER ESCENARIO: LA DEMOCRACIA INNECESARIA

De acuerdo con las tesis de Rustow y de Morlino que he intentado seguir, la ausencia de un conflicto prolongado y profundo provocaría también que la transición a la democracia se considere innecesaria. Mientras el régimen mantenga su eficacia y su capacidad de mantener vínculos legítimos con la comunidad política nacional, o mientras ésta no produzca una movilización que ponga en peligro esas dos condiciones, el cambio de régimen no será necesario: los líderes reales no tendrían motivos para pactar con fuerzas al margen ni, mucho menos, para ceder el poder.

El escenario es probable por varias razones: es la primera vez que el gobierno ha hecho un esfuerzo evidente por desplazar las bases de su legitimidad hacia nuevos criterios de eficacia política y administrativa, que se han traducido en el control de la crisis de crecimiento y de la inflación. Y los resultados de los comicios de 1991 parecen mostrar que esa estrategia no ha sido en vano. El gobierno del presidente Salinas ha abandonado el discurso revolucionario tradicional como sustento de una legitimidad “heredada” y lo ha suplido por uno nuevo, apoyado no solo en la solución de los problemas inmediatos que planteó la economía del país sino en el Programa Nacional de Solidaridad, y en las expectativas de largo plazo que ha abierto el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. El gobierno ha paliado muchas de las demandas de los estratos más pobres de la sociedad mexicana, y ha ganado la confianza de los más ricos pero, sobre todo, ha restado medios a los partidos de oposición para estimular una movilización política más allá de periodos electorales localizados.

Por otra parte, su política económica ha recibido el aplauso de los empresarios, y ha permitido consolidar las alianzas que, eventualmente, se habrían quebrado luego de la nacionalización bancaria de 1982. El criterio de privatización que ha sostenido el gobierno no ha perseguido sólo fines económicos sino también políticos, en busca del apoyo del capital nacional. Y en este sentido, las reformas recientes al artículo 27 constitucional constituirían un elemento más de simpatía para los empresarios.

Otro grupo relevante de la comunidad política, la iglesia católica, ha obtenido también respuestas favorables a las demandas que había venido planteando. Todo hace pensar en un largo proceso de negociaciones que habría conducido con un acuerdo de apoyo mutuo, en el que el régimen ha comenzado a cumplir la parte que le corresponde.

Los sindicatos constituyen un elemento difuso para cualquier escenario, en la medida en que los más importantes han pertenecido -o siguen haciéndolo- al PRI. El régimen no ha destruido sus métodos de control corporativo previos a la crisis de los ochentas, aunque esos métodos hayan perdido la eficacia de épocas anteriores. No es seguro que los sindicatos apoyen al régimen como lo habían hecho tradicionalmente, pero tampoco lo es que adquieran la fuerza suficiente para convertirse en un factor decisivo hacia 1994. En todo caso, esos sindicatos están pagando la cuota de su lealtad previa al sistema, y tendrían que recomponer sus propias bases de credibilidad, antes de que pudieran protagonizar un conflicto capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Hasta ahora, parece claro que son los partidos, y no los sindicatos, quienes tendrían que encabezar una mudanza política.

Por último, el régimen sigue ejerciendo un control muy amplio sobre los medios de comunicación. Con ellos ha logrado asentar una imagen de eficacia económica y de apego social muy extendida entre las clases medias de México. Por una parte, las decisiones económicas y las de “efecto político” han ganado una evidente simpatía entre los grupos urbanos. Y por otra, el gobierno se ha ido adueñando de las propuestas alternativas de oposición: las más relevantes de los dos principales partidos que disputan la hegemonía al PRI se han asimilado a las estrategias defendidas por éste: del lado del PAN, las ideas sustentadas en la libertad individual y, sobre todo, en la importancia de la economía de mercado y la iniciativa privada, al margen de la intervención de Estado, han sido asumidas por el PRI a lo largo de los últimos años. Y del lado de la izquierda, la defensa de la justicia social, a partir de criterios de redistribución del ingreso, se ha reiterado ininterrumpidamente como el propósito que persigue el Programa de Solidaridad.

Con los medios como respaldo, en consecuencia, el gobierno ha logrado transmitir la sensación de que las principales propuestas de oposición se han traducido de hecho en políticas públicas. El mensaje, en síntesis, consiste en que el gobierno está haciendo todo lo que hay que hacer.

Así, la alianza renovada con empresarios e iglesia; el control corporativo todavía vigente de sindicatos y agrupaciones campesinas; la puesta en marcha del programa de Solidaridad; y el manejo de una imagen de eficacia dirigida a las clases medias, formarían un abanico de recursos suficiente como para desmovilizar a la comunidad política del país, asegurar la efectividad de las respuestas del régimen y, en consecuencia, reconstruir la legitimidad que pusieron en duda los comicios de 1988: el puente entre el régimen y los grupos que realmente influyen en el país. Sobre esa base, el conflicto político potencial se habría mitigado y, con él, la necesidad de instaurar un nuevo pacto plural. Sobra agregar que, bajo estos supuestos. La instauración democrática aparece como una alternativa innecesaria.

SEGUNDO ESCENARIO: LA DEMOCRACIA APARENTE

El primer escenario propuesto se modificaría, sin embargo, con la introducción de dos elementos de juicio adicionales. El primero de ellos es la caracterización de la legitimidad no sólo a partir de criterios de eficacia sino de pluralidad democrática. El segundo radica en la opinión internacional.

De acuerdo con el primero de esos supuestos, el régimen estaría obligado a propiciar la transición democrática en plazo breve, a riesgo de perder de modo definitivo las bases que le mantienen unido con la comunidad política del país. Si a lo largo de seis décadas su legitimidad estuvo basada en la herencia de un “programa revolucionario”, en los años de ajuste esa herencia hubo de abandonarse -como en el resto de América Latina- junto con la política económica “mercadointernista”.(12) Las elecciones de 1988 habrían representado, en ese sentido, la prueba de que ese rompimiento obligaba también a replantear las bases legítimas del sistema. Pero a pesar de todo, el gobierno no ha conseguido eludir la crítica nacional -e internacional- a la falta de democracia. Por el contrario, el propio régimen ha asumido que la transición está en curso, porque hacen falta procedimientos democráticos aceptados a plenitud por toda la comunidad política mexicana. La legitimidad estaría así situada en la democracia, más que en el binomio de eficacia-efectividad. (13)

Estos supuestos no modifican, sin embargo, la recomposición de alianzas que ha formulado el régimen con buena parte de la comunidad política del país, ni suponen el estallido de un conflicto capaz de forzar un pacto entre opciones enfrentadas. Se trataría, más bien, de una definición “suave” de legitimidad, entendida más como una especie de justificación al empleo de nuevos medios políticos, que un recurso indispensable para garantizar la estabilidad. La hipótesis del conflicto aparecería, por lo tanto, como una posibilidad diluida: como un riesgo a la verdadera legitimidad basada, en todo caso, en los criterios ya aceptados de eficacia administrativa.

El régimen no tendría que modificar sus bases actuales, sino para garantizar una “apariencia” democrática: para instaurar una democracia aparente. Y en este supuesto, cobra especial relevancia el papel que adopten los dos principales partidos de oposición. La incorporación del PAN o del PRD a un nuevo pacto de asignación del poder delinearía, pues, un escenario formalmente democrático, pero incapaz de satisfacer los mínimos que describe Dahl.

Este escenario también es posible, si se toma en cuenta no sólo la fuerza electoral sino el papel que ha desempeñado el PAN en las elecciones locales recientes: si ese partido se sumara a este escenario, sin modificar los requisitos previos a la competencia electoral ni las bases corporativas del régimen, la probabilidad de una democracia aparente no sería menor.

TERCER ESCENARIO: LA DEMOCRACIA APLAZADA

Se trata de una variante del escenario anterior, con una modificación básica la unidad de toda la oposición hacia las próximas elecciones presidenciales. La variante no modifica las claves del control establecido por el gobierno, pero sí coloca el problema de la legitimidad en los procedimientos democráticos y no sólo en los criterios de eficacia-efectividad. Si el PAN se rehusara a formular un acuerdo parcial con el PRI, y desplazara su fuerza relativa en busca de una alianza con los partidos de izquierda, la transición se concentraría en el punto único de los resultados electorales, aplazando el resto de las condiciones mínimas que permitirían hablar de una verdadera instauración democrática en México. En otras palabras: los comicios no se resolverían de acuerdo con los requisitos de Dahl, sino como un plebiscito para determinar la continuación del PRI en el poder.

En un plebiscito caben sólo dos opciones de voto: a favor o en contra. Pero en este escenario, cualquiera de las opciones perdedoras representaría, además, a una parte muy extensa de la comunidad política nacional. Puede afirmarse, en consecuencia, que el sólo planteamiento de unidad táctica entre todos los partidos de oposición supondría la polarización del conflicto, no su conclusión. O, si se prefiere, significaría la profundización de la “fase preparatoria” sugerida por Rustow. Por lo tanto, el escenario no llevaría a la democracia sino a la necesidad de negociarla más tarde, en la medida en que ningún resultado permitiría prescindir del contrario.

Guardadas las proporciones, es aleccionadora la experiencia chilena: después del plebiscito de 1988, que permitió reunir a la oposición en contra de Pinochet, hubo que establecer al menos otros tres pactos de similar importancia: uno partidista, durante la “fase decisiva” de instauración democrática; otro electoral y de gobierno para abonar el terreno de la estabilidad; y uno más sobre las claves del desarrollo del país, en busca de la “habituación democrática”.(14) Y aun así, la fuerza política de Pinochet no ha desaparecido de Chile: ambos polos han negociado la democracia, y ambos están aprendiendo a consolidarla.

Este escenario es, en México, tan posible como los anteriores. De hecho, el PRD lo ha propuesto como alternativa para la transición. Todo depende de la actitud y de las creencias políticas que defienda el PAN: en 1988 se unió a la izquierda para impugnar el resultado de las elecciones; después ha aprendido a negociar posiciones con el gobierno. ¿Qué opción adoptará hacia las elecciones de 1994? No puede responderse de antemano, pero está claro que el escenario de la polarización política, el conflicto continuado y el aplazamiento de la democracia no pueden descartarse tampoco del futuro inmediato de México.

CUARTO ESCENARIO: LA DEMOCRACIA INSUFICIENTE

La cuarta variante de este juego descarta las alianzas tácticas planteadas en los dos escenarios previos, pero también la posibilidad de que el régimen trascienda, a través de la sola eficacia, la necesidad de fundar su legitimidad en procedimientos democráticos aceptados por todos. La clave de este escenario consistiría en que la oposición -y la opinión internacional, otra vez- se concentraran en la vigilancia y el control del sufragio, entendido como único medio eficaz para garantizar la composición del poder. La legitimidad, así, descansaría sólo en el voto y la posibilidad de conflicto se resolvería con la negociación de medios adicionales para asegurar su limpieza.

El voto como único medio de transición a la democracia, sin embargo, sería insuficiente. Hay que insistir en los mínimos sugeridos por Dahl: antes del voto habría que cumplir ciertos requisitos básicos para que la democracia no se convierta en un cascarón sin contenido. Habría que garantizar no sólo la efectividad del sufragio sino la igualdad de oportunidades, de medios y de recursos para que el debate público -complemento indispensable del voto- no se vea dominado por una sola de las opciones. Y después del sufragio están las prácticas cotidianas del gobierno: las políticas públicas, cuya definición y cumplimiento tendrían que someterse al contrapeso formal del Estado de Derecho -con todos sus instrumentos-, sin que la presidencia de la República acapare prácticamente todo el poder del país. Por eso la defensa del voto, como raíz única de la legitimidad del régimen, produciría una democracia insuficiente. Prometedora, quizá. Pero insuficiente.

Sin embargo, tampoco es un escenario improbable. Las tácticas políticas seguidas por los partidos de oposición desde 1988 han descansado en ese punto central, y ha sido la demanda de transparencia electoral la que le ha dado carácter a la “fase preparatoria” que podría estar en curso. Si los partidos continuaran las tácticas concentradas en la defensa del voto, sin acudir a ningún tipo de alianza adicional ni ampliar el debate hacia otros puntos de la agenda política abierta, el escenario se volvería muy probable: los votos podrían ser contados con total transparencia en elecciones sucesivas -incluso bajo observación internacional- y el conflicto tendería a mitigarse. ¿Permitiría el solo respeto al voto avanzar hacia la democracia, en su sentido más amplio? La respuesta exigiría un ensayo distinto. Pero debo anotar que un régimen cuya legitimidad se fundara exclusivamente en las elecciones, sin contrapesos posteriores al uso del poder, estaría más cerca -para seguir con la terminología de Dahl- de una “oligarquía competitiva” que de una poliarquía.

QUINTO ESCENARIO: LA DEMOCRACIA FORMAL

Un último escenario podría derivarse, sin embargo, del anterior. Tomando como base todos los supuestos que han servido para imaginarlo, cabría agregar una posibilidad más: que los resultados electorales, transparentes y vigilados, condujeran a una equivalencia efectiva entre los partidos más importantes. Con ese supuesto, reaparecería el conflicto como “fase preparatoria”, pero ya no en términos de una polarización que aplazara la democracia, sino como una necesidad de formular nuevos acuerdos en favor de procedimientos que permitieran, a fin de cuentas, la gobernabilidad del país: la eficacia del régimen, frente a una comunidad política dividida por sus propios medios electorales de legitimación. En este escenario, ninguno de los partidos podría imponerse a los demás y el pacto, la “fase decisiva” de Rustow, se presentaría como una alternativa racional.

Como los anteriores, tampoco este escenario puede considerarse improbable. Su debilidad consiste, sin embargo, en que parte de una hipótesis débil: que los votos totales emitidos en elecciones futuras se distribuyan de modo equivalente entre las tres fuerzas políticas en disputa.

LA DEMOCRACIA, DEPUÉS.

Ninguno de los escenarios que he señalado concluye con la plena instauración de la democracia. O al menos de una democracia capaz de satisfacer los mínimos que hemos empleado como referencia: de una democracia pactada entre las fuerzas en pugna, que garantice el respeto a la voluntad ciudadana, a los marcos jurídicos del Estado, y al equilibrio y la división de poderes. De una democracia bien entendida como un conjunto de procedimientos, aceptado por todos, para encauzar el conflicto por medios civilizados. De una democracia, en fin, compatible con los partidos políticos del país.

No obstante, mis escenarios son limitados. Otros elementos de juicio podrían transformarlos e, incluso, llevarlos a conclusiones más optimistas. Además, detrás de este texto hay tres interpretaciones implícitas, que desde otro mirador podrían diluirse. Las anoto como conclusión y como puerta de escape: es la primera que entre los partidos y los grupos que forman el resto de la comunidad política del país no hay vínculos claros: ¿quién representa a quién? La distancia entre los partidos y aquella comunidad es de tal magnitud, que el hueco admite toda clase de arreglos. Dicho en otros términos: los partidos no están en medio de la comunidad política y el régimen de gobierno, como debieran, sino en los vértices de un triángulo desigual. (15) Por eso son viables las negociaciones directas entre el gobierno y los grupos que influyen en el poder, sin necesidad de pasar por el tamiz de la opinión partidista. Y de ahí también que la legitimidad del régimen no dependa tanto de los partidos como de su capacidad para mantener con vida ese triángulo. Mientras los partidos no llenen el hueco que los separa de la comunidad política nacional, alguien tendrá que hacerlo.(16)

De esta interpretación se deriva otra en los escenarios apenas he mencionado al PRI, y sólo como una referencia simbólica: en realidad pensaba en el régimen. Y es que en el curso de los últimos años se ha revelado. tal vez como nunca, que la fuerza de ese partido le viene de fuera El PRI -como tal- también vive en un vértice del triángulo mexicano. Y también estaría obligado, si las cosas cambiaran, a ganar su propio sitio en la contienda civilizada por el poder. Paradójicamente, de acuerdo con la interpretación que he seguido, el PRI podría verse como beneficiario y víctima de su propia estrategia.

Por último, he insistido en la distinción entre comunidad política y sociedad, a secas. Es culpa del modelo que he utilizado: si el comienzo de la democracia es el producto de un pacto, éste sólo puede firmarse por quien representa algo o a alguien. En la génesis de la democracia -nueva paradoja- la sociedad sólo ocupa el asiento del espectador, aunque más tarde se convierta en protagonista. Pero durante la transición es inútil apelar a toda la sociedad no hay más remedio que buscar interlocutores.

Con todo, es preciso admitir la capacidad del régimen para mudar su discurso, sus estrategias y hasta sus bases de legitimación para situarse en la corriente de las circunstancias y recobrar su tradicional eficacia política. Si algo ha de concluirse, pues, es que en los últimos años ese régimen ha operado una transformación admirable -dentro de su propia lógica-, para afrontar los orígenes del conflicto y convertir a la democracia, una vez más, en un asunto para después.

PARA EL PRI, LAS ELECCIONES DE 1991 REPRESENTARON UN PASO MAS EN UN PROCESO QUE COMENZO AÑOS ANTES. CON UNA LEGISLACION RENOVADA, SE HABRIA SATISFECHO LA DEMANDA PRINCIPAL QUE PROVOCO LA MOVILIZACION DE 1988

EL PAN HA SEGUIDO OTRA RUTA: PARA ESE PARTIDO LAS ELECCIONES DE AGOSTO DE 1991 DEMOSTRARON QUE LA TRANSICION NO PROSPERARA SINO MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE PACTOS QUE GARANTICE LA LIMPIEZA DE LOS VOTOS Y LA ALTERNANCIA EN EL MANDO.

LA PERDIDA DE EFICACIA EN EL REGIMEN PODRIA SER CAUSA DE UNA MOVILIZACION POLITICA QUE, A SU VEZ, TRASTORNARIA LAS BASES DE SU LEGITIMIDAD. ¿Y NO FUE ESTO LO QUE OCURRIO DURANTE LOS AÑOS DE CRISIS EN MEXICO?

EN UN PLEBISCITO CABEN SOLO DOS OPCIONES DE VOTO: A FAVOR O EN CONTRA. PERO EN ESTE ESCENARIO, CUALQUIERA DE LAS OPCIONES PERDEDORAS REPRESENTARIA, ADEMAS, A UNA PARTE MUY EXTENSA DE LA COMUNIDAD POLITICA NACIONAL.

Notas

(1) Tomo el término “elecciones cataclísmicas” de una conferencia dictada por José María Maravall en el Instituto Ortega y Gasset, en noviembre de 1991. Se refiere a los comicios que producen resultados inesperados, pero cuya fuerza es insuficiente para modificar la estructura o las prácticas de un régimen dado. Cuando el cataclismo pasa, todo tiende hacia la normalidad anterior. Por eso he puesto entre paréntesis el adjetivo siguiente: si no ocurre ningún pacto derivado de esas elecciones, las posteriores suelen ser como un “cataplasma” que cura la enfermedad.

(2) Los resultados de dos encuestas, ambas realizadas por la empresa Opinión Profesional con una muestra de 5 mil cuestionarios en 8 reglones de México. fueron reveladores: en el mes de junio de 1991, el 48.3% de los encuestados creía que las elecciones de agosto serían más limpias que las anteriores, y el 44.7% opinó que el PRI podría obtener más votos que en 1988. Al finalizar el mes de agosto, el 56.3% dijo creer en el “triunfo verdadero” del PRI, y el 82.9% aseguró no haber visto ninguna irregularidad en el proceso electoral. Cfr. encuestalia, en nexos 164 y 166, correspondientes a los meses de agosto y octubre de 1991.

(3) En su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Carlos Salinas definió su postura del modo siguiente: “En el cambio -dijo- las formas tradicionales son rebasadas por la realidad y las prácticas nuevas conllevan riesgos. En tales circunstancias puede suceder que los cambios demandados no se reconozcan ni se ubiquen en su real dimensión. En estos tempos de transformaciones, no es posible gobernar un país como el nuestro con hipótesis o prácticas de decenios anteriores (…) La política tiene la responsabilidad de convertir el conflicto en diálogo, y de llegar a acuerdos en con el marco de la ley (…) Respondamos todos a un diálogo nacional para que, con franqueza y con buena fe, encontremos juntos el camino de la concertación para afrontar los grandes retos nacionales” .

(4) Me refiero, por supuesto, a tres partidos: el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN); el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); y, aunque en menor medida, al Partido Popular Socialista (PPS).

(5) Jorge Javier Romero dice, por ejemplo, que el concepto más generalmente aceptado de transición hace referencia al intervalo que se entiende entre un régimen político y otro, lo que significa que las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio de la disolución de un régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno de algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria”. Cfr. “El pantano de la transición democrática”, en nexos 176, p. 37.

(6) La poliarquía (participación y oposición). Yale University Press, 1971, Editorial Tecnos, Madrid. 1989. p. 15.

(7) Ibidem

(8) El texto citado es “Trasitions to Damocracy. Toward a Dynamic Model”, en Comparative Politics, abril de 1970.

(9) Debe notarse que esas conclusiones son precursoras de las que propondrían más tarde Phillippe Schmitter, Guillermo O’Donnell, Laurence Whitehead o Adam Przeworski. Para esos autores, en efecto “1) las transiciones a la democracia (o al autoritarismo) pueden seguir rutas diversas; 2) esas rutas o modalidades de transición -y las respectivas instituciones y prácticas con las que cada una está asociada- conducen a distintas subespecies del género ‘democracia’. A su vez, estas subespecies tienen diferentes probabilidades de consolidarse. Por último, 3) el desenlace de toda transición es siempre incierto, y el riesgo de regresiones autoritarias nunca está completamente ausente”. La síntesis es de Marcelo Cavarozzi en “Más allá de las transiciones a la democracia”-, Revista de Estudios Políticos, No. 74, Madrid. diciembre de 1991, p.89.

(10) Rostow, op. cit., p. 361.

(11) Véase, en particular, Cómo cambian los regímenes políticos. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 1985.

(12) Cfr. Ludolfo Paramio, “El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América Latina ante la década de los 90”, en Revista de Estudios Políticos, No. 74, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 1991.

(13) Esta es la tesis que propone Lorenzo Meyer en “Una perspectiva de conjunto”, en Manuel Alcántara y A. Martínez, México frente al umbral del siglo XXI. Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXL Madrid. 1992, pp. 267-280.

(14) Cfr. Paulo Hidalgo, “La transición a la democracia aspectos teóricos y análisis de la situación chilena” en Revista de Estudios Políticos, No. 75, Madrid, junio de 1992.

(15) La existencia de ese triángulo muestra, sin embargo, que la transición no es ficticia hace apenas dos décadas el sistema político mexicano se simbolizaba mejor como un eje, en el que el Estado, el PRI y la mayor parte de la comunidad política nacional formaban las ruedas. Hoy otros partidos han forzado la figura del triángulo, mientras que aquella comunidad ha ganado una dosis considerable de autonomía. El triángulo no es aún democrático, pero es mucho mejor que el viejo eje.

(16) Utilizo el término “comunidad política” y no sociedad, con toda intención: la primera es la única capaz de influir en las decisiones más allá de los periodos electorales. Y en una transición hacia la democracia lo que cuenta es el juego de fuerzas. y no la idea abstracta de una sociedad desarticulada.