Gobernabilidad y democracia

A mediados de 1991, la Fundación nexos A.C. y la revista nexos convocaron a la celebración de un concurso para la obtención del PREMIO CARLOS PEREYRA. Más de ochenta concursantes respondieron a la convocatoria.

El jurado, integrado por Carlos Monsiváis, Rafael Segovia y José Woldenberg, consideró la calidad y pertinencia de los trabajos y otorgó el PREMIO CARLOS PEREYRA de 1991 al ensayo Gobernabilidad y democracia, once tesis sobre la “transición” mexicana que envió Antonio Camou, bajo el seudónimo de “Mark Twain”. Asimismo, el jurado recomendó la publicación de los siguientes ensayos: El pantano de la transición mexicana de Jorge Romero Vadillo; Los dilemas políticos en la época poscrisis: Los nuevos “límites del reformismo” de Stephen David Morris; y Sociedad y política en la transición mexicana de Mario César Constantino Toto. Presentamos, pues, el ensayo ganador.

De un tiempo a esta parte, el debate sobre la llamada transición mexicana a la democracia parece discurrir por un callejón de estrecha salida. Y esto es así no sólo por la indócil propensión al cambio, en sentido democrático, de nuestro escenario político, sino también por los limitados términos conceptuales que han venido enmarcando la discusión. No quisiera hacerme demasiadas ilusiones al respecto, pero dando una controvertible vuelta de tuerca sobre el asunto, podríamos decir que pensar estrechamente los problemas de la transición contribuye a cercenar, en la práctica, el propio horizonte de posibilidades y de alternativas viables para el tiempo político que vivimos. Por el contrario, una manera de ampliar ese horizonte teórico-político sería encuadrar críticamente el debate que nos ocupa en el marco de la reflexión latinoamericana sobre la transición democrática, tanto por lo que esa decantada reflexión puede ilustrarnos como por los propios límites que a partir de ella es posible trazar entre el caso mexicano y el resto de las experiencias transicionales de América Latina. En tal sentido, dos o tres ideas, por llamarlas de alguna manera, animan este trabajo liminar cuyo moderado objetivo es contribuir a una discusión tan urgente como importante y que no requiere de mayor presentación.

En primer lugar, conjeturo que la llamada transición mexicana a la democracia constituye una excepción cuya notoria peculiaridad nos obliga a tomar una precaución metodológica inicial: la de revisar y precisar los términos “heredados” de la discusión a efectos de adecuarlos críticamente a nuestra particular realidad. Pero además, en la perspectiva de abordar el problema de la lentitud con que transcurre este periodo de tránsito, ser conscientes de esa excepción nos lleva a manejar algunas conjeturas interpretativas capaces de encauzar nuestra reflexión por un sendero no del todo trajinado. Por un lado, a diferencia de los casos latinoamericanos más estudiados (el Cono Sur, principalmente) se da en el nuestro una flexible y distintiva articulación entre régimen y sistema político que le ha permitido al paradigma PRI/Gobierno adaptarse a cambiantes condiciones políticas y sociales que parecían amenazar su vigencia; por otro, no se dan en México dos condiciones negativas o desencadenantes capaces de dinamizar la democratización efectiva del régimen/sistema político vigente: la primera, más conocida, es la ausencia de fuertes déficit de gobernabilidad, la segunda, a la que no se le ha prestado casi ninguna atención, es la inconveniencia (e incluso la imposibilidad) tanto práctica como discursiva de construir un “enemigo político”, en el sentido en que, por ejemplo, el carácter propio de las FF.AA. conosureñas permitió galvanizar a las sociedades civiles respectivas frente a un adversario tipificado como “inaceptable”. Conjeturo también que las condiciones positivas o precipitantes capaces de apoyar el proceso transicional, entendiendo por tales las que dependen del fortalecimiento de la sociedad civil, no solamente son entre nosotros todavía débiles aunque incipientes, sino que además son menos relevantes que las condiciones negativas de cara a lograr una rápida democratización del régimen/sistema político; en todo caso, son condiciones que sólo pueden madurar en un tiempo más prolongado. De acuerdo a este análisis, que pretende alejarse por igual de optimismos y pesimismos fáciles, podemos concluir que la transición mexicana a la democracia tenderá a cristalizarse sólo en un mediano plazo, después de recorrer un camino relativamente largo y sinuoso.

En segundo y más propositivo término, apuesto a la necesidad de abordar -teórica y políticamente- los complejos desafíos que entraña esta transición combinando los dos polos tensionados de un mismo eje problemático: gobernabilidad y democracia. Debido a que simpatizo con la desacreditada idea de una transición lenta, bastante por convicción y otro poco porque no queda más remedio, no puedo menos que señalar, con cierto grado de estupor, la virtual división política del trabajo entre los sectores gubernamentales (o cercanos al gobierno) y la oposición: unos preocupados (a veces honesta, a ratos espúreamente) por los problemas de gobernabilidad, los otros concentrados (no siempre de manera cristalina) en administrar el reclamo democrático. En este infecundo y estridente diálogo de sordos muchos análisis se han visto arrastrados hacia uno u otro polo con la consiguiente simplificación de los términos del debate y con la peligrosa consecuencia de ver la mitad del cielo. Si bien no me atrevo a decirlo con todas las letras, aunque me atrevo a pensarlo (cualquier cosa que sea) la gobernabilidad y (cualquier cosa que sea) la democracia se hallan, sospecho, en una compleja y tensionada relación que no admite lecturas lineales. Lejos de subirme al concurrido carro de la oleada neoconservadora, que tematiza la vinculación entre ambas como un angosto juego de suma cero, pero cerca de la reflexión sobre algunas experiencias democráticas desarrolladas en el Cono Sur, no puedo menos que alertar sobre la necesidad de integrar ambas perspectivas; lo que algunos países conosureños descubrieron tarde y mal, que generalmente después de los problemas de la transición democrática vienen los problemas de gobernar democráticamente, México tiene la oportunidad de empezar a pensarlo desde un principio.

T1) Es preciso distinguir entre régimen político y sistema político. Mientras el primero se define al nivel de las instituciones y normas jurídicas que regulan el acceso, la distribución y el ejercicio del poder político,(1) el segundo, en cambio, se refiere al conjunto articulado de las prácticas y relaciones de poder (político) efectivamente vigentes en una sociedad.(2)

T2) Es conveniente partir, al menos, de una “definición mínima” de democracia(3) que pueda ser leída tanto al nivel del régimen como del sistema político. Esa definición mínima hace referencia a un conjunto de reglas fundamentales – normativamente consagradas, en un caso, efectivamente cumplidas, en el otro- que establecen quién está autorizado a tomar decisiones, bajo qué procedimientos y en qué condiciones. De acuerdo con esto, un régimen/sistema político será considerado democrático si y sólo si se cumple que:

a) Los sujetos involucrados en los procesos de toma de decisiones son la mayoría de la población adulta.

b) El procedimiento de toma de decisiones se rige por el principio de mayorías. c) Están garantizadas un conjunto de libertades básicas (de opinión, de información, de asociación, de reunión, etcétera) que permiten a los sujetos involucrados presentar y/o elegir opciones políticas definidas sin que medien sobre ellos mecanismos de coacción.

T3) Es conveniente caracterizar el término transición,(4) en principio, como un género lógico-conceptual capaz de admitir, al menos, dos especies diferenciadas: la regresión autoritaria y la democratización política en sentido amplio; de acuerdo con esto, transición política hace referencia al intervalo que se extiende entre un régimen/sistema político y otro, siendo su principal característica el hecho de que, durante la transición, las reglas jurídico-políticas del juego político no están plenamente definidas, incluso se hallan en flujo permanente y, por lo general, son objeto de una ardua contienda a efectos de establecer los espacios y procedimientos cuya configuración determinará los recursos que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a los que se permitirá participar en ella.

En lo que hace a las dos especies transicionales, corresponde decir que se ubican a un nivel de interpretación más definido, ambas constituyen transiciones orientadas, en un caso, hacia la creación, ampliación o profundización de un régimen/sistema político autoritario;(5) en el otro, hacia la creación, ampliación o profundización de un régimen/sistema político democrático.

Es de especial interés para estudiar el caso que nos ocupa, distinguir, en el marco del proceso de democratización en sentido amplio, al menos, tres situaciones-tipo:(6)

a) Fundaciones democráticas: se refieren a la creación del primer régimen/sistema democrático en la historia de un país. 

b) Transiciones democráticas (en sentido estricto o propiamente dichas): se refiere al paso de un régimen/sistema autoritario o “semiautoritario” a otro de carácter democrático.

c) Profundizaciones democráticas (o democratización política en sentido estricto): se refieren al proceso por el cual se completan, en sentido democrático, ciertas condiciones jurídicas y políticas ya presentes en algún grado en el régimen/sistema anterior.

De acuerdo con lo expuesto, es preciso entonces remarcar la diferencia entre la transición a la democracia (o transición democrática en sentido estricto) y la profundización democrática (o democratización en sentido estricto) de un régimen/sistema político; en tal sentido, será conveniente estipular que sólo podrá transitarse hacia, o con más razón todavía fundarse, un régimen/sistema político democrático, desde un régimen/sistema no democrático (totalitario, autoritario o semiautoritario, según sea el caso), y que sólo podrá democratizarse en sentido estricto un régimen/sistema político ya en sí mismo tendencialmente democrático o proto-democrático,(7) esto es, que haya satisfecho algunos requisitos jurídico-políticos básicos que permitan calificarlo como tal.

T4) Es preciso recuperar el carácter de estas distintas instancias transicionales tanto al nivel del régimen como del sistema político. Pero aquí emerge una notoria dificultad: si bien es posible, aunque con las limitaciones y particularidades de cada caso, caracterizar operacionalmente un proceso de democratización política en sentido amplio (a] Fundaciones; b] Transiciones y c] Profundizaciones) al nivel de régimen político, esta tarea se vuelve en extremo compleja cuando intentamos caracterizarlo al nivel del sistema político; esto es debido principalmente al carácter más difuso y dinámico de los eventuales indicadores de la situación (prácticas efectivas, cultura política, etcétera). No obstante esto, es posible caracterizar en una aproximación tentativa la situación actual del caso mexicano, del siguiente modo:

a) El régimen/sistema político se encuentra atravesando un proceso de transición, especialmente acentuado desde las elecciones de 1988 y que continúa irresuelto hasta la fecha.

b) Ese proceso transicional del régimen/sistema está orientado en términos de una democratización política en sentido amplio, lo cual, como se desprende de la definición de transición antes citada, no implica el hecho de que no se produzcan regresos o retrocesos de carácter autoritario.

c) El régimen político está atravesando un proceso de profundización democrática o de democratización en sentido estricto (T3 caso c), en la medida en que su punto de partida lo constituye un régimen político de carácter democrático o “protodemocrático”.

d) Pero el sistema político está atravesando un proceso de transición democrática (en sentido estricto), en la medida en que su punto de partida lo constituye un sistema político de carácter autoritario o semiautoritario(8) (T3 caso b).

T5) En virtud de lo expuesto y en una aproximación otra vez tentativa podemos decir que una complejidad particular de la llamada “transición” mexicana a la democracia, que la distingue sensiblemente del resto de las transiciones latinoamericanas e incluso europeas y que hunde sus raíces históricas al nivel de la disociada matriz constitutiva del régimen/sistema político (lo cual le ofrece, a su vez, una notoria capacidad de supervivencia al paradigma PRI/Gobierno), es que en ella se da una convivencia tensionada, irresuelta como tal y por tanto posible de ser recreada sistemáticamente, entre un régimen político democrático o, en una apreciación más débil, “tendencialmente democrático” (esto es, en estado de “profundización”) y un sistema político autoritario o, en una apreciación más débil, todavía “inercialmente autoritario” (esto es, en estado de “transición democrática”).

T6) Existen condiciones políticas internas y externas(9) para la democratización (en sentido amplio) de un régimen/sistema político. En cuanto a las internas, éstas pueden ser clasificadas como condiciones “precipitantes” (o positivas) y condiciones “desencadenantes” (o negativas).

T7) Entre las condiciones positivas, que están asociadas con el fortalecimiento de la sociedad civil, es habitual señalar, al menos, la conformación de un subsistema estable de partidos políticos con amplia base representativa y programas propositivos, la constitución de una esfera autónoma de opinión pública, un alto nivel de participación ciudadana, etcétera. Las condiciones negativas, en cambio, que se refieren más bien al desempeño o al carácter mismo del actor político gobernante, son básicamente dos: la existencia de fuertes déficit, que en casos límites llegan a configurar crisis, de gobernabilidad(10) (entre las que incluyo crisis económicas), y la posibilidad de construir discursiva y prácticamente un enemigo político.(11)

T8) Las condiciones negativas son, por sobre las positivas, factores dinamizadores de una rápida democratización, entendida ésta en sentido amplio. Cuando esas condiciones negativas están ausentes, entonces la democratización se hace inevitablemente lenta.

T9) En México, el actual gobierno ha logrado superar, e incluso alejar en el horizonte político de corto plazo, los déficit de gobernabilidad generados durante el sexenio anterior.

T10) En México, el único candidato a enemigo de un régimen/sistema político democrático (es decir, el PRI) es una entidad que, como tal, ha de formar parte, no sólo del sistema, sino también y necesariamente de ese mismo régimen político democrático; y por lo tanto, es en extremo peligroso que sea discursiva y prácticamente constituido como un oponente inaceptable.

T11) En consecuencia, la democratización integral tanto del régimen como del sistema político mexicano es una empresa que tenderá a cristalizarse sólo en un mediano plazo. En ese transcurso, será conveniente que tanto el discurso político e intelectual como las prácticas efectivas de los principales actores del sistema (centralmente el gobierno y los partidos de oposición) vayan configurando un campo común de preocupación articulado con base en dos polos de un mismo eje problemático: gobernabilidad y democracia. Hasta donde puedo ver, esta integración de perspectivas es absolutamente necesaria si queremos superar la estrecha fase de la transición “reclamada” en favor de una nueva etapa de transición “concertada”.

No deja de llamar la atención el hecho de que buena parte del debate político-intelectual latinoamericano en general, y mexicano en particular, sobre la llamada transición a la democracia pase de largo ante la distinción entre régimen político y sistema político.(12) La cuestión no pasaría de una minucia terminológica si no fuera porque el borrar las diferencias entre ambos niveles de análisis oscurece, de una parte, las interpretaciones concretas sobre casos determinados y reintroduce por la ventana, de otra, la amarga subestimación que a la cultura política de izquierda tanto trabajo le costó echar por la puerta: el consabido desdén respecto a las materialidades implicadas por ciertas formalidades jurídicas consagradas.(13) El punto tiene su importancia, en particular, por que si bien es comprensible que aquel debate haya subestimado la distinción entre régimen y sistema político los regímenes políticos autoritarios del Cono Sur, por caso, proveyeron una cobertura jurídica paralela a esos mismos sistemas políticos), la peculiar complejidad del escenario político mexicano exige tal distinción. Y esta distinción, a su vez, requiere ser cuidadosamente articulada con el concepto mismo de transición cuyo uso en el lenguaje teórico y político dista mucho de ser unívoco.

En efecto, a nadie escapa el hecho notorio de que el término transición se ha vuelto una especie de comodín conceptual ajustable a las más variadas situaciones, que algunos analistas utilizan, justamente, debido a su extrema versatilidad,(14) pero que otros impugnan, ya sea porque apenas tematiza una aseveración trivial (en un sentido lato transición hace referencia a algo que esta en movimiento, y, hasta donde sabemos, nadie conoce sociedades inmóviles), ya sea porque presupone, especialmente al adscribirle el calificativo democrática, que la transición tiene un sentido definido.(15)

Ahora bien, decir que México está viviendo un proceso político transicional parece no decir mucho. Incluso en lo que quiere ser la pulcra definición de O’Donnell & Schmitter(16) (que adoptamos en la T3 con algunas modificaciones) encontramos con que no alcanza para tematizar un punto crucial de todo análisis social y político concreto: la interpretación del sentido de la acción de los actores sociopolíticos participantes. Por el contrario, al hablar, como lo hemos hecho en la T4, de democratización política (en sentido amplio), esto es, como transición orientada, estamos abonando una interpretación de la situación política mexicana según la cual se observa una tendencia, más o menos manifiesta, más o menos definida, y no exenta de avances y retrocesos, hacia una democratización del régimen/sistema político.

Pero por lo mismo, decir que México está viviendo un proceso político transicional es decir algo. Es decir, entre otras cosas, que las reglas y prácticas jurídico-políticas de los actores de la transición están en flujo permanente; a veces, dando pasos más o menos decididos hacia una plena democratización (la significativa participación electoral en las últimas elecciones o algunos cambios en el Cofipe), otras, evidenciando un regreso a prácticas autoritarias que se creían, o se esperaba, superadas.

En todo caso, aquel árido pasaje por la precisión, el intento de precisión, de algunos términos del debate, deja cuando menos un fruto positivo: reemplazar las gruesas y deformantes lentes de las apreciaciones encendidas (optimistas unas, pesimistas otras) por el más refinado y reposado cristal crítico provisto por herramientas conceptuales con pretensiones de univocidad. De acuerdo con esto, un punto que ilustra las ventajas de este proceder es considerar las primeras evaluaciones pesimistas(17) hechas sobre las cenizas tibias, e incluso todavía ardientes, de los recientes resultados electorales, en el sentido de que México no vive un proceso de transición democrática,(18) que ésta -de haber existido- se ha roto,(19) o bien que asistimos, después del 18 de agosto de 1991, a una restauración del régimen de partido único.(20) A mi modo de ver, estas apreciaciones vertidas tanto por dirigentes como por analistas políticos, y aun siendo consciente de las lógicas discursivas diferenciales que las animan, abrigan cuando menos un par de puntos débiles:

· Por un lado, estos impacientes análisis parecen tener in mente los meteóricos procesos transicionales del Cono Sur, los cuales se desarrollaron, como ya sugerimos, en el marco de condiciones sociopolíticas notoriamente distintas que permitieron la dramática aceleración de los tiempos de la transición; sin el concurso de condiciones negativas o desencadenantes, entiendo, las posibilidades de una democratización rápida se difuminan inevitablemente en el más extendido horizonte del mediano plazo.

· Pero por otro, se hace aquí un uso más bien equívoco del concepto mismo de transición. Como ya he indicado, el término transición, ya sea tomado en su sentido estricto y con más razón aún en su sentido amplio, denota un proceso político complejo, incluso contradictorio, donde múltiples fuerzas y actores políticos entablan una contienda para definir no sólo posiciones sino también las reglas misma del juego político; quien piense en la transición como un proceso lineal que arranca en la disolución de un régimen/sistema político autoritario para desembocar directamente, sin tropiezos ni retardos, en el reino encantado de la democracia, simplemente está usando el término en una acepción privada, pasando por alto las sutiles determinaciones que una conceptualización más refinada impone para el caso que nos ocupa. Para citar un ejemplo grosero y de otro costal: el golpe en la URSS que derrocó temporalmente a Gorbachov no significó, aun en sus más dramáticas e inciertas horas, una cancelación de la transición, sino más bien un momento contradictorio en el marco de la transición; y nótese de paso, que ese carácter contradictorio de los sucesos transicionales no pretende invocar ninguna oscura lógica de desarrollo de los procesos históricos, sino una instancia desfavorable de las relaciones de fuerza a manos de los sectores autoritarios. Del mismo modo, los “hechos”(21) de San Luis Potosí o Guanajuato, y también las diversas irregularidades (más o menos microscópicas) registradas en el reciente proceso electoral, no constituyen como tales un final abrupto de la transición mexicana, sino un momento contradictorio de su propio y complejo transcurso. Los optimistas del 88 que ahora han terminado siendo, tristemente, los pesimistas del 91 erraron dos veces la manera de ver un mismo proceso: lo vieron veloz, cuando iba a ser lento, lo vieron lineal, cuando era sinuoso. 

Ahora bien, no solamente hemos calificado la situación mexicana como transicional, sino que además hemos señalado que se trata de una transición orientada en términos de una democratización en sentido amplio del régimen sistema/político. Pero ciertamente, aquí son importantes los matices y las precisiones, y éstas no pueden disociarse, otra vez, de la interpretación política de la voluntad de los actores implicados y de los resultados efectivos de su accionar; en este punto es justamente donde encuentra su cabal sentido la distinción antes mencionada entre régimen y sistema político.

Así, por una parte, los cambios operados al nivel del régimen político, especialmente después de las elecciones de 1988, parecen apoyar las apreciaciones vertidas en las tesis 4 y 5, en el sentido de que se está produciendo una democratización (leída en clave de una profundización democrática) del régimen político mexicano,(22) el cual merece ser tipificado en términos (al menos precariamente) democráticos o protodemocráticos. No quisiera caer aquí en una comparación otra vez grosera, y trivial, al cotejar el carácter del régimen político mexicano (y su notoria evolución desde mediados de los setenta) con el opresivo andamiaje jurídico construido por las dictaduras militares conosureñas,(23) pero tampoco querría pasar por alto el hecho de que los regímenes políticos autoritarios (sin comillas y con todas sus letras) del Cono Sur proveyeron una cobertura jurídica coextensiva a las prácticas efectivas (en muchos casos, atrozmente autoritarias) de esos mismos sistemas políticos. En tal sentido, una consecuencia fundamental, y diferenciada, que se deriva de estas circunstancias es que, mientras los régimenes/sistemas políticos conosureños, abiertamente autoritarios y excluyentes, poseían, por su propia rigidez, una muy limitada capacidad de apertura democrática (dicho de otro modo, no podían “flexibilizarse” sin “romperse”), el caso mexicano, en cambio, brinda una multivariada posibilidad de juegos políticos y jurídicos de apertura y de cierre, de inclusión y de exclusión, que le ha permitido adaptarse favorablemente a condiciones siempre cambiantes. En qué medida esta democratización en sentido estricto del régimen político pueda ser acompañada congruentemente por una transición democrática del sistema político es una pregunta todavía abierta, pero que es posible comenzar a responder señalando que, en todo caso, ese doble juego de apertura y de cierre del régimen/sistema político mexicano sólo parece pasible de ser volcado hacia un derrotero inequívocamente democrático en un plazo que no será breve.

Pero estas consideraciones nos obligan a sopesar cuidadosamente los referidos avances tendencialmente democráticos del régimen político con el carácter inercialmente autoritario (en este caso las cursivas se imponen) del sistema político mexicano. Y en este último punto, sobre todo, es donde tal vez pisemos el terreno más resbaladizo; tanto por la naturaleza dinámica, muchas veces evanescente o insondable, de los posibles indicadores políticos y culturales que podrían darnos cuenta de esa realidad, como por el sesgo fuertemente valorativo que toman las interpretaciones del problema. En este sentido, la jornada del 18 de agosto y sus vigentes secuelas son todavía una suerte de laboratorio incandescente que sólo permiten aventurar algunas reflexiones limitadas y tentativas; propongo, al menos, las siguientes:

· El alto índice de participación electoral es un signo promisorio (un indicador parcial pero sugerente) que muestra el grado de movilización política de la sociedad civil y que da un mentís contundente a dos caras de una misma e hipotética moneda: de una parte, el hecho de que, si la apatía política es un indicador/condición de un sistema político autoritario (recordar las condiciones de Linz),(24) la ciudadanía mexicana parece haber dado un paso decisivo, aunque no por eso irreversible, en el camino de constituir una práctica política esencialmente democrática; de otra, echó por tierra una nota fundamental del imaginario opositor, a más participación, menos votos para el PRI.

· Pero este avance democrático de la sociedad civil no parece ir acompañado de una actitud congruente por parte de significativos sectores de la élite política del partido de gobierno. La pervivencia de una profunda desconfianza en el seno del PRI/Gobierno, cuando no aversión, al libre juego de la institucionalidad democrática -ya sea en términos de actitudes políticas, ya en calidad de acciones extralegales o abiertamente ilegales- sigue conformando una nota fundamental de nuestra cotidianeidad política, y señala duros y pesados obstáculos puestos en la senda de la transición democrática.

En este punto hay, al menos, dos niveles que merecen una consideración diferenciada. De una parte, las actitudes y el accionar efectivo de los cuadros medios y bajos, tanto gubernamentales como partidarios: aquí parece privar (y digo parece porque entiendo que estamos necesitados de refinar nuestras herramientas interpretativas y de observación al respecto) un atavismo cultural, de largo arraigo, resumible en un desdichado apotegma: el poder no se regala en las urnas. De otra, en lo que hace a la élite gubernamental y partidaria, se evidencia una cierta convicción tensionada (una creencia, más bien) según la cual, a mayor democracia correspondería una menor capacidad de gestión estatal, pero a su vez, sin democracia, se correría el riesgo -al menos en el mediano plazo- de lesionar la legitimidad misma de las transformaciones encaradas resintiendo la capacidad de la sociedad civil para desarrollar actitudes culturales y comportamientos sociales, políticos y especialmente económicos congruentes con las transformaciones en marcha. Dicho de otra manera, a nombre de una ansiada gobernabilidad de corto plazo se estarían hipotecando las exigencias de gobernabilidad que eventualmente podrían sobrevenir en un horizonte no muy lejano.(25)

En tal sentido, y si este trabajo se ocupara específicamente -pero no lo hace- de la articulación entre lo que hemos llamado condiciones positivas y condiciones negativas para la democratización mexicana, debiera prestar atención a un fenómeno virtualmente inexplorado por la literatura sociopolítica y que haría las veces de variable interveniente en esa posible articulación: el surgimiento de una conversión democrático/democratizadora de la élite político-gubernamental. Y utilizamos este en apariencia desconcertante concepto en el ya clásico sentido kuhniano de comenzar a ver el mundo de una manera distinta, a resultas de la percepción previa de ingentes anomalías que no pueden ser resueltas en el seno del paradigma vigente. Así, y valga la audaz analogía, sólo en la medida en que la élite político-gubernamental comience a percibir anomalías – externas o internas; sociales, económicas, políticas- incapaces de ser resueltas en el seno del paradigma PRI/Gobierno, estarían echándose las bases para una conversión democrático/democratizadora capaz de dinamizar los tiempos de la transición. Naturalmente, queda por saber ahora si es posible inducir/esperar una conversión semejante en el sentido de revertir aquel oscuro y autoritario apotegma en uno más renovado y promisorio: el poder debe ser ganado legítimamente en las urnas.

· Por último, una situación que no puede menos que calificarse de paradójica resume el sentido de estas reflexiones: si bien el resultado político del proceso eleccionario es incuestionablemente favorable, en términos generales, al PRI/ Gobierno, hay un sospechoso cono de sombras que rodea al resultado electoral en cuanto tal, en el sentido de que éste constituye una situación política abierta, discutible, sujeta a ulterior interpretación. Así, mientras que el resultado político parece ser (nótese el punto, parece) un dato firme, el resultado eleccionario, en cambio, se desplaza al nivel de una dudosa creencia; no constituye un saber fundado, probado mediante datos inobjetables (los sufragios efectivos) dignos de todo crédito. Contrariamente a lo que sucede en cualquier país donde exista un sistema político democrático legítimamente reconocido, donde el carácter del resultado electoral no constituye materia de opinión política (aunque sí lo sea, naturalmente, el resultado político de las elecciones), en nuestro caso hay siempre un círculo brumoso, y también sombrío, sobre el carácter mismo del veredicto originado en las urnas. Incluso aquellos que inmediatamente tomaron el resultado político de la elección por el resultado electoral a secas, y comenzaron a indagar en las razones del triunfo del PRI/Gobierno (el activismo presidencial en todas las líneas, los notables éxitos económicos, el horizonte prometedor del TLC, el manejo eficaz del Pronasol, etc.), no pueden referir a ciencia cierta por cuánto ganó el PRI, y son muy pocos en la oposición, casi ninguno diría, los que se atreverían a asumir tamaño desafío.

Estas patentes razones abonan la tesis según la cual la llamada transición mexicana a la democracia engloba de manera compleja un proceso de convivencia tensionada entre un régimen político tendencialmente democrático y un sistema político todavía inercialmente autoritario; y el derrotero que irán dibujando estas tendencias encontradas sólo parece que irá decantándose en un plazo que no será corto. No obstante, es preciso aún indagar sumaria, y otra vez tentativamente, en las condiciones y perspectivas de esta incierta transición.

Las cercanas experiencias de otras transiciones democráticas nos han dejado una ilustrativa enseñanza: ha sido la presencia, solitaria o combinada, de ciertas condiciones negativas o desencadenantes, antes que el acompasado avance de una fortalecida sociedad civil, lo que permitió dinamizar las meteóricas democratizaciones integrales (tanto del régimen como del sistema político) producidas en los países conosureños e incluso también en los europeos. O dicho de mejor manera, fue la presencia de aquellas condiciones negativas lo que actuó como un virtual catalizador de ese relativo fortalecimiento de la sociedad civil a expensas del creciente deterioro de los rígidos regímenes/sistemas políticos autoritarios. En tal sentido, por ejemplo, un proceso de rápida democratización como el que vivió Argentina entre junio del 82 (derrota de Malvinas) y diciembre del 83 (asunción de Alfonsín), es explicable en buena medida por la existencia de una condición negativa de estas características. Así, los déficit de gobernabilidad generados sobre todo por las sucesivas y desatinadas políticas económicas del gobierno militar, aunadas a condiciones sociales y políticas fuertemente excluyentes, se tradujeron, después de Malvinas, en una profunda crisis de legitimidad que provocó el colapso de la dictadura instaurada en 1976. Pero a esta condición negativa se sumó otra que garantizó el tránsito ágil a un régimen/sistema político democrático: la galvanización de la sociedad civil frente al “enemigo” militar.

Como ha señalado Murray Edelman, “la distinción entre oponentes aceptables e inaceptables, o entre adversarios y enemigos, depende de que en el foco de la atención se ubiquen las tácticas que un oponente emplea, o bien la naturaleza intrínseca del antagonista. El mundo del, juego define al antagonista como adversario. Se compite para ganar… como en muchas rivalidades electorales y en algunas competencias por beneficios públicos… En la medida en que el foco sea encontrar y seguir tácticas ganadoras, el oponente es un adversario… Cuando un oponente es un enemigo y no un adversario, en cambio, lo que concentra la atención no es el proceso sino el carácter del oponente. Los enemigos son caracterizados por un rasgo o conjunto de rasgos intrínsecos que los signan como malos, inmorales, retorcidos o patológicos… Definir a los antagonistas políticos como enemigos amplía drásticamente la gama de las cuestiones y los grupos involucrados… Tal vinculación de intereses diferentes por medio de la atribución de rasgos temidos a enemigos problemáticos presta intensidad a las causas comunes y a veces crea una creencia en intereses comunes que no existen”.(26)

De acuerdo con esto, tanto el carácter intrínseco del actor político militar como su desempeño institucional (ya lo dijimos, atrozmente autoritario) lo hacían, ipso facto, un oponente inaceptable dentro de un régimen político democrático, y este componente fue el que permitió una rápida y consistente unificación de la sociedad civil aunque no estuvieran dadas las condiciones positivas que hicieran de ella un jugador políticamente fuerte. De este modo, los déficit de gobernabilidad/legitimidad por un lado, y la galvanización de la sociedad civil frente al enemigo militar, por el otro, fueron factores desencadenantes de la rápida democratización del régimen/sistema autoritario argentino.

Pese a lo grueso e incompleto de estas pinceladas, ellas bastan para tematizar un punto central de nuestra reflexión: si bien las elecciones del 88 mostraron una cristalización parcial de esas condiciones desencadenantes (y nunca terminaremos de saber cuán cerca se estuvo de desencadenar un vuelco radical del escenario político mexicano), el reciente proceso eleccionario testimonia que también fueron transitorias. Pero aquí es preciso señalar por separado la visible evolución de esas condiciones negativas: De un lado, las renovadas condiciones de gobernabilidad garantizadas por el salinismo (entre las que incluyo el notable manejo, en términos reales y de expectativa, de la situación socioeconómica) ha permitido recrear la vieja matriz legitimadora del paradigma PRI/Gobierno leída en clave de un pasivo consenso por rendimientos; y con ello, ha logrado desactivar una fuente potencial de descontento social y político capaz de impulsar un rápido tránsito democratizador. Pero por otra parte, además, una virtual estrategia de unificación opositora frente al actor político gobernante presenta dos serios problemas. En principio, y como la experiencia reciente y no tan reciente parece indicarlo, el ataque frontal al paradigma PRI/Gobierno termina alcanzando casi siempre un objetivo contrario al perseguido: cerrar las filas del oponente y reforzar la capacidad de adaptación del paradigma modificándolo en algunos de sus rasgos secundarios pero no en lo fundamental (en este punto resalta la importancia de la flexible articulación entre el régimen y el sistema político mexicano como mecanismo privilegiado de adaptación). Pero en segundo término, también, esa misma estrategia de unificación opositora que tan buen resultado dio frente al enemigo político-militar en las transiciones del Cono Sur, y que pareció tenerlo durante el 88, notoriamente catalizado por condiciones de gobernabilidad/legitimidad adversas al PRI/Gobierno, hoy constituye un camino condenado a la desdicha; no sólo porque las condiciones de gobernabilidad han cambiado sensiblemente en favor del actor político gobernante, sino además, por las peligrosas consecuencias que traería aparejadas para la estabilidad política del país la polarización contra un adversario que sería, a la vez, un oponente inaceptable y un actor insustituible de un futuro régimen/sistema político democrático. Así, la estrategia empleada por ciertos sectores de la oposición parece desconocer las renovadas características del escenario político de los noventa: apuestan a un juego discutiblemente democratizador con estrategias de corto plazo perdiendo de vista que el horizonte de resolución de la transición política mexicana requiere de estrategias pensadas para un tiempo algo más prolongado.

De este modo, el conjunto de consideraciones realizadas hasta aquí ubica los problemas de la transición en un escenario político de mediano plazo. Y en él convergen compleja, y necesariamente, los dos polos tensionados de un mismo eje problemático: gobernabilidad y democracia. Como es sabido, fue de la mano de la incesante oleada neoconservadora que la temática de la gobernabilidad entró, con consideraciones diversas, en la agenda de políticos y estudiosos tanto de los países centrales (al menos desde mediados de los setenta) como de los periféricos. Pero en América Latina fue recién entrados los años ochenta, ya en franco proceso de recuperación de las democracias y al compás de los primeros serios obstáculos surgidos en la acción de los nuevos gobiernos, cuando comienza a introducirse la reflexión sobre los límites de la democracia y los problemas de ingobernabilidad ante los primeros magros resultados de las nuevas gestiones estatales democráticas.(27) No deja de sorprendernos, en tal sentido, que el actual debate político mexicano escinda ambos aspectos de la cuestión (el reclamo democrático, de un lado, impulsado vigorosamente por los sectores no gubernamentales; la preocupación por los imperativos de gobernabilidad, de otro, motorizados por los sectores oficiales u oficiosos), siendo que esas dos dimensiones problemáticas mantienen una compleja y tensionada vinculación.

Y la sorpresa es aún mayor si pensamos que, en un breve pero lúcido trabajo de 1986 que es preciso rescatar hoy, el propio Carlos Pereyra mostró la íntima conexión entre ambas cuestiones.(28) En ese artículo oponía dos tesis. La primera, que siguiendo en parte sus palabras podríamos llamar la tesis democracia-gobernabilidad, impulsada por la crítica neoconservadora y concentrada en denunciar que la democracia estimularía la ingobernabilidad al permitir la sobreactivación de demandas societales sobre el Estado; y la tesis alternativa, autoritarismo-ingobernabilidad, dirigida a señalar que los modelos políticos autoritarios, si bien son capaces de inhibir, al menos en el corto plazo, aquella proliferación de demandas, impiden por lo mismo el desarrollo de canales institucionalizados para encauzarlas, generando, a la postre, formas aún más ríspidas de ingobernabilidad. En este sentido, tal vez el desafío teórico y político más importante que se nos presente en el marco de la transición que estamos viviendo sea el de articular estas dos líneas problemáticas en su cabal complejidad.

Las ventajas de este proceder son, para el propio proceso transicional, de incalculable importancia: tanto porque ase- gurarían una transición ordenada, aunque fuera lenta, como porque también establecerían un campo común de preocupación y de intercambio entre la oposición y el gobierno donde podrían ir madurando acuerdos de mutuo y parcial beneficio. Y no veo en lo inmediato otro camino fructífero si es que pretendemos salvaguardar dos valores políticos caros a la sociedad mexican actual: uno, de larga data, representado por la exigencia de estabilidad/gobernabilidad, el otro, emergiendo con creciente vigor, simbolizado en el reclamo democrático. Y en este sentido sería adecuado, otra vez lejos de reduccionismos fáciles, ni sobreestimar ni subestimar el papel de estos dos valores-fuerza al interior de nuestra sociedad. Por tal razón, hay que criticar seriamente tanto a aquellos que, desestimado el valor democracia, pretenden reducir la complejidad societal ya sea en términos de las respuestas tecnocráticas a problemas macroeconómicos (control de la inflación, eficiencia del sistema productivo o apertura comercial), ya sea en términos de la respuesta asistencialista a acuciantes necesidades sociales, como a los sectores, valga la paradoja, cerradamente democratizadores, que parecen obviar el hecho de que, aun en su creciente complejidad, no tenemos todavía la sociedad civil fortalecida que el pleno ejercicio democrático requiere, y que asimismo, pasan también por alto el hecho notorio -que el PRI/Gobierno percibió mejor que nadie y antes que nadie- que esta sociedad, sobre todo después de la crisis económica de los ochenta, valora en alto grado un imperativo central de gobernabilidad como es el representado por la estabilidad económica (dominio de la situación inflacionaria, por caso).

Y esos mismos sectores, también, vuelven a tener una visión simplificada, y simplificadora, de nuestra realidad sociopolítica transicional al escindir los términos del eje problemático democracia-gobernabilidad. Unos, porque detrás, o después, del inobjetable reclamo democrático parecen ignorar el tópico realista (y no hay que ser conservador para decirlo) según el cual la democratización política se ve frecuentemente acompañada de ciertos déficit de gobernabilidad leídos en clave de la sobreactivación de demandas sociales, de bloqueos y conflictos en el mutuo contralor entre poderes o de la ralentización de las secuencias decisionales a raíz de la necesidad de procesar consultivamente la información (un caso como el argentino o el brasileño sirven de sobrada ilustración); pero otros, detrás, o después, de los imperativos de gobernabilidad de corto plazo (controlar la inflación o garantizar el ritmo de buena parte de las necesarias transformaciones económicas encaradas) no alcanzan a percibir los serios déficit de gobernabilidad generados por la ausencia de democracia, tanto en términos de la exacerbación de la protesta social (cfr. San Luis Potosí) como por las amenazas de estabilidad en un horizonte más prolongado.

Como lo enseña la desconcertante pero instructiva metáfora de los “perros guardianes” de Charles Lindblom, un hombre insospechable de cardenismo por cierto, una sociedad crecientemente plural, diferenciada y compleja, no puede ser gobernada ni eficaz ni eficientemente desde un sistema político autoritario. Sólo en un marco democrático es posible articular y encauzar organizadamente las iniciativas de la sociedad en la medida en que los cambiantes grupos de interés implicados en una cuestión específica (los perros guardianes) pueden reconocer y procesar aceleradamente el caudal de información necesario para actuar en consecuencia. Y mal que le pese a Foucault, otro hombre insospechable pero de salinismo, la idea de un PRI/Gobierno/panóptico, capaz de dar cuenta y sobre todo de controlar todos los reclamos societales no solamente es cuestionable desde el punto de vista del reclamo democrático, sino que además es torpemente insostenible en un horizonte sociopolítico complejo, tanto interno como externo, de mediano plazo. Y recalco lo de interno-externo porque quienes apuestan a que los cambios del sistema político mexicano provendrían principalmente de desajustes (o anomalías) con el contexto internacional -léase prioritariamente el TLC- parecen ignorar la importancia crucial de la dinámica interna de la sociedad civil, sin la cual, en el mediano plazo no hay democratización posible.

En virtud de esto, hay que remarcar que el desafío de integrar en una articulada perspectiva teórico-política los imperativos de gobernabilidad y democracia constituye la cara visible ble de una moneda que aún falta por jugar: la de aunar la voluntad de los principales actores políticos interesados en superar la angosta etapa de la democratización “reclamada” en favor de un periodo abierto, maleable, incierto pero posible, de “democratización concertada”. Por tales razones y retomando en el final el tema de las condiciones positivas o precipitantes de la democratización, una cuestión nodal del fortalecimiento de la sociedad civil, y con ella, de la democracia misma, es la conformación de un subsistema estable de partidos, con amplia base representativa, como quería el viejo y hoy desleído Gramsci, con “vocación estatal”, capaces de pensar -ex parte principe- los problemas de gestión gubernamental; y ciertamente también, “vocación democrática” del PRI/Gobierno para también comprender -ex parte populi- la justicia y oportunidad que acompañan la exigencia democrática. No sólo porque sin estos elementos no será posible formalizar un campo común de preocupación y de intercambio entre el gobierno y la oposición, y sin ese campo común de entendimiento la “transición” se seguirá empantanando en las siempre turbias aguas del enfrentamiento, sino sobre todo, porque tampoco será posible articular la voluntad mayoritaria de una sociedad cada vez más exigente que reclama de la política la resolución urgente a problemas impostergables.

1 Luis F. Aguilar Villanueva, “Estado, Régimen y Sistema Político (Notas para una discusión sobre la crisis del Welfare State)”, en Juan E. Vega (comp.), Teoría y política en América Latina, México, CIDE, 1983, pp. 205-219. Acompaño a Aguilar en su distinción entre “régimen” y “sistema político” pero no en la incorporación que hace de estos dos elementos en la órbita del “Estado”.

2 Juan C. Portantiero, “Sociedad civil, Estado y sistema político”, en La Producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el Estado y la sociedad, Bs As, Nueva Visión, 1988, p. 117.

3 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (1984), México, FCE, 1986, pp 14 y 15. Corresponde señalar que esta “definición” constituye apenas un “mínimo analítico” capaz de circunscribir aquellos componentes fundamentales que son conditio sine qua non de cualquier régimen/sistema político democrático. No obstante esto, es posible “operacionalizar” mediante determinaciones más concretas dichos componentes tanto al nivel del “régimen” como del “sistema político”. Para el primer caso puede consultarse: Manuel A. Garretón, “La redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución”, S. de Chile, Estudios públicos, 26/XII/90, p. 3 Para el segundo, las ocho condiciones contenidas en el apéndice al capítulo 3 de la obra: Robert Dahl, Un prefacio a la teoría democrática (1956), México, Gernika, 1987, 110 y 111. 

4 Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario, Bs As, Paidós, 1988, vol. 4, p. 19 y 20.

5 El carácter “autoritario” de un régimen/sistema puede ser definido, de una parte, siguiendo el clásico texto de Juan Linz (1963), “Una teoría del régimen autoritario. El Caso de España”, en Sociedad y política en España. Madrid, Siglo XX (ver, asimismo, la cita incluida más adelante), o bien, mediante la ausencia de aquellas reglas y condiciones que definen, justamente, a un régimen/sistema democrático. En líneas generales, seguiré aquí este último expediente.

6 Manuel A. Garretón, “La democratización política en América Latina y la crisis de paradigmas”, Santiago de Chile, FLACSO, 1991, p. 18.

7 Esta última calificación pertenece a Manuel A. Garretón en su trabajo antes citado, “La redemocratización…”, p. 18.

8 Hablar de “semiautoritario” o de “semi/protodemocrático”, lo reconozco, no deja de ser ambiguo, pero ciertamente el grado de apreciación que llega a que algunos vean el vaso “medio vacío” y otros lo vean “medio lleno”, testimonia, entre otras cosas, el estado de la “transición” en la perspectiva de los distintos actores y participantes del proceso. Cfr. Lorenzo Meyer, “El límite neoliberal”, en nexos, 163, julio de 1991. 

9 No nos ocuparemos aquí de las condiciones “externas”; sobre este punto puede consultarse: Lawrence Whitehead, “Aspectos internacionales de la democratización”, en O’Donnell, Schmitter y Whitehead, op. cit., vol. 3, Perspectivas comparadas, pp. 1578. Cathryn L. Thorup, “México-EU: La democratización y la agenda bilateral”, nexos 162, junio de 1991.

10 Siguiendo una conceptualización conocida, que merecería una discusión detallada que no podemos dar aquí, podríamos decir que los déficits, y con más razón aún, las crisis de “gobernabilidad” se originarían a causa de un desequilibrio o discrepancia entre las demandas y expectativas sociales, por un lado, y los recursos y prestaciones estatales, por el otro. Cfr. Carlo Donolo y Franco Fichera, II Governo Debole, Bari, ed. De Donato, 1981, p. 10 y ss. Ciertamente, estas deficiencias leídas al nivel de una consideración “sistémica” de la sociedad se enlazan complejamente con lo que Jürgen Habermas ha tematizado, desde una lectura complementariamente “hermenéutica” o “accionalista”, como “penurias” y también “crisis de legitimación”. Como ha señalado el filósofo de Frankfurt en un trabajo ya clásico, una crisis de legitimación “surge cuando las demandas de recompensas conformes al sistema aumentan con mayor rapidez que la masa disponible de valores, o cuando surgen expectativas que no pueden satisfacerse con recompensas conformes al sistema”. Cfr. Jürgen Habermas, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Bs As, Amorrortu, 1975, p. 94. El “locus” clásico que sirvió de punto de partida para la discusión fue, es sabido, tan notorio como indigesto; me refiero al informe producido por: M. Crozier, S. Huntington y J. Watanuki, The Crisis of Democracy Report on the Gobernability of Democracies to the Trilateral Comission 1975, New York University Press. El término “gobernabilidad” es incorporado recién en la edición de 1983 del transitado Diccionario de política de Bobbio, Matteucci y Pasquino (edición mexicana, S. XXI, Suplemento, 1988, pp. 192-198). Por su parte, la reflexión latinoamericana lo hace suyo hacia mediados de los ochenta, en especial a partir de un artículo de Angel Flisfisch (1987, citado más adelante) que la Revista Mexicana de Sociología reproduce en 1989 (núm. 3, julio-septiembre). Un año antes, la misma publicación (2/1988) dedica un número al tema “Política y Gobernabilidad en América Latina”. Y más recientemente, la rediviva Revista Latinoamericana de Ciencas Sociales FLACSO-Ecuador, vol. 1, núm. 1,1991, Segunda Epoca, dedica su número de reaparición a los problemas de gobernabilidad y democracia en América Latina. Ver, asimismo, el actual Proyecto Regional de CLACSO (RLA 90/001) citado en nota 27.

11 Como es notorio, esta referencia a los “enemigos políticos” nos obligaría a considerar, cosa que tampoco podemos hacer en este espacio, tanto aquellas obras que tematizan el tópico clásico de “la política como guerra” (Weber y sobre todo Schmitt, de un lado; la línea marxista-leninista, de otro), como también las reflexiones sobre lo político que la literatura latinoamericana sobre la transición democrática abordó en su momento (por ejemplo, entre muchos otros trabajos, Norbert Lechner, edit., ¿Qué significa hacer política? Lima, DESCO, 1982); sin embargo, el sentido que le doy al término es tributario de las más recientes reflexiones de Murray Edelman (1988), La construcción del espectáculo político Bs As., Manantial, 1991, esp. cap. 4.

12 Una discusión, aunque más no sea sumaria, de los problemas teóricos y metodológicos implicados por esta distinción nos llevaría irretornablemente lejos. Por de pronto, me limito a algunas indicaciones bibliográficas sobre el “lugar” que ocupan estos conceptos en el debate latinoamericano actual: Guillermo O’Donnell, por ejemplo, pese a tener por lo general un riguroso tratamiento conceptual, oscila a veces en el “lugar” que le corresponde a estos términos. En sus primeros trabajos, por ejemplo, se refiere a “regímenes políticos” burocrático-autoritarios, pero desde mediados de los setenta, comenzó a hablar de “Estado”, aunque introduciendo también la categoría de “sistema político”, al parecer, como género (lógico-conceptual) que englobaría a los distintos tipos de “regímenes” y/o “estados” en su manifestación específica como “burocrático-autoritarios. Posteriormente, al tratar los problemas de la “transición” parece haber borrado aquella original, y entiendo que todavía útil, distinción. Véase para un muestrario de estos distintos “momentos”: Guillermo O’Donnell, Modernización y autoritarismo, Bs As., Paidós, 1972, p. 63. Guillermo O’Donnell, “Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático-autoritario”, en Revista Mexicana de Sociología, México, 1977, núm. 1. Guillermo O’Donnell, El Estado burocrático autoritario (1960-1973). Triunfos, derrotas y crisis, Bs As., Ed. de Belgrano, 1982, p. 21. Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter transiciones…, vol. 4, p. 118. Manuel A. Garretón, en cambio, distingue en sus diversos trabajos entre “Estado”, “régimen” y “sistema político”, tendiendo a incluir los dos primeros en el último pero presentando, a mi modo de ver, una caracterización un tanto vaga del concepto de “régimen”. Véase, por ejemplo: Manuel A. Garretón “La redemocratización…”, p. 3. Manuel A. Garretón “La democratización…”, p. 8. Marcelo Cavarozzi, por su parte, ha propuesto en sus últimos trabajos un modelo que en otro lugar me atreví a llamar, tal vez impropiamente, “régimen- político-céntrico” para oponerlo a lo que él mismo llama la matriz político económica “estado-céntrica” vigente en AL desde los años treinta hasta la actualidad. No obstante distinguir entre “Estado” y “régimen político” incluye en éste último, de una parte, las reglas y mecanismos- consagrados jurídicamente o efectivamente dados en la práctica política- para la selección de la élite gubernamental, y de otra, los criterios de distribución del poder entre los diferentes aparatos del Estado. Véase al respecto: “Más allá de las Transiciones-Reflexiones sobre el Largo Plazo en la Política Latinoamericana” (Primera parte), trabajo presentado en el Coloquio Internacional sobre Transiciones a la Democracia en Europa y AL, U de G y FLACSO, enero de 1991 (versión preliminar), p. 12. Desde otra perspectiva, el eminente sociólogo brasileño Fernando H. Cardoso distingue entre “régimen político” (en términos jurídicos análogos a los caracterizados en la T1) y “Estado”, pero sin incorporar decididamente la noción de “sistema político”, por ejemplo en: “Sobre la caracterización de los regímenes autoritarios en AL”, en David Collier (comp.), El nuevo autoritarismo en AL, México, FCE, 1985. Por último, un nivel totalmente distinto de reflexión lo ofrece Norbert Lechner al tematizar la democracia, no sólo pero también, como “orden social”. Cfr. Norbert Lechner, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Chile, FLACSO, 1984.

13 Sobre este juego de las “materialidades” de lo “formal” véanse los breves apuntes de Nora Rabotnikof en el prólogo a su Max Weber: desencanto, política y democracia, México, FCE, 1989. Y también, entre otros trabajos, el artículo de Norbert Lechner “De la revolución a la democracia”, en Los patios interiores de la democracia, Santiago de Chile, FCE, 1990. En este punto corresponde citar los numerosos trabajos de Carlos Pereyra, sobre todo los elaborados en sus últimos años, en tomo a la cuestión democrática, puesto que nos sirven para “situar” el campo y el enfoque analítico elegido. Lejos de toda confusión de planos y niveles Pereyra remarcaba, y lo sigo puntualmente aquí en esta apreciación, el carácter siempre “político”, “formal”. “representativo” y “pluralista” de la democracia. Cfr. “La cuestión de la democracia”, en Sobre la democracia, México, Cal y arena, 1990, pp.83-87.

14 Es el caso, entiendo, de Esperanza Palma y Roberto Gutiérrez, “Sobre los conceptos de sistema y cultura política en México (para pensar la transición)”, en Sociológica, México, UAM-Azcapotzalco, enero-abril de 1991, núm. 15, pp. 89-105. 

15 Leticia Villalobos Sosa, “Modernización, transición, elección”, en el suplemento “Política” de El Nacional, 1518/91, p. 5.

16 “Entendemos por ‘transición’ -dicen estos autores- el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro… Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y de otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas. No sólo se hallan en flujo permanente sino que, además, por lo general son objeto de una ardua contienda; los actores luchan no sólo por satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino también por definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores. En verdad, estas reglas emergentes definirán en gran medida los recursos que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a los que se permitirá participar en ella. “Por otra parte, durante la transición, en la medida que existen reglas y procedimientos efectivos, éstos suelen estar en manos de los gobernantes autoritarios… La señal típica de que se ha iniciado una transición es que estos gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y grupos” (op. cit., pp. 19 y 20).

17 Por contraste, un extenso muestrario de análisis más bien “optimistas” puede encontrarse en el número de la revista Examen dedicado a las presentes elecciones (año 3, núm. 27, agosto de 1991), aunque no nos ocuparemos de ellos en este trabajo.

18 Luis Javier Garrido, “La ingeniería electoral”, La Jornada, 16/8/91. Pablo Gómez, “Esta elección”, La Jornada, 16/8/91.

19 “Acuerdo del PAN, PARM y PRD en la Comisión Permanente del Congreso”, La Jornada, 22/8/91, p. 15.

20 Alberto Azis Nassif, “Confusión, repeticiones e irregularidades”, La Jornada, 20/8/91.

21 Podríamos dedicarles muchas páginas a los “hechos” ocurridos en estos estados. Por ejemplo, “ganó Nava”; “ganó Zapata”; “en condiciones limpias hubiera ganado Nava, pero como no las hubo…”; “si hubiera votado más gente habría ganado Nava (o habría ganado Zapata)”, etc. No está del todo mal decir que no tengo la más pálida idea de lo que pasó “en realidad”, pero sí entiendo que “los hechos políticos” son la construcción práctica y discursiva que los participantes del juego político generan, desde el candidato a gobernador hasta el hombre de la calle; y en tal caso, el carácter borroso y antagónico de las convicciones acerca de la “realidad” junto con la más o menos extendida incredulidad respecto de los resultados son los “hechos” que empantanan la transición y a los que me refiero.

22 Una pertinente evaluación de este punto se encuentra, entre otros muchos trabajos, en: IETD, “1988-1991: la transición democrática en México”, El Nacional, 15/8/91. Rafael Cordera Campos (comp.), “La nueva reforma política”, El Nacional, México, 1991. Jaqueline Peschard, “Los órganos electorales: un balance preliminar”, en Cuaderno de nexos, núm. 37, p. XV.

23 Para hacerse una idea cabal del significado estricto de un “régimen político autoritario” basta leer las Actas Institucionales del llamado Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina que datan de 1976, donde se establece, por ejemplo, la disolución del Congreso Nacional, de las Legislaturas provinciales y de los Consejos Municipales (art. 30), la suspensión de las actividades políticas y de los partidos políticos (art. 6o) y la suspensión de las actividades gremiales de cualquier índole (art. 70). Cfr. Horacio Verbitsky, Medio siglo de proclamas militares, Bs As., Editora/12, 1988, p. 143 y ss. 

24 Juan J. Linz, “Totalitarian and Authoritarian Regimes”, en Fred Greenstein y Nelson Polsy, Handbook of Political Science, vol. 3, Addison Wesley, 1975, p. 264.

25 Una muestra palpable de esta tensionada convicción en la élite priísta puede encontrarse en el breve trabajo de Manuel Camacho Solís, “Reformas y gobernabilidad”, nexos, núm. 163, julio de 1991.

26 Murray Edelman, op. cit., p. 79 y ss.

27 Germani y otros, Los límites de la democracia, Bs As., CLACSO, 1985. Angel Flisfisch, Gobernabilidad y consolidación democrática, Santiago, FLACSO, 1987. CLACSO, Estrategias de gobernabilidad en la crisis (proyecto), en David y Goliath, Bs As., núm. 57, octubre de 1990. Revisar también la nota 10.

28 Carlos Pereyra, “Democracia y gobernabilidad”, en op.

cit., p. 65 y ss.