En 1988, hace poco más de un cuarto de siglo y del nacimiento de más de una generación de nuevos mexicanos, el país se reconoció de manera abrupta y para no pocos hasta traumática como una sociedad crecientemente urbana; concentrada en ciudades grandes y medianas, a la vez que dispersa en miles de pequeñas, minúsculas poblaciones; semiindustrializada y poseedora todavía entonces de una “nueva grandeza” petrolera enterrada en el subsuelo; capaz, como sociedad organizada en un Estado nacional, de afrontar la adversidad del draconiano ajuste para pagar la deuda externa, a la que fue sometida desde 1982 y, al mismo tiempo, una comunidad secular y agudamente desigual, abrumada por la pobreza de masas extendida.

Lo anterior debía llevar a un reconocimiento obligado por parte de la sociedad y del Estado, si lo que se quería era revisar el rumbo seguido para trazar otra ruta que le permitiera al país en su conjunto reencontrar el crecimiento económico extraviado; asumir y encauzar el cambio político y mental emanado de sus transformaciones en el carácter y la estructura social, y abocarse a la difícil pero viable y necesaria tarea de redistribuir ingresos y riqueza.

Pese a toda la adversidad que se vivía podría aspirarse a darle al desarrollo otra impronta, impuesta por las propias mudanzas del cuerpo social y por el clamoroso reclamo democrático. México tenía ante sí lo que debía haberse entendido como un inevitable cruce de caminos que hacía poco aconsejable los rodeos y las posposiciones tan habituales a las costumbres del poder y la política tradicional.

Asumir tal descubrimiento podría habernos llevado por direcciones más promisorias y sin duda a nuevas y más complejas encrucijadas. Asimismo, con la ayuda de más robustas capacidades para el diseño y la acción colectivos, a través de la democracia de los ciudadanos con renovadas organizaciones sociales de trabajadores urbanos y productores rurales, y de las nuevas capas citadinas que exigían otras formas de justicia social mediante la producción y distribución de bienes públicos de consumo colectivo, como la tierra y la casa, a acometer proyectos de igualdad social y creatividad cultural y económica. No ocurrió así.

En septiembre de 1982, en su último Informe de Gobierno, el presidente López Portillo tuvo que admitir que sus proyectos de redención social habían fallado o quedarían inconclusos, mientras empezaba a aplicarse un ajuste a las finanzas y la actividad económica que no podía sino revertir, cuando no desvanecer, los avances logrados en el frente social y productivo. Así sobrevino la llamada “década perdida” que en algunos de los aspectos esenciales del desempeño económico y social del país se ha extendido hasta el presente trazando una trayectoria histórica del desarrollo nacional muy por debajo, en su dinámica, de la que México había cursado a partir de los años treinta del siglo XX. Y, lo más grave, por debajo de las tasas de crecimiento socialmente necesarias.

Quizá llegó el momento de aceptar que sólo del reconocimiento explícito de los extremos de injusticia, desprotección y violencia a que ha llegado la cuestión social de México —que queremos moderno— es donde puede erigirse un auténtico entendimiento nacional en pos de un nuevo curso de desarrollo.

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Ilustración: Víctor Solís

II

México requiere encontrar el eslabón perdido de la equidad con la democracia. Si bien ahora sabemos más de las brechas profundas de la desigualdad entre trabajo y capital, que parece subyacer a la desigualdad entre las personas, las familias, las regiones. Y, sin embargo, todavía no es la cuestión social un tema que concite voluntades y esfuerzos políticos amplios. Cuando se habla de desigualdad en nuestro medio lo que manda es el silencio.

La paradoja de Bossuet domina el gusto y la política. “Jamás habíamos hablado tanto de esas desigualdades y a la vez tampoco se había hecho tan poco para reducirlas. Se trata de una contradicción que es la réplica a la brecha que se está ahondando entre el progreso de la democracia y el retroceso de la democracia-sociedad”.1

Si la extensión y profundización de la desigualdad no se asume como uno de los temas centrales de las agendas nacionales en la agenda global, no sólo la justicia se pone en la picota sino la misma democracia que, en nuestro caso, tanto trabajo ha costado construir. Al olvidar o soslayar la cuestión social contemporánea, cruzada por la desigualdad y el empobrecimiento, la democracia pierde el sentido y se vacía de contenido.

La crisis global que arrancara en 2008 ha puesto a flote, entre otros expedientes, el reino del célebre uno por ciento, puesto al descubierto por Joseph Stiglitz, Paul Krugman y otros en Estados Unidos y disertado a fondo por Piketty, Wilkinson y Pickett, Atkinson o Rosanvallon, recoge con puntualidad cruel lo que ha ocurrido en el terreno primordial de las relaciones sociales fundamentales de la sociedad moderna, entre trabajo y capital, entre salarios y utilidades. Su modulación en favor de una convivencia menos polarizada, que haría honor progresivo a las promesas históricas de la democracia y la capacidad innovadora y de progreso técnico del capitalismo, ha quedado arrinconada.

Un cuadro similar se ha dibujado entre nosotros. Sin haber alcanzado nunca los niveles distributivos de las economías desarrolladas, en México se llegó a observar una participación salarial alrededor de 45% a mediados de los años setenta del siglo pasado. Hoy esta participación no rebasa el 25%, a lo que hay que agregar el enorme peso que tiene la población que trabaja en condiciones de informalidad laboral, donde predomina el trabajo precario y las remuneraciones bajas y estancadas.

Hacia arriba de la pirámide social el país registra cuotas persistentes y hoy a la alza en los niveles de pobreza de ingresos, así como enormes contingentes acosados por la vulnerabilidad que refleja carencias sociales básicas, como el acceso garantizado a la salud pública, la educación media y superior, la vivienda y la seguridad social. La hora de la igualdad proclamada en 2010 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) tiene en este inventario su primera y poderosa barrera. La siguiente tiene que ver con la cultura de la satisfacción bizarramente importada por las elites e interiorizada por influyentes capas medias y de la opinión pública.

La democracia, condensada en la pluralidad del Congreso de la Unión y los gobiernos, no se ha mostrado sensible a estas señales de la estructura, más bien ha generado blindajes de todo tipo, institucionales y políticos, en el fondo culturales, que conforman una muralla de insensibilidad social y política frente a la desigualdad agravada por el empobrecimiento.

En esta circunstancia, las relaciones siempre difíciles y veleidosas entre economía y política, Estado y mercado, y democracia y desarrollo, topan con una cuestión social en extremo agravada en sus dimensiones básicas de distribución y protección sociales. Como en el pasado, la democracia es interpelada por una desigualdad que adopta características estructurales y, para algunos, culturales.

Se trata de dilemas que apuntan a la urgencia de recuperar el Estado como actor fundamental para desplegar políticas económicas y sociales dirigidas a modular las tensiones fundamentales provenientes de la organización económica y sus relaciones sociales, hasta modificar los términos de intercambio entre la economía y la sociedad a favor de la segunda.

La cuestión que habrá de gobernar el debate democrático en una eventual situación postcrisis, donde el orden global sea visto y entendido como problema y no como solución única, tiene que ver con lo que la sociedad necesita y exige de la economía y no al revés, como lo impuso el credo neoliberal. Sólo así, la política y el Estado democráticos podrán presentarse como constitucionales, efectivos garantes de los derechos fundamentales.

A la luz del largo trecho recorrido en pos de la desigualdad global, como testigo de la nueva era anunciada por la euforia globalista de fin de siglo, es preciso preguntarse si debajo o por encima del fenómeno no están operando otros vectores, tan o más poderosos que los económicos e incluso que los institucionales. Recuérdese que con los cambios que trajo la segunda posguerra el mundo realizó profundas mudanzas institucionales que se probaron no sólo funcionales a los nuevos modos de acumulación que surgían de la Gran Depresión y la Segunda Guerra, sino también capaces de acercar al mundo a nuevas plataformas de convivencia basadas en el entendimiento de la solidaridad como valor eminentemente moderno y del Estado como actor central no sólo para el equilibrio político sino para la conformación de comunidades más cohesionadas a partir de metas y compromisos con la protección social universal y la búsqueda de la igualdad.

Desde esta perspectiva, se antoja que en la actual coyuntura histórica, una “epoca de cambios, pero tal vez también un cambio de época”, como planteara la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, deba recuperarse como tarea fundamental que tanto en y entre la sociedad así como en y entre sus elites tenga lugar una renovación ética, que pueda desplegarse como una ética pública que, como ha dicho la filósofa española Adela Cortina, reivindique la modernidad y actualidad de los valores enarbolados por las revoluciones del siglo XVIII.

Es decir, una operación ética y cultural que ponga al día la magnitud del desafío que la desigualdad, como fenómeno total, tiene más allá de las condiciones económicas, ya que cruza y contamina todos los ámbitos de la vida en sociedad.

III

Entre los puntos de partida indispensables es necesario subrayar la prioridad que lo social debe tener para lo político y para las políticas. Para lo político, la reforma social del Estado debería estar presente como una de las prioridades más altas de las agendas partidarias, articulando y dando sentido a compromisos específicos cuya racionalidad debiera estar ordenada por propósitos de equidad enfilados a darle realismo a la propuesta esencial de la democracia de una igualdad más allá de las urnas. Para las políticas, porque las estrategias y acciones económicas sectoriales o regionales sólo cobran vigencia cuando se proponen para resolver de fondo los orígenes de las asimetrías que caracterizan a la sociedad tanto en el espacio como en su estructura y carácter.

Frente al desplome de la creencia en la eficiencia y autorregulación de los mercados financieros, podría recobrar vigencia y legitimidad la propuesta de una acción estatal renovada, en donde la ecuación mercado-sociedad estuviese regida, como se ha dicho, por la centralidad de la igualdad como principio ético normativo y como objetivo del vuelco estructural. Cambiar los términos de esta cultura de la satisfacción, darle prelación a la igualdad desde la democracia supone una profunda reforma del Estado que debe impulsarse en, desde, a través —y si es necesario— frente al Estado mismo.

 

Rolando Cordera Campos
Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus libros: Crónicas de la adversidad y Políticas sociales al fin del milenio. Descentralización, diseño y gestión.

Estos fragmentos forman parte del libro, La perenne desigualdad, que empezará a circular en estos días bajo el sello del FCE.


1 Pierre Rosanvallon, La sociedad de los iguales, España, RBA Libros, 2012, p.13.

 

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