En México los procesos de extradición están legislados en más de un instrumento. La decisión última, sin embargo, es política, no legal. Así lo demuestra este inventario de episodios, enmarcados por una relación tirante con Estados Unidos y resueltos indefectiblemente a puerta cerrada

En 1861 Estados Unidos celebraba su año 86 como país independiente. México, que en ese entonces reconocía 1821 como su aniversario oficial, celebraba 40. Ambos países se encontraban en medio de tiempos turbulentos. En Estados Unidos iniciaba la guerra civil entre el norte y el sur, en México terminaba la guerra de Reforma y comenzaba la invasión francesa.

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Ilustraciones: Patricio Betteo

La guerra entre Estados Unidos y México había terminado décadas antes y los gobiernos normalizaban relaciones tras la ruptura durante la guerra de Reforma. Abraham Lincoln, recién elegido presidente, acababa de nombrar al diputado Thomas Corwin como “ministro plenipotenciario” en México, encargado de representar a su país frente al gobierno de Benito Juárez.

La línea divisoria entre los países se había desplazado durante los últimos años, pero aun así varios de los territorios fronterizos eran tierra de nadie. Los forajidos podían cruzar de un lado a otro sin mayor repercusión. En caso de que un gobierno buscara que un perseguido regresase, lo único que podía hacer era pedir un favor al otro o recurrir a medidas no sancionadas por la ley. No existía un medio legal para repatriar al reo fugado, por lo que gobiernos como el de Texas pagaban a cazarrecompensas por cruzar la frontera y recapturar, entre otros, a esclavos que habían escapado. Uno de los pocos acuerdos oficiales entre ambos países permitía el cruce de fuerzas armadas al otro lado de la frontera sólo en el caso de la “persecución de indios salvajes”.1

Fue el miércoles 11 de diciembre cuando Corwin se reunió con Sebastián Lerdo de Tejada, entonces diputado del Congreso de la Unión. Ambos firmaron el primer tratado de extradición entre México y Estados Unidos. El tratado contenía ocho artículos, de los cuales tres tenían provisiones específicas para los territorios fronterizos. El texto era claro: no permitía la extradición de prisioneros políticos, y por primera vez prohibía la persecución de esclavos fugitivos o de personas enjuiciadas bajo estatus de esclavo, ya que en México la esclavitud se había abolido en 1824. Tampoco permitía extraditar a connacionales: si un mexicano o estadunidense cometía un delito del otro lado de la frontera y regresaba a su país, el gobierno no estaba obligado a devolverlo. El tratado señalaba que las peticiones de extradición se tenían que hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de México o del Departamento de Estado de Estados Unidos. Quizás el punto más conflictivo era que, dentro del listado de delitos en el artículo tercero, algunos se definían explícitamente y otros no.2

Ese primer acuerdo fue remplazado por otro a finales de siglo (1899), bajo las presidencias de Porfirio Díaz y William McKinley. El nuevo texto agregaba un artículo importante y que se mantiene al día de hoy: un gobierno es capaz de extraditar a sus connacionales a discreción del Ejecutivo. El segundo tratado, a su vez, fue remplazado por el actual: el de 1978.3 Asimismo, existe una ley de 1975, la Ley de extradición internacional, que establece los mecanismos para extraditar de México al resto del mundo.4 En total México tiene 34 tratados de extradición vigentes con otros países, la mayoría de ellos americanos. El más reciente es con Cuba, firmado en 2013, promulgado en abril de 2015 y que remplazó al tratado de 1925.5

 

Los procesos de extradición, pese a estar legislados en más de un instrumento, dependen, en gran medida, de la discrecionalidad de los integrantes de los gobiernos que intervienen en ellos. En las extradiciones desde México, sea extranjera o connacional la persona sujeta a proceso, la decisión última es política, no legal. Cuando un gobierno extranjero solicita la extradición, el gobierno mexicano debe evaluar varios elementos: si las pruebas presentadas para acreditar que la persona en cuestión cometió el delito son sólidas; si el país al que se piensa extraditar no absolverá a la persona y le dará trato preferencial o, al contrario, trato injusto; en caso de estar sujeto a proceso en México que los actos concretos por los que se le busque extraditar sean distintos a aquellos por los que es procesado en nuestro país, entre otros. El gobierno también debe determinar que los datos de la persona que se pide extraditar correspondan al individuo detenido por las autoridades locales. Tal es el caso de Osvaldo Sauceda Guerra. Estados Unidos pidió la extradición de una persona con ese nombre en 2009 por presuntamente lavar dinero. El gobierno mexicano solicitó a la entonces juez federal Verónica Judith Sánchez que permitiera extraditar a alguien llamado Osvaldo Guerra Sauceda. La juez liberó a Guerra Sauceda por considerar que no se trataba de la misma persona.6

Además de esto, el gobierno pide una opinión —no vinculante— a un juez de Distrito sobre si la extradición procede o no.

Sin embargo, la decisión última termina por hacerse a puerta cerrada, sin conocimiento público de los motivos por los cuales se aprueba o niega la extradición. Esto es todavía más opaco en el proceso de extradición de connacionales: la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Procuraduría General de la República, y en última instancia con la presidencia, pueden decidir con independencia de lo que opine el juez. La extradición termina por ser más un instrumento de política pública que un mecanismo legal; los motivos para otorgarla o negarla dependen en exclusiva del gobierno en turno y su política criminal.

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El único mecanismo legal en el que el posible extraditado puede influir en el proceso —dejando de lado el intercambio de información o la colaboración con el gobierno— es a través del juicio de amparo. Ahí sí existe una determinación legal vinculante: si el juez otorga un amparo contra la extradición, el gobierno no tiene derecho a llevarla a cabo. Aun así, siempre existen medidas extralegales para sustraer a alguien sin respetar las leyes locales: como en los casos de Morton Sobell, un estadunidense que trabajaba como espía para la Unión Soviética durante la Guerra Fría y que huyó a la ciudad de México en 1950, y del mexicano Humberto Álvarez Machain, acusado por Estados Unidos de participar en el homicidio de Enrique Kiki Camarena en 1985.

Sobell, ingeniero eléctrico de profesión, trabajó para la Oficina de Artillería de la Marina estadunidense y fue reclutado como espía en 1944, un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaba a quedar claro que Estados Unidos y la Unión Soviética serían enemigos futuros. Para 1950 trabajaba en General Electric y tenía acceso a los procesos de desarrollo de radares que llevaba a cabo la compañía. Ese año el gobierno de Estados Unidos detuvo a Harry Gold y a David Greenglass, otros dos espías, quienes confesaron trabajar con Sobell.

Sobell, implicado en el crimen por Gold y Greenglass, logró huir a la ciudad de México en junio del mismo año, junto con su esposa y dos hijos. El 16 de agosto tres hombres con armas ingresaron a su casa. Según relata él mismo, “no me preguntaron quién era, no me dijeron qué querían… no contestaban, salvo una acusación vaga de que había robado 15 millones de dólares de un banco en Acapulco…”.7 Fue golpeado y llevado a la frontera con Estados Unidos, donde los hombres armados lo entregaron al FBI. Al día de hoy, el FBI sostiene que fueron las autoridades mexicanas quienes entregaron a Sobell al gobierno.8 En México se especula que fue la Dirección Federal de Seguridad.9 A pesar de que el tratado de extradición de 1899 seguía vigente, fue ignorado por las autoridades, ya que el espionaje es un delito político, que no permite extradición. Sobell fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de “conspiración para cometer espionaje”. Fue liberado al cumplir 18 años de la sentencia.

Álvarez Machain, un médico mexicano residente de Guadalajara, fue acusado de participar en la tortura y homicidio de Enrique Kiki Camarena, un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) que trabajaba en México. Según las acusaciones del gobierno estadunidense, ayudó a mantener vivo a Camarena mientras miembros del Cártel de Guadalajara lo torturaban. Aunque en un inicio el gobierno mexicano accedió a extraditar a Álvarez para que enfrentara el proceso en Estados Unidos, las negociaciones se cayeron de último minuto cuando los funcionarios mexicanos pidieron un pago por adelantado de 50 mil dólares para transportarlo a la frontera. Estados Unidos canceló la petición y en su lugar contrató a un grupo de cazarrecompensas para secuestrar a Álvarez Machain. El grupo, conformado por entre cinco y seis hombres armados, secuestró al médico en su consultorio, le administró toques eléctricos en los pies, lo sedó y lo subió a un avión con destino a El Paso, donde agentes federales estadunidenses lo arrestaron al aterrizar.10 Al enterarse de lo sucedido, el gobierno mexicano protestó airadamente, pero Estados Unidos se rehusó a regresar al médico.

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, que votó 6-3 a favor de que Álvarez Machain fuese enjuiciado a pesar de su detención ilegal ya que, en su opinión, el tratado de extradición entre ambos países no tenía una prohibición explícita de secuestro de la persona que se buscaba enjuiciar.11 El juicio en su contra inició en 1992, y no pasó de la primera etapa, pues el juez de Distrito dijo que el caso se basaba en “sospechas y nada de pruebas”.12 Álvarez Machain fue repatriado a México ese mismo año; en 1993 buscó demandar al gobierno estadunidense por haberlo secuestrado, pero el caso fue desechado.13

 

En tiempos recientes el proceso de extradición entre México y Estados Unidos ha tenido su principal cauce en el narcotráfico. Cientos de mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos para cumplir sentencias allá. El pico se dio durante la presidencia de Felipe Calderón cuando, tan sólo en 2012, 115 personas —no todas ellas mexicanas— fueron enviadas a Estados Unidos.14 A lo largo de la presidencia de Enrique Peña Nieto el número ha bajado considerablemente: según las cifras disponibles a octubre de 2015, sólo 49 personas habían sido extraditadas durante el último año, 58% menos que hace tres.15 En total, de 1994 a 2014, México extraditó a 350 personas a Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico.16

De los múltiples narcotraficantes extraditados vale la pena hablar de dos casos en concreto para entender algo clave: aunque en papel la extradición es algo simple, el proceso puede ser tan complicado como turbio.

Juan García Ábrego, sobrino del legendario contrabandista Juan Nepomuceno Guerra, Don Juan, y responsable de lo que hoy conocemos como el Cártel del Golfo (CDG), fue detenido el 14 de enero de 1996, en un operativo en Villa de Juárez, Nuevo León. A las horas, García Abrego, primer narcotraficante en llegar a la lista de los 10 más buscados por el FBI, ya se encontraba en un avión rumbo a Estados Unidos;17 algo inusual dados los plazos contemplados dentro de la ley de extradición de México, y sólo posible, según el artículo 18 del tratado de extradición entre ambos países, en caso de que se tratase de una extradición sumaria, consentida por el detenido.

¿Qué fue lo que sucedió para que la entrega de García Ábrego se realizara tan rápido? En su momento, algunas notas hablaron de extradición, por tratarse de un mexicano, pero otras dijeron que García Ábrego había sido deportado, por tratarse de un ciudadano estadunidense.18 Y es que García Ábrego tiene actas de nacimiento con dos lugares y fechas distintas: una dice que nació en La Paloma, Texas, el 13 de septiembre de 1944, y otra que nació en julio de 1945 en Matamoros, Tamaulipas.

Al día de hoy la historia es confusa. El propio García Ábrego, que fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas y está preso en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence,19 pidió a sus abogados llevar el asunto a juicio para definir su lugar de nacimiento. Busca que se le declare estadunidense, aunque expertos en el tema no logran entender por qué.20

El segundo caso más importante de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos ocurrió con el sucesor de García Ábrego, Osiel Cárdenas Guillén. Cárdenas, que había iniciado su vida profesional como mecánico, tuvo una carrera meteórica dentro del CDG, hasta tomar el lugar de su jefe una vez que éste fue detenido. Ya establecido como capo principal, Cárdenas también ocupó el espacio que García Ábrego había dejado en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI. En el camino asesinó a Salvador El Chava Gómez, con quien originalmente había heredado la organización, y desde entonces se le conoce como El Mata Amigos. Siete años después de la detención de García Ábrego, Osiel Cárdenas fue capturado por el ejército en Matamoros, durante una balacera en la ciudad que inició en la fiesta de cumpleaños de su hija.21 El líder del CDG permaneció detenido en el penal del Altiplano tres años, hasta que el juez que llevaba el proceso en su contra fue asesinado a las afueras del juzgado. El juez no llevaba ni tres meses en funciones. Al día siguiente del homicidio el gobierno mexicano inició los trámites para extraditarlo a Estados Unidos.22

El caso de Cárdenas, una vez extraditado, fue de los más opacos en la historia de Estados Unidos. Los documentos del juicio fueron sellados, la evidencia que se presentó en su contra también; lo único que se conocieron fueron los cargos: conspiración para traficar drogas a Estados Unidos, violación de la ley conocida como “Kingpin Act”, que prohíbe a empresas estadunidenses hacer negocio con una persona que participe de forma importante en un cártel. También se le acusó de amenazar a dos agentes estadunidenses que, circulando por Matamoros en 1999, fueron acorralados por el propio Cárdenas y sus sicarios. Los agentes eran guiados por alguien a quien el CDG consideraba como soplón. El Mata Amigos pidió que se lo entregaran; los agentes se negaron y le dijeron que pensara en las consecuencias de matar a dos agentes del FBI. Cárdenas los dejó escapar.23 A pesar de cargos similares a los de su antecesor, sólo recibió 25 años de pena. Según documentos clasificados que fueron filtrados del juicio, Cárdenas negoció una reducción de sentencia con el gobierno de Estados Unidos.24 Aun así, fue enviado a la misma prisión de máxima seguridad que García Ábrego, donde permanece aislado 23 horas al día. Durante el juicio Cárdenas pidió perdón a México, Estados Unidos y su familia. Según la juez, los 25 años en aislamiento serían suficientes para separarlo por completo del Cártel del Golfo.25

El argumento de la juez era el mismo que utilizaba el gobierno de Felipe Calderón para extraditar a connacionales: al extraerlos de su ámbito de operación dejarían de tener influencia dentro de los cárteles. En este caso en concreto, el homicidio del juez hizo que el gobierno federal se replanteara muchas cosas, entre ellas, la capacidad de operación del propio Cárdenas desde el propio penal del Altiplano. Así como mandaba matar gente desde su celda, también organizaba festejos, como el famoso convivio del día del niño de 2006 en Reynosa, donde se repartieron 17 mil juguetes.26 Para el gobierno, no obstante que Cárdenas estuviese detenido, lo importante era desconectarlo como fuera del CDG. El problema ocurrió cuando Estados Unidos declinó compartir la inteligencia obtenida en la negociación con Cárdenas que llevó a la disminución de su pena.27

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Y es que si bien aumentaron las extradiciones de México a Estados Unidos, la relación entre ambos sigue siendo tensa. Por un lado, no hay ningún acuerdo que garantice compartir la inteligencia una vez que el detenido es extraditado; por otro, Estados Unidos —en parte por lo complejo de su sistema legal— no entrega a los detenidos con la misma facilidad que México: Zhenli Ye Gon, acusado de importar precursores químicos para el Cártel de Sinaloa, y cuyo caso saltó a la fama cuando se encontraron 205 millones de dólares en efectivo dentro de su casa, lleva nueve años tras las rejas en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha pedido su extradición desde 2007. Al día de hoy el proceso de apelación de Zhenli Ye Gon en contra de la extradición continúa, pese a los reclamos del gobierno mexicano.

 

Uno de los casos de los que menos se ha hablado, a pesar de la notoriedad del personaje, y que sirve para demostrar la desigualdad en la relación entre México y Estados Unidos, es el de Duane Lee Chapman, la estrella de reality conocida popularmente como Dog the Bounty Hunter. Chapman, un cazarrecompensas que pasó dos años en la cárcel por participar en el homicidio de un narcomenudista en Texas en la década de los setenta, ganó notoriedad por su programa de televisión, en el cual persigue a personas que han violado las condiciones de su libertad condicional. Él y su equipo detienen a los fugitivos y cobran la recompensa que se ofrece por ellos. El programa inició en 2004 y se convirtió en un éxito durante ocho temporadas.

Un año antes de que Chapman saltara a la fama de los reality shows, Andrew Luster, heredero de la fortuna de cosméticos Max Factor, se dio a la fuga: el gobierno de California lo acusaba de haber drogado y violado a tres mujeres y de haber grabado los crímenes. Tras pagar una fianza de un millón de dólares huyó de Estados Unidos y se refugió en Puerto Vallarta. Chapman, al escuchar del caso, viajó a México con su hijo y con otro cazarrecompensas, también de apellido Chapman, aunque sin relación. Los tres dieron con el paradero de Luster y lo detuvieron. Pero al no tener ninguna autorización mexicana ni ser miembros del gobierno de Estados Unidos, fueron detenidos por policías mexicanos y acusados de privación ilegal de la libertad. Luster fue extraditado y está cumpliendo una sentencia de 50 años, mientras que los Chapman fueron enviados a una cárcel local en Jalisco en lo que esperaban juicio. Un juez les permitió salir bajo fianza en lo que continuaba el proceso. Pero los tres cazarrecompensas decidieron huir del país y lo consiguieron sin mayores problemas.

A petición del gobierno mexicano los Chapman fueron detenidos tres años después.28 Sin embargo, el término para enjuiciarlos ya había prescrito, por lo que nunca fueron extraditados. En el periodo en el que permaneció prófugo de la justicia mexicana, el cazarrecompensas apareció en distintos programas televisivos y conferencias pagadas para contar su historia, varios de ellos en la cadena Fox News.29 El gobierno estadunidense presionó al mexicano de diversas formas. Entre ellas, 29 congresistas enviaron una carta a la secretaria de Estado Condoleeza Rice, responsable de los procesos de extradición en Estados Unidos para que Chapman permaneciera en el país.30 Según ciertos especialistas, la presión política terminó por hacer que el gobierno mexicano desistiera del caso.31

Al enterarse que ya no sería enviado de regreso a Jalisco, Chapman gritó “¡Viva la México!” (sic).32

 

Esteban Illades
Periodista. Su libro La noche más triste, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue publicado por Grijalbo el año pasado.


1 Zagaris, Bruce y Julia Padierna, “Mexico-United States Extradition and Alternatives”, American University International Law Review 12, no. 4 (1997), p. 523. Disponible en: http://bit.ly/1UvwooQ.(Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

2 El texto completo del tratado puede ser leído en inglés aquí: http://nyti.ms/20bzxkv. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

3 El tratado está disponible en el archivo en línea de la Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/1WSfQce. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

4 La ley se puede consultar en el sitio de la Cámara de Diputados: http://bit.ly/1PYURz9. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

5 Los tratados pueden consultarse en el archivo en línea de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al día de hoy no están categorizados, por lo que es necesario utilizar el buscador en la siguiente liga: http://bit.ly/1PKpyxJ. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

6 Aunque la PGR intentó llevar a juicio a Sánchez por supuestamente haber cometido delitos en contra de la administración de justicia, el juez noveno de Distrito en el Reclusorio Sur negó la orden de aprehensión en su contra. Ver: Méndez, Alfredo, “Insiste la PGR en llevar a juicio a la juez que liberó a reo buscado por EU”, La Jornada, 22 de junio de 2011. Disponible en: http://bit.ly/23yR7y7. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

7 Enciclopedia Spartacus Educational, Morton Sobell. Disponible en: http://bit.ly/20yxcwZ. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.) Ver también: Roberts, Sam, “Figure in Rosenberg Case Admits to Soviet Spying”, The New York Times, 11 de septiembre de 2008. Disponible en: http://nyti.ms/1TsmHco. (Fecha de consulta: 29 de enero de 2016.)

8 “The Atom Spy Case”, Famous Cases and Criminals, FBI. Disponible en: http://1.usa.gov/1PFOPTt. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

9 García, Ariadna, “Los 10 de Hollywood”, El Universal, 1 de abril de 2002. Disponible en: http://eluni.mx/1UvVDat. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

10 Zaid, S. Mark, “Military Might Versus Sovereign Right: The Kidnapping of Dr. Humberto Álvarez-Machain and the Resulting Fallout”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1996. Disponible en: http://bit.ly/1UvZ01e. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

11 Supreme Court of the United States, United States v. Álvarez Machain, disponible en: http://bit.ly/1SOQvAM. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

12 Supreme Court of the United States, Álvarez Machain v. United States, disponible en: http://bit.ly/1KmnF7Y. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

13 Ídem.

14 Campoy, Ana, “Why is it taking so long for Mexico to extradite El
Chapo?”, Quartz, 14 de enero de 2016. Disponible en: http://bit.ly/20CyuqB. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

15 Ídem. Estos números contemplan la extradición de Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, quien fue extraditado con otras 12 personas a finales de septiembre de 2015.

16 Ramírez de Aguilar, Fernando e Itzel Vázquez Vergara, “En 20 años,
extraditaron a 350 personas por narcotráfico”, El Financiero, 24 de febrero de 2014. Disponible en: http://bit.ly/1nJlm5h. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

17 Para entender la historia de “El Cártel del Golfo” a cabalidad, es recomendable leer a Eduardo Guerrero, “El dominio del miedo”, nexos, julio de 2014. Disponible en: http://bit.ly/1lOjy6G. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

18 Fineman, Mark, “Mexico Deports Alleged Drug Cartel Chief to U.S.”, Los Angeles Times, 16 de enero de 1996. Disponible en: http://lat.ms/1RWsxTW. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

19 Para entender el tipo de cárcel en la que está García Ábrego, ver Mark Binelli, “Inside America’s Toughest Federal Prison”, The New York Times, 26 de marzo de 2015. Disponible en: http://nyti.ms/191fYCy. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

20 Ortiz, Ildefonso, “Legendary Cartel Boss Fighting for U.S. Citizenship”, Breitbart, 3 de enero de 2015. Disponible en: http://bit.ly/1vI7CDQ. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

21 Según varios expertos en el tema, incluidos Ioan Grillo, autor de El Narco, la captura de Osiel Cárdenas propició la sangrienta guerra entre cárteles por el control del país, que, al día de hoy ha dejado decenas de miles de muertos. Para mayor información sobre la captura de Cárdenas, ver Héctor de Mauleón, “La pulverización de los cárteles”, nexos, julio de 2014. Disponible en: http://bit.ly/1iRgaZx. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

22 Aunque nunca se pudo comprobar legalmente que Osiel Cárdenas fue el autor intelectual del homicidio del juez federal, fuentes que conocieron el caso de primera mano aseguran que Cárdenas fue el responsable directo; según ellas, Cárdenas mandó matar al juez por negarse a cambiar una audiencia de día. Ver Alfredo Méndez, “Identi ca la PGR a los sicarios que ultimaron a un juez federal en Toluca”, La Jornada, 30 de octubre de 2006. Disponible en: http://bit.ly/1Pe3w0T. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

23 Associated Press, “DEA agent describes engaging in armed standoff with drug kingpin in ’99”, 16 de marzo de 2010. Disponible en: http://bit.ly/1Ko4MSc. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

24 Pérez, Ana Lilia, “Sentencia de Osiel, un pacto con Obama”, Contralínea, 1 de agosto de 2010. Disponible en: http://bit.ly/206yooY. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

25 McKinley Jr., James C., “Mexican Drug Kingpin Sentenced to 25 Years
in Secret Hearing”, The New York Times, 25 de febrero de 2010. Disponible en: http://nyti.ms/1PhqYt7. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

26 Redacción, “Festeja Osiel Cárdenas a miles de niños en Reynosa”, El Universal, 29 de abril de 2006. Disponible en: http://eluni.mx/1P47OtR. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016).

27 Esto según fuentes involucradas en la extradición de Cárdenas.

28 Notimex, “Arrestan a famoso caza-recompensas; lo pide México en extradición”, 14 de septiembre de 2006. Disponible en: http://eluni.mx/1VJ2Bct. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

29 Leer, por ejemplo, la transcripción de la entrevista que le hizo Fox News en 2005 después de dictar una charla de superación personal en Las Vegas: http://fxn.ws/1nLso9J. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

30 Johnson, Caitlin, “Congressmen Back Bounty Hunter”, CBS News, 11 de octubre de 2006. Disponible en: http://cbsn.ws/1QaSARv. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)

31 Miller, Wilbur (editor). The Social History of Crime and Punishment in America: An Encyclopedia, Sage Publications, Nueva York, 2012, p. 156.

32 Fassler, Kim y Lynda Arakawa “‘Dog’ Chapman says Mexican charges have been dropped”, The Honolulu Advertiser, 2 de agosto de 2007. Disponible en: http://bit.ly/1TBECNU. (Fecha de consulta, 29 de enero de 2016.)