Durante 2013 el Congreso mexicano aprobó un ambicioso conjunto de reformas, con justicia denominadas “estructurales”. Su finalidad, según los documentos legislativos correspondientes, es desatar el crecimiento económico como base para el desarrollo social, el bienestar de los ciudadanos y la consolidación de la democracia en sentido material.

Sin juzgar el contenido de las reformas, su profundidad jurídica permite decir que son un nuevo marco normativo de la realidad económica y social de nuestro país. La enorme transformación prevista en esas reformas exige la participación de todos los actores políticos, económicos y sociales, empezando por el Congreso, responsable de los cambios constitucionales y sus leyes secundarias.

Un gran ausente en el debate ha sido, sin embargo, el papel del Poder Judicial Federal y, en particular, de la Suprema Corte de Justicia, en tanto intérprete último de la Constitución.

El papel de la Suprema Corte en las transformaciones emprendidas tiene una doble jerarquía. Por un lado, el contenido jurídico de las reformas no se completa sino hasta ser interpretado y validado por ella. Por otro lado, la interpretación de la Corte hace viables las reformas, pues emite los criterios jurisdiccionales que guían a los operadores jurídicos y las normas definitivas que obligan a los distintos ámbitos de gobierno.

Se trata, como puede suponerse, de un reto interpretativo de enorme complejidad y trascendencia. El tribunal constitucional, como exégeta y garante del orden jurídico fundamental, jugará un papel determinante en la arquitectura jurídica de los cambios económicos, pues son sus criterios interpretativos los que definirán en última instancia los contenidos, dando certeza jurídica y eficacia a las nuevas normas.

Mi convicción es que la Suprema Corte debe enfrentar el reto jurídico de la transformación económica de México teniendo claro que la interpretación constitucional debe contribuir a alcanzar los fines perseguidos por el Constituyente, a saber: el crecimiento económico, el bienestar social y la consolidación material de la democracia.

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Las normas jurídicas, particularmente las constitucionales, están redactadas en términos amplios, genéricos. Es su naturaleza. Establecen conceptos que pueden ser entendidos en más de un sentido, lo que hace necesario que los tribunales vayan precisando su significado y alcance al paso de las demandas y las controversias que la propia norma suscita en los intereses afectados.

En el caso de las reformas estructurales en marcha, esta labor coloca a la Suprema Corte en la delicada posición de contribuir al diseño de las diferentes instituciones económicas contenidas en las nuevas leyes, siempre a la luz de los valores y derechos protegidos por la Constitución. En el caso de las reformas estructurales, insisto, la interpretación debe estar orientada a alcanzar los fines de desarrollo económico y social formulados, no sólo porque así lo piden los nuevos textos constitucionales, sino porque así también cumplirá la Suprema Corte con su obligación de  proteger los derechos fundamentales  y la vida democrática garantizados  por la Constitución.

El desarrollo es un proceso económico, social, cultural y político. Tiende al mejoramiento del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de una distribución justa de los beneficios que de él se derivan.1 En este sentido, el desarrollo de un país propicia las condiciones necesarias para que los estados sean capaces de responder a las demandas sociales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El aumento de las tasas de empleo, el alza del poder adquisitivo, la mayor capacidad recaudatoria y redistributiva del Estado mediante políticas públicas pertinentes, se traducen en beneficios tangibles para el grueso de la población, lo que facilita que los derechos humanos, específicamente los derechos económicos y sociales, sean una realidad y no simples postulados retóricos.2

Más aún, la generación de riqueza y su efectivo impacto en los sectores más desfavorecidos puede constituir el fundamento para un ejercicio más amplio de todas las libertades y derechos.3 No sólo se trata de que los niveles mínimos de bienestar social que la Constitución contempla puedan cumplirse, sino que este bienestar permita a su vez que las personas ejerzan con mayor vigor sus derechos civiles y políticos, contribuyendo con ello al robustecimiento de la democracia.4

El desarrollo económico y la protección de los derechos humanos no son fines divergentes. Por el contrario, la generación de riqueza es instrumental a la realización de los valores y al ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce. Por tanto, en su papel de intérprete máximo de la Constitución, la Suprema Corte debe ver al desarrollo como un objetivo social de directas consecuencias en la vigencia y el ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución misma. Debe proveer el entramado interpretativo que haga posible en mayor medida que se alcancen los fines reclamados del desarrollo.

Al efecto, la Suprema Corte no puede mantenerse al margen de los debates inherentes a las reformas económicas. No sólo porque es un actor fundamental para lograr su plena eficacia; sino porque debido a su posición se encuentra llamada a impulsar el desarrollo económico que potencialice el ejercicio de los derechos consignados en el código supremo cuyo cumplimiento tutela.

El éxito de las grandes transformaciones económicas que México emprende en estos años requiere que los órganos encargados de la interpretación constitucional se asuman como factores activos y responsables en el proceso. Requiere también que la Suprema Corte ponga todos sus recursos al servicio del fortalecimiento del sistema judicial como condición necesaria del desarrollo económico.

 

La importancia de las instituciones jurídicas en el desarrollo económico de las naciones ha sido estudiada teórica y empíricamente.5 Las posibilidades de atraer inversión y alcanzar altas tasas de desarrollo, mejoran cuando hay tribunales confiables, que dan certeza y actúan con eficacia, con apego al Estado de derecho vigente.

El crecimiento económico sostenido de un país depende, entre otras cosas, de su capacidad de proteger los derechos de los ciudadanos, hacer respetar los acuerdos y dar certeza a la realización de transacciones comerciales. Tal seguridad jurídica sólo puede surgir de la vigencia del Estado de derecho,6 en el cual los jueces y tribunales tienen una función esencial. La calidad del Poder Judicial incide en el desarrollo económico de los países.7

Instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo, han advertido esta importancia estratégica de las judicaturas en el comportamiento de la economía. Han hecho contundentes estudios demostrando la relación entre buenos tribunales y crecimiento económico.8

Destaco el informe del Banco Mundial, Building Institutions for Markets (2002), que analizó el proceso legal de 109 países en la resolución de disputas comerciales sencillas, como cobrar un pagaré o desalojar a un inquilino. El estudio siguió la evolución de estos casos ante los tribunales, desde la notificación de la demanda hasta el cobro del adeudo, poniendo el énfasis en los obstáculos que enfrentaban los ciudadanos durante el proceso.9 Los tribunales fueron investigados a partir del concepto de eficacia judicial,  que consiste en saber si los jueces son independientes, si sus decisiones  son imparciales y consistentes, si el acceso a los tribunales es sencillo, si los litigios se resuelven en tiempos razonables y si los fallos dan remedios adecuados a las partes.10

En el indicador de eficiencia (el tiempo que dedican los tribunales a resolver un caso) el estudio reportó que “la calificación promedio de la eficiencia del sistema judicial de los países en desarrollo es de 6.26, comparado con 9.14 de los países desarrollados”.11 En países con altos índices de riqueza, asuntos comerciales relativamente sencillos son decididos en un promedio de tres meses, mientras que en los países más pobres decidir el mismo tipo de asuntos toma más de dos años.12

El informe del Banco Mundial midió también el grado de independencia judicial y encontró una relación significativa entre ésta y el crecimiento económico.13 Según el informe, un sistema judicial independiente es soporte institucional necesario para la vigencia del Estado de derecho. La imparcialidad de los tribunales da credibilidad al cumplimiento de las reglas y los acuerdos comerciales. La credibilidad a su vez genera confianza, la confianza contribuye a generar mayor inversión y, con ella, mayor crecimiento económico.14

La corrupción juega en esta lógica el papel inverso a la credibilidad: impacta negativamente el nivel de inversión y desarrollo de un país. El hecho empírico es que los países con mayor crecimiento económico tienen sistemas judiciales con menores índices de corrupción.15 De acuerdo al informe del Banco Mundial, la corrupción tiene importantes costos para el desarrollo económico, ya que pone en duda la capacidad del Estado para generar el entramado institucional necesario para la realización de los negocios.16

Building Institutions for Markets subraya también el vínculo entre la complejidad de los procesos judiciales y el nivel de eficacia de los tribunales. Tanto los costos financieros como el tiempo que toma decidir un caso se ven reducidos en los sistemas que tienen procedimientos más sencillos. Entre más complejas son las reglas y procedimientos, los funcionarios públicos tienen un mayor margen de discrecionalidad en su aplicación, creando oportunidades para la corrupción.17

Investigadores académicos han demostrado que en Latinoamérica la ineficacia judicial es una importante razón por la que los actores económicos no se inclinan a someter sus controversias a los tribunales, pues perciben que el sistema legal es lento, impredecible, costoso y de baja calidad.18 Los investigadores concluyeron que los sistemas judiciales de los países latinoamericanos son una de las principales barreras para el desarrollo de sus economías.19
Otro informe del Banco Mundial, A Better Investment Climate for Everyone (2005),20 estudió las condiciones necesarias para atraer inversión. Su conclusión es que la seguridad jurídica es indispensable para el surgimiento y la expansión de los negocios. Las empresas más competitivas se ubican en países con mejores judicaturas. Compañías ya radicadas en Brasil, Perú y Filipinas dijeron que estarían dispuestas a invertir más en esos países si tuvieran más confianza en sus tribunales.21

Estos y otros estudios coinciden en la importancia de las judicaturas de calidad para la inversión y el desarrollo de los países. A contrario sensu, diversas experiencias muestran que algunos ambiciosos intentos de detonar el crecimiento económico mediante reformas estructurales pueden verse frustrados si no se acompañan de judicaturas efectivas que les den viabilidad.

En Pakistán, por ejemplo, en 2002, se reformaron diversas instituciones económicas para atraer la inversión de grandes corporaciones y disminuir los costos de hacer negocios. Sin embargo, los problemas de eficiencia, transparencia, responsabilidad, independencia, así como la falta de recursos humanos y técnicos del sistema judicial de dicho país, obstaculizaron el proceso de apertura y desarrollo del mercado impulsado a partir de dichos cambios legales.22 Fenómenos similares se presentaron en Brasil durante los años sesenta, y en los países que integraban la Unión Soviética, después de la caída del Muro de Berlín.23

Las grandes transformaciones económicas emprendidas en estos países no tuvieron el impacto económico esperado porque no fueron respaldadas por tribunales efectivos. Estas experiencias dan cuenta de que el crecimiento económico y el fortalecimiento de las instituciones deben ser perseguidos de manera simultánea: “Buenas leyes no pueden sustituir instituciones débiles”.24

 

Para cumplir los objetivos que pretenden las grandes reformas económicas se exige de los tribunales mucho más que el enforcement de la ley. Se requieren tribunales independientes, imparciales, con legitimidad y autoridad, sensibles a las necesidades económicas y sociales modernas, y consistentes y coherentes en la emisión de sus criterios interpretativos.

Independencia. Es primordial que las grandes reformas económicas sean acompañadas por poderes judiciales independientes. La independencia de los tribunales genera certeza en la protección de los procesos comerciales previstos en las reformas y alienta la inversión. La independencia judicial tiene una mayor incidencia en el crecimiento económico, cuando se convierte en verdadero contrapeso de los demás órganos del Estado.25

Imparcialidad. La independencia judicial adquiere su real dimensión cuando los tribunales judiciales actúan con imparcialidad, manteniéndose ajenos a las presiones de actores externos. Como se ha dicho, la corrupción es una de las principales barreras para atraer inversión y detonar el crecimiento económico. No puede asegurarse el éxito de reforma económica alguna mientras no exista certeza de que se harán cumplir imparcialmente las reglas y acuerdos.

Legitimidad y autoridad. La legitimidad de los tribunales es el fundamento de la autoridad para que sus determinaciones sean respetadas. Bajo esta idea, se afecta la seguridad jurídica si las decisiones judiciales son ignoradas o pobremente ejecutadas. Tal autoridad es indispensable para mandar señales claras a los actores políticos y económicos sobre el sentido interpretativo que se debe dar a las grandes reformas económicas.

Modernidad. Los cambios económicos estructurales también requieren ser acompañados de tribunales modernos que no vean al derecho como un conjunto de normas rígidas, o que en su interpretación utilicen métodos dogmáticos, sino que lo entiendan como un instrumento vivo encaminado a satisfacer los fines económicos y sociales que se persiguen. Los países con mayor desarrollo económico utilizan métodos interpretativos abiertos y flexibles. Los países con menor desarrollo se caracterizan por su formalismo legal.26 Los tribunales deben entender el debate económico actual para precisar el sentido de los conceptos y los procesos complejos previstos en la nueva legislación.

Consistencia y coherencia. Finalmente, el éxito de las grandes reformas económicas demanda que los tribunales decidan los casos de manera consistente, esto es, que a las mismas situaciones se les dé la misma solución, de modo que, a partir de decisiones consistentes, se construya una doctrina interpretativa coherente, para que los actores económicos tengan criterios estables, y puedan predecir los resultados y los costos de someter un asunto al escrutinio judicial. Esta estabilidad predecible es fundamental para que los inversionistas apuesten con éxito a las reformas.

 

Como he dicho arriba, una reforma constitucional no adquiere su verdadera dimensión, su sentido real, sino cuando es interpretada. El texto constitucional cobra vida cuando los jueces establecen los parámetros bajo los cuales se aseguran que todas las normas y actos del orden jurídico se conformarán a este texto.

Frente a las reformas estructurales la Suprema Corte tendrá que fijar las pautas a partir de las cuales juzgará los asuntos de su competencia. En la definición de esas pautas radica su verdadero alcance, tal como ocurrió con las reformas de derechos humanos de 2011, cuyas implicaciones reales sólo tomaron forma por la resolución de una serie de asuntos de los cuales derivaron los paradigmas interpretativos que hoy les dan contenido.

Esta labor plantea dificultades técnicas que requieren una comprensión profunda de los conceptos económicos planteados en las reformas, a fin de dar sentido a las nuevas instituciones, establecer la interrelación de las distintas normas, dar cauce a los diferentes procesos, emitir los criterios para la distribución de competencias, etcétera.
Lo más importante, a mi juicio, es que esta función deberá realizarse teniendo como telón de fondo las finalidades explícitas de las reformas. Para ello habrá que acudir a métodos de interpretación modernos, mucho más allá de los dogmáticos o literales. Se requieren interpretaciones creativas, teleológicas y evolutivas que visualicen al derecho como instrumento de cambio social.

Fue voluntad del Constituyente optar por una visión de país en la que el desarrollo se traduzca en un mayor bienestar social, en un verdadero cambio en la calidad de vida de las personas, a fin de que el ejercicio de los derechos no sea un simple postulado programático. La función de la Suprema Corte es defender esa visión y contribuir a que se haga realidad.

Tal es su principal desafío para los próximos años. Estoy convencido de que la Corte estará a la altura de las necesidades y el momento de cambio que vive el país, y que sabrá apuntalar los fines de desarrollo económico y social que persiguen las reformas, en favor de un país más próspero como presupuesto para la expansión de todos los derechos y la dignidad de todas las personas.

 

Arturo Zaldívar
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


1 Así se define en la Declaración sobre el dere- cho al desarrollo adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.

2 A través de diferente evidencia empírica puede sostenerse que el crecimiento econó- mico de los países ha representado beneficios tangibles para los sectores más pobres. Ver por ejemplo el Reporte del Banco Mundial, Building Institutions for Markets, Washington D.C., 2002.

3 En esa línea Richard Posner ha señalado que: “While I would concede that economic growth is not the sole objective worth considering in the law, it would be odd to suggest that it should not be one of the central concerns of a legal system. Overall economic growth is instrumental to the more general well-being of a society, including the welfare of disadvantaged groups”. “[…] wealth maximization may be the most direct route to a variety of moral ends, including political rights, liberty, dignity and contentedness”. Posner, Richard A., The problems of jurisprudence, Harvard University Press, 1993, p. 382.

En este mismo sentido opinan: Carles Boix, “Democracy, Development, and the Public Sector”, American Journal of Political Science (2001): 1-17; Stevenson, Randolph T., “The economy and policy mood: a fundamental dynamic of democratic politics?”, American Journal of Political Science (2001): 620-633; Dollar, David, y Aart Kraay, “Growth is Good for the Poor”, Journal of Economic Growth 7.3 (2002): 195-225; Sunstein, Cass R., Free markets and social justice, Oxford University Press, 1999; Hibbs Jr., Douglas A., “Bread and peace voting in US presidential elections”, Public Choice 104.1-2 (2000): 149-180; y Banco Mundial 2002, op. cit.

4 Sobre la correlación entre desarrollo y derechos civiles y políticos véase Chauffour, Jean Pierre, The Power of Freedom. Uniting Development and Human Rights, Cato Institute, 2009.

5 Para su aproximación teórica, ver a principalmente a Burg, Elliot M., “Law and Development: A Review of the Literature & a Critique of Scholars in Self-Estrangement”, The American Journal of Comparative Law (1977): 492-530; Posner, Richard A., “Creating a legal framework for economic development”, The World Bank Research Observer 13.1 (1998): 1-11; Seidman, Robert B., “Law and development: a general model”, Law & Society Review 6.3 (1972): 311-342; Galanter, M.,
“The modernization of law”, M. Weiner (ed.), Modernization: The Dynamics of Growth, Basic Books, New York (1966); Trubek, David M., “Toward a social theory of law: an essay on the study of law and development”, Yale LJ 82 (1972): 1.

Sobre la evidencia empírica resaltan los estudios de Dakolias, Maria, “The Judicial Sector in Latin America and the Caribbean: Elements of Reform”, Ensayo Técnico 319, Washington, D.C., Banco Mundial, (1996); Shihata, Ibrahim F. I., The World Bank in a Changing World: Selected Essays and Lectures, vol. 2, The Hague Martinus Nijhoff Publishers, 1995; Pistor, Katharina, “Law Meets the Market: Matches and Mismatches in Transition Economies”, ensayo sobre contexto preparado para el Reporte del Banco Mundial de 1996, From Plan to Market (1995); Kaufmann, Daniel, “Rethinking governance: empirical lessons challenge orthodoxy”, Discussion draft, 11 de marzo (2003); Banco Mundial, Development and the Environment, Washington, D.C., 1992; Banco Mundial, Infrastructure for Development, Washington, D.C., 1994; Banco Mundial, The State in a Changing World, Washington, D.C., 1997; Banco Mundial (2002), op. cit.; y Banco Mundial, A Better Investment Climate for Everyone, Washington, D.C., 2005.

6 No existe un consenso académico sobre la definición y elementos que componen al “rule of law” o al Estado de derecho. No obstante, en su sentido económico elemental puede entenderse como el entramado institucional necesario para hacer cumplir los contratos y los derechos de propiedad. Ver Dam, Kenneth W., “The Judiciary and Economic Development”, U Chicago Law & Economics, Online Working Paper núm. 287. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=892030, marzo 2006, p. 1.

7 Ídem.

8 Banco Mundial (2002), op. cit., p. 131.

9 Para ver la metodología que utilizó el Banco
Mundial en dicho estudio, así como los subfactores que componen el indicador de eficacia judicial, ver Banco Mundial (2002), op. cit., p. 121, Box 6.4.

10 Buscaglia, Edgardo, Law and economics in developing countries, Hoover Press, 2000, p. 582.

11 López-de-Silanes, Florencio, “The Politics of Legal Reform”, G-24 Discussion Paper Series (borrador de 2002). Disponible en http://www.unctad.org/en/docs/pogds-mdpbg24d17.en.pdf, p. 5.

12 Banco Mundial (2002), op. cit., p. 123.

13 Ibíd., pp. 129-132.

14 En este sentido, ver North, Douglass C., Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, 1990; Feld, Lars P. y Stefan Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators”, European Journal of Political Economy, vol. 19, (2003): 497-527; Feld, Lars P. y Stefan Voigt, “Making judges independent: some proposals regarding the judiciary”, núm. 1260, CESifo Working Papers (2004); Banco Asiático de Desarrollo, “Judicial Independence Overview and Country-Level Summaries”, Judicial Independence Project RETA núm. 5987 (2003); Banco Mundial (2002), op. cit.; y Banco Mundial (2005), op. cit.

15 De acuerdo al “World Justice Project Rule of Law Index, 2014, http://worldjusticeproject.org”, por ejemplo, los 20 países con menos corrupción tienen un nivel de desarrollo económico alto, mientras que los 20 países con mayor corrupción (con excepción de Venezuela) tienen ingresos medios bajos o bajos.

En este mismo sentido concluyeron el Reporte del Banco Mundial de 2002, op. cit., p. 120, y Ríos-Figueroa, Julio y Jeffrey K. Staton, “Unpacking the rule of law: a review of judicial independence measures”, Committee of Concepts and Methods Working Paper 21 (2008).

16 Banco Mundial (2002), op. cit., pp. 105-106.

17 Ibíd., p. 123.

18 Buscaglia, Edgardo y Pilar Domingo, “Impediments to Judicial Reform in Latin America”, The Law and Economics of Development, Edgardo Buscaglia, William Ratliff y Robert Cootern (eds.), JAI Press Inc., Greenwich, 1997: 291-313.

19 “The results of questionnaire surveys throughout Latin America indicate that the judicial system is considered to be among the top ten most significant barriers to private sector development”, ibíd., p. 295.

20 Banco Mundial (2005), op. cit.

21 Ibíd., p. 86. Esa información se obtuvo a través de estudios realizados en Albania, Bulgaria, Croacia, Ecuador, Moldavia, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Ucrania y Vietnam.

22 Lubna, Hasan, “Rule of Law, Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan”, Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE) 3, II (2011): 48-59.

23 Para el caso de Brasil, ver a Trubek, David, Law, planning and the development of the Brazilian Capital Market, New York University, Institute of Finance, 1971. En el caso de los países que integraban a la Unión Soviética, ver a Pistor, Katharina, Martin Raiser y StanislawGelfer, “Law and Finance in Transition Economies”, Economics of Transition 8.2 (2000).

24 Katharina Pistor, et al., ibíd., p. 356.

25 A través de varios indicadores el estudio midió, por un lado, la independencia judicial orgánica y, por otro, la independencia frente a situaciones concretas. Feld, Lars P. y Stefan Voigt, “Making judges independent: some proposals regarding the judiciary”, núm. 1260, CESifo Working Papers (2004).

26 Formalista también puede ser entendido en el sentido de procesos legales complejos. Sobre “the question of formalism”, ver Kenneth W. Dam, op. cit., “The Judiciary and Economic Development”, pp. 4-9.

 

4 comentarios en “La Suprema Corte ante la transformación de México

  1. Muy interesante análisis del ministro Saldivar. El reto del Poder Judicial es percibir que la ‘eficiencia judicial’ no solo se mide en el tiempo ‘formal’ de resolución de un proceso judicial, sino en el tiempo de ejecución de una sentencia, ya sea civil, administrativa o de cualquier otra índole. El reto no es obtener una sentencia favorable, sino que se cumpla y/o ejecute.

  2. SILOGISMO PERVERSO: LELO DE LARREA AFIRMA QUE LA INTERPRETACIÓN DE LA SCJN SOBRE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES SERÁ LA QUE FOMENTE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN ELLAS FORMULADO, AHORA BIEN, SI ASUMIMOS QUE ESAS REFORMAS SON OBRA Y GRACIA DEL RÉGIMEN VALIDADAS POR EL PAN/PRD, ES DABLE CONCLUIR QUE LA INTERPRETACIÓN DE LA SCJN -SEGÚN EL MINISTRO LELO DE LARREA- DEBE APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PLANTEADOS POR EL TRIPARTITO PRI-PAN-PRD.
    “En el caso de las reformas estructurales, insisto, la interpretación debe estar orientada a alcanzar los fines de desarrollo económico y social formulados, no sólo porque así lo piden los nuevos textos constitucionales, sino porque así también cumplirá la Suprema Corte con su obligación de proteger los derechos fundamentales y la vida democrática garantizados por la Constitución.”
    SILOGISMOS APARTE, CREO QUE ESTE ARTÍCULO DE NEXOS SUPONE YA UNA MANO ALZADA DEL MINISTRO PARA IR HACIÉNDOSE DE SIMPATÍAS EN SU CAMINO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE…DE PASO LES ACLARA A LOS OTROS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO (LEGISLATIVO Y EJECUTIVO) QUE PUEDEN ESTAR TRANQUILOS, YA QUE NO TIENE INTENCIONES DE HACERLE AL “ANTIHÉROE”, ES DECIR, NO SERÁ SU CORTE SUPREMA QUIEN ECHARÁ ABAJO LAS REFORMAS DE PEÑA (QUIZÁ YA PREVIENDO LA BALACERA QUE LES VIENE DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y AMPAROS SOBRE DICHAS REFORMAS)

  3. Excelente el artículo y postura del Ministro Zaldívar
    Creo que ya es hora de tener en México una Corte moderna preocupada por proteger los cambios económicos que traen realmente bienestar social a los más necesitados y dejar atrás las oscuras décadas que hemos padecido en que por supuestamente proteger la soberanía del país nos hemos cerrado a la modernidad y a los cambios necesarios para jugar con ventaja en el mundo donde se compite con fiereza por el capital que genera empleos. El populismo y la demagogia no generan empleos. Ser un país moderno que respeta los derechos de quienes arriesgan su capital en nuestro país (sean mexicanos o extranjeros) sí genera empleos.
    Espero que no caigan en saco roto los conceptos del Ministro Zaldívar y nos convirtamos en un país que crece con claridad y no sigamos siendo el “ya merito” una década más.

  4. El buen juez por su casa empieza, que decir de los estratosféricos salarios de los miembros del Poder Judicial, con salarios de primer mundo y resultados tercermundistas; desafortunadamente si partimos de las actuales bases en que se sustentan las contrarreformas estructurales, es difícil que se logre consenso para que exista una justicia aceptada y legitimada por la sociedad, mas bien cabría la pregunta hasta donde se puede violentar la voluntad de un pueblo que nunca fue consultado sobre cuestiones fundamentales sobre el patrimonio nacional y los efectos de los cambios constitucionales en los grupos mas vulnerables (que son la mayoría) tanto en el aspecto socialal económico, político y de sus derechos humanos. El futuro es mas bien incierto porque la supuesta bonanza parte de un sistema en que la impunidad y la corrupción han imperado.