El 19 de septiembre de 1985, a las 07:19 horas, el Distrito Federal vivió el lapso de tiempo más largo de su historia: un minuto y medio que ha durado 30 años. Todos están de acuerdo en que es la mayor tragedia que ha vivido —y sobrevivido— la capital mexicana desde que dejó de ser Tenochtitlán; todos tienen algún nivel de trauma, muchos todavía resienten las heridas, otros tienen un mal recuerdo.

Todo cambió: la infraestructura de la ciudad, los reglamentos de construcción, los protocolos en caso de emergencia, la mentalidad colectiva, la reacción de la gente ante un sismo pero, sobre todo, el curso de la vida de miles de sobrevivientes se torció por completo. El sismo hizo más que derrumbar edificios y extinguir en los escombros miles de vidas —10 mil, según la cifra oficial que a nadie convenció—: dejó al descubierto actos de negligencia que agravaron la magnitud del desastre y catapultó un incipiente movimiento social: los damnificados.

 

Una de las “víctimas” más visibles del sismo fue el edificio Nuevo León, de la Unidad Nonoalco Tlatelolco. Construido en tres bloques que lo hacían ver como un gigantesco ladrillo de 15 pisos, no resistió los 8.1 grados Richter y dos de sus tres partes se derrumbaron. Este fenómeno no sorprendió al Frente de Vecinos de Tlatelolco, que había advertido fallas estructurales en la edificación.

Según los peritajes practicados al Nuevo León por la constructora Dirac (Diseño Racional A.C.) basados en visitas de inspección a los cimientos entre 1981 y 1983, los cimientos estaban reblandecidos por la constante filtración de agua y, lo peor: los módulos norte y centro estaban en contacto entre sí, de manera que el movimiento telúrico los hizo chocar uno contra el otro. “Seis mil toneladas contra seis mil toneladas, no hay estructura que los aguante”, explica Cuauhtémoc Abarca, líder del Frente de Vecinos y uno de los fundadores de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD). “La expresión que usaban los ingenieros en las reuniones que íbamos era ‘se cacheteaban los edificios’”.

Por las irregularidades encontradas los colonos habían demandado al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo que otorgó la razón a los vecinos y obligó a Fonhapo a firmar un convenio para que llevara a cabo el mantenimiento, que hasta ese momento había retrasado porque ponía como condición que los vecinos aceptaran pasar al régimen de condominio, cambio que ellos no aceptaban. Las obras, presuntamente, empezarían en octubre de ese año.

“Carrillo Arena representa a todo ese montón de ingenieros y arquitectos que se enriquecieron construyendo mal, metiendo material de menor calidad, más barato pero que cobraban como material de primera, y que explica la caída del Nuevo León y de los hospitales y escuelas”, sentencia Abarca sobre el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo Carrillo, quien históricamente ha sido señalado como responsable de los derrumbes.

Esa migración hacia el régimen de condominio que el gobierno federal promovía en Tlatelolco fue uno de los motores que impulsaron la protesta social en esa colonia. Los residentes eran tenedores de la vivienda que les otorgaba el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); según los líderes de la CUD, el Estado pretendía convertirlos en propietarios porque le resultaba muy costoso mantener esa Unidad.

Pero la principal inconformidad eran las disputas entre residentes e inquilinos: los primeros tenían prohibido rentar los cuartos de azotea que tenían los edificios tipo “B” y “C”, sin embargo arriba había comunidades enteras: personal de servicio y sus hijos, familiares o amigos de los residentes, estudiantes a los que se les rentaba un cuarto. En algunos, cuenta el ex diputado perredista Marco Rascón, “había tantos oaxaqueños que hasta se celebraba la Guelaguetza”.

Este desdoblamiento inconformaba a los otros residentes, que se quejaban de que los habitantes de arriba “usaban mucho el elevador y gastaban mucha luz”, lo que derivó en una problemática social al interior de cada edificio, explica Cuauhtémoc Abarca.

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Por este y otros conflictos, un año antes del sismo nació la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco, que resolvía los diferendos muy a su manera, “a los que vivíamos en la azotea, las asociaciones de residentes nos clausuraban los baños, nos cerraban las tomas de agua, nos cerraban el servicio de elevador… Los compañeros [la Coordinadora] nos abrían las tomas, si soldaban la puerta de los baños, nos la abrían”, cuenta María de Jesús Urraca, quien habitaba uno de dichos cuartos en el edificio Nayarit.

Los inquilinos se empezaban a volver incómodos. Y no sólo en Tlatelolco: en toda la zona centro los propietarios de inmuebles los tenían en el abandono para no cumplir con el mantenimiento, pues las rentas estaban congeladas y dejaba de ser negocio rentar una propiedad, aunque por esa omisión corrían el riesgo de expropiaciones. “Así que empezó una ola de desalojos”, cuenta Rascón, más conocido por haber fundado la Asamblea de Barrios.

Con el terremoto todo cambió. El tamaño de la tragedia era tal que los damnificados recibieron numerosos apoyos e indemnizaciones de gobierno y sociedad. Debido a esta atención especial que recibían, empezaron a ser vistos como “damnificados de elite” y los sectores desfavorecidos aprovecharon el momentum: los que Cuauhtémoc Abarca llama “damnificados de la vida” hallaron una forma de cobrar lo que la vida les había negado por mucho tiempo.

“Esta cuestión de ser damnificado se convierte también en un atractivo, la tragedia abre un camino inédito totalmente para restituir derechos. Era una tragedia pero también convertida en la posibilidad de encontrar respuestas positivas a una cantidad de demandas que estaban congeladas o que estaban incluso descalificadas”, abunda Rascón.

Una nota del diario unomasuno fechada el 27 de septiembre de 1985 da cuenta del combustible que el sismo inyectó a un movimiento para muchos invisible:

La lucha que se inició hace varios años en los cuartos de azotea hoy ha tomado fuerza. Marginados por la mayoría de los residentes de la unidad, los habitantes de los cuartos de azotea “han iniciado una nueva etapa del movimiento”, subrayan los dirigentes de la Coordinadora. Cuatro días después del sismo que devastó a la ciudad de México y afectó gravemente a los edificios de la Unidad Tlatelolco, residentes y habitantes de los cuartos de azoteas iniciaron las movilizaciones en las oficinas de Administradora Inmobiliaria S.A. (AISA) (dependencia de Fonhapo). Logramos, indicaron los representantes de la Coordinadora de los Cuartos de Azotea, que AISA se comprometiera a reubicar a todos los afectados del 19 de septiembre. “Atrás quedaron los cuartos insalubres”, agregan los representantes, adelante “se está gestando un movimiento de todos los habitantes de Tlatelolco”.

Los apoyos no pasaron inadvertidos. Al gran campamento montado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco llegaron muchas personas de otras colonias: Guerrero, Santa María la Ribera, Tepito. “Llevábamos un censo pero llegó un momento en que todo eso se te salía de las manos. Pero aun así, jamás se le negó un taco a nadie. Un vestido, a nadie. Medicamento, a nadie”, recuerda María de Jesús, quien se quedó sin vivienda ni pertenencias y vivió en distintos campamentos por un año y medio, hasta que recibió las llaves de un departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Atlampa, de manos de la recién creada Asamblea de Barrios.

“La Asamblea de Barrios nace por envidia popular”, admite su fundador, Marco Rascón. La gente veía lo que tenía el de enfrente e iban a buscar lo suyo. Dos años después del sismo ya no era creíble que fueran damnificados, pero cada vez eran más personas buscando un techo. “Un día, harto, les dije ‘miren, lo de los damnificados ya se acabó. Así que les vamos a armar un grupo de solicitantes de vivienda’”.

En las calles de Fresno y Clavel, en Santa María la Ribera, había un campamento en el que Rascón colocó una lista para que se anotaran los solicitantes. Esperaba unas 40 personas y llegaron 950 familias el primer día. El segundo, mil 500. “En unas semanas teníamos cerca de 50 mil familias”, recuerda. Citaron a una reunión el 4 de abril de 1987 en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), donde surgió la primera declaración de los barrios, “ni un lanzamiento más”.

Desde su incipiente movimiento opositor, Rascón pedía usar los fondos del pago a damnificados para otorgar viviendas, aunque muchos no lo eran. “El cuarto constitucional dice que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna”, argumenta. “La gente me veía como ‘Mr. Vivienda’, la gente me llevaba a ver todas las vecindades porque tenían hambre de que alguien les reconociera que eran damnificados porque su casa estaba en malas condiciones, entonces yo era como el ombudsman de la vivienda”.

Más de 600 barrios y colonias de la ciudad de México estaban anotados en la Asamblea. “Era pura sociedad civil encabronada, las señoras resultaron unas tigresas”, cuenta Rascón y coinciden con él Armando Palomo y Javier Hidalgo, otros de los líderes del movimiento inquilinario.

En un testimonio publicado en el libro Aquí nos quedamos de Leslie Serna, Palomo relata: “Por ahí de 1980 llegué a la Unión de Vecinos de la colonia Guerrero por un problema inquilinario, sin experiencia política previa. En la vecindad donde vivía se dio la crisis clásica con el casero y fuimos a buscar a los de la oposición […]. Fue impresionante para nosotros que las señoras nos hayan dado nuestra primera clase de defensa inquilinaria. Fue tan impresionante que nos quedamos”.

Mientras que Hidalgo, otro fundador de la Asamblea de Barrios y también ex diputado, calcula que la lucha inquilinaria estuvo compuesta en un 90% de mujeres y 10% de hombres. “Se ha pervertido ya el tema de la vivienda, pero fue todo un aprendizaje; algunos corruptos le ponen un punto negro del tamaño del mundo, pero la mayoría se hizo sin corrupción y empoderó a las mujeres, ellas fueron  las que lo llevaron adelante, desde las damnificadas de los sismos hasta las señoras que iban a lanzar y se defendieron”.

Pero nadie les regaló nada, por lo menos no a María de Jesús: aunque fue una de esas mujeres que salieron a las calles a pelear por un “nido”, a partir de que le fue entregado su departamento se separó del movimiento para dedicarse —con muchas horas extra— a trabajar como costurera para pagar esa vivienda y mantener a sus hijos, pues para ese momento ya estaba sola.

“Yo creo que si no hubiera sido por ellos, si no hubiera sido por el temblor, lo digo sinceramente, hubiera seguido igual… A veces necesitas un movimiento así de tosco para que tu vida cambie y descubras que mereces más”, confiesa María.

En el caso de Tlatelolco lo sustantivo del movimiento inquilinario, según Cuauhtémoc Abarca, fue detener la aparente intención del Estado de aprovechar la tragedia para dejar libres muchos espacios de la zona céntrica. “Correr a los pobres del Centro y a los latosos vecinos de Tlatelolco y mandarlos a la periferia; nos ofrecían ‘atractivas’ propuestas de vivienda para irnos a Tulpetlac, Coacalco, Huehuetoca, por allá lejos, a cambio de renunciar a todos los derechos de estar aquí, cosa que no aceptamos. [Tlatelolco] estaba bien comunicado, céntrico, con áreas verdes, lo único que estorbaba éramos los vecinos”, asegura.

Armando Palomo lo atribuye al proyecto de Descentralización Administrativa que en ese tiempo impulsaba el gobierno federal: “en los campamentos de damnificados hubo una ofensiva infame donde llegaban funcionarios del IMSS, del ISSSTE, de algunas empresas paraestatales a ofrecer que se fuera la gente, les ofrecían la liquidación, vivienda y empleo. Era quitar a la población damnificada para que no estuviera ‘afeando’, en el fondo era eso la parte de la reconstrucción”, asegura.

Palomo coincide con Abarca y Rascón en que es normal que los centros históricos se vayan despoblando con el tiempo, pero aprovechar la tragedia para acelerar este proceso urbano les parecía abusivo porque implicaba migraciones que desestructuran la familia y las relaciones personales, en un momento de profunda angustia y debilidad emocional.

“Era una lucha  muy incierta porque no había créditos, pero manteníamos con las uñas las vecindades, al punto que llegaron los sismos y el efecto fue: nos mantuvimos ahí”, recuerda el líder de la Unión de Vecinos de la colonia Guerrero.

“Fue un movimiento triunfante que animó a muchos sectores a avanzar. No se explica 1988 sin el 85”, agrega Marco Rascón, en referencia a los muchos y dispersos grupos de izquierda que acabaron condensados en un solo partido que tomó su fuerza, justamente, de toda esta lucha social: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado o integrado por varios de estos líderes sociales.

La primera unificación de grupos que luchaban desde diferentes trincheras pero con distinto objetivo fue la Coordinadora Única de Damnificados, organización “madre” que agrupaba a todas las demás, formada en Tlatelolco el 24 de octubre de 1985. Según Abarca, llegó a tener hasta 42 organizaciones de colonos y damnificados que ya existían pero estaban inconexas.

Formalmente, la CUD nunca tuvo una estructura jerárquica, aunque las cabezas visibles eran Cuauhtémoc Abarca y Alejandro Varas, posteriormente Armando Palomo, Marco Rascón, Javier Hidalgo, Leslie Serna, Dolores Padierna, René Bejarano, entre otros.

“Políticamente no éramos nada, partiditos de cero, clandestinos. Los movimientos sociales eran chiquitos, de la periferia, decían que nunca pensaron que en el Centro pudiera estallar un movimiento como ése”, apunta Javier Hidalgo, quien ha sido diputado por el PRD y ha ocupado diversos cargos en las administraciones perredistas. “La parte de la izquierda como fuerza política seguía igual de pulverizada, todos los grupos de la izquierda partidista no se metían al asunto de los damnificados. Todo el proceso, los que empezamos a politizarlo fuimos nosotros con Súper Barrio”, el icónico “superhéroe” que se volvió emblema de la Asamblea de Barrios y que llegó a ser candidato presidencial en 1988, antes de declinar en favor de Cuauhtémoc Cárdenas.

“Me parece que se avanzó mucho en muchos casos, pero ahora a nivel nacional se está repitiendo el mismo esquema. En el caso del DF, mi preocupación es que el PRD esté repitiendo esquemas a los cuales combatió”, reflexiona Armando Palomo. Según su percepción, los vicios del “dinosaurio priista” se repiten en los gobiernos de izquierda: la estructura del gobierno al servicio del partido en el poder con fines electorales.

“Yo creo que con el PRD está pasando lo que pasó con el PRI en el 85. Ojalá este rompimiento del PRD, este desdoblamiento hacia Morena traiga nuevos personajes con nuevas propuestas… es un momento equivalente, aunque no con el tamaño de la tragedia del 85”, concluye.

 

Claudia Altamirano
Periodista.