Desde su elección en marzo de 2013, el papa Francisco ha sorprendido a propios y extraños con declaraciones y gestos que sugieren un cambio de prioridades en la agenda global de la iglesia católica, así como el comienzo de una nueva “reforma” al interior de la misma. Como casi todas las reformas en la historia del catolicismo, la franciscana obedece a un contexto de grave crisis institucional y en esa medida tiene por objetivo central purgar a la Iglesia de los vicios y prácticas que hoy le impiden llevar a cabo adecuadamente su misión evangélica, enfermedades que el propio Francisco ha englobado bajo términos como la “mundanidad”, el “clericalismo” y el “Alzheimer espiritual”. Así, hemos visto a un pontífice que, además de insistir en problemas sociales como el desamparo a los migrantes, la desigualdad, la corrupción y el cambio climático, ha dirigido buena parte de sus esfuerzos a emprender una reforma de la Curia romana —el gobierno central de la iglesia católica—, tarea difícil en la que fracasaron varios de sus predecesores a lo largo de los siglos. Francisco sabe, al igual que muchos observadores de dentro y fuera de la Iglesia, que la concentración de poder en ciertas figuras y organismos del Vaticano es una de las principales causas de los escándalos que han sacudido al catolicismo en las últimas décadas.

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Ilustración: Víctor Solís

Si bien las prioridades en el discurso de Francisco responden a circunstancias de nuestro presente, su programa de reforma institucional no es precisamente nuevo. Podría decirse que, en el fondo, lo que pretende Francisco es volver a uno de los principios fundamentales del Concilio Vaticano II: la “colegialidad” como remedio y contrapeso a la excesiva centralización de la Iglesia durante los últimos 150 años. Dicho de manera simple, la “colegialidad” significa que las conferencias episcopales y los obispos de las iglesias particulares no son meros ejecutores de decisiones tomadas en Roma, pues el “colegio de los obispos” es también un actor central en el gobierno de la Iglesia universal y su protagonismo es indispensable para que la Iglesia adapte su mensaje a las realidades concretas de los fieles. En los hechos, equilibrar la colegialidad episcopal con la primacía del papado no ha sido un reto fácil de resolver, cosa que el mismo Francisco pudo comprobar durante el reciente “Sínodo sobre la familia”, en el que su propuesta de abordar la situación de las parejas divorciadas con una mayor sensibilidad pastoral se estrelló con la oposición —por momentos pública y airada— de varios prelados muy influyentes. Sin embargo, Francisco ha insistido en esa ruta y eso le ha llevado al que, a mi juicio, es el problema central de su pontificado: ¿cómo se puede emprender una verdadera reforma dando mayor peso a obispos que no necesariamente comparten su diagnóstico de la crisis actual?

En el caso mexicano todo indica que este problema es particularmente agudo, cosa que explicaría el inusitado regaño público que recibieron los obispos durante la reciente visita pastoral del Papa a nuestro país. Como reportó abundantemente la prensa, el papa Francisco exhortó al Episcopado mexicano a no tener “miedo a la transparencia”, a no dejarse corromper por “los acuerdos debajo de la mesa” y los “vacíos planes de hegemonía”, a no poner su fe en “los carros y caballos de los faraones actuales” y, sobre todo, a no dar “viejas respuestas a las nuevas demandas” de la sociedad. En un momento dado, y habiendo censurado ya la afición de los obispos a perder el tiempo en “habladurías e intrigas”, el Papa se salió del texto que llevaba preparado y los llamó bruscamente a no alimentar divisiones que pusieran en riesgo la “unidad del cuerpo episcopal”: “si tienen que pelearse, peléense, si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, si se pasaron de la raya”. No tengo memoria de una amonestación pública tan severa a los obispos mexicanos, y creo ello no obedece solamente al temperamento argentino del papa Francisco.

A decir verdad, es muy difícil predecir qué tan receptivo será el Episcopado mexicano a los exhortos del Papa y, en general, a la agenda de prioridades abanderada por Francisco. ¿Veremos en México a obispos comprometidos en la lucha contra el cambio climático, denunciando “proféticamente” a las mafias del narcotráfico y a sus protectores en las más altas esferas del poder, renunciando a celebrar acuerdos subterráneos con los gobernadores, y transparentando la administración de sus diócesis? Podría pensarse que la Iglesia es una institución rígidamente jerárquica y que los obispos actuarán como soldados a la orden de su general (o que al menos fingirán hacerlo), pero lo cierto es que el Episcopado cuenta con un margen de acción considerable y que no todos sus miembros pondrán manos a la obra con el mismo entusiasmo y celeridad. En términos muy generales, es posible suscribir la visión dominante en la opinión pública respecto al carácter mayoritariamente “conservador” del Episcopado, pero me parece necesario matizar mucho esta imagen y advertir todo lo que nos falta por saber. Antes de lanzarnos a opinar sobre los retos de la Iglesia mexicana, es necesario conocerla un poco y darnos cuenta de las múltiples variables que están en juego. El tema es más complejo de lo que parece.

Institucionalmente hablando, la iglesia católica en México está conformada por 18 grandes provincias eclesiásticas (Acapulco, Antequera-Oaxaca, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Hermosillo, León, México, Monterrey, Morelia, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana, Tlalnepantla, Tulancingo, Tuxtla Gutiérrez, Xalapa y Yucatán), cada una de las cuales, a su vez, está integrada por una arquidiócesis metropolitana y un número de diócesis sufragáneas, cuyo total nacional suma 70 (sin contar cinco “prelaturas territoriales”, como la de mixes y el Nayar, y las dos “eparquías” para la minoría de católicos de rito oriental en México). Y cada una de estas diócesis, por último, está compuesta por un número de vicarías episcopales y parroquias, estructuras diocesanas que coexisten con toda clase de agrupaciones y movimientos de laicos, así como con jurisdicciones propias del “clero regular” (las órdenes religiosas, como los jesuitas y los franciscanos, que tienen una organización propia). Evidentemente, cada una de estas provincias y diócesis tiene rasgos y desafíos particulares, en función de factores como la historia y las tradiciones locales, la composición demográfica de su feligresía, la presencia del crimen organizado, la pluralidad u homogeneidad del orden político regional, la orografía y la infraestructura de comunicaciones, su grado de cercanía con las fronteras nacionales o con los centros de poder político y eclesiástico, etcétera. Para decirlo brevemente, la situación de la iglesia católica no es igual en Iztapalapa que en Lagos de Moreno, Nogales o San Cristóbal de las Casas.

¿Cuál es el papel de los obispos al interior de esta Iglesia tan compleja, numerosa y diversa? La densa red de circunscripciones territoriales que acabo de describir está gobernada por un número equivalente de obispos, entre cuyas tareas me atrevo a destacar la de vigilar la doctrina que se imparte a los fieles, así como el acompañamiento y eventual corrección de sus presbíteros. Aunque puedan parecer figuras chocantes, dignas de mural de Diego Rivera, los arzobispos y los obispos no son meros “burócratas”, ni tampoco pasan la totalidad de su tiempo grillando en los pasillos del poder. Para bien y para mal, estos personajes son un eje articulador de la vida eclesial en sus respectivos territorios y por lo tanto su labor efectiva puede ser decisiva a la hora de implementar las grandes directrices de la Iglesia universal. No todos los obispos son iguales, ni tampoco recurren a los mismos medios, ni comparten siempre las mismas prioridades. Ni siquiera es posible afirmar que todos apoyan con la misma solicitud los acuerdos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es la asamblea de todos los obispos del país. Habrá obispos más o menos preocupados por la formación de sus sacerdotes, más o menos capaces de negociar una convivencia provechosa con los poderes civiles, más o menos hábiles para influir en los medios masivos de comunicación, más o menos conscientes de la importancia de promover empresas culturales y conservar su patrimonio histórico, y también más o menos dispuestos a investigar acusaciones graves y disciplinar a sacerdotes y fieles que gozan de un poder fáctico.

Justamente por la importancia que tiene el Episcopado en la vida de la iglesia católica, resulta indispensable saber más sobre cada uno de los obispos. En la discusión pública, sin embargo, sólo se presta atención a un puñado de nombres, como Raúl Vera, Onésimo Cepeda, Juan Sandoval Íñiguez o Norberto Rivera, de quienes se destaca sobre todo su filiación política. En relación con esto, a los obispos se les suele ubicar en categorías demasiado amplias, como “progresistas” o “conservadores”, las cuales tienen muy poca sustancia en la realidad (un mismo obispo puede ser conservador en temas de género, progresista en temas de migración, auxiliado por legionarios y simpatizante de los jesuitas). Para poder hacer una radiografía de la Iglesia mexicana a partir de sus obispos, entonces necesitaríamos primero contar con una verdadera sociología del clero mexicano y, sobre todo, con estudios de carácter prosopográfico y etnográfico sobre sus orígenes, formación y trayectoria, así como sobre las facciones y “clubes” informales a las que pertenecen. Hay que ubicar con precisión los estados de donde provienen, distinguir cuándo y en qué seminarios y universidades estudiaron, saber algo sobre su desempeño en los distintos cargos que ocuparon a lo largo de su carrera y averiguar lo más que se pueda sobre sus vínculos con distintas personalidades y estructuras tanto dentro como fuera de la Iglesia.1

Considerando que los estudios disponibles no proporcionan suficiente información como para llegar a conclusiones indudables sobre el grado de cercanía del Episcopado mexicano con la agenda y el programa de reforma eclesial del papa Francisco, quisiera proponer una vía sencilla pero creo que efectiva para encontrar un posible patrón en la conducta y discurso de los obispos mexicanos: su pertenencia a bloques definidos por el pontificado durante el cual se realizó su nombramiento. Como es bien sabido, desde 1859 el nombramiento de los obispos mexicanos ha corrido a cuenta exclusiva de la Santa Sede, cosa que en términos históricos es relativamente novedosa. Hoy en día, de hecho, los actores decisivos en el nombramiento de los obispos son los nuncios apostólicos, pues ellos tienen a su cargo la elaboración de las ternas de candidatos para ocupar las diócesis de cada país, ternas basadas, por lo general, en la información obtenida a través de consultas con otros obispos y notables del clero. Son esas ternas las que se someten a consideración de la Congregación de los Obispos en Roma y de las que finalmente saldrá el candidato escogido por el Papa. Evidentemente, además de cabildeos, favores y recomendaciones, y de los atributos personalísimos de cada candidato, uno de los criterios fundamentales para recomendar la elección de un determinado presbítero es su afinidad con las líneas generales de cada pontificado: ¿qué tanto comulga públicamente con las directrices de Roma? ¿Se ajusta al perfil de obispo que, a juicio del Papa, requiere la Iglesia en un momento determinado?

Si nos atenemos a este criterio, y al hecho de que los obispos suelen durar en su cargo hasta los 75 años, momento en que el Código de Derecho Canónico les pide que presenten su renuncia, me parece que podemos ubicar tres grandes bloques en el Episcopado mexicano, correspondientes a los tres pontificados de los últimos 37 años: el de Juan Pablo II (1978-2005), que estuvo marcado por el miedo a la expansión del comunismo soviético, la apuesta por el centralismo y la disciplina frente a la confusión de los años posconciliares y, sobre todo, la condena de la revolución sexual de los años sesenta y setenta; el de Benedicto XVI (2005-2013), quien se enfrentó a poderosos intereses creados durante los últimos años de su antecesor pero que también mantuvo varias prioridades del mismo, particularmente la promoción del derecho a la libertad religiosa y del diálogo entre razón y fe; y por último el de Francisco, que tampoco ha roto completamente con el legado de Juan Pablo II, pero que ha insistido más en el “acercamiento a las periferias” geográficas y existenciales, y en la crítica constante de la Iglesia triunfalista, mundana y “autorreferencial”. Viendo las cosas bajo esta óptica, es claro que la Iglesia mexicana sigue siendo gobernada por los obispos de Juan Pablo II, como se puede apreciar en la tabla.

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Aunque simple, este dato es importante porque nos ayuda a vislumbrar algunas de las líneas de fractura al interior del Episcopado —como la distancia entre Alberto Suárez Inda, el único prelado mexicano distinguido con el capelo cardenalicio en este pontificado, y Norberto Rivera, cuyos años de gloria terminaron con la muerte de Juan Pablo II—, así como la lenta asimilación del mensaje de Francisco en la Iglesia mexicana: el Papa no se siente en casa entre los obispos mexicanos porque la mayor parte del Episcopado entiende todavía su misión bajo las coordenadas de otro momento histórico. Si tomamos en cuenta que la mayoría de nuestros obispos fueron escogidos, entre otras razones, por su hostilidad a la Teología de la Liberación, su adaptabilidad al modelo de relaciones Iglesia-Estado establecido en 1992, y su entusiasmo a la hora de condenar el uso de anticonceptivos, el aborto, el divorcio y las parejas del mismo sexo, es claro que la primavera católica anunciada por Francisco tardará varios años más en llegar a nuestro país. La propia biografía de Francisco —y la de Benedicto XVI— es prueba de que origen no es destino, y de que las personas y las prioridades eclesiales pueden cambiar en el tiempo. Sin embargo, y sin cerrar la puerta a milagros inesperados, lo que aconseja la experiencia es guardar una prudente reserva y esperar a que el reemplazo generacional logre lo que Francisco probablemente nunca podrá ver en México: una Iglesia de la misericordia, “pobre y para los pobres”.

 

Pablo Mijangos y González
Profesor-investigador de la División de Historia del CIDE.


1 El mejor estudio sociológico sobre la iglesia católica en el México contemporáneo es el de Roderic Ai Camp, Cruce de espadas. Política y religión en México (Siglo XXI editores, 1998). Cabe advertir, sin embargo, que esta obra cubre únicamente los años comprendidos entre la década de los setenta y la normalización de las relaciones Iglesia-Estado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

 

2 comentarios en “Francisco y los obispos mexicanos

  1. Felicito muchísimo a Nexos por tener editorialistas tan agudos. Fascinante la exposición analítica de Mijangos.

  2. Estupendo análisis, profunda reflexión y derroteros varios trazados. Una calurosa felicitación a su autor y a la revista