La pregunta central que dejó planteada la XIV Asamblea del PRI es precisa: ¿cómo fue posible que el Partido se reconstruyera, hasta alcanzar el grado de vigor y de participación que se observó? La respuesta no es simple, pues requiere atender a varios procesos; distingo cuatro principales:

1) Un cambio, no en la composición social, pero sí en la formación política de la militancia del partido. 2) Una crisis de los mecanismos internos de control y de las formas tradicionales de participación, fundamentalmente en el ámbito de los sectores. 3) El agotamiento de la inercia de los democratizadores de opinión y de su intelectualidad protagónica. 4) La voluntad presidencial de asumir la ruta del cambio y la seriedad del proyecto de Reforma del Estado, a la que ha secundado, en adecuada sincronía, la decisión y destreza del presidente del PRI.

1. La militancia del PRI ha cambiado en formación política tanto como la propia sociedad mexicana. Y lo que probó la XIV Asamblea es que esta transformación, para bien de la vida democrática del país, es homogénea y generalizada en todos los estados.

La gran cantidad de ponencias y planteamientos recibidos por las comisiones que tuvieron a su cargo la revisión de los ocumentos básicos (solamente en la de Estatutos se recibieron más de 5,000), y luego los debates en las diferentes sedes, probaron la homogeneidad de puntos de vista y de alternativas de solución, en un grado muy significativo.

El viejo PRI resultó de la gran diversidad y heterogeneidad de fuerzas políticas y sociales de la nación. El aislamiento, la falta de comunicación, dieron lugar al despliegue de mecanismos de control regional y local que ahogaron la participación y favorecieron el dominio de las oligarquías regionales y locales, de los cacicazgos.

Todo eso propició que los más inquietos, los más politizados, migraran a las grandes ciudades; pero apenas empezaban a tener éxito, establecían nexos con los grupos dominantes locales, reforzando las formas de control. La consecuencia fue que durante largos años imperó una clase política centralizada en el D.F., cuyos mecanismos de reclutamiento e incorporación estaban igualmente concentrados.

Esta capa monopolizaba información, experiencias políticas y privilegios en la relación con sus estados. A partir de los años setenta se observa un cambio importante: los que se quedaban eran tan informados, aptos para la participación y experimentados, como los que migraban, por lo menos en lo que correspondía a los políticamente activos. Y en consecuencia, se inicia la rebelión contra esa clase concentrada y centralizada. Los reformadores locales entendieron que pueden hacer política sin intermediarios bien ubicados en el poder central.

Esto contribuye a explicar que tres de las demandas más generalizadas en la XIV Asamblea hayan sido: la desaparición de los delegados generales, la descentralización de decisiones y el fortalecimiento de mecanismos que garanticen arraigo de candidatos y dirigentes.

Lo verdaderamente importante de todo esto es que se trata de una rebelión contra los mecanismos del México tradicional y provinciano. Este México se sostuvo con un doble soporte: el de las oligarquías locales y el de los que migraron y se asociaron al poder central, pero siempre dispuestos a pactar con las primeras.

Los priístas de los estados ya empezaron a librar la batalla contra unos y otros. Se dieron cuenta de que ambos dominan gracias al apoyo mutuo. Y, por lo pronto, ya lograron fracturar el soporte centralista. La paradoja de esta situación es que el centralismo ha favorecido más a las oligarquías locales y a sus asociados que migraron y viven en el centro, que al gobierno federal.

Pero eso no es todo, a este cambio le acompaña otro, la cultura partidaria de los reformadores locales. Estos, la gran mayoría de los asistentes a la Asamblea, establecieron desde el inicio un deslinde categórico: unos son los democratizadores centralistas, muchos de ellos migrantes que hicieron carrera en el centro, fueron gobernadores o dirigentes locales y luego volvieron al centro en calidad de radicales. Estos hablan y actúan para el público y los dirigentes del centro, pero no dan batalla junto a sus paisanos, sólo los utilizan para crear presiones contra el centro que esperan les reditúen en el mismo centro.

Para los reformadores auténticos hay un criterio fundamental, se puede disentir, se pueden defender posiciones y se puede luchar por la democracia interna, pero bajo un principio: cuidar y preservar la unidad del Partido. El grito unánime, espontáneo, de UNIDAD, UNIDAD, que prologó el inicio de la lectura de los dictámenes en Puebla, no pudo ser más elocuente.

En suma, la militancia ha cambiado, es ahora más clara y decidida en la defensa de sus intereses y propósitos locales, y sin embargo es más nacional en su unidad partidaria y en su voluntad democrática. Lucha, busca reformar, pero sin fracturar. Y como consecuencia, el país, no sólo el PRI, empieza a liberarse de una clase política centralista, aunque formada en su gran mayoría por políticos venidos de provincia; y empieza a tener una clase política nacional, en tanto vaya estando, más auténtica, leal y responsablemente arraigada a sus lugares de origen.

Esta es la clase política que advirtió el Presidente Salinas de Gortari, seguramente, desde antes de ser candidato a la presidencia; es la nueva clase que Donaldo Colosio ha querido reconocer.

2. Hacer el recuento de los diversos mecanismos de control y de los muy limitados de participación, es tarea que rebasa las posibilidades de este texto. Por eso sólo me referiré a los fundamentales, entre los de participación están las cúpulas dirigentes de las organizaciones, los grupos ligados al CEN del PRI y a los gobernadores próximos al Gobierno Federal.

Sin embargo, los más importantes medios de reclutamiento y participación han sido los paralelos, los de los grupos en el Gobierno Federal, aunque a éstos sólo parcialmente se les puede considerar como mecanismos del partido.

Por lo que toca a los medios de control, destacan las organizaciones y los sectores. De ahí el origen de las cuotas de representación, que constituían una suerte de recompensa para los miembros de las cúpulas, por su eficacia en el control de la movilización y las demandas. Esto cuenta por igual para el movimiento obrero, como para el campesino y los sindicatos de la burocracia.

Esta configuración partidaria funcionó en un país de reducida demanda urbana y en proceso de homogenización social y cultural. Pero resultó ineficaz para una sociedad abierta a la competencia. De ahí que tuvieran que establecerse canales alternativos de Participación a través de medios de gobierno que, mediante los programas de vivienda, educación, etcétera abrieron espacios, por lo menos, a una más ágil y fluida relación sociedad-gobierno. Y hay que decirlo, también este fenómeno de falta de canales partidarios y sobrepeso de los gubernamentales, contribuye a explicar el crecimiento de la oposición.

El principal problema consiste en que no sólo se produjo un desplazamiento del centro de la actividad política hacia el aparato burocrático y hacia otros partidos, sino que se acentuó el distanciamiento entre las cúpulas de las organizaciones y las nuevas élites del Sector Público.

Mientras que las primeras permanecieron aferradas a las formas más primitivas de control político y a las concepciones más rezagadas, las segundas adquirieron un nivel de modernización tecnológica que terminó por dar lugar a una doble oligarquización, la organizacional y la burocrática. Las que, conviene decirlo de paso, coincidieron y se reforzaron con la de los empresarios. La corrupción, en efecto, corrió entre los espacios adyacentes y lubricó sus relaciones.

La consecuencia más grave fue que las demandas se encontraron con un sólido piso superior que las rechazaba. De esta forma, la presión se concentraba abajo y sólo una parte lograba escapar a través de las instituciones de gobierno. Pues, como ya se dijo, muchas de éstas ampliaron sus nexos de relación con los agrupamientos sociales.

En general, los más reacios a la demanda social y más próximos a las oligarquías de los grupos privilegiados, fueron los gobernadores. Se puede decir que mucha de la animadversión hacia los delegados generales se explica por el papel que éstos cumplieron imponiendo a los candidatos de los gobernadores.

Cierto que a los delegados les benefició económica y hasta políticamente hacer la parte ruda de la tarea y cargar con la responsabilidad. Después de todo, una vez concluida ésta, se iban del estado y le dejaban al gobernador una situación más

o menos desahogada de reclamos. Pero lo que interesa subrayar es que con mucha frecuencia la Federación tuvo que hacerse cargo de las grandes presiones sociales, dada la ineficacia gubernamental y política de los gobernadores.

El llamado del Presidente de la República para que trabajen junto al pueblo, no fue un recurso retórico, es la exigencia concomitante a la generalización de la clase política a lo largo del país. Los gobernadores ya no contarán con el partido para que les haga el trabajo rudo, con el que se corregían descuidos y desaciertos políticos al llegar las elecciones; y los que aún no lo han hecho, tendrán que olvidarse del ya viejo estilo de hacer política: cuidar su imagen en la prensa nacional, visitar secretarios de Estado y pavimentarle el camino a los negocios de las oligarquías locales, en vez de atender la organización y participación del electorado.

Cualquiera que, de buena fe, analice lo que ocurre en el PRI, aceptará que en esta zona del sistema político se está alentando otro cambio fundamental. Para consolidarlo se requiere, precisamente, territorializar la política. Es decir, anclarla en el municipio y liberar ahí los procesos políticos.

Este planteamiento central en el proyecto que el PRI ha echado a andar, no se gestó en ningún gabinete de los politólogos que han pasado por el PRI, recetando lecturas de filosofía política, ni tampoco en ninguna oficina del Ejecutivo. Salió de un intenso trabajo de consulta y discusión con dirigentes del partido, locales y regionales. No es fácil encontrar ejemplos de dirigentes que tan constante e intensamente viajen por el país, como lo ha hecho Colosio en los últimos meses.

El Presidente de la República, por su parte, demostró tener clara idea del problema de la presión social concentrada hacia abajo desde su campaña en 1988. A sus críticos les conviene iniciar su análisis de este gobierno a partir del día en que se desatan los procesos y no a partir del día en que escriben o declaran, como si no hubiera antecedente.

Un análisis serio del sentido de los planteamientos del gobierno, debe tomar en cuenta el discurso de Chalco, para citar sólo el antecedente más representativo. Ahí está expresada con claridad la urgencia de rediseñar la política social del régimen; abandonar todo vestigio de populismo, y la de trazar una nueva política social con participación activa y creciente de la sociedad.

Para muchos, el Programa de Solidaridad significaba una amenaza para el PRI, ya que veían en él un proceso de organización política alternativa. Es una idea simplista, como lo es que en algún momento el gobierno forzará las cosas para que Solidaridad se convierta en un caudal que derive plenamente en el PRI.

Una y otra idea simplifican los procesos políticos. El Presidente de la República ya clarificó su compromiso con el PRI, pero también con el conjunto de la sociedad. Lo que hay de común entre un programa de gobierno y su partido, es algo más serio y complejo que la intención de encauzar clientelarmente a la población, vía Solidaridad, al PRI.

Lo verdaderamente importante es el principio de la participación organizada de la sociedad civil. Resulta ridículo que los críticos de la política social del gobierno sostengan, por una parte, que la sociedad civil está cada vez más madura y, por la otra, supongan que se le va a manipular para encauzarla al PRI. Como también es ridículo sostener que el gobierno va a dejarse llevar por tan ingenua ilusión.

El gobierno tiene un compromiso social y se abre a la participación organizada; si el PRI también se abre, se crearán las condiciones de coincidencia, y la población, experimentada y preparada, juzgará entonces. Lo que se espera es que el PRI, por su propia apertura y reforma, esté mejor capacitado que los otros partidos para responder a las expectativas de esa población. Pero éstos también tienen oportunidad de prepararse. Lo que no es posible es que el gobierno se cruce de brazos ante la realidad de la pobreza extrema y la marginalidad.

No menos importante es que con el Programa Nacional de Solidaridad se contribuye a la democratización. Atacar la pobreza y atender a las amplias franjas de población que la padecen, es estimular su incorporación a la ciudadanía, es hacerlas más organizadas y participativas: así, gana la democracia en el país; y como consecuencia, ganan los partidos, entre ellos también el PRI.

Por lo pronto, el PRI actúa mientras que otros critican, y niegan lo que ven con fe de mahometanos, repitiendo que no es cierto, que sigue igual y que no cambiará.

Hay concomitancia de acción entre partido y gobierno, no ingenuidad de elucubraciones democratizantes. Se quiere conservar democráticamente el poder, no manipular a la opinión pública. Les convendría a los críticos, sobre todo a la oposición de izquierda, convencerse de que hay voluntad y capacidad democráticas en el proyecto salinista; así estarán mejor preparados para la contienda.

El PRI ya se abrió y en la XIV Asamblea no hubo delegados escogidos a través del viejo sistema de cuotas. Por ello avanzó el proyecto de reforma interna, que dio lugar a la aprobación de la propuesta, nacida del mensaje presidencial del 4 de marzo, de integrar un órgano plural y colegiado, que será el Consejo Político Nacional. Ahora se propone ser el medio de relación con las grandes fuerzas sociales, organizándolas, así como dando cabida a sus representaciones en el gobierno interno del partido; y también busca ser el foro donde se concierten los grandes acuerdos nacionales, que favorezcan el diseño de las políticas públicas, que las hagan más viables y garanticen su cumplimiento.

Aquí es donde radica el centro de la democratización impulsada por el Presidente Salinas de Gortari, y que lo distingue de la democratización verbalista y del radicalismo de primera plana, pone a la organización por delante de la movilización y no al revés; ya que, de esta última manera, lo único que se pone por delante es la provocación y la violencia.

3. El extremismo protagónico -de los que valdría llamar “demosaurios” y que los lleva a concentrar su energía en la proclama y el desahogo semanal- empieza, en efecto, a saturar a los lectores y no consigue acrecentar el número real de seguidores del PRD.

Cuando el Presidente de la República denunció este hecho ante la Asamblea, no se estaba refiriendo a ninguna conjura específica fraguada en los sótanos de la CIA o del Pentágono, de la que tuviera que dar santo y seña; lugares donde, como sabemos, no es extraño que se fraguen presiones contra los gobiernos latinoamericano. Se refería, seguramente, cuando menos a dos fenómenos: de una parte, el que tiene que ver con estados de opinión pública que se deben a una imagen distorsionada de México. A nadie le conviene que se digan o simplemente se tengan imágenes sobre nuestro país como las que vino a sostener Vargas Llosa. El esfuerzo político de los mexicanos no merece ser simplificado de tan burda manera. No se trata sólo de combatir conjuras, sino simplificaciones injustas que a todos nos dañan. No se vale ganar posiciones en el extranjero y ganar influencia en la opinión pública extranjera haciendo concesiones a sus mitos y simplificaciones.

Pero si no hay conjura, sí hay intereses. La crítica contra el gobierno mexicano, contra el proyecto de democratización del régimen, el deseo de imponer una lógica democrática para la que no se tienen recursos en un país como México, en vez de usar a fondo los propios, favorece la oposición de algunos intereses norteamericanos. Estos ven incrementada su capacidad de presión con las acciones y opiniones de los democratizadores protagónicos. Se puede estar en desacuerdo con el proyecto-democrático del gobierno, pero no se le puede negar dogmáticamente, para suscribir de manera implícita el de los norteamericanos más conservadores.

Por todo esto, en el interior del país pierden fuerza, y más todavía al interior del PRI, los protagonismos democratizantes. En este sentido, el priísmo dio una doble lección. En primer lugar, que la militancia del PRI no es una gran masa, anacrónica, inmune a los cambios sociales, que se deja acarrear dócilmente, manipular y llevar a una asamblea para hacer el papel de comparsa de sus dirigentes.

Esta imagen, que se desprende de las opiniones de quienes abandonaron el PRI o están por abandonarlo, es burda y majadera. No hay evidencia ni razón lógica para no aceptar que las actitudes, modos de conducta y participación política de los priístas hayan cambiado tanto o más que las del conjunto de la sociedad. ¿O se pretende hacer creer que sólo cambian los militantes del PAN y el PRD?

4. A lo largo de este texto se han manejado argumentos y reflexiones que ya sustentan la interpretación de que hay una real voluntad presidencial para llevar adelante la democratización.

Y en el caso del PRI, simplemente se manifestó en la negativa de usar los últimos recursos del control. Lo que se hizo fue dar oportunidad a la participación y establecer las bases para que ésta se diera programada y organizadamente.

Apenas se abrieron los cauces de la opinión y la participación, y el instinto y la educación política de los priístas se manifestaron. Lo prueba el hecho de que la tribuna más atendida y la que más propuestas recibió, fue la de estatutos.

Este no es un dato aislado, es una referencia esencial. Los priístas tomaron el camino más riguroso y seguro, el que reforma sin fracturar. Por la vía de las reglas internas se fueron diseñando mecanismos reales para desmontar el control y dar cauce a la participación. Fue un trabajo sistemático, que alcanzó consensos en relación a los principales problemas y su orden y, luego, en relación a las soluciones y su jerarquía.

Encontró eco la exhortación presidencial y se supo poner en movimiento el proceso de consulta y formación de consensos, por parte del presidente del partido. La militancia hizo suyo el proyecto y sus propósitos. Se desdeñó el democratismo verbalista y se tomó el camino de la práctica de la reforma, diseñado precisamente por la experiencia que da la práctica de la lucha contra el control y el sometimiento.

No sólo hubo diseño para la reforma del PRI, lo hay para la democratización integral. Por eso, en contra de lo que también se repite con desesperación de condenado, no hay razón que permita pensar que hay divorcio entre proyecto de cambio económico y proyecto de democratización.

Esta falacia descansa en la idea de que, de no retomarse el crecimiento a tasas altas, no podrá avanzar la democratización. Y más aún, se sostiene que fracasará el programa económico y vendrá el autoritarismo.

Es cierto que la democracia es un régimen especialmente costoso. Pero los críticos del proyecto salinista tienen un problema en su argumento: su seguridad de que fracasará el proyecto económico. Que resulte o fracase es una cuestión que depende de muchos factores y no está fatalmente establecido. Su otra gran falacia es que la democracia está unilinealmente sometida al proceso económico.

Si la relación se contempla a la luz de la experiencia de los países desarrollados del capitalismo, el régimen electoral sólo se sostiene con crecimiento e inversión de los grupos privilegiados. Esta lógica es la única que alcanzan a ver y de la que desprenden sus concepciones muchos críticos del salinismo.

Pero como enseña la lógica histórica de México, la democracia también puede sustentarse en un sistema de alianzas que acreciente organización y participación social desde abajo. Y en ese proceso se puede llegar a acuerdos y arreglos institucionales que, en vez de depender del crecimiento económico, lo estimulen.

Lo real hasta ahora, en el proyecto salinista, no es que el programa de democratización dependa del éxito del programa económico, sino lo inverso: que de la organización democrática dependen el estímulo y los incentivos a la actividad económica.

Un país más democrático tendrá gobiernos aún más legítimos, con mayor credibilidad, despertará más confianza y logrará concertaciones más amplias y sólidas, para favorecer la inversión y el crecimiento. Ese es el país que está en la perspectiva de muchos que, tanto en la sociedad como en el Estado, confían en el esfuerzo nacional y no creen en la fatalidad de la desgracia nacional.