Primero, un penal estatal al norte del país, en Monterrey, Nuevo León. Después: Acapulco, el emblema turístico de México en Guerrero. Por último, una colonia en Tijuana, Baja California, que se hace visible en el mapa cuando se desborda en ella la delincuencia. Tres viñetas que retratan a un Estado que aparece para reaccionar —con torpeza la mayoría de las veces— a las coyunturas en seguridad, pero se ausenta en la cotidianidad de millones de ciudadanos en ámbitos clave en los que puede prevenirlas. Un Estado que intermitentemente hace presencia en varios contextos hasta que la bomba le estalla en las manos. Y que, sobre todo, reacciona en lugar de optimizar una red de instituciones que favorezcan desde los tres niveles de gobierno condiciones necesarias para la seguridad de la ciudadanía. La prevención del delito y la violencia —una de las vías para la reducción— debe verse como un efecto posible del buen funcionamiento de instituciones clave para ello. ¿Cuáles son?

Para responder esta pregunta, partamos de que prevenir el delito es evitar la comisión de este tipo de actos por medio de estrategias que, dicho en términos generales: 1) disuadan a delincuentes potenciales; 2) atiendan de raíz las causas de la criminalidad; 3) disminuyan las oportunidades para cometerl delitos, o; 4) sancionen a quienes ya los cometieron. Así, en el corto, mediano o largo plazo —dependiendo del tipo de estrategia— la prevención debe traducirse en la reducción del número de víctimas o el de victimarios.

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Esto implica que, en lo que toca al Estado, es necesario contar con una red de instituciones capaces de llevar a cabo estas encomiendas; sea indirectamente, como parte de su función cotidiana, o directamente como parte de intervenciones focalizadas en zonas o individuos en especial vulnerabilidad para cometer delitos o ser víctima de ellos.

Entre estas encomiendas se encuentra el sistema judicial/penal y la policía. en un contexto en el que quien delinque recibe una sanción —desde una multa, la obligación de reparar el daño o hasta una pena de prisión— la amenaza creíble de un castigo puede disuadir a otros de cometerlos y a quien ya lo hizo, de reincidir. También puede hacerlo la intervención estratégica y legítima1 de la policía en zonas donde se concentran ciertos delitos, por mencionar un par de posibilidades.

En otro ámbito, las millones de interacciones que ocurren todos los días en lugares como el transporte público ofrecen oportunidades para la comisión de delitos que van de patrimoniales hasta sexuales, e involucran también a las autoridades responsables de su prevención. Lo mismo ocurre con el sector salud y el educativo los cuales, por su contacto directo con la población, pueden, por ejemplo, detectar a tiempo factores presentes a nivel individual y familiar que favorecen las conductas delictivas. Sin embargo, en una muestra de la interdependencia entre contextos institucionales,2 las zonas donde se concentra el delito pueden resultar poco atractivas para la inversión que genera fuentes de empleo y, quienes habitan en ellas, tener bajo nivel educativo a causa de dificultades económicas que los llevaron a abandonar sus estudios.

En este sentido, el contexto creado por un Estado intermitente en México es francamente desfavorable. Los esfuerzos esporádicos y aislados comprendidos en la actual estrategia de prevención que encabeza el gobierno federal en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia serán en el mejor de los casos insuficientes mientras no se fortalezcan las instituciones que vinculan al Estado con el ciudadano en la construcción de la seguridad. Mientras su presencia sea intermitente y limitada a la reacción.

Topo Chico, o cualquier otra cárcel en México

La policía del estado de Nuevo León dio la nota cuando a mediados de febrero de 2016 recuperó el control del penal de Topo Chico con la ayuda de fuerzas federales, después de que 49 internos fueran asesinados y 12 resultaran heridos en un enfrentamiento entre individuos identificados por las autoridades como integrantes del grupo delictivo de Los Zetas.3 Lo que no alcanzó a ser noticia fue el momento en el que perdió el control.  O, más específicamente, cuando comenzaron a ejercerlo —reconoció el gobierno estatal— “líderes del crimen organizado” en complicidad con algunas autoridades, e incluso llegaron a administrar un bar.

Los medios reportaron un par de días después de la matanza que se requirió maquinaria pesada para remover y destruir las toneladas de objetos prohibidos que ingresaron ilegalmente a las celdas del penal. Entre ellos, muebles, colchones, un acuario, aparatos de aire acondicionado,4 además de droga y armas punzocortantes. De acuerdo con el secretario de seguridad estatal, General Cuauhtémoc Antúnez, los internos “agradecieron la intervención del gobierno”, evidencia trágica de su ausencia hasta ese momento. Después de los hechos violentos, las vidas perdidas y un operativo conjunto entre la policía estatal y fuerzas federales, 233 internos fueron trasladados a prisiones federales y, de acuerdo con el gobierno estatal, se recuperó el control de Topo Chico. Sin embargo, la sobrepoblación prevalece y hasta el momento las autoridades no han informado que cuenten con el personal suficiente para custodiar a los internos.

Topo Chico, sin embargo, no fue el primer centro penitenciario que dejara ver el desgobierno en su interior (aunque llama la atención que este tipo de incidentes se presentan en estados del norte del país). Basta realizar una búsqueda en línea para encontrar recuentos5 de otros enfrentamientos con saldo de más de una decena de muertes en cárceles como la de Apodaca en 2012, también en Nuevo León, con 44 decesos; 24 en la de Gómez Palacio, Durango, y 31 en la de Altamira, Tamaulipas, el mismo año. En 2011 y 2009 en la municipal y la estatal de Ciudad Juárez, Chihuahua con 17 y 20 asesinatos respectivamente, o el registrado en la de Mazatlán, Sinaloa en 2010, con 29 muertos. También, fugas masivas como la de 132 internos en Piedras Negras, Coahuila en 2012, o la de 59 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un año antes.

Independientemente de la función que define la Constitución para la prisión, que pasó de la “readaptación social del delincuente” (1965) a la “reinserción del sentenciado a la sociedad”, ésta puede ser vista como un espacio físico previsto por el Estado para mantener en condiciones de seguridad y bajo control a quienes cometieron delitos. Por ello, cuando el Estado falla y por el contrario, quienes deberían estar bajo control lo suplen, se le percibe simplemente ausente. Es decir, lo ocurrido en Topo Chico y en cárceles donde miembros de la delincuencia organizada o sentenciados por delitos del fuero común se autogobiernan y hacen de estos espacios campos de batalla, ilustran bien a un Estado intermitente: si bien existe y hace uso de las capacidades operativas para intervenir de manera coordinada en reacción a estos actos de violencia, se ha ausentado durante años como si se tratara de una causa que pudiera declarar perdida.

Así lo constatan los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 20146 en los rubros que se refieren a la suficiencia del personal de seguridad y custodia, a la existencia de un procedimiento en caso de motín y a si el control de seguridad se encuentra en manos de las autoridades del centro penitenciario; tres indicadores clave en el apartado de Condiciones de Gobernabilidad del diagnóstico. Si nos enfocamos a las entidades federativas del norte por concentrarse en ellas la mayoría de los incidentes violentos, únicamente 10 de 28 centros penitenciarios estatales varoniles que pasaron por la evaluación de la CNDH obtuvieron calificación superior a 5.9 (escala de 0 al 10) en el rubro referido al control de la seguridad por parte de los funcionarios del centro. Y aunque 57 por ciento de estos cuenta con un procedimiento en caso de motín, sólo 14 por ciento —en cuatro de 28— aprueba el aspecto de suficiencia de personal de seguridad y custodia, relevante para hacer valer el procedimiento antes mencionado. El Estado está ausente de las cárceles con mayores problemas, aunque se aparece cuando el polvorín ya estalló.

 

Tabla 1. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH 2014 en entidades del norte, tres aspectos relacionados con la gobernabilidad del centro penitenciario

 

 

1. Baja California

Centro de Reinserción Social "Lic. Jorge A. Duarte Castillo"

Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California

Centro de Reinserción Social El Hongo, Baja California

Centro de Reinserción Social El Hongo 2, Baja California

Procedimiento en caso de motín

10

10

10

10

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

0

10

0

0

Control de la seguridad (por parte del centro)

9.66

9.76

9.9

9.83

2. Sonora

Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón

Centro de Readaptación Social Hermosillo 1

Centro de Readaptación Social Hermosillo 2

Centro de Readaptación Social Nogales Varonil

Procedimiento en caso de motín

10

10

10

0

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

0

0

0

0

Control de la seguridad

1.55

1.5

2.27

1.8

3. Chihuahua

Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 Ciudad Juárez

Centro de Reinserción Social Estatal No. 7 Ciudad Cuauhtémoc

Centro de Reinserción Social Estatal No. 2

Centro de Reinserción Social Estatal No. 1

Procedimiento en caso de motín

0

10

0

10

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

10

10

0

0

Control de la seguridad

2.21

9.84

9.89

9.67

4. Coahuila

Centro Penitenciario de San Pedro

Centro Penitenciario en Piedras Negras

Centro Penitenciario Varonil

Centro Penitenciario de Torreón

Procedimiento en caso de motín

10

10

10

10

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

0

0

0

0

Control de la seguridad

7.36

4.38

3.49

2.13

5. Nuevo León

Centro de Reinserción Social Apodaca

Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico

Centro de Reinserción Social Cadereyta

 

Procedimiento en caso de motín

10

10

10

 

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

0

0

0

 

Control de la seguridad

1.85

2.19

4.95

 

6. Tamaulipas

Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa

Centro de Readaptación Social Nuevo Laredo 2

Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros

 

Procedimiento en caso de motín

0

0

0

 

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

0

0

0

 

Control de la seguridad

2.13

2.39

2.17

 

7. Sinaloa

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Culiacán

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Los Mochis

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Mazatlán

 

Procedimiento en caso de motín

0

0

0

 

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

0

0

0

 

Control de la seguridad

0.94

1.36

1.34

 

8. Durango

Centro de Reinserción Social No. 1

Centro Distrital de Reinserción Social No. 1 El Salto

Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago Papasquiaro

 

Procedimiento en caso de motín

0

0

10

 

Suficiencia del personal de seguridad y custodia

0

10

0

 

Control de la seguridad

2.27

9.72

7.36

 

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014

Acuérdate de Acapulco

En Guerrero, las fuerzas federales de seguridad van y vienen por lo menos desde enero de 2007 cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón implementó la Operación Conjunta Guerrero, que para 2011 fue reemplazada por Guerrero Seguro. Casi una década después, ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales han logrado mejoras sostenidas en las condiciones de seguridad.  Parece, en cambio, que sólo si la oleada de violencia deja el confinamiento de las colonias marginadas de Acapulco y amenaza la zona turística, el Estado hace acto de presencia por vía de la intervención federal, sobre todo durante los periodos vacacionales.

La desesperación de propietarios de comercios en el puerto se materializó en 2016 casi al cierre del primer trimestre ante la inseguridad provocada por la extorsión y el homicidio: las víctimas pidieron tregua a sus victimarios. "Lo que proponemos es que hagamos un pacto por la paz por todos. (…) Es un grito desesperado, sí, es una súplica a los compañeros que se dedican a la delincuencia organizada (…) a que piensen que nos tiene que ir bien a todos, que tenemos que pactar todos por el bien de Guerrero", fue el mensaje de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera Miguel Alemán.7

Al gobierno estatal le solicitaron la condonación de impuestos8 debido a que, aseguraron, la doble tributación que les implica el pago de cuotas de extorsión a la delincuencia y la baja en sus ventas ocasionada entorno de violencia estaba haciendo inviables sus negocios. De acuerdo con la misma agrupación de comerciantes, unos 200 de ellos ya se habían visto obligados a cerrar sus puertas9 y señalaron que la presencia del Ejército Mexicano y la Marina Armada era"flotante", debido a que, ante situaciones de emergencia en otras entidades, su presencia disminuye. Un par de meses después la petición vino de empresarios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en Acapulco.10 Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo llamó a los medios de comunicación a un “convenio de silencio” para que se hablara menos de la inseguridad en el puerto y puso como ejemplo el caso de Zihuatanejo donde, dijo, este acuerdo se lleva a la práctica.11

Lo cierto es que en Guerrero ya existe un silencio pasmoso: 94 por ciento de los delitos no se denunció en esta entidad en 2014 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI. Así, donde las víctimas no confían en que obtendrán respuesta del Estado como resultado de la denuncia —ya sea en términos de impartición de justicia o de la implementación de estrategias para que el delito se reduzca—, las condiciones están dadas para que empresarios y comerciantes recurran a pedir tregua a sus victimarios. Los mismos que en un contexto de facilidades para ejercer violencia no han dudado en usarla contra quienes se resistan a pagar la cuota de extorsión, incluyendo además de los comerciantes de la costera, a taxistas,12 tortillerías13 o a los prestadores informales de servicios en la playa, también conocidos como “lancheros”.14

carceles-1

Fuente: Para México y Guerrero, ENVIPE 2015. Para Estados Unidos, cálculos propios con base en NCVS 2014.

El Estado intermitente, que aparece cuando la inseguridad ya no puede ocultarse resulta, además, inefectivo. Días antes de que el descontento de los comerciantes estallara en los últimos días de marzo marzo, la IX Región Militar había informado que, como parte del Operativo Semana Santa 2016, poco más de 3 mil elementos de la Policía Federal, la Marina y el Ejército habrían de vigilar varios puntos de la entidad, incluyendo Acapulco, Zihuatanejo y Taxco.15 Para ese momento la aparición del Estado dejó de tener, si acaso, un efecto tranquilizador. La disuasión que supondría en teoría la presencia de miles de elementos de las fuerzas de seguridad resulta marginal en los hechos. Como muestra, a mediados de julio empresarios del puerto anunciaron que al menos 400 de ellos solicitaron permisos de portación de armas a la Secretaría de la Defensa Nacional16 para defender su patrimonio del entorno de inseguridad. En la segunda semana de diciembre las protestas del organismo empresarial retomaron fuerza y solicitaron a diputados locales la creación de un fondo especial para víctimas de extorsión.

A prácticamente diez años del primer operativo conjunto implementado en la entidad en 2007 durante el sexenio calderonista, la pregunta es obligada: ¿qué ha pasado con las policías estatal y municipales en Guerrero? El razonamiento más básico llevaría a cualquiera a esperar mejoras en sus capacidades como resultado de recibir por varios años el apoyo de las fuerzas federales. Sin embargo, un indicador clave l,a confianza de la población, (gráficas 2 y 3) da señales desalentadoras. Más aún si consideramos que la seguridad es una función del Estado para garantizar el ejercicio de la libertad y la policía es uno de los instrumentos que cuenta para cumplir con dicha función.17

carceles-2

Fuente: Cálculos priopios con base en ENVIPE 2011-2015
Nota: Para 2016, las respuestas posibles en el reactivo sobre nivel de confianza por tipo de autoridad pasó de “mucha”, “alguna”, “poca” y “nada” a “mucha confianza”, “algo de confianza”, “algo de desconfianza” y “mucha desconfianza”, por lo que no son comparables con las de años anteriores.


carceles-3

Fuente: Cálculos priopios con base en ENVIPE 2011-2015.
Nota: Para 2016, las respuestas posibles en el reactivo sobre nivel de confianza por tipo de autoridad pasó de “mucha”, “alguna”, “poca” y “nada” a “mucha confianza”, “algo de confianza”, “algo de desconfianza” y “mucha desconfianza”, por lo que no son comparables con las de años anteriores.

La policía, de acuerdo con Waller, es uno de los cuatro pilares de la reducción del delito junto con el sistema de justicia penal, el penitenciario y la prevención del delito por vías distintas al sistema de justicia.18 Pero en un Estado intermitente, la policía es sólo fuerza de reacción y no un facilitador de condiciones para la seguridad ciudadana.

Camino Verde hacia ningún lado

La colonia Camino Verde en Tijuana, Baja California, se presentó a nivel nacional como a un enfermo en vías de recuperación en promocionales del gobierno federal a mediados de 2012. Fue uno de los territorios beneficiarios de su campaña de rescate de espacios públicos, un apéndice de la estrategia de combate al crimen organizado del presidente Calderón visualizada como componente preventivo e implementada por la Secretaría de Desarrollo Social. Así llegó al camellón de la avenida que divide en dos esta colonia enclavada en laderas de marginación y violencia, un parque lineal con cancha de futbol rápido, un centro comunitario, juegos infantiles y una zona para patinetas.

A Camino Verde se le identificó desde el sexenio pasado como una de las “zonas calientes” de la violencia en momentos en los que la confrontación entre facciones del cártel local —el de los Arellano Félix—, provocó un incremento superior al 500 por ciento la cifra de homicidios19 entre 2007 y 2010. Ahí, las puertas de estacionamiento desechadas de las casas del otro lado de la frontera se adaptan para formar las paredes de varios hogares donde a muchos les falta el drenaje, el piso de cemento y la comida en las mesas. En pleno siglo XXI muchos niños de la colonia no tienen acta de nacimiento. No hay una sola escuela secundaria, mucho menos una preparatoria. Sí hay, en cambio, puntos de venta de droga al menudeo, casas de prostitución y para la trata de blancas.

El parque lineal fue bien recibido por la comunidad en 2012 —donde conformaron una liga de futbol— y el empresariado tijuanense se sumó a la iniciativa con una biblioteca digital donde se imparten talleres de arte y tecnología: La Casa de las Ideas. Pero cuando el entusiasmo y la voluntad del Estado intermitente se disiparon al poco tiempo de haberse entregado los espacios públicos que una vez se presumieron a todo el país, estos dejaron de recibir el mantenimiento necesario. Los vecinos tuvieron que poner de sus recursos para que las actividades nocturnas al aire libre contaran con iluminación.

Pero el Estado no desapareció solamente del parque lineal. Si bien para ese año la cifra anual de homicidios en Tijuana ya era de poco menos la cuarta parte que en 201020 —el año con más asesinatos en la ciudad— las cifras de este delito a inicios de 2016 debieron haber ocupado a las autoridades: el primer trimestre del año ya se había colocado como el más mortífero para esta ciudad en lo que va de la administración de Peña. La cifra de carpetas de investigación por homicidio doloso creció 63 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2013 al pasar de 117 a 191 carpetas de investigación. Para el tercer trimestre, el incremento fue de 84 por ciento respecto al mismo periodo en cuestión (de 116 a 213), también en comparación con el primer año de Peña. Así, Tijuana cerrará el año sin que el Estado haya dado señales de respuesta para contener y reducir los asesinatos.

Poco pudo hacer el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que el gobierno federal lanzó en 2013 para su implementación en municipios de todo el país —Tijuana incluida— por medio de proyectos que duran menos de seis meses al año, algunos ni tres. Además, el subsidio federal del que dependía la práctica totalidad de estos proyectos a falta de recursos, interés —o ambos— por parte de los gobiernos estatales y locales, no existirá más en 2017. El balón quedará en la cancha de estados y municipios.

Quizá si el homicidio sigue creciendo y el baño de sangre alcance los niveles y espectacularidad de 2010, entonces aparezca de nuevo el Estado intermitente. Por lo pronto, Camino Verde lleva a sus habitantes a ningún lado.

***

Aunque el de la seguridad no es el único ámbito donde el Estado mexicano es intermitente, suele resultar particularmente notorio al buscar las causas directas o indirectas cuando ésta falta. Quedan expuestas bajo el reflector serias fallas y omisiones imputables a éste a lo largo del desarrollo de individuos y sus familias. ¿Cómo fue que llegaron a este punto?, es la pregunta que surge cuando la oleada de violencia ya se manifiesta con todo su horror, por ejemplo, en forma de los métodos del crimen organizado. Es necesario reformular la pregunta: ¿Qué debe hacerse para que quienes no han cometido delitos no los cometan nunca? De la misma forma, aunque este análisis está temporalmente delimitado en fenómenos relacionados con el crecimiento explosivo del homicidio y otras manifestaciones de la violencia principalmente a partir de 2008, sería un error pensar que el carácter intermitente de sus intervenciones es un problema propio de la última década exclusivamente o de un solo nivel de gobierno. Basta con observar que en 1997 la tasa nacional de denuncias por homicidio doloso —un delito que suele considerarse la “punta del iceberg” de la violencia21 se ubicó en 17.35 por cada 100 mil habitantes, no muy por debajo que la de 2010, el segundo año más violento del sexenio de Felipe Calderón con tasa de 18.1.22 Detrás de un indicador preocupante de homicidio hay muchas cosas haciéndose mal a nivel municipal, estatal y federal.

El Estado intermitente en la construcción de las condiciones necesarias para la seguridad deja a su propia suerte a la población más vulnerable ante la violencia y la delincuencia. Las tasas de pobreza patrimonial en México, que se refieren a la insuficiencia de ingreso disponible para adquirir una canasta básica de alimentos y efectuar los gastos necesarios en salud y educación aún dedicando el ingreso total de los hogares sólo a esos fines,23 se estancaron entre 1992 y 201224 de acuerdo con estudios sobre la desigualdad. Lo anterior es relevante para nuestras conclusiones porque 44 por ciento del total de homicidios entre 2007 y 2011 tuvieron como víctimas a hombres de entre 18 y 25 años sin educación primaria concluida.25 Imposible no preguntarse si tal como Easterly considera a la pobreza consecuencia de la carencia de derechos,26 también una buena parte de la inseguridad en México podría tener sus orígenes en la imposibilidad para que millones ejerzan derechos básicos como la educación.

Esta vez hablamos de Nuevo León, Guerrero y Baja California, pero bien podríamos hacerlo del Estado de México, Sinaloa, Morelos, Veracruz o Tamaulipas. En donde se mire a la prevención del delito y la violencia como una política de tan sólo unas semanas al año, vistosa para las cámaras, y no como una vía para construir comunidades más pacíficas y seguras a partir de una red permanente de protección compuesta por servicios públicos en torno a la población vulnerable a cometer delitos o a ser víctima de ellos.

 

Lilian Chapa Koloffon
Especialista en seguridad ciudadana y en políticas de prevención del delito y violencia.


1 Jackson, J., Kuha, J., Bradford, B., Hohl, K., & Hough, M. (2012). Policing by Consent: Topline Results (UK) from Round 5 of the European Social Survey (pp. 7-8) (European Union, European Comission).

2 Sherman, Lawrence W. (1997), Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising. A Report to the United States Congress. Chapter Two: Thinking About Crime Prevention.

3 s/d (2016), “El Credo” tenía el control del penal de Topo Chico, Economía Hoy. Disponible en http://bit.ly/1TdWCgI

4 Carrizales, David (2016), En penal de Topo Chico había un bar y un “tianguis”, El Universal. Disponible en http://eluni.mx/1TkS89q

5 EFE (2016), Motín de Topo Chico, uno de los más graves de México. El Informador. Disponible en http://bit.ly/29Uxayq

6 Aunque el Diagnóstico de la CNDH correspondiente a 2015 ya se publicó, no ha ocurrido lo mismo con las calificaciones desagregadas por rubros evaluados en cada centro penitenciario.

7 s/d (2016), Piden comerciantes de Acapulco "pacto con todos por la paz", incluido crimen organizado. RadioFórmula. Disponible en http://bit.ly/1ROLiDw

8 S/d (2016), Piden comerciantes de Acapulco no pagar impuestos y pacto entre criminales. RadioFórmula. Disponible en http://bit.ly/29m77NX

9 Apro (2016), Están empresarios de Acapulco de “rodillas” ante delincuencia. El Diario de Coahuila. Disponible en http://bit.ly/29g1m2P

10 Villagómez, Enrique (2016), Empresarios de Acapulco denuncian terrorismo fiscal y bancario. El Financiero. Disponible en http://bit.ly/29nSJVK

11 Galarce, Karla (2016), Pide Astudillo a medios pacto de silencio y “hablar bien” de Acapulco. El Sur. Disponible en http://bit.ly/29oYdiT

12 s/d (2016), En menos de una semana atacan 5 sitios de taxis en Acapulco. RadioFórmula. Disponible en http://bit.ly/29senGT

13 Redacción Animal Político (2016), 800 tortillerías cierran en Acapulco en protesta por las extorsiones del crimen organizado. Animal Político. Disponible en http://bit.ly/1JzSlCr 

14 Chávez, Abner (2016) Crimen extorsiona a lancheros: van 5 muertos en pleno día. Excélsior. Disponible en http://bit.ly/1pD7GJi

15 Notimex (2016), Más de 12 mil elementos vigilarán vacaciones en Guerrero. Excélsior. Disponible en http://bit.ly/29mdShY

16 Trujillo, Javier (2016), Empresarios de Acapulco también quieren armarse. Milenio. Disponible en mile.io/29YIXu0 

17 López Portillo, Ernesto (2000). La policía en México: Función política y reforma. Inseguridad Pública y Gobernabilidad Democrática: Retos para México y Estados Unidos. Smith Richardson Foundation.

18 Waller, I. (2006). Less Law, More Order: The Truth About Reducing Crime. Westport, CT: Praeger.

19 Cálculos propios con base en estadísticas de defunciones por homicidio del INEGI.

20 En el caso de Tijuana existe una correlación alta (0.85) entre los datos de homicidios del INEGI y los de homicidio doloso del Secretariado entre 2011 y 2014, por lo que se puede afirmar que el comportamiento de ambas series de datos es similar.

21 UNODC (2011), Estudio mundial sobre el homicidio. Tendencias, contextos, datos. (p.15) Viena.

22 Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

23 Definición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

24 Esquivel, Gerardo (2015), Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. (pp. 13 y 27) Oxfam-México. Ciudad de México.

25 Merino, J., Zarkin, J. Fierro, E. (2013), Marcado para morir. Nexos. Disponible en http://bit.ly/1xStqBA

26 Easterly, William (2013), The Tyranny of Experts. Economics, Dictators and the Forgotten Rights of the Poor. Chapter One. Basic Books, New York.

 

2 comentarios en “Seguridad y prevención del delito en México: el Estado intermitente

  1. El gobierno de Mexico, en sus tres poderes, esta siendo omiso en el cumplimiento de sus compromisos ante la ONU, en el marco del convenio para la Prevencion del delito y el Tratamiento del delincuente, ni siquiera fuimos informados si asisitio la representacion de Mexico a la ultima Convencion quinquenal, celebrada en Katar y todo esto demuestra la falta de interes oficial en estos dos aspectos fundamentales para la seguridad publica, como parte de la seguridad social, porque den el aspecto de prevencion del delito no se ha llevado a cabo un solo programa oficial, (si lo ha hecho un poco la iniciativa privada), en donde el gobierno confunde prevencion con represion y se ocupa del problema con la compra de mas patrullas, mas equipo, mas personal, para intentar disuadir a los criminales que no quiso evitar su formacion. comparando sus actos con la industria, enfoca sus pequeños esfuerzos en el mantenimiento correctivo porque no quiso aplicar el mantenimiento preventivo, o en el ramo de la salud, se deben aplicar tratamientos especiales a quienes no se aplico ttratamientos de prevencion. en el aspecto de la readaptacion, o la moderna reinsercion social una prueba contundente de su omision es el alto indice de reincidencia, en el caso del d.f. cdmx, hay internos con hasta 5 o 6 reingresos y no se asoman los programas para la reinsercion social.

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