En la actualidad la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos se encuentra en la encrucijada y atraviesa por uno de sus momento más difíciles de su historia (que por cierto ha estado caracterizada en gran parte por el coloniaje, el racismo, el despojo y el mantenimiento en una condición de segunda clase). La llegada de Donald Trump a la presidencia representa entre muchas otras cosas la imposición de una agenda de los supremacistas blancos —que se creía que había sido superada en Estados Unidos— caracterizada por iniciativas para frenar los múltiples avances y espacios que las minorías de color, incluyendo los latinos, han logrado en la Unión Americana. La puesta de esta agenda se facilita por el triunfo de una mayoría republicana en el Congreso y por el nombramiento de un noveno juez de la Suprema Corte afín a esta línea política, lo cual le permite a la derecha radical controlar las tres ramas del gobierno norteamericano.

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Ilustraciones: Víctor Solís

Uno de los postulados centrales de Trump desde su campaña ha sido el lema: “Let’s take our country back” (Vamos a recuperar nuestro país). A primera vista la frase parece confusa, ya que Estados Unidos no es parte de ninguna guerra abierta en la que algún país extranjero esté en posibilidad de amenazar su territorio. Sin embargo, su significado puede aclararse al analizarla más extremista en Estados Unidos, pero también a través de los discursos, tuits y por supuesto por los nombramientos hechos recientemente por Donald Trump como presidente. Entonces, se puede afirmar que dicha frase en realidad se refiere a la necesidad imperiosa de la derecha (y por supuesto de Trump) de tomar ventaja de “la última oportunidad” que existiría para “rescatar” al país y evitar que cayera en manos de “ellos” (léase las minorías, particularmente la de origen mexicano y particularmente los inmigrantes). En suma, Trump ha prometido una política interna basada en la “superioridad” del hombre blanco, anglosajón y protestante y la premisa de “keep the minorities in its place” (mantener a las minorías en su lugar), y ha proclamado su intención de regresar a Estados Unidos a una presunta sociedad “ideal” ubicada en el pasado histórico, previo al auge de los derechos civiles, promovido por el movimiento social afroamericano, feminista y el importantísimo movimiento chicano, y antes que se formularan leyes para abrogar prácticas discriminatorias que permitían la explotación económica, la segregación social y la exclusión absoluta del poder de las minorías en todos los ámbitos de la sociedad estadunidense, incluyendo la esfera política.

Este tipo de argumentos fueron ciertamente muy convincentes para muchos sectores anglosajones, protestantes y caracterizados por un racismo manifiesto o latente, quienes se han sentido amenazados por los espacios y avances logrados por los grupos minoritarios en varias décadas. Además está la cuestión del estancamiento de la situación laboral (que es una realidad en varias zonas de Estados Unidos). Al respecto, Donald Trump no ha perdido la oportunidad para subrayar que esta situación y otros “males sociales” también puede atribuirse a algunas minorías y por supuesto a la presencia de los inmigrantes. En su discurso dichos inmigrantes se han constituido a la vez en competidores que “roban” empleos a la población anglosajona, y (paradójicamente) en “beneficiarios” de las políticas de bienestar social que no les corresponden (incluso cuando se ha documentado por los especialistas que la realidad es muy diferente). Más aún, se ha generado la alarma (que ya manifestaban el prestigiado Samuel Huntington y otros académicos) que predecía que dicha “latinoamericanizacion” afectaría la “cultura nacional,” la identidad y desde luego las esferas de poder controladas por los anglosajones. De hecho, este discurso está envuelto en el contexto de las guerras culturales que están teniendo lugar en Estados Unidos y que determinarán el tipo de país que será en el futuro (una sociedad con predominio anglosajón-protestante o una sociedad multiétnica).

En este escenario el tema de migración constituye un eslabón importante para llevar a cabo la agenda de Trump, al contribuir a minimizar el impresionante crecimiento de la población chicana-mexicana y en todo caso la “latinoamericanización” de Estados Unidos. El panorama político por ende no es nada halagüeño para los chicanos y los latinos en general. Es claro que la administración Trump es la más antimexicana de la historia reciente. Aun cuando Trump muestra actitudes erráticas e impulsivas respecto a varios temas de política, éste no ha sido el caso con sus actitudes dirigidas a mexicanos de ambos lados de la frontera.

Sin embargo, ya se han formado varios frentes de resistencia a estas agendas a lo largo de la Unión Americana.

 

California ha tenido una amplísima trayectoria histórica de resistencia chicana en contra del colonialismo anglosajón desde la guerra entre México y Estados Unidos de 1846-1848 hasta nuestros días. Manifestaciones de las múltiples luchas históricas por los derechos civiles en California han sido: la resistencia armada al ejército norteamericano que invadió al estado en 1847; el “bandolerismo social” con figuras célebres como Joaquín Murrieta y Tiburcio Vázquez en la era de “el Gran Despojo” (1848-1900); las luchas obreras y la creación de múltiples organizaciones mutualistas, cívicas y patrióticas en el siglo XX; y la resistencia al dominio de la sociedad anglosajona a través del mantenimiento de la identidad y de la cultura (por ejemplo el mantenimiento del español).

En la época contemporánea California ha sido un estado en donde ha existido un acelerado activismo por parte de la población de origen mexicano. A partir del Movimiento Chicano por los Derechos Civiles de los 1960 y 19701 ocurrieron ahí cambios y logros sumamente notables. César Chávez, un icono de “la causa,” inició su lucha laboral en el norte de California al fundar el primer sindicato de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. El movimiento estudiantil chicano tuvo tambien mucha importancia; se llevó a cabo desde las preparatorias del Este de Los Ángeles hasta la amplia red de universidades públicas. Subsecuentemente, el resultado fue un cambio profundo del sistema escolar para incluir la docencia y la investigación sobre temas chicanos, así como grandes avances en la cultura, el acceso la educación bilingüe, el incremento de oportunidades para la educación superior, y un sobresaliente florecimiento de las humanidades y las artes sobre temas chicanos. Por otro lado, fue trascendental la fundación e institucionalización de cursos y facultades de Estudios Chicanos en universidades en todo California (por cierto no exentas de resistencias a vencer).

Otras consecuencias trascendentales del activismo del Movimiento fueron, por un lado, el surgimiento por primera vez en la historia de California de toda una generación universitaria, la consolidación de una clase media sólida, así como de un grupo empresarial importante. Por otro lado, en la arena política, antes del Movimiento Chicano los puestos políticos estaban ampliamente dominados por anglosajones con pocas excepciones como la del congresista Edward Roybal, miembro del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, y desde 1963 (por 13 años) legislador en la Cámara de Representantes del gobierno federal estadunidense. Sin embargo a partir de los 1980 muchos de los jóvenes que se unieron al Movimiento en California se convirtieron en políticos (o en líderes de organizaciones sociales/cívicas).

Varios cambios notables en California contribuyeron significativamente a la presencia de un mayor número de políticos chicanos. Un primer factor fueron los cambios dentro del Partido Demócrata en el estado. Al inicio de los 1980 dicho partido estaba muy dividido y esto se tradujo en serias derrotas electorales —incluyendo la gubernatura y las cámaras legislativas. Como reacción, los demócratas buscaron ampliar su base electoral (reconociendo los cambios demográficos en dicho estado) a través de apoyar a candidatos chicano/latinos, bien preparados y versados en la política, para varios puestos estatales importantes. Un ejemplo fue Esteban Torres, activista sindical, representante de Estados Unidos en la UNESCO y asesor especial del presidente Jimmy Carter, quien fue postulado por el Partido Demócrata y obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes, donde legisló de 1983 a 1999. Otro caso fue el de Gloria Molina, la primera chicana electa como legisladora en la Asamblea de California en 1982, quien posteriormente fue miembro del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles (1987), así como de la Junta de Supervisores (la máxima autoridad del Condado de Los Ángeles) en 1991.

Otro factor que contribuyó a la presencia de los latinos en la arena política fue el rediseño de los distritos electorales (redistritación), resultado del aumento de población reportado por el Censo de 1990, en donde claramente se reconoció el aumento demográfico de los chicanos/latinos, y permitió la consolidación de distritos electorales con población mayoritariamente latina. Incluso, el aumento de población cristalizó en la creación de otro escaño para California en el Congreso federal y tres curules en la legislatura estatal. De hecho, en los 1990, ya había siete chicanos en las dos Cámaras del Congreso estatal de California, tres en la Asamblea y tres en el Senado.2

Además, estos espacios ganados por los políticos chicanos se conjuntaron con el notable incremento de la población latina en el estado debido a corrientes migratorias, pero también a la alta tasa de natalidad. Así es que ya para la década de los 1990 California se convirtió en la región de destino y residencia de millones de mexicanos emigrantes que se incorporaron al “México de Afuera”. También el número de Centroamericanos que huían de la violencia y de problemas económicos se incrementó (en la actualidad es de dos millones sólo en Los Ángeles). Además, debido a las oportunidades laborales, la mayor parte de la población indocumentada de Estados Unidos se concentró desde entonces en California.

Un hecho coyuntural en contra de la comunidad latina se convirtió en un catalizador de la hegemonía del Partido Demócrata y permitió la incorporación de jóvenes chicanos a la arena política. Este fue el caso de la nefasta Proposición 187, puesta en la boleta electoral de California en 1994. Dicha Propuesta fue diseñada y ampliamente apoyada por el gobernador republicano Pete Wilson y por sectores conservadores del estado. Su punto central es que negaba todo tipo de beneficios a la población indocumentada y exigia su deportación. Si bien la Proposición 187 fue aprobada por una mayoría de ciudadanos (resultado de una campaña llena de desinformación y xenofobia), nunca llegó a ponerse en práctica por una resolución judicial. Sin embargo, sus consecuencias para el futuro político del estado fueron muy profundas. Por un lado, condujo al declive del Partido Republicano en California —el cual dejó expuesta su agenda racista— y por otro generó una movilización en la comunidad chicana-latina que fue el bautizo político de una generación de jóvenes activistas que lucharon contra la 187—quienes subsecuentemente se incorporaron de lleno a la política.

Es importante resaltar que el poder chicano-latino se fue construyendo en California no sólo por el aumento en el número de legisladores y funcionarios sino por la fundación de asociaciones cívicas comunitarias tanto estatales como nacionales (con representación en el estado). A continuación se presentan algunos ejemplos de algunas de las más influyentes:

Hermandad Mexicana Nacional fue fundada como parte del legado del Movimiento Chicano por un legendario activista de los derechos de los inmigrantes, Bert Corona. Esta organización jugó un papel clave para impulsar la legislación de 1986, que permitió obtener estatus legal a alrededor de tres millones de indocumentados en su mayoría mexicanos. Se trató de la Immigration Reform and Control Act (IRCA). Desde 2001 esta organizacion ha sido dirigida por Angelina Corona, emigrante nacida en Delicias, Chihuahua, y siempre lucho por la creación de mecanismos para la legalización de inmigrantes, a los que brinda una amplia variedad de servicios en torno a la defensa de sus derechos civiles.3 Por lo demás, la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) se estableció en 1986 precisamente para apoyar a inmigrantes que se beneficiaron de IRCA, que ofreció una oportunidad de legalización masiva. Desde entonces ofreció apoyo legal a la comunidad inmigrante. Su directora ejecutiva es Angélica Salas, nacida en México.4 Finalmente, otro ejemplo de una organización pro inmigrante es Vamos Unidos USA, una organización comprometida en orientar a la comunidad latina en torno a sus derechos civiles en casos de discriminación racial, inmigración, de acceso a la educación y otros servicios. Su director, el abogado Juan José Gutiérrez, también se involucró en asesoría y cabildeo con autoridades de California, especialmente con políticos chicanos.

A nivel federal varias organizaciones chicano/latinas tuvieron una fuerte presencia en California. Este es el caso de Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF). Esta organización fue fundada en 1968 y se hizo famosa por litigar muchos casos célebres relacionados con los derechos civiles de los inmigrantes incluso ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Por lo demás, la National Association of Latino Elected and Appointed Officials. Educational Fund (NALEO) se distinguio desde que fue establecida en 1981—por el congresista de California Edward Roybal— por apoyar la equidad en las políticas migratorias y por la promoción de la ciudadanía y el voto entre los inmigrantes que cumplen con los requisitos hacerlo.

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Además de su tradición de lucha, existen varios factores que hacen de California en la actualidad un lugar único y extremadamente propicio en Estados Unidos para iniciar y llevar a cabo una batalla campal para resistir los embates racistas y antiinmigrantes de la nueva administración del presidente Donald Trump y sus otros colaboradores de extrema derecha.

Primeramente, California es el estado más rico y de mayor población de la Unión Americana. En la actualidad su economía está ya bastante recuperada de los efectos de la Gran Recesión que ocurrió a principios de este nuevo milenio. Es más, si California fuera un estado independiente sería la octava economía mundial. De acuerdo a datos del Comité Económico Conjunto de la legislatura de California, su crecimiento económico es mayor que el de los otros 49 estados, ya que en 2015 creció 4.2%, o sea más del doble de la media nacional. Específicamente, en 2016, se crearon en el estado 461 mil empleos, lo cual representa un cambio favorable de 2.9% con respecto al año anterior y muy por encima de la media nacional de 1.7%.5

Además, la diversidad cultural de California, en la que mucho destacan chicanos y latinos, es una de sus fortalezas. En la actualidad existen en el estado 15 millones de personas (que constituyen el 39% de la población total) que se identifican como latinos. Es decir, éstos constituyen la minoría más numerosa de California. En algunos lugares su representación es aún más notable como en el Condado de Los Ángeles, el más grande del estado. De acuerdo a un estudio del Economic Development Corporation de 2017, en dicho Condado los latinos superan el promedio estatal y constituyen 48% de la población (78% de ellos nacidos en México o identificados como de origen mexicano). Además es crucial que alrededor de los 334 mil negocios son total o parcialmente propiedad de latinos, y sólo en 2012 generaron 32.8 mil millones de dólares a la economía de California.6

En términos políticos el estado de California está hoy en día totalmente controlado por el Partido Demócrata. El actual gobernador Jerry Brown (de ese partido) está por terminar su segundo y último mandato con altos índices de popularidad. En la última contienda presidencial Hillary Clinton ganó 61.5% de los votos, mientras que Donald Trump 31.5%. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas actuales, todos los votos electorales de California fueron para el Partido Demócrata. Por ello, algunos comentaristas han señalado que los republicanos en California se están convirtiendo en una “especie en extinción”. En las recientes elecciones congresionales los demócratas ganaron una supermayoría de tres cuartos en ambas cámaras legislativas: la Asamblea y el Senado, lo que les permite controlar la agenda en torno a importantes temas como: incrementos a impuestos, suspensión de las reglas legislativas, y aprobación de legislación de emergencia, sin el apoyo de ningún republicano.

Por cierto que el número de congresistas que pertenecen al Grupo [Caucus] Latino ha estado incrementándose en California, llegando en la actualidad a 27 (la gran mayoría de origen mexicano).7 Contrario a lo que sucede en otros estados los congresistas latinos de California han logrado grandes avances en la arena política no sólo por su número sino en términos de su liderazgo. En la actualidad Anthony Rendón y Kevin de León (ambos de ascendencia mexicana) son los líderes de la Asamblea y el Senado de California respectivamente, algo que nunca se había visto en el pasado. También existe un número creciente de alcaldes de origen mexicano (como Eric Garcetti en Los Ángeles), y recientemente el importante puesto de fiscal general de California está en manos del chicano Xavier Becerra, ex congresista nacional.

Es de destacarse también que la opinión pública en California tiene en la actualidad una visión muy favorable a la ampliación de los derechos civiles de los migrantes, existiendo fuerte oposición a la deportación masiva. En marzo pasado la Universidad de California y el diario Los Angeles Times hicieron una encuesta al respecto, donde las respuestas se ubicaban dentro de una escala con cuatro posibles opciones. Una pregunta crucial se refería a si la “migración ilegal” era o no un problema en el estado. Sólo 23% calificó a dicha migración como una crisis, mientras que 36% señaló que era un problema menor o no lo era en absoluto. Asimismo, 75% de los participantes estipularon que los migrantes que ya residen aquí deben quedarse; 65% incluso favoreció el que tengan un camino a la ciudadanía, y sólo 16% quiere deportarlos (la mayoría de ellos republicanos).8 Esta relativa simpatía a la causa de los indocumentados le ha permitido al gobierno de California lanzar apoyos específicos para su defensa. El estado, por ejemplo, destinó 30 millones de dólares específicamente para apoyar la defensa legal de indocumentados. Además, como resultado de las amenazas de Trump, las autoridades locales de Los Ángeles hicieron una aportación de otros 10 millones de dólares en diciembre pasado para los mismos propósitos, a través del L.A. Justice Fund.9

 

Existe en California una generación actual de políticos chicanos (entre los 38 y los 60 años) en el poder que tienen mucho en común. Tal es el caso de tener orígenes familiares modestos, ser parte de los migrantes de primera generación, y algunos hijos de padres que originalmente llegaron a Estados Unidos como indocumentados. O sea que el tema de migración es para ellos una cuestión eminentemente personal. Un ejemplo es la reciente declaracion del líder del Senado de California, Kevin de León: “…Puedo decirles que la mitad de mi familia podría ser deportada de acuerdo a la orden ejecutiva [del presidente Donald Trump]… todos los que tienen familiares indocumentados saben que casi todos han obtenido algún tipo de identificación falsa. [La razón es que] esto es lo que se necesita para sobrevivir, para trabajar. [Por lo tanto] todos ellos son candidatos a la deportación masiva”.10

Asimismo, se trata de una generación bilingüe y bicultural que logró movilidad social a través de la educación pública. Estos políticos chicanos obtuvieron títulos académicos de prestigiosas universidades norteamericanas (algunas de la Ivy League). Subsecuentemente, su carrera política se desarrolló en los 1990 como parte del equipo de otros políticos demócratas ya establecidos; aunque la gran mayoría de ellos se iniciaron como activistas en contra de la Proposición 187.

En el momento actual estos políticos representan a 15 millones de chicanos/latinos que radican en California. Además de que son parte de una supermayoría en ambas cámaras legislativas del estado, controlan varias alcaldías —entre otros puestos estatales— y algunos han sido electos para el Congreso federal. Para mejor ilustrar las características y notables iniciativas de esta generación de líderes políticos chicanos señalaremos a continuación a algunos de destacada influencia en la esfera política de California hoy en dia:

Xavier Becerra. Hijo de padres mexicanos. En 1990 fue electo para la Asamblea de California y de 1993 a 2016 fue miembro de la Cámara de Representantes en el Congreso federal. Actualmente es el nuevo fiscal general de California —una vez que fue designado por el gobernador Jerry Brown. Siempre ha tenido un gran interés en temas de migración por lo que ha apoyado constantemente una reforma migratoria integral, pero también acciones específicas como su apoyo a la Dream Act (que proporciona financiamiento para la universidad a jovenes indocumentados) y a la Deferred Action for Childhood Arrivals/DACA (que otorga estancia legal temporal a estos jóvenes).

Desde el primer día de su nombramiento Becerra señaló que defenderá al estado de California frente a los embates de la administración republicana, incluyendo temas de migración. Así es que se ha enfocado en denunciar los excesos del ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) y la defensa de las “ciudades santuario” de California,11 a las que el presidente Trump ha amenazado con quitar presupuesto por no colaborar en la aprehensión y deportación de personas indocumentadas. En la coyuntura actual de reconfiguración del Partido Demócrata algunos observadores como el profesor Roberto Suro apuntan que Becerra “puede ser una de las personas más prominentes, que además le daría a la resistencia contra Trump un perfil latino”.

Kevin de León. De madre mexicana, nació en Logan Heights, un barrio de clase obrera de San Diego y cuna del nuevo arte derivado del Movimiento Chicano. Fue miembro de la Asamblea de California y desde 2010 ha sido senador estatal. Ahora funge como el primer latino que ha sido elegido como presidente Pro Tempore [líder] del Senado en más de 130 años. Se inició en la política como organizador comunitario en contra de la Proposición 187.

Su agenda en torno a protección de migrantes ha sido muy extensa (aun antes de Trump). Fue el autor de la primera legislación en la nación para prevenir la separación innecesaria de familias —para que los derechos de los padres no fueran eliminados en las cortes de lo familiar en Estados Unidos debido a su estatus migratorio. En 2013 estuvo a cargo de la negociación final con el gobernador Jerry Brown para la aprobación de la AB 60, que permitió a los inmigrantes indocumentados obtener licencias para conducir. También fue clave en la aprobación en 2016 de la legislación que autoriza el incremento del salario mínimo hasta 15 dólares para los trabajadores de California (que mucho beneficiara a inmigrantes).

Es interesante destacar que al día siguiente de la elección de Trump, el senador De León expresó: “Hoy nos despertamos sintiéndonos extranjeros en nuestra propia tierra, los resultados de la elección son claramente inconsistentes con los valores de la gente de California”.12 En la actualidad De León ha ejercido su liderazgo entre sus colegas demócratas en torno a convertir a California en “estado santuario”. Aparte de esta iniciativa, también ha enfatizado la importancia de construir nexos con México, por lo que frecuentemente ha viajado al país para dialogar sobre temas relacionados con la migración, la frontera y otros en común.

Anthony Rendón. Sus abuelos emigraron de México a Estados Unidos durante los 1920. Es doctor en ciencias políticas de la Universidad de California, Riverside. Dirigió la Plaza de la Raza Child Development Services, y participó en otras organizaciones que promueven el desarrollo de los niños del Condado de Los Ángeles, a través del acceso la educación y a los servicios médicos y sociales. Con posterioridad fue electo a la Asamblea de California y apoyó temas de educación, por ejemplo luchó por evitar recortes presupuestales que tendrían efectos negativos en la comunidad especialmente entre los latinos.13

En la actualidad Rendón, quien fue electo presidente de la Asamblea, ha manifestado explícitamente desde los primeros días de la administración Trump que está listo para enfrentar su retórica y para velar por los intereses de los sectores más desfavorecidos, que incluye a inmigrantes. Por ejemplo, en respuesta a la entrevista concedida por Trump a la Cadena Fox el pasado 5 de febrero en la que el presidente señaló que “California estaba fuera de control”, [tal vez se refería al control chicano de puestos clave], Rendón respondió tajantemente: “California tiene la mayoría de los trabajos manufactureros de la nación. Nuestro estado produce un cuarto de la comida de la nación. Nuestro incremento al salario mínimo no sólo ha ayudado a los trabajadores más pobres, ha fortalecido a la economía, mientras que el desempleo continúa a la baja. No solamente hemos balanceado nuestro presupuesto sino que hemos tenido superávit y ahorrado ese dinero para futuros tiempos económicos difíciles… Si esto es lo que Donald Trump piensa que está ‘fuera de control’, yo sugeriría que otros estados fueran más como nosotros… La Asamblea [de California] está lista para discutir este año cuestiones vitales que afectan a los californianos —incluyendo vivienda, transporte y educación. Nosotros no estamos fuera de control, estamos concentrados a trabajar por la gente”.14

Ricardo Lara. Es hijo de padres mexicanos que llegaron a Estados Unidos como indocumentados. Se inició en la política trabajando para el asambleísta de California Antonio Firebaugh,15 y posteriormente para otros legisladores como Kevin de León. Posteriormente fue miembro de la Asamblea de California y desde 2012 es senador estatal. Ha tenido una agenda sumamente activa en temas relacionados con la defensa de sus derechos civiles, cuestiones laborales y temas de salud. Siguiendo los pasos del congresista Firebaugh, cuando fue líder del Grupo Latino del Congreso de California, el senador Lara fue pieza clave para la aprobación de la ley AB 60 para permitir licencias de conducir para los indocumentados en California.

En torno al apoyo a jóvenes indocumentados el senador Lara es autor de la ley (California DREAM Loan Program) que autoriza a jóvenes indocumentados solicitar préstamos para gastos relacionados con su educación. También apoyó la legislación que permite —algo insólito en la legislación estadunidense— el otorgamiento de licencias profesionales a inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, un joven, nacido en México, Sergio C. García, recibió ya de la Barra de Abogados de California su licencia de abogado, aun cuando se encontraba “sin presencia legal” en Estados Unidos.16 El senador Lara en la actualidad está apoyando el proyecto de ley que convertiría a California en un “estado santuario”.

Es importante resaltar que los congresistas de California con el liderazgo de Kevin de León y Anthony Rendón y con apoyo de las organizaciones chicanas/latinas aliadas han ido más allá de denunciar la retórica de la administración Trump. Es decir, han dado argumentos para crear una narrativa alternativa —y positiva— de los migrantes y, lo más importante, han anunciado políticas específicas para contrarrestar la ofensiva de Trump, por ejemplo en torno temas estrechamente relacionados: las redadas de inmigrantes por parte de ICE, su carencia de derechos en las cárceles privadas a las que son llevados, y las amenazas de Washington en contra de las “ciudades santuario.”

Las quejas en contra de las redadas y la exigencia de mejores condiciones para los inmigrantes detenidos por ICE han sido cuestiones discutidas en el Congreso de California al menos desde 2011. Ricardo Lara y otros congresistas latinos propusieron en 2016 prohibir a las ciudades de California participar como intermediarios en contratos con ICE y las compañías que controlan las cárceles privadas, así como abrir una puerta legal para que los detenidos por ICE puedan llevar a la corte a quienes administran estas cárceles por maltratos. La lucha al respecto se ha redoblado en la era de Trump. Recientemente, el senador Lara apuntó que la meta final sería cerrar dichas cárceles, ya que California no debería ser cómplice de “esas terribles prácticas de ganar dinero a través del sufrimiento humano”.17

Por lo demás, ante el incremento de redadas en California por parte de la administración Trump, los congresistas De León y Rendón demandaron formalmente —con base en la Ley de Acceso a la Información— a ICE que transparentara sus políticas sobre detenciones, incluyendo la identidad de los inmigrantes, la razón de su detención y su acceso a abogados. También pidieron que la agencia clarificara si estaba en vigencia su previa restricción de detener a personas cerca de instalaciones del gobierno o comunitarias —cortes, iglesias y escuelas, por ejemplo— ya que de no hacerlo prácticamente toda persona indocumentada en cualquier lugar podía ser un blanco.18

En torno a las “ciudades santuario”, el 25 de enero pasado Donald Trump —tal como había anunciado en su campaña— firmó una orden ejecutiva que autoriza al gobierno federal a no otorgarles fondos”.19 En anticipación a esta medida el líder del Senado, Kevin de León, introdujo en diciembre de 2016 la propuesta de ley California Values Act (SB54) que declara a California “estado santuario”, misma que de convertirse en ley reglamentaría a nivel estatal las restricciones que ya existen en varias ciudades de California respecto a su cooperación con ICE para detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados.20 El sustento de este proyecto de ley fue explicado por el senador De León en términos de que retirar recursos federales a California por el asunto de las “ciudades santuario” es “anticonstitucional”21 porque atenta con los principios del federalismo. Además subrayó el argumento de que no hay datos que permitan una correlación entre “ciudades santuario” y altos índices delictivos en California, por lo que no es el trabajo de las autoridades de California “darle más armas a la maquinaria de deportación del presidente Trump.22 Incluso ya se ha contratado al ex procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, para que vaya planteando las bases legales de una demanda en contra del gobierno federal de materializarse el recorte fondos a las “ciudades santuario”. Ante la más reciente amenaza de retener fondos federales a las “ciudades/estados santuario” el senador De Leon contestó expresando que “la administracion Trump esta basando la puesta en práctica de la ley en principios de supremacía blanca no en valores americanos” (http://lat.ms/2tNTBzs).

Si bien —de aprobarse— esta ley no pudiera detener de manera absoluta las deportaciones (que pueden realizarse ciertamente sin la colaboracion de autoridades estatales), sí restringiría las posibilidades de ICE de checar las cárceles locales en busca de personas deportables, de acceder a ciertas bases de datos donde se incluye el estatus legal de los residentes de California, y en general de poder reclutar a la policía local para hacer las funciones de agentes de migración. Conviene destacar que el poder político chicano en California no sólo está en manos de legisladores y funcionarios sino que éstos lo han ejercido con el apoyo de diversas asociaciones cívicas comunitarias tanto estatales como nacionales (ya mencionadas). En la actualidad dichas organizaciones chicanas/latinas han estado particularmente activas para denunciar las políticas de Trump que van en detrimento de la comunidad. También han redoblado su asesoría legal a los inmigrantes —incluyendo informar a quienes califican de cómo tomar la ciudadanía norteamericana para protegerse. Se trata de empoderar a los inmigrantes a través de la información sobre las opciones que existen (aunque sean limitadas). CHIRLA, por ejemplo, ha patrocinado la campaña Protect Your Future Now-100 Days of Citizenship dirigida a orientar a los más de 2.2 millones de californianos que tienen los requisitos para solicitar la ciudadanía norteamericana como medida de prevención en contra de violaciones a sus derechos civiles. También ha instaurado los Talleres de Información a la Comunidad sobre cómo hacer valer sus derechos en una época xenófoba.23 Muchos de estos talleres han sido apoyados por congresistas locales como Kevin de León y Ricardo Lara. Por su parte, Hermandad Mexicana Nacional ha realizado esfuerzos similares a través de sus múltiples oficinas en varios condados del sur de California. MALDEF ha desarrollado planes específicos en la presente coyuntura, por ejemplo se ha unido a las denuncias de los excesos de las cárceles privadas en el área del Condado de Los Ángeles y del Condado de Orange.24 El director ejecutivo de NALEO-Educational Fund, Arturo Vargas, se ha unido activamente a las denuncias de las órdenes ejecutivas antiinmigrantes de Trump, incluyendo la construcción del muro fronterizo, que no reconocen que el “brillante futuro” (para Estados Unidos) al que alude Trump “no puede ocurrir sin el éxito de latinos e inmigrantes”.25 Por lo demás, en el caso de Vamos Unidos USA, su director, Juan José Gutiérrez, ha estado involucrado con labores de asesoría con varios políticos chicanos, y ha desarrollado una agenda de vínculos con México y de difusión de la problemática chicana en el país entre los políticos, y la opinión pública general de México.26

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Es claro que las denuncias y las acciones políticas de la militancia chicana en el Congreso de California no frenará del todo a Donald Trump y a sus seguidores en su causa de “recuperar” la nación, pero sin duda le pondrán escollos y le mostrarán que el poder chicano es y sera aún más formidable en California —y seguramente en otros lugares de la nación. Como en otros momentos en el pasado (por ejemplo cuando se propuso la Proposición 187), las políticas antimigratorias propiciarán una mayor unidad creciente, toma de conciencia, orgullo étnico y ante todo al aumento de la participación chicana en la sociedad civil y la política.

En estos próximos cuatro años de la administración Trump seremos testigos de la guerra frontal entre quienes quieren regresar a Estados Unidos a una etapa “ideal” donde los ciudadanos blancos, anglosajones y protestantes predominen en todas las esferas del poder en contra de una coalición de fuerzas progresistas que defienden la multiculturalidad de Estados Unidos y la presencia política de las minorías en la esferas del poder político, económico y social. La lucha entre estas dos fuerzas será feroz y California será un escenario crucial. En este estado el acelerado crecimiento demográfico de la población latina-mexicana (aun descontando la migración) continuará; y las generaciones emergentes de universitarios y activistas chicanos y chicanas darán nuevas batallas en contra del racismo y la discriminación —la victoria para dicha población será inevitable. Mientras tanto, los líderes chicanos del Congreso de California (además de alcaldes y otros funcionarios que no fue posible mencionar en detalle por falta de espacio) y las organizaciones chicanas de la sociedad civil estarán encabezando la lucha en contra del discurso y las prácticas racistas, discriminatorias y antiinmigrantes de la administración Trump, y a la vez tomando y apoyando las acciones de política pública necesarias para aislar en lo posible a California de sus efectos. Como decía César Chávez en momentos cruciales de la contienda que libro: ¡Sí se puede! y ahora más que nunca es un hecho en California.

 

David R. Maciel
Profesor Emerito. University of New Mexico/UCLA.

Maria Rosa Garcia
Profesora Titular. California State University Northridge.


1 En el marco del Movimiento por los Derechos Civiles en el que participaron varias minorías, el Movimiento Chicano tenía entre sus metas más importantes, la de ampliar la representación política de los mexicanos en Estados Unidos, bajo la premisa de que sin fuerza política las reivindicaciones que planteaban no tendrian exito.

2 Véase, Concepción Juarez y Alex M. Saragoza, “Los latinos y el partido demócrata en California, un análisis contemporáneo”, en Rosa Cusminsky Mogilner, California problemas económicos, políticos y sociales, México, UNAM, 1995, pp. 63-81.

3 Véase, http://hermandadmexicananac.com

4 Véase, http://www.chirla.org

5 Michael Hiltzik, “If California is a ‘Bad State’ for Business Why Is It Leading the Nation in Job and GDP Growth?”, Los Angeles Times, 22 de marzo de 2016. Consultado en: http://lat.ms/2tdYsZ3, 30 de marzo de 2017.

6 Veánse, An Economic Profile of the Latino Comse munity in Los Angeles County, febrero de 2017. Consultado en: http://bit.ly/2tGclk1, 18 de marzo de 2017); Pew Research Center, Demographic Profile of Hispanics in California, 2014. Consultado en: http://pewrsr.ch/2snvG5m; 20 de marzo de 2017; Javier Panzar, “It´s Official: Latinos Now Outnumber Whites in California”, Los Angeles Times, 8 de julio de 2015. Consultado en: http://lat.ms/2tG56IF.

7 La lista completa puede consultarse en: http://bit.ly/2tJ0UHE.

8 La lista completa puede consultarse en: http://bit.ly/2tJ0UHE

9 Dakota Smith, “Making a Case to Offer Legal aid to Violent Felons”, Los Angeles Times, abril 17, 2017, pp. B-1, B-6.

10 “Senate Leader: ‘Half Of My Family’ Eligible For Deportation Under Trump Order”. Consultado en http://cbsloc.al/2sJADVJ, 8 de febrero de 2017.

11 Alrededor de 12 ciudades además de otras que de facto lo son. Se trata de aquellas localidades que no cooperan con el gobierno federal para denunciar a migrantes no autorizados que se encuentren detenidos por delitos menores.

12 Veánse, Harold Meyerson, “Why Isn’t he Running?”, Los Angeles Times, 4 de abril de 2017, p. A11, y Harold Meyerson, “A Defining Moral Test for the City of Los Angeles”, Los Angeles Times, marzo 5, 2017, p. A2.

13 Cabe señalar que la mayoría (62%) de los niños y adolescentes (2,324,837 en total) en el Condado de Los Ángeles son latinos.Véase, los datos de 2016 de la Lucile Packard Foundation for Children’s Health. Consultado en http://bit.ly/2umNFuh ,23 de marzo de 2016

14 Véase: “Speaker Rendon Statement on Trump’s 9 Dakota Smith, “Making a Case to Offer Legal ‘Out of Control’”. Consultado en: http://bit.ly/2umJChm, 7 de febrero de 2017.

15 Un congresista pionero en California tornó al otorgamiento de licencias de manejo para inmigrantes no autorizados, quien murió prematuramente a los 40 años en 2006.

16 California Supreme Court Admits Undocumented Immigrant to State Bar, 2 de enero de 2014. Consultado en: http://bit.ly/2tedZrI, 22 de marzo de 2017.

17 El mecanismo es que las compañías que
operan las cárceles privadas (como Geo Group) le cobran a las ciudades (en este caso
de California) y éstas a su vez a ICE: véase, Patrick McGreevy; “Better Care Sought for
Immigrants”, Los Angeles Times, 3 de abril de 2016, p. B3.

18 Statement by Kevin de Leon: California Senate Leader on ICE Raids. 9 de febrero de 2017. Consultado en: http://bit.ly/2tGmltw

19 Esta Orden Ejecutiva ha sido criticada por expertos ya que puede establecer el precedente de que el Presidente debilite las premisas del federalismo y las de separación de poderes al forzar a las localidades a actuar en la forma que desea sin permiso del Congreso. Vease, Ilya Somin, “Why Trump’s executive order on sanctuary cities is unconstitutional”, Washington Post, January 26, 2017. Consultado en: http://wapo.st/2tGdsA1

20 De hecho desde 2013 la California Trust Act prohíbe a las autoridades estatales detener a inmigrantes acusados de actividades criminales menores con el solo propósito de permitir que ICE cheque su estatus migratorio.

21 “Statement: California Senate Leader on ICE Raids”, 9 de febrero de 2017. Consultado en: http://bit.ly/2tmFnm8

22 Véase, Jazmine Ulloa, “ Sessions Blasts ‘Sanctuary Cities’, but State Digs”, Los Angeles Times, 28 de marzo de 2017, pp. B1, B6.

23 Sólo en Los Ángeles se calcula que viven un millón de personas indocumentadas. Vease, Somin, op. cit.

24 En febrero pasado MALDEF conminó al
Consejo de la Ciudad de Santa Ana que no negociará un nuevo contrato con una de estas cárceles privadas ubicada en esa localidad. Consultado en http://bit.ly/2sJq9pi, 30 de marzo de 2017.

25 Consultado en http://bit.ly/2sns5UY, 30 de marzo de 2017.

26 Por ejemplo en una reciente estancia en México apuntó que los 50 millones que destinaria el gobierno mexicano para apoyo de los migrantes serían de mucha ayuda para pagar a abogados y otros gastos legales de las cortes. Véase, Bertha Hernández, “Vamos Unidos USA Urge a Agilizar Recursos para Defender a Migrantes”, Cronica, 27 de febrero de 2017.