Todas las encuestas nacionales destacan que la reforma educativa es la de mayor visibilidad y la mejor valorada en México. Google arroja un millón 760 mil entradas, varias veces más que las otras reformas promovidas por la actual administración. Los medios de la Ciudad de México se ocupan cotidianamente de ella y los diarios extranjeros más influyentes —The New York Times, Financial Times, The Economist o El País— han reportado su evolución. Y muchos ciudadanos han padecido los daños provocados por sus opositores en cuatro estados del país y la Ciudad de México. ¿Por qué se ha producido toda esta atención? El reciente libro de Gilberto Guevara Niebla, Poder para el maestro, poder para la escuela. La reforma educativa 2013 (Cal y arena, 2016), probablemente ofrezca una respuesta ordenada, racional y fundada a esa pregunta clave.

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Ilustración: Ricardo Figueroa

En el trabajo de Guevara Niebla son tales la pertinencia, la precisión, la claridad y la relevancia con que aborda las críticas, las realidades, los problemas y los dilemas de la reforma educativa iniciada en estos años que es imposible negar que se trata de un libro sólido, bien logrado, provocativo y estimulante a la vez. Y, por consecuencia, es un libro que conviene leer con detenimiento para entender una política pública que ha alcanzado la máxima visibilidad pero, desafortunadamente, una pobre comprensión de sus objetivos centrales y sus complejidades políticas, institucionales y técnicas. Guevara Niebla contribuye de manera notable a subsanar este grave vacío, y es importante examinar por qué.

Desde que publicó La catástrofe silenciosa (FCE, 1992) Guevara Niebla anticipó la necesidad de cambios y reformas que nunca encontraron eco en la tribuna pública ni la suficiente voluntad política y capacidad institucional para emprenderlos. Su investigación dejó claro que “los niños no aprendían lo que debían aprender y los maestros no enseñaban lo que debían enseñar, pero nadie se quejaba ni la educación era materia de preocupación pública”.

Pues bien, hoy esta reforma ha cobrado una relevancia central —y por consecuencia mayor discusión— de  modo que este texto servirá para entender mejor lo que sí es esta reforma y desmontar lo que no. Por supuesto, como el autor reitera en varias partes del libro, hacer ese ejercicio analítico —y, en el fondo, moral— requiere de elementos racionales, juiciosos, informados, objetivos y abiertos, de suerte que produzca un debate inteligente y civilizado, algo que hoy brilla por su ausencia aún entre una porción de la comunidad académica especializada, en otros tiempos más dada a las ideas y la reflexión que a la ocurrencia, la descalificación y las frases publicitarias.1

El libro presenta una visión equilibrada de las particularidades de una reforma de este tipo y enfrenta los abundantes clichés —y todo cliché, además de aburrido, es profundamente reaccionario— que se han acuñado en su contra de manera que es válido concluir que tales calificativos no son sino la máscara con que se oculta una evidencia descrita por Guevara Niebla: la reforma rompió de una manera drástica las relaciones de poder que hicieron de la educación mexicana una zona de desastre.

En la lógica de Guevara, “ninguna reforma avanza sobre alfombras de terciopelo: todo cambio saca a las personas de su zona de confort [y]… el mayor radicalismo se manifiesta entre los trabajadores que se encuentran en posiciones laborales más vulnerables (los comisionados, los que compraron su plaza, quienes carecían de formación profesional, los aviadores, los que por distintas circunstancias no cumplían con su trabajo, quienes trabajan en zonas de mayor degradación moral, los caciques locales que se beneficiaban con el viejo orden, etcétera)”. Y tiene razón.

Digamos las cosas como son con los casos de Oaxaca y Chiapas. Las opiniones políticamente correctas insisten en buscar por el lado emocional las justificaciones a los problemas históricos de ambos estados pero suele dejarse de lado que éstos son la herencia de arreglos políticos pervertidos por décadas, de los enormes grados de improductividad e ineficiencia en el manejo de sus economías y de la visión cortoplacista con que se ha abordado la mayoría de las políticas públicas locales. Por ende, en la combinación perversa de estas variables radica en buena medida la explicación del conflicto que por décadas, y particularmente la última, ha asolado a esas entidades y que, peor todavía, creó incentivos perversos para encontrar una solución seria, estable y de largo plazo.

Recordemos los orígenes. Como es usual desde 1979, hace 10 años la Sección 22 del magisterio de Oaxaca inició sus movilizaciones para exigir al gobierno local aumentos salariales adicionales a los concedidos por el gobierno. En esa ocasión el incendio fue debidamente atizado por actores sindicales a fin de contribuir a desestabilizar y la cerilla cayó en la tierra yerma de la disolvencia institucional que ha vivido Oaxaca y que incluye el prolongado activismo de delincuentes que han sido, de una u otra forma, auspiciados, alentados, financiados o tolerados por autoridades, grupos políticos y, ahora, hasta asesores académicos.

La mezcla de esos ingredientes dio por resultado que el movimiento rebasara todo límite institucional y político, y que el debilitamiento de la autoridad en turno, el miedo de la pasada administración federal y el oportunismo de algunos partidos y legisladores concurrieran en las peores alternativas. El saldo fue, con toda claridad, una lesión de la mayor gravedad al ya maltrecho Estado de derecho y a la vida institucional de Oaxaca y, en cierto modo, del sur-sureste del país.

De ese modus operandi deriva que hoy Oaxaca o Chiapas tengan una tasa de analfabetismo de 16% mientras que la media nacional es ligeramente superior a 5%, que la tasa de reprobación en primaria sea tres veces más alta que en el resto del país, que el grado promedio de escolaridad sea apenas de 7.5 años cuando el promedio nacional es casi dos años mayor o que los logros de aprendizaje de los niños oaxaqueños o chiapanecos, según las pruebas PLANEA Básica, se ubiquen en el nivel más bajo, lo que significa que entre 80% y 97% de los niños muestran un dominio insuficiente de los aprendizajes clave del currículo. Ese es, entre otros, el saldo puro y duro de los intereses que capturaron la educación local.

Quienes se oponen a la reforma en realidad intentan elaborar un discurso que defiende la colonización educativa del pasado o, en el mejor de los casos, una agenda electoral y política que no se atreve a decir su nombre y a la que le vienen bien, diría Lenin, sus tontos útiles. Un ejemplo relevante: se dice con alegre deshonestidad intelectual y política que la evaluación docente es “punitiva”, cuando lo que en realidad se busca, sostiene Guevara Niebla, es que “sólo quienes tengan vocación, voluntad y competencia para enseñar puedan seguir en el aula. Los que no cumplan estos requisitos no pueden —no deben— seguir enseñando. Parece ser una regla draconiana. Lo es. Lo que sustenta esta regla es la superioridad ética del derecho a la educación de los niños. Es decir, no es moralmente aceptable que otro derecho se coloque por encima del derecho de los infantes”.

Un segundo elemento importante en el trabajo de Guevara tiene que ver con eso que llama, con cierto sentido del humor, la “pedagogía de la protesta”. Por las razones históricas que el propio autor explica en su libro, una reforma de esta naturaleza y alcances provocaría resistencias y un nivel de conflictividad regional, y ello, visto con franqueza, es políticamente saludable en tanto exhibe con crudeza los vicios que esa protesta encarna y los intereses que defiende. Y no deja de ser una brutal paradoja que esa pedagogía revele precisamente todo lo contrario a lo que Juan Delval llama “los fines de la educación”. Escribe Guevara: “Se trata de una protesta elemental, sin discurso coherente, con pocas ideas, cargada de emotividad y de acusaciones y consignas llenas de coraje e indignación contra el gobierno… La protesta es una escuela de resentimiento social, sin perspectiva racional alguna”. En suma, esa oposición simboliza, en términos de valores, todo aquello que la escuela no debiera enseñar.

Finalmente, los retos y desafíos que la reforma plantea para construir la nueva gobernanza del sistema educativo nacional, en particular en los niveles estatales, un aspecto que Guevara Niebla toca de manera breve, no es una asignatura menor en su instrumentación eficaz.

Pongamos las cosas de la siguiente manera. Desde el acuerdo para la descentralización de 1992 es la primera reforma educativa que ofrece áreas de corresponsabilidad y obligaciones no sólo para que las autoridades federales y estatales cumplan con lo que dicen la Constitución y las leyes reglamentarias en materia de ingreso, permanencia y promoción en el servicio público docente, de transparencia en el gasto educativo o de promoción de programas dirigidos a la equidad y la calidad; sobre todo abre también posibilidades inéditas para mejorar sustancialmente la educación en los estados y, con ello, las opciones para un desarrollo humano de gran calado. Dicho de otra forma: la reforma educativa avanzará de manera más robusta y sostenida en  la medida en que haya un compromiso y un involucramiento mayores por parte de todos.

Esa es, precisamente, una de las razones, aunque no la única, por las cuales se promovió  la reforma educativa: romper vicios, apoyar a los maestros genuinamente responsables y decentes, ofrecer una educación de calidad, tener mejores escuelas y darles a los niños una herramienta fundamental para que vivan mejor, en especial los más pobres y marginados.

El libro de Gilberto Guevara Niebla es una apuesta moral en favor de la racionalidad, la inteligencia, la discusión sensata y civilizada. Desde luego, como advierte el autor, “quien se opone a la reforma por principio, es decir, por convicción, por creencia, por ideología, jamás se convencerá de sus virtudes. Ante la fe y el dogmatismo cualquier acto de persuasión fracasa”.

Estoy seguro, sin embargo, de que este libro derrotará su propia admonición.

 

Otto Granados
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP.