“No hay país en el mundo donde los actores políticos presenten tal cantidad de información y rindan cuentas de forma tan pormenorizada como en México”, afirmó, unas semanas después de la jornada electoral de 2016, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama.1

Aunque un mes antes de la jornada electoral el INE declaró que 82% de los candidatos no había registrado ni una sola operación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),2 en un artículo publicado el 1 de julio, Murayama celebró que, al cierre del Sistema, “95.2% de los candidatos presentó su informe de ingresos y gastos de campaña ante el INE”.

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Ilustración: Víctor Solís

En efecto, los partidos registraron casi 123 mil operaciones en el SIF, y el INE produjo 41 mil hojas de dictámenes y resoluciones como resultado de su revisión;3 sin embargo, un gran volumen de información no necesariamente se traduce en una eficaz rendición de cuentas, por lo que, antes de echar campanas al vuelo, habría que analizar la calidad de toda esta información y entender con precisión qué revela, qué oculta y, por qué no, a qué precio.

Desde hace años el alto costo de nuestra democracia se ha justificado por la necesidad de garantizar elecciones confiables, cuyo resultado sea aceptado por todos los contendientes. Sin oponerse a esta justificación, Luis Carlos Ugalde ha propuesto que “El costo de nuestra democracia debe evaluarse a la luz de tres objetivos: transparencia y legalidad en la organización de los comicios, equidad en la competencia y prevenir la influencia del dinero en la política y las campañas”.4

Tiene razón. Habría que añadir que la fiscalización, como parte del proceso electoral, debe contribuir también a estos tres objetivos. En primer lugar, a la transparencia y la legalidad, mediante la amenaza creíble de la fiscalización y la aplicación de sanciones que prevengan el desvío de recursos públicos y prácticas como el clientelismo; en segundo, contribuir a la equidad, al evitar y sancionar el rebase de topes de campaña; y finalmente, acotar la influencia del dinero privado al publicitar el origen de los recursos de cada candidato.

Desde la reforma político-electoral de 2014 el INE es responsable de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos en procesos tanto federales como locales. Para ejercer esta facultad desarrolló el SIF con un costo, hasta ahora, de 92 millones de pesos.5

En las elecciones locales de 2016 participaron ocho mil 271 candidatos. Según datos oficiales, 86.4% de ellos entregó su informe de campaña en tiempo, 8.7% lo entregó fuera del plazo legal y 4.8% no lo entregó. En total, se registraron 122 mil 938 operaciones de ingresos o gastos.

La cantidad de registros puede parecer impresionante, pero ¿qué hay de la calidad? Analizamos la información de 43 campañas: las de los candidatos del PRI, PAN, PRD y Morena (o las alianzas que incluyeron al menos a uno de estos partidos) a las 12 gubernaturas en disputa. De todos los puestos de elección popular éstas fueron las campañas más observadas, fiscalizadas y disputadas.

Un primer hallazgo es que, según sus propios reportes, los partidos gastaron más dinero del que ingresaron. De acuerdo con el SIF, recibieron 513.56 millones, pero gastaron 544.89. Una diferencia de 31 millones de pesos. La alianza PAN-PRD tiene un saldo negativo de 16.4 millones de pesos (13 de los cuales vienen de la campaña en Oaxaca); el PRI, de casi 6.5 millones; Morena presenta un déficit de 5.5 millones y el PRD de 3.1. El PAN, en las campañas en las que participó solo, presenta un saldo a favor de poco más de 400 mil pesos. Es decir, las cuentas no cuadran y no están claras ni las implicaciones ni las consecuencias de este desbalance.

Un segundo descubrimiento resulta de revisar la estructura de ingresos de las campañas. En promedio, 93% de los recursos provino de fuentes públicas y 7% de privadas. Sin embargo, la alianza PAN-PRD en Oaxaca reportó una menor proporción de ingresos públicos que privados (44%/56%) y la campaña del PRD en Puebla reportó una composición 67%/33%.

En tercer lugar, al observar a cuánto asciende y cómo se compone el gasto de una campaña, resulta que es imposible identificar una tendencia. Las diferencias en recursos erogados y en la composición de gastos por campaña no se explican por estado, por partido, ni por condición de competitividad de un candidato. Es decir, el gasto de una campaña, tal y como está reportado en el SIF, no se parece al de otra. Pareciera que cada campaña se diseña como un traje a la medida del candidato, con directrices mínimas del Comité Ejecutivo Nacional y sin responder a los gastos del contrincante. Difícil de creer.

Lo que sí es revelador es la enorme distancia entre el tope de campaña y el gasto reportado por los partidos en las elecciones de gobernador. Los topes de campaña para cada entidad federativa son distintos. Por ejemplo, en esta elección, el límite de gasto en Tamaulipas fue de 103.4 millones, mientras que en Quintana Roo fue de 4.4 millones. La suma de los topes de las 43 campañas aquí analizadas (12 contiendas y cuatro partidos principales) asciende a mil 774 millones que se pudieron haber gastado de acuerdo con la ley.

Resulta que, de esta bolsa total, los candidatos solamente gastaron 30.1%. La diferencia entre los mil 774 millones permitidos (gasto potencial) y los 544.8 millones reportados al INE como erogaciones (gasto real), es de mil 230 millones de pesos; recursos que, aparentemente, los partidos “dejaron sobre la mesa” (ver gráfica 1)

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¿Debió haberse gastado la totalidad de los mil 774 millones de pesos permitidos por la ley? Probablemente no. Es plausible que los partidos inviertan poco en aquellas campañas en las que tienen menos probabilidades de ganar. Tal es el caso de Morena en Tamaulipas, donde se reportó un gasto de 2% de lo permitido o del PRD en Aguascalientes que registró en el SIF gastos que ascienden a sólo 6% de lo autorizado.

Lo que sí es difícil creer es que la información del SIF efectivamente dé cuenta de lo que se gastó en las campañas. Si estos datos reflejaran efectivamente el impacto del dinero en las contiendas, querría decir que, en Tamaulipas, el candidato del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ganó con sólo 9.6 millones de pesos (9% del límite establecido), frente al candidato del PRI, Baltazar Hinojosa, que gastó más de 32 millones (30.9% del tope). Al candidato del PAN —el ganador— cada voto le habría costado 13 pesos y al del PRI 61.

Otro ejemplo. Una de las contiendas más cerradas, de las pocas con tres candidatos competitivos, se habría definido sin que nadie se acercara al tope de campaña. En Veracruz el PRI reportó gastos por 68.1% de lo que la ley le permitía, PAN-PRD por 44.8% y Morena por 6.9%. Cada voto le habría costado 64 pesos al PRI, 47 al PAN-PRD y siete a Morena. El primero obtuvo 33% de los votos, el segundo 38% y el tercero 29%. ¿De verdad Morena fue tan eficaz electoralmente habiendo gastado sólo 7% de lo permitido?

Hay muchos otros casos de cifras que son inverosímiles, pero basten éstos para afirmar que los datos agregados engañan si no vemos lo poco que representan del dinero que en verdad se mueve en una elección. Sobre todo, a la luz de estudios muy acuciosos que muestran que el costo real de las campañas excede, por mucho, los topes establecidos.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) e Integralia han estimado que una campaña para gobernador requiere entre 400 y 700 millones de pesos,6 cifra al menos 10 veces mayor al tope promedio de las 12 contiendas de 2016, que fue de 41.7 millones.

Incluso si la estimación del CEEY-Integralia fuera excesiva, existen razones para dudar que los partidos no se hayan acercado al tope de campaña, ni siquiera en aquellas elecciones más competidas. Sólo 11 campañas reportaron gastos de más de 50% de lo que su tope les permitía, mientras que 13 de ellas reportaron gastos de 10% o menos (ver gráfica 2).

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El INE realizó algunos intentos por verificar la información del SIF; por ejemplo, comparando el número de anuncios espectaculares reportados y los que se podían contar físicamente. Por primera vez solicitó información a Facebook sobre la publicidad contratada por candidatos en esta red social, lo que permitió detectar omisiones y aplicar sanciones. Sin embargo, las cifras finales del SIF ya incluyen los errores y omisiones detectados por la autoridad. Con todo, es ingenuo suponer que este tipo de mecanismos permitan detectar los mil 230 millones de pesos “ahorrados” por los partidos.

Más grave aún: existe una sospecha fundada de que hay un financiamiento invisible que no se declara. Incluso, se estima que “por cada peso de financiamiento público que se gasta en una campaña, hay tres pesos que no se ven ni se reportan”.7 No podemos confiar en que las campañas sean tan baratas como lo reportaron los partidos, tampoco podemos afirmar cuál es el peso que tiene el dinero en una elección, ni sabemos si los partidos han aprendido a gastar de manera más eficiente o si recaudan dinero privado más allá de lo permitido.

El consejero Benito Nacif afirmó que el SIF busca garantizar equidad, no detectar flujos financieros del crimen organizado,8 pero entonces la interrogante persiste: ¿podemos creer en un sistema que no refleja de manera confiable los ingresos y gastos de una campaña?

Si de contribuir a la transparencia y a la legalidad se trata, así como de prevenir la influencia indebida del dinero en la política y las campañas, el SIF tendría que darnos una fotografía del costo real de las campañas y la estructura de gastos que enfrenta un candidato. Con ello contribuiría a resolver, o al menos aminorar, uno de los principales problemas del sistema electoral: “el costo creciente de las campañas cuyo financiamiento requiere sumas cuantiosas de recursos líquidos que la mayor parte de las veces no se reporta a las autoridades electorales”.9

La conclusión es inevitable: si nuestra fuente de información más confiable (y costosa) es el SIF, entonces sabemos (casi) nada de las finanzas de las elecciones en México.

A menudo escuchamos afirmaciones como las que inician este artículo: “no hay otro país en el mundo que…”. Afirmaciones como ésta nos llevan a pensar en tres escenarios: a. Efectivamente, México está a la vanguardia; b. Se trata de una mala idea y otros países ya la desecharon o ni siquiera la consideraron. c. Es una ilusión y México no tiene lo que cree. Cuando la expresión “no hay otro país en el mundo que…” se usa para aplaudir las prácticas de rendición de cuentas de los actores políticos, hay aún más razones para ser escépticos.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, revela la otra cara de la moneda al advertir que “el INE puede contar con el mejor sistema de fiscalización que se haya construido en el mundo, pero si los partidos políticos no lo utilizan […] está destinado al fracaso”.10

¿Lo que falta entonces es que el propio INE investigue cómo es posible que deje de gastarse 70% de lo permitido por los topes de campaña?, ¿o significa, más bien, que si los candidatos sólo gastan el 30%, los topes son excesivos?, o ¿que el SIF no está cumpliendo sus propósitos?

La amenaza de la fiscalización no es muy creíble con miras a 2018. No parece que sea cuestión de seguir ajustando el SIF, ya que los partidos no denunciaron problemas operativos para el registro de sus operaciones. Tampoco parece que haga falta endurecer la regulación, pues desde 2014 se estableció que rebasar los topes de campaña puede ser causa de nulidad de la elección.

Sigamos buscando la cuadratura al círculo. Mientras tanto, seamos conscientes de nuestras limitaciones: en materia de fiscalización de campañas México está lejos de ser un ejemplo para el mundo.

 

Referencias

Centro de Estudios Espinosa Yglesias e Integralia Consultores, “Fortalezas y debilidades del Sistema Político Mexicano (2000-2012). Ideas para una nueva Reforma Electoral”, México, D.F., 2013.

García, Carina, “INE invierte 92 mdp en módulo de transparencia”, El Universal, 19 de julio de 2016.

Instituto Nacional Electoral, Sala de prensa, 4 de mayo de 2016. http://bit.ly/2g2oG85 (último acceso: 31 de agosto de 2016).

Murayama, Ciro, “Campañas 2016: rendición de cuentas in extremis”, El Universal, 1 de julio de 2016.

“Dinero y campañas: la fiscalización 2016”, Milenio, 15 de julio de 2016.

Ugalde, Luis Carlos, “¿Por qué más democracia significa más corrupción?”, nexos, febrero de 2015.

“Democracia a precio alzado”, nexos, agosto de 2015.

 

Janet de Luna
Investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Egresada del CIDE y maestra por la Universidad de Chicago. Especialista en planeación estratégica y gestión de proyectos.


1 El Universal, 1 de julio de 2016.

2 Boletín de prensa, 4 de mayo de 2016.

3 Milenio, 15 de julio de 2016.

4 nexos, agosto de 2015.

5 El Universal, 19 de julio de 2016.

6 Centro de Estudios Espinosa Yglesias e Integralia Consultores, 2013

7 nexos, febrero de 2015.

8 El Universal, 19 de julio de 2016.

9 Ídem.

10 Sala de prensa, INE; 4 de mayo de 2016.

 

Un comentario en “Elecciones: Dinero suelto

  1. Muy buen artículo, claro y preciso, buena crítica en contra del INE y los Partidos Políticos, pero tambien hay que hacérsela al ciudadano para que despierte y exija más transparencia en los procesos electorales, sobre todo en gastos que es donde la situación está más compleja. me agrada la felicito.