En las últimas semanas se ha especulado hasta el cansancio sobre el eventual impacto que tendría un retorno masivo de mexicanos que viven en Estados Unidos y cuentan con licenciatura incompleta y que, teóricamente, demandarían su ingreso en alguna institución de educación superior (IES) del país. La versión más repetida –anumérica diría John Allen Paulos- es que las universidades mexicanas no tienen capacidad suficiente para absorber ese flujo. La evidencia y los datos sugieren lo contrario. Veamos.

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Para empezar, si bien se han producido análisis muy bien documentados sobre la dinámica del fenómeno (por ejemplo “A ver, depórtame” de Jorge Castañeda y Eunice Rendón en y “Las tensiones en la migración de estudiantes mexicanos a Estados Unidos: el pasado y el presente” de Rachel Grace Newman) no existe todavía un modelo econométrico que permita precisar el número real de repatriaciones que podría suceder en los próximos años, entre otras cosas porque la administración Trump no ha expedido aun Executive Orders específicas para este tipo de inmigrantes ni los detalles legales, logísticos, presupuestales e institucionales (salvo lo que establece el US Code 1373) que, por aproximación, faciliten calcular su dimensión.  De hecho, tras la expedición de nuevas directivas migratorias del Department of Homeland Security el pasado 20 de febrero, sus funcionarios declararon a The New York Times que estas reglas “no cambian el programa conocido como Deferred Action for Childhood Arrivals que proporciona permisos de trabajo y protección de deportación para los jóvenes conocidos como dreamers”.

Por lo tanto, un análisis de sensibilidad que ayude a entenderla mejor podría partir de la construcción de diversos escenarios. Un escenario base o inercial que pondere dicho flujo a partir de las tendencias longitudinales del 2007 al 2016, medidas por el Instituto Nacional de Migración; un escenario positivo que, bajo el supuesto de que la economía norteamericana creciera a una tasa promedio de entre 2.6 y 3 por ciento (OCDE) en 2017-2024 y por ende aumentara la demanda de mano de obra, redujera las deportaciones observadas, y un escenario adverso que, si el crecimiento fuera más bajo o negativo, las incrementara, como ya pasó tras la Gran Depresión o en la posguerra. Este texto se concentra únicamente en el escenario inercial.

Hay al menos tres aspectos que es conveniente mencionar antes de entrar a la cuestión central. El primero es la demografía. Aun cuando las estimaciones de la década pasada fueron rebasadas (en Estados Unidos se esperaba llegar a 275 millones de habitantes en 2000 y en realidad fueron 281 millones), en parte como consecuencia del crecimiento económico de 1993 a 2001, de la confianza generada por ello y de incrementos superiores al promedio entre la población inmigrante cuyas tasas de fertilidad suelen ser más altas, las tendencias vienen ahora a la baja (Fuentes: US Census Bureau, CDC y Pew). La tasa de fertilidad promedio, que era de 69 nacimientos por cada mil mujeres en 2007, cayó a 59.8 en 2016, y lo mismo se observó entre la población hispana: de 95 nacimientos por cada mil mujeres la tasa bajó en el mismo período a 72. En consecuencia, es muy probable que si la economía crece a las tasas previstas y no obstante la automatización del empleo, el mercado laboral norteamericano continuará demandando niveles relevantes de mano de obra, entre otras razones porque, a pesar de que lo haga a menor velocidad, la población seguirá incrementándose para pasar de los 324 millones actuales a 347 millones en 2025 y a casi 400 en 2050, con su correspondiente impacto sobre la formación de clases medias, el consumo y la producción.

El segundo elemento es la composición del mercado laboral. La estructura de la economía norteamericana genera un tipo de demanda laboral que al parecer es ocupada básicamente por inmigrantes con baja calificación y si, como pronosticó hace tiempo el Departamento del Trabajo de EU, hay alrededor de 20 millones de puestos de trabajo para gente con educación mínima, especialmente en los sectores primario y de servicios, esa necesidad será satisfecha inevitablemente por trabajadores inmigrantes.

Y en tercer lugar hay razones electorales. La presencia de los hispanos se ha expandido aceleradamente; de los estados como California, Texas, Florida o Illinois, donde se asentaban tradicionalmente, ahora se encuentran en lugares como Tennessee, Alabama, Missouri, Kansas, Nebraska o Minnesota. Existen alrededor de 2 mil clubes y asociaciones de mexicanos, la mitad de los jóvenes menores de 14 años (es decir, los votantes de mañana) en Los Angeles y Houston por ejemplo son hispanos, y la población de origen mexicano seguirá consolidando su posición como primera minoría étnica en los Estados Unidos, o, dicho de otra forma, como una robusta fuerza electoral.

En suma, un mercado económico, laboral y electoral de esa magnitud y de esas características, sugiere que Estados Unidos seguirá siendo un poderoso imán y el mayor mercado de consumidores en el mundo y puede influir de manera significativa, tan solo por razones de cálculo político, en lo que realmente haga la administración republicana en materia migratoria.

Ahora bien, ya es sabido que las deportaciones de mexicanos entre 2007 y 2016, es decir los últimos dos años de la administración Bush y los ocho de la administración Obama, mantuvieron una tendencia mayor que prácticamente todas las administraciones republicanas y demócratas desde 1963. Según los datos del INM, el promedio de repatriación de la década pasada fue de 397 mil personas por año, alcanzando su tasa más alta en 2008 y 2009, a consecuencia de la crisis financiera, pero mostrando un claro descenso del 2010 al 2016.  Este hallazgo revela que, sin darnos cuenta, México fue recibiendo a casi 400 mil connacionales cada año que, de una u otra forma, se incorporaron al mercado de trabajo, al sistema escolar o a otras actividades de manera permanente. Dos ejemplos.

Uno es que durante el cuarto trimestre del 2016 la tasa de desocupación desestacionalizada fue de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), su nivel más bajo desde el segundo trimestre del 2006, cuando se ubicó en 3.4%, mientras que para un cuarto trimestre es la más baja en el mismo periodo del 2005, cuando fue de 3.3%, de acuerdo con el INEGI. Cabe señalar que en 2009 alcanzó 6%. Es decir, el mercado laboral eventualmente absorbió a la PEA, sea que fueran residentes en México y/o connacionales deportados. El otro indicador, más relevante para los efectos de este artículo, es que la cobertura escolar en México se expandió de manera sistemática durante la misma década en que se produjo un flujo anual de repatriados de casi 400 mil personas. Por ejemplo, entre los ciclos 2006-2007 y 2015-2016, la educación básica pasó de 93% a 96.6%; la media superior de 57.9% a 74.2% y la superior de 25.2% a 35.8%. Esto confirma que el sistema educativo nacional, a todos los niveles y modalidades, pudo incorporar tanto a los estudiantes regulares que transitaron de un nivel a otro en su trayecto formativo como a aquellos repatriados que se insertaron o reinsertaron  en las escuelas mexicanas.

En el caso de la educación superior, para estimar las cifras es factible utilizar las relativas a 2016 que contienen una estadística exacta de su nivel de escolaridad. Ese año retornaron a México 219 mil 932 personas de las cuales 203 mil 637 (93.6%) eran adultos y 13 mil 742 (6.3%) eran menores. De esos casi 220 mil repatriados, solo 2 mil 155 (0.98%) tenían una licenciatura incompleta, y 22 (0.01%) un posgrado incompleto; es decir, el grupo de repatriados que eventualmente podrían solicitar ingreso a una IES del país para terminar de estudiar fue ese año de 2 mil 177 personas. Extrapolando esta última cifra al promedio anual de repatriaciones entre 2007 y 2016,  ese grupo de escolaridad vendría siendo de 3 mil 970 personas y si lo llevamos a un escenario adverso (supongamos que los repatriados aumentaran en 25%) serían 4 mil 962 personas, una cifra perfectamente manejable de estudiantes para la capacidad instalada de las IES mexicanas, que, según la ANUIES, tiene al menos 30 mil lugares disponibles siguiendo desde luego las políticas de admisión propias de cada institución.

El caso particular de los llamados dreamers, jóvenes sin documentos nacidos en México que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos y pudieron obtener cierta regularización  migratoria por dos años renovables  mediante el Programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), son personas inscritas en o titulados de la preparatoria o la universidad, de los que, como han explicado Castañeda y Rendón en el artículo citado, 70%  son mexicanos. Dentro de este grupo existe desde luego la posibilidad de que pierdan su estatus migratorio y sean deportables, pero, como se comentó líneas arriba, hasta ahora no solo no ha habido una acción específica para este colectivo, sino que las principales universidades de prestigio están buscando cómo retenerlos (véase por ejemplo: “A Message to the President”).  De hecho, algunas de esas universidades se han acercado ya a la SEP para explorar caminos para arraigarlos, dadas sus capacidades, cambiando su calidad migratoria, por ejemplo, a la de “estudiantes internacionales”.

Bajo los supuestos actuales, la información disponible y las tendencias estadísticas observadas indican que el sistema de educación superior en México sería capaz de absorber una demanda como la proyectada aunque los datos sugieren que no veremos un flujo de repatriados muy distinto al de la última década.

 

Otto Granados
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP

 

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