“Hay en el baño un charco de sangre, que sale por abajo de la puerta, y se ve un dedo”, así contó la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que le informaron de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Fue el domingo 18 de enero, pasadas las 12 de la noche. De a poco todos nos enteramos, circulaban los rumores en Twitter, pero hasta entrada la noche nadie confirmaba la información. El lunes 19 de enero ya era público y Argentina amaneció en shock.

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Tirado en el piso del baño, la puerta apenas podía abrirse y una bala de calibre 22 en la cabeza. Así lo habían encontrado. Estaba la madre, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, la policía y la fiscal, aunque el orden de llegada es parte de la confusión. ¿Fue suicidio?, ¿asesinato?, ¿suicidio inducido? Empezaron a circular todas las especulaciones posibles.

La fiscalía arrancó con los comunicados, los medios empezaron a conseguir su propia información y todos seguíamos el derrotero de la investigación. Las puertas del departamento estaban cerradas, fue suicidio. Declaró el cerrajero que abrió la puerta, la puerta estaba abierta, podría ser homicidio. No tenía rastros de pólvora en la mano, fue homicidio. Los disparos no siempre dejan rastros de pólvora, podría ser suicidio. La escolta se quedó abajo y no llamó a la policía cuando vio que Nisman no salía a la hora pactada, seguro estuvieron involucrados. Es habitual que la escolta espere pacientemente cuando los funcionarios no bajan, no significa nada. ¿Por qué volvió antes de sus vacaciones? No, en realidad el pasaje de vuelta lo había comprado hace mucho, no fue una decisión repentina. Así aparecía la información, de a poco, en versiones contrapuestas y contradictorias, especialistas y charlatanes se sucedían en los medios con sus propias explicaciones. Y los argentinos, en el medio, girando la cabeza de lado a lado, siguiendo las pistas, tratando de entender. Pero lo opaco de su muerte, la incertidumbre sobre qué fue lo que pasó no quedó en una intriga policial, rápidamente empezó a abarcar al sistema político y a las instituciones y el desconcierto se volvió general.

La fiscal Viviana Fein, a la que le cayó la investigación en medio del verano, justo cuando empezaba a planificar su jubilación, fue la encargada de mantenernos al tanto de los avances. Y mientras la mayoría de los políticos de la oposición daba sus declaraciones de rigor, “esto es de extrema gravedad”, “tenemos que dejar a la justicia hacer su trabajo”, la presidenta cambió el tono y llevó nuestras conversaciones de café a la arena de la política nacional. “¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?”, se preguntaba en su confusa primera carta publicada en Facebook.1 ¿Sería que después de todo no estaba tan seguro de las pruebas que tenía para denunciar a la presidenta y al canciller, Héctor Timmerman, por encubrimiento en la causa AMIA?, llegaron a insinuar incluso algunos desde el oficialismo.

La denuncia es muy fuerte. Nisman investigaba hace 10 años el atentado a la mutual judía, AMIA, que en 1994 mató a 85 personas cuando un vehículo lleno de explosivos explotó frente a ella. Hasta el día de hoy existen muchas hipótesis y pocas pruebas de quién lo hizo, y hasta la existencia del vehículo con explosivos es cuestionada. Nisman acusó directamente a la presidenta y al canciller de haber encubierto a los responsables iraníes que estarían detrás del atentado para recomponer las relaciones comerciales con ese país, quebradas por la acusación de la Argentina hacia funcionarios iraníes, que desde 2007 incluye órdenes de captura internacionales a través de Interpol. Para restablecer el diálogo, las máximas autoridades argentinas habrían, según el difunto fiscal, arreglado el acuerdo de entendimiento que se firmó en 2013 por el cual despejaban el camino para un intercambio de granos por petróleo. No está claro cómo se hubiese instrumentado en la práctica ese acuerdo, entre otras cosas porque quienes exportan los granos argentinos son empresas privadas sobre las que el gobierno no puede imponer destinos de exportación.

La sospecha oficial del suicidio duró poco, y a los tres días la presidenta publicó una nueva carta en la que aseguraba que lo asesinaron: “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”.2 Y apuntó directamente a oscuros elementos de la Secretaría de Inteligencia. Se trataba en particular de Jaime Stiuso, ex jefe de operaciones, que llevaba desde 1972 dentro del aparato y fue despedido a mediados de diciembre de 2014. De pronto descubrimos que a pesar de llevar más de 10 años de trabajo en las gestiones kirchneristas, era en realidad un elemento repudiable y macabro. Era también quien estaba a cargo de coordinar el trabajo con las agencias de inteligencia extranjeras y un firme defensor de la “pista iraní”, una de las hipótesis sobre el atentado (otra pista es la siria), de la que el gobierno se alejaba cada vez más.

Gran parte de la denuncia de Nisman estaba basada en escuchas realizadas a aliados del gobierno que habrían mantenido las negociaciones secretas para lograr el pacto con Irán. Las escuchas las manejaba Stiuso, sospechado además de interceptar muchas comunicaciones para espionaje interno para el gobierno, sin orden judicial y con fines políticos.

En la vorágine informativa y por los miles de poros que tienen la justicia y los servicios de inteligencia, se escaparon las escuchas completas y las conversaciones privadas de los denunciados fueron transmitidas por radio. Nos volvimos voyeristas de conversaciones ajenas, pasadas en repeat por radios y canales de televisión. “Ah, Yusi”, una frase con la que el dirigente Luis D’Elia, cercano al gobierno, saluda a su supuesto contacto iraní, Jorge Yussuf Khalil, llegó a volverse un ringtone.

Los medios consiguieron grandes primicias, la información fluía de la Justicia a los oídos de todos y así nos enteramos de que una testigo, que estuvo en el lugar a las pocas horas de la muerte, denunciaba el poco profesionalismo con el que se llevaron a cabo las pesquisas: la dejaron pasar a uno de los baños del departamento y le hicieron un café en la cocina de Nisman. La fiscalía desmintió todo, pero ya empezábamos a sospechar que sería muy difícil tener algo de claridad sobre lo que había pasado esa noche. Tampoco es una gran sorpresa, sólo en la capital al menos 53% de los homicidios queda impune, en parte por la falta de rigurosidad con las que se conducen las investigaciones.

Y mientras mirábamos de afuera estas idas y vueltas entre poderes y referentes, se nos invitó a participar. Un grupo de fiscales organizó una marcha para pedir justicia por Nisman. Una gran parte de la sociedad tuvo un sentimiento de solidaridad con los colegas de un fiscal muerto en el medio de una investigación crucial. Otros fueron simplemente porque el horror del caso y el mal manejo posterior merecían repudio. Entre 250 y 350 mil personas marcharon apretadas el 18 de febrero bajo la lluvia hasta llegar a la casa de gobierno para exigir justicia y pedir que la investigación no quede en la nada. Fue una marcha de silencio y pena por lo que pasó en Argentina, porque en una democracia no pueden aparecer fiscales muertos.

Muchos fueron a pesar de los fiscales. Quienes convocaron tienen situaciones y trayectorias distintas, pero la imagen de la justicia es la de una corporación opaca y corrupta, que está más preocupada por las negociaciones políticas que por buscar la verdad y esclarecer las causas. No es casualidad —dicen desde ese lado— que a meses de que se termine este gobierno todas las causas que tienen a funcionarios como protagonistas y durmieron durante años en tribunales sean de pronto reactivadas con una celeridad ejemplar. “Huelen el fin de ciclo y se están posicionando para el próximo gobierno”, dicen los críticos de los fiscales.

 

La marcha no tuvo ningún resultado concreto. Desde el gobierno se la descartó como una marcha opositora y se acusó al Poder Judicial de volverse “el Partido Judicial”, un operador político escudado detrás de una supuesta neutralidad. La oposición aprovechó el momento para diferenciarse, hacer llamados a la concordia y apoyar a la justicia. Varios referentes estuvieron presentes en la marcha, aunque declararon estar a título de ciudadanos, no de políticos, en un intento de mantener a la política partidaria fuera de ese espacio.

La marcha fue encabezada por la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, jueza federal. Ella hizo su propia investigación, de manera paralela y con sus peritos de confianza, y a más de un mes y medio de la muerte, el 5 de marzo, dio una conferencia en la que aseguró tener pruebas que demuestran que Nisman fue asesinado y no pudo haber sido un suicidio. Entre la evidencia que presentó está el hecho que, según pudieron reconstruir, el cuerpo encontrado no estaba en su posición original: lo movieron cuando ya estaba muerto. La fiscal Fein contestó que no podía asegurar todavía que fuese un asesinato, como afirmó Arroyo Salgado. La cancha ya está muy embarrada.

La muerte de Nisman probablemente perjudicó más al gobierno en términos de imagen, pero nadie salió como un claro ganador. En las primeras encuestas que se hicieron luego de su muerte más del 80% de los argentinos pensaba que el caso afecta de manera negativa al gobierno. 70% también dijo desconfiar de la justicia y cree que nunca se sabrá la verdad. La oposición tampoco salió favorecida: menos de un tercio de los encuestados cree que actuó bien. 

Es una muestra del desamparo y la falta de confianza generalizada. Muchas cosas que ya se intuían se volvieron patentes con la muerte de Nisman. En la fiscal Fein vimos la poca capacidad que tiene la justicia de investigar. En la agrupación de fiscales que llamó a la marcha está representado parte del vetusto sistema judicial, algunos con un pasado poco glorioso y mucho sentido corporativo. Y el Poder Ejecutivo se mostró como un especulador más en el juego de hipótesis variadas, y al acusar a sus propios ex empleados de ser los culpables dejó a la mayoría aún más confusa e insegura. 

Si para la opinión pública los presidentes son mentirosos, los jueces son corruptos, los fiscales son ineptos y la oposición es disfuncional, no hay mucho a qué aferrarse para mantener al sistema funcionando. Y se instala el cinismo, que corroe a la democracia. Porque para que el sistema funcione tenemos que aceptar voluntariamente someternos a él, y para que eso pase hay que creerle al menos a lo más básico. La muerte de Nisman no sólo es grave porque es un fiscal que apareció muerto en una situación muy sospechosa en el medio de una investigación contra el gobierno, sino porque dejó al desnudo las profundas falencias de la democracia argentina.

Hay poca esperanza de que pueda resolverse el crimen. Pasan los días y las deficiencias de la investigación judicial trascienden todo el tiempo, a más de un mes de la muerte corren rumores de que el fiscal tenía una novia que todavía no declaró en la causa, una información que sin embargo parecería ser clave para entender los últimos días de Nisman ya que aparentemente lo habría visitado durante el fatídico fin de semana.

Tampoco es una tarea fácil. Si, como supone la presidenta, detrás de esto hay una pelea interna de los servicios de inteligencia, será casi imposible llegar a la verdad. Se trata, por definición, de organismos opacos, pero en el caso argentino casi no tienen ninguna supervisión democrática e incluso estuvieron directamente involucrados en el encubrimiento de la causa AMIA: le pagaron 400 mil dólares a uno de los testigos para que cambiase su testimonio, gracias al enorme presupuesto reservado que manejan. Hace unas semanas se promulgó una ley que cambia su estructura e intenta transparentar el uso de fondos; pero queda lo más importante, su implementación efectiva.

 

La denuncia de Nisman fue retomada por su colega Gerardo Pollicita, que la presentó frente al juez federal Daniel Rafecas. Éste la desestimó al considerar que las pruebas que presenta son demasiado débiles para iniciar una causa. El fiscal ya apeló esa decisión y serán los superiores de Rafecas quienes determinen el avance de la causa en la que la presidenta podría terminar procesada.

No sería algo inédito, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) está procesado por la misma causa. En su caso se presentó evidencia de que a través de su hermano, Munir Menem, intentó desviar la investigación para proteger a un importante empresario argentino de origen sirio, Alberto Kanoore Edul. Está previsto que la causa llegue a juicio oral durante 2015. Pasaron más de 20 años y la justicia sigue sin determinar a ciencia cierta si tuvo alguna responsabilidad en el atentado. Con tan pocas certezas, cada uno puede tener sus propias hipótesis sobre quién fue el responsable y quién ayudó a encubrir. Mientras tanto, las instituciones dan muy pocas respuestas y generan poca confianza.

 

Olivia Sohr
Socióloga y periodista.


1 https://www.facebook.com/notes/1014136438614222/

2 http://www.cfkargentina.com/amia-y-la-denuncia-del-fiscal-nisman/