Con la reforma electoral de 2014 se reintrodujo en nuestro sistema electoral la reelección. A pesar de que la Constitución de 1917 sólo prohibía la reelección del presidente, en 1933 se adoptó el principio de no reelección absoluto en nuestro sistema electoral, obligatorio para la federación y los estados.

Vale la pena recordar las palabras del general Manuel Pérez Treviño en la Convención de Aguascalientes del Partido Nacional Revolucionario cuando adoptaron la decisión de prohibir definitivamente la reelección (1932). “Venimos pues a quemar un derecho en aras de un principio. Un derecho indiscutible, un derecho de ciudadanos. Por encima de los derechos de los ciudadanos, repito, están los principios, que son derechos de las multitudes”.1 En aquel momento histórico se consideró que ésta era la única solución posible para asegurar que ningún otro presidente estuviese tentado a flexibilizar la prohibición del jefe de Estado mexicano de reelegirse.

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Ilustración: Víctor Solís

La prohibición de la reelección de legisladores y munícipes puede considerarse una anomalía, antes de la reforma en América Latina sólo México y Costa Rica no tenían reelección. Con el proceso de transición a la democracia en México se empezaron a presentar iniciativas a los artículos 59 y 116 de la Constitución para reintroducir la reelección eliminada en 1933.

En principio la reelección debe generar incentivos para que el elegido mantenga cercanía con su base electoral, pues les permite premiar o castigar con su voto la actuación de su representante. Cuando existe la reelección los legisladores en funciones tienen un mayor grado de independencia con respecto a la dirigencia de su partido ya que pueden demostrar que sus electores están dispuestos a apoyarlos para que continúen en el cargo porque les conocen y aprueban su trabajo.

No hay discusión, la reelección es un derecho que va de la mano del derecho a ser votado, en una vertiente de continuidad en el ejercicio del cargo, el cual permite que quien ocupa un puesto de elección popular continúe desempeñándolo por uno o más periodos. En este sentido hay que aplaudir que hayamos recobrado la posibilidad de la reelección que, en principio, debería incidir positivamente en la calidad de la representación democrática.

Ahora bien, cuando los legisladores aprobaron la reforma electoral de 2014, la reelección no era su preocupación central, fue parte de una negociación forzada y, por ello, no se hizo una revisión integral de lo que ello implicaba. Tampoco se pensó qué reglas de nuestro complejo sistema electoral resultarían en dilemas o francas contradicciones frente la figura de la reelección. En este sentido, vale señalar que el reto más grande lo presentarán algunas de las normas introducidas a partir de 2007-2008 que, en nombre de la equidad, tienen como objetivo cuidar —como si fuera posible— que ningún liderazgo político se construya con anticipación y así nadie goce de ventajas “indebidas”. Lo cierto, sin embargo, es que el candidato que busca la reelección de manera natural siempre va a tener ventajas sobre quienes le retan para sacarlo de su curul o alcaldía. Por ello, vale señalar algunos de los dilemas para los cuales carecemos de definiciones legales. La preocupación cobra importancia porque son muchas las leyes locales en las que la reelección será una realidad en las elecciones de 2018.2 Veamos.

La Constitución establece que se podrán reelegir diputados —federales y locales—hasta por cuatro periodos consecutivos, senadores y munícipes por dos periodos consecutivos. Los partidos políticos, temerosos de perder el control sobre la disciplina de partido, reservaron para ellos la responsabilidad de determinar quiénes de sus militantes en funciones se pueden reelegir. Así, en caso de buscar la reelección con una fuerza política distinta a la que originalmente lo postuló deberán renunciar al partido político antes de la mitad del periodo que dura el cargo que ocupan. Esta medida está hecha para inhibir el transfuguismo.

Los estatutos y reglamentos de cada partido político deberán prever las reglas que harán posible la postulación de quienes busquen ser reelectos. Desde nuestra perspectiva, los partidos tienen dos alternativas.

Crear un procedimiento especial a efecto de valorar el trabajo de sus legisladores y munícipes y que derivado de ello determinen si es viable la reelección sin necesidad de que se abra un proceso interno de selección para dicha candidatura. Esto supondría vincular efectivamente la reelección a su propósito original: premiar el buen desempeño en el cargo y con ello la rendición de cuentas vertical.

O, en su caso, los partidos políticos podrían optar porque quien busque reelegirse se inscriba, como todos los demás militantes, al procedimiento de selección de candidaturas que al efecto determine la dirigencia y, de esta manera, todos compitan en igualdad de circunstancias, en cuyo caso dependería únicamente de la voluntad de la dirigencia y no del desempeño en el cargo que ocupa. Con lo cual la elite del partido tiene un arma poderosa para disciplinar a sus munícipes y legisladores.

Adicionalmente, los partidos políticos deberán tomar las medidas necesarias para que en la postulación de las candidaturas puedan convivir efectivamente el derecho a ser reelecto y el principio de paridad de género, lo que eventualmente complicará aún más los procesos internos. De lo contrario, podría presentarse un escenario como el de 2012, en el que al momento del registro se obligue a los partidos políticos a sustituir las candidaturas necesarias a efecto de cumplir con la postulación paritaria.

Más allá de los procesos internos de los partidos políticos, no podemos dejar de considerar que, a partir de 2007, nuestro sistema electoral está construido para evitar que quienes ocupan un cargo de elección popular no lo utilicen como plataforma de lanzamiento para contender en la siguiente elección. Por ello se exige que aquellas personas que buscan un cargo de elección popular se separen del puesto anterior meses antes de la elección, adicionalmente se prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales y la promoción personalizada de los servidores públicos a través de propaganda gubernamental.

En nuestra forma de entender la reelección estas prohibiciones deben pensarse tomando en cuenta que ahora existe la posibilidad de contender por el mismo puesto que se está ocupando. Otro de los propósitos de la reelección es la continuidad en el desempeño del cargo que propicia una mayor rendición de cuentas. Obligar a que los legisladores o munícipes se separen del cargo sería un despropósito. Primero, podría ponerse en riesgo la funcionalidad del órgano legislativo o municipal ante la falta de sus integrantes, si es que la mayoría de ellos decide reelegirse. Segundo, estrictamente no hablaríamos de reelección sino de dos elecciones consecutivas. Adicionalmente, todas sus actuaciones que se desprenden de las funciones de su encargo podrían ser considerados actos de precampaña. Se exacerbaría la contradicción inherente en nuestro sistema electoral que, en nombre de la equidad, prohíbe a los elegidos hacer política. 

Al día de hoy a nivel federal no existe regulación para la reelección, tampoco los partidos políticos han modificado su normatividad interna y, en el caso de las entidades federativas, únicamente algunas han establecido de manera escueta ciertas reglas.

Por ejemplo, en Zacatecas se prevé que la reelección aplique para los legisladores electos por el principio de mayoría relativa y también por el de representación proporcional; en el caso de Guerrero no se les permite a los segundos. Respecto de las candidaturas independientes en Zacatecas no se permite que se reelijan, en cambio en Ciudad de México, Jalisco y Baja California sí. En estados como Aguascalientes y Sinaloa se establece que sí se deben separar del cargo con la debida anticipación, en otras entidades no se hace mención al respecto.

Vale la pena señalar, por otra parte, lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cara a las elecciones de este año, en dos asuntos que involucran a Nayarit y Coahuila. En el primero de ellos (SUP-JDC-101/2017 y SUP-JRC-63/2017 ACUMULADOS)3 sostuvo que a pesar de que la legislación local establecía que para el proceso electoral de 2017 no se iba a permitir la reelección para el caso de los ayuntamientos, el Instituto Electoral local debía permitir que quienes ocuparan un cargo de elección popular dentro de los ayuntamientos pudieran reelegirse por un periodo más, ello a pesar de no estar regulado en la ley local. En el otro caso, señaló que si una persona que ocupa actualmente el cargo de regidor postulaba su candidatura a la presidencia municipal del propio ayuntamiento esto no debía considerarse como reelección, pues únicamente era una elección consecutiva de cargos, ello a partir de lo que la propia legislación local establecía como elección consecutiva (SUP-REC-1172/2017).4

En conclusión, el legislador ha introducido una novedad que trastoca muchas definiciones previas de nuestro sistema electoral, sin advertir y mucho menos solucionar problemas potenciales. Permitir que legisladores y munícipes se reelijan es un cambio estructural del sistema electoral mexicano que respeta de mejor manera el derecho a ser votado. Es indispensable diseñar la normatividad que haga viable el ejercicio del derecho a la reelección sin que ésta pierda sentido; de lo contrario el TEPJF será quien, a partir de interpretaciones constitucionales y sentencias, vaya modelando las reglas que definan la reelección. Lejos de alcanzar reglas generales se irá imponiendo la lógica particular del caso concreto. La experiencia nos dice que esto incrementa las posibilidades de contradicciones. La certidumbre jurídica que emana de reglas sólidas quedará en riesgo por las resoluciones ad-hoc de Tribunales locales, Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF. Un sistema electoral democrático debe generar certeza absoluta sobre las condiciones de la competencia. Hoy no existe claridad sobre cómo deberá operar la reelección en el ámbito federal ni en el ámbito local. Otro ingrediente más a considerar este 2018 que viene.

 

María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Arturo Espinosa Silis
Director de Strategia Electoral.


1 Historia Documental del Partido de la Revolución, tomo I 1929-1932, Instituto de Capacitación Política, México, 1986.

2 Para las elecciones de 2018 se podrán reelegir quienes ocupen un cargo de elección popular en: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

3 http://bit.ly/2ujK6Ed

 

Un comentario en “Reelecciones políticas: El desastre que viene

  1. Faltó incluir en la relación de elecciones a reliazarse en 2018 que permitirán la reelección al estado de Quintana Roo. En particular se renovarán los 11 ayuntamientos.

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