El pasado 5 de febrero, ante una nueva ofensiva de parte de grupos relacionados con el crimen organizado, las comunidades nahuas de la costa michoacana fueron otra vez víctimas de la desaparición de cinco miembros de sus grupos comunitarios, encargados de vigilar sus tierras y recursos, así como la vida de sus comunidades. Posteriormente se reveló que dos personas más también perdieron comunicación con autoridades del municipio de Aquila, quienes estaban encargados de tener contacto con el grupo que privó de la libertad a sus compañeros, para negociar su liberación.

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El domingo por la madrugada, a eso de las tres, un grupo de hombres con supuestos uniformes militares y una camioneta de la Marina descendieron del vehículo para realizar una inspección al puesto de control comunitario, llevándose con ellos cinco integrantes de la guardia comunitaria sin mayor información. No hace falta reseñar los detalles de la privación ilegal de la libertad y de que supuestamente el comando militar los entregó al crimen, y cuyos líderes de la delincuencia organizada no han sido detenidos por los aparatos de seguridad estatal, federal y militar, a pesar de todas las denuncias públicas. La privación de la libertad de los cinco integrantes del guardia comunitaria tiene mucho significado por las distintas acciones que las comunidades han emprendido por lo menos desde el año 2013, cuando formaron sus grupos de autodefensa, a base de una policía comunitaria, para defenderse de los atropellos y desposesiones de bienes y recursos naturales por parte de grupos delictivos y de algunas empresas transnacionales. La historia de dichas comunidades nahuas es una historia dolorosa de violencias y de abusos en los que tanto el Estado como intereses privados, muchas veces en connivencia con grupos delictivos, han estado directamente involucrados en la producción de tanta injusticia.

La comunidad de Ostula emprendió procesos de lucha por recuperar sus territorios y el saqueo generalizado de sus recursos naturales desde hace mucho tiempo, mediante la formación de grupos de guardia comunitaria regulados por asamblea comunal. Esta acción ha provocado la muerte y desaparición de al menos 34 líderes, además de niños y mujeres, en los últimos años. Una cifra escandalosa para una sola comunidad cuya ubicación geográfica le impide denunciar hechos delictivos, debido a la lejanía y riesgo de ir al municipio de Lázaro Cárdenas, ubicado a una distancia de cerca de 180 kilómetros y en los cuales hay todo tipo de vigilancia. Desde la formación de la guardia comunitaria en Ostula, a principios del año 2013, aliada al movimiento de autodefensa que en ese entonces dirigía el Dr. Mireles, pudo expulsar de sus territorios, no sin enfrentamientos y muertes, a grupos delictivos y retener toneladas de madera fina y recursos mineros que eran explotados de manera abierta para venderlos en los puertos más cercanos y sin que nadie dijera nada.

El protagonismo de la guardia comunitaria fue objeto de amenazas, emboscadas y de implicaciones con intereses ilícitos, a fin de desprestigiar el movimiento civil armado. Sus líderes, casi todos víctimas del crimen organizado y expulsados de sus comunidades por el entonces imperio templario, regresaron a sus localidades una vez que el movimento de autodefensas adquirió importancia y desde entonces no han dejado de luchar por la seguridad de su comunidad. La cercanía con la facción de autodefensas dirigida hasta julio de 2014 por el Dr. Mireles, posibilitó una alianza estratégica con los grupos de autodefensa de los municipios de Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán para enfrentar al crimen organizado, todos los cuales construyeron un movimiento más independiente de la otra facción dirigida por Estanislao Beltrán, alias el “Papá Pitufo”.

El movimiento de autodefensa y de guardias comunitarias de la Costa/Sierra fue el más combativo y con menor infiltración, de manera que lograron avances importantes en materia de seguridad comunitaria. Hasta la detención de Mireles y luego de la aprehensión de Semeí Verdía en julio del 2015 y su liberación en enero del 2016, el movimiento civil armado ha seguido luchando por sobrevivir al crimen organizado y a las acciones ofensivas para desaparecerlos. Entre las acciones emprendidas fue la de haber construido retenes, uno de los cuales se localiza sobre la única carretera que conecta el Puerto de Lázaro Cárdenas con el Puerto de Manzanillo, por donde pueden circular infinidad de cosas que alimentan los mercados lícitos e ilícitos.

Justo dos días antes de la privación de la libertad de los cinco miembros de la guardia comunitaria ubicada en Tizupan, yo había pasado por ahí, en un recorrido de campo para comprender las últimas transformaciones que estaban ocurriendo en esas comunidades. El puesto de control o retén de la guardia comunitaria es muy improvisado, por cuyos lados se localizan dos pequeños montes de tierra, arriba de los cuales se divisaban alrededor de 10 o 15 personas de ambos lados que, en su hamacas, descansaban para realizar relevos de día/noche. El puesto de control de Tizupan es muy importante ya que hacia el rumbo al Puerto de Lázaro Cárdenas se localizan varias comunidades nahuas que hasta llegar al poblado de Caleta de Campos, pierden el control territorial y de ahí lo toman grupos del crimen que protegen sus intereses hacia y desde el Puerto. De Tizupan hacia el Puerto de Manzanillo, hasta llegar al municipio de Tecomán, Colima, los grupos comunitarios de la Costa/Sierra, terminan su vigilancia, ya que Tecomán es otra cuna de grupos del crimen a donde varios capos se refugiaron desde que los grupos de autodefensa controlaron el territorio. Justo un día antes de los eventos del 5 de febrero, Tecomán fue prácticamente sitiado por elementos del ejército para realizar revisiones vehiculares ante la ola de violencia que vive el estado de Colima por la disputa entre cárteles.

Una visión territorial de la seguridad es muy importante por la forma en que se controla el movimiento de personas, mercancías y la misma movilización de todos los grupos armados tanto oficiales como informales. El despliegue territorial de la seguridad por parte de estos grupos, se refleja en las disputas por el control espacial por la producción minera, tala de bosques, tráfico de animales, vegetación, etc. Cuando recorrí por última vez el puesto de control de Tizupan el día sábado 4 de febrero, sin saber, al otro día por la madrugada se había perpetrado el secuestro de los cinco integrantes de la guardia comunitaria. Ya por el medio día del domingo 5 comenzaron a escucharse versiones de la situación que ocurría, en medio de una gran movilización sigilosa de grupos comunitarios y corporaciones estatales.

El puesto de control de Tizupan cuenta con gente de varias localidades indígenas como San Pedro Narangestil, Pómaro y Ostula, comunidades que si bien no son homogéneas y carentes de diferencias, han logrado coordinarse para proteger sus territorios ante embestidas de varios grupos. Esta situación es muy significativa ya que al no haber otra carretera de comunicación entre el puerto de Lazaro Cárdenas y Manzanillo, grupos del crimen organizado necesitan cruzar el puesto de control de Tizupan y otros de menor vigilancia para transportar cualquier mercancía. Ésta es la cuestión más importante: de día es muy difícil trasladar mercancías ilícitas por la vigilancia que regularmente se tiene en varios puntos de control. De noche, es necesario el libre paso por toda la carretera, pero el puesto de control de Tizupan lo impide. Se han construido incluso varios “topes” de concreto que hasta hace poco no estaban sobre la carretera para impedir pasarse el alto.

Por ello, el grupo que privó de la libertad a los cinco comunitarios pedía retirar el retén y entregar las armas. Nadie sabe con certeza todo lo que circula sobre esa carretera que es tan codiciada por el crimen organizado e intereses transnacionales mineros y madereros, pero se puede especular que va desde precursores químicos provenientes del Puerto de Lázaro y/o Manzanillo, en forma ilegal. Similarmente, droga vegetal y sintética, trata de personas, armas, tala ilegal de madera, etc. Por ello es muy importante para varios grupos deshacer el puesto de control que las comunidades indígenas han puesto desde hace tiempo para evitar embestidas de criminales a sus territorios y a atentar contra sus líderes indígenas o mujeres y niños.

Hace tiempo, dos años, el panorama era distinto al que se encuentra hoy día (ver "El Michoacán de hoy”). En enero de 2015, escribimos sobre la violencia a lo largo de la Costa, así como las divisiones territoriales entre el narco y las guardias comunitarias, etc. Un punto que es muy importante entre enero del 2015 y el 5 de febrero de 2017, es que no ha habido un cambio radical en cuanto a la violencia criminal y social. Los grupos del crimen organizado si bien fueron trastocados a raíz de la Intervención federal en el estado, en la Costa tuvo poco o nulo impacto, por lo que los grupos de la guardia comunitaria de Ostula nunca declinaron sus aspiraciones de seguir luchando y defendiendo sus principios. Después de que Semeí fue procesado judicialmente por más de medio año y al salir libre en enero de 2016, la comunidad de Ostula no descansó de seguir con las tareas de construir una mejor seguridad para sus comunidades, a pesar de nuevos compromisos que algunos líderes establecieron con el gobierno estatal y federal. Una vez que tomó posesión del cargo Silvano Aureoles, se pretendió desconocer a los grupos de autodefensa y comunitarios como los de Ostula, Pomaro y El Coyre, supuestamente porque ya se había desarticulado el crimen y por que en ese entonces se decía que la seguridad pública ya estaba en mejores condiciones.

La guardia comunitaria de Ostula, los grupos de autodefensa de Coahuayana, Chinicuila y en menor medida Coalcomán, nunca aceptaron desarmarse ni pasar a formar parte del nuevo Modelo Policial creado bajo el mandato de Castillo: la Policía Estatal de Mando Unificado que no Único. Significaba en términos prácticos desarmarse y realizar procesos de concurso por selección mediante exámenes de control y confianza, para pasar a formar parte de la Policía Estatal, como pretendía el gobierno estatal.

Eso implicaba que no todos los integrantes de los grupos de autodefensa y comunitarios iban a seguir ejerciendo seguridad de sus respectivas comunidades y municipios. Algunos acuerdos informales posibilitaron que algunos miembros de dichos grupos portaran uniforme de la Policía Estatal, pero en realidad no cambiaron sus formas de practicar la seguridad como lo habían hecho hasta entonces, ni aceptaron que se cambiaran de lugar de trabajo como la ley establece para los nuevos miembros de la corporación estatal. Las tensiones en torno a estas negociaciones implicaron que corporaciones militares o de la Marina, fueran tentados para desarmar algunos grupos que circulaban por los pueblos, así como constantes cambios de opinión del gobierno estatal para desconocer la guardia comunitaria y grupos de autodefensa, pretendiendo imponer un control absoluto de la seguridad por parte del Estado.

Así, estos grupos civiles armados siguieron resistiendo varias presiones por desarticularse. Para dar la impresión de estar haciendo algo, se implementaron estrategias oficiales de seguridad para asegurar propiedades a los narcos, pero la realidad es que no ha pasado de ahí. En el penúltimo mes del año 2016, el gobierno estatal declaró que los grupos civiles de la Costa/Sierra por fin debían desaparecer, por lo que varios líderes ya tenían órdenes de captura. Se movilizaron ampliamente, logrando tomar los ayuntamientos de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, para evitar la entrada de corporaciones estatales y militares para detenerlos en sus comunidades. No se logró el objetivo que el gobierno estatal pretendía, por lo que los grupos siguieron patrullando sus comunidades.

En este contexto, la Costa/Sierra no ha dejado de ser, como otras regiones michoacanas, escenario de constantes disputas por el control del extenso territorio entre el crimen organizado e intereses nacionales y transnacionales, cuyas comunidades que lo integran también debaten de muy diversas formas sus alianzas o conflictos entre estos y otros actores. Desde el punto de vista del Estado, no ha habido una estrategia seria de construcción de paz en estos territorios llenos de innumerables violencias, porque los intereses de explotación y desposesión de los recursos naturales, además del profundo racismo, implican pasar por alto sus derechos y sus demandas de justicia.

Obviamente estos grupos civiles representan un obstáculo muy grande a ciertos intereses nacionales y transnacionales de enorme poder económico y político, los cuales pretenden, entre otras cosas, aprovecharse de la riqueza natural para venderlos al mejor postor. Por tanto, el tema del crimen organizado es un factor muy importante, pero invisibiliza otros proyectos cuyos brazos actúan de múltiples formas en la Costa/Sierra. En lo más profundo de la violencia imperante en esta región, subsiste una trama compleja de grupos y firmas que parecen mover los hilos de poder recurriendo a formas de amenaza, desaparición, intimidación y demás, tildados de narcotráfico. Por supuesto, también hay una enorme complejidad tanto al interior de las comunidades indígenas como en relación con otras, cuyas diferencias en forma de falta de colaboración, tensiones, conflictos, etc., tienen que ver con afinidades y simpatías con unos intereses y no con otros grupos, detrás de los cuales pueden generarse solidaridades con ciertos proyectos mineros, de explotación de madera, regalías, que se consideran benéficos para sus comunidades. No hay blanco y negro, sino muchas zonas grises en medio de las disputas por el tipo de proyectos que se visualizan como mejores oportunidades y no otros. Hay que comprender que hay una triangulación muy compleja y cambiante de un elenco de grupos y actores que van desde el gobierno hasta las comunidades, de empresas transnacionales al crimen organizado y de todos estos actores en redes transnacionales.

En medio de una campaña mediática de denuncia de lo que estaba pasando en torno a la privación de la libertad de los cinco miembros de la policía comunitaria ubicada en el puesto de control de Tizupan, más dos personas encargadas de negociar el rescate, finalmente el 8 de febrero fueron liberadas las siete personas en poder de grupos delictivos, según se dice. Como la noticia de una nueva desaparición llegó a varias instancias federales y organismos de derechos humanos que expresaron su indignación por tal acontecimiento, en medio de una reorganización de los grupos civiles ya nuevamente armados de la Costa/Sierra, probablemente se aceleró una salida negociada con los grupos captores. No sorprende este tipo de salidas cuando la presión pública comienza a salpicar las funciones burocráticas de algunas instancias de gobierno. Lo importante, sin embargo, sigue siendo la tensa calma que se ha vivido por varios años en la región de la Costa/Sierra, que carece de un plan real de disuasión de los conflictos sociales, pasando por planes de resarcimiento de injusticias, daños, atención de víctimas, que no pueden agotarse con modelos tan burocratizados y simples como otorgar indemnizaciones. Cuando subsiste un concepto de seguridad estrictamente focalizado en acciones de vigilancia, retenes policiales, algunas estrategias de inteligencia, etc.; es decir, una seguridad estrictamente territorializada, no podemos comprender otras dimensiones mucho más importantes como los flujos transnacionales de droga, madera o minerales que están provocando efectos locales, terminando por tensionar la gestión de la seguridad local hacia unas formas y no otras de policiamiento.

Como hemos dicho, el puesto de control de Tizupan es muy importante porque obstaculiza una economía ilegal amplia de la cual se benefician grupos que trascienden lo local. Esto, finalmente, da la impresión de una especie de ilusión de la seguridad que pretende ejercer el Estado en el terreno, pretendiendo desarticular el crimen organizado a niveles locales, mientras las redes capilares del poder detrás de las sombras de la economía ilegal siguen inalteradas.

En síntesis, los problemas de violencia de la Costa/Sierra son un reflejo de lo que está pasando a nivel estatal. El aumento de la incidencia delictiva tuvo significativo incremento, aunque la cifra no representa el deterioro social y los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado. El homicidio se ha incrementado sustancialmente en relación con el año anterior, pero las cifras contratan con registros periodísticos realizados por nuestra parte. Es evidente que el estado de Michoacán está ante una disputa enconada por la hegemonía del crimen organizado, cuya interpretación oficial reduce esta disputa a un conjunto de bandas remanentes del imperio templario. Si seguimos subestimando la crítica situación, vamos a volver a invisibilizar el impacto de la violencia y sus efectos en la vida de las personas, que tanto daño ha costado a la sociedad.

 

Salvador Maldonado Aranda
Investigador en El Colegio de Michoacán A.C.