No hay institución más emblemática de nuestros avances democráticos que el Instituto Nacional Electoral (INE). En ella se cifró la esperanza del cambio que nos condujo de un autoritarismo con pluralismo limitado a una democracia electoral imperfecta hace más de tres lustros. De ahí que su defensa sea tarea central en un contexto de profundo malestar con nuestra condición política. El INE dista de la perfección, pero indudablemente hizo posible la novedad de la competencia política efectiva a través del sufragio. En muchos sentidos esa institución autónoma es el acantilado contra el que se estrellan los vientos de la frustración política de la sociedad. La democracia mexicana tiene numerosos e importantes déficits. El INE apenas roza la superficie de una economía política electoral que mueve una enorme cantidad de dinero ilegal. Los partidos políticos, con todo, reciben un generoso financiamiento público que ofende a muchos ciudadanos. Tienen razón los observadores que señalan que el INE a menudo debe hacer cumplir una legislación electoral defectuosa e incoherente. Sin duda, el entretenimiento favorito de la política mexicana es pegarle al árbitro. La presión sobre los consejeros por actuar de diferentes maneras ha sido enorme. Por ello es comprensible que, agobiados por las expectativas no cumplidas, decidieran suplantar al Congreso y legislar un artículo constitucional.


Ilustración: Belén García Monroy

Es entendible, pero criticable. Es censurable, sobre todo, que el INE a estas alturas no haya repensado uno de los supuestos más cuestionables de su concepción de la democracia mexicana: la equidad. Esa idea es la que motivó la iniciativa fallida de “cancha pareja” que buscaba establecer la equidad en la contienda electoral regulando aún más las precampañas y los actos de los candidatos y precandidatos. El descalabro de “cancha pareja” es una muestra de la obcecación y la falta de pensamiento crítico de esa institución. La equidad supone que los contendientes en la lucha electoral tienen igualdad de oportunidad para ganar un cargo público. Entendida así, la equidad es un absurdo de la transición mexicana. No sólo no es parte del legado histórico de la democracia liberal y el gobierno representativo, como señala Bernard Manin, sino que es sencillamente un objetivo imposible. Un futbolista famoso, como el actual  alcalde de Cuernavaca, jamás tendrá las mismas oportunidades de ganar una elección que un ciudadano de a pie que nadie conoce, aunque a ambos se les proporcione exactamente el mismo financiamiento público. La búsqueda necia e infructuosa de la equidad ha tenido resultados perversos: ha generado expectativas que, al ser irrealizables, producen una frustración generalizada con la democracia. Es un despropósito intentar regular las intenciones de los políticos. Quien así procede no sólo es ingenuo; se engaña a sí mismo y a la ciudadanía. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó al basurero los lineamientos de “cancha pareja” del INE señaló lo obvio: ese instituto invadió el ámbito de competencia del Congreso. De paso también puso en claro que atentaba contra la libertad de expresión. En efecto, no es concebible la participación política “sin la posibilidad de la población de expresarse libremente”. Para evaluar si un político hizo bien o mal su trabajo los ciudadanos necesitan información. Impedir que los funcionarios electos difundan sus logros por alterar una supuesta equidad de la contienda es ignorar uno de los mecanismos centrales del aparato político democrático, ese sí muy real. La “equidad” restringe el derecho de la sociedad a estar informada de los actos de los gobernantes.

Algo muy parecido dijo la Suprema Corte al fallar en el caso de la impugnación a la ley electoral de Yucatán. La SCJN decretó que no es lícito exigir que los diputados e integrantes de ayuntamientos que busquen reelegirse sean obligados a separarse de sus cargos antes de los comicios. “En la lógica de la reelección”, dijo el ministro Arturo Zaldívar, “está el que la ciudadanía valore el trabajo de los legisladores y me parece desde un punto de vista, no sólo razonable sino obvio, que no se separen del cargo porque explícitamente eso lo que se está valorando por parte de la ciudadanía en un sistema de reelección… Imaginemos un Parlamento europeo que se separa totalmente para buscar la reelección o un presidente de los Estados Unidos de América que se separa mientras está la campaña electoral, no me parece que vaya en la razonabilidad de la reelección”.1

La intentona de “cancha pareja” tal vez haya buscado apaciguar infructuosamente a una ciudadanía harta de una democracia de baja calidad. Si la iniciativa fracasaba, como fracasó, el INE podría responsabilizar de ello a las instancias jurisdiccionales. Visto así, fue un expediente político para liberar algo de la presión a la que estaban sujetos los consejeros. Sin embargo, es posible que muchos de ellos creyeran a pie juntillas en la quimera de la equidad y que no hayan reparado en lo fútil que ha resultado andar en pos de ella. La ocurrencia, es cierto, está en la Constitución, pero nadie obliga a ser más papista que el Papa. Ninguna ley obligaba al INE a suplir al Congreso. El fiasco demuestra que el realismo escasea en esa institución fundamental.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.


1 Víctor Fuentes, “Prohíbe Corte licencias forzosas para reelección”, Reforma, 29 de agosto de 2017.

 

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