Michoacán tiene una larga tradición narca. Su geografía accidentada, con territorios de acceso difícil sin la presencia de la autoridad pública; la vocación agrícola de su economía; la disponibilidad de tierras para los cultivos ilícitos; y su oferta de puertos para transportar bienes a gran escala, lo convierten en una región apta para el negocio de las drogas.
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Las primeras referencias a cultivos de amapola y marihuana en Michoacán datan de 1950, cuando éstos complementaban la siembra de frijol, maíz y aguacate, y se ubicaban en las regiones de Tierra Caliente, la sierra y la costa michoacanas. Lenta pero sostenidamente, estos cultivos se expandieron.1 Para fines de los ochenta un grupo de familias de productores agrícolas, con arraigo en sus comunidades (i.e., Los Valencia de Uruapan), controlaban los cultivos ilícitos en Michoacán. En ese momento los michoacanos se encargaban exclusivamente de la siembra de drogas y mantenían un perfil bajo, mientras que grandes organizaciones criminales (como el Cártel de Guadalajara) se encargaban del procesamiento y la exportación a Estados Unidos.

En los noventa la estructura del mercado internacional de drogas experimentó transformaciones. El declive de los cárteles colombianos y las campañas de erradicación de cultivos en países productores como Bolivia y Perú generaron oportunidades de negocio para los cárteles mexicanos. La demanda de drogas de Estados Unidos era alta y ellos eran los únicos proveedores disponibles. Los pequeños productores michoacanos se ubicaron en aquel entonces entre los grupos mexicanos que ampliaron aceleradamente su participación en el floreciente mercado transnacional de drogas. En Michoacán se multiplicaron pequeños “Triángulos dorados” (i.e., pequeñas áreas donde se cultivaba marihuana y amapola, dependientes de familias y agricultores locales), y ante el bloqueo de la ruta del Caribe, el extenso y poco vigilado litoral del Pacífico mexicano se convirtió en la región ideal para el embarque de cargamentos hacia la costa oeste de Estados Unidos. Por esos años la implementación de políticas restrictivas frenó la migración de jóvenes michoacanos hacia Estados Unidos, lo cual amplió la disponibilidad de mano de obra.2 También en ese periodo Los Valencia establecieron una alianza con los hermanos Arellano Félix para transportar droga de Tierra Caliente a Tijuana.3

Gracias a la sociedad con los Arellano Félix, Los Valencia lograron expandirse y consolidarse como el cártel más importante de Michoacán. Los altos ingresos que percibían por la venta de drogas les permitieron explorar nuevas vetas de negocio y ampliar su red de socios. Por ejemplo, Los Valencia se asociaron con Los Amezcua de Colima, conocidos como “los reyes de las anfetaminas”, lo que les permitió incursionar en la producción de drogas sintéticas. Este paso era lógico, pues tenían fácil acceso por Lázaro Cárdenas a los precursores químicos provenientes de Asia, y la particular geografía michoacana permitía operar de forma discreta una extensa red de narcolaboratorios.

El rápido avance del narcotráfico en Michoacán estuvo acompañado del establecimiento de una red de complicidad del crimen organizado con las autoridades gubernamentales. A finales de los noventa los primeros escándalos de corrupción relacionada con el narcotráfico presumían vínculos entre criminales y funcionarios en altos escalafones del gobierno estatal.4

El crecimiento de la organización animó a su líder, Armando Valencia El Maradona, a cambiarle el nombre por Cártel del Milenio (en lugar de Los Valencia). La expansión repentina de este nuevo cártel no pasó desapercibida para sus competidores, especialmente para Osiel Cárdenas del Cártel del Golfo, quien deseaba establecerse en Michoacán para abrir una nueva ruta de trasiego que comunicara Tamaulipas con el Pacífico. Para lograrlo, Osiel hizo una alianza con un grupo criminal michoacano llamado La Empresa en 2001, el cual se asoció con Los Zetas (en ese entonces un cuerpo de sicarios al servicio del Cártel del Golfo). El líder de La Empresa, Carlos Rosales El Tísico, y sus lugartenientes Nazario Moreno González El Chayo y José de Jesús Méndez Vargas El Chango, buscaban quebrar el monopolio de Los Valencia en la producción y venta de drogas; su unión con Los Zetas y el Cártel del Golfo les sirvió para lograrlo.

El Cártel del Milenio no tenía los recursos ni la experiencia táctica de Los Zetas, por lo que estos últimos controlaron rápidamente la región. Los Zetas establecieron su base operativa en Apatzingán y crearon una red de cobro de piso y extorsión que abarcó todas las actividades productivas de Tierra Caliente; además crearon un mercado local de drogas, abrieron la ruta de tráfico hacia la frontera noreste y cooptaron a las autoridades estatales y municipales. Sin embargo, esta estrategia de dominio basada en la amenaza y el terror pronto tendría consecuencias.

La detención de Carlos Rosales en octubre de 2004 debilitó la sociedad entre La Empresa, el Cártel del Golfo y Los Zetas. Nazario Moreno y Jesús Méndez, nuevos líderes de La Empresa, detectaron que la mayor parte de las utilidades se entregaban a Los Zetas y sus jefes en Tamaulipas, y que el papel de La Empresa en el gran negocio era secundario. Además, les parecía que la violencia que ejercían Los Zetas sobre la población era contraproducente, pues los enfrentaba con las comunidades y dificultaba sus operaciones. Moreno y Méndez intentaron, sin éxito, negociar con Los Zetas mejores condiciones. Ante la negativa formaron una nueva organización llamada La Familia Michoacana, a mediados de 2006, cuyo objetivo era expulsar a Los Zetas de Tierra Caliente. Desde ese momento los conflictos en Michoacán no cesaron.

Servando Gómez La Tuta (un profesor normalista que se afilió a La Empresa y escaló rápidamente hasta convertirse en su coordinador logístico) consideraba que un elemento clave para el éxito de La Familia Michoacana era construir una relación armónica con las comunidades en las que operara, una relación basada en la cooperación y en una lógica de beneficios mutuos, sin terror ni amenazas. Nazario Moreno fue especialmente receptivo a las ideas de La Tuta, a las que les imprimió un carácter evangélico de salvación personal. Con ello, los criminales justificaban sus acciones bajo la idea de que obedecían a una moral superior. Así, mediante un discurso que combinaba elementos de reivindicación social, evangelismo y la exaltación de la identidad regional, esta nueva organización se presentó en las comunidades de Tierra Caliente como aquella que los liberaría de la opresión de Los Zetas.5

Sin embargo, el elemento clave que permitió a La Familia Michoacana contar con una base social sólida fue su capacidad para distribuir bienes y servicios. Para lograrlo el cártel implementó una estrategia novedosa, pues además de construir una amplia red de vínculos con la policía municipal, extendió su presencia en las áreas de desarrollo social y obra pública de los ayuntamientos. De esta forma, las comunidades veían recompensada su colaboración con ellos mediante la construcción de un hospital, la pavimentación de una calle o el acceso a agua potable y a La Familia le permitió presentarse como una “autoridad” más eficaz para responder a las demandas sociales que el mismo gobierno.

A plata y plomo La Familia Michoacana se hizo de lealtades en los ayuntamientos. Si el funcionario no accedía a colaborar a cambio de una cuota, o trabajaba para Los Zetas o Los Valencia, era eliminado. Por ejemplo, en octubre de 2006 José Vázquez Piedra, alcalde de Turicato, solicitó licencia después de que La Familia Michoacana lo amenazara de muerte. Vázquez Piedra dejó el cargo y su puesto fue ofrecido a un síndico y a un tesorero municipal, quienes no lo aceptaron. (El ex alcalde fue ejecutado dos años después, en noviembre de 2008.) En 2006 fueron ejecutados en Tierra Caliente un total cinco directores y un subdirector de seguridad pública municipal, un comandante y siete policías municipales, presumiblemente por no alinearse con La Familia Michoacana.

Su red de complicidades se extendió más allá de los ayuntamientos y logró penetrar al gobierno estatal. Uno de los funcionarios que colaboró activamente con esta organización desde la Procuraduría de Justicia fue Carlos de los Santos Camacho, ejecutado en Morelia en 2013.

Por solicitud del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, Felipe Calderón lanzó el Operativo Conjunto Michoacán el 11 de diciembre de 2006, sólo 10 días después de asumir la presidencia. El gobierno federal envió más de siete mil elementos policiales y de las fuerzas armadas, y se proyectó un gasto de mil 250 millones de pesos para equipamiento, logística e inteligencia.

La intervención del gobierno federal logró disminuir en el corto plazo los niveles de violencia en Michoacán. Como se observa en la gráfica 1, el número de ejecuciones, que fueron más de 500 en 2006, descendió de forma sustancial en 2007 y 2008.
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El despliegue de elementos de las agencias federales de seguridad tuvo el efecto de contener el conflicto entre Golfo/Zetas y La Familia Michoacana. La primera organización, a pesar de contar con mayores recursos, fue la más golpeada durante los primeros meses del operativo conjunto. En 2007 fue detenido Cipriano Mendoza Contreras, líder del Cártel del Golfo en Michoacán. Aunque en los siguientes años Los Zetas continuaron enviando células de sicarios para atacar a La Familia Michoacana, a partir de entonces no tuvieron una presencia fija en el estado. Por lo tanto, además de atemperar la violencia, el operativo conjunto tuvo también el efecto de consolidar la posición de La Familia como la organización criminal predominante en Michoacán.

En estos años el gobierno estatal no impulsó medidas orientadas a depurar las instituciones locales de seguridad (en términos generales, la administración de Leonel Godoy Rangel, quien llegó a la gubernatura en febrero de 2008, buscó minimizar la severidad de la crisis de seguridad); ni se implementaron acciones para erosionar la base social de La Familia Michoacana. Esta omisión por parte de las autoridades estatales y federales propició el fortalecimiento de la organización criminal, y más tarde de Los Caballeros Templarios, lo que les permitió resistir el continuo asedio de otras organizaciones más poderosas, y los operativos que el gobierno federal orquestó en su contra durante los últimos años.

El 15 de septiembre de 2008, durante la celebración del día de la Independencia, tuvo lugar un atentado en el zócalo de Morelia, el cual fue considerado el primer acto de “narcoterrorismo” en el país. Aunque no se determinó con certeza la autoría y el móvil del atentado, éste exacerbó la rivalidad entre La Familia Michoacana y Los Zetas, quienes se culparon mutuamente a través de mantas colocadas en espacios públicos.

Sin embargo, el factor que marcó el inicio de una nueva espiral de violencia en Michoacán fue la captura de Luis Servando Gómez Patiño El Pelón, hijo de Servando Gómez Martínez La Tuta, el 28 de enero de 2009. El aumento de las ejecuciones fue acompañado por una nueva proliferación de mensajes colocados junto a cadáveres, que sugerían que nuevas células de Los Zetas ingresaron a Michoacán durante este periodo. Los mensajes, tanto de una banda criminal como de la otra, advertían sobre represalias en caso de colaborar con los rivales. Varios mensajes atribuidos a La Familia Michoacana se dirigían en contra de Valdemar Alvarado Benítez El Rufo, líder de una célula de sicarios de Los Zetas que operaba de forma intermitente en Michoacán durante 2009 y 2010.

A lo largo de 2009 también se registró un incremento de los arrestos y decomisos en contra de La Familia Michoacana. El 23 de marzo, durante una operación de Sedena en Apatzingán, se llevó a cabo un decomiso de 8.5 toneladas de droga sintética con un valor estimado en 187 millones de dólares; el 19 de abril la Policía Federal capturó a 44 presuntos integrantes de La Familia Michoacana (entre los detenidos estaba Rafael Cedeño Hernández El Cede, quien era responsable del tráfico de precursores químicos que ingresaban por el puerto de Lázaro Cárdenas). El 13 de julio fue detenido por la Policía Federal Arnoldo Rueda Medina La Minsa, quien trabajaba con los líderes de La Familia Michoacana desde el 2000. Además de ser responsable del trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos, La Minsa también encabezaba desde los tiempos de la disputa en contra del Cártel del Milenio a grupos de sicarios encargados de identificar y ejecutar enemigos. Como represalia por esta detención, Nazario Moreno González El Chayo ordenó la ejecución de 12 policías federales el 13 de julio de 2009.

En mayo y junio de 2009 fueron detenidos 38 funcionarios públicos (tanto del gobierno estatal como de varios ayuntamientos) por presuntos vínculos con el crimen organizado, en el operativo conocido como el Michoacanazo. Entre los detenidos figuraban 12 alcaldes, incluyendo los de Apatzingán, Uruapan y varios municipios de Tierra Caliente. Una de las fuentes de información que sirvió para realizar las detenciones fue una “narconómina”, localizada por la SIEDO durante el cateo de una casa de seguridad del Cártel de Sinaloa en la ciudad de México (lo que hace suponer que dicha organización realizaba actividades de espionaje en contra de La Familia Michoacana). Sin embargo, todos los detenidos salieron libres —a pesar de que existía convicción por parte de la PGR sobre su culpabilidad— pues los tribunales desecharon las pruebas en su contra aportadas por el Ministerio Público.

A principios de 2010 el rompimiento entre el Cártel del Golfo y Los Zetas (que obligó a ambas organizaciones a concentrar sus recursos en la disputa por Monterrey y las ciudades fronterizas de Tamaulipas) fortaleció momentáneamente la posición de La Familia Michoacana. En esos meses lanzó algunos de sus ataques más audaces, como el atentado en contra de Minerva Bautista (secretaria de Seguridad Pública del gobernador Leonel Godoy), al parecer después de que ella misma se negara a pagar cuota. Sin embargo, a finales de ese año el gobierno estableció un cerco alrededor de La Familia Michoacana. Aunque ésta anunció por medio de mantas que haría una “tregua” y que dejaría la seguridad del estado a cargo del gobierno federal, las acciones en su contra continuaron. Uno de los enfrentamientos más violentos ocurrió el 10 de diciembre de 2010 cuando la Policía Federal acorraló a Nazario Moreno en Apatzingán. Tras la refriega y consciente de que las comunicaciones del cártel estaban intervenidas, Nazario ordenó que se difundiera la noticia de que había muerto. El abatimiento de quien era considerado el líder máximo de La Familia Michoacana fue transmitido rápidamente a la ciudad de México y, sin más, fue confirmada por el gobierno federal en medios nacionales.

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La supuesta muerte de Nazario Moreno, según la narrativa oficial, creó un contexto idóneo para reorganizar a La Familia Michoacana, pues ante el aparente debilitamineto de este cártel era posible que el gobierno federal fijara su atención en otros blancos criminales. El 24 de enero de 2011, mediante desplegados en diarios, mantas y volantes, La Familia Michoacana anunció su disolución “en respuesta a todas las atrocidades, abusos y violaciones que han venido haciendo la PF contra la sociedad civil de Michoacán” (sic). El comunicado anunció la desaparición del cártel, pero también advertía que éste se incorporaría a algún grupo que deseara continuar con la lucha que habían iniciado. Con esta acción Nazario y La Tuta movilizaron la amplia base social del cártel en contra de la Policía Federal y a favor del nuevo grupo delictivo. Desde luego, antes de realizar el anuncio los líderes del extinto cártel ya habían conformado una organización criminal para ocupar el vacío que dejaría La Familia Michoacana: Los Caballeros Templarios.

En marzo de 2011 Los Caballeros Templarios se presentaron formalmente en Michoacán declarando que continuarían con “las actividades altruistas que antes realizaba La Familia Michoacana”. La Tuta y Enrique El Kike Plancarte, cabezas visibles del nuevo cártel, lograron incorporar a la mayor parte de la estructura de La Familia Michoacana dentro de Los Caballeros Templarios, y con ello retomar el control de prácticamente todas sus actividades criminales, reactivar sus conexiones políticas y reorganizar su base de apoyo social. El Chango Méndez, el otro líder de La Familia, se separó de Los Caballeros Templarios y continuó como líder de un remanente de La Familia Michoacana que operaba con apoyo de sus amigos adversarios, Los Zetas.

La violencia ocurrida en Michoacán durante el primer semestre de 2011 por la disputa entre Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana concluyó con la detención de El Chango Méndez el 21 de junio. Este hecho ocasionó la fragmentación definitiva de La Familia Michoacana en bandas criminales menores, algunas de las cuales se aliaron con otras organizaciones, como el Cártel de Sinaloa y los mismos Caballeros Templarios. Algunas otras se trasladaron al Estado de México y establecieron su nuevo centro de operaciones en Toluca.

Las elecciones locales de 2011 pusieron de manifiesto el carácter estratégico que la colusión entre crimen organizado y autoridades locales tiene en Michoacán. Como en ninguna otra entidad, se registraron varios incidentes que apuntaban hacia una intervención activa de los criminales en el proceso electoral. Por una parte, se difundieron grabaciones en las que se mencionaba que Los Caballeros Templarios contribuyeron con dos millones de dólares a la campaña del candidato de izquierda. Sin embargo, de acuerdo con la candidata del PAN, María Luisa Cocoa Calderón, el candidato del PRI —Fausto Vallejo, quien resultó ganador— fue quien más se vio favorecido por la cúpula del cártel. Entre las irregularidades que la candidata señaló destacan estas: intimidación a actividades proselitistas (incluyendo la irrupción de un comando armado en su casa de campaña); bloqueos carreteros para dificultar el acceso a casillas y negación del voto a algunas personas que no contaban con “autorización”.

A finales de 2011 la crisis de Michoacán parecía contenida. Se había logrado desmantelar a uno de los bandos en el conflicto y se observó una disminución de la violencia. En contraste, en estos meses se registró una severa crisis de seguridad en el norte del país (generada por el recrudecimiento del conflicto entre el Cártel del Golfo y Los Zetas). En Monterrey, La Laguna y en la frontera norte de Tamaulipas tanto los enfrentamientos entre criminales, como la violencia dirigida contra la población, alcanzaron niveles inéditos. El descubrimiento de 193 cuerpos en fosas clandestinas en San Fernando y el incidente del Casino Royale obligaron al gobierno federal a replantear su estrategia. La reducción de la violencia en el noreste y el desmantelamiento de Los Zetas —considerados los principales responsables de la crisis— se convirtieron en las más altas prioridades en la agenda de seguridad pública.

Este golpe de timón benefició a Los Caballeros Templarios, pues aunque la presencia de fuerzas federales en Michoacán se mantuvo, se redujo la intensidad de las acciones en contra del cártel. Un dato que refleja el cambio estratégico en estos meses es el número de líderes de Los Caballeros Templarios que fueron neutralizados: hasta junio de 2011 habían sido detenidos seis líderes, entre los que se encontraban cuatro capos; en cambio, de julio de 2011 hasta el final del sexenio de Calderón sólo arrestaron dos lugartenientes (ver gráfica 2).
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Durante los primeros meses de 2012 la violencia en Michoacán nuevamente repuntó, en esta ocasión debido a la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (brazo armado del de Sinaloa) para combatir a Los Caballeros Templarios. No tuvieron éxito. Para mediados de año el cártel invasor se había replegado, aunque mantuvo presencia constante en Tepalcatepec, Buenavista y otros municipios en los límites de Jalisco y Michoacán, donde sus lugartenientes establecieron contacto con algunos líderes agricultores y ganaderos inconformes con los abusos cometidos por Los Templarios.
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Es probable que el elevado costo del conflicto con Los Zetas —sumado al asedio por parte del gobierno federal— propiciara que La Familia Michoacana se dedicara en mayor medida a otras actividades criminales, particularmente distintas modalidades de extorsión, incluyendo el cobro de piso. Al respecto son elocuentes las cifras de incidencia delictiva reportadas por la Procuraduría de Justicia del estado. En la gráfica 3 se puede observar el acelerado repunte en la incidencia de dicho delito de 2006 a 2009 (aunque en 2010 hubo una disminución, la tasa observada siguió siendo superior a la que se reportó de 2000 a 2006). Existen numerosos testimonios sobre el carácter sistemático que la extorsión tiene en contra de distintas actividades económicas en el estado. Por ejemplo, se tienen reportes de que a principios de 2010 La Familia Michoacana organizó una “asamblea” para solicitar a los productores de aguacate que contribuyeran a sufragar los costos de la lucha contra Los Zetas. Otros delitos del fuero común que han repuntado de forma acelerada como resultado de la mayor penetración del crimen organizado (y del menor margen de las autoridades locales para hacerles frente) son el secuestro y los delitos sexuales (ver gráficas 4 y 5).
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El último capítulo en la crisis michoacana inició con el levantamiento de las autodefensas de Tierra Caliente. En febrero de 2013 grupos de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec lograron expulsar de sus comunidades a Los Caballeros Templarios. En un video difundido meses después, el doctor José Manuel Mireles, consejero general del Grupo de Autodefensa de Tepalcatepec, describe el grado de expoliación que Los Templarios ejercían en la región (i.e. violación de niñas, secuestros, extorsiones, cobro de impuestos a la propiedad, a la venta de tortillas y carne) con la aparente connivencia de las autoridades locales y federales. Asimismo, Mireles describe la rudimentaria estrategia que las autodefensas siguieron para expulsarlos y para organizar la vigilancia de sus comunidades.

El video le dio notoriedad nacional e internacional a la causa de las autodefensas (ha sido reproducido más de un millón de veces en YouTube) en un periodo en el que el asedio de Los Caballeros Templarios amenazaba con derrotarlos. Hubo una serie de ataques y levantones en contra de miembros de las autodefensas. Los Caballeros Templarios impusieron un “bloqueo” a las localidades Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec y también interrumpieron el abastecimiento de artículos de primera necesidad que llegaban por la carretera que comunica estos municipios con Apatzingán, y lograron que las empacadoras de limón (la cosecha más importante en Tierra Caliente) dejaran de comprar a los productores de ambos municipios.

El 20 de mayo el gobierno federal anunció el reforzamiento del operativo en Tierra Caliente, y varios cientos de efectivos militares y de la Policía Federal fueron desplegados en la zona. Los grupos de autodefensa a partir de ese momento se fortalecieron gradualmente. En las semanas y meses subsecuentes también se alzaron con éxito grupos de autodefensa en Aguililla, Aquila, Coalcomán (donde ya se había registrado en febrero un intento fallido por expulsar a Los Templarios), Coahuyana y Chinicuila. Los alzamientos no sólo significaron la expulsión de capos y sicarios, sino también la salida de alcaldes (casi invariablemente señalados como cómplices de los criminales). Algunos alcaldes de estos municipios han podido ejercer sus funciones de forma intermitente; otros fueron desterrados de forma definitiva (por ejemplo, el alcalde de Tepalcatepec lleva un año despachando desde Morelia).

Hacia fines de 2013 las autodefensas iniciaron una ofensiva. Los grupos de las comunidades donde el movimiento se originó se desplazaron y lograron sacar a Los Templarios de otros municipios (generalmente con algún grado de respaldo de la población local): éste fue el caso de Churumuco, La Huacana, Múgica, Parácuaro y Tancítaro.

A mediados de enero de 2014 el ingreso de las autodefensas en Apatzingán era inminente. Este municipio tiene unos 150 mil habitantes; una población mucho mayor —y menos dispersa— que la de las otras localidades que los grupos de autodefensa habían “liberado”. El potencial de violencia prendió las alarmas en la ciudad de México. Se llevó a cabo un nuevo reforzamiento de la presencia federal en Tierra Caliente, esta vez con elementos traídos de otras entidades con operativos conjuntos, como Tamaulipas. Para el 23 de enero las fuerzas federales habían asumido el control de la seguridad pública en Tierra Caliente. Elementos de la policía de varios municipios, incluyendo Apatzingán, fueron trasladados a un campo militar en Tlaxcala, con el propósito de evaluarlos. Durante esos días hubo titubeos en la posición del gobierno federal respecto a las autodefensas, que osciló entre el apoyo tácito en un extremo, y llamados a desmovilizarse y entregar las armas de forma inmediata en el otro.

Las autodefensas plantean un dilema para el gobierno federal. Por una parte, ante sectores amplios de la opinión pública aparecen como la única fuerza que lucha a favor de los intereses de las poblaciones más golpeadas por el crimen organizado. Por otra, se ha señalado que las autodefensas reciben recursos de cárteles rivales a Los Caballeros Templarios (principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación). Es imposible descartar que exista alguna vinculación (las autodefensas no son una organización jerárquica y disciplinada, como sugieren los desacuerdos que han surgido entre sus líderes). Sin embargo, todavía no se ha documentado que las autodefensas tengan una participación sistemática en el tráfico de drogas, el robo de hidrocarburos, el secuestro o la extorsión. Con la información disponible, las autodefensas parecen un movimiento impulsado por productores agrícolas y empresarios locales que logró encauzar el descontento de otros sectores de la población de Tierra Caliente frente a los abusos de los criminales, en un contexto en el que ninguna autoridad les ponía freno.

La decisión del gobierno de establecer un diálogo con las autodefensas parece acertada. Es cierto que las autodefensas son grupos armados ilegales; sin embargo, el gobierno no puede darse el lujo de confrontarlas, y aparecer como un aliado de facto de Los Caballeros Templarios. Al establecer un diálogo el gobierno federal reduce el riesgo de un escalamiento del conflicto. En muchas regiones de Michoacán la población todavía tiene una percepción positiva de Los Caballeros Templarios, o al menos mejor a la que tiene de las autodefensas y de la Policía Federal (no se puede soslayar que en muchas localidades todos tienen algún conocido —y muchos algún primo, sobrino o hermano— que trabaja para dicha organización). Ahora el gobierno federal está en mejor posición para contener su avance, y evitar que la revuelta en Tierra Caliente se convierta en un conflicto estatal.

El proceso de “legalización” de las autodefensas también implica riesgos. El más inmediato es el de engendrar una nueva organización criminal que además cuente con una fachada de legalidad. Para evitar que se conviertan en simples grupos paramilitares no sólo es necesario completar el registro de sus miembros y su armamento. Es ingenuo pretender que si permanecen lejos de sus comunidades, por un tiempo prolongado y sin recibir un sueldo, no incurran en algún tipo de abuso en contra de la población. Las autodefensas pueden desempeñar algunas funciones de vigilancia, como policía comunitaria o policía rural, pero sólo en coordinación con las fuerzas federales, y en un ámbito territorial y de competencias acotado. De lo contrario, lo que hoy puede parecer una inocente “cooperación” por parte de la comunidad, inevitablemente se convertirá en una forma sistemática de extorsión, similar a la que Tierra Caliente ha padecido en los últimos años.

Asimismo, es indispensable que se establezcan protocolos claros para regular la operación cotidiana de las autodefensas. Por ejemplo, los casos y la forma como podrán llevar a cabo inspecciones y arrestos (un tema delicado, en tanto no se puede permitir que las autodefensas retengan sospechosos sin presentarlos ante el Ministerio Público, pero tampoco parece viable que los entreguen a una autoridad en la que no confían).

De acuerdo a los testimonios de sus propios líderes, el surgimiento de las autodefensas fue una respuesta al incremento de los delitos cometidos por parte de Los Caballeros Templarios. Con el propósito de evaluar esta afirmación, en las siguientes gráficas se compara la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de municipios con y sin autodefensas, estimada con base en cifras que reporta la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán (un indicador sobre el que es inevitable tener algunas reservas, en virtud de la elevada cifra negra que se registra en el estado —superior al 88% de acuerdo a la última encuesta de victimización publicada por el INEGI— y de la intimidación a la que suelen ser sujetas las víctimas del crimen organizado).6

En primer lugar, cabe destacar que a lo largo de 2012 y 2013 la incidencia de homicidios fue marginalmente mayor en los municipios con autodefensas, y que la brecha entre ambos grupos se amplió en 2013 (probablemente como resultado de las confrontaciones que generaron los levantamientos de Tierra Caliente). En contraste, la incidencia de secuestro, robo con violencia y de robo de vehículos con violencia ha sido sustancialmente menor en el grupo de municipios en los que surgieron autodefensas. Sin embargo, en ningún caso se observa una disminución a lo largo de 2013 que se pueda atribuir a la expulsión de Los Caballeros Templarios. Por último, no hay una diferencia discernible en la incidencia de extorsión y delitos sexuales.

La evidencia disponible sólo sugiere que el surgimiento de autodefensas es más probable en comunidades en las que la incidencia delictiva es menor (lo que probablemente también se relaciona con la mayor cohesión social, propia de las zonas rurales en las que han hecho su aparición dichos grupos). Sin embargo, en un futuro el análisis comparativo de la incidencia delictiva también permitirá evaluar si el surgimiento de las autodefensas tuvo un impacto positivo en materia de incidencia delictiva.
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La intervención federal en Michoacán emprendida desde enero es distinta a los operativos conjuntos y “reforzamientos” que han sido recurrentes en varias entidades desde 2006. Por primera vez desde 1994 —cuando se estableció la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas, como una respuesta al alzamiento zapatista— el gobierno federal creó una instancia ad hoc responsable de coordinar todos los esfuerzos institucionales y resolver una crisis local de seguridad: la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán. Para encabezar esta comisión se nombró a Alfredo Castillo, un miembro del círculo cercano del presidente Peña Nieto.

Como su nombre lo indica, la Comisión tiene un amplio espectro de responsabilidades. Además de la seguridad, será responsable de coordinar en Michoacán las acciones de todas las dependencias del Ejecutivo, incluyendo los ámbitos social y económico. De esta forma, el gobierno podrá desarrollar una estrategia que permita competir con la eficaz gestoría social que actualmente desempeñan Los Caballeros Templarios —por medio de la cooptación de autoridades locales— y que es una importante fuente del capital social que mantienen en amplias zonas de Michoacán.

La creación de la Comisión también constituye el primer paso hacia el restablecimiento de instituciones con un mínimo de autonomía frente al crimen organizado. El gobierno federal ha señalado de forma cautelosa que la Comisión mantendrá una relación de “coordinación” con el gobierno estatal y los ayuntamientos. Sin embargo, si la Comisión busca operar efectivamente en las regiones en las que Los Caballeros Templarios no han sido expulsados, tendrá que haber una difícil “cohabitación” con las autoridades formales. Es previsible que la federación busque, por lo menos, asumir de facto el mando de las fuerzas policiales de algunos municipios, y establecer controles adicionales para la asignación de recursos a proyectos de infraestructura.

La cohabitación no puede ser breve, pero tampoco debe ser indefinida. El relevo después de las elecciones de julio de 2015, en las que se elegirá nuevo gobernador y se renovarán las 113 alcaldías del estado, aparece como una fecha razonable para iniciar la retirada de la federación. Lo anterior, sujeto a que el proceso electoral de ese año no sea nuevamente capturado por el crimen organizado, y a que los candidatos que resulten electos no sean meros apéndices de Los Templarios o las autodefensas. Por lo tanto, recuperar la normalidad institucional en Michoacán será imposible sin un acuerdo político de largo alcance, que cuente la participación de las tres principales fuerzas políticas del país.

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Por ahora, el gobierno federal tiene recursos suficientes para contener la crisis en Michoacán. Sin embargo, la inseguridad podría recrudecerse si surgen conflictos que hagan necesario el traslado a otros estados de un alto número de elementos del Ejército y la Policía Federal. Aunque los grupos de autodefensa michoacanos gocen de relativa autonomía frente al crimen organizado, su reconocimiento por parte del gobierno podría incentivar la aparición en otras partes del país de nuevos grupos (tanto legítimos como patrocinados por criminales).

Al respecto, cabe destacar la delicada situación que se observa en Guerrero. Al igual que en Michoacán, en amplias zonas de dicho estado la población padece extorsiones sistemáticas del crimen organizado. Aunque en 2013 se registró una reducción importante de la violencia en Acapulco (donde las ejecuciones disminuyeron 40% respecto a 2012), la tendencia de disminución fue marginal en el resto del estado, y en algunas de las principales ciudades del interior se registró un acelerado repunte (cercano al 70% en Chilpancingo y en Ciudad Altamirano). La extrema pobreza de los municipios del interior de Guerrero —y la ausencia de cultivos con una rentabilidad comparable a la del aguacate y el limón en Michoacán— probablemente han evitado hasta ahora el surgimiento de un movimiento equiparable a la revuelta de las autodefensas de la Tierra Caliente de Michoacán. No obstante, ya se registran señales de alerta.

Independiente de lo que ocurra en los próximos meses en otras entidades, la revuelta de las autodefensas de Tierra Caliente marcará un parteaguas en las historia reciente del país. Previamente, todos los conflictos que generaban un alto grado de violencia eran resultado de disputas entre organizaciones o facciones criminales, por lo general precedidas o seguidas por algún operativo policial o militar. Con las autodefensas, el desafortunado supuesto de que los criminales “se matan entre ellos” quedó sepultado en definitiva.

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Consultor en seguridad de www.lantiaconsultores.com.

Agradezco el valioso apoyo que me brindaron Eunises Rosillo, Roberto Arnaud, Rafael Escobedo y Roberto Valladares para elaborar este texto.


1 No existen cifras oficiales que permitan establecer parámetros sobre la expansión de la siembra de marihuana y amapola en Michoacán durante este periodo, sólo se cuenta con algunas referencias en archivos históricos. Salvador Maldonado Aranda, en su artículo “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán” (en Revista Mexicana de Sociología, enero-marzo de 2012, pp. 5-39) menciona algunas cifras interesantes extraídas de reportes del gobierno estatal.

2 En 1986 fue aprobada en Estados Unidos la Ley Simpson-Mazzoli, que imponía sanciones a quienes emplearan a trabajadores indocumentados.

3 Tan estrecho fue el vínculo entre las familias Valencia y Arellano Félix que Cristián, hijo del líder de la organización, Armando Valencia El Maradona, se casó con una hija de Benjamín Arellano Félix.

4 Véase, por ejemplo, el informe de inteligencia SDN/S2/U03/Z1 elaborado por Sedena en 1998, y filtrado a la prensa en 2003.

5 En su primera aparición pública el 6 de septiembre de 2006 —cuando arrojaron seis cabezas de presuntos sicarios de Los Zetas a una pista de baile en Uruapan— en un mensaje explicaron que “La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es: Justicia Divina”. Semanas después, en un desplegado que apareció en varios periódicos locales, La Familia Michoacana explicó que la organización estaba formada por trabajadores de Tierra Caliente y que su objetivo era terminar con la opresión criminal, por lo que pedía la comprensión y la colaboración de las comunidades.

6 Dentro del grupo de municipios con autodefensas se incluyeron Aguililla, Apatzingán, Aquila, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán, Cherán, Chinicuila, Churumuco, La Huacana, Múgica, Parácuaro, Paracho, Tancítaro y Tepalcatepec.

 

3 comentarios en “La dictadura criminal

  1. Buena investigación………no tocando el tema………del avionazo sufrido……..por el señor Mireles……..sería bueno……hacer un reportaje al respecto………se tiene curiosidad de lo que……….realmente…….ocurrió!!!!!