Los uruguayos llevan más de una década discutiendo cómo se puede regular legalmente toda la cadena de producción de marihuana; hasta el momento los avances están relacionados con fines recreativos: autocultivo, clubes canábicos y venta en farmacias. En el siguiente texto se narran los claroscuros de esta experiencia

La vieja casa de la esquina de Maldonado y Casinoni es un palacio de la nueva cultura canábica de Montevideo. Al pie de sus muros azul celeste están pintadas unas matas de marihuana, en contraste perfecto con frisos. cornisas y balcones que combinan los estilos neoclásico y art nouveau. Un rock pop muy suave y el aroma de flores de marihuana confirman que estamos a las puertas de una tienda de insumos para autocultivadores, que a la entrada tiene un discreto cartel que dice Grow Shop, con una linda hoja verde palmeada de siete puntas. Su dueño, Juan Baz, es un conocido activista por los derechos de los consumidores de mota que hace años se plantó contra el prohibicionismo junto a su esposa, Laura Blanco. Ellos formaron parte de los jóvenes que por allá del año 2005 se reunían espontáneamente en el Parque Rodó para fumar e intercambiar ideas y materiales de siembra, lo que era ilegal, pero menos riesgoso que meterse en “las bocas” del narcotráfico para conseguir yerba de mala calidad, conocida como “prensado paraguayo”.

Todo aquello les parecía absurdo, por decir lo menos. Consumir marihuana era legal —letra por letra— y sorprendentemente había alcanzado ese estatus en 1974, en medio de la dictadura militar que padeció Uruguay de 1973 a 1985. Y tiempo atrás se amparaban en el artículo 10 de la Constitución de la República que dice que a ningún ciudadano se le puede impedir hacer lo que no está expresamente prohibido, siempre que no cause daños a terceros.

“Para nosotros fue un tema de derechos. Íbamos presos por cultivar nuestras plantas. El Estado nos procesaba y castigaba por producción de estupefacientes, pero además nos convertía en pichones de los traficantes”, dice Baz mientras forja serena y legalmente un porro y cuando su grow shop está ya cerrada al público. “Como usuarios llegamos a la conclusión de que al Estado teníamos que hacerle demandas muy específicas. Si el consumo no está prohibido, entonces de dónde saco lo que voy a fumar. En un principio pedíamos la legalización, pero eso es algo muy abstracto. Era como pronunciarse por la paz mundial en un concurso de Miss Universo. Teníamos que pedir a los políticos cosas que ellos pudieran dar: que no se lleven presos a los autocultivadores, que no me castiguen por producir lo que me fumo”.

Así se fue organizando el movimiento canábico de Uruguay. De las reuniones casuales fueron surgiendo ideas y grupos organizados de activistas. Uno de ellos, Plantatuplanta, pasó a ser una de las caras más visibles y muchos recuerdan 2005 como el primer año en que cientos de consumidores se concentraron en el Parque Rodó para asistir a un gran foro de autocultivo, aunque de momento sus demandas no serían escuchadas.

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Ilustraciones: Sergio Bordón

El Frente Amplio (FA) acababa de instalarse en el poder y era difícil que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, un oncólogo, tomará la bandera de los fumadores. Todo lo contrario. A la presidencia llegó con una agenda de salud pública que planteó el objetivo de reducir drásticamente el consumo de tabaco, eliminando la publicidad empresarial y cubriendo la mitad de las cajetillas con imágenes de la destructiva acción del alquitrán. Antes que la coalición de izquierda tomara la bandera canábica, los liberales del Partido Nacional introdujeron una iniciativa de ley en el Parlamento, que no prosperó, pero sirvió como base de lo que vendría después.

Fue en la segunda administración del FA, presidida por José Mujica de 2010 a 2015, la que se montó en la demanda de los usuarios de marihuana, incluyéndola en una política de derechos individuales, que había iniciado Vázquez con la legalización del aborto, pero también como un tema de convivencia, de justicia, salud, seguridad pública y seguridad del Estado.

“La Ley 19172 fue patrocinada por un gobierno que tenía una visión conservadora. El sector del FA que estaba en el gobierno era el Movimiento de Participación Popular, creado entre otros por Mujica. Ellos tenían una idea conservadora del consumo de la marihuana, en tanto que ex revolucionarios y ex guerrilleros, porque pensaban que la droga te aleja de la realidad. Pero a pesar de eso patrocinaron y dieron impulso a la ley de regulación del cannabis, porque vieron en ella una herramienta para combatir el narcotráfico”, relata Marcos Baudeán, miembro del grupo académico interuniversitario Monitor Cannabis Uruguay, que estudia minuciosamente los efectos de la implementación de la legislación en la sociedad.

Uruguay se aprestaba en 2013 a ser el primer país del mundo en legalizar la marihuana en todo su territorio, mientras que el nombre de Mujica y las imágenes de su célebre Vocho se hacían internacionalmente “virales”. El Poder Legislativo discutía una nueva iniciativa legal preparada por el FA, acompañado incluso por políticos de partidos opositores, como el viejo y conservador Partido Colorado.

El 10 de diciembre de 2013 las dos cámaras del Parlamento aprobaron la Ley 19172 y 10 días después fue promulgada por Mujica. Un sector de la opinión pública criticó la norma porque vio en ella un plan de proyección internacional de la izquierda uruguaya y del presidente, en tanto que una serie de encuestas revelaba que la mayoría de los uruguayos estaba inconforme con la nueva norma.

La Ley 19172 regula por tres vías el acceso a la marihuana para fines recreativos: el autocultivo con un máximo de seis plantas en flor, los clubes canábicos y la venta individual limitada a 40 gramos mensuales, restringida a ciudadanos y residentes, a través de farmacias que voluntariamente adoptan la comercialización de la mercancía. Todos los usuarios deben estar registrados ante el organismo creado ex profeso para implementar la legislación, supervisar y evaluar todos los procesos de la nueva política pública, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

La norma no “legaliza” la marihuana ni liberaliza el mercado como en Colorado, Estados Unidos. Sólo abre excepciones en el código penal para permitir el cultivo concesionado y la venta controlada de la yerba, sin despenalizar su producción y comercialización fuera del esquema vigilado por el Estado uruguayo. Así se intenta arrebatar al narcotráfico un negocio estimado por el Ministerio del Interior en unos 40 millones de dólares anuales, en un país de tres millones 300 mil habitantes, donde hay una cadena de ilegalidades vinculadas al tráfico de drogas, que van desde el vendedor de la esquina y las narcotienditas, “las bocas”, hasta los jefes de bandas que son capaces de organizar actos violentos en un partido de futbol de primera división, como ocurrió el 27 de noviembre de 2016, cuando se tenía programado un clásico uruguayo Nacional vs. Peñarol.

“El negocio de la marihuana es una pata muy importante del narcotráfico, simplemente porque es la droga ilícita que tiene más consumidores en el mundo. Según datos de Naciones Unidas, en 2005 el mercado de marihuana era de cuatro mil 200 millones al año en Sudamérica. Y se estimaba que el total en el mundo era de 141 mil millones. Hay muchos cuestionamientos a estas cifras. Pero es un mercado importante, porque hay millones de usuarios. Acá se vio que una manera de debilitar al narcotráfico era haciendo legal el mercado. Y se hizo de una manera muy particular: el Estado regula todo el proceso, producción, distribución y consumo, apoyándose en particulares”, explica Baudeán.

Uruguay estaba entrando en realidad en un terreno totalmente incierto. La experiencia de Amsterdam estaba limitada a una jurisdicción municipal y la de Colorado —el único estado que había legalizado la producción y el comercio del cannabis en 2013— es sólo una parte del territorio de Estados Unidos, que desafió la política prohibicionista de la autoridad federal.

“Ha sido un gran desafío, porque hay que hacer una construcción institucional que no existía”, dice Sebastián Sabini, diputado del FA y coautor de la Ley 19172, en alusión al involucramiento de los ministerios de Salud, Agricultura e Industria en todo lo relativo al cannabis lúdico, medicinal e industrial, conocido también como cáñamo.

“Esto que ocurre en Uruguay no tiene antecedentes en el mundo. Intentamos regular toda la cadena, desde los aspectos productivos, hasta los aspectos sanitarios y educativos. Entonces, si bien hay experiencias en otros países, la novedad es que esto no es una regulación de mercado. El que establece los parámetros no va a ser el narcotráfico; tampoco será una empresa. Lo va a hacer el Estado en función de un criterio sanitario de acceso a una sustancia y de una política de regulación de drogas. Por eso es que este modelo es difícil de entender, porque no es que haya varias marcas en competencia ni que vayamos a tener publicidad, sino que esos parámetros se definen por una institución pública”, señala Sabini.

 

Sobre la céntrica Avenida 18 de Julio —la fecha de la promulgación de la primera Constitución uruguaya, en 1830—, justo frente a las oficinas del gobierno municipal montevideano, hay un graffiti en el que se leen dos palabras Mar y Ley, que hacen referencia a la 19172 y al músico jamaicano de reggae Bob Marley, figura central del mural y reconocido fumador de ganja. Al pie de la obra hay un texto que sugiere a los interesados informarse en internet sobre la regulación, un pequeño documento de 44 artículos que encierra una complejidad que pocos imaginaban en los días del debate parlamentario en 2013.

Al principio la ejecución de la ley se hizo sin muchas complicaciones. Fue redactada la norma reglamentaria de la 19172, comenzó a operar el IRCCA y se inició el registro de usuarios. El 1 de octubre de 2015 el gobierno dio a conocer las primeras concesiones para la producción de cannabis farmacéutica a dos empresas, Symbiosis e Iccorp, que respondieron junto a una decena de compañías a la convocatoria estatal.

El IRCCA no dio explicaciones precisas de por qué las escogió, aunque aclaró que son de capital uruguayo y extranjero y que, de acuerdo con el reglamento, debieron ser escrutadas por la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. Bajo estrictas medidas de seguridad y en terrenos de propiedad estatal produjeron cuatro toneladas autorizadas para la primera cosecha y desde mediados de 2016 tienen listo el producto.

Pero el funcionamiento del tercer medio de acceso a la marihuana recreativa se demoró por meses y después de tres años de aprobada la legislación las farmacias no habían comenzado a vender marihuana, como se estipuló en el artículo 5 de la Ley 19172, por una serie de imprevistos.

Para empezar, los empresarios y los químico-farmacéuticos responsables del manejo técnico de los establecimientos fueron renuentes a sumarse al proyecto y se quejaron de no haber sido consultados en la fase preparatoria de la norma. “No hay oposición a la legislación, sino a la decisión de dónde hacer la venta de marihuana”, aclara el vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay, Alejandro Antalif. El rechazo de la gran mayoría de farmacéuticos se debe a la contradictoria situación que significa vender una sustancia psicoactiva recreativa en un lugar destinado a servir a la salud. Peor aún, les preocupa la seguridad, puesto que la mayoría de las mil 200 farmacias que hay en este país son pequeños negocios de barrio sin resguardo policial.

“Nos estamos metiendo en un terreno totalmente desconocido, en cuanto a la comercialización de un producto de uso recreativo, que los propios químico-farmacéuticos han comparado con la venta de bebidas alcohólicas”, dice Antalif. “Lo que han hecho es exponer en vidriera a las farmacias ante el narcotráfico. Estamos ante el temor a lo desconocido. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que algún traficante mande un mensaje…? Se dice que éste es un negocio brillante para las farmacias, pero no queremos que los empleados estén expuestos a ataques de la delincuencia y a las rapiñas. Nosotros lo sabemos: ellos no vienen por la mercancía, porque si acaso se llevan un perfume importado que encuentran al paso. Ellos vienen por el dinero de las ventas”.

El precio del cannabis en las farmacias fue fijado por el IRCCA a 1.17 dólares (unos 35 pesos uruguayos) el gramo, lo que les permite un margen de ganancia de 30%, algo similar a lo que obtienen de los medicamentos. La cantidad se ubica ligeramente por arriba del “porro paraguayo”, que ronda los 50 pesos, aunque muy por debajo de la marihuana de mayor calidad que se vende en el mercado negro hasta por 300 pesos (10 dólares).

La intención de las autoridades es quebrar la importación ilegal, tirando el precio a la baja y ofreciendo una mercancía claramente identificable por su genética y porcentaje de tetrahidrocanabidol, la sustancia psicoactiva de la marihuana. Por eso resultó preocupante el escaso interés de los farmacéuticos y la demora en la venta por meses: sin el tercer medio de acceso al cannabis, cubriendo todo el mapa nacional, los traficantes de drogas encuentran resquicios para su negocio.

Uruguay tenía 161 mil consumidores de marihuana a mediados de 2015, según la Sexta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas, la primera que recogió los primeros efectos de la regulación del acceso a la marihuana, publicada por la Junta Nacional de Drogas en septiembre de 2016. La investigación confirma que la mayoría de los fumadores, 66%, sigue abasteciéndose en el mercado negro. Halló también que la cifra de usuarios no se incrementó y que la aceptación pública del consumo es ahora mayor.

Existe un núcleo duro de consumidores constituido por unas 21 mil personas, según la encuesta. O sea, uno de cada 10 “fumetas” lo hace diario y quema un churro de un gramo por jornada. Esto se refleja ya en las calles de Montevideo, donde vive la mayoría de esos usuarios frecuentes y donde hay varias tiendas especializadas de parafernalia y autocultivo, con semillas, tierra, abonos, lámparas, pipas, papel para cigarrillos, libros y revistas sobre el tema. También hay por todas partes claras señales del cambio de actitud frente a los usuarios y nadie parece sorprenderse cuando alguien lanza en la calle una bocanada de mota que aromatiza el ambiente.

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En Sarandí, la principal calle peatonal de Ciudad Vieja, corazón turístico de la capital, Marcelo Cabrera atiende su propio negocio llamado Tu Jardín. Él y su socio están tratando de desarrollar bancos de semillas lúdicas y medicinales, a pesar de los huecos que ha dejado la nueva legislación sobre este punto. Su sueño fue siempre estar en este giro agrocomercial y celebra el cambio: “Estamos recontentos”, afirma mientras da forma a un cigarro de flores de su propia cosecha, una vez cerrada la puerta a la clientela de la grow shop.

Como muchos otros, Cabrera recuerda que en 2013 el debate sobre la marihuana llegó hasta las sobremesas familiares y elevó la calidad de la discusión colectiva, pero sobre todo, dice, “no olvidemos que esta ley nació de un pacto por la vida y la convivencia. Fue como decir: nos sentamos todos y nos ponemos de acuerdo. Yo voy a hacer algo, pero vos no me rompás las pelotas con esto otro. Eso ha traído la Ley 19172 a la sociedad uruguaya: menos tensión en la calle… Y sí, claro, hay gente que nos mira raro, pero se acepta ya el consumo, porque también se reconoce la parte medicinal de la marihuana. Se ha quitado el velo que puso el prohibicionismo”.

Pero esta apertura no es para los extranjeros. Uruguay, que recibe a tres millones de turistas anuales, no abrió el camino del “turismo canábico”. Y llegan tantos desinformados visitantes a las tiendas canábicas pensando que ahí podrán comprar yerba, como en Colorado, que en una tienda de la Avenida 18 de Julio de plano ya colgaron un letrero que dice en cuatro idiomas: “No vendemos marihuana (Ley 19172)”.

El tema del turismo canábico fue discutido “en la interna” del Parlamento en 2013, recuerda Sabini, pero se optó por un programa más cerrado, a sabiendas de que la gran mayoría de los consumidores son locales. “No creo que sea muy amigable para nuestros vecinos no tener ningún tipo de control sobre esto. Estamos en un orden internacional que tiene una visión diferente y prevalece el prohibicionismo”.

También debatieron el tema del registro individual de usuarios, que muchos no terminan de digerir, porque conecta con la experiencia del control poblacional prevaleciente en los tiempos de la dictadura militar. “Sí es antipático, pero creo que al mismo tiempo estamos dando la garantía de que el dato está protegido y tiene que ver con las cantidades que se producen, no con la persona. Me parece que es un costo que se tenía que pagar de alguna forma para poder avanzar y generar más seguridades a gente que tuvo dudas”, dice Sabini.

La referencia del diputado parece vincularse también con viejos choques culturales de la sociedad uruguaya, como el que describe el escritor Juan Carlos Onetti en su novela Juntacadáveres de 1964. Ahí remite al escándalo que genera la inauguración de un prostíbulo en el mítico y metafórico pueblo de Santa María. Una apócrifa Liga de Caballeros responde con cartas anónimas en las que apela a la decencia, mientras que el sacerdote de la localidad, escandalizado, pronuncia encendidos sermones llamando a la cordura y convoca a una insólita manifestación callejera que exige el cierre de la casa de citas. Las tres viejas mujeres —unos “cadáveres”— y su proxeneta se van finalmente cuando casi todos los hombres han visitado el lupanar, incluido el sobrino del párroco, que fingía ser un espía infiltrado para poder justificar su incursión en el sitio, de vez en cuando.

Nada era ilegal en ese relato de ficción, como tampoco en el Uruguay real de la marihuana. “Este país ha sido siempre relativamente liberal en varios aspectos y con esa visión se han regulado los llamados vicios sociales, el juego, la prostitución, el alcohol. Eso impacta en la política de drogas. Es una tradición”, apunta Sabini.

Hay quienes suponen que la venta en las farmacias será sólo el comienzo del comercio legal de la marihuana y que tarde o temprano habrá un mercado abierto. “Nosotros [los activistas] nunca planteamos que las farmacias pudieran ser la tercera opción”, advierte Juan Baz en el palacete de los autocultivadores de Parque Rodó. “Pensamos que debe haber lugares especiales para eso, con las mismas medidas de seguridad que se usan para manejar dinero. Lo que el Estado licenció a productores privados para vender en las farmacias es un tipo genérico de cannabis. Si hacemos una analogía de la marihuana con el vino podríamos decir que la producción supervisada por el IRCCA es como el vino de mesa. Y así como hay gente que lo compra, también hay quienes prefieren una cepa o una bodega diferente. Todo eso va a pasar con el cannabis”.

Ya hay algunas señales que confirman ese camino y otros. El entusiasmo por los negocios y los productos derivados de la marihuana ha despertado tal entusiasmo en este país que varias empresas se han unido para convocar anualmente a la Expo Cannabis, nucleados en una organización llamada Uruguay Siembra. “Nuestra intención es promover el acceso de información sobre la planta, la normalización y la desestigmatización. Queremos que la gente de la industria del cannabis se conozca, estreche sus manos, haga negocios y salga del underground. Queremos limpiar la imagen de la industria para que tenga derechos como cualquier otra”, apuntó Mercedes Ponce de León, portavoz del grupo empresarial.

En su tercera edición, en diciembre de 2016, Stephen Clark, un joven ingeniero mexicano que ha experimentado con la construcción de casas de cáñamo, pronunció una conferencia en la que dio un claro mensaje: “México es el principal productor mundial de marihuana, pero sucede que allá es ilegal. Aquí tienen una gran oportunidad: ya todo es lícito”.

La gente de esta nueva industria suele coincidir con la idea de que la Ley 19172 ha sido sólo el principio y que en el futuro la experiencia “a la uruguaya” se va a expandir a partir de las evidencias y las necesidades que exija la implementación de la política pública, aunque sea lentamente.

“Lo que pasa es que en Estados Unidos se liberalizó el mercado de la marihuana y aquí se reguló. Allá es el libre mercado el que manda y acá tenemos al papá Estado regulando. Yo soy más afín a que haya un control; a mí me parece que está bien que se tenga un control sobre lo que se consume, sobre los procesos de producción y sobre el precio. Pero, claro, en este país todo lleva tiempo, se requiere de muchos trámites y cosas así, aunque creo que la voluntad está. Subestimamos la complejidad del tema. Hubo muchos errores e inconvenientes en el proceso, aunque finalmente se han ido saldando”, evalúa Damián Collazo, coautor de Uruguay se planta, un manual de autocultivo que ya está en su segunda edición.

“Somos un país diferente”, puntualiza Baz al hacer su propio análisis comparativo de la experiencia uruguaya. “La legalización en Estados Unidos está basada en el tax revenue, hubo una intención directamente relacionada con el interés de incrementar la recaudación tributaria, diferente de lo que pasó en Uruguay”. Y desafiando la idea que se esparció por el mundo acerca de que la regulación en este país fue por una ocurrencia de Mujica, Baz le da otro acento: “Acá son las libertades personales las que movieron todo. El Estado percibió la razonabilidad de nuestro problema. Los usuarios nos organizamos y conseguimos una ley”.

 

Guillermo G. Espinosa
Periodista y politólogo.