La movilización y el voto

Soledad Loaeza. Directora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y miembro de nuestro consejo editorial.

Muchos de los análisis de la reciente experiencia electoral mexicana exhiben, como se lo proponen, la maldad del poder y sus argucias para defraudar el voto. Pero esos estudios y opiniones revelan también, y sin proponérselo, la básica desconfianza de sus autores frente al voto. Es probable que en su caso no haya malignidad, sino una simple incapacidad de creer en un instrumento del que siempre supimos que tenía una eficacia limitada.

El descrédito del voto no es únicamente el obvio resultado de la existencia de un partido dominante; forma parte de una cultura de movilización todavía generalizada -de origen revolucionario y durante años celosamente alimentada por la leyenda popular priísta y por el discurso de la izquierda sindical-, que entiende la participación política como un fenómeno colectivo, como expresión multitudinaria de identidades que se afirman en la plaza pública antes que en la urna. En este universo el voto ocupa un lugar apenas secundario. Tanto así que entre la movilización popular y el voto se estableció una relación de suma-cero donde la participación canalizada en movimientos populares sustituía y anulaba el impulso a la participación electoral, y viceversa. 

No obstante, desde los años ochenta se inició el desmantelamiento de esa ecuación. De tal suerte que ahora una forma de participación no elimina por fuerza a la otra, sino que se recurre, por ejemplo, a los mecanismos de la movilización para apuntalar el voto. Este fue quizás el cambio más significativo que registró Acción Nacional durante el sexenio delamadridista, pues a las campañas electorales consistentes en difusión de doctrina, distribución de propaganda y visitas domiciliarias, añadió plantones, bloqueos de carreteras, huelgas de hambre, caravanas -de coches por supuesto- y boteos más propios de movilizaciones populares que de movimientos electorales. El PRI y los partidos y grupos de izquierda, en cambio, han querido convertir la energía y la preferencia por las manifestaciones en las calles, las marchas testimoniales y los mítines populares en votos. Sin mucho éxito, por cierto. Parecería que esta conversión exige algo más que un cambio de estilo. En todo caso, hasta ahora el PAN es quien más se ha beneficiado del proceso de disolución de la suma-cero. Al menos así lo indican sus éxitos en Baja California y en Yucatán.

Existe una diferencia creciente entre Acción Nacional y sus principales contrincantes en la manera como enfrentan las elecciones. Mientras que el PAN se ha propuesto ganar la votación antes de que ocurra, el PRI y el PRD parecen concentrar sus esfuerzos y recursos en la negociación postelectoral. Probablemente porque todavía no creen en el voto, y porque siguen pensando -en su fuero interno y aunque no se lo cuenten a nadie- que los comicios no se ganan en las urnas, sino en las oficinas de los partidos, de las instancias electorales o, en el último de los casos, de las autoridades gubernamentales. Ahora bien, la fuerza de las partes en estas conversaciones “en busca del consenso” no se mide en votos -de los que en el curso de las tales negociaciones pocos se acuerdan-, sino en la resistencia de los militantes que ocupan las presidencias municipales o en el número de manifestantes que logran reunir en el zócalo de que se trate, para apoyar las pretensiones de triunfo. Esto es, para el PRI y el PRD -al fin parientes cercanos- la presión popular que se ejerce al margen de las urnas sigue siendo factor determinante para llegar al poder.

La relación ambigua que mantienen estos partidos con el voto está cargada de conflictos. Primero, porque sus propias dudas respecto al sufragio se transmiten a militantes y simpatizantes, que a su vez apoyan el voto siempre de manera condicionada -si ganan-, o resignada -porque no hay de otra-. Estas actitudes no contribuyen a construir una cultura de la participación electoral. Lo único que alimentan es el descrédito de las elecciones aun antes de que ocurran, y la desesperación que lleva a algunos a creer que como nosotros mismos no podemos organizar elecciones limpias tenemos que recurrir a algún extranjero bien dispuesto que lo haga.

En segundo lugar, cuando los esfuerzos partidistas se concentran en los forcejeos postelectorales no sólo se está manifestando la desconfianza hacia el voto, sino, lo que es todavía peor, se fija una imagen de las elecciones como fuente de la estabilidad y de violencia. Esta visión prevaleció en el país por lo menos hasta los años cuarenta, y durante mucho tiempo justificó el abstencionismo y la apatía. 

El fin de la suma-cero: movilización popular-participación electoral, no ha sido ni tiene por qué ser un proceso natural. A los partidos toca encontrar las proporciones adecuadas sin disolver en forma definitiva ninguno de sus términos. Como tampoco se puede utilizar indistintamente las reglas cada uno de estos juegos, según a uno le convenga. De misma manera que no se vale taclear en un partido de futbol soccer, tampoco se vale aplicar las reglas de la movilización popular para modificar decisiones que fueron tomadas en ámbito electoral, como hizo el PRD en Tejupilco.

Los partidos son organismos que promueven, en principio, la vía electoral y el gradualismo, y renuncian a la fantasía de que la participación es invariablemente recompensada con el cambio inmediato. Se aprende a votar de la misma manera que se aprende a leer y escribir. La participación electoral no es un comportamiento espontáneo -como puede serlo salir a la calle para protestar contra una injusticia- y, por consiguiente, exige trabajo y dedicación de quien pretende beneficiarse de él, en este caso los partidos. De su compromiso con esta tarea depende también que se detenga este suave pero en apariencia inexorable deslizamiento de nuestro proyecto de cambio que, en apenas unos años, hemos dejado ver como una iniciativa de la sociedad civil, para esperarlo -otra vez- de un gesto de voluntad política del presidente.