Se congregaron para recordar, para reencontrarse. Sin duda valía la pena. Treinta años atrás se habían conocido. Marcharon por la ciudad, cerraron la UNAM, hicieron guardias, descubrieron el sabor de la fraternidad, el calor de la lucha. Y triunfaron. No muchas de las generaciones que los precedieron podían decir lo mismo. Volverse a ver, abrazarse, rememorar, resultó hermoso. Había una calidez en el ambiente que sólo se produce de vez en vez. En el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el 28 de octubre, se encontraron varias docenas de veteranos del CEU, aquel Consejo Estudiantil Universitario que logró frenar la reforma propuesta por el rector Carpizo. Luego en el local del STUNAM harían una fiesta. La efeméride bien lo valía.

05-privilegios

Ilustración: Jonathan Rosas

En abril de 1986 el entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo, presentó un descarnado diagnóstico de la institución. Su objetivo: reformarla para ponerla al día. Y en septiembre el Consejo Universitario aprobó un paquete de reformas que, en principio, parecían acertadas. Fue el disparador de un movimiento estudiantil masivo, contestatario y que dejó su estela en la universidad. Las modificaciones normativas aprobadas eran pertinentes: elección directa y secreta de los consejeros universitarios y técnicos, vuelta a las calificaciones numéricas, impartición de cursillos optativos sobre hábitos de estudio, determinación de una bibliografía básica por materia, el reforzamiento de las tareas de orientación vocacional, la publicación masiva de antologías, la intensificación de cursos de formación docente. Algunas reformas tenían que pasar por el tamiz de los consejos técnicos de las facultades y escuelas: la revisión y actualización de los planes de estudio, la “seriación” académica (de las materias), el establecimiento de procedimientos que aseguraran el cumplimiento del personal académico, la definición de una política de investigación. Pero en el paquete venía colocada lo que en retrospectiva resultó una bomba: la abolición del llamado pase automático para los estudiantes que no hubiesen obtenido un promedio mayor a ocho y terminado sus estudios de bachillerato en tres años. Junto a ello, pero de menor calado, la pretensión de cobrar la inscripción y los cursos de maestría y doctorado.

Los estudiantes de la prepas y los CCH vieron en la reforma una agresión. El cierre de las puertas a lo que ellos consideraban un derecho: el de transitar sin mayor trámite de la educación media superior a la licenciatura. Y colocar requisitos académicos para hacer valer ese derecho les pareció espurio, ofensivo, excluyente. De ahí las masivas movilizaciones, de ahí la incertidumbre convertida en acción, de ahí su oposición a las reformas. Visto con frialdad, el llamado pase automático no es más que un privilegio, en el sentido literal de la palabra: “una ventaja o exención especial o exclusiva que se concede a alguien”, porque los derechos o son para todos o no lo son. Y hasta la fecha nadie ha podido explicar por qué un estudiante que se gradúa (digamos) de la Prepa 8 o del CCH Oriente, independientemente de sus méritos académicos, debe tener prioridad sobre otro estudiante (digamos) del Colegio de Bachilleres o de una escuela particular.

Así, los estudiantes pelearon por mantener un privilegio y lo lograron. Y quizá no nos debería extrañar demasiado. Porque contra lo que se proclama, al parecer, en nuestro México todos aspiran a generar o expandir privilegios. De eso se trata. Los taxistas del aeropuerto verían como una acometida inaceptable que otros de su gremio recogieran pasaje en ese espacio que es “suyo”. Los grandes empresarios que se han beneficiado de exenciones fiscales recurrentes, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, también creen que están en su derecho “de recibir un trato especial”. Las asociaciones de vecinos que se apropian del espacio público en aras de garantizar su seguridad, colocando “plumas” y retenes para que no pasen los desconocidos, ni por asomo piensan que ejercen un privilegio ilegítimo. Recuerdo un episodio, hace años, en el que un grupo de destacados escritores demandó la exención fiscal para su labor, considerándola fundamental para el país, como si el monto de los impuestos no debiera estar ligado a los ingresos o ganancias, sino al tipo de actividad que uno desarrolla.

Somos, lo dice Perogrullo pero es verdad, un país desfigurado por sus desigualdades. Y en ese mar de distinciones el horizonte propio aspira al privilegio porque está convencido que los derechos no se pueden (deben) extender. Cada quien (persona, grupo, asociación, partido, organización no gubernamental, institución) ve por sus intereses. No hay de otra. El “interés general” es una bonita noción, algo que puede adornar un discurso, pero que nadie (o casi) cree realmente posible. “Cada quien para su santo”, “Y el que tiene más saliva traga más pinole”.

 

José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es La democracia como problema (un ensayo).

 

2 comentarios en “Privilegios como derechos

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