El 2016 termina con otra gran tragedia: la explosión en el mercado de San Pablito, el mercado de pirotecnia más grande del país. Al momento en que se escribe este texto, se confirma ya la muerte de 35 personas por la explosión. Muchas personas más se encuentran heridas, algunas en estado de gravedad, y la mayoría de las que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado son niñas y niños. Con este accidente, México ha volteado a ver a las periferias de la Ciudad de México, lo cual es poco común. Francamente, ya es hora que nos tomemos en serio las consecuencias que trae aparejadas el fenómeno de la segregación urbana, o dicho de otro modo, la exclusión y las carencias que se viven en el cinturón conurbado que rodea a la Ciudad de México (y otras capitales de nuestro país).

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La negligencia u omisiones institucionales que propiciaron este lamentable accidente –no sólo recientemente en el mercado de San Pablito, sino otros accidentes que resultaron del uso o venta de pirotecnia en ese mismo mercado y en otros sitios del país–, con mayor frecuencia, tienen que ver con la diferencia de trato que reciben los ciudadanos y ciudadanas provenientes de los sectores más marginados del país. Parecería que en nuestro país (y en otras partes del mundo) las tragedias se las llevan los que menos privilegios tienen. Sí, la pirotecnia es una tradición que han ocupado generaciones pertenecientes al municipio de Tultepec. De ahí que las autoridades del estado han destacado que los comerciantes del mercado reclaman la posibilidad de volver a sus actividades lo más pronto posible, ya que la pirotecnia es su fuente de ingresos y la demanda por estos productos es más alta en las fiestas decembrinas y de fin de año.

Pero vale la pena volcar la mirada hacia las condiciones que se viven en Tultepec, al igual que en otros municipios conurbados alrededor de la Ciudad de México. La dependencia de la pirotecnia por parte de un porcentaje alto de la población de este municipio como medio de vida, y las condiciones que propiciaron dicho accidente también tienen que ver con un desarrollo económico y una industrialización poco inclusivos. De acuerdo a los datos que contiene el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI, el Municipio de Tultepec tiene una población 131,567 personas, de las cuales 44.8% no son derechohabientes a servicios de salud, de cualquier índole. Además, 34.3% de su población se encuentra inactiva, lo cual puede significar que se encuentra ocupada en el sector informal, o bien, no se encuentra ocupada del todo; no obstante, ambas representan opciones que obstaculizan el acceso a esquemas de seguridad social. De las 33,089 viviendas, 857 no cuentan con abastecimiento de agua proveniente de la red pública, 777 cuentan con pisos de tierra, y 103 no cuentan con drenaje.

A finales del siglo XX, una vez que el Estado había emprendido el camino de la modernización, la desinversión en el campo se volvió una política recurrente, y las personas de zonas rurales comenzaron a migrar hacia las capitales en búsqueda de empleo, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX.1 La modernización del sistema económico mexicano dejó de lado a muchas y muchos, cuyo medio de vida no encontró lugar en dicho proceso. Las y los migrantes dejaron sus tierras en búsqueda de un trabajo o de un ingreso que el campo dejó de ofrecer. Así, se dio una explosión de colonias empobrecidas en las faldas de las ciudades –en particular, la Ciudad de México, la atracción magnética de la actividad política y económica– de las cuales la gran mayoría nacieron como asentamientos humanos irregulares. Como resultado, los municipios como Tultepec dejaron de ser zonas rurales para convertirse en áreas conurbadas.

En las periferias se encontró la posibilidad de contar con vivienda accesible para las personas que han venido a encontrar o han encontrado fuentes de empleo en las mismas (como en el caso de la pirotecnia), o bien, dependen de lo que provee la ciudad. Sin embargo, las comunidades de dichos municipios enfrentan mayores obstáculos en el acceso a los bienes y servicios públicos. Este es un proceso histórico que nuestras instituciones y la sociedad han naturalizado. La discrepancia en el actuar institucional y en la aplicación de los criterios legales que las obligan a proveer una infraestructura urbana básica es una de las diversas manifestaciones de la desigualdad y la pobreza que viven los habitantes de las periferias; la segregación implica su exclusión legal, social y geográfica.

Esperemos que este accidente conlleve a regular y proteger a quienes viven de la producción y el comercio de la pirotecnia. Pero también, para visibilizar las condiciones de los municipios periféricos, aquellas que hemos normalizado, que no son justas y que no son naturales a sus habitantes, sino que han sido construidas por el Estado y la sociedad, y que no hemos sido capaces de mejorar.

Jimena Suárez Ibarrola
Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley.


1 Ver Alejandro Portes, "La urbanización de América Latina en los años de crisis.", Las ciudades en conflicto. Una perspectiva latinoamericana (1989): 82-134, entre otros, como Gonzalo A. Saravi, “Mundos aislados: segregación urbana y desigualdad en la ciudad de Mexico”, Revista Eure, Vol. XXXIV, No 103, (2008): 93-110.

 

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