El artículo 17 de la Constitución establece con solemnidad que nadie puede hacerse justicia por propia mano. A cambio, nos ofrece la existencia de tribunales y demás instituciones que estarán dispuestas para resolver todas nuestras disputas. Aquí está precisamente el corazón de la aspiración de la justicia cotidiana. En consecuencia, corresponde al Estado la responsabilidad de hacer efectivas esa serie de expectativas sociales que se generan con motivo de las interacciones cotidianas. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado no las cumple? Ciertamente, ningún sistema está diseñado para generar una “justicia” absoluta. Semejante planteamiento está fuera de su alcance. Sin embargo, dentro del continuo vaivén justicia e injusticia, el Estado cumple mejor su función cuando su acción tiende a generar más justicia que injusticia.

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En este contexto, en los meses pasados hemos obtenido una serie de testimonios sobre la forma en la que las personas identifican injusticias que ocurren en su entorno cotidiano.1 El presente ensayo trata de generar algunas conclusiones sobre los significados de estos testimonios. Como podrá verse, éstos dicen mucho de nuestras aspiraciones colectivas de justicia. Pero también dicen mucho sobre de la forma en la que dichas aspiraciones no son satisfechas. 

 

En ocasiones el contacto con las instituciones genera diálogos inacabados y decepciones.

En 2014 sufrí un despido sin justificación en una de las dependencias de gobierno del estado de Chiapas. No recibí liquidación ni indemnización. Al acudir a la Junta de Conciliación, los mismos jueces me aconsejaron que no llevara adelante mi proceso, porque sólo perdería tiempo y dinero.

La relación entre tribunales y ciudadanos no se construye a partir de un trato entre iguales. Las reclamaciones de los ciudadanos deben reunir los estándares de viabilidad que establecen los tribunales. Bajo esa óptica, la injusticia vivida por el ciudadano es vista en forma muy distinta por el tribunal. En el proceso judicial el sentido común deja de tener sentido. Esto no es una perversidad sino la consecuencia necesaria de la tecnificación del mecanismo que resuelve disputas. Detrás del escrutinio judicial la injusticia será redefinida y se establecerán sus alcances. Aquí es donde típicamente las visiones se separan. Mientras que para el ciudadano la injusticia que ha sufrido merece una reparación, para el tribunal la injusticia en cuestión es menor y no amerita el inicio de un proceso. Regrese usted cuando tenga algo verdaderamente importante que reclamar.

Pero incluso cuando se logran salvar los obstáculos para acceder a la justicia, el proceso jurisdiccional muestra sus limitaciones.

… La presidenta de la Junta Federal 19 de Conciliación y Arbitraje, Nuevo León, ha hecho notar su desprecio rotundo hacia los abogados del Estado que litigan en su Junta, así como de su malestar por servir con profesionalismo en su área, a decir, si el litigante presenta una promoción la Junta acuerda lo que para ella es brevísimo tiempo: un mes, sino que Dios bendiga al profesional. Como estos ejemplos hay muchos…

El paso por la justicia toma tiempo y  el resultado es incierto. En el primer caso, la construcción de los tiempos de  la justicia es el resultado de la suma de la indolencia con la existencia de formalidades añejas. En el día a día de la justicia los asuntos no son más que papel. Lejos están las personas que los protagonizan. La monotonía del trabajo judicial devora sistemáticamente cualquier señal de la vida exterior. La consecuencia necesaria es una justicia alienada cuyos mensajes no son siempre comprensibles en el exterior.

 

La razón de ser del Estado constitucional contemporáneo es asegurar que las personas gocen de sus derechos de la manera más amplia posible. En esta lógica, el Estado “vive” para sus ciudadanos. Ello implica que la lógica de sus servicios responda a las necesidades de las personas.

Al acudir al Registro de lo Familiar en la ciudad de Tlaola, Puebla, para pedir una copia de mi acta de nacimiento, se nos informó que el libro del año 1987 junto con algunos otros, fue quemado en una manifestación que se dio en el lugar citado, por lo cual me vi en la necesidad trasladarme en varias ocasiones a la capital de Puebla, con la finalidad de que se reconociera legalmente mi existencia, y así poder llevar a cabo un registro extemporáneo. Este hecho hizo que mis trámites de titulación tardaran más del tiempo previsto.

El acto más elemental de la existencia de un Estado se presenta con el registro de un nacimiento. El acta de  nacimiento constituye el punto  de partida de un proceso en donde el nuevo ciudadano deberá de disfrutar de un abanico de derechos. La sorpresa se presenta cuando la obtención del acta de nacimiento se percibe como un obstáculo y no como un derecho. Bajo la mentalidad del operador del Estado, la expedición de actas debe cumplir con estándares de certeza y precisión. La integración de semejante servicio requiere de coordinación y flujo de información. En consecuencia, si estos datos no existen, el servicio no puede prestarse. No se le está negando su derecho a un acta de nacimiento, simplemente no estamos en condiciones de prestarle dicho servicio. Disculpe usted.

Pero esta relación no se limita a un ámbito concreto de interacción entre los gobernados y el Estado. De hecho, pareciese que son diversos y constantes los espacios en que la ciudadanía se siente ignorada, anulada o simplemente inexistente.

Son tantas injusticias por las que pasa la gente ordinaria. Bien, empezaré con el Infonavit. Tramité un crédito para una casa con mi crédito de trabajadora, califiqué y en el 2010 me entregan la casa. Según la ubicación era excelente, de vanguardia, era la nueva Tijuana con sus fábricas, sus comercios, etc. Pero fueron puras mentiras, hay un total abandono de las autoridades. Por eso nunca habité dicha casa y la regresé. Además de tanta injusticia que a diario se vive lo que me molesta es que ya entregué los papeles a un despacho jurídico asignado por el Infonavit y me van a seguir descontando más de un año 1,200 pesos al mes, si ya entregué la casa el despacho me dice que es el Infonavit el que actúa  de esta manera y no ellos. Qué pasa con esto, por qué joder más al que tiene menos. ¿Por qué?, ¿por qué?

En este caso no existe duda de la existencia de la vivienda. Sin embargo, la distancia entre el proyecto que en su momento fue aprobado y la realidad parece insalvable. Mientras que el proyecto probablemente figura en diversos informes burocráticos  como un caso de éxito, en la realidad existen construcciones abandonadas y una comunidad que se resistió a nacer. Los gritos desesperados de los ciudadanos se ahogan en un mar de informes que sostienen que la realidad es otra. Aquí lo único claro es que su crédito no ha sido liquidado. Pague.

En otros casos la lógica del funcionamiento del Estado exige dar muestras de eficacia. Esta pretendida eficacia termina por engullir a las personas a las que aparentemente trata de servir.

Mi medio de transporte es la motocicleta, comprendo la necesidad de hacer operativos y revisiones, eso no me molesta en lo absoluto pero ya son varias ocasiones que los oficiales me detienen sólo para buscar alguna infracción y cumplir con su “cuota diaria”, buscan en todo el reglamento cualquier mínima infracción para llevarte al corralón, incluso quieren poner multas que no corresponden. Ya son varias las ocasiones que llego tarde al trabajo por dialogar o incluso discutir con oficiales haciendo valer mis derechos. Ya basta.

A la par de reportes sobre la seguridad en el transporte y acciones para detener a conductores que violan los reglamentos de tránsito aparecen personas que son víctimas sistemáticas de prácticas irregulares y malos diseños de políticas públicas. La existencia de cuotas de desempeño y el otorgamiento de bonos por resultados a servidores públicos puede generar incentivos perversos. En su afán por mostrar resultados los operadores del Estado generan problemas inesperados. Lo siento mucho pero si no cumplo con mi cuota no recibo el bono de fin de mes.

 

Las ineficacias del Estado se hacen todavía más perniciosas cuando aparece la corrupción. En este escenario la señal hacia el exterior es que el ciudadano no debe esperar ayuda del Estado sino que también se debe cuidar de éste.

… Regresé a Tijuana hace dos años y puse una tienda de flores. Cada dos años las autoridades locales se inventan alguna “cuota” o “revisión” y exigen el pago correspondiente para que no nos clausuren. No sólo nos extorsiona el narco o los criminales, sino el mismo Estado…

Es posible que este tipo de experiencias puedan resolverse con un marco regulatorio menos discrecional o con funcionarios mejor preparados y dispuestos para cumplir con sus funciones. Sin embargo, pareciera que las soluciones son más complejas, sobre todo si consideramos que se trata de prácticas añejas y llevada a cabo en distintos niveles, en donde los mismos funcionarios deben “rendir cuentas” a sus superiores.

Al trabajar en una dependencia de gobierno me topé en dos ocasiones con la invitación (obligada) a participar en actividades proselitistas (invitar a ciudadanos a votar por algún candidato en específico, en diferentes cruceros de la ciudad) en mi horario libre. A sabiendas de que al negarme a participar mis superiores tomarían represalias, pese a no ser una actividad para la que fui contratada, tuve que hacerlo.

Lo que observamos aquí no es algo menor: funcionarios públicos que “saben” que las solicitudes de sus superiores no son legítimas ni legales, pero igual deben realizarlas ante la falta de un espacio institucional en que puedan ser denunciadas sin represalias. Ni cómo ayudar, joven.

 

La justicia cotidiana se mide también en las interacciones entre los ciudadanos.

Tengo un hijo que trabaja en la empresa Muebles América y la condición para trabajar fue que lo obligaron a firmar carta de renuncia en blanco, y la firma de una pagaré también en blanco, cuando sale de viaje de trabajo los alojan en casas de la empresa insalubres y los viáticos para los alimentos son muy limitados, la empresa se caracteriza por sancionar económicamente por todo a sus trabajadores. Cuando los hacen salir muy tarde del trabajo, la empresa no les paga taxi, los tienen subregistrados con salarios bajos en el IMSS.

Y se mide aquí porque se trata de espacios en donde el que tiene más poder suele encontrar algún resquicio institucional para sacar ventaja sin necesidad de violentar abierta y explícitamente el contenido de la norma. El poder no depende necesariamente de la escala socioeconómica que se ocupe sino de qué tan capaz se es para encontrar acomodo en una mítica red de relaciones sociales en donde la desigualdad se presenta como el común denominador.

Qué herramientas eficaces tenemos los ciudadanos contribuyentes para no sufrir las arbitrariedades de microbuseros y taxistas que tienen secuestrada la ciudad sin que haya autoridad alguna que haga valer la ley. ¿Hasta cuándo la ley sólo la tenemos que cumplir algunos?

Así, la ley se presenta como un referente de conducta que sólo debe ser obedecido y sancionado por algunos: ciudadanos comunes, trabajadores no sindicalizados, empresarios honestos. En fin, el negrito en el arroz.

 

Los ciudadanos requieren de “traductores” que les permitan comunicarse con las instancias de justicia. Aquí es donde la cuestión se torna francamente contraintuitiva. A mí me despidieron injustamente, ¿por qué debo recurrir a un abogado para explicar al tribunal algo tan evidente?

… Mi esposo es pescador y desapareció en la mar, siempre me he dedicado al cuidado de la casa y de los hijos, me dicen que no me pueden pagar el seguro ni la pensión, ni puedo disponer de lo bienes, que tienen que pasar varios años…

Mi abuelo falleció hace más de 10 años sin dejar testamento. La casa donde vivimos era de él. Mi mamá intentó en un principio regularizar la propiedad, pero un abogado le dijo que le cobraba 20-25% de la propiedad y desistió de hacerlo. Fue a la delegación política a pedir informes y el trámite también resultaba largo, complicado y costoso. Seguimos viviendo en la casa, que legítimamente sería de mi mamá, pero lo justo sería que también fuera legal.

Una vez más la pregunta es por qué actos tan simples como comprobar la ausencia o existencia de una persona se ha convertido en una acción tan gravosa para los ciudadanos en México. Pareciera que cuando hablamos de relaciones entre gobernados y gobernantes nos referimos a un espacio marcado por la mutua desconfianza. Desconfianza que en no pocas ocasiones se inflama gracias a los abogados.

Esto acaba de pasarme. Ando chido en la fiesta, afuera de La Bota, en la calle de San Jerónimo en el Centro, y al parecer un vecino o unos niños irresponsables acaban de arrojar una cubetada de agua fría desde el tercer piso. ¡No se vale! Uno anda recreándose y lo mojan por convivir. Ante eventos así, ¿uno a quién recurre?

Desde luego que en una sociedad plural los conflictos van a existir. Las perspectivas de unos y otros van a diferir. Lo que para unos es fiesta, para otros es tiempo de descanso. Eso seguirá ocurriendo. También debemos admitir que no todos los conflictos deben llegar a la justicia o a un mecanismo formal de solución de conflictos. La justicia como fenómeno ubicuo es deseable pero resulta un ideal imposible de alcanzar. La mayor parte de los problemas deben resolverse por la intervención directa de las personas. La prudencia, la tolerancia o incluso el abuso seguirán siendo los mecanismos preferidos de resolución. No obstante, ello dista mucho de ser un consuelo para el Estado. Sin duda es responsable de proporcionar un marco institucional capaz de resolver con eficiencia y eficacia los conflictos que lleguen hasta ahí. El acumulado de estas soluciones no sólo genera beneficios a las partes directamente involucradas en dichos conflictos, sino que también proporciona señales positivas a la sociedad sobre la existencia de vías institucionales para resolverlos a través de la aplicación de la ley que funcionan. En muy pocas palabras, el mensaje debe ser que la ley sí funciona y se aplica.

 

Los ejemplos que aquí se recogen muestran los problemas que se generan cuando el Estado no es capaz de garantizar la existencia de justicia en una sociedad. Los efectos inmediatos de frustración o impotencia de las personas se convierten paulatinamente en indolencia, rechazo de la ley y distanciamiento de las autoridades. El resultado global es el deterioro del proceso de institucionalización que el Estado pretende ofrecer. En este escenario, el Estado se presenta ante los ciudadanos como una carga más que como una entidad encargada de generar beneficios. La ley aparece como un instrumento para la venganza, o para tomar alguna ventaja indebida, más que como una herramienta para generar seguridad.

El reto que tenemos frente a nosotros es claro: se trata de la construcción de regularidades en la aplicación de la ley y en la resolución de conflictos. La sensación de que las reglas existen y se aplican tiene utilidad tanto inmediata como mediata. En el primer caso, generan previsibilidad y permite que las personas pueden prever las consecuencias de sus acciones. Pero desde el punto de vista mediato también genera un efecto no menor: despierta interés porque las normas se apliquen a todos por igual. Provoca enojos y reclamos cuando las reglas no son aplicadas por igual, incluso a terceros con los que no tenemos relación. Lo cual, sin duda, es un paso medular para la construcción del edificio de la justicia cotidiana.

 

José A. Caballero
Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Rodrigo Meneses
Director de la División de Estudios Jurídicos y profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).


1 Ver: http://www.justiciacotidiana.mx