A menudo las conmemoraciones son antídotos para el pensamiento crítico. El centenario de la Constitución de 1917 no es una excepción. Además de  repetir lugares comunes muchos celebrantes conciben a la carta magna como  una especie de fetiche que, por un lado, cristalizó los mejores ímpetus revolucionarios y, por el otro, transformó al país gracias a sus enjundiosos preceptos. Me interesa pensar en la antesala de la Constitución de Querétaro porque ahí creo atisbar dos legados que no han recibido la atención debida. Uno de ellos afortunadamente abortó antes de que pudiera madurar en una tradición política bien establecida, mientras que el otro se convirtió en un subtexto de la cultura nacionalista revolucionaria que nutrió y subvirtió la idea de un país de leyes durante muchas décadas. Me refiero al militarismo revolucionario y a la defensa de la lógica dictatorial del cambio político. Ambos fenómenos pudieron observarse en una notable estampa de la revolución. El 5 de octubre de 1914 Luis Cabrera, enviado del Primer Jefe Venustiano Carranza, pronunció un discurso ante la Soberana convención revolucionaria de Aguascalientes de la ciudad de México.1 Básicamente Cabrera alegó en su discurso en contra de celebrar una convención exclusivamente de militares. Se ha reflexionado poco en este hecho extraordinario. Nunca antes en la historia del país la casta militar se había erigido como una asamblea deliberante de “ciudadanos armados” con exclusión de los civiles. Ni siquiera durante el convulso siglo XIX se pensó en algo así. Que esa idea se volviera plausible en 1914 dice mucho.

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Ilustración: Belén García Monroy

Durante el siglo XIX se observaron dos regularidades: a pesar de que los gobiernos no se sucedían unos a otros de manera regular la facción triunfante pensaba inmediatamente en acogerse a la legitimidad constitucional llamando a restaurar o a crear una nueva constitución. Sólo Santa Anna y los revolucionarios de Ayutla, por un breve periodo, se atrevieron a imaginarse gobernando sin una constitución. De la misma manera, los militares sabían que el poder debía ser compartido con los civiles. México fue ajeno al militarismo temprano de otros países latinoamericanos, como Perú.

En Aguascalientes abortó no sólo el proyecto de los rivales de Carranza sino un protomilitarismo de insondables consecuencias. Destaca el civilismo de Cabrera, pero más notable aún es su defensa de la dictadura. En efecto, la dictadura más notable que ha tenido México —como correctamente la llama Ignacio Marván en su reciente libro— es la de Venustiano Carranza entre 1915 y 1916. Carranza se rebeló contra el usurpador Huerta exigiendo el restablecimiento del gobierno constitucional. Sin embargo, muy pronto descubrió que no era conveniente declarar restablecida la constitución y convocar a elecciones. Las reformas, muchas de ellas sociales, que buscaba implementar requerían cabalmente de la dictadura. Cuando la alianza revolucionaria se rompió a finales de 1914 Carranza lanzó una ofensiva jurídica que haría palidecer los tímidos esfuerzos de Álvarez y Comonfort. Como señala Marván: “en escasos noventa días, particularmente en diciembre y los primeros días de enero, Carranza en uso de sus facultades extraordinarias decretó reformas a la Constitución de 1857, nuevas leyes, reformas a las existentes y diversas disposiciones administrativas para dar respuestas concretas a los principales temas sociales y políticos que la revolución había venido acumulando en el curso de la movilización popular”. El Primer Jefe se arrogó facultades para nombrar y remover libremente a los gobernadores y comandantes militares de los estados. No sólo eso, decretó la reforma al artículo 109 para eliminar las autoridades intermedias entre los ayuntamientos y los gobernadores, estableció el divorcio, y promulgó una ley agraria que facultó a los gobernadores y jefes militares de los estados para recibir solicitudes y realizar expropiaciones de tierras.

Ante los “ciudadanos armados” de la Convención Cabrera afirmó: “YO CREO que no debe haber un gobierno constitucional hasta que las reformas sociales requeridas por el país hayan sido llevadas a cabo”. La lógica era contundente: “si en este momento fuéramos a aplicar un gobierno constitucional, se arruinaría el objetivo de la Revolución”. Y de ahí se seguía una conclusión estrictamente jacobina: “si fuera necesario buscar un signo  en la frente de cada traidor, de cada huertista, de cada felicista y de cada uno de los reaccionarios, signo que nos indicara quién es el enemigo del pueblo… yo quedaría satisfecho con conocerlos preguntándoles lo siguiente: ‘¿Está usted conforme con el restablecimiento del Gobierno Constitucional después de la Revolución?’”. La legalidad era siempre “el eje en torno del cual se mueven todos los reaccionarios”. Para Cabrera “las reformas verdaderamente trascendentales de un pueblo jamás se han conseguido por medios legales; siempre se han conquistado mediante la fuerza. Por consiguiente, señores militares, no pertenece al orden constitucionalista, ni a un Congreso, ni a un gobierno legítimamente elegido, realizar reformas. Si no las consuman las espadas, tendrán que pasar muchos años antes de realizarlas”. La constitución, después.

Hay una línea que va de Cabrera a Fidel Velásquez. Hasta ahí puede rastrearse la idea de que ni la ley, ni por supuesto ninguna constitución, constituían fuentes suficiente de legitimidad para el cambio político. La cuestión social siempre estaría por encima de la legalidad. De ahí la larga simulación que México sufrió durante el régimen posrevolucionario.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.


1 Luis Cabrera, Obras completas, vol. III, México, Oasis, 1975, pp. 369-379.