En México la impunidad tiene muchos rostros. Las pocas cifras con que se cuenta confirman que son pocos los que, habiendo cometido un delito, cumplen con la sanción correspondiente. Pero hay otros ámbitos, quizá menos vistosos, que reflejan el mismo modus operandi.

En el ámbito administrativo, que tiene que ver con castigos a empresas y funcionarios públicos, las penas económicas caen en saco roto.

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Ilustración: Víctor Solís

En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nos dimos a la tarea de buscar información sobre multas impuestas y no cobradas; los hallazgos fueron reveladores. El primero de ellos es que una vez impuesta una multa ésta se convierte en un crédito fiscal y la responsabilidad de cobrarlo pasa al SAT. Son los cobradores y personal de esa dependencia quienes tienen a su cargo hacer cumplir los castigos económicos que impusieron otras secretarías.

Analizamos siete dependencias para el periodo 2006 a 2016: la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Instituciones Financieras.

Todas tienen en su regulación la posibilidad de sancionar con multas económicas a quienes no cumplan con lo dispuesto en la norma. Durante este periodo se impusieron multas por un valor de más de 45 mil millones de pesos. De éstas se cobraron sólo mil 300 millones, es decir, 3.21%.

Si el gobierno federal cobrara estos adeudos fiscales el recorte presupuestal que nos recetó el gobierno federal para el próximo año podría haber sido de 200 mil millones, en lugar de 238 mil millones. ¡Un ahorro de 15%!

Esto, además, significa el doble de lo que se destina para la administración de los penales federales, la mitad del presupuesto anual de la Secretaría de Agricultura, o casi el presupuesto destinado en 2016 a los apoyos administrados por la Sedesol para los adultos mayores (ver tabla).

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Frente a lo que estamos es una combinación explosiva: leyes imperfectas, ineficacia y discrecionalidad. Van algunos ejemplos:

La Condusef ha impuesto 714 millones de pesos en multas a empresas y servicios financieros por incumplir lo dispuesto en la ley. De ello, sólo ha logrado cobrar 13%. Esto a pesar de que sólo la tercera parte de las multas se impugna para no ser pagada.

La ineficacia podemos verla en la aplicación de las sanciones de Profeco. No hay otro modo de explicar un récord de bateo de sólo 0.02%. Lo mismo ocurre con la Secretaría de la Función Pública que tiene un índice de cobro de menos de 1%.

La discrecionalidad aparece en más de una dependencia. Las multas de los funcionarios públicos y las personas morales presentan una menor tasa de recuperación que las personas físicas. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un índice de cobro de 94% cuando se trata de personas físicas mientras que a las empresas y sociedades de inversión les alcanza a cobrar poco menos de 70%.

Por si fuera poco, el Estado cada vez castiga menos por esta vía. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha impuesto 20% menos de multas a sus funcionarios, además de que el monto en promedio es menor que las que se aplicaron en el sexenio pasado.

El combate a la corrupción no pasa sólo por imponer castigos, sino hacerlos cumplir. Sin un Estado de derecho que haga efectivas las sanciones por lo que no se hace conforme a la ley, todos los esfuerzos por poner orden parecerán muertos vivientes.

 

Miriam Castillo
Integrante de la Unidad de Periodismo de MCCI. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.