El general no le prestó atención a la maestría de la respuesta, porque lo estremeció la revelación deslumbrante de que la loca carrera entre sus males y sus sueños llegaba a su fin. El resto eran las tinieblas.

“Carajos”, suspiró. í”Cómo voy a salir de este laberinto!”

Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. 1989.

La crisis de México se concentra en el reino de la política(*). Se ha convertido en una crisis de la conciencia nacional. Como en Checoslovaquia o en Alemania Oriental, en los albores de los años 90 el régimen político mexicano ha entrado en un fin de época irreversible: su prolongación indefinida es incompatible con la voluntad expresa de una sociedad en movimiento.(1)

Dos pilares del sistema político mexicano están cambiando rápidamente. Uno es económico, la relación entre el estado y determinadas ramas de la producción. El otro es social, la relación entre los empresarios, los trabajadores y el estado. 

El estado está transfiriendo a los empresario privados, mexicanos y extranjeros, empresas saneadas que ocupan posiciones estratégicas en la economía del país. Los casos más recientes y significativos, incluso por razones políticas e históricas, son la Compañía Mexicana de Aviación, la empresa minera Cananea -donde en 1906 comenzó la historia del moderno sindicalismo mexicano- y la empresa Teléfonos de México (Telmex).(2)

Estos traspasos van acompañados por una “desregulación” o “flexibilización” generalizada de las normas laborales a través de la abrogación de partes sustanciales de los contratos colectivos de trabajo o del contrato mismo, para dejar paso a nuevas relaciones laborales menos protectoras y más competitivas.(3). Una nueva Ley Federal de Trabajo, ahora en preparación,(4) deberá generalizar estos cambios, dirigidos a crear condiciones más atractivas para promover un flujo de capitales extranjeros y un regreso de capitales nacionales que, según los planes del gobierno, deberían permitir afirmar una inserción exportadora del país en el mercado mundial sustentada ante todo en la competitividad de la industria manufacturera y no ya en el petróleo y otras materias primas.(5)

Pero intervención del estado en la economía y existencia de un estado “benefactor” y árbitro en los conflictos sociales forman parte de los fundamentos del pacto constitucional establecido en 1917 como conclusión de la revolución mexicana. Son normas que no provienen simplemente de las leyes, sino que están inscritas en artículos específicos de la Constitución (arts. 3, 27, 123). Sobre ellas se ha sostenido la legitimidad “revolucionaria” -distinta de la legitimidad electoral- del gobierno ininterrumpido de un solo partido desde hace 60 años, el Partido Revolucionario Institucional, tanto en los poderes federales como en los de todos los estados de la República.(6). Es un típico régimen de partido de estado.(7)

Aquellos cambios económicos y sociales alteran los fundamentos de este régimen político. Sin embargo, como sucede en otros regímenes de partido único o partido de estado, los cambios en la política son más lentos y difíciles, porque encuentran resistencia en los intereses del mismo personal del estado que mueve o acepta las transformaciones en la economía. Esta diferencia de ritmos introduce un elemento de aguda crisis en el sistema. Es lo que ha sucedido durante 1988 en Argelia o en Túnez o lo que viene sucediendo en Polonia, Hungría, Unión Soviética China, Bulgaria, Alemania Oriental y Checoslovaquia.(8)

Pese a las notorias y a veces enormes diferencias entre las politicidades de todos estos países y de todos ellos con México, el interrogante principal de sus crisis políticas en el periodo inmediato es el destino del régimen de partido de estado y las posibles vías de supervivencia, su transformación o su desaparición.(9)

2

Algunas grandes tendencias mundiales están actuando para determinar la simultaneidad y el paralelismo de estas crisis así como las líneas de los cambios mexicanos. Es posible mencionar al menos cuatro de estas tendencias generales.

1. La reestructuración mundial de la economía: la estructuración de una nueva división internacional del trabajo; el surgimiento de nuevas relaciones y nuevos equilibrios entre las naciones y entre las clases y sectores sociales de cada país; el desarrollo de nuevas ramas y equilibrios en las economías industrializadas y en la economía mundial donde la información y los servicios tienen un papel cada vez más preponderante sobre el curso de la producción material; la internacionalización creciente del capital y de los procesos productivos (y, hasta cierto punto, del mercado de la fuerza de trabajo); la introducción de nuevas tecnologías y nuevas normas laborales en los lugares de producción; la aparición e institucionalización de modernas formas del trabajo a destajo con la ideología y la práctica del team concept o sus equivalentes; la generalización de la “flexibilidad” en el uso de la fuerza de trabajo y de los stocks; el surgimiento de un grupo de países de “nueva industrialización” (NICs) dentro de una siempre creciente brecha financiera, tecnológica y cultural entre los países industrializados y el resto del mundo.(10)

A esta vasta y acelerada recomposición mundial no pueden mantenerse ajenas la economía y la política de ningún país, en la medida en que ninguno está fuera de la economía global donde esas transformaciones tienen lugar.

2. El desmantelamiento (o adelgazamiento) del Welfare State, tanto en los países industrializados como en los semindustrializados, en una reestructuración generalizada de la relación entre el estado y los asalariados según la cual el monto global del “salario social” (es decir, el gasto público distribuido en forma de beneficios sociales) tiende a disminuir constantemente en relación con el monto global de los salarios individuales.(11). El “estado benefactor” o “estado del bienestar” se repliega, mientras avanza en todas partes -bajo diversas formas políticas, según países, sociedades y relaciones de fuerzas sociales diferentes- la privatización (o la reducción de la cobertura estatal) en servicios sociales, atención a la salud, vivienda, educación.(12). Competencia y disparidad en ingresos y condiciones de vida crecen entre los trabajadores asalariados y entre éstos y nuevos sectores emergentes, así como en el conjunto de la sociedad, en una tendencia general hacia lo que se ha denominado “sociedad dual”, la de los protegidos y los desprotegidos, la de los incluidos y los excluidos. La política de Margaret Thatcher es el modelo declarado y universal de esta transformación.(13)

3. La integración regional de las economías nacionales y la interpretación de culturas y costumbres por la mayor (relativamente) internacionalización de la fuerza de trabajo, del mercado y de la industria de la información. Ambas tendencias, integración económica e interpenetración cultural, son más fuertes allí donde más dinámico es el impulso del mercado, como sucede en el caso de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México).(14)

Migraciones sin precedentes, en un sentido y en otro, tienen lugar determinadas por los cambios en las economías respectivas, y la turbulencia y el cambio se instalan como situación normal.(15)

4. La crisis de los regímenes políticos postrevolucionarios de partido de estado o partido único en una serie de países, bajo las presiones que la reestructuración mundial de la economía y de los mercados ejerce sobre dicho tipo de regímenes, cuyo sustento último, más allá de la coerción y la fuerza estatales, se ubica también en la existencia de “pactos sociales” que la reestructuración pone en crisis de obsolescencia. En consecuencia, se ejerce una presión objetiva hacia la normalización de un “mercado político” (16) o, en otras palabras, hacia el tránsito a normas políticas democráticas y participativas en sustitución de los regímenes dictatoriales o autoritarios.

3

Los países sudamericanos de industrialización comparable a la de México (Brasil, Argentina, Chile) tuvieron que entrar en el curso de los años 70s en esta reestructuración mundial, a través de dictaduras militares que desmantelaron las políticas nacionalpopulistas y los “pactos sociales” subyacentes, forma tomada en esos países por las políticas de welfare a partir del fin de la segunda guerra mundial.

México pudo eludir este camino gracias a, por lo menos, tres factores: a) la estabilidad y el carácter histórico-constitucional del “pacto social” y el Welfare State; b) la persistente legitimidad conservada por el régimen de partido de estado, comparable en esto a otros regímenes revolucionarios; c) el boom petrolero mexicano entre 1977 y 1981, que dio al estado recursos para prolongar las condiciones económicas que nutrían la prolongación de la estabilidad y la legitimidad del sistema cuando en los países antes mencionados aquellas condiciones ya habían sido eliminadas por la crisis y los cambios en la economía mundial desde la primera mitad de los años 70.

Pero el boom petrolero y la expansión de los ingresos nacionales a través del endeudamiento externo también dieron al gobierno -y no sólo a él- la peligrosa ilusión de que esa situación podía prolongarse indefinidamente y que cierta “excepcionalidad” mexicana permitiría al país eludir la reestructuración económica. Con fuerza y por sorpresa -al menos para sus gobernantes- golpeó la crisis a México desde la caída de los precios del petróleo en 1981. Y desde entonces México debió entrar, con retraso y por vías propias, en el camino de la reestructuración antes recorrido por otras economías latinoamericanas.

El proyecto fue formulado y llevado adelante según el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988), prolongado ahora por el nuevo PND (1989-1994) del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es una reestructuración global de la economía y las relaciones sociales en el país conforme a la visión neoliberal, cuya oferta a los capitales nacionales e internacional va mucho más allá de una simple política de bajos salarios.(17)

Esa reestructuración fue la principal tarea del gobierno de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988. Fueron años de cambio económico y social, de caída de los salarios y de los niveles de vida de los sectores más pobres de la población, de cambio cultural y, hasta la mitad del sexenio, también de profunda atonía política de la población, sorprendida por el aparente viraje del partido gobernante hacia una política de rigurosa austeridad en los salarios y en los gastos sociales y de creciente apertura hacia una nueva inserción en el mercado mundial cuyos costos internos recaían sobre aquellos sectores ahora desprotegidos.(18)

El cambio político no podía estar lejos. En efecto, fue anunciado entre agosto y septiembre de 1985 por una prolongada huelga de los trabajadores de la empresa siderúrgica estatal Sicartsa, en la costa del Pacífico, (19) y por la movilización espontáneamente organizada de cientos de miles de personas, jóvenes sobre todo, para salvar vidas inmediatamente después del terremoto que asoló la ciudad de México el 19 de septiembre de ese año, mientras el gobierno permanecía casi paralizado durante las primeras 48 horas.(20) Una brecha entre gobierno y sociedad se hizo evidente, como primer anuncio de algo que crecería hasta convertirse en una crisis del régimen político.

El segundo gran anuncio fue el prolongado movimiento estudiantil contra recortes presupuestales y medidas excluyentes en el sistema educativo universitario, entre noviembre de 1986 y febrero de 1987, que varias veces movilizó manifestaciones de cientos de miles de personas (no sólo estudiantes) por las calles de la ciudad de México.(21)

La irrupción de la crisis política, como podía preveerse, se produjo en el año 1988, en cuya primera semana de julio se celebraron las elecciones presidenciales.

Lo que no fue previsto (salvo, tal vez, por algunos)(22) era la forma y el marco ideológico en que esa crisis tendría lugar: una división en el partido de estado, con la escisión de un pequeño número de dirigentes encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien lanzó su candidatura presidencial con un programa nacionalista opuesto a la política reestructuradora del gobierno, contra la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, por el PRI, y la de Manuel J. Clouthier, por el tradicional partido de centro-derecha, el Partido de Acción Nacional (PAN), hasta entonces segunda fuerza política del país.

Apoyada apenas por algunas pequeñas organizaciones de centro y de izquierda, la candidatura de Cárdenas levantó un nuevo movimiento político nacional que recuperó naturalmente la ideología nacionalista de izquierda del cardenismo, heredada de los tiempos de las grandes reformas del presidente Lázaro Cárdenas en los años 30s, de las cuales surgió la variante específica de Welfare State y de “pacto social” mexicanos. Como las ideologías tienen siempre un papel importante en tiempos de crisis política y de cambio, vale la pena estudiar las raíces del cardenismo en la historia y en la vida política mexicanas, sus caminos, sus transformaciones y su futuro previsible.(23) Pero no es el tema de este artículo.

Tampoco entra en su tema lo sucedido en las elecciones presidenciales mexicanas ni el análisis de la validez de los resultados oficiales que dieron la presidencia al candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. Los partidos de oposición denunciaron y presentaron pruebas de una gran operación de fraude electoral y mientras Cuauhtémoc Cárdenas y sus partidarios declararon haber obtenido la mayoría relativa, Manuel J. Clouthier y el PAN dijeron que el fraude había sido tan difuso y enorme que impedía saber quién había sido el verdadero vencedor. La oposición reclamó sin éxito nuevas elecciones y el cardenismo se negó a aceptar, alegando el fraude, la legitimidad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.(24). Desde el lo. de diciembre de 1988 éste es el gobierno de México.

Lo que aquí cabe subrayar es la magnitud de los cambios económicos, políticos y culturales que irrumpieron a plena luz en los para México insólitos acontecimientos de las elecciones de julio de 1988. La geografía política del país se ha transformado tan radicalmente como había ocurrido con el panorama económico y social. Según ciertas escuelas del pensamiento político mexicano, el sistema de partido de estado terminaría por evolucionar hacia un sistema bipartidista competitivo entre el PRI (fundado en 1929) y el PAN (fundado en 1939), conforme al modelo de Estados Unidos. En cambio, la realidad política está ahora electoralmente dividida, en grandes líneas, en un sistema de tres grandes partidos: los dos tradicionales, más el Partido de la Revolución Democrática, fundado en mayo de 1989 por una convergencia de las fuerzas provenientes del cardenismo y de la izquierda socialista reagrupadas durante el año electoral de 1988. Los tres partidos tienen, además, raíces históricas profundas en la cultura política mexicana.

El resultado es que el régimen en el cual el partido de gobierno controla los tribunales electorales, es juez y parte en la calificación de los resultados de las elecciones y dispone para su actividad partidaria de todos los recursos del estado, ha entrado en contradicción directa y cotidiana con esta nueva y abrumadora realidad política.

Dos elecciones estatales, en julio de 1989, ejemplificaron la agudeza de esa contradicción. Una fue la elección para gobernador en el estado de Baja California Norte, en la frontera con Estados Unidos. Allí ganó el candidato del PAN y el gobierno (contra las protestas de algunos sectores de su propio partido) reconoció ese triunfo. Por primera vez desde la fundación del partido oficial en 1929, habrá en un estado de la república mexicana un gobernador de un partido de oposición. La otra fue la elección para el Congreso del estado de Michoacán, el más fuerte baluarte del cardenismo, donde éste había ganado la elección presidencial de 1988 con más de los dos tercios de votos. Allí el partido oficial y las autoridades electorales montaron un enorme fraude, denunciado por todos los demás partidos, por la prensa y por ciudadanos independientes, y se declaró vencedor al PRI. Algunos analistas llamaron a esto “democracia selectiva” – para unos sí, para otros más o menos, para otros no-, pero resultaba evidente que este tipo de “democracia” estaba marcando las dificultades o las imposibilidades del régimen para transformarse con los tiempos y los ritmos de una realidad que su propia política ha contribuido a cambiar.(25) 

En octubre de 1989, en un acuerdo parlamentario entre el PRI y el PAN y con la oposición del PRD y otros partidos menores, se aprobó una reforma de la legislación electoral que, en sustancia, sigue dejando en manos del Poder Ejecutivo la integración del tribunal electoral y permite que el partido que obtenga una mayoría relativa de 35 por ciento de la votación en las elecciones legislativas reciba la mitad más uno de los representantes en la Cámara de Diputados. La nueva ley mantiene los rasgos antidemocráticos de la legislación anterior.(26).

El viraje del PAN, al aliarse con el PRI en la aprobación de esta ley, ha recibido de los dirigentes del PAN dos explicaciones complementarias: que las reformas deben ser graduales y que, al fin de cuentas, la política de Carlos Salinas de Gortari está satisfaciendo las demandas planteadas por el PAN en su programa histórico. Este acuerdo dejaba en claro, al mismo tiempo, que el reconocimiento del triunfo del PAN en Baja California (a diferencia de lo sucedido con el PRD en Michoacán) forma parte de una política de alianzas dirigida a ampliar los apoyos externos del equipo gobernante para depender menos de las presiones internas de los sectores más arcaicos del PRI y reformar al propio partido, mientras se aisla al PRD en la oposición. Salinas obtuvo una victoria parlamentaria al lograr estos objetivos en la votación de la reforma electoral. Por otro lado, esta alianza con el partido oficial ha abierto una crisis dentro del PAN, que se suma a los demás elementos de crisis política en el país.

Otro factor, esta vez interno al régimen, contribuye a agudizar la crisis política. La política económica del gobierno ha deteriorado la relación corporativa del PRI con las direcciones sindicales, obreras, campesinas y populares controladas por este partido, pero cuyas organizaciones y conquistas van siendo debilitadas por esa política. Esos dirigentes se ven relegados de las posiciones importantes que antes ocupaban en el gobierno, cuando no atacados directamente por éste como ocurrió con la dirección del sindicato petrolero, acusada de corrupción y clientelismo. Sin embargo, ninguna alternativa política a un PRI y un estado corporativos aparece posible o imaginable para esos dirigentes y sus organizaciones, lo cual da a la confrontación una forma tortuosa, morosa y sin perspectivas, en total provecho de quien mantiene la iniciativa, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Después del acuerdo con el PAN, esta iniciativa se ha renovado en las propuestas de “reforma del Estado” hechas por Salinas en su informe presidencial a la nación el 1o. de noviembre de 1989, donde en realidad se propone, sin decirlo, una reforma del PRI desde arriba sin que éste pierda su carácter de partido de estado. Es lo que podría llamarse una política de modernización del régimen de partido de estado o, en las palabras de Wayne Cornelius, de “modernización del autoritarismo”.(27)

4

Tres grandes cuestiones en el futuro inmediato de México aparecen como resultado y punto de convergencia de los cambios internacionales y los cambios mexicanos:

1. Integración económica. En los años recientes nuevos actores y factores han crecido en la escena mexicana: poderosos grupos económicos y financieros, nacionales y trasnacionales, entrelazados en las ramas más dinámicas de la economía; (28) un desplazamiento en la composición y la orientación de las exportaciones; (29) un debilitamiento en la participación de los asalariados y de los campesinos en el PIB, aun cuando los asalariados continúan siendo el 75 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada; (30) un crecimiento constante de la economía informal o subterránea; (31) la consolidación, con Carlos Salinas de Gortari y su equipo, de una nueva dirección política estatal que encabeza y estimula estos cambios.(32)

Henry Kissinger aprecia así a esta dirección:

The United States and Latin America are both fortunate that the first governmental change in the massive transformations looming for the entire hemisphere has brought President Salinas into office in México. No other Latin American leader shares to the same degree the U.S. preference for market economics, private capital and cooperative solutions. Moreover, Mexico under Salinas predecessor, President Miguel de la Madrid, has had the most sustained record of economic reform of any of the Latin American countries (33)

Este es el México que construye una nueva inserción de su economía en el mercado mundial. La gran puerta para esa inserción está determinada por la geografía y por la historia: la integración económica con el mayor mercado consumidor del mundo ubicado al otro lado de la frontera, Estados Unidos. Es una tendencia secular, pero acelerada ahora por los procesos de internacionalización del capital y por los cambios complementarios que han tenido lugar durante la década de los años 80s en Estados Unidos, en Canadá y en México, tanto en el plano económico como en el político.

James A. Baker, Secretario de Estado de Estados Unidos, en su mensaje de apertura de la sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Estados Unidos en la ciudad de México, el 7 de agosto de 1989, después de una mención a “estos temas vitales para nuestro crecimiento común”, dijo:

Our two way trade in 1988 totaled more than $44 billion. We need to strengthen our trade and investment ties in order to build a future of growth and prosperity for all citizens of North America, whether they live north of the Rio Grande or south of the Rio Bravo.

We admire and respect the many positive changes introduced by the Salinas administration -tariffs liberalized, investment restrictions lifted, freer markets, more private business, and increased opportunity for the people of Mexico -whatever their status or station in life- to determine their own economic future.(34)

Pero el propio Salinas llegó más lejos y fue más explícito sobre la cuestión de la integración económica norteamericana (Canadá, Estados Unidos, México). Durante su visita oficial a Estados Unidos en los primeros días de octubre de 1989, preguntado por la revista Newsweek sobre cuán lejos creía que llegaría la integración económica, respondió:

It is already very wide. Integration is a part of the modern world. Look at the blocks that are being created: Europe in 1992, the Pacific Basin countries, the United States and Canada. I don’t want to be left out. We, by geographical happenstance, are neighbors. But by political will we want to get the best form of relationship. We want to participate much more in the biggest market in the world. If we give our investors the certainty of access to the U.S. market, investment in México will grow substantially. That’s why I place so much emphasis on the trade agreement.(35)

La integración avanza a varios niveles.(36) Bastará aquí mencionar cuatro: los dos primeros por arriba, en el reino de quienes gobiernan; los otros dos por debajo, en el reino de los gobernados.

a) Integración al nivel del capital financiero y en inversiones conjuntas en la economía mexicana. La deuda externa y su reciente renegociación es ante todo un regulador y un acelerador de esta tendencia integradora.(37)

b) Incremento cualitativo de la inversión extranjera en México en sectores cuyos productos están dirigidos al mercado de Estados Unidos o a facilitar la integración entre ambos mercados (por ejemplo, comunicaciones y telecomunicaciones, tan determinantes en las economías de este fin de siglo como fueron los ferrocarriles en las del fin del siglo pasado) y entre ambos aparatos productivos (la industria maquiladora). (38). En el mismo sentido, nuevas leyes de inversión extranjera y de regulación de la fuerza de trabajo mexicana.

c) Creciente circulación de fuerza de trabajo mexicana entre ambos países (y por consiguiente, de la cultura material y de la vida cotidiana).(39)

d) Desarrollo del sector informal de la economía mexicana dirigido a la exportación hacia Estados Unidos y de las pequeñas empresas familiares cuyas actividades se combinan con la emigración de la fuerza de trabajo.(40)

La tendencia a la integración económica entre Estados Unidos, Canadá y México no es un mal en sí. Puede ser favorable para los tres países, dadas ciertas condiciones que tomen en cuenta la disparidad de niveles de desarrollo y de capacidad económica de cada uno: por ejemplo, aumento progresivo de los salarios mexicanos, defensa de los niveles salariales en Estados Unidos y Canadá, defensa de la ocupación en los tres países, etapas de integración que permitan escalonar la reconversión de industrias menos avanzadas dentro de plazos preestablecidos, protección a la migración mexicana a Estados Unidos mientras se alcanza la libre circulación de la fuerza de trabajo en toda la región, protección al medio ambiente contra la contaminación industrial. Este tipo de normas, referentes al trabajo, la sociedad y el ambiente, deberían ser el marco previo necesario para avanzar en acuerdos financieros, industriales, comerciales y fiscales -y no al revés, como está sucediendo-. Tampoco debe este proceso conducir a un abandono de los lazos y los intereses históricos de México en su relación con Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Pero, precisamente, este tipo de condiciones requieren ser discutidas y negociadas entre gobiernos representativos y entre las diferentes organizaciones de la sociedad en los tres países interesados. De lo contrario lo que está teniendo lugar es un proceso de integración subordinada y salvaje, donde se afirman los poderosos, pierden el trabajo y los desprotegidos y crecen las desigualdades, y donde el gobierno mexicano está renunciando a una política independiente hacia Centroamérica y América Latina.

Rápidos cambios se suceden en los equilibrios económicos y políticos mundiales, en la cuenca del Pacífico, en el continente europeo -desde el Atlántico a los Urales, según la frase clásica del general De Gaulle, o “en la casa común de Europa”, como lo dice hoy Gorbachov- y también en el escenario regional centroamericano. En medio de ellos, México puede disponer hoy de una autonomía relativa de decisiones y de una capacidad de negociación desconocidas, pese a los enormes condicionamientos de la crisis y de la deuda externa. Pero hacen falta visión y audacia políticas e independencia de pensamiento para saber responder a este desafío.

La búsqueda de la “buena voluntad” externa no puede compensar la debilidad del consenso interno. Si se continúa en la fuga hacia adelante de la integración subordinada, el resultado será la incorporación más abierta a la crisis mexicana de los elementos de crisis de hegemonía mundial que visiblemente siguen creciendo en la economía y la política de Estados Unidos. Y se habrá perdido una oportunidad sumamente favorable para afirmar la soberanía y la autonomía de las decisiones nacionales. Un gobierno y una política independientes, sostenidos por un amplio consenso democrático de la mayoría de la población, pueden permitir a México aprovechar las posibilidades inéditas que se están abriendo con los grandes cambios en curso en la situación internacional.

2. Transformación del estado. La reforma del estado fue un tema central en el mensaje presidencial de Carlos Salinas de Gortari el 1o. de noviembre pasado. En realidad, la reestructuración del capitalismo mexicano, tal como ha sido llevada adelante, implica una transformación del estado, ya sea que la conduzca el gobierno a través de una reforma desde arriba o que la impongan los cambios desencadenados por la reestructuración de la economía. México no puede insertarse como un exportador industrial en la nueva división internacional del trabajo con sus actuales bajos niveles de productividad del trabajo, eficiencia empresarial y calidad de los productos.(41). La búsqueda de una mayor competitividad dentro de los marcos de la política reestructuradora en curso está conduciendo, como hemos visto, a una ruptura de los fundamentos del “pacto social” sobre el cual se asienta el régimen político.(42). Pero conquistas sociales que en otros países son materia legal o contractual, en México son consideradas y vividas como derechos políticos. En consecuencia, los que en otras condiciones serían elementos de un conflicto económico pueden convertirse en detonadores de una crisis política del estado.(43). Este es el núcleo racional de la preocupación de Salinas por una “reforma del estado” que, contradictoriamente, le permita al mismo tiempo salvar al partido de estado en cuyo seno están atrincheradas una buena parte de las fuerzas que resisten esa u otras reformas.

Como hemos señalado al comienzo de este artículo, pocos discuten ya que el conjunto de relaciones entre el estado, el capital y el trabajo establecidas en México en el largo periodo precedente de desarrollo protegido de la industria han quedado obsoletas. Nuevas reglas, nuevos actores, nuevas alianzas aparecen, nuevos sectores económicos emergen mientras otros quedan sumergidos o excluidos. Allí reside la justificación objetiva de la “modernización” que el gobierno mexicano proclama como eje de su política.

Pero la característica de esta “modernización” es que está siendo implantada desde arriba, por decisiones verticales, sin discusión previa en la sociedad y sin posibilidad de llegar a acuerdos o consensos entre los sectores afectados. Quienes en los diferentes sectores de la economía y de la sociedad sufren los cambios sin dirigirlos, los viven como producto de una doble agresión convergente del estado y del mercado. Ven a la “modernización” como una pérdida y una caída drástica de sus ingresos, de sus puestos de trabajo, de leyes sociales y costumbres protectoras. La ven como un aumento de la competencia de todos contra todos, de la marginalidad y la desprotección que castigan primero a los más débiles: los ancianos, los niños, las mujeres, los enfermos, los desocupados y los que se quedan sin oficio y sin trabajo por la edad y las innovaciones tecnológicas. Y las cifras de la caída de los salarios urbanos y los ingresos campesinos y del aumento de la desocupación, la insalubridad y la morbidad confirman esas percepciones. La modernidad es, para todos ellos, una catástrofe social y personal.

Sería extremadamente imprudente negarse a ver la acumulación de estos elementos de crisis política y crisis social combinadas por el curso mismo de estos acontecimientos. Si la situación se agudiza y no hay respuestas negociadas a esta acumulación objetiva, el desmantelamiento del Welfare State puede revelarse en México tan conflictivo y costoso como en otros países latinoamericanos y, dadas las tradiciones nacionales, tal vez mucho más incierto en cuanto a sus resultados finales.

3. Crisis del régimen político. Regresamos aquí al interrogante inicial: ¿son posibles todos estos cambios, muchos de los cuales ya han tenido lugar en lo sustancial, sin una transformación completa del régimen político postrevolucionario? El voto nacional de 1988 mostró la primera fuerte rebelión electoral contra el sistema. ¿Fue una llamarada pasajera que puede ser reabsorbida con iniciativas audaces y precisas del gobierno para recuperar en la acción la legitimidad cuestionada en la elección? ¿O fue una crisis de la conciencia nacional, un parteaguas histórico en la formación de una nueva conciencia política independiente del régimen gobernante?

Si lo primero, entonces podría tener posibilidades de éxito la tentativa de proseguir con las reformas económicas sin cambiar, o alterando lo menos posible, el régimen político, la supervivencia del partido de estado y su relación corporativa con las organizaciones sociales. Si lo segundo, entonces la fractura entre las reformas económicas y la inmovilidad política conduce inevitablemente a crisis y conflictos mayores. (44)

5

Los régimenes de partido de estado se caracterizan por una dificultad intrínseca, casi una imposibilidad, para aceptar el cambio político sin entrar en crisis como régimen. Es un pensamiento que excluye la posibilidad de alternancia de diversos partidos en el gobierno. Al identificar al partido con el estado (y a ambos con la nación), conciben todo ataque al partido como un ataque al estado e interpretan toda propuesta de cambiar el gobierno como una tentativa de derribar o destruir al estado. Es la lógica que condujo en México en octubre de 1968 a la matanza de cientos de estudiantes en Tlatelolco como respuesta a las movilizaciones masivas que pedían reformas democráticas, y en China en junio de 1989, frente a la misma demanda, a una masacre similar en Tienanmen.

Sin embargo, sería errónea una generalización excesiva. Los costos de una respuesta violenta a la crisis del régimen pondrían en cuestión el porvenir mismo de las transformaciones que constituyen el nuevo proyecto histórico del gobierno. Otros regímenes similares, habiendo pagado esos costos en el pasado y sabiendo, después del horror de Tienanmen, que hoy son mucho mayores, están explorando la posibilidad de transiciones inéditas desde el partido único a la pluralidad de partidos sin poner en cuestión los fundamentos jurídicos del estado: primero en Polonia y Hungría, después en Alemania Oriental y Checoslovaquia, en la segunda mitad de 1989 verdaderas revoluciones democráticas desde abajo han impuesto un ritmo de cambios sin precedentes cuyos confines no han cesado de ampliarse.

México ha llegado a esa misma frontera. La democracia aparece como el requisito indispensable para impedir una fractura crítica entre la economía y la política. En México, como en cualquier otro país, democracia significa la pluralidad de partidos con iguales derechos, la supresión del partido de estado y de sus privilegios, la posibilidad de alternancia de diversos partidos en el gobierno, el respeto al voto, la independencia de las organizaciones sindicales y sociales frente al estado y el derecho de organización autónoma, las libertades municipales, un sistema de derecho y garantías individuales y una justicia independiente de poder ejecutivo que los haga efectivos para los ciudadanos.

Pero el régimen mexicano tropieza aquí con una dificulta estructural. Si se hacen valer y se respetan esas normas democráticas (que por lo demás corresponden a las establecidas en la Constitución), podrían llegar al gobierno las fuerzas que se oponen a la actual política de reestructuración económica y pro ponen, en grandes líneas, una actualización del pacto social, la república democrática y el fin del corporativismo estatal como condiciones necesarias de la modernización de la economía. Si e cambio se posterga la cuestión democrática, la actual política económica y sus efectos sociales, cualesquiera sean las promesa para un futuro más o menos distante, no podrá ser mantenido mucho tiempo más sin métodos autoritarios y sin represión en una sociedad tan escandalosamente desigual como la mexicana.(45)

Pero, nueva dificultad, con esos métodos difícilmente puede alcanzarse en México una elevación duradera y generalizada – no en simples casos aislados- de la productividad, la eficiencia y la calidad, una consolidación de la nueva inserción exportadora en el mercado mundial y una mayor integración económica regional. Ni España podía integrarse en el mercado común europeo con el régimen de Franco, ni Grecia con la dictadura de los coroneles: dictadura y represión son incompatibles con la libre circulación de mercancías, personas e ideas implícita en la estructura de la Comunidad Económica Europea y ahora en la Europa unificada de 1992.

En este nudo de contradicciones se condensa la crisis actual del régimen de partido de estado en México. Las normas de la legalidad republicana y la democracia política aparecen como los únicos marcos posibles, alcanzables y aceptables por todos los protagonistas de la vida política mexicana para resolver, sin un crisis mayor del estado, las actuales divergencias y conflictos políticos y sociales y el destino y el sentido de los cambios actuales y venideros.

Partido de estado o democracia republicana son los dos extremos que resumen el dilema del régimen político mexicano. 

Columbia University, New York, 30 noviembre, 1989

* Agradezco a Kent Worcester sus comentarios y sugerencias sobre una primera versión de este trabajo. Fue escrito para el Journal of International Affairs, Columbia University, lo cual explica la inclusión de algunos datos ya conocidos por el lector mexicano, así como algunas referencias y notas al pie para el lector de Estados Unidos. He preferido, de todos modos, mantener la misma versión para su publicación en México. Serán incluidos en el libro La modernización de México, que reúne los trabajos del seminario internacional que, con ese tema, organizó en noviembre pasado el Depto. de Relaciones Sociales de la UAM-X.

1 Adolfo Gilly, “Fin de régimen, fin de época”, nexos, enero 1989, no. 133.

2 Proceso, 26 septiembre 1989, no. 673. Sobre teléfonos, ver the New York Times, 21 septiembre 1989, Sobre Cananea, ver México Journal, vol. II, no. 49, 18 septiembre 1989 y Proceso, 28 agosto 1989, no. 669. Ver también Ilan Bizberg, “El caso Cananea”, Cuaderno de nexos, no. 16, octubre 1989 y Adolfo Gilly, “Cananea”, La Jornada, 26 agosto 1989.

3 Enrique de la Garza Toledo, “Reconversión industrial y cambio en el patrón de relaciones laborales en México”, ponencia presentada en el Seminario Internacional “La modernización de México”, Universidad Autónoma Metropolitana, 9-11 noviembre 1989; Adolfo Gilly, Nuestra caída en la modernidad, Joan Boldó i Climent Editores, México, 1988, cap. III, “Flexibilidad, o el asalto contra el trabajo” y Esthela Gutiérrez Garza (ed.), Reconversión industrial y lucha sindical, Fundación Friedrich Ebert, México, 1989. Ver también Enrique de la Garza, “¿Quién ganó en Telmex?” y Asa Cristina Laurell, “Sicartsa: la esencia de la modernización salinista”, El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, noviembre-diciembre 1989, no. 32.

4 Enrique de la Garza, “Transformaciones del modelo contractual en México”, Trabajo, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, octubre-diciembre 1989, no. 1; “Legislación laboral: un diálogo de sordos”, entrevistas a empresarios, dirigentes obreros y abogados sobre las reformas a la legislación laboral, Trabajo, cit.; Néstor de Buen, “El convenio de modernización en Teléfonos de México”, El Cotidiano, UAM-A, julio-agosto 1989, no. 30; Jesús Campos Linas, abogado del Frente Nacional de Abogados Democráticos, entrevista en México Journal, vol. II, no. 41, 24 julio 1989. Un resumen de la discusión en México sobre la nueva legislación laboral en Graciela Bensusan, “El cambio en las relaciones laborales: hacia una nueva regulación”, ponencia en el Seminario Internacional “La modernización de México”, UAM, 9-11 noviembre 1989. Ver también Saúl Escobar, “Estado y sindicatos”, ponencia en el mismo seminario.

5 Ver, entre la abundante literatura al respecto, José Valenzuela Feijoo, El capitalismo mexicano en los ochenta, Ediciones Era, México, 1986; Miguel Angel Rivera, Crisis y reorganización del capitalismo mexicano, Ediciones Era, México, 1986; Adolfo Gilly, Nuestra caída en la modernidad, cit., 1988; Stephen Quick, “México’s Macroeconomic Gamble”, ponencia en la conferencia “México: Contrasting Visions”, Columbia University, 25 abril 1989; Jordi Micheli, “La reconversión en la empresa privada: apuntes de una trayectoria hacia el mercado”, ponencia en el Seminario Internacional “La modernización de México”, UAM, 9-11 noviembre 1989. Sobre el petróleo, un análisis actualizado y exhaustivo en Francisco Colmenares, “La reestructuración de Pemex en los ochentas”, ponencia en el mismo seminario. Sobre los procesos de privatización en la industria petrolera, Ignacio Rodríguez Reyna, “La privatización de la petroquímica básica”, El Cotidiano, UAM-A, mayo junio 1989, no. 29 y Daniel Molina, “Pemex: la privatización de facto”, El Cotidiano, UAM-A, noviembre-diciembre 1989, no. 32. Sobre el cambio de relaciones laborales en el nuevo contrato colectivo petrolero, Salvador Corro, “Los petroleros en manos de la empresa”, Proceso, 31 julio 1989, no. 665.

6 Sobre la legitimación del régimen político postrevolucionario y su partido hay una extensísima literatura. Un excelente trabajo es Nora Hamilton, The Limits of the State Autonomy-Postrevolutionary México, Princeton, 1982 (traducción, México: los límites de la autonomía del Estado, Ediciones Era, México, 1983). Ver también, entre muchos otros, Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada, Siglo XXI Editores, México, 1982, el más completo estudio sobre la historia del partido oficial mencionado; Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana, Ediciones Era, México, 1973; Arturo Anguiano, El Estado y la política obrera del cardenismo, Ediciones Era, México, 1975; Adolfo Gilly, México, la larga travesía, Editorial Nueva Imagen, México, 1985; Arnoldo Córdova, El Estado y la revolución en México, Ediciones Era, 1989.

7 Llamo régimen de partido de estado al régimen político en el cual el partido gobernante forma un solo cuerpo con el aparato administrativo y coercitivo del estado, actúa como su órgano político, obtiene sus recursos de las finanzas del estado y excluye la posibilidad de alternancia de otros partidos en el poder ejecutivo o en la formación de una mayoría en el poder legislativo. Este régimen puede tomar la forma de régimen de partido único constitucionalmente establecido o la de partido de estado con partidos de oposición simbólicos, en cuanto no pueden, de hecho o de derecho, aspirar a ocupar el poder ejecutivo ni a compartir el status y los privilegios del partido gobernante.

8 Los acontecimientos en este campo están evolucionando con rapidez. Ver, sin embargo, mi artículo “The Old in the New, the New Through the Old” y Nigel Harris, “Counterevolution and Crisis”, Against the Current, Detroit, septiembre-octubre 1989, no. 22; Ralph Miliband, “Reflections on the Crisis of Communist Regimes” y Norberto Bobbio, “The Upturned Utopia” New Left Review, London, septiembre-octubre 1989, no. 177.

9 Stephen A. Quick, miembro del Joint Economic Committee of the U.S. Congress, comparte este punto de vista en “México’s Macroeconomic Gamble”, cit. En las conclusiones, formula el problema de manera precisa:

“The Salinas goverment has adopted one of the developing world’s most ambitious and far reaching economic programs, one which combines temporary price controls, fiscal austerity, structural reform and political liberalization. The `riverboat gamble’ metaphor may thus do Mexico a disservice, by comparing its reforms to the relatively minor adjustments in fiscal and regulatory policy which took place in the U.S. in the 1980′s. México more appropriately belongs to an universe including Poland, the Soviet Union and China, where governing elites are engaged in a fundamentally revolutionary process of transforming the entire political and economic structure from relatively closed and autocratic to relatively open and pluralistic”. Podemos agregar que, desde el momento en que esas conclusiones fueron presentadas -abril 1989-, los acontecimientos han ido lejos. Lo que estamos presenciando en Polonia, Hungría, Alemania Oriental y Checoslovaquia son enormes movimientos independientes desde abajo, una especie de revolución democrática más profunda y veloz que cualquier previsión de las élites gobernantes. Creemos que la comparación sigue siendo válida para el presente y el futuro de México.

Wayne Cornelius, en “After a Cold Start, México’s President Blazes Ahead on Promised Reforms”, Los Angeles Times, 15 mayo 1989, recurre a comparaciones similares: “In México, just as in the Soviet Union and China today, controlling the decontrol -preventing a running away dissidence- will be very difficult, now that the process has begun. Salinas can be expected to use all his very considerable presidential powers to the hilt, but he does not have the totalitarian tools still available to the Soviet And Chinese leadership”. Cornelius prevé, as “the most likely scenario”, “a continuation of controlled liberalization from above – what some would call a modernización of authoritarianism”.

Henry Kissinger, sobre el mismo tema, también recurre a imágenes “soviéticas” en The Washington Post, 13 enero 1989: “Latin American populism is the last refuge of traditional Marxism. It has been impervios to glasnost and perestroika”.

Podríamos multiplicar los ejemplos de referencias similares a las reformas de Salinas, también bautizadas como “salinastroika”.

10 Para una elaboración de estos puntos ver, inter alia, Nigel Harris, The End of the Third World, Penguin, London, 1986; and Scott Gash and John Urry, The End of Organized Capitalism, Wisconsin, 1987; Michael Rustin, “The Politics of Post-Fordism: or, The Trouble with `New Times’”, New Left Review, London, mayo-junio 1989, no. 175. Una discusión de diferentes visiones sobre la nueva división internacional del trabajo y la reestructuración global en David M. Gordon, “The Global Economy: New Edifice or Crumbling Foundations?”, New Left Review, London, marzo-abril 1988, no. 168. Sobre nuevas tecnologías y transformaciones en el lugar de trabajo, Benjamín Coriat, L’atelier et le cronometre París, 1979; Harley Shaiken, Work Transformed: Automation and Labor in the Computer Age, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1984; Tessa Morris-Suzuki, “Capitalism in the Computer Age”, New Left Review, London, noviembre-diciembre 1986, no 160. Sobre flexibilidad, Robert Boyer, La flexibilité du travail en Europe Editions La Découverte, París, 1986, y artículos sobre flexibilidad en España y en Italia, Alfredo Hualde, Juan Chozas y Marco Biagi, en Trabajo, cit. Sobre el “team concept”, Jane Slaughter and Mike Parker, Choosing Sides, Labor Notes, Detroit, 1988. Sobre los NICs y México, Alan L. Madian, “Technology and the Changing Industrial Balance”, in Cathryn Thorup (ed.), The United States and México: Face to Face with New Technology, Overseas Development Council, Transaction Books, New Brunswick, 1987; y Nigel Harris, The End of the Third World cit., cap.3.

11 Sobre la declinación del Welfare State en los países industrializados, Claus Offe, “Some contradictions of the modern Welfare State”, en Contradictions of the Welfare State Cambridge, MIT, 1984; and Claus Offe, “Democracy Against the Welfare State? Structural Foundations of Neoconservative Political Opportunities”, en J. Donald Moon (ed.), Responsibility. Rights and Welfare: The Theory of the Welfare State Westview, 1988. Ver también Steve Fraser and Gary Gerstle (eds.), The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930-1980 Princeton University Press, 1989. Para México, ver Esthela Gutiérrez Garza (ed.), Testimonios de la crisis, vol. 2: La crisis del Estado del bienestar, Siglo XXI Editores, México, 1989. Para una visión comparativa de la respuesta de diferentes Welfare States frente a crisis económicas internacionales, ver Peter Gourevitch, Politics in Hard Times. Cornell University Press, 1986. Para un enfoque histórico, Comparative Social Research, vol. 6. 1983, número monográfico: “The Welfare State, 1883-1983″, que desde su introducción plantea el problema: “The elaboration, expansion and liberalization of the social programs of the industrial societies ceased in the second half of the 1970s. Such may be the most significant observation to be made of contemporary welfare states, the name we give to modem societies when we view them in terms of the income-maintenance programs and social services they provide”.

12 “The essence of the welfare state is government-protected minimum-standards of income, nutrition, health, housing, and education, assured to every citizen as a political right, not as a charity” (David Wilensky, The Welfare State and Equality: Structural and ideological Roots of Public Expenditure, Berkeley, University of California Press, 1975, citado en Sheldon Wolin, “Democracy and the Welfare State”, Political Theory, vol. 15, no. 4, noviembre 1987). Un libro clásico sobre gasto público y legitimación política en México es James Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change Since 1910, University of California Press, 1967. Un estudio también clásico sobre desarrollo económico y desigualdad en México es Clark Reynolds, The Mexican Economy: Twentieth Century Structure and Growth, Yale University Press, 1970.

13 Evidencia empírica sobre la polarización de ingresos y condiciones de vida en Gran Bretaña aparece en John Rentoul, The Rich Get Richer, Methuen, 1988. Ver también Joel Krieger, Reagan, Thatcher and The Politics of Decline, Oxford, 1986; and Kent Worcester, “Then Years of Thatcherism: The `Enterprise Culture’ and the Democratic Alternative”, World Policy Journal, vol. VI, no. 2, Spring 1989. Sobre dualismo, ver John Goldthorpe (ed.), Order and Conflict in Avanced Capitalist Societies, 1984. Sobre la polarización de ingresos y la caída del gasto público social en Estados Unidos en los años de Reagan, ver Thomas Byrne Edsall, “The Changing Shape of Power: A Realignement in Public Policy”, en Steve Fraser and Gary Gerstle (eds.) The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930-1980, cit., 1985, p. 274, who quotes “a November 1987 study by the Congressional Budget Office showing that from 1977 to 1988 70 percent of the population experienced very modest increases in after-tax income or, for those in the bottom 40 percent, net drops, when changes over that period in the federal income tax, the Social Security tax, and excise taxes are taken into account. In contrast, those in the seventy-first to ninetieth percentiles experienced a modest improvement, and those in the top 10 percent significantly improved their standard of living. For those at the very top, the gains have been enourmous”. En porcientos, the average after-tax family income del decil más bajo disminuyó en ese periodo un 10.5 por ciento, hasta 3,157 dólares por año; mientras el del decil superior subió un 27.4 por ciento, hasta 89,783 dólares. Pero dentro de éste, el 5 por ciento más alto subió un 37.3 por ciento (hasta 124,651 dólares) y el 1 por ciento superior, un 74.2 por ciento (hasta 303.900 dólares).

En el mismo lugar, el autor agrega estos datos: “In the competition between the defense and social welfare sectors, the outcome of a parallel, althoug more recent, shift in the balance of power can be seen in the years from 1980 through 1987. During this period, the share of the federal budget going to national defense grew from 22.7 percent in 1980 to 28.4 percent in 1987. At the same time, the share of federal dollars collectively going to education, training, employment, social services, health, income security, and housing dropped from 25.5 percent in 1980 to 18.3 percent in 1987″.

14 Sobre integración europea y 1992, John Palmer, Europe against America, London, Radius, 1988; John Grahl and Paul Teague, “The Cost of Neo-Liberal Europe”, New Left Review, London, marzo-abril 1989, no. 174; Patrick Camiller, “Beyond 1992: The Left and Europe”, New Left Review, London, mayo-junio 1989, no. 175. Sobre relaciones México-Estados Unidos, un sumario de cuestiones actuales en The Challenge of Interdependence: Mexico and the United States, informe de la Bilateral Commission on the Future of United States-Mexican Relations, University Press of America, New York, 1989. Ver también Robert A. Pastor and Jorge G. Castañeda, Limits to Friendship: the United States and Mexico, Knopf, New York, 1989. Sobre integración Estados Unidos-México-Canadá, ver más abajo, nota 30.

15 Sobre migraciones laborales, Saskia Sassen-Koob, “Issues of Core and Periphery: Labour Migration and Global Reestructuring”, en Jeffrey Henderson and Manuel Castells, Global Reestructuring and Territorial Development, Sage Publications, London, 1987. Para México y Estados Unidos, ver Patricia Fernández Kelly, Los indocumentados mexicanos, Editorial Grijalbo, México, 1989.

16 Es decir, un régimen político pluralista donde compitan diversos partidos y el voto ciudadano pueda escoger entre diferentes opciones. Tomo la expresión “mercado político” de Juan Carlos Portantiero, “Transición y democracia en Argentina: ¿un trabajo de Sísifo?”, Cuadernos de Marcha, México, año IV, julio 1983, no. 22.

17 Para un análisis de las razones de esta reestructuración y de su expresión programática en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) del gobierno de Miguel de la Madrid, ver José Valenzuela Feijoo, El capitalismo mexicano en los ochenta, cit., 1986. La revista bimestral El Cotidiano, de la Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, es una de las publicaciones especializadas que mejor ha seguido este proceso desde 1984 hasta el presente. Para un resumen de la política económica de dicho gobierno desde el punto de vista oficial, Mauricio de Maria y Campos, “Mexico’s New Industrial Development Strategy”, en Cathryn Thorup (ed.), The United States and México: Face to Face with New Technology, cit., 1989. El autor es Undersecretary for Industrial Development in the Ministry of Commerce and Industrial Development. Sobre las medidas reestructuradoras, los salarios y las inversiones nacionales y extranjeras, es pertinente esta opinión de David M. Gordon, “The Global Economy: New Edifice or Crumbling Foundations?”, New Left Review, cit., p. 56: “In this respect, I would argue that the central features of the NICs are not their low wages or their technical adaptations, since wages are low almost everywhere in the less developed countries and new technologies could be applied anywhere. Rather, what seems especially strinking about the NICs is the increasingly political and institutional determinations of production and trading relationships. Transnational companies negotiate with each other and host countries for joint production agreements, licensing, and joint R&D contracts. They search among potential investment sites for institutional harbours promising the safest havens against an increasingly turbulent world economy”.

18 Es abundantísima la literatura sobre la caída de los salarios y los gastos sociales en México a partir de 1982, Ver, inter alia, Jeffrey Bortz, El salario en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1988; Adolfo Gilly, “La caída salarial”, nexos, México, febrero 1985, no. 86; Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, Cal y Arena, 1988. Stephen A. Quick, “Mexico’s Macroeconomic Gamble”, cit., citando “official figures [that] may seriously understate the decline in living standards for average Mexicans”, menciona “a 40 percent decline in average real wages in manufacturing between 1982 and 1987. As in many other developing countries, workers in the manufacturing sector are paid somewhat better than average, and the real value of the minimum wage, which many mexican workers in the private sector earn, has fallen by more than 50 percent during the same period”.

Para decirlo en una sencilla cifra, el salario mínimo en México en septiembre de 1989 era el equivalente de 3.50 dólares por día, menos de 50 cents. por hora. Además, una parte sustancial de la fuerza de trabajo mexicana gana menos del salario mínimo legal, tanto en el sector formal como en el sector infommal de la economía. Ver también Miguel Orozco, “Deuda externa y coyuntura”, en El Cotidiano, UAM-A, mayo-junio 1989, no. 29, que muestra que el salario mínimo en México, en pesos constantes de 1970, ha caído, después de alcanzar un límite máximo en 1976, a los niveles de 1961 y 1939, hace medio siglo. Sobre la caída del gasto público en salud, ver Asa Cristina Laurell, “Una opción popular en salud”, Cuadernos Políticos, México mayo-agosto 1989, no. 57, y “La salud en el proyecto modernizador gubernamental”, ponencia en el Seminario Internacional “La modernización de México”, UAM, 9-11 noviembre 1989. Nuria Fernández, “México en los ochenta: los orígenes del 6 de julio”, ponencia presentada en el mismo seminario, ofrece evidencias empíricas sobre la caída de todos los indicadores de bienestar (salario, salud, educación, vivienda). Sobre las deficiencias de las estadísticas mexicanas sobre salud, ver Julio Frenk, “Salud y crisis económica”, Cuaderno de nexos, octubre de 1989, no. 16.

Un buen resumen de la situación actual lo da Jorge G. Castañeda en una reciente entrevista en Time, New York, 7 agosto 1989: “The bottom line of the government’s economic policies is that their benefits have not yet appeared but their costs are already with us. A lot is said about how public spending and the state’s role in the economy have been reduced in Mexico. The problem is that most of the adjustment has come in cutbacks in spending on education, on health, on infrastructure. Mexico in 1982 was spending 5.5% of gross domestic product on education. Today it’s spending less than 3%. In 1982 Mexico spent 2.5% of GDP on health; today it’s spending less than 1.5%. In 1982 an elementary school teacher -in a country where half the population is under 15 and where are 25 million children in school- made six times the minimum wage. Today he makes 1.5 the minimum wage. In 1982 a top-level university professor made about $2,000 a month; today that same professor makes about $500 a month. That’s part of the bottom line.

“Another part is the country’s infrastructure. Ten years ago, Mexico had highways, phones, dams, an electrical grid, of perhaps the highest level in the so-called Third World. Today Mexico City’s phones are falling apart, the electrical grid has not been maintained, oil installations are in poor shape, and oil production is now dropping.

“Between now and the year 2000, we have to create a million jobs a year just to accommodate the new entries into the labor market. For that to happen the economy has to grow at 4% or 5% a year. It’s not happening. And those millions of people who do not find jobs are going to have one of two choices: being unemployed in the streets or going to the U.S. There is no other choice”

19 Sobre la huelga de Sicartsa y su significado político, Adolfo Gilly, “A la mitad del sexenio, la primera gran huelga”, Proceso, 9 septiembre 1985.

20 Sobre el terremoto y sus consecuencias sociales, Carlos Monsiváis, Entrada libre (Crónicas de una sociedad que se organiza), Ediciones Era, México, 1988; y Elena Poniatowska, Nada, nadie, Las voces del temblor, Ediciones Era, México, 1988.

21 Sobre el significado político y social del movimiento estudiantil 1986-1987 hay una abundante literatura. Ver, entre otros, Carlos Monsiváis, Entrada Libre, cit., 1988; y Adolfo Gilly, Nuestra caída en la modernidad, cit. 1988.

22 Ver Adolfo Gilly, “México: dos crisis”, nexos, México, agosto 1983, no. 70, donde se sostiene que cualquier nueva movilización política de masas independiente del gobierno mexicano comenzaría retomando las experiencias y las tradiciones dejadas por el cardenismo de los años 30, partiría del programa propuesto en el testamento político de Lázaro Cárdenas en 1970 y se asemejaría las formas de democratización desde abajo iniciadas por Solidaridad en Polonia desde l980

23 Ver, al respecto, Adolfo Gilly (coord.), Cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, Ediciones Era, México, 1989. Sobre las reformas cardenistas ver, inter alia, Nora Hamilton, The Limits of State Autonomy-Postrevolutionary Mexico, cit., 1982; y Luis González, Los días del presidente Cárdenas, El Colegio de México, México, 1981.

24 El fraude electoral de julio de 1988 fue abundantemente documentado en la prensa mexicana e internacional en las semanas posteriores a la elección. La revista Proceso, entre otras, ofreció una nutrida crónica semanal de los acontecimientos posteriores a la elección. Un documentado estudio es: José Barberán, Cuauhtémoc Cárdenas, Adriana López Monjardin y Jorge Zavala, Radiografía del fraude, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1986. Una selección de crónicas y artículos de diversos analistas sobre las elecciones de 1988 y sus secuelas, en Crónica del Nuevo México, Equipo Pueblo, 1989. Ver también Jonathan Fox, “Towards Democracy in Mexico?”, Hemisphere, Miami, vol. 1. no. 2, Winter 1989; y Emilio Krieger Vasena, “El proceso electoral de 1988, un testimonio”, en Cuadernos Políticos, México, enero-abril 1989, no. 56. En apéndice a este artículo aparece la renuncia de Emilio Krieger a su cargo de magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, encargado de vigilar el desarrollo de las elecciones de julio de 1988. La renuncia fue presentada el 1o. de septiembre de 1988 ante la Cámara de Diputados dcl Congreso de la Unión.

25 Sobre los procesos electorales en Baja California y Michoacán, ver Proceso, 10 julio, 17 julio y 24 julio 1989, no. 662, 663 y 664, y la abundante documentación en la prensa mexicana. Ver también Mexico Journal, México, 24 julio 1989, vol. II, no. 41. El editorial de ese número, firmado por el director ejecutivo Joe Kennan, comienza con este juicio sobre la elección de Michoacán: “The elections held July 2 in Michoacan were characterized by the widespread fraud of the big PRI machine before, during and after the actual balloting. By all accounts -including those of journalists, national and foreign, who witnessed countless illegalities and dirty tricks- what tried to pass for democracy on July 2 was nothing more than a criminal farce ripped from the pages of a manual on authoritarian rule”.

Ver el fallo del Tribunal Independiente de Ciudadanos sobre el fraude en Michoacán, Unomásuno, 13 agosto 1989; y la protesta por estos hechos dirigida al “Licenciado Carlos Salinas de Gortari”, por 430 intelectuales y universitarios mexicanos, Proceso, no. 669, 28 agosto 1989. 

26 Proceso, 23 octubre 1989, no. 677.

27 Carlos Salinas de Gortari, informe presidencial, La Jornada, México, 2 noviembre 1989, y toda la prensa mexicana.

28 Ver Adolfo Gilly, Nuestra caída en la modernidad, cit., 1988.

29 Ver Stephen Quick, “Mexico’s Macroeconomic Gamble”, cit., 1989.

30 Sobre los asalariados, ver más arriba, nota 18; y Rosa Albina Garavito, “La recomposición social de la clase trabajadora y la lucha por la democracia”, ponencia en el Seminario Internacional “La modernización de México”, UAM, 9-11 noviembre 1989. Sobre los campesinos, ver Estela Martínez et al, “Reorganización del capital: Estado y campesinos en México”, ponencia en el mismo seminario.

31 Sobre economía informal, ver Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, Cal y Arena, México, 1989, cap. VII, “Modernos y miserables”; y Merilee S. Grindle, “The Response to Austerity: Political and Economic Strategies of Mexico’s Rural Poor”, en William L. Canak (ed.), Lost Promises: Debt, Austerity and Development in Latin America. Westview Press, 1989. After giving an account of declining wages and rising unemployment in Mexico since the beginning of the 1980s, Grindle writes: “The expansion of the informal sector undoubtedly absorbed a considerable amount of otherwise idle labor, as suggested by the fact that wage earners, who composed 82 percent of those employed in 1982, accounted for only 76 percent in 1985. Simultaneously, those considered unemployed (World Bank, Poverty in Latin America: the Impact of Depression, Washington, D.C., The World Bank, 1986). Government projections for 1990 indicate that 7.8 million people out of a total of 28 million economically active people would find jobs in the informal sector (Nacional Financiera, La economía mexicana en cifras, México, 1986).”

 32 Sobre la nueva élite política, ver Miguel Angel Centeno and Sylvia Mansfield, “The Marriage of Finance and Order: Origins and Implications of Change in the Mexican Political Elite”, paper in the conference “Mexico; Contrasting Visions”, Columbia University, 25 abril 1989. Robert Graham, en un special survey sobre México, Financial Times, 12 octubre 1989, escribe sobre Salinas y su equipo de gobierno: “The 41-year-old Harvard educated former planning minister symbolises a generational shift in the leadership of a country where 80 percent of the 85m population is under 40″. (..) “He is running the country with a group of like-minded technocrats who are precocious, gifted, and young, whose philosophy is encapsulated by the much repeated word `modernization’. This is shorthand for an ambitious overhaul of society and the economy that removes the stigma of underdevelopment and integrates Mexico into the global economy”.

33 Henry Kissinger, “First, a Breakthrough with Mexico”, The Washington Post, 13 enero 1989.

34 Current Policy, United States Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington D.C., August 1989, no. 1203.

35 Newsweek, New York, October 16, 1989.

36 Estudios sobre diversos aspectos del proceso de integración económica, en Cathryn Thorup (ed.), The United States and Mexico: Face to Face with New Technologies, cit., 1987; and Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, cit., 1988. Para un excelente análisis del proceso de integración México y Estados Unidos en el marco de las tendencias mundiales hacia la integración regional, ver Jorge G. Castañeda, “A la puerta de Washington”, nexos, octubre 1989, no. 142.

37 En 1988, los porcientos de la inversión extranjera en México eran: Estados Unidos, 62.1; Gran Bretaña, 7.3; República Federal Alemana, 6.6; Japón, 5.5; Suiza, 4.2; Francia, 3.1; España, 2.6; otros, 8.6; Mexico Journal, vol. II, no. 43, August 7, 1989 (source, National Foreign Investment Commission). Sobre la deuda externa mexicana y sus consecuencias, existe una extensa, a veces poco confiable y a menudo ideologizada bibliografía. Para un análisis general, ver Maxime Durand, “Deuda y acumulación en México”, Brecha, México, invierno 1988, no. 5/6, y el libro del mismo autor La tourmente mexicaine, Editions La Breche, París, 1987. Una sobria apreciación previa a los acuerdos entre el gobierno mexicano y sus acreedores en julio de 1989, en Stephen A. Quick, “Mexico’s Macroeconomic Gamble”, cit., 1989. Sobre los acuerdos de julio, ver Carlos Salinas de Gortari, informe a la nación del 23 julio 1989, El Nacional, 24 julio 1989, y toda la prensa mexicana. Ver también, inter alia, Eduardo González R., “La deuda que llegó para quedarse”, y Jorge G. Castañeda, “Acuerdo sin cambios”, en Proceso, México, 31 julio 1989, no. 665, Análisis sobre el significado de los acuerdos, en Cuaderno de nexos, no. 15, septiembre 1989: Carlos Tello Macías, “Los cabos sueltos de la negociación”; Nora Lustig, “La banca y las reglas de juego”; Enrique Quintana, “La deuda desde tres ángulos”; y sobre la negociación previa en El Cotidiano, UAM-A, mayo-junio 1989, no. 29; Enrique Quintana y Francisco Vidal, “La renegociación de la deuda y el convenio con el FMI”.

38 Sobre la industria maquiladora, ver M. Patricia Fernández Kelly, “Technology and Employment Along the U.S. Mexican Border”, en Cathryn Thorup, ed., The United States and Mexico: Face to Face Whit New Technologics cit., 1987. Sobre modernización de la industria maquiladora, ver el informe “Las maquiladoras de exportación en México”, Expansión México, año XXI, vol. XXI, no. 527, 25 octubre 1989. Según este informe, entre 1980 y 1988 el personal ocupado en las maquiladoras creció de 119.546 personas a 369.489, con una tasa promedio de crecimiento anual de 13.4 por ciento. En los mismos años la tasa de crecimiento del valor agregado fue 14.7 por ciento y de los insumos, 19.9 por ciento. Es el sector de más dinámico crecimiento de la industria mexicana. De los insumos consumidos por estas empresas sólo el 2.3 por ciento es producido en México; el resto ingresa bajo franquicia de importación, ya que el producto terminado está destinado a la exportación. Según Expansión “esto obedece en gran medida a los estrictos controles de calidad que las empresas maquiladoras demandan, más que al precio de estos insumos”. Estas empresas, así, se integran más con la economía de Estados Unidos que con la de México. En los salarios las diferencias entre ambos lados de la frontera son abismales. Según el mismo informe, el salario mínimo mexicano por hora se ubica al nivel de 0.40 dólar. Pasó de un índice 100 para 1980, a 121 para 1981 y a 50.2 para 1988; en las maquiladoras, los respectivos índices fueron 100, 119.4 y 66.7 lo cual indica sufrieron menos el impacto de la caída salarial. Sin embargo, en 1988, mientras en las ciudades fronterizas de Texas un mecánico ganaba entre 40 y 72 dólares diarios, en las ciudades fronterizas de Tamaulipas recibía 3.64 dólares diarios; un electricista, 59 a 65 dólares y 3.72 dólares, respectivamente; un soldador, 44.72 a 77.20 dólares y 3.76 dolares; y una secretaria bilingüe, 36 a 42.48 dólares y 12.05 dólares. Los salarios mexicanos, sostiene el mismo informe, son muy inferiores a los de Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, y también están por debajo de los de Jamaica, Costa Rica, República Dominicana y Brasil. Los sindicatos de Estados Unidos se han pronunciado constantemente contra la competencia de las maquiladoras contra sus salarios y sus puestos de trabajo.

39 Sobre cambios culturales y migración México-E.U., ver Carlos Monsiváis, “Para un cuadro de costumbres”. Cuadernos Políticos México, mayo-agosto 1989, no. 57.

40 Sobre crecimiento del sector informal, ver nota 31.

41 Ver Alejandro Valle, “Productividad y salarios reales” y Edur Velasco, “Desarrollo desigual y combinado de la productividad en las industrias manufactureras de México y Estados Unidos (1970-1985)”, ponencias en el Seminario Internacional “La modernización de México”, UAM, México, 9-11 noviembre 1989.

42 Además de la bibliografía citada más arriba, notas 3, 4 y 5, ver Esthela Gutiérrez Garza (coord.), Testimonios de la crisis: vol. I, Reestructuración productiva y clase obrera; vol. III, La crisis del Estado del bienestar; vol. III, Austeridad y reconversión. Siglo XXI Editores, México, 1988; Héctor Aguilar Camín, Después del Milagro cit., 1988; Graciela Bensusan y Carlos García (coords.), Estado y sindicatos: crisis de una relación Fundación Friedrich Ebert, México, 1989.

43 Como escribe Stephen A. Quick, en “Mexico’s Macroeconomic Gamble”, cit.: “The Mexican political system is in the throes of a major `legitimacy crisis’. Traditionally, political authority in Mexico accrued to those able to forge a charismatic link with the country’s `revolutionary’ past, or to those in positions to dispense patronage. But recently, power has shifted technocrats within the state apparatus, and the demands of austerity have sharply cut into funds available for patronage. (…) This reality poses a major dilemma for the Salinas administration. The economic policies it champions cannot easily be imposed from above, yet that is precisely what the existing party apparatus is good at. And the reality that successful economic liberalization will weaken the existing political structure is likely to arose serious resistance to reform from the political bureaucracy itself”.

44 Sobre las perspectivas del régimen político, ver los análisis de un amplio conjunto de académicos y especialistas en Wayne Cornelius, Judith H. Gentleman and Peter Smith (eds.), Mexico’s Alternative Political Futures, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1989. Mi respuesta a esta cuestión en “Fin de régimen, fin de época”, nexos, enero 1989, no. 133.

45 Abundan estudios y testimonios sobre la magnitud de la desigualdad mexicana. Ver, inter alia, Rolando Cordera y Carlos Tello (coords.), La desigualdad en México, siglo XXI Editores, México, 1984; Nora Lustig, “La desigualdad económica en México”, nexos, julio de 1988. no. 127; Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, cit., 1988, cap. VII, “Modernos y miserables”. Stephen A. Quick, “Mexico’s Macroeconomic Gamble”, cit., 1989, cita estudios oficiales sobre distribución del ingreso en México, 1977 (último año en que tales estudios se hicieron) en los cuales aparecería “the richest 20 percent of the population controlling 54.5 percent of the income, while the poorest 20 percent claiming only 2.9 percent. This gave México one of the most extreme income distributions among middle-income developing countries”; but, the author adds, “private surveys suggests, the problem may be even more acute”.