La reforma constitucional de 2008, por la que se estableció el sistema penal acusatorio en nuestro país, es, sin lugar a dudas, la modificación estructural en materia penal más importante desde 1917. Tan trascendente como en su momento lo fue la reforma al sistema de justicia penal que propuso Venustiano Carranza en su proyecto de Constitución de 1916, base de nuestra Carta Magna, y que se fue desgastando y pervirtiendo con el tiempo, creando un ineficiente e injusto sistema de persecución y sanción penal.

De un sistema rígido y escrito, diseñado sólo para comprobar si existía o no un delito y en donde el procesado, además de sufrir la prisión preventiva, debía defenderse del caudal probatorio recabado por el Ministerio Público en la averiguación previa y en el cual la víctima tenía escasa o nula participación, hemos pasado a otro más transparente y abierto, comprometido con el debido proceso, desformalizado y con mayor equilibrio entre las partes, con más derechos para los imputados y las víctimas y que ofrece salidas alternas para que los conflictos puedan solucionarse de manera más pronta y sin llegar al juicio oral.


Ilustración: Víctor Solís

La implementación del nuevo sistema de justicia penal (NSJP) ha sido paulatina desde junio de 2008, en que se aplicaba al 11% de la población, hasta en junio de 2016, en que se aplica para el 100% de los habitantes del país, de conformidad con el mandato constitucional.1

Durante los nueve años de operación que tiene el nuevo sistema también escalonadamente se han dado procesos de evaluación que indican que en algunos de los estados en los que opera el NSJP se han registrado avances importantes. Cito algunos de ellos: la inmediación total, es decir, la presencia de todos los operadores en las audiencias; la mayor capacidad de respuesta de las procuradurías; más derechos y mejor atención para las víctimas del delito; menor duración de los procesos penales; menos casos llegan a sentencia, pero se trata de delitos de mayor impacto social; delitos menores ya no llegan a sentencia, se resuelven por medios alternos o por suspensión del procedimiento a prueba; y, por último, la reducción significativa de la prisión preventiva,2 cuestión que no es menor en un país donde, en promedio, 40% de sus presos está en espera de sentencia. Un caso representativo es el estado de Morelos, que de un porcentaje de 49.11% en 2012, pasó a 30.46% en 2012, con un ligero aumento de 31.56% en 2013.3

Pero frente a estos logros y avances de algunas entidades, por ejemplo, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Morelos y Guanajuato, la implementación del NSJP tiene todavía enormes carencias y debilidades como lo demostró recientemente el informe “Hallazgos 2016” de CIDAC, en donde se documentan importantes deficiencias en materia de registro de información y en la adopción de sistemas informáticos; inadecuados procesos de reingeniería institucional que garanticen la independencia operativa y capacidad de investigación del Ministerio Público y la policía; la presencia de un rezago importante en carpetas de investigación, pese al uso de salidas alternas y, sobre todo, que el servicio profesional de carrera continúa siendo un objetivo inalcanzado y que su operación a nivel nacional aún no es homogénea ni se ha consolidado, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de la reforma.

Por ello mismo, la consolidación del NSJP requiere esfuerzos constantes y permanentes de los operadores jurídicos y sobre todo no ceder a las tentaciones de un populismo penal todavía presente en amplios sectores. En los últimos meses hemos escuchado posiciones que buscan ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión oficiosa y conocido iniciativas que quieren reducir los derechos del imputado y ampliar las facultades de la policía, en detrimento de los derechos ganados por los ciudadanos. En suma, propuestas que se dirigen a “subsidiar” las deficiencias de la autoridad en la persecución e investigación del delito, en lugar de proponer su mejora.

Para ello se aduce que el nuevo sistema es una “puerta giratoria” para miles de delincuentes que así como entran son liberados de los centros de reclusión, lo que ha repercutido en la inseguridad y en el aumento del número de homicidios, tratándose de liberados por portación de armas de fuego. Sin embargo, estos señalamientos no se acompañan de alguna evidencia empírica que demuestre que el NSJP es el responsable de la inseguridad y la violencia vivida en el país. Se olvida que se trata de un problema estructural que deriva de decenios de impunidad, corrupción, estructuras sociales injustas y un sistema que se desgastó en el curso de los años.

De ahí que es necesario dar una oportunidad al nuevo sistema, consolidar los logros alcanzados y avanzar en su perfeccionamiento. Y en ello es fundamental la calidad y profesionalismo con que actúen los operadores del NSJP. Desde los policías, hasta el Ministerio Público y los jueces de control, todos deben ejercer debida, plena y oportunamente sus atribuciones. Sin la capacitación adecuada y una convicción clara por la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, ningún modelo de sistema penal dará las respuestas que nuestra sociedad demanda.

Los procesos de cambio del sistema procesal penal son largos y difíciles y requieren de constante capacitación, evaluación y corrección para lograr su consolidación. La experiencia latinoamericana muestra resultados alentadores, tanto en respeto a los derechos humanos como en términos de investigación del delito. Por ejemplo, evaluaciones realizadas en Chile 10 años después de la reforma mostraron un cambio consolidado y sustancial en su sistema de justicia penal.4 En la evaluación realizada en el reporte de “Hallazgos 2015”, CIDAC calculó que, en promedio, nos harían falta 11 años más para alcanzar el nivel óptimo en la operación del nuevo sistema de justicia. Si bien es mucho el techo que nos falta, es hora de apostar por el NSJN y trabajar todos para su consolidación. No mirar atrás sino hacia el futuro.

 

Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.


1 Sobre esto véase: Bello, Óscar Jaime y Urquieta Salomón, José Edmundo, “Análisis de las Estadísticas de Justicia en Materia Penal en México”, en: INEGI, Estadísticas Judiciales en el Marco del Nuevo Sistema de Justicia penal en México, México, 2017, p. 59.

2 Sobre el particular véase: Zepeda Lecuona, Guillermo, “México. La reforma a la justicia penal”, en: Niño Guarnizo, Catalina, La Reforma a la Justicia en América Latina: Las Lecciones Aprendidas, Bogotá, Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, 2016, p. 164.

3 Sobre esto: Zepeda Lecuona, Guillermo, Buenas prácticas en la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal en México, México, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2014, p. 50.

4 Al respecto véase: Duce J., Mauricio, “Diez años de reforma procesal penal en Chile: apuntes sobre su desarrollo, logros y desafíos”, Congreso Internacional 10 años de la Reforma Procesal, Santiago, Poder Judicial de la República de Chile, 2010, p. 24.

 

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